Silva Carreño Luis

Rut                   :            24.362 Buin

F.Nacim.            :            19-08-30, 43 años de edad a la fecha de su detención.

Domicilio            :            Asentamiento 24 de Abril. Paine

E.Civil              :            Casado, siete hijos

Actividad            :            Obrero Agrícola

C.Repres. :                     Jefe de Finanzas y abastecimiento del Asentamiento 24 de Abril. Sin militancia política conocida.

F.Detenc.            :            16 de octubre de 1973

SITUACION REPRESIVA

            Luis Silva Carreño, 43 años al momento de los hechos, casado, 7 hijos, obrero agrícola, sin militancia política, encargado de finanzas y abastecimiento del Asentamiento 24 de Abril de Paine, fue detenido en su domicilio aproximadamente a las 03:30 de la madrugada del día 16 de octubre de 1973, por Militares uniformados provenientes de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

            Su domicilio fue allanado provocando destrozos en el portón de entrada. Ya en el interior se le exigió identificarse, su nombre fue chequeado en una lista que portaban los militares y procedieron de inmediato a detenerlo. Los militares no portaban orden que justificara tal proceder. Fue llevado con destino desconocido para sus familiares. Su hijo Luis Francisco Silva López concurrió a la mañana siguiente a la Escuela de Infantería de San Bernardo y se entrevistó con el Oficial Enrique Galdames Carrasco tío del muchacho. Tras diversas consultas, manifestó que Luis Ramón Silva Carreño no había llegado detenido a dependencias militares de San Bernardo. A partir del 16 de octubre de 1973 Luis Ramón Silva Carreño es un detenido desaparecido. El 29 de noviembre de 1973 fue detenido su hermano Manuel Silva Carreño, corriendo igual suerte. La noche del 16 de octubre, en un vasto operativo efectuado por Militares bajo las órdenes del Teniente de Ejército Andrés Magaña, se detuvo a 22 personas desde sus domicilios; en ninguno de los casos se contó con la autorización correspondiente para allanar y detener.

            Estos militares vestidos con trajes de campaña o bien uniformes de color gris y sobre Éstos una capa del mismo color, llevaban brazaletes y usaban boinas negras o bien cascos, con sus rostros tiznados o cubiertos con pasamontañas. Se movilizaban en al menos un camión rojo con barandas y un jeep. Todos andaban fuertemente armados, alumbraban las habitaciones con linterna impidiendo a los moradores encender la luz. El operativo se inició en las primeras horas del día 16 de octubre de 1973 y se prolongó hasta las 04:00 de la madrugada. Las personas que resultaron detenidas, en su mayoría asentados que habían participado en el proceso de reforma agraria, figuraban anotados en una lista que portaban los militares. Sus domicilios fueron allanados y sacados desde sus casas, advirtiéndoles a los familiares que serían devueltos luego de prestar declaraciones en San Bernardo. Todos fueron subidos a un camión que esperaba en el camino principal. El operativo fue realizado silenciosamente y a los familiares de las víctimas se les prohibió asomarse de sus casas. El operativo se inició con la detención de Andrés Pereira Salsberg, industrial, dueño de una maestranza; luego se detuvo a René del Rosario Maureira Gajardo, comerciante; en seguida los militares se dirigieron hacia el sector correspondiente al Asentamiento 24 de abril, en donde se detuvo a Patricio Loreto Duque Orellana, los hermanos Raúl Antonio, Silvestre René y Jorge Hernán Muñoz Peñaloza, su cuñado Basilio Antonio Valenzuela Alvarez, Germán Fredes García, Carlos Enrique Gaete López, Carlos Alberto Nieto Duarte, Laureano Quiroz Pezoa, Rosalindo Delfín Hernán Muñoz y Ramón Luis Silva Carreño. A continuación se dirigieron al Asentamiento El Tránsito, donde se detuvo a Pedro Antonio Cabezas Villegas y Roberto Servando Galaz. Finalmente, se dirigieron al Asentamiento Nuevo Sendero, donde se detuvo a Enrique Lazo Quintero, su hermano Samuel Altamiro Lazo Quintero y sus hijos Luis Rodolfo y Samuel Lazo Maldonado, a José Domingo Adasme Núñez, Luis Alberto Gaete Balmaceda y a José Ignacio Gaete Maldonado.

            El 10 de octubre de 1973, Carabineros de la Subcomisaría de Paine habían detenido desde su domicilio en el Asentamiento El Tránsito, a Samuel Altamiro Lazo Quinteros, el que había quedado en libertad transcurridas las 24 horas de reclusión en dicha Unidad. Dicho campesino fue detenido nuevamente la madrugada del 16 de octubre de 1973. Con posterioridad a su primera detención, dio a conocer a sus compañeros de Asentamiento que había sido advertido por los carabineros que en días posteriores vendrían Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo y procederían a detener a los asentados. Igual información recibieron los campesinos de dicho asentamiento, quienes habían concurrido a la Subcomisaría, en donde entablaron una conversación con el Sargento Reyes acerca de la situación en que ellos se encontraban.

            De todas las personas detenidas el 16 de octubre de 1973 se desconoce su permanencia en algún recinto de reclusión. Hasta la fecha no existen testigos al respecto. Antecedentes judiciales dan cuenta que habrían sido llevados esa madrugada en dirección de los cerros de Codegua, cercanos a Melipilla, donde se procedió a su ejecución. Sus restos no han sido hallados.

            La detención y posterior desaparecimiento de Luis Ramón Silva Carreño se enmarca en lo que fue la represión en Paine 1973. (Mayores antecedentes en  relato sobre José Domingo Adasme Núñez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 7 de marzo de 1974 se interpuso un Recurso de Amparo rol N°194-74 en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Este fue declarado sin lugar el 29 de marzo del mismo año, atendido los informes de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, Prefectura de Investigación y de Prefectura General de Carabineros en las cuales se informó ignorarse su arresto. Una vez fallado el amparo, se recibió Oficio respuesta del Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo y Jefe de Zona Interior de los Departamento de San Bernardo y Maipo, Coronel Pedro Montalba Calvo. En dicho Oficio, en una de sus partes informó, "se hace presente que en ésta estuvo detenido Manuel Silva Carreño, quien huyó del Campo de Prisioneros de Chena en la noche del primero de diciembre de 1973 ignorándose su actual paradero". Esta información contenía dos antecedentes que destacar: el Oficio daba respuesta sobre un hermano del afectado que había sido detenido el 29 de noviembre de 1973. Por otra parte, la persona que se habría dado a la fuga, en momentos que se procedía a la ejecución de ambos, en el Campamento de Chena, era Daniel Navarro González, detenido junto a Manuel Silva Carreño, produciéndose una situación que por mucho tiempo mantuvo en la confusión a los militares acerca de la real identidad del prisionero que ejecutaron y del que logró fugarse.

            El 24 de marzo de 1974, se interpuso un recurso de amparo masivo por 131 personas ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el N°289-74. Luis Ramón Silva Carreño fue incluido en él.

