Salgado Salinas Jorge Orosmán

Rut       : 112.365 Quillota

F.Nacim. : 12-08-33, 43 años a la fecha de la detención

Domicilio : San Gregorio 3951, San Miguel

E.Civil  : Casado, 5 hijos

Actividad : Obrero agrícola, cargador de la Vega Central

C.Repres. : Ex presidente de la Federación Provincial de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas de Valparaíso; militante Partido Comunista

F.Detenc. : 9 de agosto de 1976

 SITUACION REPRESIVA

            Jorge Orosmán Salgado Salinas, casado, cinco hijos, dirigente sindical, militante comunista, fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, en las cercanías de la Vega Central en donde se desempeñaba como cargador junto a Pedro Silva Bustos, también militante comunista y quien fuera detenido ese mismo día encontrándose desaparecido hasta la fecha. En la misma situación se encuentran otros dirigentes sindicales del Partido Comunista detenidos ese 9 de agosto, entre ellos, Víctor Hugo Morales Mazuela, José Enrique Corvalán Valencia y Mario Jesús Juica Vega. Tras su arresto, Jorge Salgado fue trasladado al recinto denominado "Villa Grimaldi", desde donde se le pierde el rastro.

            De su permanencia en Villa Grimaldi, da cuenta el testimonio de Isaac Godoy Castillo, en el cual expresa haber sido detenido por la DINA el 20 de agosto de 1976 y luego de permanecer 6 días en Villa Grimaldi fue dejado en libertad. Al llegar al recinto fue torturado e interrogado acerca de su actividad en el Partido Comunista, tras lo cual fue encerrado en una pieza en donde se encontraban otros dos detenidos. Horas después lo sacaron a un patio -que él ubica al lado del calabozo- y que tenía mampostería de piedra y una pileta en donde él tomaba agua; hacia las jardineras había una escala con 5 peldaños, baranda y encima de ella una figura. Allí había un grupo de detenidos, unos 20 a 30 prisioneros. El día domingo, a los prisioneros hombres, los sacaron de las celdas y los hicieron trotar. El día lunes, después del desayuno y almuerzo, pudo ver a los vigilantes mientras tomaba agua en la pileta; uno era un sujeto de 1.75 a 1.80 mts. de estatura, bigotes gruesos, cara redonda, pelo negro; otro, vestía ropa cafe, 1,75 de estatura, 85 kgs. de peso aproximadamente. El día miércoles sacaron a los prisioneros para hacer aseo, debiendo cargar un camión con ramas y basura. Cuando terminó el trabajo de la basura, encerraron en su calabozo a unas 14 personas -a él lo habían sacado antes- entre ellos a Jorge Salgado, quien refirió que lo habían capturado cuando se encontraba cargando sacos en la Vega.

            Días antes de la desaparición del afectado, su domicilio fue allanado por agentes que dijeron ser funcionarios de Investigaciones.

            Su familia realizó numerosas diligencias con el fin de dar con su paradero, pero todas ellas resultaron infructuosas y aún desconocen la suerte que corrió en manos de la DINA.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 30 de agosto de 1976 se presentó un Recurso de Amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 838-76, el cual fue rechazado el 17 de septiembre con el sólo mérito del informe negativo del Ministro del Interior, remitiéndose los antecedentes al Juzgado correspondiente.

            El 16 de diciembre, el 2° Juzgado del Crimen del Departamento Presidente Aguirre Cerda dio inicio a la causa 20.927, en cuya tramitación compareció la denunciante Luz Ernestina Jaque Rojas, esposa del ofendido, quien ratificó los términos de su denuncia, agregando que, tras el 11 de septiembre de 1973, su domicilio de la ciudad de Calera fue allanado en dos oportunidades por efectivos Militares. Por otra parte, la respectiva orden de investigar diligenciada por el Servicio de Investigaciones no dio resultado alguno.

            El 17 de noviembre de 1976 se presentó ante ese mismo Tribunal una denuncia por Presunta Desgracia, la cual fue acumulada al proceso 20.927. Luego de recibirse informes negativos del Ministerio del Interior, Carabineros, Policía Internacional, Servicio Médico Legal y los diferentes cementerios de la capital. El 10 de mayo de 1978, la causa fue sobreseída temporalmente con el fundamento que "no aparece completamente justificado en autos la perpetración de un hecho punible". El 6 de julio de ese año, el auto de sobreseimiento fue aprobado por la Corte de Apelaciones.

