Salazar Aguilera José Alberto

Rut       : 5.759.469

F.Nacim. : 02-09-51, 23 años a la fecha de su detención

Domicilio : 6 Norte 324, casa 17, Viña del Mar

E.Civil  : Soltero

Actividad : Ex-estudiante de Servicio Social, Universidad de Chile, sede Temuco.

C.Repres. : Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),

F.Detenc. : 22 de noviembre de 1974

    SITUACION REPRESIVA

            José Alberto Salazar Aguilera, soltero, ex estudiante de la Universidad de Chile, Sede Temuco, militante del MIR, fue detenido el 22 de noviembre de 1974 en compañía de Patricio Silva Brignardello por 5 agentes del Servicio de Inteligencia de la Armada, en la calle Victoria de Valparaíso. Los aprehensores los subieron a un Fiat 125 color guinda seca y los condujeron al Cuartel Silva Palma de Valparaíso, cuyo Comandante era Abel Osorio. Allí, ambos fueron separados e ingresados en celdas de incomunicación.

            Después de aproximadamente una hora, José Alberto Salazar fue sacado del recinto naval y conducido hasta el domicilio en donde arrendaba una pieza (6 Norte 324 de Viña del Mar). Cuando los agentes lo bajaron del vehículo en que lo transportaban, el afectado, antes de entrar a la casa, realizó su primer intento de fuga. Salió corriendo por 6 Norte en dirección al mar, siendo perseguido por el Teniente de la Armada Federico Stingman y por el Infante de Marina, Cabo 2° Julio Bórquez Espinoza, el que fue reconocido por testigos. Según testimonios prestados ante el Tribunal, ambos agentes, vestidos de civil, llevaban sendos revólveres en las manos e hicieron disparos al aire. Braulio Puebla declaró que ese día, alrededor de las 19 horas, sintió el tiroteo y vio cuando el afectado huía. Detrás de él, corrían dos personas armadas. Por su parte, Oriana Cabellería también escuchó los disparos y vio cuando, después de darle alcance en la calle 4 Poniente, subían a la víctima, que llevaba las manos en la nuca, a una camioneta amarilla.

            Enseguida, José Alberto Salazar fue llevado por sus captores al sector de Agua Santa en Viña del Mar. En este lugar, el afectado intentó nuevamente una huida. Corrió en dirección a calle Alvarez y en la esquina de Ecuador se subió a una micro de recorrido conducida por Belarmino Allende, el bus N°21, pidiéndole apresuradamente al chofer que continuara la marcha. En esos momentos apareció uno de los perseguidores -al parecer se trataba del Cabo Julio Bórquez- el que se identificó verbalmente ante Belarmino Allende como perteneciente al servicio de inteligencia. Simultáneamente, un pasajero de la micro, que también se identificó como de inteligencia, se levantó de su asiento, encañonó al afectado y lo obligó a rendirse. Como Salazar se negara a hacerlo, su perseguidor le disparó dos veces. Una bala se incrustó en el microbús y la segunda le dio en el abdomen. Según Belarmino Allende, el afectado, que sangraba mucho, fue bajado del bus por cuatro personas, incluyendo al Cabo Bórquez. Antes de eso, el alcanzó a gritar su nombre y a pedir que le avisaran a sus padres que vivían en Talcahuano.

            Salazar, herido, fue conducido al Hospital Naval, en donde permaneció hasta el 6 de diciembre de 1974, fecha en que fue llevado al Cuartel Silva Palma. En este recinto fue visto por numerosos testigos. José Manuel Valle lo vio en dos oportunidades y recuerda que el afectado estaba enfermo, puesto que lo atendía un enfermero. Por su parte, Osvaldo Enrique Cariola, en una fecha comprendida entre el 25 de diciembre de 1974 y el 5 de enero de 1975, fue careado con el afectado por un lapso de 20 a 30 minutos. Teresa Veloso, quien permaneció recluida durante 48 días en el Silva Palma, lo vio en más de una ocasión. Declaró que el afectado fumaba mucho y que solía ofrecerse para realizar distintas tareas, puesto que -aseguraba- eso lo sacaba de la rutina. A la testigo le llamó la atención que los captores no le dieran a Salazar una tarjeta de la Cruz Roja para que escribiera a su casa, como lo hacían con los demás detenidos.