            Se consultó a las autoridades sin que se lograra establecer la situación particular de cada uno de los amparados. El 28 de noviembre de 1974, el amparo fue rechazado. Se apeló de la resolución. El Pleno de la Corte Suprema confirmó el fallo el 31 de enero de 1975, acordando nombrar Ministro en Visita Extraordinaria que se abocara a la investigación correspondiente. La designación recayó en el Ministro Enrique Zurita Camps, quien el 24 de febrero de ese año instruyó el proceso rol N°106657 ante el Primer Juzgado del Crimen de Santiago. Los familiares de Silva Carreño fueron citados a declarar por el Ministro Zurita, quedando una nueva constancia de las circunstancias de su arresto.

            El 25 de septiembre de 1975, sin que se hubiese profundizado en ninguno de los casos denunciados, se cerró el sumario por "no poderse adelantar más en la investigación". El 29 de septiembre del mismo año el Ministro dictó fallo, en el caso de Silva Carreño así como en otros 27 casos de detenidos de Paine, y se sobreseyó temporalmente la causa por cuanto no quedaba plenamente justificada la existencia de algún hecho delictuoso. El 10 de mayo de 1976 la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la resolución del Ministro Zurita Campos.

            El 21 de marzo de 1975 se interpuso ante el Juzgado de Letras Maipo-Buin una denuncia por presunta desgracia a raíz de la detención y posterior desaparecimiento de 23 lugareños de Paine, en su gran mayoría campesinos detenidos el 16 de octubre de 1973. El caso de Luis Ramón Silva Carreño fue incluido entre éstos. La causa por el grupo de afectados quedó con el rol N°24005-1 a cargo del Juez Javier Torres. Las primeras diligencias fueron ordenadas tres meses más tarde, una vez que María Inés López Ahumada y Teresa Celinda López Moya -denunciantes de los hechos- concurrieron a ratificar ante el Tribunal. A partir del mes de junio se decretaron las primeras diligencias, se ofició a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) y a la Escuela de Infantería de San Bernardo. Ambas instituciones en sus Oficios respuesta manifestaron no tener antecedentes acerca de las personas consultadas. El Instituto Médico Legal por su parte, respondió que los nombres de esas 23 personas no figuraban en el libro de índice de ingreso de cadáveres a ese establecimiento. El Tribunal a su vez impartió orden amplia de investigar a Carabineros e Investigaciones. Carabineros se limitó a tomar declaración a las dos denunciantes, en tanto que Investigaciones, además de realizar diligencias similares a las efectuadas por Carabineros, informó al Tribunal haber realizado averiguaciones a fin de "ubicar e individualizar a las personas que al parecer, vestían de militares el día de los hechos, sin resultados favorables". Sin haber decretado otras diligencias, el 26 de noviembre de 1975, el Tribunal resolvió cerrar el sumario y sobreseer definitivamente la causa "no apareciendo del sumario presunciones de que se hayan verificado los hechos denunciados". El 20 de enero de 1976 la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó el sobreseimiento, estableciéndolo con carácter temporal. La causa quedó archivada. El 23 de marzo de 1977 la causa fue reabierta al ser acogida petición en tal sentido presentada por la parte denunciante. La solicitud de reapertura se fundamentó en el hecho que 10 casos incluidos en la causa rol 24005-1, figuraban formando parte de una nómina de 63 personas de las cuales el gobierno chileno en el trigésimo período de sesiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el año 1975, planteó que no eran "detenidos desaparecidos" -como lo denunciaban sus familiares- sino que eran personas muertas, cuyos cadáveres estaban consignados en los libros de índice de ingreso del Instituto Médico Legal. Esta lista de 63 nombres estaba incluida en el documento titulado "Situación actual de los derechos humanos en Chile" (Volumen II Pág. 381, 382, 383). Los antecedentes contenidos en el informe eran contradictorios con los que ese Tribunal había recibido del propio Instituto Médico Legal al serle consultado por Oficio. Con fecha 23 de mayo de 1979, quedó interpuesta en el Juzgado de Letras Maipo-Buin, una querella en contra del personal de la Escuela de Infantería que participó en el operativo del 16 de octubre de 1973 en el cual resultó detenido Luis Ramón Silva Carreño, junto a otros campesinos. La investigación desde su inicio quedó acumulada al proceso rol 24005-1. El 3 de abril de 1979 fue designado para seguir conociendo de la causa, el Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, señor Juan Rivas Larraín, en respuesta a una solicitud que en tal sentido presentara la Iglesia Católica a la Corte Suprema, a fin de que Ministros en Visita se abocaran al conocimiento de los casos de detenidos desaparecidos en todo el territorio nacional. Es así como transcurridos dos años de la reapertura de la causa, al asumir el Ministro Rivas, se ordenaron las primeras diligencias orientadas a esclarecer la información acerca de 10 detenidos desaparecidos -materia del proceso- que figuraban con información contradictoria según lo ya señalado.

            El Ministro Rivas ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, para que se sirviera informar respecto a los antecedentes y procedimientos que le permitieron confeccionar la nómina de "Personas presumiblemente desaparecidas" que habían sido ubicadas en relaciones del Instituto Médico Legal de Santiago. La respuesta fue recibida el 30 de octubre de 1979, por el recientemente designado Ministro en Visita, don Humberto Espejo Zúñiga, tras haberse creado la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda a la que, por motivos de jurisdicción, le correspondió continuar con la investigación, y cuyo nuevo rol era el N°1-79. El Oficio respuesta, firmado por el Viceministro de  Relaciones Exteriores textualmente decía en una de sus partes "Tal información US la solicité en atención a que el Instituto Médico Legal, requerido sobre la misma materia, no ha encontrado Oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Instituto Médico Legal sobre dicha nómina. A este respecto, informo a US que la nómina que se contiene en las págs. 381, 382, 383, del referido volumen 2, aparece con una firma ilegible y un timbre que este Ministerio entiende que corresponde a autoridades del Instituto Médico Legal, en caso contrario tal documento no se habría hecho circular ante organismos internacionales. Respecto de la forma como haya llegado la nómina a poder de esta Secretaría de Estado, cabe hacer presente que tampoco existe documentación oficial cursada al antedicho Instituto, por lo que debe concluirse que ello ha sido solicitado verbalmente y entregada por mano a funcionarios de este Ministerio". El Ministro Rivas Larraín en momento que dejaba su visita en la causa rol 24005-1, dejó establecido que dicha nómina era falsa y que los protocolos de autopsias asignados a los detenidos desaparecidos correspondían a muertos NN, cuya identificación había sido imposible por carecer de epidermis en sus manos.

