Silva Carreño Manuel

Rut                   :            Sin información

F.Nacim.            :            19-06-29, 44 años a la fecha de la detención

Domicilio            :            Asentamiento Arco Iris, Paine

E.Civil              :            Casado

Actividad            :            Obrero Agrícola

C.Repres.            :            Sin información

F.Detenc.            :            29 de noviembre de 1973

  SITUACION REPRESIVA

            Manuel Silva Carreño, casado, obrero agrícola, fue detenido el día 29 de noviembre de 1973, en su domicilio ubicado en el Asentamiento Arco Iris de Paine, por funcionarios de Carabineros entre ellos el Sargento José Floriano Verdugo Espinoza y Víctor Sagredo Aravena. Testigo de su detención fue su esposa. En ningún momento se les mostró alguna orden competente que justificara tal acción. Desde el mismo Asentamiento, pocos minutos más tarde fue detenido Angel Daniel Navarro González, y juntos trasladados en un furgón policial a la Subcomisaría de Paine, donde permanecieron un par de horas y luego fueron conducidos a la Escuela de Infantería de San Bernardo y de ahí al recinto militar de Chena, donde se procedió a su ejecución logrando sobrevivir Daniel Navarro, quien fue testigo de los hechos. Las detenciones y ejecuciones de estos dos asentados nunca han sido reconocidas por las autoridades responsables. Manuel Silva Carreño es un detenido desaparecido. La detención, ejecución y los momentos posteriores a ésta están consignados en declaración entregada por Daniel Navarro, sobreviviente, en el proceso por presunta desgracia rol 26038- del Juzgado de Letras Maipo Buin que se reproduce textualmente.