            Se señala en distintos testimonios que Salazar permaneció en el Silva Palma hasta el 10 de marzo de 1975, fecha en que fue entregado a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Nada volvería a saberse sobre su destino.

            Entretanto, sus padres, residentes en Talcahuano, habían recibido una llamada anónima denunciando la detención del afectado y su permanencia en el Hospital Naval. Juan Salazar Escalona (padre de la víctima) viajó entonces a Valparaíso y acudió a dicho lugar hospitalario. Aquí pidió ver a su hijo, aceptando la guardia implícitamente que el afectado se encontraba allí, al pedírsele que regresara en la tarde. Al regresar Juan Salazar al Hospital Naval, se le negó la posibilidad de ver a José Alberto.

            El 13 de diciembre de 1974, alrededor de las 14 horas, cuatro civiles llegaron hasta el domicilio donde el afectado arrendaba una pieza. María Angélica Méndez -dueña de la casa- declaró que registraron el dormitorio de la víctima y se llevaron ropa, señalándose que lo hacían porque Salazar se encontraba hospitalizado, sin identificarse y sin especificar dónde se encontraba la víctima.

    GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Por el afectado se presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el 8 de diciembre de 1974, el que fue rechazado en virtud de los informes negativos de las autoridades. Los antecedentes fueron remitidos al 2° Juzgado del Crimen de Valparaíso para que instruyera sumario por presunta desgracia de José Alberto Salazar, (rol N°77.181). El proceso fue sobreseído el 13 de junio de 1975 y el fallo del juez aprobado el 25 de junio del mismo año por la Corte de Apelaciones del puerto.

            Posteriormente se interpuso otro recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago, el 16 de junio de 1975, rol N° 754-75, en el que se denunciaba el traslado del afectado a Santiago y su entrega a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo que respondió al Tribunal que para cualquier consulta relativa a la detención de Salazar debía dirigirse al Ministerio del Interior o al Servicio Nacional de Detenidos (SENDET) (25 de junio de 1975). La Corte no dio lugar al recurso.

            El 9 de diciembre de 1976, se presentó en el 4° Juzgado del Crimen de Viña del Mar una denuncia por presunta desgracia de la víctima, señalándose al Teniente Federico Stignman como el agente que disparó dentro del bus. El Juez se declaró incompetente y remitió los antecedentes al 2° Juzgado del Crimen de Valparaíso. También éste declaró su incompetencia y envió el proceso a la Fiscalía Naval, la que lo roló con el N°4.801. Después de tomar distintos testimonios, incluyendo el del Cabo Julio Bórquez (quien negó su participación en los hechos) y de realizar las infructuosas consultas de rutina a las autoridades policiales y militares de la época, se sobreseyó la causa, sin que se hubiese individualizado al Teniente Stingman. El 20 de noviembre de 1979 se apeló del fallo solicitándose la realización de 49 diligencias. Aunque se concedió la reapertura, se negaron las diligencias, lo que significó la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema, la que, el 18 de junio de 1980, no le dio lugar.

            Simultáneamente, la familia realizaba una serie de gestiones tendientes a dar con el paradero del afectado. Entre otras, escribió al General Augusto Pinochet pidiéndole antecedentes al respecto. La respuesta llegó vía Ministro del Interior (General de División Raúl Benavides Escobar) el 7 de abril de 1978, informándose a los familiares que no obstante las distintas indagaciones, no se lograron resultados positivos.

            Hasta hoy, José Alberto Salazar Aguilera permanece como detenido desaparecido.