            A diciembre de 1979, se encontraban acumulados a la causa rol N°1-79 nueve querellas criminales en contra de la dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo, por los delitos de secuestro en las personas de Pedro Hernán Pinto Caroca, Ramón Luis Silva Carreño, Laureano Quiroz Pezoa, Ramiro Antonio Muñoz Peñaloza, Silvestre René Muñoz Peñaloza, José Ignacio Castro Maldonado, Luis Alberto Gaete Balmaceda, José Germán Fredes García, y de Carlos Gaete López. Cinco querellas en contra del Coronel de Ejército Jorge Dawling Santa María, por el encubrimiento del delito de arresto ilegal en las personas de Jorge Hernán Muñoz Peñaloza, Carlos Enrique Lazo Quinteros, Carlos Alberto Nieto Duarte, José Domingo Adasme Núñez, Samuel Altamira Lazo Quinteros, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado y Luis Rodolfo Lazo Maldonado. Querella por el secuestro y homicidio calificado de Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, perpetrado por efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

            Una querella en contra del Teniente de Ejército Andrés Magaña Bau, por el delito de arresto ilegal de René del Rosario Maureira Gajardo; querella por el secuestro de Andrés Pereira Salsberg y una querella por el delito de secuestro de Mario Enrique Muñoz Peñaloza, en contra del Sargento de Carabineros Manuel Reyes (mayores antecedentes respecto a esta última querella en relato de Mario E. Muñoz Peñaloza).

            Respecto al inculpado Coronel Jorge Dawling Santa María -que en el año 1979 se desempeñaba como Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo- con fecha 26 de septiembre de 1978 se le envió Oficio solicitándole toda la información que él poseyera, relativa al personal de esa unidad que cumplió funciones en los meses de septiembre y octubre de 1973. La respuesta no llegó. De tal comportamiento el Tribunal dio cuenta a la Corte de Apelaciones, la cual con fecha 14 de noviembre de 1978 resolvió en Pleno que el mencionado Coronel se atuviera a lo prescrito en el art.191 del Código de Procedimiento Penal (vale decir, según fuera su rango comparezca o no debía, informar).El Oficio respuesta finalmente llegó firmado por el nuevo Director de la Escuela de Infantería Carlos Meirelles Müller, en el cual se limitaba a expresar que no había ánimo de ocultar información, que existían documentos con la información solicitada y agregaba que el Coronel Dawling Santa María había entregado el mando y dejado de pertenecer a la institución. Con fecha 7 de febrero de 1979 en un nuevo Oficio se solicitó al Coronel Meirelles la nómina del personal de la Institución a octubre de 1973, respondiendo que él no tiene atribuciones para entregar esa información y que debe solicitarse al Ministro de Defensa Nacional. A partir de abril de 1979, y estando a cargo de la investigación el Ministro Humberto Espejo, tras haberse creado la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda, a la que correspondía territorialmente continuar con la causa, se diversificaron los Oficios a fin de establecer la identificación de quienes participaron en los operativos ocurridos en Paine y sus alrededores. Se ofició al Ministro de Defensa Nacional, no sólo para consultar por el personal ya señalado, sino que también a fin de solicitar la comparecencia del Coronel Dawling Santa María, del Teniente Andrés Magaña Bau -identificado por familias de las víctimas como la persona a cargo del operativo del 16 de octubre de 1973- y del Coronel Pedro Montalva Calvo, Subdirector de la Escuela de Infantería a octubre de 1973.

            En abril de 1979, el Teniente Andrés Magaña Bau compareció ante el Tribunal, oportunidad en la cual negó su participación en el operativo del 16 de octubre de 1973, como en cualquier otro que se hubiera realizado en Paine. Al ser careado con familiares del detenido desaparecido, René del Rosario Maureira Gajardo, negó conocer a los integrantes de esa familia pese a que éstos afirmaron haber estado en más de una oportunidad junto al uniformado en eventos sociales previos al 11 de septiembre de 1973, en la localidad de Paine.

            Respecto al Coronel Jorge Dawling Santa María, el Tribunal en Oficio respuesta había sido informado que desde agosto de 1978 se encontraba nombrado Agregado Militar en la Embajada de Chile en Uruguay, cargo que se prolongaría por más de un año. Por su parte el Coronel Pedro Montalva Calvo, al concurrir al Tribunal el 10 de diciembre de 1979, declaró afirmando la existencia de un Campo de Detenidos en el Cerro Chena dependiente de la Escuela de Infantería, que según lo declarado por él dejó de funcionar en diciembre de 1973 en momentos en que él asumía la Dirección de la Escuela. Previo a ello su Director había sido el Coronel Leonel Köning Altterman, quien daba las órdenes por escrito acerca de quienes ingresaban como detenidos. Al ser citado a declarar el entonces Director de la Escuela, Coronel Köning, el Tribunal fue notificado que éste se había suicidado el 21 de junio de 1979.

            Con fecha 12 de diciembre de 1979, el Ministro Espejo se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar, en atención que todas las denuncias y querellas contenidas en esta causa (rol 1-79) adjudicaban la autoría de los arrestos a personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros tanto de la Escuela de Infantería de San Bernardo como de la Subcomisaría de Paine, respectivamente. El 6 de marzo de 1980 la Corte revocó la incompetencia y ordenó algunas diligencias, a fin de avanzar en la investigación. A consecuencia de ello fue citado nuevamente a declarar el Coronel Jorge Dawling Santa María. El 2 de abril de 1980 el Ministro de Defensa Nacional, Teniente General Raúl Benavides Escobar, informó al Tribunal que el Sr. Dawling Santa María tiene calidad de General de Brigada y en conformidad al art. 191 y 192 del Código de Procedimiento Penal, debe declarar por escrito. El Ministro envió pauta de preguntas erróneamente formulada, lo que dio pie para que el General de Brigada respondiera "en relación a las preguntas 2 a la 13 no tengo antecedente alguno que poder señalar".

            El 5 de junio de 1980 el Ministro Espejo se declaró, por segunda vez incompetente, fundamentando su resolución en los mismos términos que la vez anterior. Se apeló de ello el 25 de julio de 1980 y la Corte de Apelaciones revocó la resolución ordenando al Ministro Visitador elaborar un nuevo cuestionario, para ser respondido por el General de Brigada, en base a las acusaciones formuladas en las querellas en su contra y que son parte del proceso.

            En julio de 1980, el Tribunal recibió un Oficio respuesta del General de Brigada Dawling Santa María, cuyo contenido no aportó antecedentes, argumentando que en el año 1977 ya no había relaciones escritas en la Escuela de Infantería sobre maniobras militares y operativas. Su Oficio concluía manifestando que los antecedentes de la causa rol 1-79 las había puesto en conocimiento de la Comandancia en Jefe del Ejército, toda vez que se le imputaba en las querellas transcritas, una participación como encubridor en "supuestos delitos" que habría cometido en acto de servicio".

            El 17 de octubre de 1980, los antecedentes fueron definitivamente remitidos a la II Fiscalía Militar de Santiago; en la oportunidad operó la inhibitoria de jurisdicción.

            El 24 de mayo de 1982 la causa fue sobreseída total y temporalmente "no obstante encontrarse agotada la investigación no resulta completamente acreditada la perpetración de los hechos denunciados a fs. 1 y que imputa a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, sujetos a la jurisdicción militar".

            Tal resolución fue apelada y revocada en marzo de 1984 por la Corte Marcial, ordenando diligencias orientadas a completar la investigación. Durante el año 1985 declararon a lo menos 26 Oficiales y Suboficiales que cumplían funciones en los meses de septiembre a octubre de 1973, en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Todos ellos negaron su participación en operativos en Paine y sus alrededores, negaron saber de la presencia de personas en el Campamento de Detenidos de Chena, e incluso desconocieron la existencia de tal recinto.

