Sarmiento Sabater Hernán

Rut       : 5.966.823-4 Santiago

F.Nacim. : 10-08.47, 26 años a la fecha de detención

Domicilio : Riquelme 312, primer piso, Depto.2 Santiago

E.Civil  : Soltero

Actividad : Estudiante de Séptimo año de Medicina de la Universidad de Chile, interno del Hospital José Joaquín Aguirre

C.Repres. : Simpatizante de Izquierda, sin militancia conocida

F.Detenc. : 28 de julio de 1974

  SITUACION REPRESIVA

            Hernán Sarmiento Sabater, estudiante de Medicina de la Universidad de Chile, de 26 años de edad y simpatizante de izquierda, fue detenido el 28 de julio de 1974 en la ciudad de Parral, poco después de haber visitado a su hermano Heráclito, quien se encontraba recluido por motivos políticos en la Cárcel de esa ciudad. La detención fue practicada por Carabineros, quienes lo detuvieron junto a Aroldo Vivian Laurie Luengo. Desde esa fecha, ambas personas están en la situación de detenidos desaparecidos.

            En la fecha mencionada, Hernán Sarmiento y Aroldo Laurie viajaron a Parral con el objeto de visitar al hermano de Hernán, quien estaba recluido en la Cárcel de esa ciudad, acusado de haber repartido panfletos en contra de la Junta Militar. Después de efectuar esta visita, se dirigieron a buscar un medio de movilización para regresar a sus hogares, al pasar frente al hospital local, en calle Aníbal Pinto, fueron interceptados por dos carabineros a las 17.30 horas aproximadamente, y fueron conducidos como detenidos a la Comisaría de Parral.

            Esta detención fue observada por la señora Yolanda Carmona Torrealba, vecina de esa ciudad. La Sra. Carmona conocía a Hernán Sarmiento como interno del Hospital José Joaquín Aguirre, donde se atendía su hijo. Sabiendo que Hernán Sarmiento tenía un hermano preso en Parral, había ofrecido su ayuda y había visitado al preso mencionado en la Cárcel de esa ciudad, llevándole alimentos y otros artículos que éste necesitaba.

            Ese día, la Sra. Carmona, había conversado con Hernán a las 14 y a las 16 horas, horario de entrada y salida, respectivamente, de la visita a los presos políticos. Poco después, a las 17.30 horas, aproximadamente, vio que Hernán Sarmiento era conducido como detenido, junto a otra persona, por dos carabineros, reconociendo que uno de estos últimos era un Sargento de apellido Hidalgo, con quien intentó interceder en favor de Sarmiento señalando que lo conocía. El policía le señaló que los llevaban detenidos por sospechosos. Ella los acompañó hasta la Comisaría, donde le indicaron que les trajera café y ropas de abrigo. Tres horas más tarde, la Sra. Carmona regresó con lo solicitado, pero el Sargento Hidalgo le informó que los dos detenidos habían sido dejados en libertad.

            Sin embargo, a partir de esa fecha, tanto Hernán Sarmiento como Aroldo Laurie no regresaron a sus hogares y nada se ha podido saber de su destino desde que fueron detenidos por la policía; ellos continúan en calidad de detenidos desaparecidos, a pesar de las gestiones judiciales y administrativas realizadas durante más de 18 años.

            Los antecedentes registrados en los procesos judiciales realizados han permitido establecer que la detención fue efectuada en las circunstancias descritas por la testigo Sra. Yolanda Carmona y que los aprehensores fueron los Sargentos de carabineros Luis Alberto Hidalgo y Luis Mena Carvajal. Según sus declaraciones, en la fecha y hora mencionada llevaron detenidos a Sarmiento y Laurie como sospechosos porque no se identificaron, conduciéndolos a la Comisaría de Parral, recinto en el cual los detenidos accedieron a identificarse con sus cédulas respectivas. En estas condiciones, según las declaraciones de Carabineros, los detenidos fueron dejados en libertad y la detención no fue registrada en el libro de novedades de la Comisaría. El Sargento Hidalgo declaró que "no los volví a ver en la ciudad e ignoro por completo, lo que les pueda haber ocurrido".

