Rodríguez Cárcamo Héctor Roberto

Rut : 258.835, Concepción
F.Nacim. : 18-09-48, 25 años a la fecha de la detención
Domicilio : Concepción
E.Civil : Soltero
Actividad : Estudiante de Filosofía, Universidad de Concepción
C.Repres. : Simpatizante de Izquierda
F.Detenc. : 19 de septiembre de 1973

Héctor Roberto Rodríguez Cárcamo, soltero, estudiante de Filosofía de la Universidad de Concepción, simpatizante de Izquierda, fue detenido el 19 de septiembre de 1973, alrededor de las 21:00 horas, en su domicilio de la ciudad de Concepción por efectivos de Carabineros de la 4a. Comisaría, en presencia de su madre, Yolanda Cárcamo. Los policías procedieron a allanar la vivienda, especialmente el dormitorio del joven, a quien acusaban de ser jefe del MIR, no encontrando ni llevándose nada. Luego, fue conducido a las dependencias de la mencionada Unidad Policial, que posteriormente pasó a ser la 1a. Comisaría. Los hechos ocurrieron en hora de toque de queda que regía en la zona.

Según declaró el Teniente de Carabineros Alex Graft Conus, miembro del Servicio de Inteligencia de Carabineros que funcionaba en ese recinto, uno de los aprehensores habría sido el Subteniente Renato Rodríguez Sullivan. Este manifestó a su vez recordar que el afectado llegó ese día a la Comisaría y no fue registrado en el Libro de Partes, "en atención a que venía detenido como extremista", por lo que pasó directamente a disposición del Servicio de Inteligencia de Carabineros y del Ejército que allí funcionaba.

No obstante, el arresto fue negado en ese recinto en reiteradas ocasiones a la familia y, cuarenta días después, el mismo Teniente Graft informó a la madre que efectivamente había estado detenido allí, pero que había sido dejado en libertad al día siguiente.

Desde entonces, el estudiante de primer año de Filosofía se encuentra desaparecido.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 6 de octubre de 1973, su madre presentó una denuncia por presunta desgracia ante el 3er. Juzgado del Crimen de Concepción, tribunal que inició la causa rol 36.301. Cumpliendo una orden de investigar, la policía civil entrevistó a la madre del afectado y consultaron en la 4a. Comisaría de Carabineros, donde reconocieron la detención de Héctor Rodríguez y señalaron que había sido dejado en libertad al día siguiente de su arresto, es decir, el 20 de septiembre en horas de la mañana.

Con el mérito de esta única diligencia, el Juez Carlos Luengo cerró el sumario y dictó sobreseimiento temporal, por no encontrarse acreditado el delito. Esta resolución fue revocada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que ordenó nuevas diligencias, entre ellas, que el Juez se constituyera en la Unidad Policial.

El 21 de diciembre de 1973, el Juez se constituyó en dependencias de la 4a. Comisaría de Carabineros y pudo establecer que en los Libros no se registraba la detención de Héctor Rodríguez Cárcamo. También tomó nota de los efectivos que componían la Guardia los días 19 y 20 de septiembre de ese año, todos los cuales fueron citados a declarar.

En las declaraciones de los efectivos policiales queda establecido que en ese recinto funcionaba un grupo del Servicio de Inteligencia de Carabineros y del Ejército, a cuya disposición ponían a todos los detenidos políticos, no registrándose éstos en los Libros correspondientes. Luego de ser interrogados por este personal de inteligencia, los prisioneros eran trasladados al estadio, a Talcahuano o eran dejados en libertad. El único Oficial de inteligencia que se individualizó fue el Teniente Alex Graft, quien también concurrió a declarar y señaló que recordaba que Rodríguez Cárcamo había estado detenido el 19 de septiembre, que era mirista y que había sido dejado en libertad el día 20 de ese mes, a las 9 de la mañana, con el compromiso de volver después con más información sobre su partido. El Teniente Graft agregó que esto lo supo por el Oficial de Guardia y le fue ratificado por el Subteniente Renato Rodríguez, quien habría sido el aprehensor del joven. Informa además el Oficial que los detenidos de septiembre no eran registrados en su totalidad porque era materialmente imposible hacerlo debido a la gran cantidad de personas que ingresaba diariamente.