            "El día 29 de noviembre de 1973, alrededor de las 19.30 horas, mientras me encontraba trabajando solo en mi chacra ubicada en el Asentamiento, en ese entonces, Camilo Torres, ahora son parcelas, llegó hasta ahí un furgón en el cual venían 5 carabineros, de los cuales sólo conocía a uno de ellos, al Sargento Verdugo que dirigía el grupo; éste me preguntó como me llamaba y me dijo que tenía que acompañarlo a la Comisaría de Paine; al preguntarle por qué motivo, me contestó que allá me iban a decir; le dije que ya me había interrogado el Sargento Reyes, a lo que replicó que debía ser entonces una equivocación. Le pedí permiso para avisarle a un vecino de nombre Luis Muñoz, que tenía una casa como a sesenta metros y junto con ellos fui hasta el lugar y como él no estaba, le dije a su señora que me llevaban detenido y que le avisara a mis familiares; luego de esto me subieron al furgón diciéndome que me tirara boca abajo; no subió ningún carabinero al interior y ahí vi que iba también otra persona que estaba boca abajo; éste se volvió y lo reconocí como Manuel Silva Carreño, compañero de trabajo; por el camino, poco más adelante, Silva me habló diciéndome, "ahora nos van a liquidar". Me dijo que así era y no conversamos más. Llegamos a la Comisaría y antes de bajarnos nos vendaron la vista; luego nos llevaron a una sala que creo era la de Guardia, porque días antes había estado ahí cuando fui citado e interrogado por el Sargento Reyes. Nos preguntaron cómo nos llamábamos y todos los datos personales y nos trajinaron para ver si andábamos trayendo documentos; yo no tenía nada y Silva a quien yo escuché que decía sus datos personales dijo que por favor no se los fueran a extraviar. Nos preguntaron dónde teníamos guardadas las metralletas y los dos le contestamos que no sabíamos porque nunca las habíamos tenido; nos dijeron groserías y reconocí la voz del carabinero Sagredo. Después se acercó alguien, que debe haber sido un carabinero, y me dijo que firmara algo que debe haber sido una declaración, porque no veía, ya que estaba con la vista vendada y como le dijera que no podía hacerlo porque no veía, me tomó la mano para ayudarme a firmar. Después escuché que hacían lo mismo con Silva. Desde ahí nos sacaron a los dos hacia adentro de la Comisaría y al furgón de nuevo; otra vez boca abajo y seguíamos vendados, pero ahora iba una persona en el interior del furgón que debe haber sido un Carabinero; a éste le preguntamos para dónde nos llevaban y de qué se nos acusaba; el nos dijo que estuviéramos tranquilos y que nos iban a llevar a San Bernardo para tomarnos declaraciones, reconociendo su voz como la del carabinero González; no hablamos más y seguimos tranquilos. Desde que salimos de la Comisaría yo iba pendiente del camino y noté que pasamos el Cruce Ferroviario de Paine y que luego doblamos en la carretera hacia el norte. Luego de un buen rato, no sé cuánto, en una parte del camino se detuvo el furgón y el que iba con nosotros se bajó, escuchando que otro le decía que se había acabado la bencina y que tendrían que empujarlo hasta la bomba; cuando lo iban empujando, aproveché para levantarme un poco y bajándome la venda miré por el vidrio hacia adelante pudiendo ver que nos encontrábamos en Nos, ya que vi la alameda de plátanos orientales que hay en San Bernardo. Un carabinero gritó que bajara la cabeza así que me tiré en el piso nuevamente y poco después pararon en una bomba y echaron bencina; luego que seguimos, como a los diez minutos, se detuvieron en una parte que yo creo que era la Comisaría de San Bernardo; aquí nos bajaron y nuevamente nos tomaron los datos personales y nuevamente nos hicieron firmar algo, siempre con la vista vendada, en la misma forma anterior. Como a los diez minutos nos volvieron a subir al furgón, siempre boca abajo y cuando estaba en esta posición alguien me tocó los pies y me preguntó cuál era el otro apellido de Capetillo- al que yo conocía que vivía en el Asentamiento y era compañero de trabajo- le respondí que Mora y sentí que se alejaba. En ese momento sentí que en la parte de adelante otra persona conversaba con el chofer, reconociendo la voz del primero Soto, que antes estuvo prestando funciones en Huelquén, por lo que le dije, "mi Primero Soto ayúdenos por favor", pero no me contestó nada y escuché que el chofer le decía en voz baja, "te reconoció el huevón"; no escuché nada más y como a los quince minutos después partimos escuchando que se subían unas personas adelante y otras atrás. Dimos varias vueltas y yo trataba de ubicarme hacia donde íbamos, pero no pude hacerlo y como a los quince minutos después el furgón se detuvo en una parte donde se oía que jugaban a la pelota, se escuchaba el golpeteo de una pelota sobre el piso y griterío de gente. Aquí se bajó el que iba dentro del furgón y escuché que se bajaba alguien de adelante y caminaba hacia atrás; sentí también los pasos de una persona que se acercaba en sentido contrario y luego escuché que conversaban; preguntó de dónde nos traían a nosotros y otros respondió que de Paine; le agregó, "nosotros fuimos ayer y trajimos una camionada de estos culiados"; el otro preguntó si habían puesto resistencia y escuché que contestaba que no y dijo, "a nosotros nos pusieron resistencia, sobre todo en La Legua", agregando "yo masacré a un huevón que viendo que le tiró una bomba a una patrulla, me negó hasta el final y se fue cortado". Sentí que llegaron otras personas más al lugar y dijeron, "vámonos". Se subió gente adelante y atrás donde nosotros íbamos creo que tres, esto por las voces que escuchaba; uno se sentó arriba de Silva porque oía que este se quejaba y decía que no fueran a quebrarle el brazo. El que iba encima de Silva le preguntó si sabia hacia dónde nos llevaban y al responder éste que no, dijo, "a darle comida a los buitres". Le preguntó a Silva si había hecho el Servicio Militar, éste le dijo que sí, entonces dijo, "traicionai a tu escuela huevón". Este mismo nos preguntó si conocíamos a Calderón, le dije que si era el de El Vínculo y dijo que ése mismo, que era el último que se habían comido los buitres. Escuché luego el ruido ahogado del motor como si pasáramos por un túnel o un paso bajo nivel, que yo creí que estaba en la carretera y después siguió el camino normal; minutos más tarde, el que iba sobre Silva dijo, dirigiéndose al chofer, que dijera el santo y seña; poco más adelante se paró el furgón y escuché que le preguntaban a una persona que se encontraría ahí, si estaba el Mayor; el otro dijo que no; a lo que respondió, "si llega el Mayor, le decís que el Cabo Rivas anda p'arriba con dos individuos"; se puso en marcha el vehículo y siguió; se escuchaba el ruido del motor como que se estaba poniendo pesado y me imaginé que estaban subiendo un cerro. Cuando había andado un poco más por el cerro escuché que alguien decía, "ahí adelantito hay una bifurcación, ahí es la cosa"; luego se paró el vehículo, se abrieron las puertas; escuché que se bajaron y que uno le decía a Silva, "a ver bájate tú primero"; enseguida otro dijo, "bájate tú ahora", dirigiéndose a mí; éste me tomó de un brazo conduciéndome para un lado y después de dar algunos pasos me puso la mano en la cabeza diciéndome que me inclinara y que siguiera caminando así solo. En ese instante, bajándome la venda me enderecé y me volví desesperado, diciéndole, "no pos" y me aferré a él tomándolo de los brazos, reconociéndolo como un compañero de la escuela que había en San Rafael y que vivía en San Rafael, Andrés Romero; era un militar y llevaba una metralleta; había luna y se veía la luz del furgón; mientras forcejábamos y él me agarraba a patadas quedé mirando hacia donde habían sacado a Silva y vi por la espalda, que un militar disparaba y que Silva, al que reconocí por la ropa, caía al suelo. Más asustado todavía miraba para donde arrancar y tenía bien apretado al militar para que no se soltara; estaría a unos quince metros del furgón y a unos treinta de donde estaban los otros y Silva; donde yo lo tenía tomado y el militar hacía fuerza para soltarse, al soltarlo cayó de espaldas y ahí yo arranqué en zig zag hacia una quebrada; miré hacia atrás y vi que el militar me seguía sin disparar; corrí un trecho y me tiré al suelo a la rastra por una quebrada y justo escuché una descarga; luego me paré y corrí devolviéndome nuevamente y logré arrancar cerro abajo; por una acequia logré llegar hasta una carretera que creía que era la de Calera de Tango, pero era la carretera panamericana. Pude llegar hasta unas casas en San Bernardo, donde me oculté hasta el día siguiente, y con la ayuda de una señora que desconozco, que me facilitó dinero, en la tarde me fui a Santiago, logrando llegar a la casa de mi hermano que vive en la Comuna de Pudahuel donde permanecí dos años oculto. Posteriormente en septiembre de 1975, por intermedio de un abogado me presenté a Carabineros para regularizar mi situación y fui detenido y enviado a la Escuela de Infantería de San Bernardo, donde fui interrogado y puesto en libertad al cabo de dos días.

            Antecedentes entregados por la esposa de Manuel Silva Carreño al Ministro Hermosilla, en la causa 2-90-E permiten concluir que su arresto se debió a una denuncia hecha por un vecino con el cual había sostenido una discusión antes de su detención. Su esposa agrego que Manuel Silva no había tenido hostigamientos previos, pese a que desde el 16 de octubre de 1973 se encontraba su hermano Ramón Luis Silva Carreño detenido (hoy desaparecido).

            La detención de Manuel Silva Carreño se enmarca en lo que fue la represión en Paine en 1973. (Mayores antecedentes en José Domingo Adasme Núñez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Las primeras gestiones realizadas por los familiares fueron concurrir a los recintos de detención de la Subcomisaría de Paine, Campamento de Detenidos de Chena y Estadio Nacional. También consultaron en la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos y Cruz Roja Internacional. Su nombre no figuró en ninguna de estas dependencias.

            Basándose en los antecedentes proporcionados por el sobreviviente Angel Daniel Navarro González, se interpuso una querella por el delito de secuestro en contra de los integrantes de la dotación de la Subcomisaría de Paine y de los efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo implicados en los hechos.

