Silva Bustos Pedro

Rut       : 3.809.582-K, Santiago

F.Nacim. : 08-04-37, 39 años a la fecha de la detención

Domicilio : Catedral 1739 Depto. 11, Santiago

E.Civil  : Casado

Actividad : Obrero

C.Repres. : Ex dirigente nacional de la Unión de Obreros Municipales; ex candidato a regidor; dirigente regional del Partido Comunista

F.Detenc. : 9 de agosto de 1976

     SITUACION REPRESIVA

            Pedro Silva Bustos, ex dirigente sindical, dirigente regional del Partido Comunista, fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, en horas de la tarde, en la vía pública, en circunstancias que se dirigía a su trabajo en la Vega Central en donde se desempeñaba como cargador. Ese mismo día, fueron aprehendidos otros dirigentes sindicales y miembros del Partido Comunista, don Víctor Hugo Morales Mazuela, José Enrique Corvalán Valencia, Jorge Orosman Salgado Salinas, y Mario Jesús Juica Vega. Todos ellos, al igual que Pedro Silva, desaparecieron desde Villa Grimaldi, lugar al cual fueron trasladados y torturados luego de haber sido detenidos. Siete días después del arresto de Pedro Silva, el 16 de agosto, alrededor de las 13:30 horas, su domicilio de calle Catedral fue allanado por tres civiles en momentos en que éste se encontraba sin moradores. Los sujetos destrozaron la aldaba que sostenía el candado de la puerta de acceso y tras revisar las dependencias, preguntaron a los vecinos por las actividades de los moradores de la casa y por las horas de salidas y de llegadas, para luego manifestar: "la señora llegará, pero él no". Los agentes se movilizaban en un automóvil Austin Mini de color rojo, sin patente. Uno de ellos lucía barba, otro era rubio.

            En el mes anterior, los días 14 y 17 de julio de 1976, la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS) emitió sendas declaraciones en las que señaló "…que los servicios de inteligencia resolvieron actuar en contra de 32 casas-buzón de Santiago que este mencionado proscrito Partido mantiene para el enlace entre la comisión política y los dirigentes regionales del ex PC". Tal declaración corrobora el hecho de la existencia de una acción concertada, de parte de los servicios de seguridad, en contra de dirigentes y militantes comunistas.