El ministro de fuero, Alejandro Solís, que sustancia el proceso por la detención y desaparición de este joven mirista, en Valparaíso, dictó los procesamientos de cuatro ex integrantes de la Armada por el delito de secuestro calificado. El padre de Alberto falleció hace ocho meses, mientras su madre sigue viviendo en Talcahuano y participa en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción.
Nunca dejó de buscar a su hijo, Alberto, pero al final la muerte lo venció. El 7 de mayo de 2010 la vida de Juan Salazar, activo integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción, se extinguió. Ocho meses después, el ministro de fuero Alejandro Solís que investiga la desaparición de su hijo, ocurrida el 22 de noviembre de 1974, en Valparaíso, sometió a proceso a cuatro miembros en retiro de la Armada por el secuestro calificado de Alberto Salazar Aguilera.
A Juan Salazar no le alcanzó la vida para conocer esta noticia. Pero su esposa, Julia Aguilera que le sobrevive, ha seguido la lucha por saber qué ocurrió con su hijo, detenido cuando apenas tenía 22 años. Era militante del MIR y había estudiado servicio social en la Universidad de Chile, sede Temuco.
Pero la detención de José Alberto se produjo en Valparaíso por agentes del Servicio de Inteligencia de la Armada. A raíz de su segundo intento de fuga, fue herido a basa por sus perseguidores y estuvo internado en el Hospital Naval. Hasta llegó su padre, Juan Salazar a preguntar por él, luego que a través de una llamada telefónica a Talcahuano, donde residía, le informaron de la detención de Alberto. Pero le fue negada la visita y nunca más volvió a saber de él.
Todos los intentos por saber qué había pasado con su hijo, no dieron frutos, pero eso no impidió que sus padres, Juan y Julia, lo siguieran buscando. Hasta que su caso llegó a manos del ministro de fuero Alejandro Solís, quienes este 31 de enero sometió a proceso por el delito de secuestro calificado a los miembros en retiro de la Armada, Ricardo Riesco Cornejo, Juan Reyes Basaur, Manuel Leiva Valdivieso y Valentín Riquelme Villalobos.
Junto con ello les concedió la libertad bajo fianza previo pago de $ 500.000 (quinientos mil pesos)y a Leiva Valdivieso, atendida su avanzada edad, le concedió la medida de arresto domiciliario. Todavía falta que se pronuncie la Corte Suprema.
En todo caso, se trata de un paso importante en cuanto a la justicia, aunque la verdad sobre lo ocurrido con Alberto Salazar aún está pendiente.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia dictada por el ministro en visita extraordinaria Leopoldo Llanos, que condenó a tres integrantes de la Armada por el secuestro calificado de José Alberto Salazar Aguilera, ilícito perpetrado a partir del 22 de noviembre de 1974, en la ciudad de Valparaíso.

En fallo unánime (causa rol 590-2014), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jorge Dahm, Adelita Ravanales y el abogado (i) Joel González– confirmó la resolución que condenó a: Ricardo Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur y Valentín Riquelme Villalobos, a penas de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en el delito.

Además, se decretó el sobreseimiento respecto de Manuel Atilio Leiva Valdivieso, por fallecimiento.

En el aspecto civil, el fallo de segunda instancia ratificó que el fisco debe pagar una indemnización de $15.000.000 (quince millones de pesos) a Gloria Salazar Aguilera, y revocó el pago indemnizatorio en favor de Julia Aguilera Salazar.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación, se lograron acreditar los siguientes hechos:

«El 22 de noviembre de 1974, alrededor de las 02,00 horas de la madrugada, José Alberto Salazar Aguilera, soltero, estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile, Sede Temuco, militante del MIR, fue detenido por agentes del Servicio de Inteligencia de la Armada en calle Victoria de Valparaíso e ingresado en una celda de incomunicación.

