Rojas Rojas Miguel

MIGUEL ROJAS ROJAS

Rut       : 19.732 Parral

F.Nacim. : 16-11-20, 52 años al momento de la detención

Domicilio : Villa Rosas s/n ex Fundo El Palomar, Parral

E.Civil  : Casado, 7 hijos

Actividad : Pequeño agricultor

C.Repres. : Militante del Partido Socialista

F.Detenc. : 13 de octubre de 1973

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Nombre : GILBERTO ANTONIO ROJAS VASQUEZ

Rut       : 5.181.832 Santiago

F.Nacim. : 29-10-44, 28 años al momento de la detención

Domicilio : El Arrayán, camino El Alto s/n, Santiago

E.Civil  : Casado, 2 hijos

Actividad : Carpintero

C.Repres. : Militante Partido Comunista

F.Detenc. : 13 de octubre de 1973

       SITUACION REPRESIVA

            Miguel Rojas Rojas, casado, 7 hijos, pequeño agricultor, militante del Partido Socialista, y su hijo Gilberto Antonio Rojas Vásquez, casado, 2 hijos, carpintero, militante del Partido Comunista, fueron detenidos el día 13 de octubre de 1973 en el ex fundo "El Palomar", perteneciente a la comuna de Parral. Las aprehensiones fueron efectuadas por Carabineros del Retén Catillo, entre los que se encontraba el Suboficial Mayor Diógenes Toledo Pérez.

            El carabinero individualizado se movilizaba junto a Militares practicando detenciones en la zona y se usó en esta oportunidad un vehículo particular manejado por un civil.

            Esta versión se encuentra confirmada por declaraciones de testigos, que declararon tanto judicial como extrajudicialmente.

            Es así como la cónyuge de Miguel Rojas, Margarita Vásquez Gatica afirma que "el día 13 de octubre de 1973, aproximadamente a las 5 de la madrugada, llegaron a nuestro domicilio una patrulla de Carabineros de la dotación del Retén Catillo, dependiente de la Comisaría de Parral. Entre los integrantes de la patrulla iba un carabinero llamado Diógenes Toledo Pérez, conocido nuestro. La policía ingresó al interior de la casa y comunicó que se llevaba detenido a mi cónyuge, sin dar razones o exhibir orden competente. Inmediatamente se dirigieron a la casa de Juan Llanos, ubicada en el mismo fundo y procedieron a detener a mi hijo Gilberto Rojas Vásquez, que a esa fecha tenía su domicilio en Santiago y se encontraba de visita en la casa que era la de sus suegros". Agrega la declarante, en una de sus declaraciones, que los carabineros en compañía de otros uniformados entraron con violencia a su hogar y que luego de allanarlo se llevaron al afectado detenido. Al sacar a los detenidos el mencionado carabinero afirmó que ambos debían prestar una breve declaración en el Retén a su cargo y luego los pondría en libertad.

            Por su parte, el suegro de Gilberto Rojas, Juan Llanos E. agrega: "el día 13 de octubre de 1973, alrededor de las 5,15 hrs. llegaron hasta mi domicilio Fundo "El Palomar" una pareja de carabineros compuesto por el Suboficial Diógenes Toledo y otro carabinero, a quien no le sé su nombre, pues era la primera vez que lo veía… Ambos uniformados entraron en mi dormitorio y una vez adentro el Suboficial Toledo dijo, 'aquí está Gilberto Rojas, levántate', y cuando Rojas se puso su ropa se lo llevaron detenido… El día de los hechos mi yerno andaba de visita en mi casa, ya que tiene su domicilio en la ciudad de Santiago".

            Desde ese momento sus familiares comenzaron a hacer averiguaciones para ubicar su paradero. Margarita Rojas Vásquez, hija y hermana respectivamente de las víctimas, concurrió el día siguiente a la Comisaría de Carabineros de Parral. Desde ese lugar se comunicaron con el Retén de Catillo desde donde contestaron que se encontraban detenidos en dicho lugar. Prosiguiendo su búsqueda concurrió al Retén Catillo donde se le informó que nunca habían estado detenidos allí y que no existía ninguna constancia en los libros de su ingreso a dicho recinto policial.

