Robotham Bravo Jaime Eugenio

Rut       : 6.107.397-3

F.Nacim. : 16-12-51, 23 años a la fecha de su detención

Domicilio : Ricardo Lyon 3306, Ñuñoa, Santiago

E.Civil  : Soltero

Actividad : Ex-estudiante de Sociología de la Universidad de Chile (expulsado en 1974); ex-dirigente estudiantil

C.Repres. : Partido Socialista

F.Detenc. : 31 de diciembre de 1974

SITUACION REPRESIVA

            Jaime Eugenio Robotham Bravo, soltero, ex estudiante de Sociología de la Universidad de Chile, militante socialista fue detenido el 31 de diciembre de 1974, alrededor de las 19 horas, en la intersección de las calles Sucre y Miguel Claro de la ciudad de Santiago, cuando caminaba junto con su amigo y compañero de Partido, Claudio Thauby Pacheco, también detenido en esa oportunidad y actualmente detenido-desaparecido al igual que la víctima. La aprehensión la practicaron agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fuertemente armados, movilizados en un automóvil FIAT color plomo, que llevaban consigo a Manuel Alejandro Cuadra Sánchez, detenido al mediodía de ese mismo 31 de diciembre y quien permanecía recluido en Villa Grimaldi, recinto secreto de detención y tortura de la DINA.

            Entre los agentes iba Fernando Adrián Laureani Maturana, conocido como "El Teniente Pablo", el que, junto con participar en operativos, se desempeñaba en Villa Grimaldi. Jaime Robotham y Claudio Thauby fueron llevados hasta dicho recinto -donde los vieron numerosos testigos- desapareciendo ambos desde allí.

            Ese 31 de diciembre, el afectado y Claudio Thauby salieron, después de tomar onces, desde la casa del primero de ellos, eran como las 19 horas. Ese mismo día, había sido detenido Manuel Alejandro Cuadra, domiciliado en calle Domingo Faustino Sarmiento, Ñuñoa. Este testigo fue recluido en Villa Grimaldi, y, alrededor de las 18:30 horas, fue sacado de ese recinto y conducido hacia su propio domicilio, con el fin de detener a su cónyuge, Lucrecia Brito. Como ella no se encontrara, el agente Laureani Maturana, retornó al Fiat color plomo en que se movilizaban. En esos momentos, vio a Claudio Thauby -con quien había sido compañero en la Escuela Militar- que caminaba por la calle Sucre junto a su amigo Jaime Robotham.

            De inmediato, los agentes procedieron al arresto de ambos. Robotham intentó huir y recibió un violento golpe con la culata de un revólver en la cabeza, quedando todo ensangrentado. Según testigos, en Villa Grimaldi, al afectado lo llamaban "cabeza rota". Al respecto, la familia señaló que la víctima sufría de una alergia que le impedía el cierre de las heridas.

            Robotham, Thauby y Manuel Alejandro Cuadra, fueron conducidos por sus captores hasta Villa Grimaldi. Allí fueron sometidos a interrogatorios y torturas. Según lo relató Cuadra, a Claudio Thauby le enterraron un lápiz en el ombligo y luego "lo cortaban" hacia arriba y los costados, haciéndole verdaderos dibujos en la región abdominal. Esto lo hacía Osvaldo Romo Mena. Por su parte, Robotham fue brutalmente golpeado e insistentemente sometido a aplicaciones de electricidad.

            Horas antes también había sido detenido por estos mismos agentes Carlos Guerrero Gutiérrez, éste iba llegando a casa de la familia Cuadra cuando se percató del operativo, trató de huir siendo baleado y detenido. Fue llevado a Villa Grimaldi desde donde desaparece.

            Angeles Beatriz Alvarez, quien fue detenida por la DINA el 6 de enero de 1975, permaneciendo en Villa Grimaldi hasta el 15 de enero de ese mismo año, relata que cuando esperaba para entrar al baño, vio que los guardias traían a Jaime Eugenio Robotham. La testigo declaró que el afectado se encontraba en un estado lamentable. Apenas caminaba y debían sujetarlo para que no cayera al suelo. La testigo supo que el afectado se encontraba en el sector denominado "La Torre". Por su parte, Adrián Virginia García Guzmán, quien a la fecha también se encontraba recluida en Villa Grimaldi, vio cuando la víctima llegó a dicho recinto, junto a unas 6 personas más.