Ese mismo día, horas más tarde, José Alberto Salazar Aguilera fue sacado del recinto naval y conducido hasta el domicilio en que arrendaba una pieza, en calle 6 Norte 324 de Viña del Mar; cuando los agentes lo bajaron del vehículo en que lo transportaban, el detenido antes de entrar a la casa, realizó un primer intento de fuga y corrió por calle 6 Norte en dirección al mar, siendo seguido por dos agentes de la Armada, quienes hicieron disparos al aire con los revólveres que portaban; luego de darle alcance en la calle 4 Norte, lo subieron, con las manos a la nuca, a una camioneta amarilla y fue llevado al sector de Agua Santa en Viña del Mar.

En este lugar, aquel intentó nuevamente una huida. Corrió en dirección a calle Álvarez y en la esquina de Ecuador se subió a un microbús, de recorrido, conducido por Belarmino Allende.

En esos momentos apareció uno de los perseguidores, Julio Ismael Bórquez Espinoza, el que se identificó verbalmente ante el conductor como perteneciente al Servicio de Inteligencia y, simultáneamente, un pasajero del vehículo que también se identificó como de Inteligencia (Pedro Alonso Novoa Saavedra) se levantó de su asiento, encañonó al afectado y lo conminó a rendirse; como Salazar se negara a hacerlo, su perseguidor le disparó dos veces.

Una bala se incrustó en el autobús y la otra le dio en el abdomen; sangraba mucho y fue bajado del autobús por cuatro personas.

Salazar fue conducido al Hospital Naval en donde permaneció hasta el 6 de diciembre de 1974, fecha en que fue llevado al cuartel «Silva Palma». En este recinto fue visto por última vez por numerosos testigos, quienes los recuerdan como enfermo. Se señala en distintos testimonios que Salazar permaneció en el Silva Palma hasta el 10 de marzo de 1975, fecha en que fue visto por última vez».

Querido hijo Alberto

Te escribo esta carta con la esperanza de que algún día regresaras.

Tengo muchos recuerdos tuyos, por que los problemas de los demás los hablabas con tanta responsabilidad.

La confianza que teníamos la extraño mucho. También cuando salíamos y me tomabas del brazo y me abrazabas.

Siempre he pensado que estás en una isla y que algún día regresaras.

A veces miro por la ventana y te recuerdo por la confianza y la unión que
nos teníamos los dos. Tu me conversabas de tu vida en el campo. Lo buena que era la gente , siempre me contabas todas esas cosas.

Tu recuerdo siempre estará conmigo hasta el día que me muera, lucharemos con tu padre hasta que nos den las fuerzas por saber de tu
desaparición.Te cuento que formamos una familia que los busca a todos ustedes.

La familia es la Agrupación de Detenidos Desaparecidos.
Te cuento que la familia tuya ha crecido. Tienes sobrinos y sobrinas grandes de 30 años. Que viven en Holanda y en Chile. Que son hijos de tus hermanas Flor, Clary y Gloria la mas chica.

Tus Bromas siempre estarán en mi recuerdo, pero la vida continua junto a tu papá que ya tiene 80 años.

Se despide tu madre que nunca pierde la esperanza de saber de ti.-

Tu mamá Julia Aguilera Jara

Con un homenaje a estudiantes y profesionales víctimas de la dictadura militar, la Escuela de Trabajo Social junto al Colegio de Trabajadores Sociales de Chile, conmemoró los 66 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948 – 2013), este 10 de diciembre.

En un acto realizado en el memorial que recuerda a los 17 trabajadores sociales  detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, inaugurado el año pasado en dependencias de nuestra Universidad,  se recordó uno por uno a esos  hombres y mujeres que perdieron la vida en manos de agentes del Estado. “Nuestros compañeros tienen rostros y nombres”, señalan quienes les conocieron.

La actividad estuvo encabezado por el director de Escuela Pablo Miranda, docentes, estudiantes y representantes del Colegio de Asistentes Sociales de Chile.