            La denuncia se presentó el 9 de enero de 1980 ante el Juzgado de Letras de Maipo-Buin y roló con el N°26038-1.

            A los Oficios enviados al Instituto Médico Legal, Dirección del Registro Civil y del Cementerio General de Santiago, se respondió que no figuraba esta persona como fallecida. Policía Internacional respondió también negativamente. Al ser oficiada la Escuela de Infantería de San Bernardo respecto de la permanencia de Silva Carreño en el Campamento de Detenidos de Chena, respondió que tal consulta debía hacerse al Ministerio de Defensa Nacional, pero requerida la información a este Ministerio informó a su vez que debía dirigirse la consulta al Ministerio del Interior. La respuesta en esta oportunidad la hizo llegar el Ministro Sergio Fernández Fernández el 16 de agosto de 1980, expresando en ella que no existían antecedentes de Silva Carreño ni constancia de haberse dictado orden alguna en su contra. En la misma agregaba el Ministro Fernández que entre los recintos habilitados en aquel entonces, no figuraba el Campo de Detenidos del Cerro Chena de San Bernardo, información inverosímil dado que los familiares de cinco ejecutados habían recibido certificados de defunción extendidos por el Registro Civil y/o por la Escuela de Infantería de San Bernardo en los cuales se consignaba como lugar de muerte el Campamento de Detención del Cerro Chena (Juan Guillermo Cuadra Espinoza, Ignacio Santander Albornoz el 5 de octubre de 1973, Carlos Manuel Ortiz Ortiz el 6 de octubre de 1973, Ramón Alfredo Capetillo Mora, el 1 de octubre de 1973, Luis Alberto Díaz Manríquez el 2 de octubre de 1973 y Gustavo Hernán Martínez Vera el 6 de octubre de 1973) todos ellos campesinos de Paine arrestados entre septiembre y octubre de 1973.

            El Sargento Manuel Reyes Alvarez declaró no haber cumplido a esa fecha funciones en la unidad. Otros 13 integrantes de la unidad afirmaron en sus declaraciones haber cumplido servicios en noviembre del 73 en la Subcomisaría. Pero todos ellos coincidieron en afirmar a) no conocer a Manuel Silva Carreño ni a Daniel Navarro González b) no hubo detenidos políticos ni de ninguna especie en ese recinto c) Militares eran los que patrullaban la zona d) no estaban en condiciones de precisar de que unidad eran las patrullas. Respuestas también inverosímiles, si se considera que el propio Sargento Manuel Reyes en el año 1975, en proceso rol 23853 del Juzgado de Letras Maipo-Buin por el arresto ilegal de los hermanos Albornoz Prado, había declarado "muchas veces debíamos detener personas que eran encargadas precisamente por los militares, los cuales nos daban nombres y domicilios y nosotros únicamente acudíamos a esos lugares, las deteníamos y enseguida se entregaban a militares". En el proceso 24005-1 en el mismo Juzgado declaró la dotación de Carabineros que cumplía funciones en esa unidad a octubre 1973. Ellos manifiestan claramente que el patrullaje había estado a cargo de Militares de San Bernardo.

            El Juez, acogiendo solicitud de la parte querellante, citó a declarar a todas aquellas personas que en su declaración había mencionado Daniel Navarro González. Al comparecer Otto Erlwein Schleyer, agricultor dueño del Fundo San Rafael, reconoció haber sido informado de la detención y posterior huida desde el Cerro Chena de Navarro González y se refirió a éste agregando: "me causó problemas ya que era de la Unidad Popular y siempre molestaba ya que quería quitarme el fundo hasta que consiguió expropiar todo el fundo". Al declarar Oscar Eugenio Ebensperger Besoain, reconoció que en su calidad de Inspector Agrícola del Banco del Estado y por encargo del Capitán Nelson Bravo Espinoza, pidió a los que tuvieran armas que las entregaran y que en varias oportunidades recibió y se las entregó al Capitán Bravo. Negó haber hecho tal requerimiento a Daniel Navarro. Mario Salgado Turi, por su parte, negó ante el Tribunal que habiendo sido el Alcalde de Paine hubiera manifestado a Navarro González la prohibición de trabajar en el predio agrícola de Otto Erlwein. Jorge Stein Ferrari, que en 1975 era Subprefecto de Carabineros de la Prefectura Rural de Santiago, negó haber arrestado a Daniel Navarro y haber dado instrucción a un subalterno para que fuera llevado hasta la Escuela de Infantería de San Bernardo. En marzo de 1981 el Tribunal, por cuarta vez, envió Oficio a la Escuela de Infantería de San Bernardo instruyendo la comparecencia del Cabo Rivas y el Suboficial o soldado Andrés Romero. Se le respondió que tal oficio debía enviarse al Ministerio de Defensa Nacional. Este Ministerio el 4 de mayo de 1981 por intermedio de su Ministro, Carlos Forestier Hoensgen, respondió que se requería más precisión en la identificación de estas dos personas a fin de saber a quienes estaba haciendo referencia el Oficio.

            Pese al cúmulo de información reunida y estando la investigación procesal inconclusa, el Juez resolvió con fecha 20 de junio de 1981 cerrar el sumario y sobreseer temporalmente el caso. La causa fue apelada, revocando la Corte de Apelaciones de Rancagua la resolución del Juez el 4 de septiembre de 1981, habiéndose decretado sólo una diligencia más. Nuevamente fue cerrado el sumario y sobreseída temporalmente la causa el 2 de noviembre de 1981, que siendo consultada a la Corte correspondiente la confirmó el 22 de enero de 1982.

            Es del caso señalar que en recurso de amparo rol 194-74, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de su hermano Luis Ramón Silva Carreño, una vez que la causa había sido fallada "no ha lugar", la Corte recibió Oficio respuesta del Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo y Jefe de zona interior de los Deptos. de San Bernardo y Maipo, Coronel Pedro Montalba Calvo. En él textualmente decía "se hace presente que en ésta estuvo detenido Manuel Silva Carreño, quien huyó del campo de Prisioneros de Chena en la noche del 1° de diciembre de 1973, ignorándose su actual paradero". En el Oficio quedó implícitamente reconocida la detención de Manuel Silva Carreño y contenía la información equivocada dado que el que había huido era Andrés Navarro González. Al momento de responder el Oficio el Coronel desconocía la identidad de la persona que se había dado a la fuga.