            El 22 de noviembre de 1989 el Fiscal de la II Fiscalía Militar, Enrique Ibarra Chamorro, se hizo parte en representación del Ministerio Público Militar y solicitó la aplicación de la Amnistía, Decreto Ley 2191-78. El Juez Militar sobreseyó la causa total y definitivamente "por encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Tal resolución fue revocada en febrero de 1992 por la Corte Marcial, este Tribunal instruyó que la causa volviera a estado de sumario y ordenó la diligencia de la exhumación de las seis tumbas en el Patio 29. Dicha exhumación no se pudo realizar por orden de este Tribunal, ya que en septiembre de 1991, en la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago, se había practicado la exhumación del total de restos de personas no identificadas enterradas entre septiembre y diciembre de 1973 en el referido patio en el Cementerio General. La causa a diciembre de 1992 continuaba en tramitación.

            Cabe hacer presente, que en esta causa también se realizaron investigaciones en torno al Patio 29 del Cementerio General de Santiago, a partir de noviembre de 1979, oportunidad en la cual Monseñor Ignacio Ortúzar R. -en su calidad de Vicario General y Vicario Subrogante de la Vicaría de la Solidaridad- denunció al Tribunal la existencia de inhumaciones masivas e irregulares de cadáveres en el Patio 29 del mencionado cementerio y que afectarían a cerca de 200 tumbas. De la investigación, el Tribunal pudo concluir que al menos 6 tumbas podían arrojar antecedentes relativos a detenidos desaparecidos incluidos en el proceso. Entre los años 1981 y 1987, en cinco oportunidades, se solicitó al Tribunal la exhumación de esas seis tumbas, siendo denegada la petición aduciendo ser inconducente atendido el tiempo transcurrido.

            En agosto de 1990 se inició ante el Juzgado de Letras de Buin- Maipo la causa rol 2-90-E con la designación del Ministro en Visita don Germán Hermosilla, por la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda. Dicha designación obedeció a una solicitud en tal sentido de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, dada la existencia de inhumaciones ilegales de cadáveres en la localidad de Paine y que afectaba a detenidos desaparecidos. Los antecedentes de Luis Ramón Silva Carreño fueron entregados al Tribunal.

            Con fecha 15 de marzo de 1991, doña María del Tránsito Venegas Cortés declaró ante el Ministro en Visita Don Germán Hermosilla, en su calidad de madre de Jorge Reyes Cortés, a quien en el año 1973 le correspondió hacer el servicio militar en la Escuela de Infantería de San Bernardo. En el expediente quedaron consignadas sus palabras que dan cuenta de la suerte corrida por los 22 detenidos del día 16 de octubre de 1973. Textualmente en una de sus partes dijo "pocos días después que tomaron detenido al marido de mi prima Luisa, Roberto Serrano, yo fui de visita a la casa de mi tía Rosa y vi que ella estaba muy desesperada y lloraba por la suerte de su marido. Entonces yo le dije 'no llorís más Lucha, que a tu marido se lo llevaron los militares, el Jorge andaba con ellos'. Yo me refería a que a mi hijo le tocó practicar esta detención. Mi hijo Jorge me había contado de esto unos meses después, no recuerdo exactamente cuándo; yo lo supe unos días después como dije anteriormente. A ellos los tuvieron meses sin salir después del Golpe así que cuando fue a la casa me lo contó. El no estaba tranquilo, estaba como asustado, desesperado y no sólo él sino que también sus compañeros. Mi hijo no conocía a Roberto Serrano, cuando fueron a la casa de ellos Jorge conoció a la Luisa. El me contó que estas detenciones las hacían de noche. Si, es verdad que mi hijo me contó que a él le tocaba disparar en contra de Serrano, pero que él le pidió a un compañero que le cambiara de lugar. Me contó también que si él decía que no disparaba, lo mataban a él. Esto es efectivo que se lo conté a la Luisa, ya que ella le estaba llevando ropa a su marido al Cerro Chena y allá se la recibían, cuando Serrano estaba muerto". Jorge Reyes Cortés, actualmente se desempeña en el Regimiento de Los Andes desconociéndose su grado militar. Pese a que la Sra. María Venegas Cortés declaró ante el Tribunal no recordar haber señalado como lugar de ejecución, los cerros cercanos a Codegua y Melipilla, esto sí lo recordaba la esposa de Serrano Galaz, según quedó consignado en sus declaraciones ante el Ministro en Visita Humberto Espejo. El 22 de abril de 1980 Jorge Reyes Cortés compareció ante el Tribunal en la causa rol 1-79. En su declaración negó toda participación en los hechos, textualmente en una de sus partes dijo: "nunca participé en algún operativo de Paine, nunca supe que hubiera detenidos en el Cerro Chena, tampoco reconocí a ninguno de los detenidos en las pocas veces que me tocó estar en guardia cuando llegaban". El Ministro en Visita ha realizado diversas inspecciones oculares en sectores rurales en los alrededores de Paine, sin resultados positivos respecto de los detenidos desaparecidos del día 16 de octubre de 1973.

            El 22 de agosto de 1991 se inició la causa rol 4449-AF, en el 22° Juzgado del Crimen de Santiago, al darse curso a la investigación judicial del delito de inhumación ilegal de cadáveres que permanecían sepultados en calidad de NN en el Patio 29 del Cementerio General, en mérito de los antecedentes contenidos en querella criminal que presentara la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Información antropomórfica de Luis Ramón Silva Carreño fue entregada en esa causa. En el mes de septiembre 1991 se procedió a la exhumación de 108 tumbas en el Patio 29; a diciembre de 1992 las osamentas extraídas se encuentran en el Instituto Médico Legal sometidas a proceso de identificación.

En marzo pasado, el Presidente Gabriel Boric anunció el “Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos”, iniciativa en la que el ministro de Justicia, Luis Cordero, profundizó este jueves, en conversación con el diario El País, de España.