            Acerca de su estada en Villa Grimaldi, da cuenta el testimonio del ex prisionero, don Isaac Godoy Castillo, quien permaneció en ese recinto desde el 20 al 26 de agosto de 1976. Expresa el testigo que, tras ser detenido, fue trasladado a un recinto en donde al ingresar escuchó abrir un portón que crujía -iba con la vista vendada-. Lo bajaron del vehículo y lo introdujeron a una pieza en donde lo golpearon en los oídos y le preguntaron por direcciones y nombres de militantes comunistas. Agrega que, luego de este primer interrogatorio, fue trasladado a otra pieza de madera que estaba a cierta distancia y en donde se encontraban otros tres prisioneros. A la hora después lo sacaron a un patio, con un frente de 25 ó 30 metros aproximadamente y con mampostería de piedra; también pudo percatarse de la existencia de una pileta donde tomaba agua. Señala que del calabozo a la derecha había un baño, hacia las jardineras había una escala con 5 peldaños, baranda y encima de ella una figura. También se divisaba un camino sin que se pudiera distinguir adónde iba. En el patio permanecían unas 20 a 30 personas detenidas, todos callados… El día antes (se refería al primer día domingo de su detención) fueron trasladados varios de los detenidos a los "cajones" (piezas de 80 x 80), donde fueron torturados e interrogados. El día miércoles sacaron a varios prisioneros, entre ellos el testigo, para hacer aseo, obligados a cargar un camión con ramas y basura. Sigue relatando el testigo que en estas circunstancias, un agente llegó corriendo y les señaló a los otros guardianes que a él no debían juntarlo con los otros detenidos por orden del "Jefe". Acto seguido fue introducido nuevamente a un calabozo. Al escuchar voces de mujeres en la celda contigua, preguntó por sus identidades y una voz femenina le dijo llamarse María Galindo y que con ella está "Martita de Renca" (se trata de Marta Ugarte, asesinada por la DINA, lanzada al mar, siendo su cuerpo encontrado en la costa de La Ligua). Cuando terminó el trabajo de la basura apareció en la celda todo el resto de los detenidos y allí pudo constatar que entre ellos se encontraba Pedro Silva Bustos, a quien conocía de antes; Pedro Silva le dijo que una colchoneta vacía que se encontraba en la celda correspondía a un prisionero de apellido Vizcarra, a quien tenían desabollando vehículos. Conversó en varias ocasiones con Pedro Silva, quien le manifestó que el miércoles anterior habían sacado a Mario Juica del recinto y no había regresado; en otra oportunidad le manifestó que a él le habían pedido su abrigo para dárselo al "Chino Díaz" (Víctor Díaz López, dirigente máximo del Partido Comunista, detenido el 12 de mayo de ese año) a quien después divisó de lejos portando su abrigo. El día jueves, alrededor de las 11 hrs., el testigo fue sacado del recinto y dejado en libertad en la vía pública. Poco antes, fue llevado a una sala, donde había un piano, baldosas negras con blanco y varias mesas. Allí, el que hacía de jefe le señaló: "usted es hombre de trabajo, no se meta en …", "Tiene familia bien constituida, nosotros la conocemos, así que va a quedar en libertad", "le advertimos que si vuelve a caer acá, no va a salir, porque todos estos hombres que están acá no van a salir". El testigo piensa que este agente lo conocía de antes y que se trata de Jerónimo Pantoja, a quien conoció en 1964 cuando realizó un trabajo en el batallón de paracaidistas, como jefe de obra. Pantoja era rubio, más alto que él. Una vez en libertad, el testigo fue constantemente hostigado por la DINA. En noviembre de 1976, fue detenido en la vía pública y obligado a firmar y redactar el texto de una declaración en que decía que no había sido detenido, que no era militante comunista y que no conocía a Pedro Jara Alegría. Este último testigo había declarado haber visto a detenidos desaparecidos en el recinto secreto de la DINA de Villa Grimaldi, declaración que un Obispo había hecho llegar al General Pinochet como prueba de la detención de estas personas.

            Su esposa realizó múltiples diligencias para dar con su paradero, pero ellas no dieron resultado alguno, salvo el hecho de haber sido detenida, golpeada, y haber recibido múltiples amenazas y amedrentamientos por el hecho de participar en manifestaciones, junto a otros familiares de detenidos desaparecidos, exigiendo la libertad de sus parientes. Aún se desconoce la suerte que Pedro Silva Bustos corrió en manos de la DINA. A consecuencia de ello, Violeta Zúñiga Peralta debió en dos ocasiones abandonar el país por un tiempo.

            Cabe hacer notar, que el gobierno militar informó a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus observaciones al informe del grupo de trabajo ad hoc sobre la situación de los derechos humanos en Chile, en el mes de octubre de 1976, que "su identificación aún no ha sido encontrada en el gabinete de Santiago". En el respectivo proceso judicial por su detención y posterior desaparecimiento, constan los respectivos documentos que prueban fehacientemente su identidad civil.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 13 de agosto de 1976 se presentó un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 749-76, el cual fue rechazado luego que el Ministerio del Interior negara la detención del amparado. La parte recurrente apeló de dicho fallo ante la Corte Suprema, la que confirmó la resolución apelada. A pesar que Silva Bustos seguía desaparecido, los antecedentes no fueron remitidos a Tribunal alguno para investigar su desaparición.

