Sobarzo Sepúlveda Javier

Rut                   :            47.353 de Victoria

F.Nacim.            :            20-06-45, 28 años a la fecha de la detención

Domicilio            :            Recinto de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, Colina

E.Civil              :            Casado, dos hijos

Actividad            :            Suboficial de Ejército en Retiro. Empleado fiscal

C.Repres.            :            Militante del Partido Socialista. Dirigente sindical

F.Detenc.            :            11 de septiembre de 1973

    SITUACION REPRESIVA

            Javier Sobarzo Sepúlveda, casado, 2 hijos, Suboficial de Ejército en Retiro, empleado de Distribuidora Nacional DINAC, dirigente sindical, militante del Partido Socialista, fue detenido el día 11 de septiembre de 1973 en su domicilio ubicado en la Carretera San Martín s/n de Peldehue, en el recinto militar de Peldehue, lugar donde su suegro se desempeñaba como llavero del campo militar.

            Su cónyuge Rosa Elena Zúñiga Cárdenas relata las circunstancias de la detención y hechos posteriores en declaración jurada prestada ante notario: "El 11 de septiembre de 1973, mi cónyuge Javier Sobarzo, salió temprano, alrededor de las 07:00 horas de la mañana, en dirección a su trabajo en calle Huérfanos con Teatinos. Alrededor de las 14:00 horas estaba de vuelta, me manifestó que se había vuelto a la casa por mi seguridad. El sabía que en algún momento sería detenido; su temor se fundaba en el hecho de ser socialista y de haber sido hasta 1970 boina negra en la Escuela de Especialidades del Ejército de Peldehue, en el mismo recinto donde vivíamos.

            Días antes del Golpe de Estado, Javier había sido detenido por Militares de la misma unidad por un asunto relacionado con el hallazgo de armas en Valparaíso, sin embargo, quedó en libertad horas después de ser detenido.

            Cerca de las 20:00 horas llegaron hasta mi domicilio un numeroso contingente de soldados, todos con sus características boinas negras que rodearon la casa y procedieron a detener a mi cónyuge Javier Sobarzo Sepúlveda. Comandaba el grupo de soldados el propio Director de la Escuela de Comandos de Peldehue, Alejandro Medina Lois. Cuando se llevaban a mi marido le pregunté a éste por qué se lo estaban llevando; Medina Lois me contestó "que lo llevaban por traidor a su patria y a su bandera". El camión donde se movilizaban los militares se dirigió hasta la Escuela de Comando y Paracaidismo del Ejército que quedaba en el mismo predio pero hacia las Termas de Colina.

            Al día siguiente y días posteriores, al concurrir hasta la unidad militar donde se encontraba mi marido, estos reconocieron su detención, sin embargo, no dejaban que lo viera. El jueves 14 de septiembre llegó hasta mi casa un jeep con algunos soldados quienes me hicieron entrega de algunas pertenencias de mi marido, unas llaves, un pañuelo y los cordones de sus botines. Al preguntarles si le podía llevar algunas cosas me contestaron que "en el lugar donde lo habían llevado no necesitaba nada, que fuera a la Morgue a buscarlo". El mismo día me dirigí hasta el Instituto Médico Legal donde pude reconocer las ropas de mi marido que estaban en un montón de ropa que esperaba ser quemada. Su cuerpo no pude reconocerlo puesto que habían muchos cadáveres, la mayoría irreconocible. Me volví a mi casa y continué asistiendo todos los días al Instituto Médico Legal con la esperanza de reconocer su cadáver.

            No recuerdo la fecha exacta pero creo que a finales de septiembre llegó hasta mi casa- con el pretexto de comprar chalecos que vendíamos- una religiosa que dijo llamarse Sor Yolanda y que era Jefa del Servicio de Urgencia del Hospital José Joaquín Aguirre. Yo en esos momentos no me encontraba en mi casa de modo que habló con mi madre, a quien le manifestó que mi cónyuge Javier Sobarzo Sepúlveda, se encontraba vivo en el Servicio de Urgencia del J.J. Aguirre y que quería conversar conmigo. Ella le manifestó que mi cónyuge había sido rescatado del Instituto Médico Legal adonde había sido llevado por muerto puesto que tenía las piernas ametralladas. Dejó dicho que yo fuera al Hospital.