En el diálogo, el secretario de Estado contó que su padre fue carabinero de tránsito en plena dictadura militar. A ello sumó la desaparición de dos tíos de su padre: Manuel y Luis Silva Carreño. El Plan de Búsqueda, así, adquiere una historia personal.Enmarcado en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que dio paso a la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), Cordero detalló: “Las investigaciones penales, que han llevado a condenas a sus perpetradores, abordan un aspecto específico, pero por sus características no abordan cómo las personas fueron hechas desaparecer o ejecutadas en términos sistémicos. ¿Cuál fue el tránsito por el que tuvieron que pasar mientras estuvieron en manos del Estado? Esas son informaciones de las que, en general, no disponemos”.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó auto de procesamiento en contra del capitán de Ejército en retiro Carlos Walter Kyling Schmidt, en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado de 22 personas, ílicito cometido […]

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó auto de procesamiento en contra del capitán de Ejército en retiro Carlos Walter Kyling Schmidt, en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado de 22 personas, ílicito cometido en octubre de 1973 en la localidad de Paine.La  magistrada encausó al  oficial en retiro por su responsabilidad en los secuestros calificados de Andrés Pereira Salsberg, René Maureira Gajardo, Patricio Duque Orellana, José Fredes García, Carlos Gaete López, Rosalindo Herrera Muñoz, Jorge Muñoz Peñaloza, Ramiro Muñoz Peñaloza, Silvestre Muñoz Peñaloza, Carlos Nieto Duarte, Laureano Quiroz Pezoa, Luis Silva Carreño, Basilio Valenzuela Álvarez, José Adasme Núñez, José Castro Maldonado, Luis Gaete Balmaceda, Luis Lazo Maldonado, Samuel Lazo Maldonado, Carlos Lazo Quinteros, Samuel Lazo Quinteros, Pedro Cabezas Villegas y Roberto Serrano Galaz.De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita dio por establecido que el  16 de octubre de 1973 un grupo de soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el capitán Jorge Eduardo Romero Campos, a cargo de los subtenientes Osvaldo Andrés Magaña Bau y Carlos Walter Kyling Schmidt, salieron en un camión conducido por el civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez, quien vestía uniforme militar, con el objeto de detener a veintidós personas en la localidad de Paine. «Posteriormente, todos los detenidos fueron trasladados hasta una quebrada ubicada en las inmediaciones del Lago Rapel, lugar en que fueron fusilados por los funcionarios del Ejército y el civil antes mencionado e inhumados de manera ilegal en el mismo sitio», señala el fallo.

Yo soy Soledad Silva Cerda, hija de Ernestina del Carmen Cerda Catalán y Manuel Silva Carreño, detenido desaparecido desde el día 29 de noviembre de 1973. Mi papá tenía 45 años cuando se lo llevaron, y mi mamá tenía 39 años. Éramos cuatro hermanos, yo iba a cum – plir 13 años y era la menor; Juan Carlos tenía 16 años; Haydeé tenía 17 años, y mi hermano mayor, Manuel, tenía 18 años. Mi mamá y mi hermana fallecieron esperando que aparecie – ra mi papá. Mis padres se conocieron en Paine y vivimos acá desde que tengo memoria. Mi mamá siempre fue de aquí, mi papá nació en San Vi – cente de Tagua-Tagua, y después llegó a Pai – ne, se hizo carabinero y conoció a mi mamá.Pero después de dos años se retiró de carabi – nero, porque no le gustaba tener que detener a sus amigos, pues era amigo de toda la gente. Mi papá era campesino y trabajaba en el asen – tamiento 2 Arco Iris de San Miguel de Paine, cultivaba todo lo que es de campo. Partici – paba, como todos, en la directiva del asenta – miento, porque si no participaba en ese tiem – po, no nos daban el arroz ni los fideos, porque tenían que estar inscritos en la JAP 3 para que nos dieran alimentos que comer, porque no había nada. Mi papá era el encargado de repartir la comida al resto de las personas del asentamiento. Me acuerdo que él manejaba      (2) El proceso de Reforma Agraria, llevado a cabo desde 1965 a 1973 consideró la entrega de tierras bajo la forma de Asentamiento, una sociedad entre campesinos que ponían el trabajo, la experiencia, las herramientas y enseres y la CORA (Corporación de Reforma Agraria) que ponía el uso y goce de la tierra y el agua, semillas, abonos y dinero para que pudiese empezar a funcionar el asentamiento.     (3) La Junta de Abastecimiento y Precios (JAP) fue creada durante el gobierno de Salvador Allende con el fin de que las organizaciones de poder local ad – ministraran la provisión de alimentos y suministros. Para pertenecer a las JAP se debía estar inscrito.

un tractor Lanz, un tractor grande, de color verde y estaba medio desteñido, no recuerdo bien. En ese coloso íbamos al asentamiento Santa Ana porque llegaban allá los alimentos. Nos daban arvejas, arroz, legumbres, puras cosas secas. Mi papa manejaba y mi hermano y yo íbamos con él, repartiendo por las casas del asentamiento. Mis hermanos nunca han tenido rabia con mi papá, porque saben que no era culpable. Ellos se daban cuenta de que él no andaba metido en nada malo. Era una persona muy sociable, todos lo querían acá, le gustaban mucho los niños y era una muy buena persona. Nunca titubeaba cuando le pedían algún favor, ¡Al tiro no más!, aunque quedara él sin nada. Le gustaba el campo y el fútbol. No jugaba a la pelota, pero le gustaba el Colo Colo, ¡era fanático del Colo! El día domingo le gustaba escuchar el partido, me acuerdo que ponía la radio a todo chancho.     (A mi tío Luis (4) lo detuvieron antes que a mi (4)  , Se refiere Luis Silva Carreño, 43 años, casado con siete hijos, se desempeñaba como obrero agrícola en el asentamiento 24 de abril de Paine. Fue uno de los 22 detenidos la madrugada del 16 de octubre de 1973, por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo acompañada de carabineros y civil, armados y algunos con las caras pintadas. Se trasladaban en un camión rojo, un jeep militar y otros vehículos de civiles. El año 2010, y luego de un largo proceso de investigación a cargo del juez Héctor Solís, se determinó que las personas detenidas en dicho operativo fueron ejecutadas el mismo día en la quebrada Los Arrayanes, sector Los Quillayes, en Litueche en los alrededores del Lago Rapel, a 141 kilómetros de Paine. (5)  Se refiere a Carlos Chávez Reyes, 53 años, casado, cuatro hijos. El 18 de septiembre de 1973, en la localidad de Cullipeumo fue ejecutado junto a cuatro campesinos que se habían presentado voluntariamente a la Subcomisaria de Paine: Pedro Luis Ramírez Torres, Orlando Enrique Pereira Cancino, Raúl del Carmen Lazo Quinteros y Alejandro Bustos González, único sobreviviente.

Después de que pasó todo eso, no recuerdo si fue el Víctor o el Pancho, mis primos, que lle – gó a decirle que en la noche se habían llevado al tío Lucho, como le decíamos. Mi papá se preocupó y partió donde mi tía Inés. Mi prima, la Cheli, siempre se acuerda de las palabras que él les dijo ese día: “No se preocupen, que no les va a faltar nada, para eso estoy yo”. Y al mes se lo llevan a él. Y eso es de lo que la Cheli siempre se acuerda, de que él no sabía que también le iba a pasar lo mismo. Un día mi mamá me contó que mi papá le ha – bía dicho “Mira, si a mí me pasa algo, si me llevan o algo similar, tal y tal persona es cul – pable, porque me amenazó”. Parece que era un mismo compañero de trabajo del asen – tamiento. Y justo a la semana se llevaron a mi papi. Mi mamá no nos dijo al tiro, pero después nos contó, porque ¡éramos amigos de los hijos de este caballero! Y recién ahí mis hermanos se empezaron a alejar de él, incluso mi hermano fue padrino de una de las hijas de este caballero.  EXTRACTO 

El Mostrador publica a continuación un extracto del capítulo del libro de los periodistas Javier Rebolledo y Nancy Guzmán, a publicarse en 2015, y que tratará sobre el rol de los civiles que actuaron como "cómplices pasivos" y "no pasivos" de la dictadura de Pinochet. Los personajes elegidos van desde abogados, médicos, ingenieros, políticos, periodistas, operadores, hasta grandes empresarios. La investigación se centra en episodios inéditos, como el de la participación en la represión de algunos miembros de la familia Kast, dueños de la cadena Bavaria, en la zona de Paine, donde hubo masiva exterminación de campesinos favorecidos por la reforma agraria.