            La familia de Sarmiento Sabater realizó innumerables gestiones para determinar su suerte. Casi no hubo autoridad del Gobierno Militar a la que no recurrió en busca de alguna respuesta. Por otro lado, hasta la fecha no ha dejado tribuna pública en donde no haya planteado su caso. Al parecer esto se ha traducido en que continuamente ha recibido noticias de posibles lugares donde el detenido se podría encontrar. Es así que informaciones no confirmadas lo han dado como uno de los detenidos desaparecidos que fue llevado a Colonia Dignidad, en otra ocasión la familia recibió información que estaría recluido en un centro para enfermos mentales, informes que intentaron ser verificados por la familia, sin lograr resultados positivos. Lo cierto es que Hernán Sarmiento Sabater se encuentra desaparecido desde el 28 de julio de 1978, día que fue detenido por Carabineros de Parral.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 6 de noviembre de 1974 se interpuso un recurso de amparo en favor de Hernán Sarmiento ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ingresado bajo el Rol 1364-74. El 18 de noviembre, el amparo fue rechazado por la Corte, en virtud del oficio confidencial del Ministro del Interior, General Raúl Benavides Escobar, que informa que el amparado no se encuentra detenido, y de comunicados similares de la Fuerza Aérea de Chile y del Ejército de Chile. La Corte acordó enviar copia de este Recurso al Juzgado de Letras de Parral.

            Ese mismo mes se presentó otro recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Chillán, el que ingresó bajo el rol 94.073. El 22 de noviembre de 1974, este recurso fue rechazado en consideración a que el amparado "no se encuentra detenido".

            Otro recurso de amparo interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Talca, también fue rechazado.

            El 26 de junio de 1975 se presentó otro recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, al día siguiente fue rechazado. El 30 de junio del mismo año se apeló de la sentencia y se enviaron los antecedentes a la Corte Suprema, la que solicitó información al Ministro del Interior, el que reiteró la negativa de que Hernán Sarmiento hubiese sido detenido. El 23 de julio de 1975, la Corte Suprema confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones.

            La Sra. Victoria Sabater del Fierro, madre del detenido desaparecido, presentó las denuncias correspondientes ante Carabineros e Investigaciones de Parral, estas denuncias remitidas al Juzgado de Letras de Parral dieron comienzo a la causa rol 29.841 de fecha 16 de agosto de 1974 sobre presunta desgracia que quedó a cargo del Juzgado del Crimen de esa ciudad el 27 de agosto de 1974. Esta causa fue sobreseída el 12 de diciembre de 1974, luego de prestar declaraciones la testigo Yolanda Carmona y el carabinero Luis Hidalgo. El Tribunal consideró que no se encontraba acreditado el delito. Esta resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Chillán.

            El 26 de diciembre de 1974 se agregaron a esta causa los antecedentes del Recurso de Amparo rol 1364-74 que había sido rechazado.

            En junio de 1975, la Sra. Sabater presentó un escrito ante José María Eyzaguirre, presidente de la Corte Suprema, exponiendo la situación de su hijo. La Corte en pleno resolvió remitir una comunicación al Juez del Crimen de Parral para su investigación.

            El Juzgado del Crimen de Parral reabrió el sumario y se resolvió constituir el Tribunal en la Comisaría de Carabineros de Parral, lo que se realizó el 25 de julio de 1975. En esta ocasión se llamó a declarar a los tres funcionarios de Carabineros que estaban de guardia el 28 de julio de 1974, pero ninguno de ellos pudo hacerlo dado que uno se encontraba de servicio en la calle, otro había pasado a retiro y el tercero estaba destinado en otra localidad. En el Libro de Novedades no se encontró ninguna constancia respecto de la detención de los desaparecidos. Los oficiales que estaban a cargo de la Comisaría en la fecha mencionada, habían sido trasladados a otras localidades y tampoco pudieron declarar.

            En una nueva declaración del Sargento Hidalgo a este Tribunal señaló que ellos actuaron en virtud de una orden emanada de la Fiscalía Militar de Linares, en el sentido de controlar a todo tipo de personas sospechosas para ser puestas a disposición de este tribunal militar. Por su parte, la Fiscalía Militar de Linares informó al Tribunal que esa orden no existía. Con estos antecedentes el Juez del Crimen decretó el cierre del sumario y el 13 de agosto de 1975 sobreseyó la causa, lo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones respectiva el 26 de agosto de 1975.