            Al día siguiente fui hasta el Hospital J.J. Aguirre donde me entrevisté con Sor Yolanda, quien me dijo las circunstancias como había llegado mi marido a ese centro hospitalario y que se encontraba registrado con el nombre de Enrique Sandoval Sepúlveda. Luego pude verlo, se encontraba en una pieza junto a otros dos pacientes. Apenas hablaba, se encontraba muy asustado, tenía mucho miedo y me recomendaba que tuviera cuidado con los niños. Haciendo mucho esfuerzo me señaló que había sido fusilado por órdenes de Alejandro Medina Lois y Carlos Parera Silva, ambos máximas autoridades de Peldehue. Al despedirme me pidió que volviera en dos o tres días porque lo iban a operar para salvarle una pierna. En esa oportunidad vestía con un pijama que según me señaló se lo había regalado una doctora, era de moletón de rayas celestes y amarillas muy pálidas.

            Días después visité en la Dirección Nacional de Comercialización (DINAC) a la Asistente Social, María Angélica Fuenzalida por indicación de mi marido. Esta me manifestó que la religiosa Sor Yolanda le había informado que mi cónyuge había sido sacado del Hospital J.J. Aguirre por personal militar y trasladado hasta el Hospital Militar. Me señaló que la religiosa había hecho lo imposible por evitar el traslado, sin embargo, éste se verificó. Me dijo además que Sor Yolanda lo había acompañado hasta el mismo recinto del Hospital Militar en donde le fue prohibida la entrada. Luego de este hecho no volví a saber nada de mi marido Javier Sobarzo, ignorando su actual paradero y destino.

            Dos años después de los hechos al requerir información en el Hospital J.J.Aguirre no pudieron darme ninguna información sobre el traslado de mi cónyuge, ya que en los libros del Hospital no aparecía registrado".

            Por su parte, María Angélica Fuenzalida Tobar, Asistente Social que se desempeñaba como Jefe del Departamento de Desarrollo Social de DINAC, dejó constancia en declaración jurada que a mediados de septiembre de 1973, y estando en su trabajo, recibió una llamada telefónica de una mujer que insistió en querer hablar con ella, para lo cual debía concurrir al Hospital J.J. Aguirre. Agrega que, en la Posta del Hospital logró ubicar a la Asistente Social quien la condujo hasta una habitación donde se encontraba hospitalizado un paciente que había sido trasladado desde el Instituto Médico Legal y que había sido intervenido en una de sus piernas en el Hospital por el equipo de Traumatología, puesto que había llegado grave. Le señaló que esta persona insistía en hablar con ella. Al ingresar a la sala común donde se encontraban varios pacientes reconoció de inmediato a Javier Sobarzo Sepúlveda, a quien la declarante conocía puesto que él era el presidente del Sindicato de Trabajadores de DINAC y militante del Partido Socialista. La testigo agrega que se acercó a su cama y éste la abrazó y le relató llorando lo que le había ocurrido. Le manifestó que había sido detenido en Colina, donde él vivía, que fue torturado en el interior de un recinto, mostrándole las manos con evidentes signos de haber sido maltratado. A varios de sus dedos les faltaban las uñas y en los que aún las tenía se veían las marcas de las agujas que le habían sido enterradas. Su rostro se notaba muy golpeado. Le señaló que luego de las torturas fue sacado junto a otros detenidos y llevados en un camión hasta un lugar en el camino donde fueron bajados y fusilados. Dentro del nerviosismo y del miedo que la víctima sentía, le dio a entender a la declarante que quienes habían disparado sobre el grupo de detenidos lo conocían y que sólo le habían disparado en las piernas, razón por la cual aún estaba vivo.

            Continúa relatando María Angélica Fuenzalida que permaneció con Javier Sobarzo por espacio de 15 a 20 minutos y que durante todo el tiempo éste le insistió en que lo iban a matar y sentía mucho miedo.