El Subteniente Rodríguez, luego de serle reiterada en varias oportunidades la orden de comparecer ante el Tribunal, se presentó el 15 de febrero de 1975 a declarar y manifestó que efectivamente el afectado había llegado detenido el día 19 de septiembre y liberado al día siguiente, con la condición de volver con más datos. Agregó que él no pertenecía al Servicio de Inteligencia, por lo que no le correspondió interrogarlo. Nada indica respecto de si habría participado en el arresto y allanamiento del domicilio del afectado.

Con estos nuevos antecedentes, el 28 de febrero de 1975 se cierra nuevamente el sumario y se sobresee temporalmente la causa, por no encontrarse acreditado el delito. Esta resolución fue aprobada en esta oportunidad por la Corte de Concepción el 27 de marzo del mismo año.

Con posterioridad, la familia recurre nuevamente a los tribunales y el 17 de abril de 1975, su padre interpone un recurso se amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción, el que se tramita con el rol N°3.375.

El Prefecto de Concepción, Coronel de Carabineros Benjamín Bustos Lagos, informa que Rodríguez no fue detenido por personal de la 4a. Comisaría, ni se encuentra registrado como prisionero en ese Cuartel.

El Comandante en Jefe de la 3a. División de Ejército, General de Brigada Nilo Floody, señaló por su parte que el afectado no fue detenido por orden de esa Comandancia.

Finalmente, el Ministro del Interior, General César Benavides, informó que ese Ministerio no había dictado orden de detención en contra del joven.

El 31 de marzo de 1975 se declara sin lugar el recurso, no obstante se ordenó remitir compulsas al Juzgado del Crimen correspondiente, para investigar los hechos denunciados. De esta causa, que se habría iniciado por orden de la Corte de Concepción, no se tiene antecedentes.

La familia denunció la desaparición del joven estudiante a la Comisión de Derechos Humanos de la O.E.A. y a la Cruz Roja Internacional. Este último organismo les informó que había recibido respuesta del Gobierno militar chileno por intermedio de su Canciller, Almirante Patricio Carvajal, en el que se indica que Héctor Rodríguez había fallecido y que su cadáver figuraba ingresado al Instituto Médico Legal de Santiago el día 19 de septiembre de 1973, donde se estableció como hora de muerte las 10:35 horas. Esta información oficial era absolutamente falsa, ya que por un lado la cédula de identidad con que aparecía en el Instituto Médico Legal no coincidía con la de Rodríguez y el día y hora de su supuesta muerte en Santiago se encontraba en Concepción, lo que se acreditó con declaraciones juradas de testigos.

De todas formas, esta respuesta se contradice totalmente con las entregadas por las autoridades con anterioridad a la familia.

Efectivamente, el General de Brigada del Ejército Washington Carrasco, Intendente de Concepción en noviembre de 1973, envió una carta al padre del afectado en la que reconoce que su hijo fue detenido el 19 de septiembre de ese año y que fue puesto en libertad al día siguiente. Se le sindica como mirista.

En enero de 1974, el nuevo Intendente de Concepción, General Agustín Toro Dávila, responde algo parecido, reconociendo su arresto, pero señalando que el joven fue dejado en libertad con la condición de regresar al Cuartel con más información. Agrega el General Toro que Carabineros e Investigaciones encargó su detención. No obstante esta respuesta, Carabineros informó un año después a la Corte de Apelaciones de Concepción que no tenían antecedentes del afectado.

En junio de 1975, el Ministro del Interior, General César Benavides respondió a la madre de Rodríguez que, según información de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros, las Unidades y Organismos de Inteligencia de esa repartición tampoco registran antecedentes sobre el paradero del joven "presuntivamente arrestado por esa Dirección".

De las últimas gestiones y consultas realizadas el año 1978 al Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández, no se tuvo respuesta.

Héctor Roberto Rodríguez Cárcamo continúa desaparecido desde el 19 de septiembre de 1973, fecha en que fue detenido en su domicilio por Carabineros de la 4a. Comisaría de Concepción.

Una inédita recreación de la detención y posterior desaparición de un estudiante universitario tras el golpe militar de 1973 se realizó hoy en la cuarta comisaría de Concepción.

El juez Carlos Aldana, quien investiga la muerte del estudiante de Filosofía de la Universidad de Concepción, Héctor Rodríguez, ordenó la diligencia para contrastar las versiones de testigos y de los dos procesado en el caso, los oficiales actualmente en retiro de carabineros, Sergio Arévalo y Renato Rodríguez.