            Los familiares de Manuel Silva Carreño entregaron los antecedentes del caso en la causa 2-90-E. que instruye el Ministro en Visita Extraordinaria don Germán Hermosilla, en denuncia interpuesta por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago por inhumaciones ilegales ocurridas en Paine.

            También fueron entregados sus antecedentes antropomórficos al 22° Juzgado del Crimen de Santiago, en la causa rol 4449-AF que instruye el Juez Andrés Contreras, en querella por inhumaciones ilegales de detenidos desaparecidos ocurridas en el año 73, en el Patio 29 del Cementerio General. En el mes de septiembre de 1991 fueron exhumadas 108 tumbas cuyas osamentas se encuentran en el Instituto Médico Legal. Al cierre de esta redacción (diciembre de 1992) aún se trabajaba en el proceso de identificación de las víctimas.

Manuel Silva Carreño es uno de los setenta hombres detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine. Tenía 44 años al momento de su detención y desaparición, casado, cuatro hijos, se desempeñaba como obrero agrícola. De acuerdo al Informe Rettig2 , fue detenido el 29 de noviembre de 1973 desde el asentamiento Arco Iris por efectivos de carabineros. Fue trasladado a la Comisaría de Paine y luego a la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar desde el cual se pierde toda noticia sobre él

A continuación, presentamos el testimonio de Soledad Silva Cerda, hija de Manuel Silva Carreño. Este testimonio se basa en conversaciones sostenidas entre Soledad y la investigadora de Germina, conocimiento para la acción.

Yo soy Soledad Silva Cerda, hija de Ernestina del Carmen Cerda Catalán y Manuel Silva Ca – rreño, detenido desaparecido desde el día 29 de noviembre de 1973. Mi papá tenía 45 años cuando se lo llevaron, y mi mamá tenía 39 años. Éramos cuatro hermanos, yo iba a cum – plir 13 años y era la menor; Juan Carlos tenía 16 años; Haydeé tenía 17 años, y mi hermano mayor, Manuel, tenía 18 años. Mi mamá y mi hermana fallecieron esperando que aparecie – ra mi papá. Mis padres se conocieron en Paine y vivimos acá desde que tengo memoria. Mi mamá siempre fue de aquí, mi papá nació en San Vi – cente de Tagua-Tagua, y después llegó a Pai – ne, se hizo carabinero y conoció a mi mamá.  Pero después de dos años se retiró de carabi – nero, porque no le gustaba tener que detener a sus amigos, pues era amigo de toda la gente. Mi papá era campesino y trabajaba en el asen – tamiento 2 Arco Iris de San Miguel de Paine, cultivaba todo lo que es de campo. Partici – paba, como todos, en la directiva del asenta – miento, porque si no participaba en ese tiem – po, no nos daban el arroz ni los fideos, porque tenían que estar inscritos en la JAP 3 para que nos dieran alimentos que comer, porque no había nada. Mi papá era el encargado de re – partir la comida al resto de las personas del asentamiento. Me acuerdo que él manejaba un tractor Lanz, un tractor grande, de color verde y estaba medio desteñido, no recuerdo bien. En ese coloso íbamos al asentamiento Santa Ana porque llegaban allá los alimentos. Nos daban arvejas, arroz, legumbres, puras cosas secas. Mi papa manejaba y mi hermano y yo íbamos con él, repartiendo por las casas del asentamiento. Mis hermanos nunca han tenido rabia con mi papá, porque saben que no era culpable. Ellos se daban cuenta de que él no andaba metido en nada malo. Era una persona muy sociable, todos lo querían acá, le gustaban mucho los niños y era una muy buena persona. Nunca ti – tubeaba cuando le pedían algún favor, ¡Al tiro no más!, aunque quedara él sin nada. Le gus – taba el campo y el fútbol. No jugaba a la pelo – ta, pero le gustaba el Colo Colo, ¡era fanático del Colo! El día domingo le gustaba escuchar el partido, me acuerdo que ponía la radio a todo chancho. A mi tío Luis 4 lo detuvieron antes que a mi papá, en octubre. Mi papá se preocupó porque justo antes ejecutaron al papá de la Clemita, mi tío Carlos 5 , que es mi tío político- porque la señora de él era hermana de mi papá- y le ha – bían avisado que se lo habían llevado y que lo habían encontrado en Cullipeumo. Recuerdo que mi papá se puso a llorar, y fue a buscarlo también para allá, fue buscar a todos los que estaban allá. Después de que pasó todo eso, no recuerdo si fue el Víctor o el Pancho, mis primos, que lle – gó a decirle que en la noche se habían llevado al tío Lucho, como le decíamos. Mi papá se preocupó y partió donde mi tía Inés. Mi prima, la Cheli, siempre se acuerda de las palabras que él les dijo ese día: “No se preocupen, que no les va a faltar nada, para eso estoy yo”. Y al mes se lo llevan a él. Y eso es de lo que la Cheli siempre se acuerda, de que él no sabía que también le iba a pasar lo mismo. Un día mi mamá me contó que mi papá le ha – bía dicho “Mira, si a mí me pasa algo, si me llevan o algo similar, tal y tal persona es cul – pable, porque me amenazó”. Parece que era un mismo compañero de trabajo del asen – tamiento. Y justo a la semana se llevaron a mi papi. Mi mamá no nos dijo al tiro, pero después nos contó, porque ¡éramos amigos de los hijos de este caballero! Y recién ahí mis hermanos se empezaron a alejar de él, incluso mi hermano fue padrino de una de las hijas de este caballero. continua….. Extracto

El abogado Luis Cordero revela por primera vez en conversación con EL PAÍS la historia de su familia: dos tíos de su padre se encuentran entre las víctimas de desaparición del régimen militar de Pinochet

La noche del miércoles 5 de abril, el ministro de Justicia chileno, Luis Cordero Vega (Santiago, 50 años), acababa de llegar a su casa cuando recibió un llamado desde el Palacio de La Moneda. Le informaron de una tragedia: el cabo de Carabineros Daniel Palma, de 33, había recibido un balazo en la cabeza cuando intentaba realizar una fiscalización en el centro de Santiago. El policía ni siquiera alcanzó a bajar de su moto cuando un grupo de delincuentes, que viajaba en un auto, le disparó.

