Sáez Espinoza Luis Onofre

Rut : 223.637 Concepción

F.Nacim. : 12-09-36, 37 años a la fecha de su detención

Domicilio : Población Mario Medina casa 22, Laja

E.Civil : Casado

Actividad : Obrero especializado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de Laja

C.Repres. : Secretario del Sindicato de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones -CMPC- de Laja y de la Central Unica de Trabajadores -CUT- provincial. Militante MAPU

F.Detenc. : 20 de septiembre de 1973

SITUACION REPRESIVA

Luis Onofre Sáez Espinoza, casado, obrero de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (C.M.P.C.), dirigente sindical, militante del MAPU, debido a su calidad de dirigente social y político ampliamente conocido en la zona, el día 11 de septiembre de 1973, al tomar conocimiento de los acontecimientos que tenían lugar en el país, decidió abandonar su domicilio en virtud que temía por su vida. Se despidió de su esposa e hijos e intentó poner a salvo su integridad física y su seguridad personal.

Alrededor de las 10:00 de la mañana del día 11 de septiembre, en circunstancias que la cónyuge de Luis Sáez se había dirigido hasta la escuela a buscar a uno de sus hijos, llegaron al domicilio del afectado funcionarios de Carabineros y, en virtud de que Sáez Espinoza no se encontraba, procedieron a allanar la vivienda en presencia de la madre y los hijos mayores de éste.

Luego, a las 13:00 horas del mismo 11 de septiembre, llegó hasta el domicilio de éste el Sargento de Carabineros Pedro Rodríguez Ceballos en compañía de un militar -ambos armados de metralletas- los que se movilizaban en un jeep de la CMPC, conducido por un chofer de esa empresa de apellido Vásquez.

En esta ocasión, al igual que en la anterior, los uniformados allanaron la vivienda y procedieron a detener a la cónyuge de Luis Sáez, trasladándola en el vehículo hasta la casa de unos vecinos donde el Sargento Pedro Rodríguez preguntó si sabían del paradero de Sáez Espinoza, al obtener una respuesta negativa, ordenó a la esposa de éste que se bajara del jeep.

El día 12 de septiembre a las 05:00 de la madrugada, dos carabineros -sin identificarse- regresaron nuevamente a la vivienda en búsqueda del jefe de hogar y otra vez allanaron el domicilio. Estos se movilizaban en un automóvil particular e iban armados.

El viernes 14 de septiembre, nuevamente retornaron Carabineros a la casa de la familia Sáez Ibaca. Esta vez en un jeep y una camioneta al mando del Sargento Pedro Rodríguez Ceballos, quien le comunicó a la Sra. Rosa Eliana Ibaca -cónyuge de Luis Sáez- que le dijera a su esposo que "así como se había entregado Macaya -otro detenido desaparecido de Laja- le dijera a su marido que también lo hiciera".

Momentos después de haberse retirado la patrulla de Carabineros, dos asistentes sociales de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones -CMPC- de Laja, visitaron a Rosa Eliana, con el propósito de informarse cómo se encontraba el grupo familiar. De igual forma se comprometieron a hablar con el Teniente Fernández Mitchel, jefe de la Tenencia de Carabineros de Laja, para que los funcionarios de dicha repartición no allanaran más la casa, puesto que

los hijos de la familia estaban traumatizados.

El día 20 de septiembre llegó hasta el domicilio de Luis Sáez, el cura párroco de Laja, padre Félix Eicher, quien le informó que había ubicado a su marido y que éste quería conversar con ella. El mismo sacerdote llevó en su camioneta a Rosa Eliana hasta donde se encontraba Sáez Espinoza. En esa oportunidad los esposos hablaron acerca de la posibilidad de que se entregara Luis Onofre, cuestión a la que éste se resistía pues temía por su vida. Con el padre Félix finalmente acordaron que éste lo trasladaría hasta Los Angeles, ciudad donde se entregaría.

