Rubilar Gutiérrez José Liborio

Rut       : 37.353 de Mulchén.

F.Nacim. : 23-07-45, 28 años al momento de su detención.

Domicilio : Fundo "El Carmen Maitenes", Mulchén.

E.Civil  : Soltero.

Actividad : Obrero agrícola de la Corporación Nacional Forestal -CONAF-.

C.Repres. : Dirigente del Sindicato del Fundo "El Carmen Maitenes".

F.Detenc. : 6 de octubre de 1973

 

    SITUACION REPRESIVA

            José Liborio Rubilar Gutiérrez, soltero, obrero agrícola de la CONAF, dirigente sindical, fue detenido el día sábado 6 de octubre, junto a su hermano Florencio, en circunstancias que ambos, se dirigieron al campo a ver unos animales. Luego, alrededor de las 15:00 horas, fuerzas combinadas de Carabineros, del Ejército y civiles, en un número aproximado a 30, fuertemente armados y montados a caballo, pasaron frente a la casa de la familia Rubilar Gutiérrez llevando detenidos a los hermanos Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, los que, posteriormente, fueron unidos a otros trabajadores del fundo que también habían sido apresados. Ellos son Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Guillermo y Germán Albornoz Acuña.

            El día anterior, es decir, el 5 de octubre de 1973, alrededor de las 19:00 horas Florencio y José Liborio, fueron interceptados por dos civiles armados -Romualdo ("Mayo") Guzmán Saavedra, agricultor y Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de barraca maderera -ambos domiciliados en Mulchén- cuando iban llegando a su domicilio, con quienes mantuvieron una conversación de unos 15 minutos. Situación que, a pesar de inquietar a la familia, los hermanos Rubilar no comentaron lo tratado.

            Entre los aprehensores se encontraba el -en ese entonces- Teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha; los carabineros Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate") y Héctor Armando Guzmán Saldaña- ambos ex funcionarios del Retén El Morro- y un Sargento de Ejército de apellido Díaz. Entre los civiles, aparte de los dos ya idividualizados, se pudo identificar también a Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor, -ambos domiciliados en Mulchén- y Carlos Lehman, quien residía en el fundo. Este último era yerno de Romualdo ("Mayo") Guzmán.

            Los detenidos, tal como se señaló antes, eran obreros agrícolas domiciliados en el Fundo El Carmen Maitenes ubicado en la comuna de Mulchén, Provincia de Bío-Bío. Todos estaban contratados por la Corporación Nacional Forestal -CONAF-. Este fundo había estado en trámite de expropiación por la Corporación de la Reforma Agraria -CORA- la que lo había cedido a la CONAF para su forestación, debido al virtual abandono por parte de sus propietarios.

            Uno de los civiles portaba un documento firmado por el Capitán de Carabineros Sergio Neira Tapia -quien posteriormente ocupó el cargo de Gobernador de Mulchén- que los autorizaba para actuar en el sector y para exigir todo tipo de facilidades y cooperación. Romualdo Guzmán se destacaba del resto por su prepotencia, razón por la cual los campesinos, familiares de las víctimas, hablan de un Capitán Guzmán como jefe del grupo. Los efectivos militares pertenecían al Regimiento de Infantería de Montaña N°17 "Los Angeles", en tanto los policías estaban adscritos a la Segunda Comisaría de Carabineros de Mulchén.

            El grupo lleva consigo una lista de nombres de lugareños del sector la que, aparentemente, habían obtenido en un allanamiento a una sede sindical campesina en Mulchén.

            Los detenidos fueron recluidos en la Administración del fundo, la que fue facilitada para esos efectos por Carlos Lehman. En ese lugar los detenidos fueron obligados a tenderse boca abajo con las manos en la nuca, mientras sus captores caminaban por sobre sus espaldas, taqueando, golpeándoles con las espuelas y con las culatas de las armas. Se les obligó a golpearse duramente entre los mismos familiares -hermanos contra hermanos y padres contra hijos- bajo amenaza de muerte si se resistían; todo ello acompañado de insultos y sarcasmos. Posteriormente, fueron sacados de la Administración y obligados a ponerse con la cara contra la pared, donde les hicieron simulacros de fusilamiento.

