Ruz Zúñiga Jorge Carlos Romualdo

Rut                   :            5.742.071 de Santiago

F.Nacim.            :            07-02-47, 26 años a la fecha de su detención.

Domicilio            :            Valentina Lepe 10823, La Florida, Santiago

E.Civil              :            Casado, 1 hija

Actividad            :            Ingeniero Hidráulico de la Planta SERCOTEC

C.Repres.            :            Militante de izquierda

F.Detenc.            :            20 de septiembre de 1973

    SITUACION REPRESIVA

            Jorge Carlos Romualdo Ruz Zúñiga, casado, una hija, Ingeniero Hidraúlico fue detenido el 20 de septiembre de 1973, alrededor de las 15:30 horas en su lugar de trabajo, Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, ubicado en Rivas Vicuña 365, Maipú. La aprehensión la efectuó un grupo de Militares pertenecientes al Regimiento de Infantería de Montaña Reforzado N°18 "Guardia Vieja" de Los Andes, los que se encontraban acantonados en el recinto de la FISA de Maipú. Desde este recinto fue trasladado hasta el Estadio Nacional, junto a 2 trabajadores de la misma empresa, José Nobrega Araujo y Gonzalo Lagos Puccio.

            Desde el recinto de detención del Estadio Nacional fue sacado por Carabineros en la noche del mismo día 20 de septiembre junto a 4 detenidos más y conducidos al sector del Cajón del Maipo, donde fueron ejecutados. Dos de ellos sobrevivieron al fusilamiento, saltando hacia el río. El cuerpo de Jorge Ruz nunca fue entregado a su familia, ni fue reconocida su muerte por los organismos pertinentes.

            Antecedentes sobre los hechos son proporcionados por su padre Raúl Ruz Vega ante la justicia. En una de sus declaraciones expresa: "El día 20 de septiembre de 1973, en horas de la mañana mi hijo Jorge Carlos Romualdo Ruz Zúñiga que vivía en mi casa, junto a su esposa la ciudadana soviética Viera Brinchinina y la hija de ambos nacida en el país, salió en dirección de su trabajo en el Servicio de Cooperación Técnica, ubicado en calle Rivas Vicuña N°365 de Maipú. Ese mismo día llegaron hasta mi casa los ingenieros señores Hernán Morales, Eduardo Moya y el constructor civil Germán Contreras, diciéndome que en el transcurso del día mi hijo había sido detenido por efectivos Militares quienes se habían hecho presente en el recinto de SERCOTEC… Los militares que lo habían detenido eran presumiblemente del Regimiento Andino, que tenía su base en el recinto de la FISA."

            "Mi hijo recibió su título profesional luego de estudiar en la Unión Soviética. Me comentó que sentía temor de ser detenido, pero no le atribuyó gran importancia a ese hecho. Supe por rumores que mi hijo había estado en el Estadio Nacional y que posteriormente había sido llevado al Cajón del Maipo."

            Numerosos testigos, pertenecientes al Servicio de Cooperación Técnica complementaron esta declaración. Es así como Víctor Morales Vega afirma: "El día 20 de septiembre llegaron al lugar varios uniformados, quienes hicieron salir a todos los empleados y obreros a los jardines. Al parecer encontraron unas armas cortas de fuego. Posteriormente detuvieron a Ruz Zúñiga. Luego exhibieron dos pistolas y dijeron que las habían encontrado en el allanamiento".

            Otro de los funcionarios de dicha empresa, el constructor civil Germán Contreras declara en los mismos términos "a los pocos días del pronunciamiento militar, personal del Ejército bajo el mando de un señor que dijo ser Oficial de Ejército, al mando de unas 30 personas, procedieron a la detención de 3 personas, pero yo solamente sabía los datos personales del citado Ruz, uno de los otros era brasilero y el otro nacional. Agregó ese oficial que él estaba a cargo de custodiar el cordón industrial Cerrillos"… "Aún siendo amigo de Ruz, nunca manifestó posición política alguna y una vez me dijo que era enemigo de las tomas y acciones violentas".

            Por su lado Eduardo Moya Roa quien también trabajaba en la empresa señala… "entre 3:30 horas P.M. y cuatro de la tarde se hicieron presente en el laboratorio entre 30 a 40 efectivos Militares, en tenida de combate, sin diferencia entre la tenida de Oficiales y soldados… De lo que yo supe después, fue que en uno de los jardines del edificio, debajo de un pastelón, un jardinero encontró armas cortas, en pequeña cantidad, le avisó de ello a la jefatura y ésta al Fiscal del servicio que en esos momentos era Delegado de Gobierno… el Fiscal solicitó que se fuera a retirar esas armas y de ahí la presencia de Militares. Los militares nos juntaron a todos los funcionarios en el patio… Vi que llevaban a 3 funcionarios: Jorge Ruz Zúñiga… José Nobrega, brasileño y también a Gonzalo Lagos".