            Al día siguiente recibió un llamado de una religiosa que le solicitaba que no fuera al Hospital, sin proporcionarle mayores detalles. A los pocos días de esta llamada, señala la testigo volvió a encontrarse con la religiosa la que le manifestó que Javier Sobarzo había sido sacado del Hospital J.J. Aguirre por un médico y personal del Hospital Militar que lo trasladaron hasta dicho centro hospitalario del Ejército.

            La religiosa Yolanda María Cecilia Ellies Santander dejó constancia, en declaración jurada prestada ante notario público, de haber conocido a Javier Sobarzo en septiembre de 1973 en el Hospital J.J. Aguirre, donde ella se desempeñaba como enfermera clínica del Servicio de Urgencia. Que el afectado quien se encontraba internado con sus piernas fracturadas, le explicó que había dado una identidad falsa al ser ingresado y que le pidió avisara a su cónyuge de su presencia en ese centro hospitalario, gestión que la religiosa realizó.

            Señala asimismo que acompañó a la cónyuge del afectado a visitarlo, y que dos días después de esta visita Javier Sobarzo fue trasladado al Servicio de Traumatología, donde permaneció alrededor de dos o tres días. Agrega que en circunstancias que se encontraba en dependencias de la Comunidad Religiosa del citado Hospital, fue avisada de que Javier Sobarzo quería verla puesto que iba a ser trasladado al Hospital Militar y pedía ser acompañado. La religiosa se dirigió a una sala común del Servicio de Traumatología donde se encontraba el afectado junto a varios pacientes. En su interior se encontraban dos militares con sus características boinas negras y sus armas, quienes llevaron a Sobarzo en una camilla hasta un vehículo, manejado por militares boinas negras. Sor Yolanda se introdujo en el vehículo, a pesar de las protestas de los uniformados. Señala que éste se detuvo frente al Hospital Militar, donde Javier Sobarzo fue bajado e ingresado por las puertas de atrás, que se usan normalmente para el ingreso de pacientes traídos en ambulancia. A la religiosa le fue negado el ingreso y la obligaron a devolverse al Hospital J.J. Aguirre. Esa fue la última vez que vio a la víctima.

            Por su parte, Luis Mercedes Sobarzo Sepúlveda, hermano del afectado y quien fuera detenido junto a éste, señala en declaración notarial "soy hermano legítimo de Javier Enrique Sobarzo Sepúlveda, detenido el día 11 de septiembre de 1973, de profesión empleado, casado con Rosa Zúñiga, quien en esa época vivía con sus suegros en el Recinto Militar de la Escuela de Paracaidistas en la comuna de Colina, en la ciudad de Santiago.

            Mi hermano en junio de ese año había cumplido 28 años de edad, y fue detenido junto conmigo ya que yo había viajado a esa ciudad en busca de trabajo. La detención se produjo alrededor de las 20 horas y fue practicada por efectivos de la Escuela de Paracaidistas, en operativo de alrededor de 25 a 30 personas, todos Militares, quienes allanaron la casa. Ellos andaban fuertemente armados.

            Fuimos llevados a ese Recinto Militar, donde fuimos salvajemente golpeados, sin que hubiese ninguna compasión hacia nosotros. En el caso mío, permanecí allí hasta el día 13 de septiembre de 1973, día en que fui liberado. Debo expresar que durante mi interrogatorio se me preguntaba sobre las actividades de mi hermano, a lo que yo respondí que él trabajaba en la Distribuidora Nacional (DINAC) en Santiago.

            Durante mi permanencia en ese recinto fui interrogado en dos oportunidades por las mismas personas.

            El día 12 de septiembre en la noche mi hermano en su segundo interrogatorio volvió a la pieza en que permanecía yo y otra persona, con grandes síntomas de haber sido golpeado salvajemente, ya que su boca manaba mucha sangre a consecuencia de que le habían volado piezas dentales, y también se quejaba mucho, producto de costillas rotas a consecuencia del despiadado castigo a que fue sometido. Transcurrió aproximadamente una hora, cuando nuevamente fue sacado de ahí junto a la otra persona. Desde esa fecha nunca más volví a ver a mi hermano.

            El día 13 de septiembre, alrededor de las 15:00 horas me llevaron a la Guardia de la Escuela de Paracaidistas, donde fui acompañado de un militar, quien me manifestó que mi hermano había sido llevado al Estadio Nacional. Allí se me entregó mi documentación personal y un portadocumentos Saxoline de mi hermano".