            Mientras esto ocurría en la Administración, otro grupo se dedicó a allanar algunas viviendas de las víctimas. Los vecinos más cercanos a las casas de Administración del fundo, escucharon gritos y lamentos.

            Alrededor de las 19:00 horas de ese día, los aprehensores libertaron a los hermanos José Nieves y Germán Albornoz Acuña, quienes narraron a sus familiares lo que estaba ocurriendo. Aproximadamente a las 23:00 horas, los habitantes del fundo "El Carmen Maitenes" escucharon dos ráfagas largas de disparos provenientes de la Administración y, luego, silencio absoluto.

            Al día siguiente, domingo 7 de octubre, concurrieron a la casa de los hermanos Rubilar Gutiérrez dos funcionarios de la CONAF, don Adolfo Martín Sánchez y el guardabosques Juan Leal, quienes manifestaron a los padres de los primeros que, sus hijos y los otros detenidos, habían sido trasladados a un lugar lejano y que les serían devueltos en un plazo de dos años.

            Ese mismo día por la mañana, unos uniformados se hicieron presentes en la casa de los padres de los hermanos Rubilar Gutiérrez con el objeto de pedirles unas palas, con las que se dirigieron a un lugar ubicado a unos 500 metros hacia el oriente de las casas patronales del fundo, donde cavaron una fosa en una vega a las faldas de un cerro, entre un estero y un cerco de alambre. En esa fosa procedieron a sepultar siete cadáveres de las ocho víctimas del fundo "El Carmen Maitenes". Los victimarios prohibieron, bajo amenaza de muerte, a los familiares acercarse al lugar.

            La octava víctima, José Guillermo Albornoz González, fue ejecutado en la mañana del día 7 de octubre en un puente de cimbra sobre el río Renaico donde, atado, le dispararon varias ráfagas que le ocasionaron la muerte, sin que hasta ahora se haya encontrado su cadáver.

            En el mes de marzo de 1979, coincidiendo con la fecha en que la Corte Suprema ordenara la investigación de los hechos señalados, desconocidos que se identificaron como carabineros, procedieron a la exhumación clandestina y al ocultamiento de los restos. No obstante, detectives de Angol recuperó algunas osamentas humanas de data aproximada a la fecha de comisión de los hechos. El día anterior a la detención de los campesinos del Fundo Carmen Maitenes el mismo grupo aprehensor detuvo en la Hacienda El Morro a Juan de Dios Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda Castillo, Edmundo Vidal Aedo, Celsio Vivanco Carrasco y José Yáñez Durán. El día 7 de octubre el grupo represor se trasladó a un tercer fundo denominado Pemehue, allí detuvo a otras 5 personas: Alberto y Felidor Albornoz González, José Gutiérrez Ascencio, Juan de Dios Roa Riquelme y Gerónimo Sandoval Medina. Estos 10 campesinos fueron también ejecutados por sus captores y enterrados clandestinamente; sus familias los buscaron hasta 1980 como detenidos desaparecidos. (Ver fichas de Juan de Dios Laubra Brevis y Florencio Rubilar Gutiérrez).

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Debido a antecedentes hechos llegar por la Corte Suprema a través de la Corte de Apelaciones de Temuco, se instruyó el sumario rol N°33.316 por la presunta desaparición de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, en el Juzgado de Letras de Angol. El día 10 de julio de 1979, la Jueza se declaró incompetente debido a que el delito denunciado tuvo lugar fuera de su jurisdicción, razón por la cual los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Letras de Mulchén, el que inició el conocimiento de la causa el 18 de julio de 1979, siendo rolado con el N°20595. Mientras este proceso se desarrollaba, en el mismo Juzgado de Letras se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval". Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.

            El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.

            En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de ocho campesinos del fundo El Carmen Maitenes.

            El día 21 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para seguir conociendo la causa debido a que existía personal uniformado inculpado; pasando la causa al III Juzgado Militar de Concepción, siendo rolada con el N°446-81.