            Julio Carrasola R., ingeniero civil agrega: "…Recuerdo que los militares leyeron nombres de una lista cuando estábamos en el patio, a las personas de la lista los hicieron tenderse 'de guata' y los golpearon… yo diría que los militares se llevaron a Jorge Ruz, entre otras personas… El se declaraba comunista- marxista, pero no participaba".

            Reafirmando esta versión declara Leonardo Giavio C., ingeniero civil: "Hicieron desalojar a todos lo funcionarios del edificio y los formaron en el antejardín, incluso estuvo abajo el Delegado de Gobierno, Fernando Sepúlveda. Un Oficial, o al menos la persona que estaba a cargo de los efectivos, llamó a 5 ó 6 personas de los funcionarios, cuyos nombres llevaba anotado en un papel… Recuerdo a 3 personas que trabajaban con nosotros, Gonzalo Lagos, Jorge Ruz y José Nobrega… La persona a cargo de los efectivos hizo uso de la palabra, ponderando el hecho de que se habían encontrado armas en el laboratorio, lo que era atentatorio contra las Fuerzas Armadas; luego se llevaron a las 3 personas mencionadas". "Recuerdo que la gente del operativo estaba uniformada y un Oficial joven era del Regimiento Guardia Vieja de Los Andes".

            Es así como en el proceso quedó acreditada la detención por parte de los militares que se encontraban a la fecha acantonados en Maipú.

            Al respecto el Delegado de Gobierno en SERCOTEC a la fecha de los acontecimientos, Luis Sepúlveda Alamos, señala haber tenido conocimiento por información dada por el personal de los laboratorios, que había sido encontrado un paquete de armas en los terrenos de dicha repartición. "Di cuenta al Ministerio de Economía …se me ordenó dar cuenta del hecho para hacer entrega de las armas y se practicara una investigación de los implicados. En cumplimiento de lo ordenado se dio cuenta al jefe de un Regimiento que estaba acantonado en el local de la FISA en Maipú… Con motivo del aviso concurrió numeroso personal militar al mando, al parecer de un Oficial, cuyo grado y nombre ignoro porque no se individualizó. El personal militar andaba en varios vehículos y vestía uniforme de guerra, sin grados visibles. Previa investigación en dicha oportunidad fueron detenidas 2 personas. Entre los detenidos se encontraba don Jorge Ruz, de lo cual tomé conocimiento en el mismo momento de su detención. Se encontró un paquete de pistolas de grueso calibre de procedencia rusa, según calificación que hizo el personal militar a quien se le entregó el paquete. El señor Ruz y otros, cuyos nombres ignoro, fueron individualizados por el personal militar".

            El recinto de la FISA en Maipú había sido ocupado antes del 11 de septiembre de 1973 por Militares del Regimiento Guardia Vieja de Los Andes.

            El ex gerente general de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Guzmán Mira, afirma que "luego del pronunciamiento militar el recinto se ocupó por personal del Ejército, cuyo fin era resguardar los cordones industriales, según tengo entendido. Yo supe que el personal del Regimiento Guardia Vieja se instaló allí, y de ellos me tocó tratar con el, en ese entonces, Comandante Prüssing, siendo su ayudante el Capitán Penroz".

            El ex administrador de ese recinto Luis Eduardo Guzmán Forster reconoce haber hecho entrega del recinto de FISA a personal Militar del Regimiento Guardia Vieja N°18, de Los Andes el día 7 de septiembre de 1973, al mando del Capitán Guajardo. Agrega en su declaración, "me consta que en los días posteriores al 11 de septiembre del mismo año, se ocupó para mantener detenidas a personas, pero en trámite, mientras se les trasladaba a lugar más definitivo en el Estadio Nacional.

            En el proceso quedó acreditada la permanencia del Regimiento de Infantería N°18 Guardia Vieja que se acantonó en el recinto de la FISA, a contar del 11 de septiembre de 1973, integrando la sub agrupación "Maipú", al mando del Coronel Luis Prussing Schwartz, agrupación conformada en un principio por fuerzas del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones. Se afirmó además que "de los operativos que se efectuaban diariamente se informaban sus resultados al CAJSI (Santiago)" -organismo de coordinación de inteligencia- "al regresar el Regimiento a su guarnición, toda la documentación y Libros de Control fueron entregados al CAJSI". Este organismo posteriormente dejó de existir y según informó la guarnición del Ejército de Santiago al Tribunal, la documentación fue incinerada "conforme lo estipulaban las disposiciones vigentes sobre trámite y uso de la documentación".

            Según declaración del Teniente Coronel de Ejército, Ramón Guajardo B., los detenidos pasaban en tránsito y no más de algunas horas por el recinto de FISA, "para ser de inmediato entregados a la Policía Civil o Carabineros quienes utilizaban el procedimiento de rutina para ser puestos a disposición de la justicia".

            Dos importantes declaraciones respecto a la detención, tránsito de los detenidos y destino final la constituyen los testimonios de los detenidos junto a la víctima, Gonzalo Luis Lagos Puccio y José Nobrega Araujo.