Cordero llegó rápidamente a la Posta Central, uno de los principales hospitales de urgencia de Santiago Centro, donde Palma aún agonizaba. Se encontró con escenas de tristeza y desolación. Estaban allí la ministra del Interior, Carolina Tohá, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, además de varios policías. En una pequeña sala, aguardaba la esposa de Palma, una carabinera de 27 años embarazada de seis meses. A esa hora, pasadas las diez de la noche, el atentado al funcionario ya provocaba conmoción nacional, porque en apenas 23 días otros dos policías habían sido asesinados. Ya de madrugada, Palma se convirtió en la tercera víctima de la institución en menos de un mes, reflejo de un país que atraviesa su mayor crisis de seguridad con la irrupción de una nueva delincuencia armada y cuyo crimen empujó la aprobación veloz en el Congreso de una ley que da más poder al trabajo policial.

En esas dramáticas escenas en la Posta, Cordero vio pasar varias imágenes de su infancia en los años ochenta. No solo creció en el sector de avenida Matta, donde fue asesinado Palma, sino que, además, pocos sabían esa noche que su padre, Luis Cordero Silva, fue policía en una comisaría de Santiago. “Mi papá también tenía esos turnos 24 x 24, de un día de trabajo, por uno de descanso. Y la incertidumbre de cuando un policía está en la comisaría, es que puede pasar cualquier cosa”, dice el ministro en una entrevista con EL PAÍS.

En esa larga noche de espera, Cordero se acercó al general Yáñez. “Yo lo entiendo bien, porque conozco esta familia de Carabineros”, le dijo. Al día siguiente, cuando ambos se encontraron en el responso de Palma, el jefe de la policía se aproximó discretamente al ministro y le mostró la antigua ficha institucional con la fotografía de su padre.

El plan de búsqueda

Luis Cordero, abogado y doctor en Derecho, de la centroizquierda moderada, fue nombrado por el presidente de izquierdas Gabriel Boric como ministro de Justicia el 11 de enero pasado. Asumió en reemplazo de Marcela Ríos, en medio de la crisis política que generaron los 13 indultos que concedió el mandatario, 12 de ellos a condenados por delitos del estallido social chileno de octubre de 2019 (entre ellos saqueos, incendios y el intento de homicidio de una policía). En el grupo, se supo después, varios de esos excarcelados tenían antecedentes policiales por delitos comunes, distintos a los de la revuelta.

Si bien buena parte de sus tres meses en el cargo se han concentrado en resolver el complejo caso de los indultos, y luego en la agenda contra la delincuencia tras los homicidios de los carabineros, al asumir el ministerio Boric le encargó a Cordero una tarea clave: liderar el plan de búsqueda nacional de los detenidos desaparecidos y ejecutados, cuyos cuerpos no han sido encontrados. Un programa que será presentado en la víspera de la conmemoración los 50 años del Golpe de Estado, el próximo 11 de septiembre, y en el que el ministro de Justicia vuelve a encontrarse frente a su propia su historia: dos tíos de su padre, Luis Ramón Silva Carreño y Manuel Silva Carreño, son detenidos desaparecidos.

Según los datos actualizados del Ministerio de Justicia, tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en Chile hay aún 1.469 víctimas de desaparición forzada. De ellas, 1.092 son detenidas desaparecidas, mientras que otras 377, que fueron ejecutadas, están en la misma condición. Del total de personas, solo 307 han sido identificadas.

Boric pretende firmar el plan el próximo 30 de agosto, el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas, para que sea una política pública de Estado permanente. “Las investigaciones penales, que han llevado a condenas a sus perpetradores, abordan un aspecto específico, pero por sus características no abordan cómo las personas fueron hechas desaparecer o ejecutadas en términos sistémicos. ¿Cuál fue el tránsito por el que tuvieron que pasar mientras estuvieron en manos del Estado? Esas son informaciones de las que, en general, no disponemos”, explica el ministro sobre el plan.Cordero agrega: “Lo que no ha pasado hasta hoy es que el Estado chileno reúna en un solo lugar toda la información sistematizada, de modo de tener conocimiento de esas circunstancias generales en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer. Detrás de esto no solo hay un tema de verdad y justicia, sino también de memoria y reparación a las víctimas y familiares. Y una manera en que la sociedad chilena debe reconocer y establecer una garantía de no repetición”.

Un dolor en silencio

Cordero creció en el barrio avenida Matta, justamente donde fue asesinado a sangre fría el carabinero Palma. En ese sector, su abuela materna, Adriana Alderete y su madre, Isabel Vega, tenían un popular boliche llamado El Cairo. Sus padres se conocieron a fines de los años sesenta, cuando el policía Luis Cordero Silva dirigía el tránsito a pocas cuadras del local. Era hijo de campesinos y había llegado hacía poco a la capital de Chile desde Huelquén, un pueblo rural al interior del municipio de Paine, ubicado a unos 44 kilómetros de Santiago. “La generación de mi papá refleja muy bien a la tropa de Carabineros, personas cuya manera de salir adelante era incorporándose a instituciones armadas”, cuenta el ministro.

De adolescente, Cordero, el mayor de tres hermanos, ayudaba a su madre a atender la caja de El Cairo. Recuerda que por allí transitaban todo tipo de personas. Entre ellas, los vendedores de libros del barrio San Diego de Santiago, que jugaban dominó, y dos emblemáticos dirigentes sindicales de la oposición a Pinochet: Manuel Bustos y Rodolfo Seguel.