            En cuanto a las gestiones administrativas, su cónyuge envió, entre otros, una carta al Ministro del Interior, recibiendo respuesta negativa de esa Secretaría de Estado. También recurrió a organismos internacionales preocupados de las violaciones a los derechos humanos.

La Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a cinco jerarcas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito reiterado de secuestro calificado de los dirigentes sindicales José Enrique Corvalán Valencia (46 años), Jorge Orosmán Salgado Salinas (42) y Pedro Silva Bustos (39), ilícitos perpetrados a partir del 9 de agosto de 1976, en Santiago.

En fallo dividido dictado este miércoles 14 (causa rol 62.032-2016), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y el abogado integrante Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia recurrida que condenó a penas de 10 años y un día de presidio a los ex oficiales de ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, Carlos José Leonardo López Tapia, Rolf Arnold Wenderoth Pozo, Juan Hernán Morales Salgado y al ex oficial de carabineros Ricardo Víctor Lawrence Mires, en calidad de autores de los delitos reiterados de secuestro calificado de las víctimas señaladas.

El fallo se adoptó con el voto en contra del ministro Lamberto Cisternas quien estuvo por acoger el recurso de casación interpuesto por los criminales y en consecuencia aplicar la media prescripción y rebajar las penas a todos los condenados.

En primera instancia en junio de 2015, el ministro en visita Leopoldo Llanos condenó a los agentes represores a penas de 15 años de presidio; esta sentencia fue reducida en junio del 2016 por la Corte de Apelaciones de Santiago a 10 años de prisión. Esta última es la condena que ahora fue ratificada por la Corte Suprema.

En la etapa de investigación, el ministro Llanos logró establecer los siguientes hechos:

«a) Que, los hechos investigados en este proceso ocurrieron en el centro clandestino de detención conocido como «Cuartel Terranova» o «Villa Grimaldi», ubicado en Avenida José Arrieta Nº 8200 de la comuna de Peñalolén en la Región Metropolitana.

En Villa Grimaldi operaba un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo Director era el Coronel Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, bajo cuya dependencia jerárquica se encontraban varios oficiales y otros funcionarios de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, así como también algunos civiles; todos los cuales, ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros, capturas de personas militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en el lugar, doblegándolos bajo tormento físico de variada índole, con el objeto de hacerlos entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas.

b) Los agentes antes referidos formaban parte de la Brigada «Caupolicán».

c) Los primeros detenidos llegaron a mediados del año 1974 a «Villa Grimaldi»; y en enero de 1975 pasó a convertirse en el centro de operaciones de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, que ejercía la función de represión interna en Santiago.

d) A los detenidos se les mantenía todo el tiempo vendados, con deficientes condiciones higiénicas y con escaso alimento, el que no recibían durante los primeros tres días. Los lugares más característicos donde se mantenía a los detenidos se denominaban «La Torre», «Casas Chile» y «Casas Corvi».

e) A «Villa Grimaldi» fueron llevados en calidad de detenidos las siguientes personas:

1.-José Enrique Corvalán Valencia; casado, seis hijos, dirigente sindical, militante del Partido Comunista, fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, alrededor de las 10:00 horas en el domicilio ubicado en calle Ayacara Nº 8583 Población San Ramón, La Granja trasladado hasta Villa Grimaldi.

2.-Jorge Orosmán Salgado Salinas; casado, cinco hijos, dirigente sindical, militante del Partido Comunista, fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, en horas de la tarde en las inmediaciones de la Vega Central donde se desempeñaba como cargador, junto a Pedro Silva.
3.-Pedro Silva Bustos; casado, seis hijos, dirigente sindical y dirigente regional del Partido Comunista y miembro de la comisión de organización del comité central del Partido Comunista, fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976 en horas de la tarde en las inmediaciones de la Vega Central donde se desempeñaba como cargador.

f) Las consecuencias de estas detenciones es que las personas antes mencionadas se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de libertad, no han tomado contacto con sus familiares; tampoco han realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado ni organismos privados, ni registran entradas o salidas del país, sin constar, tampoco, su defunción».