Omar Ruz, de la Escuela de Trabajo Social de nuestra Universidad, recordó que diez de las víctimas estudiaron en dependencias de lo que es actualmente la Academia y,  que por esos años,  acogía a la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chile. Además,  destacó la ideología de quienes perdieron la vida tras el golpe militar, quienes a su juicio creyeron y lucharon por un ideal, “son un rayo de luz presentes en cada uno de nosotros”, indicó.

En una declaración pública y leída en la jornada por Luis Cáceres, el Colegio Provincial del Colegio Nacional de Trabajadores/as y Asistentes Sociales de Chile manifestó que  “Queremos en esta ocasión rendir un sentido homenaje a nuestros colegas y estudiantes de Servicio Social que fueron víctimas de la represión de la dictadura militar, por el sólo hecho de pensar diferente y soñar con un mundo mejor”.

Agregan que “la defensa irrestricta e irrenunciable de los Derechos Humanos es parte constitutiva de nuestra historia, memoria e identidad profesional. Nos sentimos plenamente legitimados/as a exigir justicia y castigo a los responsables de la dictadura cívico-militar de 1973-89, que amparados en el estado organizaron, dirigieron y ejecutaron esta política del terror sistemático”, indican en la declaración.

También estuvo presente la presidenta nacional, Alicia Yáñez y representantes de la comisión nacional de DD.HH de la entidad, quienes entregaron detalles y avances de las causas que se encuentran en tribunales, de las cuales varias han tenido resultados favorables.

“Uno de los sellos de nuestro Colegio a nivel nacional es trabajar con los derechos humanos desde el punto de vista de la historia para no olvidarla y eso también se ha visto reflejado en el trabajo que ha realizado durante los últimos 41 años nuestra Comisión de DD.HH”, sostuvo Yáñez.

Son 17 víctimas a nivel nacional que pertenecían a  diversas universidades del país,  cinco de los cuales  encabezan la lista de ejecutados y 12 fueron detenidos y hasta la actualidad se encuentran desaparecidos.

A estos se suma un nuevo caso que el Colegio de Trabajadores Sociales no contemplaba en sus registros. Se trata del estudiante de la Universidad de Chile,  sede Chillán, José Alfredo Romero Lagos de 22 años, quien detenido y asesinado en 1973 en una localidad cordillerana de dicha ciudad.

“La búsqueda de posibles  nuevas víctimas de la dictadura, especialmente de estudiantes de servicio social,  es una herida abierta y una tarea permanente para el Colegio”, indicó Omar Ruz.

Las victimas

Alfredo Gabriel García Vega (Estudiante, desaparecido), Carolina Wiff Sepúlveda (As. Social, desaparecida), Elizabeth Rekas Urra (As. Social, desaparecida), Jacqueline Binfa Contreras (Estudiante, desaparecida), Jacqueline Droully Yurich (Estudiante, desaparecida), José Ernesto Agurto Arce (As. Social, desaparecido), José Alberto Salazar Aguilera (Estudiante, desaparecido), Juan Ernesto Ibarra Toledo (Estudiante, desaparecido), Luis Jorge Almonacid Dúmenez (Estudiante, desaparecido), María Cecilia Labrín Saso (As. Social, desaparecida) María Teresa Bustillos Cereceda (Estudiante, lista de los 119), María Teresa Eltit Contreras (Estudiante, lista de los 119), Elizabeth Cabrera Balarritz (As. Social, Ejecutada política), Gilberto Victoriano Veloso (Estudiante, Ejecutado político), Segundo Norton Flores Antivilo (As. Social, Ejecutado político), Sonia Valencia Huerta ( As. Social, Ejecutada política), Rolando Angulo Matamala (As. Social, Ejecutado político).

En una solemne y emotiva ceremonia, familiares de veinte jóvenes estudiantes universitarios detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Temuco, recibieron títulos profesionales póstumos.