Su padre, cuenta, era muy reservado. Y, en sus horarios libres, además, manejaba un taxi. Cordero tiene recuerdos de las noches en que en la dictadura eran habituales los cortes de luz. Junto a su familia escuchaban la Radio Cooperativa, una emisora que se destacó por su oposición al régimen de Pinochet. Y, con un aparato de onda corta de su abuela, sintonizaban también Radio Moscú. ”Era la única forma de saber lo que estaba pasando”, señala.

En su etapa de estudiante de secundaria, Cordero iba a las protestas contra Pinochet, que comenzaron en 1983 y se agudizaron a partir de 1986. Su padre nunca le prohibió ir a las manifestaciones. Era un hecho inusual, pues en ese entonces Carabineros era parte de la Junta Militar que encabezó la dictadura. “La única observación de mi papá era que yo tenía que cuidarme mucho. Pero nunca tuvimos una discusión sobre política”, recuerda. “Mi vínculo con él era de padre a hijo muy formal. Creo que parte de las razones por las que también me emocioné estos días fue porque su muerte fue intempestiva, a los 56 años, de un cáncer fulminante. Pero pese esa relación, que era muy de autoridad, siempre nos dejó con completa libertad”.

Años después, Cordero ha reflexionado en ese comportamiento de su papá. Por un lado, ese papel de autoridad en la familia y, por otro, la libertad de que su familia fuera opositora a Pinochet, y que en la mesa familiar se hablara de las violaciones a los derechos humanos que se cometían en la dictadura.

Hoy, que como ministro lidera el plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos, dimensiona esos dos mundos en los que creció y entiende por qué su padre fue como fue. “Paine es un lugar pequeño y mi papá tenía vínculos con el dolor de las violaciones a los derechos humanos. Por eso creo que fue muy respetuoso siempre. Son historias de la vida. Y este era de esos temas presentes, pero no presentes en la familia. Para mi, Paine fue una conversación de la década de los ochenta″.

Pregunta. ¿Y cómo toma hoy, que lidera el plan de búsqueda, la historia de su familia?

Respuesta. Hay algo de sentido de misión en esto y lo he hablado con el equipo que trabaja conmigo. Si hay algo con lo que me daría por satisfecho, es tener el plan de búsqueda. Es lo que personalmente me tiene comprometido, para que genuinamente se transforme en una política permanente por parte del Estado.

Según el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación de 1991, que impulsó el presidente Patricio Aylwin (1990-1994), el primer mandatario democrático después de la dictadura de Pinochet, Manuel Silva Carreño, casado, obrero agrícola de 44 años, fue detenido el 29 de septiembre de 1973 por funcionarios de la comisaría Carabineros de Paine y luego trasladado a la Escuela de Infantería de San Bernardo, municipio que también es parte de la Región Metropolitana, Santiago.

Su hermano, Luis Ramón Silva Carreño, 43 años, casado, siete hijos, obrero agrícola sin militancia política, fue detenido el 16 de octubre de 1973 en Paine, por funcionarios del Regimiento Infantería de San Bernardo, “acompañados de Carabineros y civiles”, dice el informe.

Paine es la zona que, en proporción a los habitantes de Chile, es donde hay mayor cantidad de víctimas de la dictadura: 70 personas. La mayoría eran campesinos y obreros agrícolas.

En entrevista con Interferencia, el periodista autor de A la Sombra de Los Cuervos, repasa el cuadro completo de lo que se sabe de la participación de los Kast en la brutal represión que hubo en la localidad durante la dictadura, donde esta familia tenía su hogar y principales negocios.

Este miércoles 15 de junio la Corte Suprema, en un fallo inédito, desestimó la medida de prescripción solicitada para el caso del asesinato de 38 personas en Paine durante la dictadura, y elevó las penas para los miembros del Ejército y de Carabineros por su responsabilidad en los crímenes ocurridos durante septiembre y octubre de 1973.  Finalmente, siete militares en retiro fueron condenados a 10 años de presidio, otro ex militar fue condenado a siete años de presidio,mientras otros tres carabineros también recibieron condenas de presidio.

Los asesinatos ocurridos en Paine son casos emblemáticos entre los delitos de lesa humanidad ocurridos en dictadura, ya que dan muestra de la complicidad entre uniformados y civiles en la planificación y ejecución de estos crímenes. También, porque un testimonio clave para dilucidar estos hechos fue entregado por Alejandro Bustos, un campesino que logró sobrevivir a un fusilamiento escondiéndose entre los cuerpos de las víctimas que estaban a su lado. Su declaración fue clave para que se pudiera llegar a la verdad en estos casos.

El periodista Javier Rebolledo investigó profundamente la relación entre uniformados y civiles en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, y en especial los asesinatos de Paine, que implican cerca de 70 víctimas, la mayoría campesinos beneficiados con la reforma agraria aplicada durante la Unidad Popular. Uno de estos crímenes es la “Matanza de Paine”, como es conocida la ejecución donde Bustos sobrevivió. La investigación de Rebolledo se plasmó en su libro del 2015, A la Sombra de los Cuervos, Los Cómplices Civiles de la Dictadura.

En esta entrevista, Rebolledo comenta a Interferencia el impacto que le causó el nivel de violencia y odio de parte de civiles que participaron en estos asesinatos y desapariciones y el rol que tuvo la familia Kast, en especial, el padre y el hermano del ex candidato presidencial, José Antonio Kast, en estos crímenes.

– Es impactante el caso de los asesinatos de Paine, que usted investigó, incluso implica a una persona que sobrevivió a un fusilamiento y gracias a su testimonio se pudo saber lo que ocurrió. Usted ya ha investigado otros casos de vulneración a los derechos humanos ¿Qué cosa en particular le llamó la atención de los asesinatos de Paine? 

