Santis Quijada Ceferino del Carmen

Rut       : 4.739.997-1

F.Nacim. : 18-3-42, 31 años a la fecha de su detención

Domicilio : Baquedano 558, Llo-Lleo

E.Civil  : Casado, 2 hijos

Actividad : Obrero

C.Repres. : Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Presidente del Sindicato de Obreros de la Industria Rayonhil. Miembro del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR).

F.Detenc. : 12 de septiembre de 1973

     SITUACION REPRESIVA

            Ceferino del Carmen Santis Quijada, casado, 2 hijos, Presidente del Sindicato de Obreros de Industrias Rayonhil, militante del MIR, fue detenido el 12 de septiembre de 1973, alrededor de las 21.30 horas, en su domicilio de Llo-Lleo, en presencia de su esposa e hijos pequeños, por una patrulla militar que se movilizaba en un camión. En el vehículo iban también, en calidad de detenidos, Juan Antonio Betancourt, Jacob Tapia Román y una persona de apellido Farías. Durante su reclusión, Ceferino Santis permaneció en diferentes recintos. En primer lugar fue llevado al Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, cuyo Comandante era el entonces Coronel de Ejército Manuel Contreras Sepúlveda. Después fue conducido a la Comisaría de Carabineros del sector Barrancas de San Antonio y, desde este recinto policial fue trasladado a la Cárcel Pública, en donde permaneció hasta el 4 de octubre de 1973, siendo sacado en distintas oportunidades a interrogatorios a Tejas Verdes. En una oportunidad también fue llevado al Cuartel de Investigaciones de San Antonio. Por último, el afectado desapareció el 5 de octubre de 1973 desde el Regimiento de Tejas Verdes, junto a otros cinco detenidos: Víctor Fernando Mesina Araya, Jorge Luis Ojeda Jara, Luis Norambuena Fernandois, Gustavo Farías Vargas y Florindo Alex Vidal Hinojosa. El cadáver de este último fue encontrado en la desembocadura del río Rapel y fue el único reconocido y entregado a sus familiares. También se encontraron en el río Rapel, los cuerpos de Víctor Mesina y Jorge Luis Ojeda, los que fueron sepultados en el Cementerio Parroquial de San Antonio por orden judicial y sin conocimiento de sus respectivas familias. A diciembre de 1991, los restos de los dos nombrados aún no habían sido exhumados. En cuanto al afectado, se comentó que había sido lanzado al mar.

            Ceferino Santis fue visto en sus distintos recintos de reclusión por numerosos testigos, los que dejaron sus testimonios y concurrieron a declarar al Tribunal.

            Juana Farías Nilo -cónyuge de la víctima- empezó de inmediato la búsqueda de su marido, encontrándolo, un par de días después de su detención, en la Cárcel de San Antonio, en libre plática. Lo visitó y le llevó alimentos. Su sobrina, María Lidia Santis, también lo vio en la cárcel, aunque de lejos, y él le hizo señas indicándole que se encontraba bien.

            El 4 de octubre de 1973, como a la 01:00 de la madrugada, llegaron hasta el domicilio del afectado, dos civiles que procedieron a detener a su cónyuge Juana Farías. Le dijeron que llevara una frazada, la subieron a un jeep de color claro y la condujeron hasta el Regimiento de Tejas Verdes. Allí la dejaron en una oficina del segundo piso y ordenaron traer al afectado. El que daba las órdenes era un civil gordo, de alrededor de 45 años, moreno, algo canoso. Cuando ingresó el afectado, lo sentaron a unos metros de la testigo. Ambos cónyuges fueron interrogados por un mimeógrafo que tenían en la casa y que ella había entregado a dos jóvenes. La víctima le dijo que contara todo porque "ya estaba muy jodido". El interrogatorio fue corto. Juana Farías fue dejada en libertad con la advertencia de no relatar lo sucedido.

            Al día siguiente, ella acudió a la Cárcel de San Antonio y allí le informaron que el afectado había sido trasladado a Tejas Verdes. Se dirigió entonces hasta este recinto militar, aquí le dijeron que recién lo habían devuelto a la Cárcel, hasta donde la testigo se dirigió y allí le informaron que lo habían dejado en libertad. Como no retornara, Juana Farías se presentó una vez más en el Regimiento, en donde le insistieron que él estaba libre.

            Frente a esta situación, consiguió, días después, una audiencia con el Comandante del Regimiento, Manuel Contreras Sepúlveda, quién no hizo otra cosa más que decirle que Ceferino Santis había sido puesto en libertad el 6 de octubre de 1973, mostrándole un cuaderno firmado por el afectado.

            Días más tarde, en la Cárcel de San Antonio, le entregaron a la testigo la frazada, el abrigo, el reloj y la libreta de su cónyuge. Como explicación, le dijeron que le devolvían las cosas porque él había salido en libertad.

            Simultáneamente a estos hechos, numerosos detenidos eran testigos del paso del afectado por distintos recintos. Juan Antonio Betancourt Román fue detenido en su domicilio de Llolleo el 12 de septiembre de 1973, a las 21:00 horas, por efectivos Militares. Subido a un camión militar en el que también iban Jacob Tapia Román y una persona de apellido Farías, se dirigieron hasta el domicilio del afectado, el que también fue detenido. Desde un comienzo -señaló el testigo- fue Santis el que recibió el trato más violento.

            El grupo fue conducido al Regimiento de Tejas Verdes, en donde los dejaron en la parte de afuera del Casino de Oficiales, hincados y con las manos en la nuca. Permanecieron así por espacio de 2 a 3 horas. Al cabo de este tiempo, y sin que se les tomara dato alguno, fueron trasladados a la Comisaría de Carabineros del sector Barrancas de San Antonio. En el recinto policial, los carabineros les quitaron las cédulas de identidad y demás pertenencias personales, introduciéndolos en un calabozo hasta donde, durante la noche, llegaron más detenidos, entre ellos algunos trabajadores de Rayonhil. No se les proporcionó agua ni alimentos y debieron orinar en la misma celda. En total, sumaron unos 14 detenidos.