            El 10 de octubre de 1976, doña Violeta Zúñiga Peralta presentó denuncia por presunta desgracia ante el 2° Juzgado del Crimen de Santiago, rol 85.589-5, en cuya tramitación la denunciante compareció en varias oportunidades, ya sea para ratificar los términos de su denuncia, como para denunciar los actos de amedrentamientos y amenazas de que fuera objeto ante su pertinaz búsqueda de su marido desaparecido. En una de estas amenazas, recibida el 26 de diciembre de 1979, se le solicita que concurra a un lugar determinado junto a su abogado, un día y hora también indicado. Le pedían llevar una cierta cantidad de dinero y a cambio le entregarían algunas prendas de su marido "como ser un reloj de marca italiana…". Efectivamente, la víctima al momento de ser detenido portaba reloj de marca italiana. Amenazas recibidas con anterioridad, daban una suerte de información respecto del paradero de su marido, "a quien se había dado muerte", y "tirado al mar" en abril de 1977; y que "tenían en su poder las ropas de éste". Varias de las amenazas eran firmadas por un auto denominado "Comando Carevic".

            Por otra parte, la orden de investigar diligenciada por la Policía de Investigaciones no dio resultado alguno y los informes recibidos del Ministerio del Interior, de los Servicios de Inteligencia de la FACH y de Carabineros, Policía Internacional, y de los Tribunales civiles y militares de Viña del Mar, resultaron todos negativos. El informe requerido a la DINA, fue respondido negativamente por el Ministerio del Interior, agregándose que, a solicitud del señor Ministro de Justicia, la Corte Suprema ha impartido instrucciones en cuanto a la conveniencia que los Tribunales se abstengan de requerir informes a la DINA, por razones de seguridad nacional.

            El doce de mayo de 1978, la jueza doña Raquel Camposano Echegaray, sobreseyó definitivamente la causa en virtud del recientemente dictado decreto ley de amnistía de abril de 1978. Dicha resolución fue rechazada por la Corte de Apelaciones, ordenando reponer la causa a estado de sumario. Sin embargo, luego de nuevas e infructuosas diligencias, la causa fue nuevamente sobreseída, esta vez temporalmente, con el fundamento que en autos no está acreditado el delito que se investiga. En esta oportunidad, el auto de sobreseimiento fue aprobado por la Corte de Apelaciones.

            Posteriormente, en 1979 la causa fue reabierta y remitida al Sr. Ministro en Visita Servando Jordán López, quien se encontraba investigando los casos de detenidos desaparecidos del Departamento de Santiago. Sin embargo, el señor Ministro devolvió la causa al Juzgado de origen siendo nuevamente archivada, negándose en dos oportunidades más, la reapertura del sumario.

            En cuanto a las gestiones administrativas, su cónyuge envió cartas personales al General Augusto Pinochet, a los miembros de la Junta de Gobierno, a varios Ministros de Estado, recibiendo de las respectivas autoridades respuestas negativas. La misiva dirigida al General Pinochet, fue respondida por don Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior, en el sentido de que no se tiene antecedentes del afectado. Otras peticiones realizadas por doña Violeta Zúñiga a diferentes organismos internacionales, tampoco dieron resultado positivo.

            Con fecha 16 de diciembre de 1976, el señor Obispo de Talca, monseñor Carlos González C., remitió sendas cartas al Sr. Presidente de la Junta Militar, General Augusto Pinochet, remitiéndole antecedentes de la muerte de doña Marta Lidia Ugarte Román y la declaración jurada de don Pedro Rolando Jara Alegría, quien estuvo prisionero por la DINA en Villa Grimaldi, siendo testigo ocular de la presencia de Marta Ugarte y de otros prisioneros en ese recinto, entre ellos, Isaac Godoy Castillo, quien a su vez es testigo de reclusión de Pedro Silva Bustos. El 6 de diciembre, el General Pinochet responde al señor Obispo: "la declaración jurada es de fecha noviembre 9 de 1976. Según los archivos de la Sección Control Internacional de Fronteras, ese mismo día el señor Jara abandonó el país por Pudahuel, con destino a Dinamarca, lo cual indica la calidad de persona que Ud. tan gentilmente acoge. Creo que él cumple lo que dice su calidad de comunista".