            En el recurso de amparo se agrega: "…como nosotros conocíamos a ese Sargento (Diógenes Toledo), quien era Jefe del Retén Catillo, le preguntamos dónde estaba detenido nuestro padre… El negó el hecho de haber estado en nuestra casa el día anterior. Después reconoció y dijo que lo había entregado a los Militares pero no quiso decir quién y en qué parte".

            La cónyuge de Miguel Rojas termina declarando: "Toledo me manifestó posteriormente que nada sabía, sólo que después de haberlos detenido, los había puesto a disposición de la Fiscalía de Linares".

            Un poblador de un caserío cercano, Juan Salazar, informó a la familia que esa misma noche de los hechos él se encontraba detenido y escuchó como un funcionario de Carabineros del Retén interrogaba a Miguel Rojas sobre la propiedad de una billetera que le exhibía.

            Por su parte, las autoridades policiales, en el transcurso de la investigación, entregan versiones diferentes y contradictorias. Es así como el jefe subrogante de la Tenencia de Catillo, Pablo Luarte V., informó al Tribunal que de ellos no se encontraban registradas las detenciones en dicha unidad, y finaliza afirmando: "Presumiéndose que éstos posteriormente abandonaron el lugar con destino desconocido para evitar ser nuevamente detenidos, ya que son extremistas reconocidos".

            El Cabo primero Emiliano Vargas de la misma Tenencia de Catillo declara ante Investigaciones: "que cuando detuvieron a Miguel y Gilberto Rojas sólo tuvo la participación de indicarle los domicilios de éstos a los militares que en esa oportunidad se encontraban de servicio". De esta manera se reconoce la detención. Pero, posteriormente ante el Tribunal, niega esta declaración diciendo que a la fecha de los hechos no se encontraba cumpliendo funciones en el Retén Catillo y que según versiones que recogió de los lugareños el Suboficial Toledo habría llegado con Militares a detener a los dos desaparecidos.

            Por su parte el Suboficial Mayor, Diógenes Toledo Pérez, niega en sus declaraciones haber participado en las detenciones y termina diciendo: "don Miguel Rojas y su hijo Gilberto Rojas, más toda su familia, eran activistas políticos. Presumo que ésta o gran parte de ella, abandonaron el país, ya que en esa zona hay muchos pasos cordilleranos".

            La detención y posterior desaparecimiento de ambos se ubica en el contexto represivo que se dio en la localidad de Catillo el día 13 de septiembre de 1973, donde fueron detenidos además de los afectados, Ruperto Torres Aravena, Ramiro Romero González y Alfredo Durán Durán. Desde esa fecha se ignora el paradero de todas las víctimas.

            Es así como, a pesar de los múltiples esfuerzos hechos por dar con el paradero de los afectados, hasta la fecha se ignora la suerte corrida por ellos.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            En el mes de noviembre de 1975, Margarita Rojas Vásquez, interpuso un Recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de Chillán, el cual roló con el N°96524. Dicho tribunal solicitó informes a Carabineros de Parral y a la Fiscalía Militar de Ñuble.

            La Corte tuvo que reiterar su oficio a Carabineros de Parral, ante ausencia de respuesta, y dio un plazo de 24 hrs. para evacuarlo.

            La Fiscalía Militar de Ñuble informó que no había proceso en su contra y Carabineros de Parral negó sus detenciones tanto en el Retén Catillo como en la 3a. Comisaría de Parral. Asimismo informaron que el Suboficial Mayor, Diógenes Toledo Pérez, fue trasladado a la 4a. Comisaría de Illapel en marzo de 1975.

            Con el sólo mérito de esta información, la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso de amparo con fecha 19 de noviembre de 1975 y ordenó remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen de Parral "a fin de que se investigue la posible comisión de un delito en los hechos denunciados".

            Es así como el Juzgado del Crimen de Parral inició por oficio un proceso, el cual roló con el N°30702.

            En este proceso se dio orden de investigar a la Policía de Investigaciones y a la 3a. Comisaría de Parral -Tenencia Temporal de Catillo.

            El Tribunal recibió respuesta por parte de la Tenencia Temporal, en diciembre de 1975, dando cuenta de entrevistas que se efectuó a familiares y de diligencias que se realizaron en dicha Tenencia, afirmando que no se registraba la detención de ambos afectados "ni en los libros ni archivadores de la Tenencia".