            Paralelamente a las gestiones judiciales, la madre del afectado realizó gestiones ante diversas autoridades militares y administrativas. En 1974 envió los antecedentes de la detención y desaparición de su hijo y solicitó información o gestiones específicas a don Enrique Ortúzar, jurista del gobierno militar; a los Intendentes de Linares y Talca, a los oficiales superiores del Ejército, César Benavides, Nilo Floody Buxton, Fernando Blanco Salinas y al Coronel encargado del Servicio Nacional de Detenidos, SENDET, Sr. Jorge Espinoza. También presentó el caso a los miembros de la Junta de Gobierno, Generales Augusto Pinochet, César Mendoza y Gustavo Leigh.

            Estas gestiones no tuvieron resultados y el 25 de septiembre de 1974 el Coronel de Carabineros, Carlos Donoso Pérez, del Gabinete del General César Mendoza respondió a la Sra. Sabater reiterando que Hernán Sarmiento Sabater y Aroldo Laurie Luengo "no fueron detenidos por Carabineros, sino que el procedimiento policial se limitó a la comprobación de sus identidades…". Agregó que se encargó a todas las unidades de la jurisdicción la ubicación de Hernán Sarmiento.

            Este caso fue presentado al Sr. Daniel Blanchard de las Naciones Unidas el 4 de noviembre de 1974. En los años posteriores, la familia de Hernán Sarmiento ha seguido realizando gestiones, sin obtener resultado y éste continúa detenido desaparecido.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago recalificó en segunda instancia las sentencias que dictó el ministro de fuero Alejandro Solís en contra de tres uniformados imputados por el secuestro calificado de 21 disidentes al régimen militar, en hechos acontecidos Parral, entre septiembre de 1973 y enero de 1974, y que incluyen un caso de sustracción de menor.

El 6 de agosto del 2003, el magistrado Solís condenó a penas de cárcel de entre 10 a 15 años al ex gobernador y coronel (r) de Carabineros Pablo Caullier Grant; al comandante (r) de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela y al suboficial (r) de Carabineros, Luis Hidalgo.

En votación dividida (2-1) el tribunal de alzada capitalino conformado por los ministros Alejandro Madrid, Juan Muñoz Pardo y Humberto Provoste, resolvió aumentar de siete a diez años y un día el castigo impuesto a Hidalgo; mantener la sanción de diez años de cárcel a Caulier; y disminuir de 17 años a 15 años y un día de presidio mayor la condena a Cardemil Valenzuela.

La investigación iniciada a comienzos de esta década por el retirado magistrado Juan Guzmán Tapia, permitió determinar la responsabilidad que le compete a los acusados en las desapariciones de Enrique Carreño González, Rolando Ibarra Ortega, Edelmiro Valdés Sepúlveda, Haroldo Laurie Luengo, Hernán Sarmiento Sabater, Armando Morales Morales, José Luis Morales Ruiz, Aurelio Peñailillo Sepúlveda, Luis Pereira Hernández, Armando Pereira Merino, Oscar Retamal Pérez, José Riveros Chávez, Enrique Rivera Cofré, Hugo Soto Campos y Víctor Vivanco Vásquez.

Todos fueron detenidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 1974 en Parral, conducidos a la comisaría y a la cárcel de la ciudad, pero en varios casos su rastro se perdió luego de ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de la zona. En algunos de los casos sus familiares han manifestado que existen antecedentes de que éstos habrían sido llevados a Colonia Dignidad.

De ellos, Carreño González, Morales Morales, Peñailillo Sepúlveda, Retamal Pérez, Riveros Chávez y Soto Campos, aparecen en el informe de las Fuerzas Armadas emanado de la Mesa de Diálogo sobre derechos humanos, como lanzados al río Putagán.

Originalmente este proceso se inició en Parral a partir del Informe Rettig en 1991, luego lo tomó el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago Lientur Escobar, que investigaba la desaparición en Villa Baviera del militante del MIR Álvaro Vallejos Villagrán.

Una escultura y una placa ubicadas en el SEMDA Central son el testimonio de las y los estudiantes, académicos y funcionarios de las carreras de la salud que fueron ejecutados o hechos desaparecer por razones políticas durante la dictadura civil-militar, liderada por Augusto Pinochet a partir de 1973.

Con la presencia de familiares, amigos, representantes de colegios profesionales, autoridades y miembros de la comunidad universitaria, este jueves 21 de diciembre se inauguró el memorial que recuerda a todas las personas ligadas al Campus Norte de la Universidad que hoy se encuentran desaparecidas o fueron asesinadas por la dictadura.

En total son veintiocho personas, entre estudiantes, académicos y funcionarios de las unidades de la salud que perdieron la vida por acción de organismos del Estado entre 1973 y 1990, empezando por el mismo Salvador Allende, quien falleciera en el Palacio de La Moneda durante el golpe de Estado del 11 de septiembre.