            En su respuesta, el General acompaña declaración jurada de 5 personas involucradas en la declaración del señor Jara, "y que fueron ubicadas después de varias diligencias, las cuales desmienten totalmente lo aseverado por Jara. El resto de las personas indicadas en la declaración, no existen. Se supone que son nombres inventados por el declarante". En otra parte de su respuesta, el General dice, "estoy cierto que la justicia, con la designación de un Ministro en Visita Extraordinaria, sacará a la luz la verdad de los hechos y los culpables serán castigados". Entre las declaraciones juradas que se acompañan, se encuentra la de Isaac Godoy Castillo, quien, en su propio testimonio, expresa que fue dejado en libertad el 27 de agosto; "me siguieron visitando, la misma tarde en que salí en libertad llegaron. Querían ver si estaba en la casa"; "una vez que fueron (noviembre de 1976), me atajan en la calle y me hicieron firmar y escribir un texto de una declaración en que decía que no había sido detenido, que no era PC y que no conocía a Pedro Jara Alegría".

            Conjuntamente a las acciones judiciales, la Sra. Zúñiga recurrió a múltiples autoridades del Gobierno Militar entre los que se puede mencionar al Ministro del Interior, al Ministro de Justicia, al Ministro de Relaciones Interiores, al General Pinochet y al Consejero de Estado, Guillermo Medina. Y realizó denuncias a gobiernos extranjeros y a organismos internacionales encargados de velar por el respeto de los derechos humanos y/o de los trabajadores, como a Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA), a Amnistía Internacional, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a la Comisión Internacional de Juristas. A pesar de todo ello, Pedro Silva Bustos continúa en calidad de detenido desaparecido.

Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia recurrida que condenó a 10 años y un día de presidio a Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Rolf Wederoth Pozo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires. Mientras que el Estado de Chile deberá pagar una indemnización total de $700 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

La Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a cinco agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de los dirigentes sindicales Jorge Corvalán Valencia, Jorge Salgado Salinas y Pedro Silva Bustos, ilícitos perpetrados a partir del 9 de agosto de 1976, en Santiago.

En fallo dividido se confirmó la sentencia recurrida que condenó a penas de 10 años y un día de presidio a Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Rolf Wederoth Pozo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires, todos ellos pertenecientes a la Brigada «Caupolicán».

En la etapa de investigación, el ministro en visita Leopoldo Llanos logró establecer que los hechos ocurrieron en el centro de detención clandestino conocido como «Cuartel Terranova» o «Villa Grimaldi», ubicado en Avenida José Arrieta Nº 8200 de la comuna de Peñalolén en la Región Metropolitana.
Allí operaba un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo Director era el Coronel Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, bajo cuya dependencia jerárquica se encontraban varios oficiales y otros funcionarios de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, así como también algunos civiles.

Todos ellos -ordenaron algunos y ejecutaron otros- capturas de personas militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en el lugar, doblegándolos bajo tormento físico de variada índole, con el objeto de hacerlos entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas.

Los primeros detenidos llegaron a mediados del año 1974 a Villa Grimaldi y en enero de 1975 pasó a convertirse en el centro de operaciones de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, que ejercía la función de represión interna en Santiago.

A los detenidos se les mantenía todo el tiempo vendados, con deficientes condiciones higiénicas y con escaso alimento, el que no recibían durante los primeros tres días. Los lugares más característicos donde se mantenía a los detenidos se denominaban «La Torre», «Casas Chile» y «Casas Corvi».

«Las consecuencias de estas detenciones es que las personas antes mencionadas se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de libertad, no han tomado contacto con sus familiares; tampoco han realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado ni organismos privados, ni registran entradas o salidas del país, sin constar, tampoco, su defunción», se lee en la resolución.