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó sentencia en los procesos que sustancia por tres casos de detenidos desaparecidos desde el centro de tortura y exterminio de Villa Grimaldi.

El magistrado condenó a seis agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los secuestros calificados de José Corvalán Valencia, Jorge Salgado Salinas y Pedro Silva Bustos, ilícitos perpetrados a partir del 9 de agosto de 1976.

Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Carlos López Tapia, Rolf Wenderoth Pozo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence fueron condenados a penas de 15 años y un día de presidio como autores de los tres delitos.

Lawrence se encuentra prófugo desde febrero, cuando no concurrió a notificarse en la querella por torturas de una treintena de sobrevivientes de Villa Grimaldi. Posteriormente fue condenado por la Corte Suprema por la desaparición de Alfonso Chanfreau desde el centro de tortura y exterminio de Londres 38. También se encuentra prófugo el ex funcionario de la Policía de Investigaciones Daniel Cancino en el juicio por torturas que presentado por más de 30 sobrevivientes de Villa Grimaldi.

En su sentencia por los detenidos desaparecidos del Partido Comunista desde Villa Grimaldi, el magistrado logró determinar que José Enrique Corvalán Valencia; casado, seis hijos, dirigente sindical, militante del Partido Comunista (PC), fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, alrededor de las 10:00 horas en el domicilio ubicado en calle Ayacara N° 8523 Población San Ramón, comuna de La Granja.

El mismo día, Jorge Orosmán Salgado Salinas; casado, cinco hijos, dirigente sindical, también militante del PC, fue arrestado “en horas de la tarde en las inmediaciones de la Vega Central donde se desempeñaba como cargador, junto a Pedro Silva”.

Silva era casado, seis hijos, dirigente sindical, miembro del regional del PC y de la comisión de organización del comité central del Partido Comunista. Fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, en horas de la tarde en las inmediaciones de la Vega Central donde se desempeñaba como cargador”.

Por Carlos Antonio Vergara

A fines de mayo de aquel año en los comités regionales del PC se supo que toda la Dirección del Partido había caído. Sólo estaban a salvo Víctor Cantero e Inés Cornejo -esta última alejada de la organización por motivos de salud-. La DINA quería a Cantero, el hombre al que presumían responsable de los dineros. En la persecución, los agentes secuestraron a los hermanos Julio y Eduardo Budnik.

En la madrugada del día 30 de abril de 1976, cerca de las 3:30 horas, agentes de la DINA, apoyados en las inmediaciones por integrantes del Comando Conjunto, llegaron hasta la casa ubicada en calle Conferencia 1587, en el sector surponiente de la comuna de Santiago, donde funcionaba un taller de carteras, propiedad del  obrero marroquinero Juan Becerra Barrera. Le dijeron que su cuñada, María Teresa Zúñiga, quien vivía en la calle Alejandro del Fierro 5113, en Quinta Normal, había sufrido un trágico accidente automovilístico. Becerra accedió a acompañarlos, subiéndose al vehículo en que se movilizaban. De inmediato fue esposado, vendado y trasladado hasta la Villa Grimaldi.

Ese fue el inicio de una operación diseñada por los mandos de la DINA para capturar a la cúpula del Partido Comunista. Punto favorable para los objetivos de Manuel Contreras fue el haber logrado la colaboración de Elisa Escobar Cepeda, enlace de Mario Zamorano, detenida por los agentes de la DINA a fines de marzo o comienzos de abril de 1976.

Becerra era amigo de Zamorano desde comienzos de los años sesenta, y en 1974 el dirigente del Partido le había pedido ocupar su casa de Conferencia para efectuar reuniones cada dos o tres meses. Zamorano también llegaba con frecuencia a la vivienda de la madre de Becerra, ubicada en la calle Alejandro del Fierro, en la comuna de Quinta Normal. Elisa Escobar conocía ambos lugares y entregó sus características, además de las probables fechas de las reuniones, a los hombres de la DINA.