            Cabe hacer presente que el afectado perteneció a un grupo de jóvenes integrantes de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército, dados de baja durante el año 1970, vinculados políticamente al Partido Socialista, varios de los cuales fueron ejecutados o desaparecieron con posterioridad al 11 de septiembre de 1973; entre ellos, Mario Melo Pradenas, Enrique Toledo Garay, Luis Barraza Ruhl y Jorge Vicente Piérola Piérola, actualmente desaparecidos y Julio Martínez Lara, Alberto Ampuero Angel y David González Venegas, ejecutados el 15 de septiembre de 1973.

            Hasta la fecha, se ignora la suerte o paradero del afectado después de haber sido sacado del Hospital J.J. Aguirre por efectivos Militares y trasladado al Hospital Militar.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            La familia del afectado por temor no realizaron gestiones judiciales hasta el 15 de abril de 1991 en que interpusieron una denuncia por presunta desgracia ante el 19° Juzgado del Crimen de Santiago, solicitando una serie de diligencias, entre ellas oficiar al Instituto Médico Legal, Hospital J.J. Aguirre y Hospital Militar, Escuela de Comando y Paracaidismo del Ejército de Peldehue. Esta causa fue ingresada con el Rol N° 38483-1 y se encuentra en tramitación, en estado de sumario (1992).

            Los antecedentes antropomórficos de Javier Enrique Sobarzo Sepúlveda fueron anexados a la causa 4449-AF del 22° Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal, en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos, los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación.

El ministro Sergio Muñoz habría ordenado a última hora de ayer la detención de varios ex miembros del Ejército, en el marco de la investigación que busca dar con los responsables de la desaparición y muerte de comandos de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue en septiembre de 1973.

Respecto del caso, el ministro debe investigar las desapariciones de: Enrique Toledo Garay, Javier Enrique Sobarzo Sepúlveda, Mario Ramiro Melo Pradenas y Luis Alberto Barraza Ruhl. Además de las ejecuciones de Julio Antonio Martínez Lara, Alberto Ampuero Angel y David González Venegas. Todos paracaidistas hasta 1970, año en que fueron dados de baja por sus simpatías con el partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

General Parera en la lista

De acuerdo a los antecedentes obtenidos por este medio, entre las detenciones se habría dictado la del ex general, Carlos Parera Silva, aunque esta información no pudo ser confirmada en fuentes oficiales.

El alto ex oficial se hizo conocido en democracia cuando rompió con el protocolo y la tradición al no solicitarle autorización al Presidente Patricio Aylwin para iniciar la Parada Militar.

El Presidente no olvidó el hecho y vetó el ascenso de Parera a fines de ese mismo año. Sin embargo, un viejo conocido suyo el general Augusto Pinochet lo designó agregado militar en Sudáfrica.

El Juez Militar

Carlos Parera el 11 de Septiembre de 1973 tenía el grado de mayor y al igual que Raúl Eduardo Iturriaga, era Segundo Comandante de boinas negras en Peldehue. Ambos ingresaron al Estado Mayor de la Dina en 1973.

Este oficial, en 1976 se desempeñó como jefe del Departamento Exterior de la Dina. En 1977, cuando se disolvió el organismo de inteligencia, no continuó en la CNI, pero se reincorporó al Ejército, y fue destinado como comandante del regimiento Dolores; director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales; y en 1985, agregado militar en Francia, según consta en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad.

Posteriormente, Parera fue comandante en Jefe de la Segunda División y por tanto, juez militar de Santiago. Es en esta condición que ordenó el archivar los procesos que conocía por detenidos desaparecidos.

El 19 de Diciembre de 1988, cuando aún se celebraba el triunfo de la Concertación, este ex agente firmó en forma precipitada la aplicación de la “Ley de Amnistía” a 70 casos de detenidos desaparecidos por la DINA. De esta forma él amnistió varias causas contra Contreras y los que resultaran responsables de las desapariciones y a su vez se auto amnistió .