El Estado de Chile deberá pagar una indemnización total de $700 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

l igual que cientos de familias de personas detenidas, torturadas y desaparecidas durante la dictadura cívico-militar chilena, la vida de Violeta Zúñiga estuvo abocada a reclamar justicia por dichos crímenes de lesa humanidad, formando parte hasta el día de su muerte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Este 2 de febrero se cumplen tres años del fallecimiento de Violeta Zúñiga, incansable defensora y luchadora por los derechos humanos en Chile, violados a diestra y siniestra por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Violeta Zúñiga luchó hasta el último día de su vida por esclarecer la muerte de su compañero de vida Pedro Silva Bustos, dirigente sindical y del Partido Comunista, detenido y desaparecido por la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) de la dictadura cívico-militar chilena en 1976.A través de expresiones artísticas como La Cueca Sola, la luchadora social plasmó los horrores y desesperación de las familias y compañeras de miles de personas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura, formando parte del grupo folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta el día de su muerte, el 2 de febrero de 2019. 

Violeta Zúñiga falleció a los 86 años de edad y durante ese periodo de tiempo nunca supo donde había ido a parar el cuerpo de su compañero, lo que grafica toda una vida de lucha buscando un ápice de justicia.

Desde 1978 que bailó la Cueca Sola en conjunto a otras mujeres, familiares de detenidos desaparecidos, participando de dicha expresión artística en más de cien ocasiones, utilizando así una manifestación popular chilena, como lo es la cueca, para denunciar los horrores de la dictadura y la constante búsqueda de sus seres queridos.

En la madrugada del día 30 de abril de 1976, cerca de las 3:30 horas, agentes de la DINA, apoyados en las inmediaciones por integrantes del Comando Conjunto, llegaron hasta la casa ubicada en calle Conferencia 1587, en el sector surponiente de la comuna de Santiago, donde funcionaba un taller de carteras, propiedad del  obrero marroquinero Juan Becerra Barrera. Le dijeron que su cuñada, María Teresa Zúñiga, quien vivía en la calle Alejandro del Fierro 5113, en Quinta Normal, había sufrido un trágico accidente automovilístico. Becerra accedió a acompañarlos, subiéndose al vehículo en que se movilizaban. De inmediato fue esposado, vendado y trasladado hasta la Villa Grimaldi.

Ese fue el inicio de una operación diseñada por los mandos de la DINA para capturar a la cúpula del Partido Comunista. Punto favorable para los objetivos de Manuel Contreras fue el haber logrado la colaboración de Elisa Escobar Cepeda, enlace de Mario Zamorano, detenida por los agentes de la DINA a fines de marzo o comienzos de abril de 1976.El 30 de abril los agentes ocuparon la vivienda de Alejandro del Fierro y retuvieron allí a cuatro adultos y un niño de diez años. Ana María Becerra, hermana de Juan, casada con Julio Maigret, uno de los retenidos en la casa de Quinta Normal, se enteró de lo que allí ocurría y acudió el 2 de mayo a dar aviso a la Vicaría de la Solidaridad. En ese lugar se encontró con el obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, y le contó lo que estaba pasando con su familia. El prelado, portando unos medicamentos que requería uno de los apresados en la casa de Alejandro del Fierro, se apersonó en la vivienda inquiriendo a los agentes de la DINA por su proceder. Éstos quisieron retenerlo también, pero uno de los jefes del grupo decidió dejarlo ir. Alvear comunicó por escrito al presidente de la Corte Suprema y al ministro de Justicia lo que había presenciado.

No obstante aquella circunstancia, cinco agentes de la DINA se instalaron el 2 de mayo en la casa de Conferencia y a sus ocupantes los obligaron a simular que estaban trabajando en el taller de marroquinería que funcionaba en el lugar.