            Luz Arce -militante socialista que se transformara en colaboradora de la DINA, producto de las torturas y amenazas sufridas durante su permanencia en centros de detención -declaró en 1990, ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En su declaración, Luz Arce dijo que le constaba haber visto el nombre del afectado en los informes de la Plana Mayor de la DINA.

            Hugo Ernesto Salinas Farfán, detenido el 3 de enero de 1975 por la DINA y trasladado a Villa Grimaldi, en donde fue sometido a intensos interrogatorios y torturas por Marcelo Moren Brito y desde donde fue sacado por sus captores para presenciar la detención de otras víctimas, también estuvo con Jaime Robotham en el mencionado recinto. Durante la semana del 6 al 11 de enero de 1975, compartió una "casa corvi" (pequeñas celdas de madera en donde los detenidos debían turnarse para poder sentarse) con Jaime Robotham, quien le relató las circunstancias de su detención. El testigo recuerda que al afectado le decían "cabeza rota". El 12 de enero del mismo año, los prisioneros almorzaron todos en el patio de Villa Grimaldi y los guardias les permitieron que se levantaran un poco la venda. Vio nuevamente a Jaime Robotham.

            El 1° de febrero de 1975 -testimonió Hugo Ernesto Salinas- vio cuando sacaron de Villa Grimaldi a Jaime Eugenio Robotham junto a Julio Fidel Flores Pérez y a Herbit Ríos Soto. Los tres permanecen en calidad de detenidos desaparecidos.

            Posteriormente, el 12 de julio de 1975, la prensa chilena informó que en la localidad de Pilar, 45 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, en el interior de un automóvil, se habían encontrado dos cuerpos semicalcinados y acribillados, sobre los cuales había un lienzo que decía "Dados de baja por el MIR". Los documentos que se encontraron entre los restos, supuestamente correspondían a Jaime Eugenio Robotham y a Luis Alberto Guendelman Wisniak, también detenido-desaparecido. La prensa chilena de la época dijo que a raíz del hallazgo de estos cadáveres se confirmaba que "muchos individuos que figuran como desaparecidos, son elementos que salieron clandestinamente del país". Se agregaba que la identidad de los muertos había sido confirmada por las autoridades chilenas y que "Amnistía Internacional no tendrá otra cosa que borrar sus nombres de la lista de personas desaparecidas en Chile".

            Guillermo Robotham -hermano del afectado- viajó a Buenos Aires a constatar la efectividad de esa información. A través de distintos peritajes se pudo establecer inequívocamente que las características anatómicas del cuerpo no correspondían a las del afectado: estatura y dentadura distintas. Las huellas digitales de la cédula de identidad no pertenecían a Jaime Robotham, y la firma tampoco. Se pudo establecer que las huellas digitales habían sido puestas apenas unas horas antes del hallazgo de los cadáveres. También se estableció que la firma del funcionario del Gabinete de Identificación -un señor de apellido Poblete- estaba adulterada. En suma, no hubo dudas de que aquellos restos no correspondían a los del afectado.

            Todo aquello resultó ser una maniobra de la DINA, destinada a distraer la atención sobre las innumerables denuncias de detenciones seguidas de desaparecimientos, conocida como "Operación Colombo" y en la que también se insertó el caso de otro detenido-desaparecido, Juan Carlos Perelman Ide, cuyos restos también se supusieron encontrados en la localidad de Pilar, una semana después de ocurridos estos hechos.

            Más aún, días más tarde, el 24 de julio de 1975, el nombre del afectado apareció en la lista de 119 chilenos que presuntivamente habían muerto en enfrentamientos en el extranjero. Jaime Robotham estaba incluido en la nómina del diario "O'Día" de Curitiba, Brasil, que apareció por primera y única vez en esa oportunidad, sin director responsable ni pie de imprenta. La veracidad de estos sucesos jamás pudo ser comprobada y ningún Gobierno, ni siquiera el chileno, lo ratificó oficialmente. Hubo otra nómina de la revista LEA de Argentina de similares características a la anterior. Los nombres de las nóminas correspondían a 119 personas desaparecidas, después de haber sido detenidas por la DINA entre los meses de junio de 1974 y febrero de 1975.

GESTIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS

            El 6 de enero de 1975 se interpuso un recurso de amparo por el afectado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el N°28-75. Los antecedentes se perdieron en el Tribunal y el expediente debió ser reconstituido en febrero del mismo año.

            En un escrito presentado ante la Corte, se informó que la familia había tenido antecedentes ciertos de que Jaime Robotham se encontraba recluido en Villa Grimaldi, a través de un testigo que no se identificó por temor, el que había estado detenido en ese recinto junto al afectado. El informante había proporcionado datos muy personales y detalles de la detención de la víctima, lo que hacía plenamente verosímil el testimonio.

            No obstante la información existente, el Ministro del Interior y General de División, Raúl Benavides Escobar, ofició a la Corte diciendo que el afectado no se encontraba detenido por orden de alguna autoridad administrativa, (3 de febrero de 1975). Por su parte, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), señalaba que cualquier consulta al respecto debía ser dirigida al Ministerio del Interior o a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), (10 de marzo de 1975).

            El 31 de marzo de 1975 -casi tres meses después de su presentación- y sin que se reunieran mayores antecedentes, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso y remitió los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente.

            De esta manera, se instruyó en el 8° Juzgado del Crimen de Santiago, la causa rol N°11.961-5, el 8 de abril de 1975. Durante la tramitación de ésta, el 9 de mayo de 1975, el Teniente Coronel Julio Fuenzalida Arancibia, Secretario Ejecutivo Subrogante del SENDET, informó al Tribunal que el afectado no se encontraba registrado entre los detenidos controlados por ese Organismo. El 16 de junio de 1975, "habiéndose informado el Tribunal por comentarios de radio que un ciudadano chileno llamado Jaime Robotham Bravo" habría sido encontrado muerto en Buenos Aires, se determinó oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para recabar información al respecto.

            En relación a estos hechos, fueron citados a declarar los familiares del afectado. Adriana Robotham, su hermana, declaró que el 31 de enero de 1975 había llegado hasta su domicilio un ex-detenido de Villa Grimaldi, quien le manifestó haber estado junto al afectado y a Claudio Thauby en una celda de dicho recinto. Este testigo -que no quiso identificarse- le dijo que a Jaime Robotham le decían "cabeza rota" y que el día más triste para él había sido el 5 de enero de 1975, fecha en que llegaba su madre de Estados Unidos. Por su parte, Guillermo Robotham relató ante el Tribunal su viaje a Buenos Aires para reconocer los restos que supuestamente correspondían a los de su hermano, señalando -dado los antecedentes recogidos y peritajes realizados- que esa información era falsa.

            El 31 de julio de 1975, después de publicarse las nóminas conteniendo nombres de 119 chilenos que habrían muerto en presuntos enfrentamientos en el extranjero, el Tribunal acordó un nuevo Oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores. El 3 de septiembre de 1975, el Mayor de Ejército Enrique Cid Coubles, Jefe de la Secretaría de Derechos Humanos de dicho Ministerio, informó al Tribunal que, según los antecedentes que ellos poseían, el diario "O'Dia" no existía en Curitiba. Se agregaba que no había información oficial relativa a que las personas nombradas en esa nómina efectivamente hubiesen fallecido en el extranjero, como tampoco existían antecedentes de que hubieran salido del país. En cuanto a Jaime Robotham, el Mayor Cid señalaba que su hermano había manifestado a las autoridades policiales de Pilar, que el cadáver atribuido al afectado no correspondía al de su deudo y que no existía constancia de que la cédula de identidad hubiese sido otorgada en la fecha que aparecía indicada en ella. Por último, se decía que el médico legista de Pilar indicó que el cuerpo de Robotham, quien mide alrededor de 1.75 metro, no puede ser el del cadáver ya que éste no excedía el 1.67 metro de estatura.