Así, aquella noche de fines de abril los agentes de la brigada Purén, apoyados por otras agrupaciones del cuartel Terranova, detuvieron a varios de los moradores de ambas casas, a los que torturaron durante casi dos días antes de llevarlos de nuevo a sus domicilios y montar las ratoneras en espera de los dirigentes comunistas que acudirían a la cita programada.

El 30 de abril los agentes ocuparon la vivienda de Alejandro del Fierro y retuvieron allí a cuatro adultos y un niño de diez años. Ana María Becerra, hermana de Juan, casada con Julio Maigret, uno de los retenidos en la casa de Quinta Normal, se enteró de lo que allí ocurría y acudió el 2 de mayo a dar aviso a la Vicaría de la Solidaridad. En ese lugar se encontró con el obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, y le contó lo que estaba pasando con su familia. El prelado, portando unos medicamentos que requería uno de los apresados en la casa de Alejandro del Fierro, se apersonó en la vivienda inquiriendo a los agentes de la DINA por su proceder. Éstos quisieron retenerlo también, pero uno de los jefes del grupo decidió dejarlo ir. Alvear comunicó por escrito al presidente de la Corte Suprema y al ministro de Justicia lo que había presenciado.

No obstante aquella circunstancia, cinco agentes de la DINA se instalaron el 2 de mayo en la casa de Conferencia y a sus ocupantes los obligaron a simular que estaban trabajando en el taller de marroquinería que funcionaba en el lugar.

Los dirigentes comunistas convocados a la reunión entrarían sin mayores precauciones, salvo que faltara una cierta cartera colgada en la ventana, la señal convenida para advertir sobre un peligro inminente. Becerra había cedido en la Villa Grimaldi a las tortura y confirmó los detalles de la cita en su casa. Lo que Becerra no sabía era que a esa reunión, programada para tratar el tema sindical, debía asistir el propio Víctor Díaz, que a última hora fue marginado por seguridad y reemplazado por Jaime Donato, miembro de la Comisión Sindical del Partido.

El 3 de mayo Elisa Escobar acudió a la casa de Conferencia para avisar que al día siguiente Mario Zamorano llegaría con otras personas.

A las 19 horas del 4 de mayo, ignorante de las detenciones ocurridas en las horas anteriores, se apersonó en el taller de Conferencia Mario Zamorano, uno de los máximos dirigentes del Partido. Todo estaba aparentemente normal e ingresó tirando del cordel que abría la puerta. Dos hombres le cayeron encima; intentó resistir, pero le dispararon en una pierna y cayó sangrando profusamente. Lo envolvieron en una frazada y lo arrastraron a una pieza interior. Sólo minutos después ingresó a la trampa Jorge Muñoz Poutays, miembro también de la Dirección.

Esa madrugada una camioneta se llevó a los detenidos. A la mañana siguiente, miércoles 5 de mayo, llegó a la casa Jaime Donato Avendaño, miembro del Comité Central y encargado del Frente Sindical. Poco después apareció Uldarico Donaire, conocido como «Rafael Cortez», otro de los máximos responsables del Partido, encargado de la Comisión de Control y Cuadros.

Elisa Escobar volvió a la casa el 6 de mayo, cerca de las 13:30 horas. Preguntó por Zamorano y, en una evidente operación de encubrimiento, fue detenida por los agentes de la DINA.

Estando en manos de la DINA, Elisa Escobar acudió el 8 de mayo a la casa de Eliana Espinoza, enlace de Víctor Díaz, y al no encontrarla le dejó un recado con su padre, donde le pidió que se juntaran en un determinado punto de Santiago. Eliana Espinoza llegó al lugar, pero no encontró a nadie. Fue en ese momento cuando la DINA inició su seguimiento.

Entretanto, Víctor Cantero, miembro también de la Dirección del Partido, llegó a una reunión de los comités regionales de Santiago, a la cual debían asistir Donaire y Muñoz, los que no aparecieron. La reunión se levantó de inmediato y cundió la inquietud entre los dirigentes.

Tras el aparente fallido contacto con Elisa Escobar, Eliana Espinoza decidió ir a ver a Víctor Díaz para hacerle presente su preocupación. Se reunieron el 11 de mayo y, al término de la cita, ella quedó de volver para sacarlo del lugar.