            Gonzalo Lagos afirma, que una vez detenidos los subieron a un camión Tolva y los obligaron a acostarse en el suelo. Fueron conducidos a un lugar ubicado en la FISA. Allí fueron interrogados por armas y duramente golpeados. "En 3 oportunidades fui sometido a simulacros de fusilamiento". Al cabo de unas horas subieron a los 3 detenidos junto a otros a un camión en el cual los trasladaron durante el Toque de Queda al Estadio Nacional. En el Estadio permanecieron uno al lado del otro en el suelo, "hasta que me llamaron para ser interrogado. En este interrogatorio fui desnudado y nuevamente golpeado para que reconociera las armas, que se encontraban encima del escritorio de mi interrogador, al lado de las 3 cédulas de identidad; es decir, la de Ruz, Nobrega y la mía". Terminado el interrogatorio fue llevado nuevamente a la fila de personas en el suelo y luego los trasladaron hacia el túnel, donde nuevamente los obligaron a acostarse en el suelo. "Yo quedé adelante y Nobrega y Ruz quedaron de los últimos. Poco después escucho la voz de un militar que dice: los tres últimos que se paren, y veo que se llevan a Nobrega y Ruz, más una tercera persona que desconozco. "No supe más de ellos en el Estadio".

            Por su lado, otro detenido, José Nobrega relata en términos similares lo que fue la detención y traslado al recinto de la FISA y posteriormente al Estadio Nacional.

            Respecto a su paso por el Estadio relata haber sido conducido a unos pasillos y luego a un subterráneo donde habían muchos detenidos apoyados contra la muralla o de boca al suelo. Estando en ese lugar fueron conducidos por un militar a otra dependencia. Allí fue interrogado Jorge Ruz y luego el declarante. En ese lugar, el Oficial se sentó en una pequeña mesa. Tomó los documentos personales que poseía y comenzó a interrogarlo. Tomó una carpeta que tenía bajo otros papeles donde dijo tener todos los antecedentes de Brasil. Enseguida abandonó la sala y habló con otra persona que se encontraba en la parte de afuera, al lado de la puerta. Esta persona hablaba casi en portugués con el Oficial y tenía un acento de la región de Río de Janeiro. Posteriormente el Oficial lo condujo nuevamente al pasillo donde también estaba Jorge Ruz. En un momento dado quedó constituido un grupo formado por el declarante, el afectado, un joven de unos 23 años que usaba anteojos y 2 obreros; uno moreno y otro rubio. Durante unos 40 minutos permanecieron allí vigilados por los militares que los apuntaban con sus armas. Continúa en su declaración:" Después se acercó un grupo de Carabineros de aspecto belicoso, que por sus gestos brutales me dio mal presentimiento. Estos nos tomaron y nos condujeron hasta un bus Mercedes Benz, pintado de verde… Una vez en el bus, el Oficial de Carabineros que comandaba el grupo nos distribuyó acostados en el piso. Iniciamos viaje y durante el trayecto pude percibir que nos llevaban fuera de Santiago. En diversas oportunidades el bus tuvo que pararse para identificarse a las patrullas que habían en el camino. Después de viajar cerca de una hora, el bus se paró y los carabineros nos hicieron bajar… Los carabineros nos tomaron ya sin amarras y nos hicieron arrodillar delante del bus que nos iluminaba, en la angosta carretera que separa el Río Maipo de una abrupta montaña, en el Cajón del Maipo. Mi primera reacción frente a esta difícil situación fue levantarme inmediatamente y decir al Oficial que comandaba los Carabineros que yo era extranjero y nada había hecho para ser fusilado. El Oficial que comandaba los Carabineros, un tipo alto y fuerte, que portaba una charretera amarilla propia de los oficiales ayudantes de los generales, me dio empujones y me hizo volver junto al grupo. Tenté por segunda vez esta actitud, que ya antes había causado un desconcierto en el control por los carabineros. Todo eso dentro de una fracción de segundos. Esta segunda actitud hizo que los carabineros iniciaran los disparos en forma descoordinada. Mi primera medida naturalmente instintiva fue saltar hacia adelante ……. Los carabineros creyéndome muerto, arrojaron los cuerpos de los demás…"

            Otro de los sobrevivientes, Manuel Antonio Maldonado Gatica, también aporta antecedentes importantes en relación a la misma situación. Maldonado Gatica fue detenido el 18 de septiembre de 1973, por militares de la Escuela de Paracaidismo de Peldehue, junto a su padre, Manuel Segundo Maldonado Miranda y trasladados al recinto que esta Unidad Militar tiene en Peldehue; en ese mismo lugar permanecieron también detenidos sus hermanos Víctor Joaquín y Juan Domingo. Desde este lugar es trasladado -junto a sus hermanos- al Estadio Nacional, donde también fueron objeto de torturas. Su padre quedó detenido en el recinto de Peldehue.

            En la madrugada del día 19 son conducidos por Carabineros, en bus de esa Institución, a un sitio eriazo en la Comuna de Macul el declarante, su hermano Víctor Joaquín, Juan y Paulino Ordenes Simón y otra persona que también traían de Peldehue, siendo ejecutados. Manuel Maldonado Gatica logró sobrevivir y momentos después fue nuevamente detenido en horas del toque de queda, por una patrulla militar. Conducido a un Retén de Carabineros en Macul, donde fue brutalmente golpeado, quienes lo devolvieron al Estadio Nacional.