El sitio de memoria consta de una escultura hecha por el artista Miguel Lecaros, además de una placa con los nombres de las víctimas, que pudo levantarse gracias a un trabajo conjunto entre la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, el colectivo Jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública, el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, y el Área Proyectos, Memoriales y Gestión Institucional, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

La ceremonia, que fue conducida por la actriz Malucha Pinto y contó con la presentación de la cantautora Elizabeth Morris, se inició con las palabras que la Presidenta Michelle Bachelet envió con motivo de este acto. En ella destacó el homenaje a las víctimas de nuestro plantel: “Me honra saber que la Universidad de Chile, su Casa de Estudios, su refugio, su hogar, hoy honra su memoria con esta obra y, a través de ésta, también honra la persistencia y la valentía de sus familiares, sus amigos y compañeros, porque es gracias a todos ellos que nuestros ejecutados y detenidos no han muerto nunca, porque viven como un ejemplo en la memoria de cada uno de nosotros que reconocemos en sus historias de vida, testimonios de convicciones y tesón”.

Luego, a nombre de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, María Soledad Silva, coordinadora del Área de proyectos y memoriales, leyó un saludo en el cual se destacó al memorial en el marco de la promoción de una sociedad en la cual prime el diálogo y la paz: “Proyectos como éstos contribuyen a integrar a la sociedad civil y las nuevas generaciones, creando conciencia acerca de la importancia que los derechos humanos tienen para cada una de las personas y la sociedad en su conjunto”.

En la actividad estuvieron también presentes, el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés, el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, el decano de la Facultad de Medicina, Manuel Kukuljan, la directora de la Escuela de Salud Pública, Patricia Frenz, el coordinador accademico de la Catedra de DDHH de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Claudio Nash, y los ex directores de la Escuela de Salud Pública, Giorgio Solimano y Óscar Arteaga, entre otras autoridades y ex autoridades de nuestro plantel.

Rescatar los valores de lo público, la verdad y la justicia

El Rector Ennio Vivaldi intervino en la jornada señalando la necesidad de un cambio cultural que prevenga a la sociedad de volver a caer en los atropellos cometidos durante el régimen militar, y también destacó todo lo que se perdió junto con las personas que fueron víctimas: “Cada una de estas personas representa lo mejor que Chile tuvo para ofrecer, los valores trascendentes que nuestro país tenía, y que nosotros pudimos conocer”, indicó.

Esos valores, señaló, se pueden traer al presente para analizar cómo se enfrenta, por ejemplo, la coyuntura educacional: “Hoy podemos ver cuán tergiversado está un concepto tan esencial como ‘lo público’ en su sentido de bien común, de algo que nos pertenece a todos y nos hace sentirnos solidarios. Es impresionante cómo se pierden esos conceptos a la par que se perdieron las personas que fueron perseguidas”.

Por último, a nombre de los familiares de las víctimas, se dirigió al público Jaime Lorca, hermano del médico desaparecido Carlos Lorca Tobar, quien destacó la fortaleza de los cercanos a las víctimas, así como las instituciones y organizaciones que los acogieron, para no olvidar lo sucedido y levantar la causa de los Derechos Humanos. “Así hemos logrado que no se de vuelta la página, y también un poco de justicia bastante insuficiente aún”, señaló.

“No exigimos verdad y justicia sólo porque sea importante en términos personales o familiares, sino que lo hacemos pensando en el futuro, en las próximas generaciones y en el Chile que estamos construyendo día a día, para que estos hechos nunca puedan acaecer de nuevo”, finalizó Lorca.

Posterior a las intervenciones, se dio paso al descubrimiento de la placa con los nombres de las y los homenajeados en el Memorial, cuyos nombres son los siguientes:

Salvador Guillermo Allende Gossens 11.9.1973

Pablo Ramón Aranda Schmied 17.9.1973

Óscar Eduardo Avello Avello 24.6.1976

Jorge Ávila Pizarro 18.9.1973

Gabriel Castillo Cerna 11.10.1976

Sara de Lourdes Donoso Palacios 15.7.1975

Héctor Victoriano García García 13.8.1974

Carlos Enrique Godoy Lagarrigue 4.8.1976

Eduardo Alberto González Galeno 10.9.1973

Ramiro Carlos Gonzáles Gonzáles 15.9.1973

Claudio Enrique González Núñez 9.12.1974

Iván Sergio Insunza Bascuñán 4.8.1976

Jorge Mario Jordan Domic 16.10.1973

Georges Klein Pipper 11.9.1973

Carlos Enrique Lorca Tobar 25.6.1975

Jorge Eduardo Ortiz Moraga 12.12.1974

Juan Antonio Eduardo Paredes Barrientos 11.9.1973

Egidio Enrique Paris Roa 11.9.1973

Reinalda del Carmen Pereira Plaza 15.12.1976

Héctor Ricardo Pincheira Núñez 11.9.1973

Hernán Sarmiento Sabater 28.7.1974

Renato Alejandro Sepúlveda Guajardo 12.12.1974

Samuel Eduardo Silva Contreras 25.3.1974

Ricardo Cristián Silva Soto 16.6.1987

Rosa Elvira Soliz Poveda 7.7.1975

Claudio Rómulo Tognola Ríos 16.9.1973

Álvaro Modesto Vallejos Villagrán 20.5.1974

Absalón del Carmen Wegner Millas 13.12.1973

Datos allegados al magistrado apuntan a que no sólo se produjeron muertes en 1973 y 1974. P Además, le revelaron que efectivos de Carabineros habrían fusilado a algunas personas que permanecían en la ex Colonia.

Al menos cuatro colonos, que fueron testigos presenciales de los fusilamientos perpetrados en Colonia Dignidad, revelaron al ministro Jorge Zepeda que fueron patrullas militares de la zona las que dispararon contra prisioneros políticos.

Pese a que no han podido precisar identidades, las declaraciones relativas a las ejecuciones que se realizaron entre octubre y noviembre de 1973, que habrían sido las más masivas, apuntan a un grupo de 10 conscriptos, cuyo mando el ministro Zepeda se encuentra investigando.

Se presume que los conscriptos habrían pertenecido a la Escuela de Artillería de Linares. De hecho, fue a ese lugar donde, se dijo en esa época, serían llevados desde la cárcel de Parral 34 detenidos. Ellos nunca llegaron a la Escuela y su paradero aún se desconoce.

Otro fusilamiento habría ocurrido en 1974, y el ministro Zepeda también tiene testigos de ese hecho. La fecha coincide con la desaparición desde Parral de Hernán Sarmiento Sabater y Aroldo Vivian Laurie Luengo, detenidos por carabineros y sacados desde la comisaría de la zona con destino incierto.

Los testigos tienen la calidad de "reservados". Se trata de personas muy vinculadas al ex jerarca Paul Schäfer, como por ejemplo Gerhard Mücke, y también colonos de confianza, que cumplían tareas concretas, como quien manejó la retroexcavadora y preparó las fosas para el entierro de los cuerpos.

Además de militares, los testigos apuntaron a la supuesta participación de personal de Carabineros en algunas ejecuciones.

No está claro aún que sólo hayan ocurrido dos fusilamientos, en 1973 y 1974. Fuentes cercanas al proceso dijeron que el ministro maneja la información de que fueron más, realizados en fechas distintas. Por eso es que se está trabajando en cinco puntos, donde se habrían realizado las exhumaciones.

Zepeda ya tuvo éxito en uno de esos lugares: dio con una fosa donde permanecieron cuerpos de detenidos desaparecidos, que el año 1978 fueron desenterrados y quemados. Sus cenizas habrían sido lanzadas al río Perquilauquén.

Las declaraciones de los testigos reservados son concordantes con la ya acreditada relación entre los jerarcas de la ex Colonia y agentes de la disuelta Dina, comenzando por los vínculos entre Schäfer y Manuel Contreras Sepúlveda. Dicha colaboración quedó establecida en el proceso por la desaparición de tres militantes del Mapu en mayo de 1976: Antonio Elizondo y su esposa, Elizabeth Rekas, y Juan Maino Canales. Los vehículos de estas víctimas habrían terminado en el enclave alemán. A principios del año pasado, el equipo encabezado por Zepeda encontró restos de automóviles, hallados gracias a datos aportados por ex colonos.

Continúan excavaciones

El ministro Jorge Zepeda recibió ayer en su despacho al antropólogo Kenneth Jensen, donde se le informó respecto de los avances en la búsqueda de fosas en el enclave alemán.

Trascendió que la mayor preocupación del juez es encontrar algún vestigio de sustancia orgánica, que pueda ser periciada y contrastada con el ADN de familiares de los desaparecidos. Aunque las esperanzas siguen siendo escasas, se pretende llegar al final de la fosa hallada hace dos semanas, para descartar por completo esa posibilidad.