El ex comando Javier Sobarzo Sepúlveda pidió a gritos a los boinas negras del comandante Carlos Parera Silva que no lo remataran en el suelo. En un charco de su sangre que se entremezclaba con la de sus otros cuatro compañeros sobre el pavimento de la carretera a Santiago, sobrevivía a las ráfagas de los fusiles SIG 7.62.

Otros dos también mostraban signos vitales y rogaban seguir viviendo. Pero no hubo clemencia. Uno de los oficiales volvió a dispararles. Era la madrugada del 15 de septiembre de 1973.

Los cinco prisioneros permanecían con sus manos amarradas a la espalda y habían pertenecido a la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, conocidos como los comandos boinas negras, hasta 1970. El 4 de mayo de ese año fueron dados de baja junto a otros compañeros, acusados de simpatizar con partidos de izquierda que llevaron al triunfo presidencial a Salvador Allende y la Unidad Popular.

Los comandos de Parera, quien era el segundo comandante de esa escuela siendo el primero el teniente coronel Alejandro Medina Lois, subieron los cuerpos al camión en el que los transportaban y los llevaron a la morgue de Santiago.

Los habían sacado desde la Escuela de Paracaidistas en la zona de Peldehue, al norte de Santiago, donde los tenían detenidos desde hacía un par de días, engañados de que los trasladaban al Estadio Nacional. Pero a la altura del kilómetro 5 de la carretera a Santiago, los obligaron a bajar para matarlos. Los pusieron sobre la calzada de espaldas al cerro y los acribillaron.

Los funcionarios de la morgue escucharon quejidos y se dieron cuenta de que uno de los cinco seguía con vida. Lo subieron a un furgón de servicio y lo condujeron al cercano Hospital José Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile. Increíblemente, Javier Sobarzo se resistía a morir. Una monja se apiadó de él que le clamaba para que avisara a su esposa en la localidad de Colina, cerca de Peldehue. Con voz débil y entrecortada, Sobarzo le contó a la monja la historia. La religiosa llamó a la esposa por teléfono y le dijo que llegara urgente al hospital. Todavía era de día y no regía el toque de queda. La mujer llegó al hospital momentos después y pudo hablar con su marido. A duras penas Sobarzo le pidió que arreglara algunas cosas y le dio un par de instrucciones. Poco después la mujer volvió a su casa en Colina. Pero cometió el error de comentar lo sucedido con las vecinas. Mientras tanto, Sobarzo era tratado por los médicos que bregaban por salvarlo.

Los pronósticos no eran tan malos a pesar de las múltiples heridas a bala, pues sin explicación, no habían comprometido núcleos vitales.

El error del comentario de la mujer a las vecinas produjo resultados. A las pocas horas un grupo de oficiales de la Escuela de Paracaidistas llegó al hospital en dos vehículos, uno de ellos una ambulancia de la unidad. Junto a ellos iba un médico militar. Ordenaron que les entregaron a Sobarzo, pero la monja se opuso argumentando que era un pecado mover a ese hombre en las condiciones en que estaba. Los oficiales igual lo sacaron. La monja les dijo que el hombre no se iría sin ella. El médico militar habló con los oficiales y accedieron a la compañía, pero al llegar a las puertas del Hospital Militar la echaron. Al día siguiente la religiosa regresó temprano a ese hospital a preguntar por Sobarzo. La atendió el mismo médico militar. “Mire madre, no se meta en lo que no le importa. Váyase de aquí. El hombre que busca murió y lo llevamos a la morgue. Búsquelo allá”, le dijo de mal modo. El protocolo de autopsia de Sobarzo indica “estallido de cráneo con pérdida total de masa encefálica”, heridas que no tenía al quedar con vida. Lo habían vuelto a rematar en el Hospital Militar, pero ahora directo a la cabeza. Los restos de Sobarzo fueron hallados en 1990 en el Patio 29 del Cementerio General. Esta historia fue reconstruida por el juez Sergio Muñoz en el proceso.

Tras Medina Lois

El ahora general (R) Carlos Parera fue un hombre de la DINA. En 1976 llegó a ser el jefe del Departamento Exterior de esa organización criminal. Después, el ex dictador Augusto Pinochet le volvió a dar mando de tropas, lo nombré Juez Militar de Santiago y le premió con agregadurías militares en Europa y Sudáfrica. Debió pasar a retiro vetado su ascenso por el Presidente Patricio Aylwin, luego de que no le pidió permiso para iniciar la parada militar de septiembre de 1990.