            El día 20 de septiembre fue sacado de ese recinto de detención, por Carabineros alrededor de la medianoche, para ser fusilado. Junto a él llevaban a 4 hombres, de los cuales dos de ellos parecían conocerse, ya que hablaban entre ellos. Otro era un estudiante de la Universidad Técnica del Estado, de pelo negro, que usaba lentes y que se quejaba constantemente por los dolores producto de la tortura. La última persona era un hombre de más o menos 22 años que no tenía que ver con actividades políticas y que, al parecer, había estado procesado por violación. Fueron conducidos al sector del Cajón del Maipo, donde fueron bajados del bus de Carabineros. En fracción de segundos Manuel Maldonado se lanzó al río Maipo y sintió que los carabineros comenzaron a disparar. De esta manera logró nuevamente escaparse del fusilamiento, fuera de todo proceso legal, de parte de Carabineros.

            Posteriormente, estando en casa de un familiar se le comunicó de la muerte de su padre y su hermano Víctor cuyos cadáveres fueron encontrados en el Instituto Médico Legal. La misma suerte corrieron los hermanos Juan y Paulino Ordenes Simón.

            Por la descripción de las circunstancias que rodearon el fusilamiento del día 20 de septiembre, este hecho se vincularía con la detención y muerte de Nilson Hernando Vallejos Aguilera, estudiante de Técnica en Alimentación de la Universidad Técnica del Estado y Profesor de Educación Básica, quien fue detenido entre el 19 y 20 de septiembre de 1973 por Carabineros de la 7a. Comisaría y su cuerpo encontrado en Puente Alto con heridas múltiples a bala, y con la detención del detenido desaparecido Jorge Carlos Romualdo Ruz Zúñiga.

            La autoridad administrativa oficialmente siempre negó la detención, en las reiteradas consultas que el Tribunal efectuó para dar con su paradero y por lo tanto jamás ha podido regularizarse su muerte.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Con fecha 21 de septiembre de 1976 su padre, Raúl Ruz Vega presentó ante el 7 Juzgado del Crimen de Santiago una denuncia por Presunta Desgracia, la cual roló con el N°78679-3.

            El juez despachó oficios al Ministerio de Defensa, Ministro del Interior e Instituto Médico Legal y se citó a declarar a testigos de la detención. El Ministro del Interior de la época, General Raúl Benavides Escobar, negó la detención y el resto de las indagaciones no arrojaron resultados sobre su paradero.

            El Oficio remitido al Ministerio de Defensa fue devuelto al Tribunal debido a que "los arrestos que se practican en virtud de las facultades que confiere el Estado de Sitio se realizan de acuerdo a atribuciones centralizadas del Ministerio del Interior".

            Nuevos Oficios se despacharon al Comandante del Regimiento de Los Andes para que informara acerca de la autoridad responsable a la época de los hechos, y antecedentes de la detención. Este oficio debió ser reiterado debido a la ausencia de respuesta.

            Con fecha 27 de septiembre de 1977 se interpuso una Querella Criminal por los delitos de secuestro o arresto ilegal, la cual se acumuló a la causa rol 78679-3.

            Todos los Oficios que se despacharon a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, SENDET, Extranjería, Policía de Investigaciones, Cementerios, Fiscalías Militares, Ministerio del Interior, Juzgado Militar, Registro Civil resultaron negativos respecto a la ubicación del afectado.

            Respecto a las indagaciones del Tribunal para obtener el nombre del Comandante del Regimiento Andino de Los Andes en septiembre de 1973, la Jefatura del Estado Mayor solicitó se dirijan al Ministerio del Interior por la información y éste último Ministerio respondió que por tratarse de materia de competencia del Ministerio de Defensa Nacional se remitiera a esa repartición la nota recibida".

            Con fecha 27 de abril de 1978, el juez declaró cerrado el sumario, atendida la naturaleza de la Ley de Amnistía. La Corte de Apelaciones rechazó esta resolución y ordenó continuar con la investigación.

            Por su lado el Ministro del Interior, Sergio Fernández F., informó al Tribunal que durante el año 1973 sirvieron como Comandantes del Regimiento de Infantería Montaña Reforzada N°18 "Guardia Vieja" de Los Andes los Coroneles Orlando Ibáñez A. y Luis Prussing Schwartz. El Coronel Ibáñez declaró no tener relación con los hechos por cuanto se desempeñaba, a la fecha de los hechos, como Jefe del Estado Mayor de la guarnición de Santiago y el General Luis Prussing negó toda participación del Regimiento "Guardia Vieja de Los Andes" en los hechos investigados.

            Nuevos Oficios se despacharon a la Fiscalía Aviación, campamento de detenidos en virtud del Estado de Sitio, cárceles, hospitales, Ministerio del Interior; todos ellos tampoco arrojan resultados.