Ese mismo día 20, acompañado por el sacerdote con el fin de proteger su vida, cerca de la hora del "toque de queda", Luis Onofre Sáez se entregó a un puesto policial en la Prefectura de Carabineros de Los Angeles, ubicada en Avda. Vicuña, pudiendo percatarse el sacerdote que un policía destacado en el puesto de vigilancia de calle Los Carreras frente al N°200, condujo a Sáez Espinoza al interior de la Prefectura por la parte posterior de ésta.

Al día siguiente, el padre Félix informó al Sargento Rodríguez que Luis Sáez Espinoza se había entregado en Los Angeles.

Doña Rosa Eliana Ibaca, viajó hasta la ciudad de Los Angeles e intentó infructuosamente ubicar a su esposo. Entregó ropas y alimentos en la oficina de Cruz Roja, los que le fueron devueltos, debido a que el detenido no fue ubicado en ninguno de los recintos de detención.

De ahí en adelante buscó a su esposo en Concepción y Talcahuano, aparte de Los Angeles, donde lo hacía día por medio. En dos oportunidades se entrevistó con el Fiscal Militar de Los Angeles, quien se limitó a responderle que Luis Onofre Sáez Espinoza no había sido detenido. Idénticas gestiones hizo el padre Félix Eicher Bongartz, quien incluso se hizo acompañar del Obispo de Los Angeles, Monseñor Orozimbo Fuenzalida, sin que pudieren establecer el paradero y la situación de Luis Sáez ni de los demás detenidos de Laja.

Posteriormente se pudo establecer que los 19 detenidos Juan Acuña Concha, Luis Araneda Reyes, Manuel Becerra Avello, Rubén Campos López, Dagoberto Garfias Gatica, Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Juan Jara Herrera, Mario Jara Jara, Jorge Lamana Abarzúa, Alfonso Macaya Barrales, Heraldo Muñoz Muñoz, Wuilzon Muñoz Rodríguez, Federico Riquelme Concha, Oscar Sanhueza Contreras, Luis Ulloa Valenzuela, Raúl Urra Parada, Juan Villarroel Espinoza y Jorge Zorrilla Rubio, sacados la madrugada del 18 de septiembre de la Comisaría de Laja, y Luis Onofre Sáez Espinoza fueron ejecutados por sus captores en el Fundo San Juan, ubicado entre Laja y Yumbel y sus cuerpos enterrados clandestinamente. En 1979 los restos de estos 20 detenidos desaparecidos, por orden judicial, fueron entregados a sus familias. El cuerpo de Luis Sáez fue encontrado enterrado clandestinamente en el fundo mencionado. Se pudo establecer que tenía un orificio de bala y que estaba amarrado con alambres. Los otros 19 cuerpos fueron encontrados enterrados también clandestinamente en el Cementerio de Yumbel, donde habían sido trasladados por Carabineros de esa localidad debido a que el primer lugar de entierro había sido descubierto por lugareños.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

Después de agotadas las gestiones personales, doña Rosa Eliana Ibaca interpuso ante la Corte de Apelaciones de Concepción el 12 de abril de 1977 el Recurso de Amparo N°3964, en favor de Luis Onofre Sáez Espinoza, el que fue rechazado el 2 de junio de 1977, considerando que "no se encuentra detenido y no hay constancia que se haya ordenado su detención". Tal resolución fue apelada el día 3 del mismo mes y año; la que fue concedida y elevados los antecedentes a la Corte Suprema, la que confirmó el rechazo el día 30 de junio de 1977. A la vez ordenó al Juez del Crimen de Yumbel que instruyera el sumario correspondiente por presunta desgracia de Luis Onofre Sáez Espinoza, causa que no dio resultados en relación a la suerte del detenido.