            Posterior a este Oficio, el 1° de octubre de 1975, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa por no encontrarse completamente justificada la existencia del delito. El fiscal, en su dictamen, señaló "otro desaparecido más. Se trata ahora de Jaime Eugenio Robotham Bravo. Otro caso más y en el que se destaca una publicación aparecida en el extranjero (Revista "Lea" de Buenos Aires; "O'Dia" de Curitiba), en la que se da al desaparecido por muerto en enfrentamiento que se dice acaecido en Argentina". Se hacía notar que la DINA se negaba a responder derechamente las consultas del Tribunal e insistía en que las informaciones respectivas debían ser hechas al Ministerio del Interior o al SENDET. Además -se señalaba en el dictamen- que la familia aseguraba que el desaparecido había sido detenido en Chile. El Fiscal finalizaba diciendo "Los Tribunales no lograron averiguar, fuera de lo dicho, nada más". El 11 de noviembre de 1975, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la resolución consultada.

            Simultáneamente, en enero de 1975, se había presentado dos denuncias por presunta desgracia del afectado en el mismo 8° Juzgado del Crimen del Santiago, las que, posterior a sendas órdenes judiciales de investigar, se encontraban archivadas. Estas fueron acumuladas al proceso anterior el 11 de marzo de 1977.

            El 11 de agosto de 1976, la parte querellante había solicitado la reapertura del sumario de la causa rol N°11.961, aduciendo que había dos personas dispuestas a declarar ante el Tribunal, estos testigos eran José Carrasco Tapia (Periodista asesinado por un Comando autodenominado "11 de Septiembre" a raíz del atentado contra el General Pinochet, en septiembre de 1986) y Jorge Weil Parodi. Ambos se encontraban recluidos en esa fecha en el Campamento de Detenidos de Puchuncaví y habían estado con el afectado en Villa Grimaldi. El 12 de agosto del mismo año, no se dio lugar a la solicitud.

            Posteriormente, el 18 de abril de 1991, Jorge Ernesto Robotham -hermano de la víctima- interpuso querella criminal por los delitos de secuestro agravado, incomunicación prolongada, detención arbitraria, cometidos en la persona de Jaime Eugenio Robotham, además de falsificación de documentos públicos. En la presentación se relataban las circunstancias de la detención y reclusión del afectado, la aparición de un cuerpo en Buenos Aires que fue atribuido a la víctima y que se estableció fehacientemente que no era así, y la aparición del nombre de Jaime Eugenio en la lista de los 119 chilenos muertos en presuntos enfrentamientos ocurridos en el extranjero. Se solicitó, entre otras diligencias, oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara sobre los nombres del personal que en julio de 1975 se desempeñaba en el Consulado de Chile en Buenos Aires, especialmente lo referente a Alvaro Droguett y a un señor de apellido Mujica, que asistieron al reconocimiento de cadáveres junto a Guillermo Robotham. También se pedía que se requiriera de esa Secretaría de Estado toda la documentación sobre los peritajes realizados a los cuerpos supuestamente correspondientes a Jaime Eugenio Robotham y a Luis Alberto Guendelman. Además, se solicitó la citación a declarar a Enrique Cid, el que, en julio de 1975, se entrevistó con el Nuncio Apostólico Monseñor Sótero Sanz de Villalba, comprometiéndose a investigar sobre la lista de los 119. Esta causa que ingresó a tramitación con el rol Nro. 11.961 a diciembre de 1992, se encontraba en estado de sumario con diligencias pendientes.

            Una de las diligencias pendientes se relaciona con la detención del ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena. El mencionado agente se encontraba viviendo en Brasil bajo el nombre falso de Osvaldo Andrés Henríquez Mena, y fue ubicado tras una serie de diligencias decretadas en la causa por el desaparecimiento de Alfonso Chanfreau Oyarce. Romo fue detenido en Brasil y luego expulsado del país.

            A diciembre de 1992, había reconocido entre otros hechos su condición de agente de la DINA y la participación de este organismo en su salida del país y el otorgamiento de documentos con identidades falsas para él y su familia. Romo salió del país cuando estaba siendo citado por varios Tribunales que tramitaban causas de detenidos desaparecidos. Desde que fuera detenido se han dictado 6 encargatorias de reo en su contra.