            El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191 de Amnistía, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 18 de diciembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento definitivo a temporal.

 

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, que nace de la antigua Corporación de Reforestación mediante un decreto firmado por el gobierno de Salvador Allende el 19 de abril de 1973 y publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año. El origen de la institución tiene raíces históricas en los comienzos del siglo XX y tiene como primer hito importante la creación de la Reserva Forestal de Malleco en 1907, ubicada en la comuna de Collipulli.

La CONAF llevaba solo meses de ser creada, para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, sin embargo fue una de las instituciones más golpeadas tras el derrocamiento del gobierno popular, 19 de sus trabajadores fueron asesinados por los golpistas en las semanas siguientes al bombardeo a la Moneda.

El propio dictador nombró a su propio yerno, Julio Ponce Lerou, como director ejecutivo de esta Corporación. Hasta entonces, Ponce era un ex empleado de la familia Matte en la Papelera Biobio, en Concepción. La familia Matte también colocaría a uno de sus ex empleados, Fernando Léniz Cerda, como ministro de economía de la Junta Militar.

Trabajadores de CONAF asesinados en Mulchén

Fue muy cerca de la Reserva Forestal Malleco, donde se cometió el mayor crimen contra los trabajadores de CONAF tras el golpe de estado. Entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 en los fundos cordilleranos, de la comuna de Mulchén -llamados El Morro, Carmen, Maitenes y Pemehue-, fueron ultimados 18 personas del sector: 13 de ellos trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Una patrulla de aproximadamente treinta personas, compuesta por carabineros de Mulchén, militares del Regimiento de Infantería de Montaña N°17 de Los Ángeles y un grupo de civiles entre los que tribunales logró individualizar al agricultor Romualdo «Mayo» Guzmán Saavedra, al industrial dueño de barraca maderera Francisco Urrizola Elías, al industrial maderero Ramón Elías Abella, al agricultor Aquiles Guzmán Fritz y al administrador de fundo Carlos Lehman.

Esta "patrulla" recorrió los fundos y predios de la zona cordillerana de Mulchén, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente, asesinadas.

La "patrulla" inició su recorrido en el fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios, los cuales fueron trasladados hasta las orillas del río Renaico: Juan de Dios Laubra Brevis (26 años), Domingo Sepulveda Castillo (29 años), Edmundo José Vidal Aedo (20 años), Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26 años) y José Florencio Yañez Duran (34 años). Vecinos del sector rivereño del río escucharon disparos; unos meses después, en las acciones de búsqueda de los suyos, vecinos y familiares de las víctimas encontraron en el sector La Playita los cuerpos de los obreros asesinados con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.

Al día siguiente, 6 de octubre, la "patrulla" llegó hasta los fundos el Carmen y Maitenes, deteniendo a 8 obreros de CONAF: Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20 años), Daniel Alfonso Albornoz Gonzalez (28 años), Alejandro Albornoz Gonzalez (48 años), Luis Alberto Godoy Sandoval (23 años), Florencio Rubilar Gutierrez (25 años), José Liborio Rubilar Gutierrez (28 años) y José Lorenzo Rubilar Gutierrez, (33 años), los cuales fueron conducidos hasta la casa patronal. Cerca de las 23:00 horas, campesinos testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la "patrulla" sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped.

Ese mismo día 7 de octubre, la "patrulla" se trasladó hacia el fundo Pemehue, hasta la misma oficina de la CONAF en la Reserva Forestal Malleco, llevándose detenido a Guillermo José Albornoz González (32 años), quien fue brutalmente golpeado y, en muy mal estado físico, llevado hasta el Rio Renaico, donde su cuerpo apareció flotando. En el fundo Pemehue, la "patrulla" criminal procedió a detener y ejecutar a otros 5 trabajadores de CONAF: Alberto Albornoz González (41 años), Felidor Exequiel Albornoz González (33 años), José Fernando Gutiérrez Ascencio, (25 años), Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22 años) y Juan de Dios Roa Riquelme (35 años). En horas de la noche se escucharon reiteradas ráfagas de fusilería. Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron asesinados. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.