Posteriormente a raíz de la investigación judicial que se inició en el Juzgado de Letras de Laja, con motivo de la causa N°2770, caratulada "secuestro y homicidio de Fernando Grandón y otros", y que se nombró Ministro en Visita al señor José Martínez Gaensley, se pudo establecer la suerte de los detenidos. Todos ellos fueron ejecutados al margen de todo procedimiento legal por Carabineros y enterrados clandestinamente. El 19 de octubre de 1979 en excavación realizada en el Fundo San Juan se logró encontrar los restos de Luis Sáez Espinoza, todavía quedaban amarras de alambre en pies y rodillas y en la espalda tenía un orificio de bala. El 27 de noviembre de ese año, los restos fueron entregados a sus familiares y ese mismo día se realizaron los funerales.

El 18 de marzo de 1980 el Ministro en Visita declaró su incompetencia y ordenó remitir los antecedentes a la Justicia Militar. En dicho Tribunal el proceso roló con el N° 323-80 y le correspondió a la Fiscalía Militar ad-hoc de Concepción su tramitación. La causa fue sobreseída definitivamente el 9 de junio de 1980 por el juez del 3er. Juzgado Militar y aprobado por la Corte Suprema el 3 de diciembre de 1981. Los responsables de los delitos de secuestro y homicidio fueron amnistiados en virtud del Decreto Ley 2191 de 1978.

A pocos días del Golpe de Estado, 19 trabajadores, entre ellos trabajadores de la papelera y campesinos, fueron asesinados por Carabineros, bajo indicaciones de civiles y empresarios de la zona de Laja.

Este jueves 15 de marzo, en un fallo inédito en el país, la Corte de Apelaciones de Concepción decidió procesar a cuatro civiles por la ejecución de 19 personas, entre ellos, trabajadores de la papelera perteneciente al grupo Matte, campesinos y estudiantes, en la zona de Laja, región del Biobío. Entre los civiles, hay dos funcionarios de la papelera, CMPC, además del jefe de seguridad de la empresa, quienes podrían ser condenados por estos crímenes en los próximos días, en un fallo que sirve como antecedente para definir la responsabilidad de empresas y civiles (terceros actores), en estas causas.

Los ejecutivos, Lionel Aguilera y Carlos Ferrer, ejecutivos de la empresa en 1973, guiaron y dieron nombres a efectivos de carabineros de la zona, para ejecutar a las víctimas. También, la investigación ha arrojado que Pedro Jarpa, jefe de seguridad de la empresa, inició la operación, mientras que Rodolfo Román fue el chofer que trasladó a las víctimas hasta el fundo San Juan, donde fueron asesinados.

"En mayo pasado, el ministro Galdano había descartado imputar a estos civiles, sin embargo, los familiares solicitaron que se incluyeran entre los procesados y así lo definió la Corte de Apelaciones de Concepción, que ellos tendrían responsabilidad en los hechos. Si es así, ésta sería una demanda histórica y completa los antecedentes que teníamos de la participación de estas personas, antecedentes que se tenían desde las primeras declaraciones del caso, en 1979", señala el abogado del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría, Patricio Robles.

"Lo que podría venir a continuación es una orden de detención a estas personas y nosotros, como querellantes, esperamos pronta condena. Los involucrados arriesgan hasta cinco años de prisión y puede que no accedan a beneficios", agrega Robles.

El caso podría tener por segunda vez en la historia a civiles condenados por delitos de lesa humanidad. El primero fue hace unos meses el caso del empresario Francisco Luzoro, condenado por asesinatos de campesinos en Paine. A la vez, aunque no se condena directamente a la empresa, la investigación involucra a la CMPC, incluso mediante prácticas de persecución a sus trabajadores antes del golpe de estado, con la intervención de militares en sus dependencias para evitar supuestas tomas de parte de sus trabajadores.

Según lo indagado, los imputados dieron nombres de los trabajadores calificados como "agitadores", facilitaron medios de transportes y recursos para trasladar a los detenidos y facilitar el ocultamiento de los cuerpos, en colaboración con el agricultor de la zona, Peter Wilkens.

El 15 de marzo pasado, la impunidad que cubría hace 44 años el asesinato de Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez en la masacre de Laja, comenzó a dar sus últimos estertores. Y esta vez los inculpados no fueron militares sino civiles. Tres jefes y un chofer de la planta de la CMPC, propiedad del Grupo Matte, fueron procesados como cómplices de esos homicidios: Pedro Jarpa Forester, Carlos Ferrer Gómez, Lionel Aguilera Covarrubias y Rodolfo Román Román.