Pero ahora el juez Sergio Muñoz, quien procesó el 29 de noviembre pasado a Parera junto a otros 7 oficiales y suboficiales por los crímenes de los 7 ex comandos, va tras el gran comandante de los boinas negras, el general (R) Alejandro Medina Lois. En los próximos días debe interrogarlo antes de resolver su situación procesal por estos asesinatos, como responsable en la línea de mando.

Los otros cuatro ex comandos acribillados son: Alberto Ampuero Angel; David González Venegas; Julio Martínez Lara; y Alfonso Toledo Garay. Luis Barraza Ruhl y Jorge Piérola Piérola, siguen desaparecidos.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó auto de procesamiento en contra de 23 ex funcionarios del ejército por su responsabilidad en tres delitos de secuestros calificados y ocho homicidios calificados. Ilícitos perpetrados en contra de prisioneros militares y civiles al interior de la Escuela de Paracaidistas de Peldehue, comuna de Colina, entre septiembre y octubre de 1973.

La mayoría de las víctimas eran parte del grupo de comandos Boinas Negras que fue expulsado del ejército a fines de 1969, algunos y comienzos del 70, otros, al develarse sus posiciones revolucionarias y vínculos con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A partir de entonces, bajo la conducción de Mario Melo Pradenas, pasan a formar parte de la fuerza operativa del MIR, como instructores y luego integran y organizan el primer contingente del GAP. Todos estos ex uniformados que habían tomado la opción de ponerse junto al pueblo y ser parte de sus luchas, fueron perseguidos con saña por las hordas criminales de la dictadura.

En la resolución (causa rol 38.483), adoptada el pasado miércoles 12, el ministro en visita procesó a los ex oficiales de ejército Rodrigo Sánchez Casilla, Arturo Bosch González y Jaime Enrique Lepe Orellana, en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado de los ex boinas negras y ex miembros del GAP, Mario Ramiro Melo Pradenas, Luis Alberto Barraza Ruhl y Jorge Vicente Piérola Piérola y de los homicidios calificados de los también ex comandos del ejército y ex miembros del GAP, Julio Martínez Lara, Moisés del Carmen Cossio Pérez, Enrique Alfonso Toledo Garay, Alberto Arnoldo Ampuero Ángel, David Héctor González Venegas, Daniel Germán Estrada Bustos, Ricardo Guillermo Pardo Tobar y Javier Enrique Sobarzo Sepúlveda.

En tanto, como cómplices de los delitos fueron encausados los ex suboficiales Juan Manuel Cárcamos Vásquez, Pedro Montoya Roldán, Carlos Marín Castro, Miguel Silva Alarcón, José Riquelme Villagra, Jorge Barrientos Becerra, Juan Bautista Muñoz Olave, Luciano Mendoza Estay, Rodolfo Hidalgo Barahona, Aldo Villarroel Garay, "scar Silva Abarca, Julio Fuentes Lagazzi, Juan Aranda Mendoza y Carlos Arellano Lepe.

En el caso de Fidel Segovia Rojas, el ministro Carroza lo sometió a proceso como cómplice de los tres secuestros calificados y de los homicidios calificados de Julio Martínez Lara, Moisés Cossio Pérez, Enrique Toledo Garay, Daniel Estada Bustos, Ricardo Pardo Tobar y Javier Sobarzo Sepúlveda.

El ex oficial de ejército Renato Alarcón Carrasco fue encausado como autor de los tres secuestros calificados y de los homicidios de Julio Martínez Lara, Moisés Cossio Pérez, Enrique Toledo Garay, Alberto Ampuero Ángel, David González Venegas, Daniel Estrada Bustos y Ricardo Pardo Tobar.

El ex suboficial Hernán Arancibia Rozas fue encausado como cómplice del secuestro de Mario Melo Pradenas y de los homicidios calificados de Moisés Cossio Pérez, Daniel Estada Bustos y Ricardo Pardo Tobar.