Por estos hechos criminales, se inició una causa judicial en los tribunales de justicia, concretamente, ante la Corte de Apelaciones de Concepción. En octubre de 2017 el ministro Carlos Aldana dictó sentencia de primera instancia en donde sólo condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio.

Los mismos cuatro ex carabineros deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yáñez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. La causa judicial sigue con trámites de apelación pendientes ante la Corte de Concepción, de modo que ninguno de estos criminales está cumpliendo pena de prisión por estos delitos.

A fines de 1978 la tiranía de Pinochet organizó y ejecutó la llamada "Operación Retiro de Televisores", una de las acciones más bestiales de la dictadura militar, que buscó borrar las huellas de los asesinatos hasta allí cometidos por las hordas uniformadas y civiles. La operación consistió en exhumar los cuerpos de los asesinados e inhumados ilegalmente a lo largo del país y hacer desaparecer esos restos para no dejar ningún indicio de los crímenes. Se trataba, en definitiva, de hacer desaparecer los restos de las personas detenidas desaparecidas. La nefasta acción fue organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las tropas militares y agentes civiles que se solazaron con el terror que provocaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.

En el caso de las víctimas de Mulchén, probablemente en marzo de 1979, personal del Regimiento «Húsares», de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, exhumó ilegalmente las sepulturas clandestinas, retiró los restos de quienes fueron ejecutados en octubre de 1973 y se los llevaron con destino desconocido, consumando los propósitos de la operación.

Trabajador de CONAF fusilado en La Serena

En los mismos días que en el sur se cometían los crímenes de Mulchén, en el norte el técnico forestal y trabajador de CONAF Oscar Gastón Aedo Herrera (23 años), era detenido por carabineros en Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Fue incomunicado en el cuartel policial de la localidad, y luego llevado el día 12 de octubre hasta la Cárcel de Illapel, para luego ser trasladado al Regimiento "Arica", de La Serena, donde fue ejecutado en la madrugada del día 16 de octubre de 1973 junto a otros 14 prisioneros políticos asesinados por el paso de la Caravana de la Muerte por esa región.

En el plano judicial, en octubre de 2022 la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho ex oficiales y dos ex suboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de las 15 personas víctimas de la "Caravana de la Muerte" en la ciudad de La Serena. El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex General y Comandante en Jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de dos suboficiales.

Trabajadores de CONAF asesinado en Truful Truful Melipeuco

El día 14 de octubre de 1973 son detenidos en el sector de Truful truful, comuna de Melipeuco los trabajadores de CONAF: José Alejandro Ramos Jaramillo (46 años), Gerardo Alejandro Ramos Huina (21 años) y José Moisés Ramos Huina (22 años) padre e hijos respectivamente. Al día siguiente es detenido en su domicilio en Melipeuco Mario Rubén Morales Bañares (23 años), tractorista trabajador de CONAF. Testigos señalan haber visto sus cadáveres, maniatados junto al rio Allipen.

Sin embargo, ellos no eran los primeros trabajadores de CONAF asesinados en la comuna de Melipeuco, ya que el mismo día del golpe militar fue detenido el tractorista Luis Alberto Soto Chandía (25 años), siendo el primer trabajador de CONAF asesinado solo a horas del derrocamiento de Salvador Allende.

En lo judicial, sólo en el caso de la victima Luis Alberto Soto Chandía se conoce causa procesal, existiendo solo un ex carabinero procesado por este hecho.

Trabajador de CONAF detenido desaparecido

El 29 de enero de 1975 fue detenido en Santiago por agentes de la DINA el técnico forestal Juan René Molina Mogollones (29 años), ex funcionario de CONAF en la provincia de Curicó y ex dirigente sindical de los trabajadores de la esa corporación. Inmediatamente ocurrido el golpe militar, comenzó a ser perseguido y buscado por las tropas uniformadas, por lo que siguió viviendo en clandestinidad y se trasladó a Santiago. Tiempo después fue detenido y llevado secuestrado hacia el centro clandestino de detención y tortura Villa Grimaldi y desde ese recinto fue hecho desaparecer.