Pedro León Vargas Barrientos pensaba que no tenía de qué preocuparse la mañana del 13 de septiembre de 1973. Tenía sólo 23 años, militaba en el MIR y poco tiempo atrás trabajaba en los establecimientos Bavaria. El mismo 11 de septiembre se presentó a la Subcomisaría de Paine y el capitán a cargo, Nelson Bravo, que lo conocía bien, le dijo que “todo estaba en orden. Así que se devolvió tal como había llegado”[1], recuerda Sylvia Vargas, hermana de Pedro.

A pesar de eso, el 13 de septiembre fue sacado brutalmente de la cola del pan y arrastrado hasta un vehículo que lo llevó a la comisaría. Varios vecinos trataron de ayudarlo, algunos lo tomaron de la ropa, pero fue imposible. Ya en el calabozo le comentó a su compañero de celda, Armando Pereira Salas, que “su detención era ‘pesada’”[2]. Como brazo derecho de las Fuerzas Armadas y Carabineros, estaban los civiles que se paseaban triunfantes por las calles del pequeño pueblo.

Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria, fue citado a declarar por la justicia el 2003. Causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada “Paine”, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos. En esa ocasión, reconoció que: “Acompañamos a Carabineros al sector de Aculeo a saludar a agricultores del lugar, y a celebrar lo acontecido ese día”[3]. Ese mismo 11 de septiembre condujo hasta la Subcomisaría el Datsun 1.500 color verde de su familia, cargado con alimentos de Bavaria para los carabineros. “Pues en ella los funcionarios tenían una olla común. Fui invitado a quedarme en el lugar hasta el día siguiente”[4], declaró. En ese lugar fueron vistos por última vez gran parte de los desaparecidos de Paine.

Rato después, durante esa misma noche, Kast vio llegar a la Subcomisaría a un grupo de detenidos “los que en la mañana del día 12 fueron retirados por un camión militar. Iban rapados”[5]. Kast nunca denunció este hecho a la justicia.

Christian Kast es actual Presidente de la fábrica de cecinas, restaurantes y rotisería Bavaria, conocida empresa del rubro alimenticio que tiene sucursales a lo largo de una parte importante de Chile, y hermano del actual diputado y vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), José Antonio Kast. Además es tío de Felipe Kast, diputado y líder de Evópoli.

Al mediodía del 12 de septiembre, horas después de la detención de Pedro Vargas, “se hizo un asado en el sitio indicado (patio de la Subcomisaría) y retorné a mi casa, momento en que mi madre me prohibió seguir yendo a la subcomisaría en razón de todo lo que había sucedido y que ella había apreciado por televisión. A pesar de ello, en los días posteriores volví a la subcomisaría a dejar cecinas de nuestro negocio familiar, los establecimientos Bavaria, en dos o tres ocasiones y en horas de la tarde. Cada vez que acudí veía a los carabineros y civiles compartir asados en el patio que indiqué. En esas ocasiones me enteraba que había detenidos en el cuartel, los que estaban en unas dependencias ubicadas al fondo del mismo. Sólo recuerdo haber escuchado hablar de una persona que apodaban ‘Harina Seca’, no recuerdo otros nombres o apodos”.[6]

Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario de un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero. Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”.

El detenido al que se refiere Christian Kast y por el cual nunca inició algún trámite de denuncia en base a lo que había escuchado en la Subcomisaría, es Luis Nelson Cádiz Molina, comerciante de 28 años, detenido el 14 de septiembre, simpatizante del MIR. Cádiz es uno de los detenidos desaparecidos de Paine. La última vez que fue visto con vida fue en el calabozo de la Subcomisaría de Paine, junto a Pedro Vargas, ambos con signos de haber sido torturados.

Inquirido por la jueza, Christian Kast declaró que solo conoció a Pedro como empleado de su establecimiento, pero que no supo de su situación. “Sólo posteriormente tuve conocimiento que fue detenido por Carabineros, pero yo no lo vi en la Sub Comisaría, ni escuché que estuviera cuando yo acudí a dicho establecimiento”.[7]

Según declaró, el también detenido, Alejandro del Carmen Bustos González, cerca de las tres de la madrugada del 18 de septiembre, un carabinero llegó a pasar lista al calabozo y lo sacó hacia el patio. Le ordenó que se vistiera, lo dejó un instante ahí y partió hacia el calabozo. Bustos observó varios vehículos de civiles estacionados, “siempre desde el patio y al acercarme a un pasillo, a través de una ventana, nuevamente pude observar a las personas de civiles. Me refiero a Francisco Luzoro, Claudio Oregón, Antonio Carrasco, Luis Mondaca, Segundo Suazo, Miguel González, Cristián Kast, Patricio Meza, Tito Carrasco, Mario Tagle, Jorge Nazar y Ruperto Jara”.[8]

Minutos más tarde, él junto a Carlos Chávez, Orlando Pereira, Luis Ramírez y Raúl Lazo fueron subidos por carabineros a vehículos de civiles. No les pusieron capuchas. La comitiva tomó un camino que reconoció como la carretera Norte Sur. Luego enfilaron hacia el poniente, hasta un campo. Camino de tierra sinuoso, todos en silencio y el zumbido de los motores. Los bajaron, alineados en medio de un escampado, focos de vehículos alumbrándolos de medio lado, al frente un pelotón de civiles y carabineros, y el horror a la muerte en ciernes. A su costado derecho, diez metros más abajo, un remolino negro y espumoso de agua, esperando que cayeran en él. “Levanten las manos, nos dijo el sargento Reyes. Lo hicimos y miré hacia arriba, al cerro. ‘¡Puta a dónde estamos, Dios mío santo! ¡Virgencita linda!’, me dije. Y veo que va subiendo una imagen de la virgen arriba de una nube”[9], dijo con lágrimas Bustos.

Cuando sonó el estruendo, una bala le dio en el brazo y un chorro de sangre se le estrelló en la cara. Era de Orlando Pereira, su compañero de muerte. Algunos cayeron heridos, otros gritando de dolor y miedo. “Con un yatagán a uno de ellos, aún vivo, le sacaron los ojos y le cortaron la lengua”[10]. Cuando el trabajo estuvo listo, lo empujaron por el despeñadero hacia el canal y rodó junto al resto del grupo. Adentro del agua, mientras daba vueltas en el remolino, sintió un brazo que lo tomaba del cuello. Era Orlando Pereira. “Me rogó que lo ayudara, así que lo monté al hombro y nadé. Salimos juntos al otro lado.”[11] Pereira tenía varios impactos de bala en el pecho. “Me dijo que estaba muerto y que le cuidara a su señora y al hijo. Me pasó su chomba entera perforada y murió”.[12]

Bustos fue el único que sobrevivió para contarlo. Careado con Christian Kast[13], reafirmó que lo vio en la comisaría el día de su detención, pero aclaró que no fue parte de la caravana que rato después lo fusiló. Entrevistado para este reportaje, Bustos puntualizó que en realidad quiso decir que no fue capaz de identificarlo. “Había más civiles, pero con las luces y la oscuridad, no los identifiqué a todos. No me recuerdo de haber visto a Kast ahí, pero podría haber estado también”[14].