"Esto sirve para ver la coherencia de las declaraciones que prestaron los procesados y los testigos, si realmente concuerdan con la distribución física de las oficinas y los calabozos, los lugares en que, presuntamente, habrían estado las personas que desaparecieron", argumentó el juez.

En la afueras de la comisaría se congregó una gran cantidad de personas, entre ellas miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuya presidenta regional, Mercedes Sánchez, aseguró que "Héctor estuvo detenido en esta comisaría".

Rodríguez, 25 años, fue detenido en su domicilio y su arresto fue reconocido el 12 de noviembre de 1973 por la III División del Ejército, en carta dirigida a su madre.

En el escrito oficial se señala que había sido careado con otros detenidos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y dejado en libertad al día subsiguiente de su arresto.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a las hermanas de Héctor Roberto Rodríguez Cárcamo, detenido el 19 de septiembre de 1973, en la ciudad de Concepción.

En fallo unánime (causa rol 14.903-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm– ratificó la sentencia impugnada que condenó al fisco a pagar $75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos) a cada una de las dos hermanas del Rodríguez Cárcamo, quien estudiaba filosofía en la Universidad de Concepción, a la fecha de su detención y desaparición.

"Que la sentencia recurrida, en lo que interesa al recurso, expresa que si bien el daño moral no es susceptible en sí de ser avaluado materialmente, puesto que una suma de dinero no ha de suprimir los efectos de quien lo padece, el tribunal puede fijar prudencialmente una cantidad que permita, a lo menos, morigerar sus efectos. En consideración a ello y teniendo presente que se acreditó el daño moral que les causó a las actoras la detención y posterior desaparición de su hermano, dolor de carácter excepcional, los juzgadores aumentaron el monto de la indemnización, la que fijaron prudencialmente en la suma de $ 75.000.000, para cada una de las demandantes", expone el fallo.

La resolución agrega que: "al analizar esta impugnación formal no debe olvidarse que el vicio denunciado aparece solo cuando la sentencia carece de las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, no así cuando aquéllas no se ajustan a la tesis sustentada por el reclamante. Y del mérito de los antecedentes es posible constatar que el fallo sí contiene las reflexiones que llevaron a los juzgadores -luego de ponderar los antecedentes y alegaciones efectuadas- a acoger la demanda y a establecer el monto de la indemnización".

"De modo tal que lo impugnado por el recurrente más que la ausencia de razonamientos jurídicos, ha consistido en el hecho que éstos no hayan sido favorables a sus intereses, constituyendo esta crítica un cuestionamiento de carácter sustantivo y no uno que amerite la invalidación de lo resuelto por razones de orden únicamente formal", concluye.

El último acto conmemorativo por los 40 años del golpe de estado organizado por la Vocalía de Derechos Humanos, Solidaridad y Conflictos Sociales de la FEC, se realizó esta mañana, con el develamiento de la placa remozada, que lleva inscrita el nombre de los 54 estudiantes, ex alumnos, profesores y funcionarios de la Universidad de Concepción que fueron asesinados durante el régimen militar, muchos de los cuales continúan hasta el día de hoy en calidad de detenidos desaparecidps.
Gabriel Provoste, vocal de DDHH de la FEC, indicó que esta es la última expresión de las actividades que han organizado para septiembre, expresando que ?el objetivo es conmemorar a los compañeros y compañeras de la UdeC, que fueron víctimas de la dictadura militar?.
Provoste señaló que en el transcurso de estos últimos 20 años ?el memorial fue erigido en 1993 para conmemorar los 20 años del golpe- el monumento ha sufrido de constantes deterioros, explicando que ?hemos cambiado la placa y agregado el nombre de otros diez compañeros que no estaban en la anterior y al mismo tiempo restaurar la pieza?. El dirigente estudiantil recordó que la idea del memorial estaba unida a una plaza de reflexión, para lo cual se encuentran aún trabajando y buscando los recursos para ella.
En la actividad, a la que acudieron alrededor de 150 personas, participaron las asociaciones de ex prisioneros políticos del MIR, organizaciones estudiantiles y la sociedad mutualista Bautista van Schouwen Vasey.