Los ex oficiales Rafael Sánchez Vera y Osvaldo Acevedo Trujillo fueron procesados como autores del homicidio de Moisés Cossio Pérez y Daniel Estrada Bustos.

Finalmente, Carlos Saravia Vera fue sometido a proceso en calidad de autor de los secuestros calificados de Mario Melo Pradenas y Jorge Piérola Piérola, y de los homicidios de Julio Martínez Lara, Moisés Cossio Pérez, Enrique Toledo Garay, Alberto Ampuero Ángel, David González Venegas, Daniel Estrada Bustos, Ricardo Pardo Tobar y Javier Sobarzo Sepúlveda.

Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Carroza logró establecer que las víctimas -la mayor parte ex miembros del Ejército, algunos expulsados de la instituto castrense a comienzos de la década del 70 por sus aparentes vinculaciones con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)- fueron detenidas en días posteriores al 11 de septiembre de 1973 por personal de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue y militares provenientes de Punta Arenas. Conducidos hasta la unidad militar de Peldehue, unidad militar donde ocho de ellos fueron ejecutados al margen de todo proceso legal. Asimismo, desde este recinto militar se pierde todo rastro de Mario Melo Pradenas, Luis Barraza Ruhl y Jorge Piérola Piérola.

Al momento del golpe militar, los ex boinas negras, estaban en la mira de las fuerzas militares golpistas. Eran 15 hombres, la primera promoción de boinas negras formados en Chile y eran, según su entonces superior, el capitán Fuentealba, excelentes instructores, cuadros de elite. Para el ejército golpista, eran en extremo peligrosos. Se habían convertido en miembros del GAP, la mayoría eran instructores y militantes del MIR, otros militantes del PS, Durante septiembre de 1973, ocho de ellos fueron detenidos por efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea o Investigaciones. Arrestados en distintas fechas y circunstancias, algunos fueron llevados al Estadio Nacional, pero la mayoría de ellos fue trasladada al recinto militar en Peldehue y ahí ejecutados. La mayoría de los asesinados fueron inhumados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Tres de ellos continúan desaparecidos.

El magistrado Sergio Muñoz determinó detener e incomunicar a seis militares en retiro en el caso de la desaparición y muerte de siete comandos del Ejército, después del golpe del 11 de septiembre de 1973. Además, el juez interrogó por esta causa al ex general Carlos Parera Silva, a quien se sumará la próxima semana el también oficial en retiro Alejandro Medina Lois.

En el batallón de Policía Militar quedaron arrestados:

Rafael Sánchez, brigadier en retiro.

Renato Alarcón, coronel (r).

Carlos Saravia, mayor (r).

Domingo Cortés, suboficial mayor (r).

Fidel Saravia, suboficial (r).

Hernán Arancibia, suboficial (r).

El caso que indaga el juez Muñoz está relacionado con las desapariciones y ejecuciones de ex comandos del Ejército en 1973, a raíz de sus presuntos vínculos con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Socialista (PS).

Se trata de los ex boinas negras: Enrique Toledo Garay, Javier Enrique Sobarzo Sepúlveda, Mario Ramiro Melo Pradenas y Luis Alberto Barraza Ruhl, detenidos desaparecidos; y de Julio Antonio Martínez Lara, Alberto Ampuero Angel y David González Venegas, ejecutados políticos.

Además, Muñoz interrogó en el Hotel Militar de Providencia al general (r) Carlos Parera Silva, quien en septiembre de 1973 tenía el grado de mayor y se desempeñaba como segundo comandante de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue.

Parera se hizo célebre en 1990, cuando durante la primera Parada Militar tras el gobierno de Augusto Pinochet no quiso pedir la tradicional autorización al Presidente de la República, entonces Patricio Aylwin, para iniciar el desfile.

Para la próxima semana, fuentes judiciales confirmaron que el magistrado citó al general en retiro Alejandro Medina Lois, quien también pertenecía en la citada fecha a la unidad de la comuna de Colina, y fue destinado a diversos operativos "antisubversivos", principalmente en el sur del país.

Durante la dictadura militar, Medina Lois también se desempeñó como ministro de Salud y rector designado de la Universidad de Chile. Actualmente es rector de la Universidad Bernardo O'Higgins.