La resolución unánime de la Corte de Apelaciones de Concepción describe cómo Jarpa Forester, quien en 1973 era jefe de Seguridad de la Papelera de Laja, reconoció que “reunió a un grupo de gente que aparecía en una lista proporcionada por Fernández Mitchell (Alberto, teniente de Carabineros) y procedió a llamarlos por su nombre”. Y agregó: “entre los vehículos utilizados por los carabineros estaba un Land Rover de la Papelera” y que “facilitó la detención de estos trabajadores de la misma empresa, proporcionando sus nombres, sindicándolos e identificándolos cuando ellos salían y entraban a la planta frente a Carabineros»

Sobre Carlos Ferrer Gómez y Lionel Aguilera Covarrubias, el fallo indica que “en su calidad de jefes de la Papelera CMPC, proporcionaron a Carabineros de la Tenencia Laja los nombres de los trabajadores que a su juicio eran agitadores políticos colaborando con su detención en la puerta de acceso a la Planta, facilitaron vehículos y personal de choferes para su traslado y materiales como cal para cubrir sus cuerpos una vez que fueron asesinados”. En cuanto a Rodolfo Román Román: “actuó como chofer de los vehículos utilizados en el traslado de los detenidos, especialmente un jeep Land Rover, prestando colaboración en los ilícitos descritos» (revise aquí el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción).

A continuación presentamos el reportaje de CIPER que en enero de 2012 hizo pública la primera confesión en este dilatado juicio y que estableció la responsabilidad de los jefes de la planta de la Papelera en los crímenes, una verdad que los familiares de los deudos testificaron en tribunales desde el primer día pero no fueron escuchados. Fue el cabo Samuel Vidal quien entregó detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él junto a otros policías -y con la complicidad de los civiles ya identificados- asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Se rompía así el juramento que los carabineros de Laja hicieron en noviembre de 1973: “Si alguien abre la boca, habrá que piteárselo entre los mismos compañeros”.

A 38 AÑOS DE LOS CRÍMENES LOS CARABINEROS HABLAN Y QUEDAN LIBRES

“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.

Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó.

Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.

27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.

El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.

15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO
El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y grueso el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre, pero no aparecía entre los que tenían programado viajar ese sábado 15 de septiembre de 1973. Entonces comenzó la caminata de vuelta a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.

-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio llegar.

Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su máquina estaba en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá. Además, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.

Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio como se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.

Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una lista formal ni órdenes de aprehensión: la orden que vino de la Comisaría de Los Ángeles fue detener a todos los dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si Castillo, que los conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.

Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a buscar a su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar once con su familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde Laja se metió a la fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).

Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.

11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES
Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando el día siguiente rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después de la ejecución, partió por el principio:

“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.

“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la Jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra. Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.

Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la CMPC formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía expropiar. Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por Fernández Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún tiene– en Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la Tenencia. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía en sus manos una lista que el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.

Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos ellos fueron derivados después, en la misma micro de la empresa del Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR que se sumó voluntariamente a la reconstitución de escena que llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó.

Después de poco más de un año y tres meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo Cuevas se le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días siguientes no tuvieron.

13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS
Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que la CMPC les había otorgado para que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.

En cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en las oficinas de Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con el guardia de turno, pero le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. Después le dirían a su padre que lo habían detenido porque «militaba con los miristas». Manuel ya había sido detenido antes, durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a otros amigos consignas del MIR en Laja. El joven quedó detenido.

El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo.

Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas puso un pie afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente después de oír en una radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus suegros. Nunca regresó.

El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos hombres que se sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró saliendo de su trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro, Fernando Grandón, que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.

16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA
Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas visitas como esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda como “dos mediaguas grandes a las que se le habían hecho unos agregados”, había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se presentó en la Tenencia de forma voluntaria.