La escultura "Homenaje a los estudiantes detenidos desaparecidos", es un grupo escultórico en concreto y mosaico, que Representa a cuatro figuras erectas en una síntesis reconocible como figuras humanas, atadas entre sí con anillos de metal. Están dispuestas formando un semicírculo cuyo centro está ocupado por una mocheta inclinada, en que se apoya una lista grabada en bronce con el nombre de los alumnos de la Universidad que fueron detenidos desaparecidos en el periodo 1973-1990.
Las personas de la comunidad UdeC, víctimas de la violencia de la dictadura, y que fueron reconocidas hoy, son Enrique Carreño, Eduardo Crisóstomo, Ogán Lagos, Fabián Ibarra, Fernando Alvarez, Jaime Eltit, Dignaldo Araneda, Muriel Dockendorff, Héctor González, Alexei Jaccard, César Negrete, Wladimir Araneda, José Aguayo, Miguel Catalán, Silvia Calfulén, Ricardo Ruz, Héctor Rodríguez, José Bordaz, Alan Bruce, Edgardo y Miguel Enríquez Espinoza; Caupolicán Inostroza, Marcos Montecinos, Juan Perelman, José Randolph, Freddy Torres, Arturo Villabela, Felipe Campos, Luis Barra, Jorge Grez, Arturo Hillerns, Fernando Krauss, Bautista Van Schouwen, Carlos Rioseco, José Carrasco Tapia, José Carrasco Vásquez, Juan Espinosa, Sonia Ríos, Carlos Contreras Maluje, José Jara, Héctor Zúñiga, Elizabeth Cabrera, Roberto Chávez, Washington Cid, Carlos Fernández, Jorge Fuentes, Juan Carlos Gómez, Nelson Herrera, Sergio Lagos, Luis Pincheira, Sergio Riffo, Ariel Salinas, Patricio Sobarzo, Héctor Velásquez, Manuel Villalobos, Rolando Angulo, Jaime Araya y Luis Cornejo.

Este miércoles 11 de septiembre, la Universidad de Chile llevó a cabo en el Salón de Honor la ceremonia oficial de conmemoración del golpe de Estado, instancia en la que hizo entrega de cuatro nuevos títulos póstumos y simbólicos a estudiantes víctimas dictadura cívico – militar de las carreras de Pedagogía en Música, Sociología, Economía Política y Medicina. Esta iniciativa permitirá efectuar medidas reparatorias y de memoria en materia de patrimonio físico y humano, archivos, reconstrucción histórica e investigación, entre otros aspectos. 

El Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, hizo un llamado a reflexionar “en torno a aquello con tanta fuerza se ha intentado esconder” la autoridad académica enfatizó en que mientras no se sepa por qué asesinaron a los estudiantes “el país seguirá vagando entre una falsedad y otra. Cuando logremos que todos los detenidos desaparecidos y ejecutados vuelvan a estar vivos en la verdad de lo que les ocurrió, podremos volver a conversar como país".

Durante la ceremonia, también anunciaron la creación de una Política de Verdad y Memoria al interior del plantel universitario,a modo de compromiso institucional con la memoria, la verdad, la justicia y la reparación que han desarrollado durante los últimos años. 

Esta Política de Verdad y Memoria “implica desarrollar esfuerzos de largo plazo, coherentes y coordinados para preservar su historia bajo la dictadura y, sobre esa historia, proyectar un futuro que garantice que Nunca Más hechos de violencia se instalen institucionalmente en nuestra Universidad”, informó la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran.

De esta manera, la iniciativa implica preservar la historia del plantel bajo la dictadura cívico – militar, y tomar medidas de reparación y memoria en el ámbito del patrimonio, los archivos y la investigación, entre otros. 

Los y las distinguidas fueron las detenidas desaparecidas María Isabel Beltrán Sánchez, estudiante de Pedagogía en Música, y María Cecilia Magnet Ferrero, estudiante de Economía Política; el detenido desaparecido Ramiro Carlos Gonzáles Gonzáles, estudiante de Medicina; y el ejecutado político Iván Renato Pérez Vargas, estudiante de Sociología.

Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló que “uno no puede dejar de pensar en cuántas vidas apagó la dictadura, cómo esa herida nos sigue lacerando y sigue provocando dolor en esta sociedad”. 

Este grupo de estudiantes se suma a los 112 que recibieron la distinción en abril y septiembre de 2018, en la primera y segunda entrega de este reconocimiento por parte de la Universidad de Chile.