            Alrededor de las cero horas del 14 de septiembre de 1973, los sacaron de la Comisaría -recuerda el testigo- les devolvieron sus documentos y pertenencias y fueron obligados a firmar un libro en presencia de un Capitán de Carabineros que les dijo "que, por lo menos, quede constancia de que salieron con vida de aquí". Durante una media hora, permanecieron de pie en la plaza que queda frente a dicho recinto, custodiados por unos 60 carabineros armados. De ahí los trasladaron a pie hasta la Cárcel de San Antonio.

            En el recinto penal, al que ingresaron en la madrugada del 14 de septiembre, fueron introducidos en un colectivo que estaba casi desocupado y hasta donde, posteriormente, comenzaron a llegar detenidos provenientes de diversos lugares.

            En los primeros días de octubre -y ya por segunda vez- Juan Antonio Betancourt fue sacado de la Cárcel y conducido a Tejas Verdes. En esta oportunidad fue llevado junto a Ceferino Santis, Juan Donoso y Hernán Fredes. El traslado se hizo en un camión tipo 3/4, frigorífico. Fueron dejados en un calabozo grande, en donde permanecieron parados durante unas dos horas. El testigo fue sacado a otra dependencia, donde se le interrogó y torturó. Alrededor de las 17 horas, todos fueron devueltos a la Cárcel.

            Posteriormente, Juan Antonio Betancourt se enteró por un sobrino, Nelson Méndez -ya fallecido- que en 1973, había sido Sargento en el Regimiento de Tejas Verdes, que Ceferino Santis y Luis Norambuena Fernandois (actualmente detenido-desaparecido), encontrándose heridos y amarrados, habían sido lanzados al mar desde un helicóptero frente a la costa de San Antonio.

            Manuel Felipe Hover Medina, quien fuera detenido el 22 de septiembre de 1973 en el Regimiento de Tejas Verdes, vio al afectado en la Cárcel de San Antonio. El testigo, que, al igual que la víctima, vivía en Llo-Lleo, fue llamado por Bando. Al presentarse, quedó detenido en Tejas Verdes, siendo ingresado al sector conocido como "la palomera", ubicado en un extremo de dicho recinto militar. Desde ahí trasladado al Campamento de Detenidos de Tejas Verdes, luego a la Cárcel de San Antonio, donde permaneció hasta el 23 de octubre de 1973. En la Cárcel, Manuel Felipe Hover fue ingresado a un colectivo donde estaban recluidos unos 70 detenidos, hacinados, durmiendo de a dos personas por litera y algunos en el suelo. Fue en este penal donde el testigo vio a Ceferino Santis a fines de septiembre de 1973. Una noche, alrededor de las 21 horas, el afectado fue llamado a viva voz por los guardias. No volvió a saber de él.

            Héctor Freddy Silva Vergara -operario de Rayonhil y detenido el 13 de septiembre de 1973 después de haber sido llamado a presentarse por Bando- vio a Ceferino Santis en la Cárcel de San Antonio, aproximadamente el 17 de septiembre. El afectado, que era conocido como "El Chefo", le contó que lo habían detenido por elaboración de unos panfletos y que había tenido que reconocer la posesión de un mimeógrafo porque lo habían amenazado con matar a toda su familia. Presentía que lo iban a matar y le pidió al testigo que entregara a su hijo mayor, de 3 años de edad, todas sus pertenencias. El declarante y el afectado conversaron entonces con el Alcaide, a quien Santis entregó su reloj y su billetera. Posteriormente, y en los primeros días de octubre, en la noche, la víctima fue sacada de la Cárcel para ser llevado a Tejas Verdes. Antes de irse, Santis se despidió de todos los detenidos que había en el colectivo. No se le volvió a ver.

            El testigo Héctor Freddy Silva fue trasladado desde la Cárcel de San Antonio a Tejas Verdes en distintas oportunidades. En todas ellas fue sometido a torturas en el subterráneo del Casino de Oficiales. En una ocasión reconoció entre sus interrogadores a un Teniente de Carabineros de apellido Vargas. También, y mientras era torturado, percibió la presencia de un médico que procedió a auscultarlo. Uno de sus torturadores fue el Jefe de Investigaciones de San Antonio, Nelson Valdés.

            Moisés Uldaricio Torres Rojas -dirigente sindical y que fuera detenido el 13 de septiembre de 1973 después de ser llamado por Bando militar- declaró que las autoridades militares habían informado que tanto Ceferino Santis como Luis Norambuena Fernandois (detenido-desaparecido) habían sido puestos en libertad. Sin embargo, el testigo supo que ambos habían sido lanzados al mar frente a la desembocadura del río Maipo. Agregó que uno de estos cadáveres llegó a la playa, pero que los militares procedieron a lanzarlo nuevamente a las aguas, utilizando un helicóptero. También en la Cárcel de San Antonio, Santis fue visto por José Joel Muñoz Vergara y por Mario López Cisternas. Este último testigo estuvo en el mismo colectivo con él y recuerda que fue sacado varias veces a Tejas Verdes, retornando siempre en malas condiciones físicas, hasta que fue sacado una noche y no volvió más. En el penal se corrió la voz de que lo habían fusilado. Por su parte, Angel Antonio Rubio Salas declaró que Ceferino Santis, previo al 11 de septiembre de 1973, había participado en la confección de un documento en el que se denunciaba al entonces Coronel de Ejército Manuel Contreras Sepúlveda por los problemas de distribución de alimentos que existían en la zona. El mismo afectado llevó dicho documento a la Radio Sargento Aldea de San Antonio. Posteriormente, el testigo vio a Santis en la Cárcel de esa ciudad, desde donde lo sacaron sin que volviera a saberse de él. Jorge Manuel Silva Huerta, también estuvo en la Cárcel de San Antonio con el afectado.