            A su vez, el Servicio de Investigaciones, Prefectura de Talca, con fecha 25 de noviembre del mismo mes, informó sobre entrevistas a familiares y diligencias realizadas en el Retén Catillo. Sobre este último punto agrega el informe entregado por el Cabo Primero Emiliano Vargas Amaza, que ambas víctimas no se encontraban registradas como detenidos el día señalado por la denunciante. Agrega que el Suboficial Mayor Diógenes Toledo se encontraba en la Subcomisaría de Salamanca "y que cuando detuvieron a Miguel y Gilberto Rojas sólo tuvo la participación de indicarle los domicilios de éstos a los militares que en esa oportunidad se encontraban de servicio".

            Con fecha 30 de diciembre de 1975 el tribunal ordenó la comparecencia del Cabo Emiliano Vargas y exhortó al Juzgado de Illapel para que interrogara al Suboficial Diógenes Toledo.

            Contradictoria declaración efectúa el Cabo Emiliano Vargas A., que con fecha 16 de enero de 1976 declara ante el tribunal. Afirma que a la fecha de los hechos no se encontraba prestando servicios en el Retén Catillo y agrega que cuando cumplían orden de investigar "supieron por los lugareños del sector que el Suboficial Toledo, quien se encontraba prestando servicios en el Retén, habría llegado en compañía de Militares hasta el domicilio de Hipólito Llanos y desde allí llevaron detenidos a los dos desaparecidos".

            Otra declaración importante en el Proceso es la prestada por el Suboficial Mayor de Carabineros Diógenes Toledo Pérez, ante el Juzgado de Illapel. En ella niega haber participado en las detenciones de las dos personas mencionadas "ya que éstas eran comandadas por superiores, tanto del Ejército como Carabineros".

            El 23 de enero de 1976, a poco más de un año de investigación judicial, el juez cerró el sumario y dictó sobreseimiento temporal de la causa "por no encontrarse legalmente acreditada la perpetración del delito que dio origen a la formación de este proceso". Esta resolución es aprobada al día siguiente por la Corte de Apelaciones de Chillán.

            Finalmente, el 4 de diciembre de 1976 se interpuso ante el Juzgado de Letras de Parral una querella criminal por el delito de secuestro, ampliándose la información reunida por sus familiares.

            El proceso fue reabierto y se ordenó la citación de nuevos testigos. Además, se dio orden de investigar a la Policía de Investigaciones y citaciones a los carabineros Diógenes Toledo y Gilberto Parra.

            El juez ordenó en fecha posterior reiterar los oficios en que se cita a los carabineros mencionados por no haberse dado cumplimiento a la diligencia.

            Se ignora la tramitación posterior del proceso. Por su lado, la Comisión de Verdad y Reconciliación remitió en el mes de enero de 1991, al terminar su mandato, los antecedentes de las víctimas al Juzgado de Letras de Parral con el objeto de que se lleve a cabo una investigación judicial a la luz de los antecedentes recopilados por dicho organismo.

Juan Rojas Vásquez, es hijo de  Miguel Rojas Rojas y hermano de Gilberto Rojas Vásquez  , ambos detenidos Desaparecidos en octubre de 1973 quien hizo una completa exposición sobre el trabajo que se realiza  en la difusión del folklore nacional en tierras extranjeras.

Juan Rojas es director del Grupo Cordillera integrado por compatriotas en su mayoría de la Región del Maule y del mismo país Germano que se han ido integrando al grupo.

En diálogo internacional, señaló a elsemanario.cl que “Como familiar de detenidos y desaparecidos de la Provincia de Linares le manifesté a Monseñor Troncoso quien es encargado de Pastoral de Migraciones de la Conferencia Episcopal chilena la posibilidad de que se hagan nuevos esfuerzos con el objeto de poder dar con el paradero de nuestros seres queridos y que la Iglesia tiene una importante responsabilidad en este sentido. Me gustaría saber  que pasó realmente con mi padre y hermano, en ese sentido, busco una respuesta definitiva y le pido a Dios poder terminar con este tema, vivir tranquilo y terminar con las interrogantes. El Obispo estuvo reunido con la Colonia Chilena residente en Stuttgart luego de que finalizara su visita Ad Limina al Vaticano.