Los dirigentes comunistas convocados a la reunión entrarían sin mayores precauciones, salvo que faltara una cierta cartera colgada en la ventana, la señal convenida para advertir sobre un peligro inminente. Becerra había cedido en la Villa Grimaldi a las tortura y confirmó los detalles de la cita en su casa. Lo que Becerra no sabía era que a esa reunión, programada para tratar el tema sindical, debía asistir el propio Víctor Díaz, que a última hora fue marginado por seguridad y reemplazado por Jaime Donato, miembro de la Comisión Sindical del Partido.

El 3 de mayo Elisa Escobar acudió a la casa de Conferencia para avisar que al día siguiente Mario Zamorano llegaría con otras personas.

 las 19 horas del 4 de mayo, ignorante de las detenciones ocurridas en las horas anteriores, se apersonó en el taller de Conferencia Mario Zamorano, uno de los máximos dirigentes del Partido. Todo estaba aparentemente normal e ingresó tirando del cordel que abría la puerta. Dos hombres le cayeron encima; intentó resistir, pero le dispararon en una pierna y cayó sangrando profusamente. Lo envolvieron en una frazada y lo arrastraron a una pieza interior. Sólo minutos después ingresó a la trampa Jorge Muñoz Poutays, miembro también de la Dirección.

Esa madrugada una camioneta se llevó a los detenidos. A la mañana siguiente, miércoles 5 de mayo, llegó a la casa Jaime Donato Avendaño, miembro del Comité Central y encargado del Frente Sindical. Poco después apareció Uldarico Donaire, conocido como «Rafael Cortez», otro de los máximos responsables del Partido, encargado de la Comisión de Control y Cuadros.

Elisa Escobar volvió a la casa el 6 de mayo, cerca de las 13:30 horas. Preguntó por Zamorano y, en una evidente operación de encubrimiento, fue detenida por los agentes de la DINA.

Estando en manos de la DINA, Elisa Escobar acudió el 8 de mayo a la casa de Eliana Espinoza, enlace de Víctor Díaz, y al no encontrarla le dejó un recado con su padre, donde le pidió que se juntaran en un determinado punto de Santiago. Eliana Espinoza llegó al lugar, pero no encontró a nadie. Fue en ese momento cuando la DINA inició su seguimiento.

Entretanto, Víctor Cantero, miembro también de la Dirección del Partido, llegó a una reunión de los comités regionales de Santiago, a la cual debían asistir Donaire y Muñoz, los que no aparecieron. La reunión se levantó de inmediato y cundió la inquietud entre los dirigentes.

Tras el aparente fallido contacto con Elisa Escobar, Eliana Espinoza decidió ir a ver a Víctor Díaz para hacerle presente su preocupación. Se reunieron el 11 de mayo y, al término de la cita, ella quedó de volver para sacarlo del lugar.Víctor Díaz, cabeza del comunismo criollo en la clandestinidad, fue detenido a las 2:00 de la madrugada del 12 de mayo de 1976, por un numeroso contingente de la DINA. Bajo el nombre de José Santos Garrido Retamal, residía con un matrimonio amigo donde el dueño de casa era el ingeniero Jorge Canto Fuenzalida, en la calle Bello Horizonte, en Las Condes. Periódicamente lo visitaba una mujer llamada «Ana», que realmente era Eliana Espinoza Fernández, su enlace con la plana mayor del PC.

Becerra era amigo de Zamorano desde comienzos de los años sesenta, y en 1974 el dirigente del Partido le había pedido ocupar su casa de Conferencia para efectuar reuniones cada dos o tres meses. Zamorano también llegaba con frecuencia a la vivienda de la madre de Becerra, ubicada en la calle Alejandro del Fierro, en la comuna de Quinta Normal. Elisa Escobar conocía ambos lugares y entregó sus características, además de las probables fechas de las reuniones, a los hombres de la DINA.

Así, aquella noche de fines de abril los agentes de la brigada Purén, apoyados por otras agrupaciones del cuartel Terranova, detuvieron a varios de los moradores de ambas casas, a los que torturaron durante casi dos días antes de llevarlos de nuevo a sus domicilios y montar las ratoneras en espera de los dirigentes comunistas que acudirían a la cita programada.