Víctor Díaz, cabeza del comunismo criollo en la clandestinidad, fue detenido a las 2:00 de la madrugada del 12 de mayo de 1976, por un numeroso contingente de la DINA. Bajo el nombre de José Santos Garrido Retamal, residía con un matrimonio amigo donde el dueño de casa era el ingeniero Jorge Canto Fuenzalida, en la calle Bello Horizonte, en Las Condes. Periódicamente lo visitaba una mujer llamada «Ana», que realmente era Eliana Espinoza Fernández, su enlace con la plana mayor del PC.

Cuando ese día 11 Eliana llegó a visitarlo estaba visiblemente alterada. Hablaron como siempre en voz baja y en un aparte. Ella se retiró muy luego. Esa noche, cerca de las 2:00 de la madrugada del día 12, insistentes timbrazos despertaron a la familia. Al asomarse a la calle, el dueño de casa pudo ver a seis sujetos de civil armados, algunos con ametralladoras largas. Uno de los agentes gritó: «¡Somos de la DINA!».

Sacaron a Víctor Díaz de la casa cerca de las 3:00 de la madrugada. Iba vestido con su pijama, con zapatos sin calcetines y una chaqueta sobrepuesta sobre los hombros. Llevaba las manos atadas a la espalda y, a causa de los fuertes y numerosos golpes, tenía un ojo semicerrado, el labio inferior hinchado, respiraba con dificultad y caminaba y cojeaba más que de costumbre.

Al día siguiente, la ofensiva de la DINA prosiguió con la detención de Fernando Lara Rojas, 27 años, dirigente regional del PC en Talca y que desde 1975 colaboraba con un equipo del Partido en Santiago. El 19 de mayo, ante un llamado de Eliana Espinoza para encontrarse, fue detenido en la calle César Cerda Cuevas, 47 años, obrero de la construcción, dirigente nacional de la CUT e integrante del Comité Central. Fue visto por última vez en Villa Grimaldi en septiembre.

A fines de mayo, en los comités regionales se supo que toda la Dirección del Partido había caído. Sólo estaban a salvo Víctor Cantero e Inés Cornejo, esta última alejada de la organización por motivos de salud. La DINA quería a Cantero, el hombre al que presumían responsable de los dineros. En la persecución, los agentes secuestraron a los hermanos Julio y Eduardo Budnik. A continuación, a Eduardo Cantero y a Clara Cantero de 22 años, hermano e hija de Víctor, respectivamente. Los restos de Eduardo fueron encontrados en 1990 en el fundo Las Tórtolas, que había sido terreno militar. De Clara aún no se encuentra nada. Desapareció desde Villa Grimaldi.

A mediados de julio de 1976 la División Nacional de Comunicación Social, Dinacos, informó que los organismos de seguridad habían logrado desbaratar 32 casas buzón del Partido Comunista, las que servían de enlace entre la Dirección y los regionales de dicho partido.

Los oficiales que comandaban la represión directa contra el PC condujeron a los dirigentes comunistas a lugares secretos de detención. Desde Villa Grimaldi los llevaron al cuartel de Simón Bolívar, donde fueron sometidos a feroces tormentos y usados, además, como conejillos de experimentación por Michael Townley, quien buscaba probar en humanos los efectos del gas sarín que había logrado producir el químico Eugenio Berríos.

En los últimos días de aquel mes de julio, lo que quedaba de la Dirección del PC instruyó a Víctor Cantero y a Inés Cornejo para que abandonaran el país y entregaran a otro equipo la dirección del Partido. Antes, a fines de mayo y luego de una rápida consulta entre los sobrevivientes del Comité Central, se coincidió en que el elegido debía ser Fernando Ortiz Letelier, profesor universitario y miembro del Comité Central. En medio de condiciones dramáticas, donde cada día algún dirigente desaparecía, Fernando Ortiz asumió la conducción del PC secundado por Waldo Pizarro, Horacio Zepeda y Fernando Navarro. A fines de octubre, Cantero y Cornejo se asilaron en la embajada de Italia. También se ordenó hacerlo a Luis Canales, Virginia González y Víctor Galleguillos.