Juan Rojas Vásquez agregó que sus seres queridos desaparecieron de la comuna de Parral la madrigada del 13 de octubre de 1973 luego que fueran sacados de sus hogares   y de acuerdo a lo señalado en el Informe Rettig “llevados a declarar al Retén de Catillo“ cercano a la Colonia Dignidad en la Precordillera de Parral. “Nunca más supe de ellos” – dijo Rojas.

Según fuentes judiciales, la suma total de la indemnización deberá ser dividida entre los familiares de los detenidos desaparecidos, entre 1973 y 1974.

La Corte Suprema chilena ordenó hoy al Estado a pagar mil millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) a cuatro víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Según fuentes judiciales, la suma total de la indemnización deberá ser dividida entre los familiares de los detenidos desaparecidos, entre 1973 y 1974. 

Los casos fueron revisados por la segunda sala del máximo tribunal de Chile, y solo considera el aspecto civil.

En el primer caso, se ordena pagar 190 millones de pesos (unos 263 mil dólares) al padre y hermanos de Luis Guajardo Zamorano, destacado ciclista nacional, que figura como detenido desaparecido desde el 20 de julio de 1974 y víctima de la «Operación Colombo».

La Operación Colombo fue un operativo donde se asesinó a 119 opositores a la dictadura de Pinochet, en su mayoría estudiantes, profesionales y varios menores de edad, miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En el segundo caso, el fallo exige al Estado el pago de 700 millones de pesos (unos 972,2 mil dólares) a los familiares de Miguel Rojas Rojas y Gilberto Rojas Vásquez, padre e hijo que fueron detenidos el 13 de octubre de 1973 por personal del retén Catillo en el fundo El Palomar de la ciudad de Parral, en el sur de Chile.

La resolución detalla que se debe indemnizar con 100 millones de pesos (unos 138,8 mil dólares) a Juan, Miguel, Margarita, Ana y Luis Rojas Vásquez, hijos de Miguel Rojas Rojas; y otros 100 millones de pesos a cada hijo de Gilberto Rojas Vásquez: Luis y Carmen Rojas Llanos.

El tercer caso ordena pagar 110 millones de pesos (unos 153 mil dólares) a la cónyuge e hijos de Juan de Dios Salinas Salinas, detenido el 14 de septiembre de 1974, en la localidad de Isla de Maipo, terrenos que colindan con la capital chilena.

La sentencia especifica el pago de 50 millones de pesos (69,4 mil dólares) para Luisa Sepúlveda Arias, cónyuge de la víctima y de 20 millones de pesos (27,8 mil dólares) para cada uno de los hijos: Paz, Juan y Pía Salinas Sepúlveda.

La glosa detalla que en los tres casos, el máximo tribunal estableció que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles y no son amnistiables en el aspecto penal y civil.

Según reza el fallo «dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado» el Poder Judicial destaca que «Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda».«De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna», precisó.

Al Callín lo mandaron a comprar levadura y nunca más volvió. Su madre lo esperó en la puerta hasta que murió. Ella decía: «¿Pero cómo?, si fue a comprar no más, ¿cómo se va a demorar tanto», y se sentaba en el portal de su puerta a esperarlo.

El Callín siempre fue un niño inquieto, le gustaba andar con los más grandes. Se juntaban en la plaza de la esquina, hacían rayados a favor de Allende, o tiraba panfletos. A sus dieciséis años creía en la revolución. Su familia, ocho o nueve hermanos, hijos de campesinos, nunca se metieron en política, pero el Callín sí. Trabajaba lustrando zapatos en la plaza de Armas de Parral, donde todavía se pueden ver los puestos de lustrabotas, aunque todos ellos desaparecieron.

Claudio Jesús Escanilla Escobar era su nombre, pero todos en Parral le llamaban El Callín. El 13 de septiembre fue detenido por una patrulla militar. Iba junto a Nelson León y a Emiliano Mena, pero a ellos lo dejarían libre días después. A la señora Julia, su madre, los lustrines de la plaza le contaron que los militares y el sargento de carabineros Luis Hidalgo lo habían detenido, y que, al parecer, estaba preso en la Comisaría de Parral. Y efectivamente, el 14 de septiembre lo trasladaron a la cárcel, donde la señora Julia sólo pudo dejarle ropa y comida ya que nunca le permitieron verlo.