            El ex detenido Onofre Segundo Aguila Parra, declaró haber estado en la Cárcel de San Antonio en la misma galería que el afectado. Conversaron en diversas oportunidades. Entre el 5 y 10 de octubre de 1973, en la noche, Santis fue sacado de la Galería por militares que tenían sus caras tiznadas y cubiertas por gorros pasamontañas. No volvió a saber de su paradero. Mario Jacinto Márquez -ex Alcaide de la Cárcel de San Antonio y que declarara ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y ante el 1er. Juzgado del Crimen de San Antonio, en 1990 y 1991 respectivamente- es otro testigo de la permanencia del afectado en dicho recinto penal. El testigo expuso que el 11 de septiembre de 1973, alrededor de las 17 horas, fue llevado a presentarse en el Regimiento de Tejas Verdes. Allí, el Comandante del Regimiento y Gobernador Provincial, Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, le indicó verbalmente, que continuara en su cargo de Alcaide de la Cárcel, diciéndole que, a partir de ese momento, comenzarían a llegar "prisioneros de guerra" y que, por tanto, los presos comunes tenían que ser inmediatamente evacuados a la Cárcel de Melipilla. Con el transcurso de los días, el penal, que tenía una capacidad para recibir a 180 presos, se atiborró de detenidos, llegando a albergar a unos 300.

            En un comienzo -señaló el declarante- las cosas no eran demasiado ordenadas en cuanto al ingreso de detenidos, los que traían una orden firmada por el Juez Militar David Miranda. Sin embargo, después se les empezó a ingresar en los registros de acuerdo a las reglas generales de Gendarmería. Todos los días, personal del Ejército sacaba a determinado número de detenidos para trasladarlos al Regimiento. El traslado lo efectuaba una patrulla militar al mando del Suboficial Carranca, muchas veces participó también el Fiscal Miranda. Se movilizaban en jeeps, camiones y camionetas frigoríficas que eran de propiedad de las dos pesqueras que había en la zona. Como norma general se encapuchaba a los detenidos. Luego la costumbre se fue perdiendo porque también comenzaron a sacarlos para borrar las consignas políticas que se pintaba en la calle. Cuando los presos retornaban de los interrogatorios en Tejas Verdes, lo hacían hecho "una calamidad" y los funcionarios de Gendarmería se convirtieron "en el paño de lágrimas de los presos políticos".

            El establecimiento penal era visitado continuamente por el Fiscal Miranda y por Manuel Contreras Sepúlveda. También solían llegar un Oficial de apellido Quintana y el Teniente Luis Carevic. En una oportunidad, el testigo conversó con Manuel Contreras respecto al estado en que volvían los detenidos de Tejas Verdes, pero éste no manifestó interés alguno en escucharlo. Situación similar se produjo cuando se decidió el fusilamiento de dos carabineros de Algarrobo dentro del recinto carcelario. Mario Jacinto Márquez se opuso a la ejecución en dicho lugar. Sin embargo, el ex jefe de la DINA determinó que de todas formas los fusilamientos se efectuarían en el sector denominado Las Brisas de la Cárcel de San Antonio.

            En cuanto a Ceferino Santis, el testigo recuerda que efectivamente permaneció en la Cárcel y que fue retirado en varias oportunidades por Militares de Tejas Verdes, hasta que no retornó. No supo de su destino, aunque cuando ocurrían estos hechos, se hacía circular la versión que esas víctimas habían abandonado el país.

            En relación a la permanencia del afectado en el Regimiento de Tejas Verdes, los testigos al respecto también son numerosos. Julio Aníbal Chacón Hernández que fuera detenido el 11 de septiembre de 1973 y conducido, primero a Tejas Verdes y después a la Cárcel de San Antonio, vio en estos dos recintos al afectado. A Santis lo divisó en el Regimiento, y más tarde estuvo con él en el colectivo N°7 del establecimiento carcelario; se veía muy asustado y maltratado físicamente. Le dijo que lo estaban investigando por el asunto de un mimeógrafo. En una oportunidad lo sacaron de la Cárcel y no retornó. Mientras se encontraba en el recinto penal, Chacón Hernández fue sacado para borrar consignas políticas, junto a otros 13 detenidos. Por su parte, Ana Graciela Becerra Arce -detenida el 19 de septiembre de 1973, embarazada de dos meses y tan sólo de 17 años de edad, fue sometida a vejámenes y torturas de tipo sexual, además de golpes y aplicación de corriente eléctrica- vio al afectado en el Regimiento de Tejas Verdes. Estaba encerrado en un "container" junto a otros detenidos.

            Hernán Becerra Madrid vio también a Ceferino Santis en Tejas Verdes, hasta donde incluso -según supo el testigo- fue llevada su mujer. Después se informó que lo habían matado junto a Florindo Vidal, a Gustavo Farías y a Víctor Mesina, y que su cuerpo habría sido lanzado al mar y encontrado después por un barco de la Pesquera Chile. El piloto habría sido obligado por los militares a devolver los restos al mar.

            Luis Alberto Sepúlveda Carvajal, en 1973, se desempeñaba como funcionario del Instituto Médico Legal de San Antonio, auxiliar del Médico Legista, doctor Julio Berdichesky. Declaró ante el 1er. Juzgado del Crimen de San Antonio, en 1991, que el 23 de septiembre de 1973 lo requirieron desde la morgue, ubicada en el Hospital local. Al presentarse en su lugar de trabajo, vio seis cuerpos en el suelo, uno encima del otro, entre los que estaban los restos de cuatro dirigentes marítimos del Sindicato de Estibadores de San Antonio (Héctor Rojo Alfaro, Samuel Núñez González, Armando Jiménez Machuca y Guillermo Alvarez Cañas), de un dirigente socialista, Raúl Enrique Bacciarini Zorrilla, y de Fidel Alonso Bravo Alvarez. (Todos ellos habían sido vistos en malas condiciones físicas, recluidos, entre otros recintos, en el Regimiento de Tejas Verdes). Los cadáveres -según lo constató el testigo- estaban casi destrozados por heridas de arma blanca y los impactos de bala que presentaban, por la trayectoria de estas, inequívocamente habían sido hechos post-mortem y con los cuerpos en el suelo. Dada la situación, el doctor Berdichesky se comunicó telefónicamente con el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, en donde se le señaló que sólo les interesaba legalizar las defunciones, que no practicara autopsia, que la data de muerte era el 22 de septiembre de 1973, a dos kilómetros al sur del Retén Atalaya, y que los cuerpos debían salir directamente al Cementerio con un intervalo de una hora y con un acompañamiento no superior a tres personas por cadáver. Oficialmente se informó que los detenidos habían intentado fugarse cuando eran trasladados a Bucalemu.

            Al día siguiente, el doctor le contó al testigo que había sido llevado al Regimiento de Tejas Verdes, en donde le obligaron a cambiar el informe médico, borrando la parte que se refería a las heridas de arma blanca.

            El 27 de septiembre de 1973, Luis Alberto Sepúlveda fue detenido por Militares y conducido a Tejas Verdes en una camioneta de la Pesquera Arauco. Fue introducido en una oficina en donde se encontraba el Juez del Crimen de San Antonio, Patricio Bravo Larraín, el Comandante del Regimiento, Manuel Contreras Sepúlveda, y un civil que le dijo a este último que lo hacía responsable de la suerte del declarante. Fue sometido a torturas y el Fiscal Miranda le dijo a su cónyuge que estaba detenido por haber falseado informes de autopsia. En sus interrogatorios participó el Jefe de Investigaciones de San Antonio, Nelson Valdés Cornejo.

            Mientras permanecía en Tejas Verdes, vio, entre otros, a Gustavo Farías, a Florindo Alex Vidal y a Ceferino Santis, metidos en unos "nichos" que se hacían con estructuras metálicas que eran utilizadas para los puentes. En los primeros días de octubre, el testigo fue subido a una camioneta, en la noche, a la que también subieron a Santis, a Farías, a Vidal y a Luis Norambuena. Iban también otras personas que el testigo no recuerda. Norambuena le dijo que los iban a matar. El vehículo era una camioneta perteneciente a la Pesquera Arauco, de los que usaban para el transporte de pescado, y era conducido por militares. Cuando ya la camioneta se ponía en marcha, bajaron al declarante y un militar le dijo "por el bien tuyo y por el de nosotros, tú no has visto nunca esta camioneta".

            Amador Arturo Aguila Maturana fue detenido el 27 de septiembre de 1973 por efectivos de Investigaciones y del Servicio de Inteligencia Militar, entre los cuales iban el Prefecto Valdés de Investigaciones y el Capitán de Ejército Mario Jara. Fue conducido a Tejas Verdes. Una noche, alrededor de las 24 horas, en los primeros días de octubre, cuando el testigo regresaba de un interrogatorio al Campamento de Detenidos, lo introdujeron en la construcción que hacía las veces de comedor. Allí pudo ver a un grupo de detenidos a los que tenían separados del resto. Los militares prohibieron hablar con ellos porque, según dijeron, los iban a dejar en libertad. En el grupo estaban Ceferino Santis, Luis Norambuena Fernandois, Gustavo Farías Vargas, Florindo Alex Vidal Hinojosa, Víctor Fernando Mesina Araya y Jorge Luis Ojeda Jara.

            Arturo Florencio Farías Vargas -hermano del actual detenido desaparecido Gustavo Farías Vargas- fue detenido el 15 de septiembre de 1973 cuando se presentó en el Regimiento de Tejas Verdes después de haber sido llamado por Bando militar. De inmediato fue interrogado por el Fiscal Miranda y por personal del Servicio de Inteligencia Militar. El mismo día, en la noche, fue trasladado a la Cárcel de San Antonio, en donde quedó en libre plática. El 16 de septiembre, cerca de las 21 horas, fue sacado de su celda y conducido, en una camioneta station-wagon, junto a Ceferino Santis, a Luis Norambuena Fernandois, a Jorge Cornejo Carvajal y Patricio Rojas González (estos dos últimos ejecutados el 18 de noviembre de 1973), hasta las dependencias del Cuartel de Investigaciones de San Antonio, en donde fueron interrogados por separado. A Santis se le acusaba de pertenecer al Frente de Trabajadores Revolucionarios de Rayonhil. Alrededor de las 4 de la madrugada del día 17 de septiembre, fueron devueltos a la Cárcel; Santis, Norambuena, Rojas y Cornejo, fueron ingresados incomunicados en celdas de castigo.

            Posteriormente, en los primeros días de octubre de 1973, Arturo Farías fue llevado nuevamente desde la Cárcel de San Antonio a Tejas Verdes, alrededor de las 24:00 horas. De amanecida, cuando fue sacado de las dependencias donde fue violentamente torturado, vio que en el patio del recinto militar había dos grupos de detenidos. El testigo fue llevado hacia uno de ellos, en el que vio a cinco personas. En esos momentos, un Sargento le señaló a los guardias que lo conducían "el detenido no va con el Comandante", de modo que fue llevado hasta el segundo grupo. En el grupo de cinco detenidos vio a Gustavo Farías Vargas, su hermano, que se notaba muy agotado, al igual que las otras personas; a Luis Norambuena; a Ceferino Santis que vestía un chaquetón azul marino, pantalones oscuros, chaleco clara y camisa blanca; a Florindo Alex Vidal, quien era funcionario de Vialidad de la Municipalidad de San Antonio, y a Jorge Ojeda Jara, tirado en el suelo puesto que en torturas le habían quebrado la columna vertebral. El declarante no volvió a ver a este grupo (NOTA: en este grupo se encontraba una sexta persona: Víctor Mesina Araya).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 1° de octubre de 1974, ante el 1er. Juzgado del Crimen de San Antonio, se interpuso una denuncia de presunta desgracia del afectado, la que fue rolada con el N°30.385. En la presentación, Juana Farías Nilo, junto con relatar las circunstancias de la detención de su cónyuge, señalaba "he recorrido varias ciudades, incluso Santiago; he preguntado por todas partes; he ido a la morgue de San Antonio periódicamente, y en estos meses no he tenido ninguna respuesta acerca de su paradero".

            Consultado el Alcaide de la Cárcel de San Antonio, Mario Jacindo Márquez, éste ofició al Tribunal informando que Ceferino Santis Quijada había ingresado a dicho penal con fecha 13 de septiembre de 1973, por orden del Fiscal de Tejas Verdes y egresó con fecha 8 de octubre "por traslado a otro recinto de detención", (2 de octubre de 1974). Por su parte, Investigaciones, ante una orden judicial, señaló, el 25 de octubre de 1974, que se había averiguado en la Fiscalía Militar de Tejas Verdes, donde se informó que Ceferino Santis Quijada estuvo detenido desde el 12 de septiembre al 8 de octubre de 1973, por orden de dicha Fiscalía, "la cual lo dejó en libertad el día 8 de octubre". Se agregó que se habían revisado listas de cadáveres sometidos a autopsia en la morgue del Hospital de San Antonio, sin resultados favorables. También Investigaciones dijo haber revisado estadísticas de recluidos en la Cárcel de dicha ciudad, sin mejores resultados. Esta última información fue abiertamente contradictoria a la entregada por el Alcaide del establecimiento penal mencionado.

            Sin otra diligencia, el 20 de noviembre de 1974, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa por "no encontrarse debidamente justificada la presunta desgracia de Ceferino Santis Quijada".

            El 6 de febrero de 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación remitió antecedentes al 1er. Juzgado del Crimen de San Antonio, acerca de 21 casos de desaparecimientos y homicidios ocurridos en el Campamento de Detenidos dependiente del Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, del que, en 1973, era Comandante Manuel Contreras Sepúlveda. Entre los casos presentados estaba el de Ceferino Santis Quijada. Se instruyó así, la causa rol N°51.071-11, por presunta desgracia y otros, el 22 de febrero de 1991.

            El proceso se inició con la citación a comparecer a todas las personas que declararon al respecto ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Posteriormente se realizaron numerosas diligencias. En el caso particular del afectado el 24 de abril de 1991, se interpuso una querella por secuestro en contra de quienes resultaren responsables. Junto con relatar los hechos, se acompañaron las declaraciones de personas que estuvieron detenidas junto a la víctima. Se solicitó, entre otras diligencias, la comparecencia de testigos ante el Tribunal, y oficiar al Instituto Médico Legal de San Antonio para que remitiera los protocolos de autopsia de todas las personas de sexo masculino ingresados como NN entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 1973.

            Durante 1991 concurrieron a declarar al Tribunal los testigos de reclusión del afectado. En septiembre de ese año, se tuvo a la vista la causa rol N°30385, la que fue acumulada al actual proceso.

            En su aspecto general, durante la tramitación del proceso 51.071- 11, se solicitó, en noviembre de 1991, la remisión del sumario que se ha llevado en el Colegio Médico en contra del doctor Vittorio Orvietto, reconocido por numerosos testigos como torturador en Tejas Verdes. Una testigo, que fue violada y sometida a vejámenes sexuales y malos tratos, declaró haberlo visto a los pies de la camilla en la que ella estaba atada desnuda. Otros testimonios señalaron que se identificaba a este médico como a un sujeto déspota y brutal, que ingresaba al Campamento con uniforme militar y delantal blanco y que, durante los interrogatorios, auscultaba a las víctimas e indicaba si se podía o no continuar con la sesión de tortura. También se pidió que compareciera Nelson Valdés Cornejo, 2° Jefe de Investigaciones de San Antonio, en 1973, y quien fuera reconocido como duro torturador. En cuando a las declaraciones de Hernán Becerra Madrid, hechas ante el Tribunal en junio de 1991, relativas al hallazgo del cuerpo del afectado en el mar por un barco de la Pesquera Chile, cuyo motorista era Ramón Urbina, el Tribunal emitió orden de investigar el paradero de este testigo. El 12 de diciembre de 1991 compareció ante el 1° Juzgado del Crimen de San Antonio, Ramón Heraclio Urbina Bustos, motorista de naves especiales (pesqueros de más de 50 toneladas). Expuso que efectivamente conocía a Hernán Becerra, pero negó haber encontrado el cuerpo de la víctima, a la que no conoce.

            El 17 de diciembre de 1991, compareció ante el Tribunal, Nelson Patricio Valdés Cornejo, quien reconoció su Jefatura de Investigaciones de Santiago, pero negó su participación en torturas y detenciones. Dijo haber concurrido al Regimiento de Tejas Verdes sólo para constatar si entre los presos políticos había algún delincuente habitual. Señaló que era fácil ser reconocido porque había sido Presidente de un Club Deportivo de Cartagena.

            Se realizaron además una serie de gestiones por los distintos casos en investigación, y, a diciembre de 1991, aún se encontraba este proceso en tramitación y con diligencias pendientes.

SANTIAGO (SputniK) — La violación de derechos humanos ejercida por la dictadura de Chile (1973-1990) incluyó procedimientos en los que lanzaban personas vivas al mar desde helicópteros, reveló el diario digital El Dínamo.

El medio digital publicó un testimonio que Orellana dio a la justicia en mayo de 2012, en el cual dijo que tres detenidos desaparecidos durante la dictadura chilena habían sido arrojados vivos desde un helicóptero al Océano Pacífico.

Orellana ejercía como mecánico de los helicópteros militares durante la dictadura y formó parte del vuelo en que Ceferino Santis, Luis Norambuena y Gustavo Farías fueron empujados vivos al mar en octubre de 1973.

“El capitán empujó hacia abajo a uno de los sujetos y este apoyó los pies en el carenaje del tren de aterrizaje, se produjo una lucha, un forcejeo y, visto esto, lo vuelve a tirar de las axilas, lo despega del tren de aterrizaje y lo lanza hacia el mar”, detalló Orellana.

El militar en retiro relató que la situación comenzó cuando las víctimas fueron trasladadas en una camioneta desde un centro de detención hasta el aeródromo de Tobalaba en Santiago, donde se encontraba estacionado el helicóptero.

“Al subir a la aeronave me encontré en el piso con tres personas vivas, que estaban atadas de pies y manos y con la vista vendada”, dijo Orellana.
En agosto de 2014, Orellana volvió a realizar otra declaración a la justicia y agregó que “las personas iban amarradas, con los ojos vendados y con un pedazo de fierro amarrado a los pies, y nunca escuché sus voces”. 

El exmecánico relató que los oficiales a cargo advirtieron antes de despegar que si no aceptaban la misión, los tomarían prisioneros y los fusilarían por “traidores a la patria”.

LANZAMIENTOS

Orellana afirmó que todos los tripulantes aceptaron la misión y despegaron rumbo a la costa chilena, cerca de la localidad de Santo Domingo (centro), y relató cómo uno de los exagentes a cargo arrojó a las víctimas al mar.

“El capitán tomó a la persona más adulta de los pies, lo giró hacia la puerta y lo empujó con las manos hacia abajo, hacia el mar”, señaló.
Por las características, se cree que la víctima se trataría de Ceferino Santis, un obrero y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario que estaba casado y tenía dos hijos.

“Al segundo sujeto lo tomó de las axilas, lo llevó hacia la puerta y lo tomó de los pies, empujándolo de la misma manera que al primero”, dijo, refiriéndose probablemente a Luis Norambuena, secretario regional de la Central Unitaria de Trabajadores.

El tercer sujeto, el que luchó para no caer, fue probablemente Gustavo Farías, un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario y el más joven de las tres víctimas.

Por último, señaló que la identidad de los exagentes a cargo “serían probablemente”: el mayor Emilio de la Mahotiere, el capitán Richter Nuche Sepúlveda y el exagente Miguel Krashnov.

Debido a este testimonio, estos tres exagentes fueron procesados el 9 de mayo pasado por estos crímenes, según relató .

Esta forma de exterminio llamada Vuelo de la Muerte se realizaba durante el régimen de Augusto Pinochet y también en otras dictaduras latinoamericanas, con el objetivo de hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas.

En Chile, el régimen de Pinochet utilizaba el término clave “operación retiro de televisores” para referirse a esta práctica.

Es la primera vez que un testimonio confirma los llamados “vuelos de la muerte” en dictadura.

El suboficial (r) del Ejército, Juan Guillermo Orellana Bustamante, es el autor del único testimonio que confirma los llamados "vuelos de la muerte" durante la dictadura militar, práctica donde se lanzaban prisioneros vivos al mar.

Según reveló El Dínamo, fue el propio Miguel Krassnoff quien, desde un Helicóptero Puma H225, arrojó al océano a tres detenidos del Regimiento Tejas Verdes de San Antonio: Ceferino del Carmen Santis Quijada (MIR), Luis Fernando Norambuena Fernandois (PS) y Gustavo Manuel Farías Vargas (MIR) .

El hecho ocurre en octubre de 1973. Orellana trabajaba como mecánico del helicóptero militar y formó parte de una tripulación que despegó de madrugada desde el aeródromo de Tobalaba hasta las Rocas de Santo Domingo.

Allí fueron recibidos por un capitán del Ejército vestido de civil. "Me encontré en el piso con tres personas vivas, que estaban atadas de pies y manos y con la vista vendada". Además, tenían "un pedazo de fierro amarrado a los pies, por lo que nunca escuché sus voces", cuenta.

Desde ese lugar partieron rumbo al océano los tres prisioneros, el propio Orellana el misterioso capitán del Ejército vestido de civil, el mayor Emilio Robert de la Mahotiere y el capitán Richter Nuche Sepúlveda, que oficiaba como copiloto.

El primero de ellos los reunió y advirtió que "en esta misión a cumplir, tenemos dos caminos a seguir. Primero que cumplamos la misión y segundo que la rechacemos".

"En esta segunda instancia, nos tomarán prisioneros, trasladados a Tobalaba, se nos realizará un Consejo de Guerra y seremos fusilados por traidores a la patria", añadió.Orellana reconoció que estaba a cargo de abrir la puerta, mientras el capitán del Ejército lanzaba a los tres militantes de izquierda al Pacífico. Recuerda que el tercero de ellos, Farías, opuso resistencia pese a estar totalmente atado.

"Quiero hacer presente que el oficial de Ejército que lanzó a las personas que se encontraban amarradas, vendadas y vivas, dentro del helicóptero, me parece que correspondería a Miguel Krassnoff", explica el suboficial en su testimonio.

Krassnoff en ese tiempo efectivamente era capitán. Años después integró el primer contingente de la DINA y comandó la Brigada Halcón, encargada del exterminio de todos los militantes del MIR del país.El suboficial en retiro, que en ese entonces tenía el rango de cabo segundo, declaró por primera vez el pasado 29 de mayo de 2012. Pero su segunda declaración en 2014, permitió al juez Jaime Arancibia agregar como autores de secuestro calificado a Krassnoff, De la Mahotiere y Nuche.

La Organización es querellante en la causa, la cual tiene los primeros testimonios de militares acerca de los operativos de exterminio por medio de aparatos aéreos.

Corte de Apelaciones de Valparaíso, sometió a proceso como autores del secuestro calificado a Miguel Krassnoff Martchenko, Carlos Oscar Evaristo Gregorio Mardones Díaz, Ritcher Aliro Nuche Sepúlveda y a Emilio Robert De la Mahotiere González, por los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado. Las víctimas del caso fueron Ceferino Del Carmen Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois y Gustavo Manuel Farías Vargas, todos detenidos desaparecidos.

En el proceso se establece que las víctimas fueron detenidas entre el 12 de septiembre de 1973 y la primera quincena de octubre de ese mismo año por funcionarios del Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes de San Antonio, y luego conducidos a diversos recintos de detención como el Campamento de Prisioneros número 2 de Tejas Verdes y la Cárcel Pública. Luego estas personas son trasladadas a Santo Domingo, subido a helicópteros y lanzados al mar.

La organización Londres 38 se presentó como querellante en el caso y está a la espera de los pronunciamientos de la justicia, como lo señaló la abogada querellante, Magdalena Garcés.

Por primera vez, desde que se investigan las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, existen testimonios que da cuenta del lanzamiento de personas vivas al mar. El Dínamo informó del caso de Juan Guillermo Orellana Bustamante, suboficial en retiro del Ejército, quien, como mecánico del helicóptero militar, formó parte de una tripulación que despegó de madrugada desde el aeródromo de Tobalaba.

Orellana declaró por primera vez el 29 de mayo de 2012 y su testimonio había pasado inadvertido hasta hoy. Señala que el vuelo ocurre el 12 de septiembre, sin embargo conforme a los antecedentes que se han podido conocer, es posible que la fecha que menciona corresponda a los primeros días de octubre.

Juan Guillermo Orellana también amplió su declaración el 7 de agosto de 2014. Allí agregó otro dato que coincide con la política sistemática de desaparición forzada de cientos de prisioneros y prisioneras en el mar: “Las personas iban amarradas de pies y manos y con los ojos vendados y con un pedazo de fierro amarrado a los pies, por lo que nunca escuché sus voces”.

Ceferino del Carmen Santis Quijada, fue obrero y militante del MIR industria Rayonhil. Tenía 31 años y era el mayor de las tres personas secuestradas. Era casado y tenía dos hijos. Luis Fernando Norambuena Fernandois. Con 30 años, era integrante del Comité Central del Partido Socialista, regidor por San Antonio y secretario regional de la CUT. Trabajaba en Esso Industrial. También era casado y tenía un hijo. Gustavo Manuel Farías Vargas, un recaudador de obras sanitarias en San Antonio, militaba en el MIR y era soltero. Él y sus tres hermanos fueron detenidos y llevados a los cuarteles de Tejas Verdes.

Como método de exterminio, los vuelos de la muerte son ampliamente conocidos en Argentina, donde la dictadura lo utilizó para masacrar prisioneros. Se calcula que entre mil 500 y tres mil personas fueron lanzadas desde aviones, a las costas del Río de la Plata y el estuario, en la desembocadura de Atlántico.

Con la revelación realizada, la expectativa de la investigación del juez Arancibia es determinar si se trató del único vuelo de la muerte o pudo haber existido otros.

La semana pasada estuvo marcada, entre otras cosas, por la decisión judicial que decretó el procesamiento de Cristián Labbé. En lo personal, no he llegado a formarme ningún tipo de convicción que me permita asignarle responsabilidades específicas por los crímenes cometidos en la zona de San Antonio, entre septiembre de 1973 y marzo de 1974. Para estos efectos, como ha sido mi regla de conducta, me mantendré fiel al criterio de análisis según el cual todas las personas, aún aquellas contra quienes existen sospechas o presunciones fundadas, deben ser consideradas como inocentes mientras no se pruebe lo contrario.No me interesa, por tanto, lanzar piedras inculpatorias.Dejémosle la difícil tarea de dilucidar responsabilidades a nuestro Poder Judicial Lo que sí quisiera compartir con mis lectores es la desazón que me ha producido la forma en que algunos sectores políticos han reaccionado frente a la resolución judicial en comento. Me refiero, en concreto, a quienes han reaccionado ante esta sentencia desde una pura y simple clave política. Permítaseme explicar mi decepción. No me sorprende que existan quienes duden de la imparcialidad de algunos de nuestros jueces. Puedo comprender, además, que exista el ánimo de prestar apoyo moral a un amigo que se considera digno de confianza. Incluso, puedo entender que alguien, en la vorágine de la pasión política, asuma que el oponente político está detrás de todo lo que podría causar perjuicio al sector propio.

Un crudo testimonio fue al que tuvo acceso exclusivo el medio digital El Dínamo, que narra las declaraciones entregadas por Juan Guillermo Orellana Bustamante, suboficial en retiro del Ejército, quien cuenta cómo transcurrieron las últimas horas de tres detenidos que fueron lazados al mar vivos desde un Helicóptero H225 “Puma”, en los denominados “vuelos de la muerte”.

Los testimonios fueron recogidos de las declaraciones del ex mecánico de la nave aérea, entregados al juez Jaime Arancibia, quien investiga delitos contra los DDHH durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

Los relatos impactan por la crudeza de los hechos, que cuentan sobre las condiciones en que los prisioneros fueron trasladaos, únicos antecedentes hasta ahora del lanzamiento de personas vivas mar adentro por efectivos de la dictadura.

Las víctimas fueron identificadas como Ceferino del Carmen Santis Quijada (obrero y militante del MIR), Luis Fernando Norambuena Fernandois (integrante del Comité Central del Partido Socialista) y Gustavo Manuel Farías Vargas (militante del MIR). Todos ellos fueron detenidos por militares del Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes de San Antonio, según detalla El Dínamo.

“Este sujeto joven le puso resistencia, pero este capitán igual lo tomó de las axilas, lo giró hacia la puerta y lo lanzó al mar. Aquí hay un detalle: el capitán, al empujar hacia abajo, el sujeto apoya los pies en el carenaje del tren de aterrizaje, se produce una lucha, o sea un forcejeo y, visto esto, lo vuelve a tirar de las axilas, lo despega del tren de aterrizaje y ahí lo lanza hacia el mar”, cuenta Orellana sobre cómo murió Gustavo Manuel Farías, el único de los tres que se resistió frente a esta brutal agresión.

“Quiero hacer presente que el oficial de Ejército que lanzó a las personas que se encontraban amarradas, vendadas y vivas, dentro del helicóptero, me parece que correspondería a Miguel Krassnoff”, señaló Orellana, refiriéndose al entonces capitán que integró el primer contingente de la DINA y pronto comandaría la Brigada Halcón, dedicada a exterminar a los militantes del MIR en todo el país, según puntualizó El Dínamo.

Justo 16 días después de asumir, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el Decreto Supremo 242 en que nombró ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel a la jueza del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago,  Marianela del Carmen Cifuentes Alarcón.La ministra hizo noticia esta semana tras procesar al ex alcalde de Providencia, coronel (r) Cristián Labbé Galilea, por su presunta participación como “autor en el delito de asociación ilícita” en el marco del denominado caso “Tejas Verdes”.

La abogada Cifuentes se tituló en la Universidad Católica e ingresó al Poder Judicial en 1992 como secretaria del Juzgado de Letras de Talagante. Posteriormente asumió como relatora suplente en la Corte de Apelaciones de San Miguel, hasta ser nombrada relatora titular en 1995.

En 2002 asumió como jueza titular del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y, entre otros casos, condenó a 170 años de cárcel a 18 integrantes de la banda de narcotraficantes de la población La Legua, conocida como los “Cara de Pelota”.

La jueza Cifuentes fue elegida por la Mandataria de la terna elaborada por la Corte Suprema, donde figuraba en el tercer lugar. Los dos primeros nombres en la lista eran el juez titular del 27°juzgado Civil de Santiago, Javier Torres Vera, quien ingresó al Poder Judicial en 1970; y  la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dora Mondaca Rosales, quien se incorporó a la carrera judicial en 1994, e incluso fue presidenta de dicha Corte entre 2012 y 2013.

Careos a Labbé en 2005

En noviembre de 2012, la hoy ministra tuvo su primera vinculación con el caso de “Tejas Verdes” tras ser nombrada como ministra de fuero suplente de la Corte de Apelaciones de San Miguel para causas de derechos humanos, en reemplazo del emblemático ministro Héctor Solís.

Solís había interrogado al entonces alcalde Labbé en diciembre de 2003 durante una hora y media, en calidad de testigo, en el proceso por torturas y detenciones ilegales, pero el edil aseguró que nunca participó ni constató violaciones a los derechos humanos en el recinto, y que su función se limitó a impartir clases de educación física al personal militar.

Un año después, la ministra Carmen Garay, quien subrogó a Solís durante enero de 2005, careó  a Labbé con un ex prisionero que dijo haberlo visto en el recinto. Sin embargo, el alcalde reiteró su postura, y denunció la “desesperanza” de los militares porque ven que “la justicia no existe para ellos. He sido oficial del Ejército y estuve en la Dina. No tengo nada que ocultar. No significa eso que tenga que pasar por tribunales por haber sido militar”.

Tras cinco años de investigaciones, en diciembre de 2008, el juez Solís dictó nueve condenas por el secuestro calificado de José Pérez Hermosilla en el recinto militar “Tejas Verdes”. El jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, fue condenado a 15 años de presidio y otros cinco militares a cinco años de cárcel.

La condena fue la cuarta que dictaba el ministro Solís en contra del mismo grupo de personas, y la novena condena en causas de derechos humanos. Al no acreditar la participación de Labbé en los hechos, lo dejó fuera de los procesamientos.

Nuevas diligencias

Tres meses después de jurar como integrante del tribunal de alzada, la ministra Cifuentes instruyó nuevas diligencias en el caso de “Tejas Verdes”. Para ello dispuso que se iniciaran excavaciones para buscar osamentas humanas en la localidad de Rocas de Santo Domingo, ex fundo Las Brisas, en la Región de Valparaíso.

Las laborales las realizaron la Brigada de Derechos Humanos y el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones, y peritos de la Unidad Especial de Identificación Forense del Servicio Médico Legal.

Dos meses después de las diligencias, el pasado lunes 20, la ministra Cifuentes dictó el auto de procesamiento por los delitos de secuestro con aplicación de tormentos, homicidio calificado, secuestro calificado en contra de nueve militares en retiro del Ejército, Carabineros y de la PDI por su responsabilidad en los casos que involucran a las víctimas Óscar Gómez Farías, CEFERINO DEL CARMEN SANTIS QUIJADA , Luis Norambuena Fernandois, Jorge Cornejo Carvajal, Jorge Ojeda Jara, Víctor Mesina Araya, Florindo Vidal Hinojosa, Gustavo Farías Vargas, Aquiles Jara Álvarez, Jenaro Mendoza Villavicencio, Carlos Carrasco Cáceres, Carlos Galaz Vera y Miguel Ángel Moyano Santander. Al ex alcalde Labbé lo procesó como “autor de asociación ilícita”.

Este jueves, la tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel le otorgó la libertad bajo fianza a Labbé tras el pago de $500 mil.

La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó hoy, miércoles 22 de octubre, la decisión de la ministra en visita Marianela Cifuentes de conceder la libertad bajo fianza a Cristián Labbé Galilea, Carlos Silva Salinas y Bernardo Purto Yarcho, procesados por su responsabilidad en el denominado episodio «Tejas Verdes».

En fallo unánime (causa rol 19-2014), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Stella Elgarrista, Carmen Gloria Escanilla y el abogado (i) Nicolás Arrieta– ratificó el beneficio, pero elevando el monto de la fianza a rendir de $200.000 (doscientos mil pesos) a $500.000 (quinientos mil pesos).

El 20 de octubre pasado, la ministra en visita extraordinaria para causas por violación a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó auto de procesamiento por los delitos de asociación ilícita, secuestro calificado y aplicación de tormentos a prisiones del campo de Tejas Verdes, ocurridos en 1973.

En la causa, la magistrada procesó a miembros en retiro del Ejército, Carabineros y de la PDI por su responsabilidad en los casos que involucran a las víctimas Óscar Gómez Farías, Ceferino Santis Quijada, Luis Norambuena Fernandois, Jorge Cornejo Carvajal, Jorge Ojeda Jara, Víctor Mesina Araya, Florindo Vidal Hinojosa, Gustavo Farías Vargas, Aquiles Jara Álvarez, Jenaro Mendoza Villavicencio, Carlos Carrasco Cáceres, Carlos Galaz Vera y Miguel Ángel Moyano Santander.La ministra Cifuentes encausó por su responsabilidad en los delitos de secuestro, aplicación de tormentos, homicidio calificado, secuestro calificado y asociación ilícita a: Manuel Contreras Sepúlveda, Klaudio Kosiel Horning, Pablo Quintana Salazar, Vittorio Orvietto Tiplitzky, Ramón Carriel Espinoza, Rodolfo Vargas Contreras, Nelson Valdés Cornejo, Carlos Silva Salinas, Bernardo Purto Yarcho; en tanto, procesó por el cargo de asociación ilícita a Cristián Labbé Galilea.De los 10 procesados, sólo tres elevaron solicitud de libertad provisional. (fuente; poder judicial)