Cuando ese día 11 Eliana llegó a visitarlo estaba visiblemente alterada. Hablaron como siempre en voz baja y en un aparte. Ella se retiró muy luego. Esa noche, cerca de las 2:00 de la madrugada del día 12, insistentes timbrazos despertaron a la familia. Al asomarse a la calle, el dueño de casa pudo ver a seis sujetos de civil armados, algunos con ametralladoras largas. Uno de los agentes gritó: «¡Somos de la DINA!».

Sacaron a Víctor Díaz de la casa cerca de las 3:00 de la madrugada. Iba vestido con su pijama, con zapatos sin calcetines y una chaqueta sobrepuesta sobre los hombros. Llevaba las manos atadas a la espalda y, a causa de los fuertes y numerosos golpes, tenía un ojo semicerrado, el labio inferior hinchado, respiraba con dificultad y caminaba y cojeaba más que de costumbre.

Al día siguiente, la ofensiva de la DINA prosiguió con la detención de Fernando Lara Rojas, 27 años, dirigente regional del PC en Talca y que desde 1975 colaboraba con un equipo del Partido en Santiago. El 19 de mayo, ante un llamado de Eliana Espinoza para encontrarse, fue 

detenido en la calle César Cerda Cuevas, 47 años, obrero de la construcción, dirigente nacional de la CUT e integrante del Comité Central. Fue visto por última vez en Villa Grimaldi en septiembre.

A fines de mayo, en los comités regionales se supo que toda la Dirección del Partido había caído. Sólo estaban a salvo Víctor Cantero e Inés Cornejo, esta última alejada de la organización por motivos de salud. La DINA quería a Cantero, el hombre al que presumían responsable de los dineros. En la persecución, los agentes secuestraron a los hermanos Julio y Eduardo Budnik. A continuación, a Eduardo Cantero y a Clara Cantero de 22 años, hermano e hija de Víctor, respectivamente. Los restos de Eduardo fueron encontrados en 1990 en el fundo Las Tórtolas, que había sido terreno militar. De Clara aún no se encuentra nada. Desapareció desde Villa Grimaldi.

A mediados de julio de 1976 la División Nacional de Comunicación Social, Dinacos, informó que los organismos de seguridad habían logrado desbaratar 32 casas buzón del Partido Comunista, las que servían de enlace entre la Dirección y los regionales de dicho partido.

Los oficiales que comandaban la represión directa contra el PC condujeron a los dirigentes comunistas a lugares secretos de detención. Desde Villa Grimaldi los llevaron al cuartel de Simón Bolívar, donde fueron sometidos a feroces tormentos y usados, además, como conejillos de experimentación por Michael Townley, quien buscaba probar en humanos los efectos del gas sarín que había logrado producir el químico Eugenio Berríos.

En los últimos días de aquel mes de julio, lo que quedaba de la Dirección del PC instruyó a Víctor Cantero y a Inés Cornejo para que abandonaran el país y entregaran a otro equipo la dirección del Partido. Antes, a fines de mayo y luego de una rápida consulta entre los sobrevivientes del Comité Central, se coincidió en que el elegido debía ser Fernando Ortiz Letelier, profesor universitario y miembro del Comité Central. En medio de condiciones dramáticas, donde cada día algún dirigente desaparecía, Fernando Ortiz asumió la conducción del PC secundado por Waldo Pizarro, Horacio Zepeda y Fernando Navarro. A fines de octubre, Cantero y Cornejo se asilaron en la embajada de Italia. También se ordenó hacerlo a Luis Canales, Virginia González y Víctor Galleguillos.

A principios de agosto de 1976 se inició otro devastador golpe en contra del aparato de Organización del PC. Al mediodía del 4 de agosto fue detenido en la vía pública, muy cerca de su casa, Hugo Vivanco Vega; poco después capturaron a su esposa, Alicia Herrera, en su domicilio. El día 5, en su casa, fue arrestado Oscar Ramos Garrido, ex intendente de Llanquihue, miembro del Comité Central y encargado de Organización, y su hijo Oscar Ramos Vivanco.