Junto al Callín fueron detenidos treinta y tres personas más, la mayoría de ellos jóvenes que no pasaban los veintidós años. Hijos de obreros, campesinos, gente pobre que, por una u otra razón, fueron detenidos, llevados a la Comisaría de Parral y que luego nunca más se supo de ellos. Ya desde esa época rondaba la idea que los habían llevados a la Colonia Dignidad, el enclave alemán que operó con total impunidad durante décadas en Chile y dirigida por el ex miembro de las juventudes hitlerianas Paul Shäffer.

El primero en ser detenido fue Luis Evangelista Aguayo Fernández, de veinte años; le siguió Hugo Enrique Soto Campos, de dieciocho años y estudiante secundario. También fue detenido Aurelio Clodomiro Peñailillo Sepúlveda, de treinta y dos años, y jubilado por invalidez. También Oscar Eladio Saldías Daza, de veinte años, proveniente de una familia de escasos recursos, quien trabajaba para cuidar a su madre y una sobrina de cinco años que estaban criando. También Enrique Ángel Carreño González, el único estudiante universitario, quien fue dejado  en libertad y luego arrestado para no saberse nunca más de él. También José Ignacio Bustos Fuentes, de cincuenta y dos años, un campesino que vivía con su madre, quien recorrió los cuarteles militares de Linares y Talca, pero nunca nadie más lo vio. También Rafael Alonso Díaz Meza, de veintitrés años; Irineo Alberto Méndez Hernández, de veintidós; Manuel Eduardo Bascuñán Aravena, de veintitrés; Óscar Abdón Retamal Pérez, de diecinueve y estudiante; Roberto del Carmen Romero Muñoz, de veintitrés años y obrero agrícola.

En octubre desaparecieron las siguientes personas: Armando Edelmiro Morales Morales, de diecinueve años y estudiante secundario. Luis Enrique Rivera Cofré, de veintiún años, padre del niño de nueve meses Vladimir Rivera Órdenes y de un hijo en camino que también llamarían Luis.  También desaparecieron Víctor Julio Vivanco Vásquez, de diecinueve años; y José Hernán Riveros Chávez de veintitrés. En Catillo, comunidad cerca de Parral, fueron detenidos Miguel Rojas Rojas y Gilberto Rojas Vásquez, padre e hijo. También Ruperto Oriol Torres Aravena, de cincuenta y ocho años, campesino y padre de tres hijos que quedaron huérfanos. También Ramiro Romero González, de veintiocho años, campesino, casado, dos hijos. Y Alfredo Durán Durán, de cuarenta y ocho años, quien trabajaba en el Registro Civil.

Los últimos casos de detenidos desaparecidos en Parral corresponden a 1974, más una mujer asesinada, Bella Aurora Sepúlveda Valenzuela. Se trató de doce hombres, ocho de los cuales estaban ligados a un singular hecho represivo conocido como el caso de «El Águila». Entre ellos, Aroldo Vivían Laurie Luengo y Hernán Sarmiento Sabater.

Los últimos detenidos fueron José Luis Morales Ruiz de veintiún años, artesano, quien tenía dos hijos, y Juan Francisco Ponce González, de quien no se tiene ningún registro y ni siquiera aparece en el Informe Rettig.

En la mayoría de los detenidos, salvo los involucrados en el caso de «El Águila», aparece el nombre de Luis Hidalgo, un amable señor que hasta el día de su muerte, se paseaba por el centro de Parral con total impunidad. Nunca nadie lo enfrentó, por miedo claro está. No fue condenado, no pisó la cárcel, no se arrepintió y lo más probable es que para muchos sea una de las figuras más destacadas de Parral.

Cuando le pregunté a la señora Julia que por qué salía todos los días a sentarse fuera de su casa, me respondió: «Por si aparece el Callín, sepa que esta es su casa». Nunca nadie pudo levantarla de ahí hasta que murió, esperando al hijo que ese fatídico día salió a comprar levadura.

Libro: En el pueblo hay una casa pequeña y oscura.
Autor: Vladimir Rivera Órdenes (Parral, 1973) es guionista, narrador y profesor.
Cronica: El orgullo de ser parralino.