            En el intertanto, un grupo de Obispos chilenos efectuaron una presentación al Presidente de la Corte Suprema y al Ministro del Interior dando cuenta de casos de detenidos desaparecidos. El Pleno de la Corte acogió la presentación designando al efecto al Ministro en Visita Servando Jordán.

            Con fecha 9 de mayo de 1979 el Ministro Jordán se declaró incompetente para seguir conociendo de estos antecedentes por encontrarse acreditado en el Proceso la participación de efectivos Militares y remitió los antecedentes al Juzgado Institucional Militar de Turno, por corresponderle su conocimiento.

            El II Juzgado Militar de Santiago rechazó la competencia y el Ministro Jordán prosiguió en principio la investigación de los hechos.

            Con fecha 5 de noviembre del mismo año, el Ministro se pronunció sobre la resolución que había quedado diferida y se trabó de esta forma una contienda de competencia con el 2do Juzgado Militar. La Corte Suprema con fecha 10 de diciembre declaró competente para seguir conociendo de estos antecedentes al 2°Juzgado Militar de Santiago. La investigación recayó en la 1ra Fiscalía Militar y la causa roló con el N° 9-80.

            El Ministerio del Interior negó la detención de Jorge Ruz Zúñiga y de los otros dos detenidos Gonzalo Lagos y José Nobrega.

            Por su parte declaró el ex Delegado Militar en la Industria SERCOTEC, el Juez de Policía Local Fernando Sepúlveda Alamo. En ella reconoció la participación de Militares acantonados en el local de la FISA-Maipú y la detención del afectado a raíz de la denuncia de presencia de armas en el servicio.

            Todos los Oficios encaminados a ubicar su paradero nuevamente resultaron negativos, conforme a las respuestas de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, Fuerza Aérea, Central Nacional de Informaciones (CNI), Comandos de Institutos Militares, SENDET, Ministerio del Interior, etc..

            El Jefe de Estado Mayor Subrogante Coronel Rigoberto Majmud respondió no tener antecedentes referidos al personal militar que haya tenido participación en el lugar y fecha mencionada.

            Con fecha 17 de agosto de 1982 el Fiscal declaró cerrado el sumario por encontrarse agotada la investigación y "por no haberse logrado acreditar en forma fehaciente que en el presunto secuestro de Jorge Ruz tenga responsabilidad algún efectivo militar" y se sobreseyó la causa. Esta resolución fue aprobada por el Juez Militar y la Corte Marcial con fecha 27 de enero de 1984 revocó la resolución y repuso la causa a Estado de Sumario a fin de que se realicen diligencias pendientes y otras que de ellas se deriven.

            No comparecen ante el Tribunal dos testigos claves que permanecieron detenidos junto a la víctima debido a que se encontraban fuera del país.

            Además constan declaraciones judiciales de dos ex funcionarios de la FISA. Uno de ellos, Patricio Guzmán, ex gerente afirma que la FISA se encontraba ocupada por personal militar unos días antes del 11 de septiembre de 1973. "El recinto se ocupó por personal del Ejército del Regimiento Guardia Vieja entre los que estaban el Comandante Prüssing y su ayudante el Capitán Penroz".

            Por su lado el ex administrador de la FISA Luis Guzmán F. afirma haber hecho entrega del recinto FISA-Cerrillos al Regimiento Guardia Vieja N°18 de Los Andes.

            Complementando esto se remitieron Oficios al Regimiento Guardia Vieja de Los Andes y a la Dirección del Personal del Ejército. Es así como con fecha 11 de mayo de 1984 el Teniente Coronel Francisco Rojas declaró por escrito y reconoció que personal del Regimiento de Infantería Guardia Vieja "se acantonó en el recinto de la FISA a la fecha de los hechos denunciados".

            Ante este informe se citó a declarar al Teniente Coronel Ramón Guajardo B. y a otro militar que no compareció.

            Se ofició al CAJSI a fin de que informara sobre los hechos investigados, debido a que este organismo centralizó la documentación y libros de control, recibiéndose respuesta negativa de parte de la Comandancia General de la Guarnición del Ejército de Santiago, "ya que la documentación fue incinerada".

            Con fecha 30 de julio de 1984 el Fiscal cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa "hasta que se presenten nuevos elementos de convicción". Esta resolución fue aprobada por el Juzgado Militar, el abogado denunciante apeló. La Corte Marcial con fecha 6 de enero de 1988 sobreseyó definitivamente la causa en virtud del Decreto Ley de Amnistía, con voto de minoria del Ministro Enrique Paillás. Ante esto el abogado de la parte denunciante presentó un recurso de Queja ante la Corte Suprema por falta o abuso de los Ministros de la Corte Marcial toda vez "que el sobreseimiento definitivo no podrá decretarse sino cuando esté agotada la investigación en que se haya tratado de comprobar el cuerpo del delito y de determinar la persona del delincuente". "Los efectos del secuestro siguen produciéndose hasta culminar con el hallazgo de la víctima, cuestión que no ha ocurrido".