Desde que comenzaron las detenciones, sus padres, hermanos e hijos los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo del recinto. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado, pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y cuando lo encontró en medio del grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la pica.

El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de ahí fue directo al calabozo.

Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, que ingenuamente había acompañado a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iban intentaban convencer a los carabineros de que los soltaran. Los presos les decían que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí. La noche de la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden.

“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.

18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE
Los hombres que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19 ya estaba en curso.

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Hasta que el cabo Samuel Vidal declarara en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después de él, Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que había acompañado a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana ni que pasado el Puente Perales, después de una curva en el camino entre Laja y Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa noche sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.

Según un reportaje que publicó Contacto cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice y haber guiado y observado como un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan. Una noche que el sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda muy bien:

“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.

18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE
Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de carabineros subió a los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron, se bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de partir. Y allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la misma suerte de los que acababan de asesinar.

A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su hermano Raúl. Esperaba encontrarse con todos los detenidos y sus familiares, sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba encontrarse con su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.

Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.

Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher acompañó al obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los días previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo habían encontrado. “Así como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”, le habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo convenció de que se entregara el 20 de septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido. Seis años después, cuando encontraron a los otros 19 en el cementerio de Yumbel –donde habían sido llevados clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los restos de Luis Sáez aparecieron en el Fundo San Juan.

EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA
Aunque habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que trabajaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año . El sargento 1º (r) Gabriel González, por ejemplo, aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19 desaparecidos y que él sólo participó en algunas detenciones. Nada dijo de su pelea con Nelson Casanova esa madrugada justo antes de dispararles por la espalda. Y el mismo Casanova, quien según los testimonios se resistió a disparar, declaró: “En esa época había muy buena relación con los trabajadores de la CMPC, por lo que no tuve conocimiento de que hayan sido detenidos empleados de dicha empresa”.

Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011 una orden de detención para los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después de eso, todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático. Después de eso, no quedaron más dudas: luego de cuatro días, el ministro procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes, hoy todos están libres.

La siguiente es la lista de todos los carabineros involucrados y lo que ocurrió con ellos:

1.- Alberto Juan Fernández Michell: Teniente (r) de Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000.

2.- Evaristo Garcés Rubilar: Era suboficial de Carabineros y el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo que jugó un papel clave en la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de la diabetes.

3.- Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento de Carabineros. Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel protagónico en la gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo después de lo que ocurrió esa noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2002 el el Hospital Dipreca por un cáncer gástrico metastásico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.

4.- Lisandro Alberto Martínez García: Sargento 1º (r) de Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber participados en la masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina de partes del cuartel, terminó aceptando su participación: “Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.

5.- Luis Antonio León Godoy: Sargento 2º (r) de Carabineros. Al principio dijo que habían sido los militares los que pasaron por la Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió su versión: “Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional luego de pagar una fianza de $300.000.

6.- José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento (r) de Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que no estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena, reconoció haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo, pero no apretó el gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y luego de pagar una fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.

7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue uno de los primeros en prestar declaración y reconocer lo que sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa noche se juntó con la caravana cuando ya estaban por llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por homicidio y obtuvo su libertad provisional después de pagar una fianza de $300.000.

8.- Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento 2º (r) de Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de septiembre de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es uno de los procesados por homicidio y tras pagar los $300.000 de la fianza, salió en libertad provisional.

9.- Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento 2º (r) de Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que sucedió esa noche. También fue procesado por homicidio y está con libertad provisional desde que pagó los $300.000 de su fianza.

10.- Gabriel Washington González Salazar: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue el hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando le tocó declarar, dijo que habían sido los militares. Después reconoció su participación. Los procesaron por homicidio y hoy está libre.

11.- Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo 1º (r) de Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en Laja. Fue procesado por homicidio y también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.

12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera declaración sólo dijo que después del 11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después agregó que estuvo esa noche y que disparó cuando se lo ordenaron, pero que no lo hizo a los cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y hoy goza de libertad provisional.

