Sandoval Medina Gerónimo Humberto

Rut       : 30.224 de Collipulli.

F.Nacim. : 20-12-50, 22 años al momento de su detención.

Domicilio : Fundo Pemehue, Mulchén.

E.Civil  : Soltero.

Actividad : Obrero Agrícola.

C.Repres. : Sin militancia ni cargo de representación social.

F.Detenc. : 6 de octubre de 1973

   SITUACION REPRESIVA

            Gerónimo Humberto Sandoval Medina, soltero, obrero agrícola, sin militancia política, fue detenido en su domicilio el día domingo 7 de octubre de 1973, alrededor de las 17:00 horas, en presencia de sus padres y hermanas, por uniformados que preguntaron por él. Lo sacaron violentamente de su casa y lo condujeron al trote, delante de ellos, atemorizándolo con aplastarlo con las patas de los caballos que montaban, hasta las casas de Administración del fundo "Pemehue" de Mulchén.

            Los aprehensores, en un número aproximado a treinta, formaban parte de un grupo compuesto por Carabineros, Militares y civiles armados que, ese día domingo, poco antes de las 17:00 horas, llegó al fundo "Pemehue", proveniente desde el predio "El Carmen Maitenes". Entre ellos los campesinos pudieron identificar al -en ese entonces- Teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha; a los carabineros Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate") y Héctor Armando Guzmán Saldaña, ambos ex funcionarios del Retén El Morro. A los civiles, Romualdo ("Mallo") Guzmán Saavedra, agricultor; Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de barraca maderera; Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor, todos domiciliados en Mulchén; Rolf Düring Pohler, hijo de los propietarios del Fundo Verdún; Samuel Arriagada Domínguez, un hermano de éste y Raúl Tirapeguy.

            La patrulla portaba una lista de nombres de lugareños del sector que, al parecer, había obtenido en un allanamiento a una sede sindical campesina en Mulchén. De esta forma, procedieron a detener violentamente en el Fundo Pemehue, desde sus respectivos domicilios a: Alberto y Felidor Exequiel Albornoz González, Gerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Fernando Gutiérrez.

            Los 5 detenidos fueron recluidos en la casa de Administración del fundo, donde fueron torturados y, posteriormente, conducidos hacia el río Renaico, donde los ejecutaron. Este traslado fue presenciado por don Juan Angel Segura, lugareño de la Parcelación Los Guindos, quien vio cuando los uniformados se dirigían por la ribera del río hacia el Este con las cinco víctimas. Al percatarse los victimarios de su presencia le obligaron a cubrirse la vista y, minutos después, el señor Segura escuchó una fuerte descarga de fusilería. Al poco rato, vio volver a los militares pero, en esta ocasión, sin las víctimas. Por temor de sufrir similares consecuencias, no se atrevió a ir hasta el lugar desde donde provenían los disparos.

            Los agentes permanecieron tres días en el fundo Pemehue. Uno de esos días, tres de ellos se presentaron en la parcela de don Juan Angel Segura y le exigieron una vaquilla y un cordero, los que debió carnear para entregárselos. Para esto el carabinero Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate"), hizo valer su conocimiento anterior con el parcelero, cuando "El Alicate" se desempeñaba en la dotación del Retén de la Hacienda "El Morro", donde Segura lo había tratado.

            Sólo días después, una vez que se aseguraron que los victimarios habían abandonado el lugar, los familiares se atrevieron a salir de sus casas en busca de seres queridos. Participaron en dicha búsqueda María Carrasco Rosales, cónyuge de Alberto Albornoz González; la señora Gloria, cónyuge de Fernando Gutiérrez; María Medina Bustamante, madre de Humberto Sandoval Medina y la esposa e hijos de Juan Roa Riquelme.

            Los cadáveres de Gerónimo Humberto Sandoval Medina, Alberto y Felidor Albornoz González y Fernando Gutiérrez, los pudieron ubicar en un sector de la ribera del río Renaico; estaban semicubiertos con unas piedras pesadas y presentaban evidentes huellas de tortura y numerosos impactos de balas. Por el tiempo transcurrido estaban destrozados parcialmente y comidos por los perros y roedores del lugar. Los árboles del sector presentaban en sus troncos numerosos impactos de balas.

            Los familiares cavaron en el mismo lugar una fosa de más o menos un metro de profundidad, donde colocaron los cuatro cuerpos, cubriéndolos con tierra y enmarcando con piedras el lugar.

            Internándose un poco al bosque y en la planicie de un pequeño monte, fue encontrado el cadáver de Juan de Dios Roa Riquelme. Sin embargo, los restos encontrados correspondían sólo a la parte inferior del cuerpo y a un trozo superior de la columna vertebral. El cuerpo pudo ser identificado debido a que quedaban algunos trozos de sus ropas y a pocos metros fue encontrada su cédula de identidad. Un hijo de la víctima, apodado "El Chuma" y la señora Medina, cavaron una pequeña fosa y lo sepultaron, marcando el lugar con una cerca de madera.

            El 12 abril de 1979, aproximadamente a las 5:30 horas, la señora María Medina Bustamante, madre de Gerónimo Humberto Sandoval, vio pasar dos vehículos con varios individuos en su interior, en dirección al fundo Pemehue. Uno era una camioneta Pick-up de color claro y el otro un station o furgón de carrocería alta, que tenía pintado a lo largo dos franjas de color naranja y de color café, respectivamente. Los vio regresar como a las 10:30 horas, y esta vez la camioneta llevaba cubierto con palos y ramas el espacio destinado a la carga. Ese mismo día, el parcelero Juan Angel Segura vio desde su parcela a estos vehículos. El mismo operativo que detuvo y ejecutó a los 5 campesinos del Fundo Pemehue los días anteriores había detenido y también ejecutado a otros 13 campesinos de predios cercanos. El 5 de octubre llegaron a la Hacienda El Morro deteniendo a Juan de Dios Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda Castillo, José Vidal Aedo, Celsio Vivanco Carrasco y a José Florencio Yáñez Durán, y un día después el mismo grupo en el Fundo Carmen Maitenes detiene a otros 8 campesinos: Miguel Albornoz Acuña, Alejandro, Daniel y Guillermo Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval y a los hermanos Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez. Todos ellos también fueron ejecutados por sus captores, en las riberas del río Renaico. (Ver fichas de Juan de Dios Laubra Brevis y de Florencio Rubilar Gutiérrez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            En el Juzgado de Letras de Mulchén se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval". Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.

            El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.

            El 14 de julio de 1980, la Corte de Apelaciones de Concepción, acogiendo un escrito presentado por el Arzobispado de la misma ciudad, acordó facultar al ministro Cerda para que investigara los hechos ocurridos en la Hacienda "El Morro", acumulando dichos antecedentes a la causa Nº 20.595 del Juzgado de Letras de Mulchén.

            En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de cinco campesinos de la Hacienda "El Morro".

            El día 21 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para seguir conociendo la causa debido a que existía personal uniformado inculpado; pasando la causa al III Juzgado Militar de Concepción, siendo rolada con el N°446-81.

            El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191 de 1978 de Amnistía, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 18 de diciembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento definitivo a temporal.

Cuando nos aproximamos a cumplir cuarenta años del golpe militar en Chile, numerosas causas por violaciones a los derechos humanos siguen vigentes y en plena tramitación. En la región del Bío Bío, una de las situaciones más impactantes de que se tiene memoria es la matanza de 18 campesinos en la zona rural de Mulchén, hecho ocurrido entre los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973.

A pocos meses de cumplirse 40 años de este cruel episodio, la justicia sigue actuando, aunque el fallo emitido este jueves por la Corte de Apelaciones de Concepción no era lo que buscaba el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

En efecto, Patricia Parra abogada del Programa, había solicitado al ministro especial para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, que sometiera a proceso a catorce personas entre civiles y militares como autores y encubridores de los delitos de secuestro y homicidio calificado  en la persona de 18 obreros agrícolas de los sectores El Morro, Pemehue y Carmen Maitenes, de la comuna de Mulchén.

Los restos de las víctimas que habían sido enterradas en las inmediaciones del río Renaico, lugar que fue identificado por los familiares con piedras y palos. Sin embargo, a comienzos de 1979, cuando ya había estallado el caso Lonquén y el de Laja San Rosendo, empezaba a hacerse público, se dispuso la exhumación de los restos de las víctimas y su desaparición por completo. Fue lo que se llamó “Operación Retiro de Televisores”.  Y fue lo que ocurrió con las víctimas de Mulchén.

Como el ministro Aldana rechazó la solicitud, el 6 de agosto de 2012, la abogada Parra apeló a la Corte de Apelaciones, donde los integrantes de la Quinta Sala, ministros Juan Villa y Claudio Gutíérrez, además del abogado integrante Mauricio Ortiz, confirmaron la resolución de Aldana, denegando así lo solicitado por el Programa de Derechos Humanos.

La solicitud de autos de procesamiento recaía en Rolf During Polher, Samuel Arriagada Domínguez, Raúl Tirapeguy Silva, Osvaldo Díaz Quintana y Patricio Martínez Moena, en calidad de autores del delito de secuestro y homicidio calificado cometido en la persona de Juan Laubra Brevis, José Yañez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Guillermo Albornoz, Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Fernando Gutiérrez Ascencio, y en Jaime Óscar García Zamorano, Julio Guillermo Humberto Reyes Garrido, Julio Hernán Fuentes Chavarriga, Jaime Alberto Müller Avilés, Mario Rafael Contreras Brito, Luis Alberto Palacios Torres, Juan Luis Cares Molina, José María Tucapel Iturriaga Valenzuela y José Francisco Puga Pascua, todos ellos en calidad de encubridores del delito de homicidio calificado perpetrado en la persona de las víctimas ya individualizadas.

Tras analizar los antecedentes, la Quinta Sala concluye que se requiere que “la participación del inculpado importe un nexo físico o material con el hecho punible, y que resulte de serios  antecedentes de convicción que constituyan presunciones fundadas que deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, pero sin que constituyan prueba completa”.

Acorde a ello, y analizados en su contexto los antecedentes presentados por la solicitante el 6 de agosto de 2012, se concluye que “no tienen mérito suficiente para acreditar que en la especie concurra el requisito indicado en el Nº 2 del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. En cada caso, debe existir copulativamente nexo físico y presunciones fundadas, y ello no se ha acreditado en la situación en estudio”.

El proyecto busca resaltar la importancia de la cultura de los derechos humanos, en todos sus ámbitos, y especialmente desde la mirada que deben tener los servicios públicos.

Con la presentación del “Sendero de la Memoria” en la Reserva Nacional Malleco en la Región de La Araucanía, el próximo 29 de octubre, continuará el trabajo de resaltar al interior de la Corporación la importancia de vivir en una cultura cívica del respeto de los derechos humanos y, a la vez, rescatar la memoria cotidiana y emotiva recordando a los trabajadores de la institución que fueron víctimas de la represión política ejercida por la Dictadura Militar.

El objetivo de esta nueva iniciativa, enmarcada en el proyecto institucional “Árbol de la Memoria”, es que al interior de esta unidad protegida, se recuerde a los 13 trabajadores asesinados entre el 6, 7 y 8 de octubre de 1973, creando un sendero por el lugar que recorrían a diario para ir desde sus hogares a las faenas laborales, resaltando tanto a ellos como la necesidad del respeto irrestricto a los derechos humanos.

Cabe recordar que el pasado 9 de agosto, en una emotiva ceremonia realizada en el Museo de La Memoria y Los Derechos Humanos, nuestro Director Ejecutivo, Aarón Cavieres, formalizó este proyecto institucional, trabajo que se origina a partir de una propuesta efectuada por un grupo de trabajadores de la Corporación, el cual ha permitido a la fecha recabar información relativa a 19 trabajadores de CONAF que fueron asesinados en los meses de septiembre y octubre de 1973.

Uno de ellos, fue Oscar Gastón Aedo Herrera, práctico forestal de la Escuela de Contulmo, técnico de la COREF (Corporación de Reforestación, actual CONAF) en la ciudad de Salamanca, hoy día Provincia del Choapa, Región de Coquimbo, quien fue fusilado el 16 de octubre de 1973 junto a otras 14 personas en el Regimiento de Arica de la ciudad de La Serena, por orden del General Arellano Stark y su sanguinaria “Caravana de la Muerte”.

Luego están los 13 trabajadores de la Reserva Nacional Malleco (en esos años Reserva Forestal Malleco), a manos de una patrulla de aproximadamente 30 personas compuesta por militares, carabineros y civiles. Las víctimas fueron: Miguel del Carmen Albornoz Acuña; los hermanos Daniel Alfonso, Alejandro, Guillermo José, Alberto y Felidor Exequiel Albornoz González; Luis Alberto Godoy Sandoval; los hermanos Manuel Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez; José Fernando Gutiérrez Ascencio; GERONIMO HUMBERTO SANDOVAL MEDINA  y Juan de Dios Roa Riquelme.

También están 5 trabajadores de CONAF que laboraban en la Cordillera de Melipeuco, asesinados entre septiembre y octubre de 1973: Mario Rubén Morales Bañares; José Alejandro Ramos Jaramillo; los hermanos Gerardo Alejandro y José Moisés Ramos Huina; y Luis Alberto Soto Chandía.

El proyecto “Árbol de la Memoria”, busca rescatar los recuerdos cotidianos y emotivos de estos trabajadores. Junto con ello, se quiere promover al interior de la institución el ejercicio y el respeto por principios básicos de la convivencia social: Derechos Humanos, solidaridad, tolerancia y coherencia.

En este marco, el trabajo contempla también, además del “Sendero de la Memoria”, el diseño y elaboración de un libro “Árbol de La Memoria”, elaborado por un equipo de profesionales de CONAF que actuaran como un equipo editor, y “Talleres de Memoria y Derechos Humanos”, en las regiones de Coquimbo y La Araucanía, durante este año.

El proyecto será ejecutado por equipos regionales de CONAF, constituyéndose a la fecha dos equipos de trabajo, uno en la Región de Coquimbo, conformado en reunión efectuada el día 22 de julio en la ciudad de Coquimbo y el equipo que agrupa a las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, conformado en reunión realizada los días 23 y 24 de agosto en la ciudad de Temuco.

El ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó acusación en contra de ex miembros de carabineros y el ejército por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación ilegal y exhumación ilegal de 18 trabajadores de los fundos El Morro, El Carmen-Maitenes y Pemehue, ubicados en el sector precordillerano de la localidad de Mulchén.

En la resolución (causa rol 30.2007), el ministro Aldana acusó a los ex miembros de carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, en calidad de autores de los homicidios calificados de José Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ilícitos perpetrados el 6 y 7 de octubre de 1973.

Ex carabineros que, además, fueron acusados como autores de los delitos de secuestro calificado de: Juan de Dios Laura Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir del 5 de octubre de 1973. Agentes del Estado que también fueron acusados como autores del delito de inhumación ilegal de las 12 víctimas del delito de homicidio.

En tanto, los ex oficiales de ejército Jaime García Zamorano y Julio Reyes Garrido, y los ex suboficiales José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares Molina, y Juan Carlos Balboa Ortega, fueron acusados como encubridores de 11 delitos de homicidios -excepto el de Juan de Dios Roa Riquelme- y del delito de exhumación ilegal de dichas víctimas.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró determinar que las 18 víctimas fueron detenidas por personal del ejército del Regimiento N° 13 de Los Ángeles y de la Comisaría de Carabineros de Mulchén entre el 5 y 7 de octubre de 1973, en los fundos El Morro, El Carmen-Maitenes y Pemehue de la zona, fusilados e inhumados en dichos lugares, otros en el Cementerio de Mulchén o a las orillas del río Renaico, lugares donde los restos permanecieron por más de 5 años.

Entre fines de 1978 y comienzos de 1979, personal del Regimiento «Húsares» de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, retiró los restos de quienes fueron ejecutadas en octubre de 1973, y llevados con destino desconocido, llevando a cabo la "Operación retiro de televisores" que fue ordenada por el dictador para hacer desaparecer los restos de los desaparecidos asesinados.

La "Operación Retiro de Televisores" es una de las acciones más bestiales cometidas por la dictadura militar, por orden expresa del tirano, organizada con prontitud por el "impecable" jefe de CNI, Odlanier Mena, y ejecutada con solicitud criminal por las hordas de agentes que se solazaron con el terror que provocaban y causaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general. Hechos como estos, no pueden seguir quedando impunes. Solo resta esperar que Aldana y los tribunales se ocupen de aplicar justicia.

La investigación del ministro en visita, Carlos Aldana, estableció que el 4 de octubre de 1973, un cabo del regimiento N° 13 del Ejército de Los Ángeles, junto a 3 conscriptos, fueron delegados para ponerse a disposición de la comisaría de Carabineros de la ciudad.

Esa comisión acompañada de un teniente de Carabineros y 4 de sus funcionarios partió al sector cordillerano de Mulchén, para buscar una lista de personas opositoras a la dictadura militar de la época.

El 5 de octubre la comitiva llegó hasta el fundo ‘El Morro’ y detuvo, sin orden administrativa o judicial a 5 personas, quienes fueron trasladadas hasta el sector ‘La Playita’ del río Renaico para ser ejecutadas y posteriormente hacer desaparecer sus cuerpos.

Asimismo, la comitiva llegó hasta los fundos ‘Carmen’ y ‘Maitenes’, donde se detuvo a 7 personas a quienes se les obligó a cavar su propia fosa de muerte, de 6 por 4 metros, para posteriormente ser fusilados e inhumados ilegalmente.

El 7 de octubre, se detuvo a 5 personas en el fundo ‘Pemehue’, quienes fueron ejecutadas en el lugar y sus cuerpos dejados en fosas clandestinas, donde fueron encontrados por sus propios familiares.

Posteriormente, entre fines del año 1978 y principios del 1979, una sección del regimiento “Húsares” de Angol, luego de recibir un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército, concurrió a los sitios de las inhumaciones ilegales y exhumó los restos para hacerlos desaparecer, en medio de un proceso de investigación de los hechos.
 

CONDENADOS Y SUS VÍCTIMAS
En el fallo, el ministro Aldana condenó a Jacob Ortiz, Juan Higueras, Osvaldo Díaz y Héctor Guzmán a 10 años de prisión, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de Florencio Rubilar, José Liborio, José Lorenzo, Alejandro Albornoz, Luis Godoy, Miguel Albornoz, Daniel Albornoz, Alberto Albornoz, Felidor Albornoz, Jerónimo Sandoval, Juan Roa y José Gutiérrez.

Asimismo, estos mismos condenados deberán cumplir 5 años de presidio por los secuestros calificados de Juan Labruna, José Yáñez, Celsio Vivanco, Edmundo Vidal, Domingo Sepúlveda y Guillermo Albornoz.

En tanto, José Iturriaga, Jaime Muller, Julio Fuentes, Luis Torres, Juan Balboa y Jaime García fueron condenados a 3 años como encubridores del homicidio de 11 víctimas, más 541 días por exhumación ilegal. Absuelto resultó José Puga.
 

FAMILIARES INCONFORMES
El ministro Aldana explicó a radio Cooperativa que "ellos (carabineros) fueron sentenciados por delitos de homicidio calificado, secuestro calificado y de inhumación ilegal, en cambio, los militares participaron en un hecho el año 79, fue por el llamado 'Retiro de televisores' en que concurrieron al lugar de los hechos, desenterraron restos óseos de estas personas ejecutadas. Entonces, la pena de ellos es por encubridores, porque ellos no participaron ni como autores ni como cómplices, pero sí lo hicieron como encubridores", indicó.

Esto molestó a las familias de las víctimas y la vocera de los familiares de los 18 campesinos asesinados, Marina Rubilar, manifestó que "no estamos tan conformes, porque considero que los años que les han dado igual son pocos con respecto a la cantidad de víctimas asesinadas".

Mientras que Patricia Barra, abogada de las víctimas y familiares, anunció que en los próximos días presentarán un recurso de apelación para reconsiderar las condenas.

El reconocido abogado de la provincia, René Núñez Ávila, explicó a La Tribuna que “los familiares de las víctimas de derechos humanos en Chile, en general, consideran que este tipo de homicidios de lesa humanidad merecen las penas más altas, porque fueron hechas por el aparataje estatal, con alevosía y una serie de agravantes más, entonces las condenas recientemente asignadas son insuficientes para ellos de acuerdo a sus expectativas”.

Igualmente el también candidato al Parlamento comentó que “esta es una sentencia de primera instancia, por lo que este fallo es apelable por ambas partes”.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, que nace de la antigua Corporación de Reforestación mediante un decreto firmado por el gobierno de Salvador Allende el 19 de abril de 1973 y publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año. El origen de la institución tiene raíces históricas en los comienzos del siglo XX y tiene como primer hito importante la creación de la Reserva Forestal de Malleco en 1907, ubicada en la comuna de Collipulli.

La CONAF llevaba solo meses de ser creada, para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, sin embargo fue una de las instituciones más golpeadas tras el derrocamiento del gobierno popular, 19 de sus trabajadores fueron asesinados por los golpistas en las semanas siguientes al bombardeo a la Moneda.

El propio dictador nombró a su propio yerno, Julio Ponce Lerou, como director ejecutivo de esta Corporación. Hasta entonces, Ponce era un ex empleado de la familia Matte en la Papelera Biobio, en Concepción. La familia Matte también colocaría a uno de sus ex empleados, Fernando Léniz Cerda, como ministro de economía de la Junta Militar.

Trabajadores de CONAF asesinados en Mulchén

Fue muy cerca de la Reserva Forestal Malleco, donde se cometió el mayor crimen contra los trabajadores de CONAF tras el golpe de estado. Entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 en los fundos cordilleranos, de la comuna de Mulchén -llamados El Morro, Carmen, Maitenes y Pemehue-, fueron ultimados 18 personas del sector: 13 de ellos trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Una patrulla de aproximadamente treinta personas, compuesta por carabineros de Mulchén, militares del Regimiento de Infantería de Montaña N°17 de Los Ángeles y un grupo de civiles entre los que tribunales logró individualizar al agricultor Romualdo «Mayo» Guzmán Saavedra, al industrial dueño de barraca maderera Francisco Urrizola Elías, al industrial maderero Ramón Elías Abella, al agricultor Aquiles Guzmán Fritz y al administrador de fundo Carlos Lehman.

Esta "patrulla" recorrió los fundos y predios de la zona cordillerana de Mulchén, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente, asesinadas.

La "patrulla" inició su recorrido en el fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios, los cuales fueron trasladados hasta las orillas del río Renaico: Juan de Dios Laubra Brevis (26 años), Domingo Sepulveda Castillo (29 años), Edmundo José Vidal Aedo (20 años), Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26 años) y José Florencio Yañez Duran (34 años). Vecinos del sector rivereño del río escucharon disparos; unos meses después, en las acciones de búsqueda de los suyos, vecinos y familiares de las víctimas encontraron en el sector La Playita los cuerpos de los obreros asesinados con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.

Al día siguiente, 6 de octubre, la "patrulla" llegó hasta los fundos el Carmen y Maitenes, deteniendo a 8 obreros de CONAF: Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20 años), Daniel Alfonso Albornoz Gonzalez (28 años), Alejandro Albornoz Gonzalez (48 años), Luis Alberto Godoy Sandoval (23 años), Florencio Rubilar Gutierrez (25 años), José Liborio Rubilar Gutierrez (28 años) y José Lorenzo Rubilar Gutierrez, (33 años), los cuales fueron conducidos hasta la casa patronal. Cerca de las 23:00 horas, campesinos testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la "patrulla" sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped.

Ese mismo día 7 de octubre, la "patrulla" se trasladó hacia el fundo Pemehue, hasta la misma oficina de la CONAF en la Reserva Forestal Malleco, llevándose detenido a Guillermo José Albornoz González (32 años), quien fue brutalmente golpeado y, en muy mal estado físico, llevado hasta el Rio Renaico, donde su cuerpo apareció flotando. En el fundo Pemehue, la "patrulla" criminal procedió a detener y ejecutar a otros 5 trabajadores de CONAF: Alberto Albornoz González (41 años), Felidor Exequiel Albornoz González (33 años), José Fernando Gutiérrez Ascencio, (25 años), Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22 años) y Juan de Dios Roa Riquelme (35 años). En horas de la noche se escucharon reiteradas ráfagas de fusilería. Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron asesinados. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.

Por estos hechos criminales, se inició una causa judicial en los tribunales de justicia, concretamente, ante la Corte de Apelaciones de Concepción. En octubre de 2017 el ministro Carlos Aldana dictó sentencia de primera instancia en donde sólo condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio.

Los mismos cuatro ex carabineros deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yáñez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. La causa judicial sigue con trámites de apelación pendientes ante la Corte de Concepción, de modo que ninguno de estos criminales está cumpliendo pena de prisión por estos delitos.

A fines de 1978 la tiranía de Pinochet organizó y ejecutó la llamada "Operación Retiro de Televisores", una de las acciones más bestiales de la dictadura militar, que buscó borrar las huellas de los asesinatos hasta allí cometidos por las hordas uniformadas y civiles. La operación consistió en exhumar los cuerpos de los asesinados e inhumados ilegalmente a lo largo del país y hacer desaparecer esos restos para no dejar ningún indicio de los crímenes. Se trataba, en definitiva, de hacer desaparecer los restos de las personas detenidas desaparecidas. La nefasta acción fue organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las tropas militares y agentes civiles que se solazaron con el terror que provocaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.

En el caso de las víctimas de Mulchén, probablemente en marzo de 1979, personal del Regimiento «Húsares», de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, exhumó ilegalmente las sepulturas clandestinas, retiró los restos de quienes fueron ejecutados en octubre de 1973 y se los llevaron con destino desconocido, consumando los propósitos de la operación.

Trabajador de CONAF fusilado en La Serena

En los mismos días que en el sur se cometían los crímenes de Mulchén, en el norte el técnico forestal y trabajador de CONAF Oscar Gastón Aedo Herrera (23 años), era detenido por carabineros en Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Fue incomunicado en el cuartel policial de la localidad, y luego llevado el día 12 de octubre hasta la Cárcel de Illapel, para luego ser trasladado al Regimiento "Arica", de La Serena, donde fue ejecutado en la madrugada del día 16 de octubre de 1973 junto a otros 14 prisioneros políticos asesinados por el paso de la Caravana de la Muerte por esa región.

En el plano judicial, en octubre de 2022 la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho ex oficiales y dos ex suboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de las 15 personas víctimas de la "Caravana de la Muerte" en la ciudad de La Serena. El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex General y Comandante en Jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de dos suboficiales.

Trabajadores de CONAF asesinado en Truful Truful Melipeuco

El día 14 de octubre de 1973 son detenidos en el sector de Truful truful, comuna de Melipeuco los trabajadores de CONAF: José Alejandro Ramos Jaramillo (46 años), Gerardo Alejandro Ramos Huina (21 años) y José Moisés Ramos Huina (22 años) padre e hijos respectivamente. Al día siguiente es detenido en su domicilio en Melipeuco Mario Rubén Morales Bañares (23 años), tractorista trabajador de CONAF. Testigos señalan haber visto sus cadáveres, maniatados junto al rio Allipen.

Sin embargo, ellos no eran los primeros trabajadores de CONAF asesinados en la comuna de Melipeuco, ya que el mismo día del golpe militar fue detenido el tractorista Luis Alberto Soto Chandía (25 años), siendo el primer trabajador de CONAF asesinado solo a horas del derrocamiento de Salvador Allende.

En lo judicial, sólo en el caso de la victima Luis Alberto Soto Chandía se conoce causa procesal, existiendo solo un ex carabinero procesado por este hecho.

Trabajador de CONAF detenido desaparecido

El 29 de enero de 1975 fue detenido en Santiago por agentes de la DINA el técnico forestal Juan René Molina Mogollones (29 años), ex funcionario de CONAF en la provincia de Curicó y ex dirigente sindical de los trabajadores de la esa corporación. Inmediatamente ocurrido el golpe militar, comenzó a ser perseguido y buscado por las tropas uniformadas, por lo que siguió viviendo en clandestinidad y se trasladó a Santiago. Tiempo después fue detenido y llevado secuestrado hacia el centro clandestino de detención y tortura Villa Grimaldi y desde ese recinto fue hecho desaparecer.