            Con fecha 28 de marzo de 1988 se rechazó el recurso de Queja por parte de la Corte Suprema.

            Una vez finalizado el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, remitió los antecedentes que reunió respecto a este caso, al Juzgado de Letras de Turno en lo Criminal de Puente Alto. La causa fue radicada en el Primer Juzgado de Puente Alto y roló con el N°41.032-M. Al término del año 1992 la causa se encuentra en estado de sumario.

            Los antecedentes antropomórficos de Jorge Carlos Romualdo Ruz Zúñiga fueron anexados a la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal, en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos, los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación. Antecedentes preliminares indicaban que uno de los cuerpos corresponde a la víctima.

Patio 29 del Cementerio General de Santiago, entre Avenida México, por el norte, Avenida O’Higgins, por el este, calle Los Copihues por el sur y Los Maitenes por el oeste; en la Comuna de Recoleta. Región Metropolitana.

Fuente:

El Patio 29 es un sector del Cementerio General de Santiago, ubicado en la zona norte de este camposanto. Después del Golpe de Estado de 1973, fue utilizado para inhumar, como NN, de manera ilícita los cuerpos de personas detenidas, previo paso por el Servicio Médico legal.

Uno de los primeros indicios que se tiene de tal situación son los antecedentes que en noviembre de 1979 llegan hasta la Vicaría de la Solidaridad, sobre la existencia de al menos 200 tumbas con inhumaciones ilegales y de la existencia, en el mismo lugar de al menos seis cuerpos de las víctimas de Paine. Se hace la denuncia al Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y se realizan gestiones para prohibir a las autoridades del cementerio, inhumar, exhumar, incinerar o trasladar restos de personas enterradas como NN. Más tarde el magistrado se declara incompetente y deriva el caso a la justicia militar. Dicho tribunal ratifica la orden para no realizar ningún movimiento en el Patio 29.

Después del retorno de la democracia, el caso vuelve a la justicia ordinaria. En septiembre de 1991 comienzan las excavaciones masivas de las tumbas NN –en enero de ese año ya se había hecho una primera exhumación-. Estos procedimientos tienen su origen en una querella por inhumación ilegal de cadáveres presentada por la Vicaría de la Solidaridad el 22 de agosto de 1991.

Se exhuman 107 tumbas, en las que se encuentran 125 osamentas, que son remitidas al Servicio Médico Legal para su examen. Las entregas se suceden paulatinamente entre 1993 y el 2002 y se llega a identificar un total de 96 personas por pericias antropomórficas, una de las cuales, además es identificada por análisis de ADN mitocondrial (código genético de herencia materna).

Después del año 2000, los avances en las investigaciones judiciales permiten ir conociendo nuevos antecedentes sobre los hechos ocurridos con algunas víctimas, el itinerario que habían vivido y su probable destino final. Estas informaciones contradicen la identificación en el Cementerio General de varias víctimas de la localidad de Paine en el operativo del 16 de octubre de 1973, así como otras de detenidos en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre.

En el año 2004, la esposa de una víctima del operativo en Paine, Patricio Loreto Duque Orellana, solicita pericias de ADN mitocondrial para ratificar identidad, a lo que el tribunal accede. Los exámenes, concluyen que genéticamente la osamenta entregada no corresponde a Duque Orellana ya que los resultados de los análisis dan como resultado que es “excluyente”.

Junto a lo anterior, el Ministro de la Corte de Apelaciones, Sergio Muñoz, quien había asumido la investigación judicial sobre el Patio 29, ordena nuevas diligencias para revisar las pericias realizadas y para complementar la información genética relacionada con las víctimas. Ordena la exhumación de 30 restos identificados anteriormente y que tenían sepultura en otros cementerios del país y el extranjero, para someterlos a nuevas pericias.

Los resultados se dan a conocer a las agrupaciones de familiares el 19 de abril del 2006. El informe del SML respecto a los análisis de ADN mitocodrial de 89 víctimas, de las que se contaban con muestras de familiares arroja que en 48 casos los resultados son “excluyentes” (la anterior identificación no corresponde a la víctima identificada), 37 casos “no excluyentes” (no se descartan el linaje materno de la víctima identificada, pero coincide con otras víctimas) y 4 casos inconcluyentes (no se afirma o descarta el linaje materno).

Estos resultados derivan en la designación por parte de la Presidenta Michelle Bachelet de una instancia especial de asesoría y supervisión en materias de derechos humanos al SML: la Comisión Presidencial sobre Políticas de Derechos Humanos. Esta instancia continúa trabajando en el tema de la identificación de las víctimas del Patio 29, en coordinación con los actores civiles e institucionales involucrados. Desde ese momento se han llevado a cabo diversas acciones dirigidas a instalar un sistema de identificación de acuerdo a normas y protocolos internacionales y en relación a las víctimas del Patio 29, la asesoría de expertos internacionales y realización de pericias genéticas en laboratorios extranjeros. A mediados del 2008, se envían muestras óseas y sanguíneas de las víctimas de referencia de los familiares a la University of North Texas para nuevos análisis de ADN, lo que se espera incorpore información relevante a la investigación judicial sobre el Patio 29.