El 9, fueron detenidos Víctor Morales Mazuela, José Corvalán Valencia, Mario Juica Vega, Jorge Salgado Salinas y Pedro Silva Bustos, todos dirigentes intermedios vinculados a los organismos de Dirección. El mismo 9, apresaron a Marta Ugarte Román, integrante del Comité Central. El 10 de agosto cayó Nicolás Vivanco, hijo de Hugo. El 7 había desaparecido Manuel Vargas Leiva, ex alcalde de Tiltil y miembro del Comité Central. El 11 de agosto, Miguel Nazal Quiroz, integrante del Comité Central y secretario del regional de San Miguel; y Carlos Vizcarra Jofré, ex dirigente de la Jota que había pasado al Partido; el 16, Julio Vega Vega, dirigente sindical; el 18, Nelson Jeria, secretario del Regional Norte de Santiago; el 26, el Comando Conjunto detuvo a Víctor Cárdenas, y la DINA, a Gabriel Castillo Tapia y Pedro Silva Bustos, miembros del equipo de Organización que mantenían contactos con los regionales.

El 12 de septiembre de 1976, un ciudadano francés admiraba los rompientes de la playa La Ballena, en el balneario de Los Molles, cerca de La Ligua, cuando entre los roquerios vio el cuerpo atado de una mujer que había sido arrojado por el mar. Era Marta Ugarte, la tesorera del PC, secuestrada a comienzos de agosto, antes de llegar a su casa.

En las semanas previas habían aparecido varios cuerpos desfigurados en las riberas del río Maipo. Exhibían huellas de balazos y estaban amarrados con alambre desde el cuello a las piernas, dentro de sacos paperos.

La segunda dirección del PC empezó a caer el 9 de diciembre, al ser detenido Armando Portilla Portilla, miembro del Comité Central. El 13, en la vía pública y ante numerosos testigos, fue capturado Fernando Navarro Allende, también miembro del Comité Central.

Dos días después, el 15 en la mañana, fueron detenidos en la rotonda Lo Plaza, en Ñuñoa, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo. Esa misma tarde cayeron, en calle Larraín, Fernando Ortiz Letelier y Waldo Pizarro Molina, y en otros barrios de Santiago, Héctor Véliz Ramírez, Luis Lazo Santander y Reinalda Pereira Plaza, 29 años, embarazada de cinco meses.

Tres días después fueron secuestrados por la DINA Lisandro Cruz Díaz y el mirista Carlos Durán González. El 20 de diciembre, con la detención de Edras Pinto Arroyo, ex secretario de los diputados del PC, terminó la ofensiva de la DINA en contra de los comunistas.

A los detenidos se les torturó hasta matarlos. Se les inyectó cianuro y otras sustancias letales. Se les arrancó de su boca las tapaduras de oro que algunos poseían. Se les quebraron los huesos. Se les asfixió con bolsas plásticas. Se experimentó en ellos con gas sarín. Se les aplicó un soplete para borrarles sus rostros, cicatrices, huellas dactilares y cualquier otro rastro que permitiera identificarlos. Finalmente, sus cuerpos fueron introducidos en sacos paperos, con pedazos de rieles amarrados con alambre, subidos a helicópteros del Ejército y lanzados al mar en el litoral central.

A comienzos de 1977, la DINA había logrado casi completamente su objetivo: exterminar a la Dirección del PC. También había logrado acumular una gran cantidad de información sobre la orgánica interna y las redes de apoyo construidas en el exterior por los comunistas. Se enfocaron entonces en otra de las metas prioritarias: identificar y capturar a los encargados de las finanzas y apropiarse de los fondos que venían de Europa y de los que, muy secretamente, algunos operadores financieros locales administraban en Chile.