Kast reconoció a la justicia solo haber escuchado la historia: “En una oportunidad un sacerdote me relató un acontecimiento similar al que señala mi interlocutor, que relacionándolos, creo que se trata del mismo. Esa fue la primera vez que tuve noticias de lo sucedido en Collipeumo”.[15]

La traición y los recuerdos de Sylvia

Sylvia recuerda que el único problema que tenía Pedro con los Kast era un altercado previo al 11 de septiembre, en su lugar de trabajo, Cecinas Bavaria. “Mi hermano descubrió que no estaban pagando a sus trabajadores un porcentaje de las ventas, que era su obligación legal. Entonces organizó un sindicato y don Miguel lo castigó, bajándolo a rondín de la fábrica de cecinas. Tenía que usar un arma. A Pedro no le gustaba la violencia, así que renunció”[16], recuerda Sylvia.

A pesar de ese episodio y sus nueve meses de embarazo, Sylvia decidió ir hasta la casa de los Kast en Buin, para pedirle ayuda a su patrón. A su favor tenía que a comienzo de los 60 su familia y los Kast habían trabajado codo a codo para sacar adelante la recién creada fuente de soda Bavaria, junto a la carretera Norte Sur, a la altura de Buin, donde los Vargas también vivían: “Otros patrones habían ayudado a salir libre a sus funcionarios, así que por eso me decidí a ir donde él”[17], recordó.

En la entrada de la casa la recibió don Michael: “Estaba molesto. Me dijo ‘cómo se ve Sylvia que usted no sabe lo que es una guerra’. Le dije: ‘Pero ¿qué guerra, don Miguel? Pedro andaba con una malla del pan y la plata, nada más’. El insistió. ‘No, Sylvia, esto es grave, usted no tiene idea. Esto es de vida o muerte’. Yo le respondí, pero me dijo cortante que me fuera tranquilita para mi casa a tener a mi hijo”.[18]

Interrogado por la justicia, Michael Kast negó la visita de Sylvia para solicitarle ayuda: “No recuerdo de que familiares de Pedro hayan concurrido a mi domicilio, el día 17 de septiembre de 1973, a pedirme ayuda para encontrar o liberarlo y tampoco creo que de haber sido así, yo les hubiera contestado de la manera que se me señala, ya que le tenía aprecio a la familia, pues Sylvia y Pedro Vargas Barrientos trabajaban para mí, al igual que su padre, Bernabé Vargas”.[19]

Camiones

Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero.

Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”. [20]

Francisco Luzoro, dueño de camiones y dirigente de la Asociación Gremial de Camioneros –procesado por varios crímenes de Paine– reconoció que “los operativos que realizaba personal de carabineros escoltados por nosotros [los civiles] eran exclusivamente para detener gente en diferentes lugares, los cuales eran trasladados a la Subcomisaría de Paine, sin saber cuál era su destino final (…)”[21]. Aprovechó, eso sí, de abrir a medias el secreto a voces sobre la participación de otros civiles, sin comprometerse: “Quiero hacer presente que no solo yo estaba prestando colaboración con vehículos a personal de Carabineros, sino que habían otras personas civiles y que además tenían otros vehículos (…) pero no recuerdo quiénes eran, como asimismo había otras camionetas, pero de diferentes colores.[22]

En cuanto a su relación con el líder de los civiles de Paine, y los demás integrantes de las brigadas formadas luego del golpe, Michael Kast fue discreto: “[A Luzoro] sólo lo ubico, por cuanto es un fletero de la zona, pero no tenemos un vínculo de amistad, igual cosa ocurre con Ramón Huidobro (…). Los Carrasco porque tienen parcela agrícola en Paine, a los hermanos Tagle porque son hijos de un dueño de fundo. Nunca nos visitamos con estas personas, ya que como señalé solamente los ubico”.[23]

La mayoría de las personas que Kast declaró “sólo ubicar”, actualmente están procesadas y algunos de ellas confesas de su participación en los crímenes que se han logrado dilucidar en Paine.

Hasta hoy, en la mayoría de los casos, la justicia no ha dilucidado qué camiones y vehículos fueron utilizados en los diversos episodios criminales. Se sabe que, por ejemplo, un camión rojo trasladaba detenidos desde y hasta la Escuela de Infantería de San Bernardo. También, como excepción, se sabe qué vehículos y qué choferes secuestraron al profesor Cristian Víctor Cartagena Pérez, detenido desaparecido, profesor de la Escuela de Chada y militante del Partido Comunista

Esto no fue problema para que en 2008 Christian Kast protegiera a Rubén Darío González, comerciante que colaboró conduciendo vehículos y que se encuentra confeso de su participación en el crimen del profesor Cartagena Pérez. Kast firmó un “certificado de honorabilidad” a su favor.

“Certifico conocer al señor Rubén Darío González desde su infancia. Asimismo, conocí a sus padres y abuelos, quienes se destacaron como personas correctas y respetables, activos participantes del comercio, muy queridos entre la comunidad de Paine. Don Rubén González siempre ha sido un joven normal y muy ordenado. Se casó y formó una familia muy cristiana de Paine. Como he sabido participa de movimientos cristianos de la comuna (…)”[24]

La viuda del profesor Cristián Víctor Cartagena Pérez, Holanda Vidal, recordó ante la Policía de Investigaciones que, al momento de ser secuestrado, su marido fue amarrado con una cuerda y esta a una de las camionetas de la caravana de civiles y militares. Se perdió en el camino, “arrastrándolo por todo el camino hasta llegar a la comisaría (…)”[25]

Las redes políticas

Con el golpe militar, la familia Kast fortaleció su posición social y política. Miguel, el mayor de los hijos, economista de la Universidad Católica y con postgrado en la Universidad de Chicago, pasó a ser parte de los civiles que trabajaron para la dictadura. En 1978 asumió como director de la Odeplan[26]; en 1980 fue designado por Augusto Pinochet como ministro del Trabajo y, en 1982, presidente del Banco Central. En 1983 le diagnosticaron cáncer óseo y, finalmente, murió ese mismo año. A partir de ese momento, se transformó en una leyenda dentro de la extrema derecha, ya que junto a Jaime Guzmán había integrado la fundación del Gremialismo, movimiento político que sentó las bases de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político nacido para dar apoyo social e ideológico a la dictadura de Augusto Pinochet.