La actividad, que contribuye al rescate de la memoria histórica y reconocimiento de la participación política de las y los jóvenes comprometidos con su realidad social; es la primera del país que titula a estudiantes de las que fueran las: Universidades Técnica del Estado y de Chile, sede Temuco; actualmente fusionadas en la Universidad de la Frontera (UFRO).

El evento organizado por las Juventudes del Partido Comunista, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de La Araucanía, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y Partidos Comunista de Chile, contó con el apoyo de la UFRO, casa de estudios superiores que certificó mediante decreto universitario, la validez de los títulos.

Los y las tituladas fueron: Carmen Díaz Darricarrere, Muriel Dockendorff Navarrete, Jacqueline Drouilly Yurich, Luis Almonacid Dumenes, Jorge Calderón Oteíza, Patricio Calfuquir Henríquez, José Campos Cifuentes, Nelson Curiñir Lincoqueo, Juan Antonio Chávez Rivas, Eulogio Espinoza Henríquez, Santiago Faúndez Bustos, Luis Maldonado Ávila, Pedro Mardones Cofré, Amador Montero Mosquera, Javier Parada Valenzuela, Dixon Retamal Cornejo, Juan Carlos Ruiz Mancilla, JOSE ALBERTO SALAZAR AGUILERA , Marcelo Salinas Eytel, y Daniel Sepúlveda Contreras.

Entre las actividades conmemorativas realizadas el 11 de septiembre en la Universidad de Concepción, estuvo el homenaje que la Escuela de Trabajo Social rindió a 15 colegas, víctimas del Golpe de Estado.

El emotivo encuentro coordinado por el Centro de Estudiantes de Trabajo Social, contó con la participación de autoridades, académicos y estudiantes. Las encargadas de conducir la ceremonia fueron Marcela Figueroa, presidenta del CETS y Cecilia Pérez, Jefa de Carrera.

Las víctimas recordadas durante la jornada fueron:

Elizabeth del Carmen Cabrera Balarriz “La lula”

Premio Universidad de Concepción de su promoción, tenía 23 años y un hijo, era Asistente Social, jefa del departamento de Bienestar de la Universidad del Norte, Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Fue detenida junto a su marido entre el 11 y el 15 de septiembre, este día estaban siendo transportados junto a otro compañero del MIR por el camino entre Antofagasta y la Base Aérea de Cerro Moreno, cuando el camión se detiene, les dan la orden a los tres de bajarse y caminar hacia adelante, solo eso. En ese momento se sienten las ametralladoras que golpean sus cabezas, Elizabeth cae al piso junto con su compañero y el bebé de cuatro meses que llevaba en su vientre.

Luis Almonacid Dúmenes

Estudiante de la Universidad de Chile sede Temuco, tenía 22 años, era dirigente estudiantil y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Fue detenido el 25 de septiembre y trasladado a la comisaría de Padre las Casas, luego llevado al Regimiento Tucapel y al día siguiente a la Cárcel de Temuco, en cada una de estas partes fue torturado a golpes y con electricidad. Testigos dicen haberlo visto egresar del recinto custodiado por Carabineros, nadie volvió a verlo.

Segundo Flores Antivillo

Asistente Social de Sociedad Química Minera de Chicle, 25 años, militante del partido socialista. Fue detenido el 1 de octubre en su domicilio, luego es trasladado a Tocopilla y a la cárcel de Antofagasta, el día 19 de octubre fue ejecutado por agentes estatales.

Rolando Angulo Matamala

Asistente Social en la dirección de asistencia social del ministerio del interior. Tenía 26 años, nacido en Talcahuano en 1971 recibe el Premio Universidad de Concepción. El 19 de abril de 1974 es secuestrado y el 27 de abril su cuerpo es encontrado sin vida con claras señales de tortura y con impactos de bala realizados a menos de 60 cm.