-A mi me llamó la atención que ésta fue una venganza de los civiles, en conjunto con uniformados, tanto con carabineros como con militares en distintas operaciones y distintos días. Te diría que los civiles en buena medida,- sin quitarle responsabilidad a los carabineros ni militares-, le proporcionaron información a los uniformados, trabajaron en conjunto con ellos con un odio impresionante, un odio pocas veces visto. El nivel de crueldad, de ensañamiento, incluso después de los crímenes, es algo que al menos yo no sé si había visto antes, con tanto ensañamiento como en estos casos. 

En el caso de Paine, como comuna, tiene la mayor cantidad de desaparecidos y ejecutados de la dictadura por densidad poblacional. Son 70 víctimas en una cantidad de población pequeña, lo cual da un porcentaje alto de quienes fueron asesinados. 

Un ejemplo de esto es que hay un lugar en Paine que se llamó “el callejón de las viudas”, y ese lugar se llamó así porque una unidad de militares fue a buscar a casi todos los hombres de esa calle, donde las mujeres prácticamente quedaron solas hasta el día de hoy. 

El caso que mencionas, donde hay un sobreviviente de fusilamiento, Alejandro Bustos, conocido como “el colorín”, es importante porque él puede ubicar a civiles que participaron en estos crímenes, y entre otros, a Christian Kast, que es el ex presidente de Cecinas Bavaria, y además hermano de José Antonio Kast y de Miguel Kast,- ideólogo de los cambios económicos de la dictadura, como lo reconoció Joaquín Lavín.

En ese caso, conocido como “la matanza de Paine”, a las víctimas, después de ejecutarlas, les sacaron los ojos y les cortaron las lenguas con corvos. Y claro, impresiona el nivel de violencia, el nivel de crueldad que tuvieron estos civiles, en conjunto con militares y carabineros, en las detenciones, las torturas, los crímenes y desapariciones forzadas que se llevaron a cabo.

– ¿Cómo participa la familia Kast en estos asesinatos y ejecuciones? ¿Cuál es el rol que tuvieron en estos crímenes?

– Está, entre varios testimonios, el de la hermana de Pedro Vargas Barrientos,- actualmente detenido desaparecido-, Silvia, quien cuenta que su hermano Pedro, junto a toda su familia, trabajaron en Cecinas Bavaria y ayudaron a generar riqueza en la empresa, cuando los Kast recién empezaron con su primera sanguchería al borde de la carretera Norte Sur, en el sector de Buin. Y este joven Pedro Vargas siguió trabajando ahí y con los años organizó un sindicato, que fue su “mayor error”, porque ahí lo pasaron a rondín, le entregaron un arma y después tuvo que dejar su trabajo. Pedro fue una de las primeras personas que fueron detenidas en el cuartel de Paine. 

Su hermana fue a pedir por la vida de Pedro a Michael Kast,- quien era el papá de José Antonio, de Christian y Miguel Kast y abuelo de Felipe Kast- y Michael Kast no le prestó ninguna ayuda, le dijo que se fuera para su casa y por el contrario…En estos casos nunca se ha determinado, judicialmente, exactamente cuáles fueron los vehículos que participaron de las detenciones que terminaron en cada una de las ejecuciones y desapariciones forzadas. Pero el caso concreto es que el mismo Michael Kast reconoció que él facilitó un camión con chofer a carabineros para “efectuar su trabajo”, y el trabajo en ese tiempo era la detención de personas, aunque él no lo reconoció de esa forma. Y él murió en calidad de inculpado por la justicia, por este caso. Por eso no se pudo seguir su responsabilidad final en los hechos, porque murió. 

Existe el testimonio de un carabinero, Osvaldo Dominguez Muller, que señala que en la comisaría de Paine,- que dicho sea de paso, era el lugar desde donde desaparecían a las personas- vio el automóvil de Michael Kast estacionado ahí, los días cuando hubo asesinatos y desapariciones. 

Y está el testimonio del propio Christian Kast, quien reconoce que salió “a patrullar”, junto a otros civiles, con militares y carabineros. 

"Y Christian Kast no fue procesado porque la justicia determinó que al momento de estos crímenes era menor de edad, por eso no se persiguió su responsabilidad, por ese motivo. Y él mismo reconoció, cuando fue interrogado, que estuvo en la comisaría".

Se suma a todo esto el testimonio de Alejandro Bustos, quien cuenta que a él le dieron una pateadura en la comisaría de carabineros, y que estaba presente Christian Kast. Y cuando lo ejecutaron,- donde sobrevivió-, si bien los que dispararon eran uniformados, estaban presentes con sus vehículos varios civiles, entre ellos Christian Kast. 

Y Christian Kast no fue procesado porque la justicia determinó que al momento de estos crímenes era menor de edad, por eso no se persiguió su responsabilidad, por ese motivo. Y él mismo reconoció, cuando fue interrogado, que estuvo en la comisaría, donde se celebraban asados con carabineros y civiles, y que ahí vio detenida a una persona que le apodaban “el harina seca”, Luis Nelson Cádiz Molina, y dice que lo vio salir con el pelo rapado, pelado. Y bueno, Cádiz es un detenido desaparecido, yo me pregunto si uno sabe que una persona está detenida desaparecida, y Christian Kast dice que lo vió, ¿Acaso no le correspondía denunciar el hecho? Probablemente haya sido una de las últimas personas que lo vió con vida, que podía aportar una pista sobre el paradero de esta persona, y él no se acercó a la justicia para colaborar, fue al revés, tuvo que ir la justicia a buscarlo a él, muchos años después de ocurridos los hechos. 

– ¿Es posible que José Antonio Kast no haya conocido estos hechos? 