13.- Nelson Casanova Salgado: Sargento 1º (r) de Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo de detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación. También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la fianza.

14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo 1º (r) de Carabineros. Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó de la investigación.

15.- Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Suboficial (r) de Carabineros. Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es uno de los tres carabineros sobreseídos.

16.- Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial (r) de Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.

17.- Sergio Castillo Basaul: Suboficial de Carabineros. Si bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo al guiar las detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en esa localidad y conocía a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis de laennec, la que produce el alcoholismo.

LUIS SÁEZ: EL FUSILADO Nº 20
La primera vez que los carabineros de la Tenencia de Laja fueron a buscar a Luis Sáez Espinoza (37 años) a su casa en la Población Mario Medina, fue el 11 de septiembre de 1973 a las 10:00. Además de empleado en la CMPC, Sáez era dirigente sindical y militante del MAPU. Por eso, apenas supo del Golpe, pasó a la clandestinidad. Como él no estaba cuando llegaron los carabineros, allanaron su casa frente a su esposa, Rosa Ibaca, y sus hijos. Tres horas después, la patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez Ceballos volvió en el jeep que la empresa del Grupo Matte les había proporcionado, con cascos y armamento largo. De nuevo allanaron su vivienda, pero esa vez se llevaron a Rosa. Apuntándola con sus fusiles, la llevaron donde unos vecinos y como nadie sabía dónde estaba Luis, la dejaron allí. Al día siguiente se repitió la escena.

El 14 de septiembre, el sargento Rodríguez llegó de nuevo a buscar a Luis y por tercera vez, no lo encontró. Ese fue el día en que le dio a su esposa el recado: que se entregara como ya lo había hecho el día anterior Alfonso Macaya. Minutos después llegaron unos asistentes sociales de la empresa para ver cómo estaba la familia y se comprometieron en hablar con el teniente Fernández Michell para que no allanaran más esa casa. Los niños estaban traumatizados.

Seis días después, el párroco de Laja, Félix Eicher, fue a hablar con la mujer. Le dijo que sabía dónde estaba Luis y que quería hablar con ella. El sacerdote la llevó en su camioneta. Cuando se encontraron, ella le dijo que debía entregarse. Luis tenía miedo, sabía que su vida peligraba, que sólo dos días antes el grupo de 19 detenidos había desaparecido sin dejar rastros. Para que no le pasara nada, el cura lo convenció de ir a Los Ángeles y no a la Tenencia de Laja. Él acepto. Ese mismo día, 20 de septiembre de 1973, poco antes del toque de queda, fueron en la camioneta del sacerdote hasta la Prefectura de Los Ángeles. Luis se bajó del vehículo, se presentó y allí quedó detenido. El sacerdote Eicher fue testigo.

Al día siguiente el mismo sacerdote le avisó al sargento Rodríguez que Luis ya se había entregado.

Rosa fue a dejarle ropa y comida en la oficina de la Cruz Roja, pero todo se lo devolvieron porque Luis no estaba en ningún centro de detención. Su esposa lo buscó durante años con la ayuda del sacerdote y el obispo de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida, pero nada. Nunca más se supo de Luis.

La búsqueda se extendió hasta 1979, cuando la investigación que conducía el ministro en visita José Martínez llevó al paradero de los fusilados de Laja y San Rosendo, pero no a sus victimarios. Mientras que los demás habían sido llevados al Cementerio Parroquial de Yumbel, los restos de Luis aparecieron enterrados clandestinamente en el mismo lugar donde se llevó a cabo la masacre, en el Fundo San Juan, junto a un bosque de pinos de la CMPC. Tenía un orificio de bala y estaba amarrado con alambres.

En los documentos a los que tuvo acceso CIPER, aparece mencionado el Informe Policial Nº 988 del 15 de marzo de 2011. Según ese documento, se le preguntó a sus familiares directos, pero ellos dijeron que nunca les entregaron sus restos, por lo que aún Luis Sáez Espinoza es un detenido desaparecido.

Fue una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año pasado.