Juan Ernesto Ibarra Toledo

Estudiante de Servicio Social en la Universidad de Chile, tenía 21 años y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Fue detenido el 25 de julio de 1974, y testigos afirman haberlo visto en “Londres 38” un emblemático lugar secreto de tortura en el centro de Santiago, nadie ha sabido nada de él desde entonces.

Jacqueline Binfa Contreras “La kelina”

En 1972, ingreso a la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chile, tenía 28 años, militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, era conocida por su carácter crítico y estar totalmente entregada en su militancia y su trabajo en los frentes de poblaciones. Fue detenida y vista por última vez el 27 de agosto de 1974.

Maria Cecilia Labrin Sazo

Asistente Social, 25 años, militante del MIR. Fue detenida el 12 de agosto de 1974, desde esa fecha jamás se volvió a saber de ella ni de su bebe de 3 meses que llevaba en el vientre.

Jackeline Drouilly Yurich

Estudiante de Servicio Social en la Universidad de Chile, sede Temuco, 24 años, militante del MIR, fue detenida el 30 de octubre de 1974, desde ese día no se sabe ni de ella ni de su bebe de 3 meses que llevaba en el vientre.

José Alberto Salazar Aguilera

Estudiante Servicio Social, Universidad de Chile sede Temuco, 23 años. Militante del MIR en Valparaíso, fue detenido en noviembre de 1974, intento fugarse dos veces, ambas frustradas. El 10 de marzo es entregado a la DINA, el 13 de diciembre del mismo año, cuatro agentes de civil irrumpen en su casa, llevándose ropa, se le dijo a la familia que se encontraba hospitalizado, pero nunca pudieron verlo y hasta el día de hoy nada se sabe.

Alfredo Gabriel García Vega

Estudiante Servicio Social, Universidad de Chile. Detenido en Valparaíso el  18 de enero de 1975, militante el MIR, fue visto en el regimiento Maipo de Paya Ancha, el 20 de febrero fue sacado de allí, ni su hijo ni su familia saben su paradero.

Carolina Wiff Sepúlveda

Asistente social de la Universidad de Chile, 34 años de edad, militaba en el Partido Socialista, en el cual cumplía funcionas y de enlace con el comité central. Fue detenida en la vía pública el 25 de julio de 1975 por agentes de la DINA. Ni la hija que dejo ni su familia saben su paradero.

Elizabeth Rekas Urra

Estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile, 27 años, militante del Movimiento Acción Popular Unitaria. Fue detenida el 26 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes del estado. Permaneció recluida en Villa Grimaldi, desde ahí se desconoce su paradero tanto de ella como de su bebe de 4 meses que esperaba.

Gilberto Victoriano Veloso

Estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile, 35 años, militante del partido comunista de chile. Trabajaba como taxista, era casado y padre de tres hijos. El 1 de julio de 1985 fue ejecutado a la altura del paradero del 31 de gran avenida José Miguel Carrera por agentes de la CNI.

José Agurto Arce

Estudiante de Servicio Social, profesor, 27 años. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Hasta el 11 de septiembre de 1973, estuvo a cargo del departamento de asuntos estudiantiles de la universidad del norte en Antofagasta. Era Compañero de trabajo y militancia de Elizabeth Cabrera. Fue detenido el 10 de enero de 1975, hasta el día de hoy no se sabe de su paradero.

María Teresa Bustillos Cereceda

Estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile, 24 años. Su madre sufría una enfermedad mental que la mantenía encerrada, María era quien la cuidaba, su padre, al momento de saber de la detención y desaparición de su hija el 9 de diciembre de 1974, sufrió una ataque de hemiplegia que lo dejo paralizado hasta su muerte. Su situación familiar crítica, no la limito para militar en el Movimiento de Izquierda Revolucionario y entregarse en la lucha, hasta ser considerada como una mujer peligrosa para la dictadura.