El magistrado saldrá de vacaciones en febrero, por lo que se encuentra afinando resoluciones a adoptar. En todo caso, no resolvería respecto de la petición de procesamientos por asociación ilícita, pues ello quedaría para marzo.                       La semana pasada, el juez Zepeda concurrió a la ex Colonia para conocer la fosa donde fueron depositados restos de detenidos desaparecidos, los que luego fueron exhumados. El ministro mantiene la esperanza de dar con algún rastro orgánico que permita comparar ADN.

La actividad fue organizada de manera conjunta entre el Departamento de Derechos Humanos Nacional del Colegio Médico y el Departamento de Género, Ética y DD.HH. del Colmed Santiago con el objetivo de recordar la memoria histórica de los profesionales asesinados, desaparecidos y torturados tras el golpe de Estado de 1973.

Cumpliendo con un compromiso ineludible en la defensa de los derechos humanos y recordando a los médicos, médicas, estudiantes y profesionales de la salud, el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico junto al Colmed Santiago, realizaron una emotiva ceremonia en la Plaza Eusebio Lillo, frente a la sede del Gremio capitalino, el pasado 8 de septiembre.

En la jornada estuvieron presentes los representantes de la Mesa Directiva Nacional del Gremio, del Colmed Santiago junto a los integrantes de los Departamentos de DD.HH. de ambas entidades, así como los Capítulos Médicos y autoridades como la ministra de Salud, Dra. Ximena Aguilera.

El presidente del Colegio Médico, Dr. Patricio Meza, realizó un sentido y profundo discurso en el que recordó a los médicos y médicas que sufrieron durante una época donde hubo atropellos a los derechos humanos en el país. “Es un privilegio conmemorar, recordar, siempre tener en la memoria, el recuerdo de los familiares de muchos de los que están acá. Es una fecha difícil y que nosotros como Colmed nunca queremos que pase inadvertida”.

Agregó el directivo que “el próximo año se van a cumplir 50 años de estos hechos lamentables y como Gremio queremos proponer, reinaugurar nuestro espacio de memorial en el nuevo edificio donde vamos agregar otro memorial que contenga los nuevos nombres de colegas y estudiantes que fueron víctimas, así como crear una comisión de verdad, justicia y reparación con el objetivo de analizar el comportamiento el Gremio en esa época y solicitar a las facultades de medicina del país que incluya el ramo de derechos humanos en los programas de pregrado. Es un orgullo contar con departamentos de DD.HH. porque nos demuestran que la memoria debe estar siempre presente”.

Por su parte, la presidenta del Colmed Santiago, Dra. Francisca Crispi, manifestó que “no debemos rendirnos frente a este resultado (plebiscito de salida) y seguir peleando por el sistema de salud que soñamos, que entregue dignidad a todas las personas independientes de donde vivan o la plata que tengan, a ellos les debemos que las bases del país tengan un fiel respeto a los derechos humanos y por estas personas debemos seguir unidos y unidas en la lucha colectiva. Nos podemos unir por valores como el respeto a la vida, a la dignidad y a la vida en comunidad”.

El presidente del Departamento de Derechos Humanos Nacional, Dr. Enrique Morales, señaló que “quiero destacar lo dicho por el Dr. Patricio Meza, quien hace un compromiso como presidente del Colmed ante los familiares y los derechos humanos. Hoy el Gremio hace un hito relevante como es la entrega de los antecedentes de vulneraciones de derechos humanos de 235 personas ocurridas durante el 18 de octubre de 2019 y al 31 de marzo de 2020 en una causa por crímenes de lesa humanidad y genocidio que lleva la fiscal Chong. Es un aporte a la reparación y justicia”.

Asimismo, la presidenta del Departamento de Género, Ética y DD.HH. del Colmed Santiago, Dra. Gisela Viveros, expresó que “pese a lo doloroso y cruda de esta fecha, pese a la sensación de revictimización constante que nos hace recordar los hechos ocurridos, necesitamos mantener viva la memoria”.

Por último, la ministra Aguilera, destacó que se debe recordar a los médicos y médicas, que estos hechos se mantienen vivos y reflexionar para que no se repitan. “Vamos a trabajar por un sistema que nos incluya a todos y todas, y por reconocer la memoria de cada uno de los médicos asesinados por la dictadura”.