Un episodio que genera consternación en el mundo de la defensa de derechos humanos es la aparición de una falsa víctima, que figura calificada en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, se trata de Germán Cofré Martínez que figura también en la nómina de personas del Patio 29. El caso de este hombre que apareció vivo en Santiago en noviembre del 2008 después de vivir en Argentina, si bien abre una enorme polémica en la opinión pública y confrontación entre los diversos sectores políticos, sirve para profundizar el debate sobre el rigor de las investigaciones en casos de violaciones a los derechos humanos y para fortalecer las voluntades institucionales y ciudadanas de continuar en la búsqueda de la verdad y la justicia.

A la fecha, año 2012,  las pericias genéticas realizadas han permitido la identificación  de 55  víctimas de las exhumadas del Patio 29 del Cementerio General.

• Pablo Ramón Aranda Schmied, 20 años, estudiante de 3º año de Medicina, miembro de las Juventudes Comunistas, delegado estudiantil ante la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). Detenido el 17 de septiembre de 1973.
• Enrique Armando Carvallo Lira, 21 años, sin antecedentes de detención.
• Carlos Alfonso Cruz Zavalla, 32 años, miembro del GAP, militante del Partido Socialista. Detenido el 11 de septiembre de 1973.
• Luis Herminio Dávila García, 18 años, vendedor ambulante, sin militancia política. Detenido el 15 de octubre de 1973.
• Juan Carlos Díaz Fierro, 27 años, empleado, secretario del sindicato de Casa García y militante del Partido Comunista. Detenido el 19 de septiembre de 1973.
• Sergio Fernando Fernández Pávez, 18 años, cargador de la Vega Central. Detenido el 5 de octubre de 1973.
• Carlos Fonseca Faúndez, 24 años, soldador al arco, sin militancia política. Detenido el 17 de septiembre de 1973.
• Raúl René Fuentes Vera, 42 años, cargador Matadero Franklin, sin militancia política. Detenido a fines de septiembre de 1973.
• Raúl Luis Jiménez Barrera, 25 años, obrero de Industria CALAF. Detenido el 4 de octubre de 1973.
• Ricardo Octavio López Elgueda, 15 años, vendedor de ferias, sin militancia política. Detenido el 20 de septiembre de 1973.
• Oscar Osvaldo Marambio Araya, 25 años, cuidador de un lugar comercial. Detenido el 11 de septiembre de 1973.
• Jaime Pablo Millanao Caniuhuan, 24 años, obrero, militante de las Juventudes Comunistas. Detenido el 23 de septiembre de 1973.
• Carlos Enrique Miranda González, 33 años, simpatizante del Partido Socialista. Detenido el 22 de octubre de 1973.
• Iván Octavio Miranda Sepúlveda, 28 años, mecánico tornero, dirigente sindical.
• Edmundo Enrique Montero Salazar, 21 años, miembro de la Guardia Personal del Presidente Salvador Allende (GAP). Detenido el 11 de septiembre de 1973.
• Waldemar Segundo Monsalve Toledo, 26 años, mecánico industrial, obrero Industria Politec, militante del MIR. Detenido el 12 de octubre de 1973.
• Nelson Omar Muñoz Torres, 20 años, lustrabotas.
• Miguel Angel Núñez Valenzuela, 23 años, cantante popular.
• Jorge Manuel Pavez Henríquez, 25 años, agricultor, tesorero del Asentamiento El Patagual. Detenido el 13 de octubre de 1973.
• Hernán Peña Catalán, 20 años, chofer, sin militancia política. Detenido el 15 de octubre de 1973.
• Donato Quispe Choque, obrero de nacionalidad boliviana. Detenido el 23 de septiembre de 1973.
• Daniel Eliseo Rodríguez Lazo, 15 años, sin profesión, militante de las Juventudes Comunistas. Detenido el 25 de septiembre de 1973.
• Abraham José Romero Jeldres, comerciante ambulante, 29 años militante del Partido Socialista.
• Jorge Carlos Romualdo Ruz Zúñiga, 26 años, ingeniero hidráulico de la Planta SERCOTEC, militante de izquierda, detenido el 20 de septiembre de 1973.
• Simón Eladio Sánchez Pérez, 17 años, estudiante básico, sin militancia política.
• Adrián del Carmen Sepúlveda Farías, 29 años, obrero de la textil SUMAR, delegado del personal, simpatizante de izquierda. Detenido el 23 de septiembre de 1973.
• Eduardo Emilio Toro Vélez, 42 años, vendedor viajero, militante del Partido Radical. Detenido en octubre de 1973.
• Jorge Reinaldo Torres Aránguiz, 19 años, ayudante de feria libre. Detenido el 29 de septiembre de 1973.
• Ernesto Traubmann Riegelhaupt, 39 años, relacionador público de la Empresa Nacional de Minería ENAMI, militante del Partido Comunista. Detenido el 13 de septiembre de 1973.
• Juan Segundo Utreras Beltrán, 23 años, comerciante ambulante. Detenido el 17 de septiembre de 1973.
• Juan José Valdevenito Miranda, 26 años, desabollador de autos, militante del Partido Comunista. Detenido el 20 de septiembre de 1973.
• Héctor Orlando Vicencio González, 24 años, obrero de la construcción, sin militancia política. Detenido el 20 de septiembre de 1973.
• Benjamín Jaime Videla Ovalle, 28 años, empleado de la industria Schiaffino S.A. Detenido el 6 de octubre de 1973.
• Francisco Arnaldo Zúñiga Aguilera, 22 años, garzón, sin militancia política. Detenido el 12 de septiembre de 1973.
• Carlos Ramón Reyes Ávila, 19 años, trabajador ocasional. Detenido en septiembre de 1973 en Santiago.
• Luis Francisco Pascual Núñez Álvarez, 21 años, chofer. Muerto el 12 de octubre de 1973.
• Mario Eduardo Casanova Pino, 34 años. Muerto el 24 de septiembre de 1973.
• Jorge Espinoza Farías, 19 años, obrero. Detenido el  7 de octubre de 1973.
• José Alfredo Vidal Molina, 27 años, obrero. Detenido el 23 de septiembre de 1973.
• José Miguel Valle Pérez, 15 años, estudiante de enseñanza media. Detenido el desde el 17 de octubre de 1973.
• Orlando Miguel Ponce Quezada, 16 años. Muerto el 8 de octubre de 1973.
• Luis Vergara González, 22 años, obrero. Detenido el 15 de octubre de 1973.
• Enrique Renato Guerrero Muñoz, 30 años, empleado. Detenido el 21 de septiembre de 1973.
• Gregorio Mimica Argote, 22 años, estudiante universitario, dirigente estudiantil de la Universidad Técnica, militante del  Partido Comunista. Detenido el 14 de septiembre de 1973.
• José Luis Astudillo Celedón, 16 años, estudiante. Detenido el 17 de octubre de 1973 en Santiago.
• Pedro Juan Garcés  Portigliati, 20 años, integraba la Guardia Presidencial del Presidente Salvador Allende (GAP), detenido el 11 de septiembre de 1973 en Santiago.
• Ramón Bernardo Beltran Sandoval, 24 años, feriante. Muerto el 27 de septiembre de 1973.
• Jorge Osvaldo Orrego González, 29 años, estudiante, miembro del dispositivo de Seguridad Presidencial (GAP), militante del Partido Socialista. Detenido el 11 de septiembre de 1973 en Santiago.
• Luis Alfredo Gamboa Pizarro, 19 años, miembro del GAP. Muerto el el 19 de septiembre de 1973.
• José Rafael Muñoz Contreras, 24 años, comerciante ambulante. Muerto el 20 de septiembre de 1973.
• Raúl Antonio Muñoz Muñoz, 50 años, empleado, dirigente sindical. Detenido el 29 de septiembre de 1973.