Luego de su muerte, dos de sus familiares directos asumieron la representación política de la familia. Su hijo, Felipe Kast Sommerhoff, ingeniero de la Universidad Católica, militó en la UDI y, posteriormente, formó Evópoli[27]. Durante el gobierno de Sebastián Piñera fue Ministro de Planificación Social. En las elecciones presidenciales fue jefe de campaña en el comando de la candidata Evelyn Matthei y actualmente es diputado por Santiago. Respecto de la dictadura de Augusto Pinochet, a través de Evópoli ha marcado un distanciamiento con la generación de su padre. En una entrevista señaló: “Tengo una visión muy crítica de las violaciones a los derechos humanos, como una menos crítica de lo que se hizo en políticas sociales”[28]. Explicando sus parámetros valóricos para balancear dichos temas, señaló que “como no me tocó vivir eso, tengo mucho menos complejo al valorar lo bueno.”[29] Además, dijo que “académicamente” apoya lo que él llama “pronunciamiento” militar y que si estuviera en dictadura habría ejercido como ministro de Estado para Pinochet.[30]

José Antonio, hijo menor del matrimonio Kast Rist, es conocido como un bastión político y valórico de la derecha más dura. En 2013 señaló a la prensa que la operación de venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986, no fue digitada por el Estado, sino que “hubo personas que tomaron venganza por compañeros de ellos que cayeron en el atentado a Pinochet y cometieron un delito”[31]. En la misma ocasión confundió episodios históricos, señalando que dicha venganza fue el crimen de los “Degollados”, ocasión en que Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, fueron asesinados por personal de Carabineros, hecho ocurrido antes del atentado a Pinochet, en marzo de 1985, investigado y sancionado por la justicia como crimen de Estado.

Días más tarde, Kast pidió disculpas por haber confundido el caso Degollados con el atentado a Pinochet.

José Antonio se ha caracterizado por su discurso de “protección a la vida” al referirse a la posibilidad de discusión sobre el aborto en Chile. Su oposición a la pastilla de contracepción de emergencia, la regulación de la vida en pareja de homosexuales, la adopción de niños por parejas gays y el matrimonio gay han sido sus caballos de batalla, erigiéndose como uno de los hombres más conservadores al interior de la UDI.

Desde el comienzo la empresa familiar Bavaria ha estado presente en las carreras políticas de José Antonio y Felipe.

El 9 de mayo de 2014, Michael Kast Schindele, el páter familias, murió a los 90 años como célebre y cristiano empresario de la zona y fundador de un imperio. Pocos saben, pero hasta su muerte mantuvo su calidad de inculpado por los crímenes de Paine.

Sylvia, sin conocer los antecedentes del sumario que actualmente se sustancia en la Corte de Apelaciones de San Miguel, siempre mantuvo la duda respecto a la participación de Michael Kast y Christian Kast en el crimen de Pedro. Su absoluta inhumanidad y la negativa a ayudarla en momentos en que su sola gestión significaba la vida o la muerte de su hermano, persisten en su memoria.

Han pasado 41 años de ocurridos estos crímenes y aún no existen condenas. Solo hay siete carabineros procesados, dos militares y nueve civiles por los distintos episodios[32]. Unos pocos vehículos que participaron en las caravanas de la muerte lograron ser asociados a sus dueños y a episodios criminales concretos. El resto se encuentra en la nebulosa.

Son 70 árboles nativos en homenaje a los desaparecidos y ejecutados, cuyo recuerdo perdura en el Memorial de Paine.

“Estos arbolitos nos pueden cobijar, para tener una mirada más alegre de la vida”. Así resumió y agradeció la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, Flor Lazo, la entrega de árboles nativos materializada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a través de Memorial Paine.

En total son 70 árboles nativos, bajo el concepto de “Árboles para la Vida y la Memoria”, que CONAF donó en homenaje a la misma cantidad de desaparecidos y ejecutados de Paine, durante una ceremonia cargada de simbolismo celebrada en el Memorial Paine, como parte de la conmemoración del Día Mundial del Árbol y del Programa de Arborización que impulsa la Corporación.

La gerenta de Bosques y Cambio Climático de CONAF, Constanza Troppa, destacó en la oportunidad que se trata de una iniciativa con la que, junto con garantizar sostenibilidad, es también una manera de entregar justicia.

“Lo que buscamos es entregar también justicia. Y a través de un árbol, entregar vida a pesar de todo el dolor que algún momento hubo aquí. Es tan simbólico que, mediante el programa de arborización, logremos vincularnos con lo que pasó. La Corporación también tuvo víctimas de la dictadura, ejecutados, y a través de estas acciones estamos llamando a no olvidar”, dijo la ejecutiva de CONAF.

La ceremonia de entrega contó además con la participación del delegado presidencial provincial del Maipo, Miguel Ángel Rojas; del director de CONAF Región Metropolitana, Rodrigo Illesca; la consejera regional Camila Navarro; el director ejecutivo de Memorial Paine, Juan Leonardo Maureira; y familiares de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine.

Fue Flor Lazo, presidenta de la AFDDyE, quien valoró este homenaje a los 70 de Paine y agradeció el gesto de CONAF, señalando que “estos arbolitos tienen vida y nos van a ayudar a cobijar de mejor forma esta lucha que hemos dado durante 49 años por verdad y por justicia. (…) a mirar la vida con un aire distinto, con un aire de alegría”.

A su turno, el director ejecutivo de Memorial Paine, Juan Leonardo Maureira, resaltó la iniciativa de CONAF, indicando que “es una iniciativa muy importante, porque el árbol tiene mucho simbolismo. Colocar estos árboles en el Memorial y en los lugares de ejecución, nos permite a nosotros tener un recuerdo mucho más importante de nuestros familiares, porque el árbol es vida y memoria”.

Cabe recordar que CONAF, en su historia, también cuenta con trabajadores asesinados en el marco de la represión política ejercida por la dictadura militar. En total, son 19 trabajadores, a quienes se les recuerda en la Reseva Nacional Malleco, donde 13 de ellos fueron ejecutados, y en cuyo lugar se inauguró en el 2016 el “Sendero de la Memoria”, en el que a través de diferentes hitos se rememora el trayecto que debieron recorrer desde la zona de detención, hasta donde fueron asesinados.

En el marco del Programa de Arborización, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) busca fomentar el aumento de la cobertura arbórea, por medio de la creación de espacios arbolados construidos conjuntamente con la comunidad a lo largo de todo el país, en espacios de uso público y privado, mediante la producción, entrega de plantas a la comunidad y la asistencia técnica y educación ambiental, considerando especies con valor ornamental, patrimonial y cultural, además de las condiciones climáticas.

Para este año, la meta de entrega de árboles, a nivel nacional, es de 394 mil plantas, cantidad que se espera seguir aumentando en los próximos años, ya que la producción en los 30 viveros o centros de acondicionamiento de CONAF es de 2.344.000 plantas. Desde el 2014 a la fecha se han entregado un poco más de 20 millones de árboles a la comunidad nacional, concretando ya muchos parques urbanos.Cabe recordar que CONAF, en su historia, también cuenta con trabajadores asesinados en el marco de la represión política ejercida por la dictadura militar.