A principios de agosto de 1976 se inició otro devastador golpe en contra del aparato de Organización del PC. Al mediodía del 4 de agosto fue detenido en la vía pública, muy cerca de su casa, Hugo Vivanco Vega; poco después capturaron a su esposa, Alicia Herrera, en su domicilio. El día 5, en su casa, fue arrestado Oscar Ramos Garrido, ex intendente de Llanquihue, miembro del Comité Central y encargado de Organización, y su hijo Oscar Ramos Vivanco.

El 9, fueron detenidos Víctor Morales Mazuela, José Corvalán Valencia, Mario Juica Vega, JORGE SALGADO SALINAS  y Pedro Silva Bustos, todos dirigentes intermedios vinculados a los organismos de Dirección. El mismo 9, apresaron a Marta Ugarte Román, integrante del Comité Central. El 10 de agosto cayó Nicolás Vivanco, hijo de Hugo. El 7 había desaparecido Manuel Vargas Leiva, ex alcalde de Tiltil y miembro del Comité Central. El 11 de agosto, Miguel Nazal Quiroz, integrante del Comité Central y secretario del regional de San Miguel; y Carlos Vizcarra Jofré, ex dirigente de la Jota que había pasado al Partido; el 16, Julio Vega Vega, dirigente sindical; el 18, Nelson Jeria, secretario del Regional Norte de Santiago; el 26, el Comando Conjunto detuvo a Víctor Cárdenas, y la DINA, a Gabriel Castillo Tapia y Pedro Silva Bustos, miembros del equipo de Organización que mantenían contactos con los regionales.

El 12 de septiembre de 1976, un ciudadano francés admiraba los rompientes de la playa La Ballena, en el balneario de Los Molles, cerca de La Ligua, cuando entre los roquerios vio el cuerpo atado de una mujer que había sido arrojado por el mar. Era Marta Ugarte, la tesorera del PC, secuestrada a comienzos de agosto, antes de llegar a su casa.

En las semanas previas habían aparecido varios cuerpos desfigurados en las riberas del río Maipo. Exhibían huellas de balazos y estaban amarrados con alambre desde el cuello a las piernas, dentro de sacos paperos.

La segunda dirección del PC empezó a caer el 9 de diciembre, al ser detenido Armando Portilla Portilla, miembro del Comité Central. El 13, en la vía pública y ante numerosos testigos, fue capturado Fernando Navarro Allende, también miembro del Comité Central.

Dos días después, el 15 en la mañana, fueron detenidos en la rotonda Lo Plaza, en Ñuñoa, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo. Esa misma tarde cayeron, en calle Larraín, Fernando Ortiz Letelier y Waldo Pizarro Molina, y en otros barrios de Santiago, Héctor Véliz Ramírez, Luis Lazo Santander y Reinalda Pereira Plaza, 29 años, embarazada de cinco meses.

Tres días después fueron secuestrados por la DINA Lisandro Cruz Díaz y el mirista Carlos Durán González. El 20 de diciembre, con la detención de Edras Pinto Arroyo, ex secretario de los diputados del PC, terminó la ofensiva de la DINA en contra de los comunistas.

A los detenidos se les torturó hasta matarlos. Se les inyectó cianuro y otras sustancias letales. Se les arrancó de su boca las tapaduras de oro que algunos poseían. Se les quebraron los huesos. Se les asfixió con bolsas plásticas. Se experimentó en ellos con gas sarín. Se les aplicó un soplete para borrarles sus rostros, cicatrices, huellas dactilares y cualquier otro rastro que permitiera identificarlos. Finalmente, sus cuerpos fueron introducidos en sacos paperos, con pedazos de rieles amarrados con alambre, subidos a helicópteros del Ejército y lanzados al mar en el litoral central.

A comienzos de 1977, la DINA había logrado casi completamente su objetivo: exterminar a la Dirección del PC. También había logrado acumular una gran cantidad de información sobre la orgánica interna y las redes de apoyo construidas en el exterior por los comunistas. Se enfocaron entonces en otra de las metas prioritarias: identificar y capturar a los encargados de las finanzas y apropiarse de los fondos que venían de Europa y de los que, muy secretamente, algunos operadores financieros locales administraban en Chile.