Un “Memorial por la Justicia y la Dignidad Provincia Cordillera”, será Inaugurado el 10 de Diciembre, a la 11:00 horas, en Balmaceda con Irarrázaval, Puente Alto.

El Memorial es un homenaje y un reconocimiento a Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en la Provincia Cordillera. Con materiales rocosos de nuestros cerros andinos colindantes entre Puente Alto y San José de Maipo. Construido en rocas de granito extraídas de la cantera del fronterizo cerro Blanco; además de cerámicas con rostros de las víctimas cordilleranas y el ancla encadenada del ex Regimiento Ferrocarrilero (lugar de muertes y torturas).

El Memorial es una referencia educativa de los valores universales que vinculan los derechos humanos con el rescate de memoria histórica. Además contribuirá a sanar y superar los dolores de los duelos inconclusos de las familias de sectores populares al registrar y difundir los nombres de Ejecutados y de Desaparecidos durante la dictadura. Sus nombres han sido conformados, investigados y calificados por el Estado, las organizaciones de Derechos Humanos y el Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende.

A raíz del golpe de Estado, en la Provincia Cordillera, fueron ejecutados más de 45 personas y 16 fueron secuestrados, engrosando la larga lista de detenidos desaparecidos. En total más de 61 personas. En la Provincia Cordillera más de 2.000 ex presos políticos sufrieron torturas indecibles. También, cerca de 4.000 fueron exonerados por razones de persecución política, varios miles fueron allanados, detenidos en protestas ciudadanas, y muchos tuvieron que exiliarse por el odio desatado contra los humildes.

El Memorial constituye un monumento, una  obra cultural, un reconocimiento social colectivo, para preservar la memoria histórica. A lo largo del territorio nacional se han ido construyendo memoriales para rescatar y recordar la historia de compañeras y compañeros que entregaron sus vidas por un Chile mejor.

Participaran, “Trió Memorial”, payador “El Manguera”, Agrupaciones de Derechos Humanos, Organizaciones Sociales, Subsecretaria y Programa de DDHH, familiares y compañeros de los homenajeados.