“Árbol de la Memoria” es el nombre del proyecto institucional que busca rescatar la historia de quienes murieron tras el Golpe Militar.

Tan emotivo como de justicia fue el reconocimiento que la Corporación Nacional Forestal y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos hicieron a los 19 trabajadores de CONAF que fueron fusilados tras el Golpe Militar de 1973.

La iniciativa se encuentra enmarcada en el proyecto institucional “Árbol de la Memoria: reconocimiento a funcionarios de CONAF víctimas de la dictadura”, que busca rescatar la historia de la Corporación en esta materia y para lo cual el director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, y el director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Estévez, firmaron un convenio de cooperación tendiente a recopilar los antecedentes de aquellos trabajadores asesinados, información que posteriormente quedará plasmada en un libro.

En la ceremonia estuvieron presentes familiares de las víctimas (Claudia Gutiérrez, nieta del trabajador de la Reserva Forestal Malleco, José Gutiérrez Ascencio; Marina Rubilar, hija del trabajador de la Reserva Forestal Malleco, José Rubilar Gutiérrez; y Óscar Aedo, primo hermano de Óscar Aedo Herrera), como también el abogado del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, Rodrigo Cortés; el Doctor en Historia y miembro de la ONG Eco-Comunicaciones, Mario Garcés; y la abogada de DD.HH. María Raquel Mejías, entre otros representantes de los servicios del agro.

Durante su intervención, Aarón Cavieres, muy emocionado, indicó que “hace 42 años, justo con el nacimiento de CONAF, estos 19 funcionarios perdieron la vida cuando estaban abocados a la conservación de la naturaleza. Hoy la institución, cuyo principal objetivo es el bienestar y el desarrollo de las personas, abre este nuevo camino destinado a la conservación de las personas… Quiero agradecer, además, la presencia en este acto de Homero Altamirano, ex director ejecutivo de CONAF hasta 1973 y que vivió esos duros momentos”.

El proyecto, inédito entre los servicios del Estado, está orientado a difundir el valor de los Derechos Humanos, y con ello mantener vivo el recuerdo de quienes formaron parte de la institución y que perdieron la vida por la acción militar. En este contexto, se harán encuentros a lo largo de todo el país, partiendo por las regiones Coquimbo, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Francisco Estévez, director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, al hacer uso de la palabra, señaló que “para nosotros es de vital importancia colaborar con el proyecto ‘Árbol de la Memoria’ de la Corporación Nacional Forestal, que viene a rescatar la memoria de los trabajadores de esta institución que fueron víctimas de la dictadura. Son sus vidas e historias de trabajo las que hoy hemos dignificado en parte al iniciar un trabajo de colaboración conjunto entre CONAF y el museo, como un aporte a la investigación de casos como el asesinato de los trabajadores de la Reserva Nacional Malleco”.

Conforme al espíritu del proyecto, la idea es enfatizar en el respeto de los Derechos Humanos, promoviendo así una convivencia social sin discriminaciones y de respecto a la dignidad de las personas. En este sentido, la educación adquiere una dimensión relevante como herramienta de difusión en los distintos niveles de la sociedad.

Los 19 funcionarios de CONAF víctimas de la dictadura son:

1) Oscar Gastón Aedo Herrera
2) Miguel del Carmen Albornoz Acuña
3) Daniel Alfonso Albornoz González
4) Alejandro Albornoz González
5) Guillermo José Albornoz González
6) Alberto Albornoz González
7) Felidor Exequiel Albornoz González
8) Luis Alberto Godoy Sandoval
9) Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez
10) José Liborio Rubilar Gutiérrez
11) José Lorenzo Rubilar Gutiérrez
12) José Fernando Gutiérrez Ascencio
13) Gerónimo Humberto Sandoval Medina
14) Juan de Dios Roa Riquelme
15) Mario Rubén Morales Bañares
16) José Alejandro Ramos Jaramillo
17) Gerardo Alejandro Ramos Huina
18) José Moisés Ramos Huina
19) Luis Alberto Soto Chandía