– Es que yo no puedo trabajar con conjeturas. Yo sé lo que declaró Christian Kast y lo que declaró su padre Michael Kast, conozco el pasado de Michael Kast, la labor que tuvo Miguel Kast en dictadura y conozco lo que declaró Alejandro Bustos respecto de Christian Kast. Uno sabe qué postura política tiene José Antonio Kast, y yo no puedo saber si él sabía o no sabía. Lo que puedo decir es que él no puede decir “mi familia no tuvo nada que ver”, que no hicieron patrullaje, que no apoyaron la represión, ni prestaron vehículos ni que no fue identificado alguien de su familia en un fusilamiento, eso él no lo puede decir.  Y eso es lo que él ha dicho, él ha dicho que no hay nada judicial en contra de su familia, pero no dice las razones, y una razón es que su papá se murió en calidad de inculpado, murió antes que tuviera una condena; y en segundo lugar, a su hermano Christian Kast no se le persiguió responsabilidad penal porque se determinó que era menor de edad al momento de ocurridos los delitos  

 Lo que cuenta también es relevante porque entre los condenados por crímenes de dictadura en Paine está un civil, que fue el primer civil condenado por casos contra los derechos humanos en dictadura en Chile, el empresario Francisco Luzoro, en 2017. En temas de memoria se habla de los civiles y empresas que participaron en estos delitos como “terceros actores”. ¿Cree que se pueda seguir avanzando en la justicia en estos casos que involucran a “terceros actores”?

– Debería ser así. Pero sabemos que ha pasado mucho tiempo, se están muriendo los denunciantes, los familiares, los victimarios, y este caso se ha dejado estar… Yo no tengo tanta esperanza, sinceramente, lo veo difícil, creo que lo de Luzoro es un ejemplo aislado, hay un par más de civiles condenados, pero no veo que el camino vaya para allá.

Siempre que sale una condena al menos es un poco de justicia. En este caso son condenas, quizás no son las condenas más altas, como uno podría esperar, pero es un poco de justicia. Uno celebra que haya algo de justicia, pero por otro lado, también hay crítica, porque uno espera que se haga más. Uno ve un lado positivo y otro negativo, ya que la condena es baja y uno piensa en cómo se lo toman los familiares y la sociedad en general.

El máximo tribunal rechazó la aplicación de la media prescripción en favor de los uniformados, como lo había dictaminado la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Este martes la Corte Suprema confirmó la sentencia que el 29 de octubre de 2019 había dictado la Ministra en visita extraordinaria, Marianela Cifuentes Alarcón, en el caso caratulado como “Paine principal”, esto por la responsabilidad de 11 miembros (r) del Ejército y Carabineros en los homicidios calificados de 38 pobladores de distintos asentamientods de Paine, crímenes ocurridos entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre de 1973.

Se desestimó así la aplicación de la media prescripción con la que la Corte de Apelaciones de San Miguel había favorecido posteriormente a los uniformados, y -en cambio- ahora fueron elevadas algunas de las penas impuestas.

Lo que hizo el máximo tribunal fue acoger los recursos de casación presentados por los querellantes en contra de la aludia sentencia de la corte sanmiguelina. En ese sentido, la Suprema consideró que dicha figura no se debe acoger en los casos de crímenes de lesa humanidad, como los de Paine, argumentando que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rechaza “la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos”.

Las 38 víctimas de este caso son José Cabezas Bueno, Francisco Calderón Nilo, Héctor Castro Sáez, Domingo Galaz Salas, José González Espinoza, Juan González Pérez, Aurelio Hidalgo Mella, Bernabé López López, Juan Núñez Vargas, Héctor Pinto Caroca, Hernán Pinto Caroca, Aliro Valdivia Valdivia, Hugo Alfredo Arenas, Víctor Zamorano González, José Adasme Núñez, Pedro Cabezas Villegas, Ramón Capetillo Mora, José Castro Maldonado, Patricio Duque Orellana, José Fredes García, Luis Gaete Balmaceda, Carlos Gaete López, Luis Lazo Maldonado, Samuel Lazo Maldonado, Carlos Lazo Quinteros, Samuel Lazo Quinteros, René Maureira Gajardo, Rosalindo Herrera Muñoz, Jorge Muñoz Peñaloza, Mario Muñoz Peñaloza, Ramiro Muñoz Peñaloza, Silvestre Muñoz Peñaloza, Carlos Nieto Duarte, Andrés Pereira Salsberg, Laureano Quiroz Pezoa, Roberto Serrano Galaz, Luis Silva Carreño y Basilio Valenzuela Álvarez. 

En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal condenó a los miembros del Ejército (r) Jorge Romero Campos y Arturo Fernández Rodríguez a la pena de 20 años de presidio por su responsabilidad en los 38 homicidios calificados ocurridos en el sector de “El Escorial” y en los asentamientos de “Campo Lindo” y “24 de abril”.

En tanto, los también integrantes (r) de esa rama de las Fuerzas Armadas José Vásquez Silva, Carlos Lazo Santibáñez, Juan Opazo Vera, Roberto Pinto Labordarie, Jorge Saavedra Meza, Víctor Sandoval Muñoz y Carlos Durán Rodríguez, fueron sentenciados a 10 años de presidio por su responsabilidad en los mismos crímenes.

Por otra parte, el conscripto del Ejército Raúl Areyte Valdenegro deberá purgar una pena de 7 años y 6 meses de presidio por su responsabilidad en los 14 homicidios del mencionado sector “El Escorial”.

Por último, el oficial de Carabineros (r) Nelson Bravo Espinoza quedó condenado a la pena de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en los secuestros calificados de Ramón Capetillo Mora y Mario Muñoz Peñaloza, cometidos los días 8 y 10 de octubre de 1973.

Los asesinatos

En el fallo de la Corte se detalla que tras las detenciones ilegales de los pobladores de los asentamientos “El Escorial”, “Campo Lindo”, “24 de abril”, “Nuevo Sendero” y “El Tránsito” por parte de los uniformados, estos fueron trasladados al campo de prisioneros del Cerro Chena de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Algunos fueron llevados hasta una quebrada en la Cuesta de Chada, donde fueron ejecutados, encontrándose tiempo después sus cadáveres abandonados en el lugar.

Otros fueron trasladados hasta la quebrada Los Arrayanes en las inmediaciones del Lago Rapel, donde fueron fusilados por militares, quienes enterraron sus cuerpos en el mismo sitio, siendo encontrados años después solo fragmentos óseos y dentales de 11 víctimas, producto de que sus cuerpos habían sido removidos y trasladados hasta un sitio desconocido.

En el aspecto civil, se condenó al Fisco a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas.