San Martín Benavente José Isaías

Rut       : Sin información

F.Nacim. : 25-10-49, 23 años a la fecha de la detención

Domicilio : Balmaceda 576, Parral

E.Civil  : Soltero

Actividad : Funcionario Público

C.Repres. : Ex Jefe de DIRINCO en Temuco. Sin militancia política conocida.

F.Detenc. : 19 de septiembre de 1973

   SITUACION REPRESIVA

            José Isaías San Martín, 23 años de edad, Jefe de DIRINCO (Dirección de Industria y Comercio) de Temuco, luego de producidos los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, se trasladó a la ciudad de Parral a la casa de sus padres, ante el temor cierto de ser detenido. Transcurridos unos días, decidió viajar a la ciudad de Temuco a fin de presentarse ante la autoridad militar y regularizar su situación. Testigos de los hechos, afirman que el 19 de septiembre se presentó voluntariamente ante la Comisaría de Carabineros de Temuco, quedando detenido. Desde esa fecha, se pierde todo rastro de su persona, pese a las diligencias y averiguaciones que su familia realizó en esa ciudad con el fin de conocer la suerte corrida por el afectado en manos de sus aprehensores.

GESTIONES LEGALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            No hay constancia que se hayan realizado gestiones judiciales en su favor.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió procesar a cuatro ex funcionarios de Carabineros por secuestro calificado de un ex funcionario del gobierno de Salvador Allende, luego que el gobierno de éste fuera derrocado en 1973.

La determinación se refiere al arresto ilegal de José Isaías San Martín Benavente, que no tenía militancia política conocida y que ejercía como director de Industria y Comercio (Dirinco) de Temuco, Novena Región, al momento de su detención, el 19 de septiembre de 1973.

La resolución del tribunal de alzada afectó al general retirado de Carabineros Gonzalo Enrique Arias González, y al oficial Eduardo Orlando Riquelme Rodríguez, y a los sargentos Juan de Dios Friz Vega y Omar Burgos.

Según el portal Memoria Viva, del Proyecto Internacional de Derechos Humanos-Londres, testigos de los hechos aseguraron que San Martín Benavente se presentó voluntariamente ante la Comisaría de Carabineros de Temuco, quedando detenido.

 “Desde esa fecha, se pierde todo rastro de su persona, pese a las diligencias y averiguaciones que su familia realizó en esa ciudad con el fin de conocer la suerte corrida por el afectado en manos de sus aprehensores”, agrega el sitio que recopila causas de derechos humanos

En una solemne ceremonia a las afueras de la sede de la ANEF, este lunes 8 de septiembre, se inauguró el memorial en homenaje a los empleados/as públicos víctimas de la dictadura cívico militar. En la ocasión, asistió la Presidenta de la República, Michelle Bachelet; las representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, y de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira; junto a la ministra del Trabajo, Javiera Blanco; la ministra de Minería, Aurora Williams; la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa; el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz; Joan Jara, viuda de Víctor Jara; los parlamentarios/as Tucapel Jiménez, Maya Fernández, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez y Claudio Arriagada; además de dirigentes sociales y sindicales.

En la ceremonia, el coro de ex presos políticos dedicó unos temas a los caídos de la ANEF. Luego, dirigieron unas palabras Lorena Pizarro y Alicia Lira, quienes celebraron este acto de memoria y llamaron a las autoridades a buscar la verdad y la justicia en los casos que aún están pendientes de desaparecidos y ejecutados políticos.

“Con este memorial cerramos una deuda de la ANEF con los trabajadores del Estado, ejecutados y desaparecidos durante la dictadura, sin dejar de recordar que el nuestro fue uno de los sectores más golpeados durante este oscuro periodo”, señaló en su discurso el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente.

De la Puente también recordó la resistencia y lucha de algunos de los homenajeados, como la de Jorge Peña Hen, Reinalda Pereira, Carlos Prats y el padre de la Presidenta, Alberto Bachelet. El memorial tiene los nombres de 380 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos plasmados en unas elegantes placas de bronces, empleados públicos de diversos sectores, quienes según lo informado por el Ministerio del Interior fueron víctimas de la tiranía.

“No se puede construir una comunidad sólida sin hacernos cargo de la violencia que fracturó nuestra sociedad y acabó con la vida de personas maravillosas, como las que hoy reciben nuestro homenaje”, señaló la Presidenta Bachelet, en su discurso.

“Necesitamos que esa justicia sea pronto y necesitamos, para que ello sea posible, que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen”, consignó la Mandataria, quien instó a la Justicia a trabajar por encontrar la verdad.

Tras la ceremonia, se mostró a los asistentes las placas que constituyen el memorial a la entrada de la ANEF, donde el sacerdote Mariano Puga, reconocido colaborador de los trabajadores/as, bendijo el memorial.

Por último, destacar la excelente organización del evento a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, Nayadé Zúñiga.

Se trata del caso de José San Martín Benavente, desaparecido en Temuco.

Entre los sancionados está el general (r) Gonzalo Arias González.

La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la condena a ocho años de prisión contra tres ex carabineros y un civil involucrados en el secuestro de un funcionario público en 1973.

Así, el tribunal de alzada dejó a firme la pena dictada por el juez Fernando Carreño, quien el 26 de julio de 2007 determinó las sanciones por el secuestro de José Isaías San Martín Benavente, en la época jefe de la Dirección de Industria y Comercio de la Región de la Araucanía.

Las condenas de ocho años de presidio afectan al jubilado general Gonzalo Arias González, a los ex suboficiales Juan Fritz Vega y Omar Burgos y al empresario Eduardo Riquelme Rodríguez.

San Martín Benavente, de 27 años, desapareció el 19 de septiembre de 1973 cuando se presentó voluntariamente ante Carabineros, tras el golpe militar, momento en que se perdió su rastro.

Al Callín lo mandaron a comprar levadura y nunca más volvió. Su madre lo esperó en la puerta hasta que murió. Ella decía: «¿Pero cómo?, si fue a comprar no más, ¿cómo se va a demorar tanto», y se sentaba en el portal de su puerta a esperarlo.

El Callín siempre fue un niño inquieto, le gustaba andar con los más grandes. Se juntaban en la plaza de la esquina, hacían rayados a favor de Allende, o tiraba panfletos. A sus dieciséis años creía en la revolución. Su familia, ocho o nueve hermanos, hijos de campesinos, nunca se metieron en política, pero el Callín sí. Trabajaba lustrando zapatos en la plaza de Armas de Parral, donde todavía se pueden ver los puestos de lustrabotas, aunque todos ellos desaparecieron.

Claudio Jesús Escanilla Escobar era su nombre, pero todos en Parral le llamaban El Callín. El 13 de septiembre fue detenido por una patrulla militar. Iba junto a Nelson León y a Emiliano Mena, pero a ellos lo dejarían libre días después. A la señora Julia, su madre, los lustrines de la plaza le contaron que los militares y el sargento de carabineros Luis Hidalgo lo habían detenido, y que, al parecer, estaba preso en la Comisaría de Parral. Y efectivamente, el 14 de septiembre lo trasladaron a la cárcel, donde la señora Julia sólo pudo dejarle ropa y comida ya que nunca le permitieron verlo.

Junto al Callín fueron detenidos treinta y tres personas más, la mayoría de ellos jóvenes que no pasaban los veintidós años. Hijos de obreros, campesinos, gente pobre que, por una u otra razón, fueron detenidos, llevados a la Comisaría de Parral y que luego nunca más se supo de ellos. Ya desde esa época rondaba la idea que los habían llevados a la Colonia Dignidad, el enclave alemán que operó con total impunidad durante décadas en Chile y dirigida por el ex miembro de las juventudes hitlerianas Paul Shäffer.

El primero en ser detenido fue Luis Evangelista Aguayo Fernández, de veinte años; le siguió Hugo Enrique Soto Campos, de dieciocho años y estudiante secundario. También fue detenido Aurelio Clodomiro Peñailillo Sepúlveda, de treinta y dos años, y jubilado por invalidez. También Oscar Eladio Saldías Daza, de veinte años, proveniente de una familia de escasos recursos, quien trabajaba para cuidar a su madre y una sobrina de cinco años que estaban criando. También Enrique Ángel Carreño González, el único estudiante universitario, quien fue dejado  en libertad y luego arrestado para no saberse nunca más de él. También José Ignacio Bustos Fuentes, de cincuenta y dos años, un campesino que vivía con su madre, quien recorrió los cuarteles militares de Linares y Talca, pero nunca nadie más lo vio. También Rafael Alonso Díaz Meza, de veintitrés años; Irineo Alberto Méndez Hernández, de veintidós; Manuel Eduardo Bascuñán Aravena, de veintitrés; Óscar Abdón Retamal Pérez, de diecinueve y estudiante; Roberto del Carmen Romero Muñoz, de veintitrés años y obrero agrícola.

En octubre desaparecieron las siguientes personas: Armando Edelmiro Morales Morales, de diecinueve años y estudiante secundario. Luis Enrique Rivera Cofré, de veintiún años, padre del niño de nueve meses Vladimir Rivera Órdenes y de un hijo en camino que también llamarían Luis.  También desaparecieron Víctor Julio Vivanco Vásquez, de diecinueve años; y José Hernán Riveros Chávez de veintitrés. En Catillo, comunidad cerca de Parral, fueron detenidos Miguel Rojas Rojas y Gilberto Rojas Vásquez, padre e hijo. También Ruperto Oriol Torres Aravena, de cincuenta y ocho años, campesino y padre de tres hijos que quedaron huérfanos. También Ramiro Romero González, de veintiocho años, campesino, casado, dos hijos. Y Alfredo Durán Durán, de cuarenta y ocho años, quien trabajaba en el Registro Civil.

Los últimos casos de detenidos desaparecidos en Parral corresponden a 1974, más una mujer asesinada, Bella Aurora Sepúlveda Valenzuela. Se trató de doce hombres, ocho de los cuales estaban ligados a un singular hecho represivo conocido como el caso de «El Águila». Entre ellos, Aroldo Vivían Laurie Luengo y Hernán Sarmiento Sabater.

Los últimos detenidos fueron José Luis Morales Ruiz de veintiún años, artesano, quien tenía dos hijos, y Juan Francisco Ponce González, de quien no se tiene ningún registro y ni siquiera aparece en el Informe Rettig.

En la mayoría de los detenidos, salvo los involucrados en el caso de «El Águila», aparece el nombre de Luis Hidalgo, un amable señor que hasta el día de su muerte, se paseaba por el centro de Parral con total impunidad. Nunca nadie lo enfrentó, por miedo claro está. No fue condenado, no pisó la cárcel, no se arrepintió y lo más probable es que para muchos sea una de las figuras más destacadas de Parral.

Cuando le pregunté a la señora Julia que por qué salía todos los días a sentarse fuera de su casa, me respondió: «Por si aparece el Callín, sepa que esta es su casa». Nunca nadie pudo levantarla de ahí hasta que murió, esperando al hijo que ese fatídico día salió a comprar levadura.

Libro: En el pueblo hay una casa pequeña y oscura.
Autor: Vladimir Rivera Órdenes (Parral, 1973) es guionista, narrador y profesor.
Cronica: El orgullo de ser parralino.