Un total de catorce de ex agentes del régimen militar fueron procesados por el delito de secuestro calificado, en el marco de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro de detención de Villa Grimaldi, en la Región
Metropolitana.
La resolución fue adoptada este lunes por el ministro en visita Alejandro Solís, en el marco de la investigación que sustancia por la desaparición de ocho personas al interior de Villa Grimaldi entre julio y diciembre de 1974.
La lista de procesados está encabezada por los generales (R) Manuel Contreras, quien fuera el jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) , Hernán Ramírez Hald y César Manríquez, éste último ex subsecretario de Guerra del régimen militar.
También fueron encausados los brigadieres (R) Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani; los coroneles (R) Marcelo Morén Brito, Haroldo Latorre, Rolf Wenderoth y Gerardo Urrich, capitán (R) Manuel Carevic, el cabo (R) Basclay Zapata, todos del Ejército.
Asimismo, el magistrado levantó cargos contra el civil Osvaldo Romo Mena y el subteniente retirado de Gendarmería Osvaldo Manzo.
Todos fueron procesados por las desapariciones de Rodolfo Valentín González Pérez, ex conscripto FACH, Fernando Silva Camus, Anselmo Radrigán Plaza, Marcela Salinas Eithel (debe decir Marcelo Salinas Eytel), José Flores Araya, María Teresa Bustillos Cereceda, Rafael Araneda Yévenes y Jaime Robotham Bravo.
El magistrado Solís dispuso que Carevic, Ramírez Hald y Urrich quedaran en detención preventiva en el Penal Cordillera, mientras que contra el resto no decretó medidas cautelarles, en virtud de que ya gozaban de la libertad condicional o se encuentran cumpliendo condenas por otros delitos.
De acuerdo a los informes Rettig y Valech, que han documentado las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile, el de Villa Grimaldi –también conocido como Cuartel Terranova- fue el recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA.
La de este lunes es la segunda resolución de importancia en torno a la investigación por los abusos cometidos en Villa Grimaldi. Antes, el ministro Solís procesó a ocho ex militares por apremios ilegítimos contra 22 personas que estuvieron recluidas en el dicho recinto.
El mencionado dictamen también había afectado a Contreras, Morén Brito, Espinoza Bravo, Krassnoff Martchenko, Romo Mena, Zapata Reyes, Laurani Maturana, a los que también se agregaron Maximiliano Ferrer Lima y Gerardo Godoy García.
El ex jefe de la DINA, junto a Krasnoff, Moren Brito y Laureani, cumplen condenas por el secuestro calificado del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Ángel Sandoval.
 

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en votación unánime concedió la libertad, previo pago de 500 mil pesos, a cuatro oficiales en retiro del Ejército a quienes el ministro Alejandro Solís los procesó por el secuestro calificado de ocho disidentes al régimen militar, en el marco de la investigación del caso "Villa Grimaldi".

Se trata de los ex miembros de la disuelta DINA, generales en retiro Hernán Ramírez Hald y Cesar Manríquez; y los brigadieres en retiro Gerardo Urrich y Manuel Carevic, que desde el lunes pasado se encuentran recluidos en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

El tribunal de alzada estuvo integrado por los magistrados Alfredo Pfeiffer, Humberto Provoste y la abogada integrante Ángela Radovic.

El magistrado Solís adoptó las resoluciones en bases a las desapariciones de Rodolfo González Pérez (24 julio de 1974); Fernando Silva Camus (27 noviembre de 1974); Anselmo Radrigán Plaza (12 diciembre de 1974); Marcelo Salinas Eitel (21 octubre de 1974); José Orlando Flores Araya (23 agosto de 1974); Maria Teresa Bustillos Cereceda (9 diciembre 1974); Jaime Robotham (31 diciembre de 1974); y Rafael Araneda Yévenes (12 diciembre de 1974).

El magistrado dictó las siguientes sentencias en contra de ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel Contreras Sepúlveda, 15 años como autor de secuestro calificado.

El ministro en visita Alejandro Solís dictó este lunes una nueva condena en contra del ex jefe de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras por su implicancia en el secuestro calificado de Anselmo Radrigán Plaza, ocurrido a partir del 12 de diciembre de 1974.

El magistrado dictó las siguientes sentencias en contra de ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel Contreras Sepúlveda, 15 años como autor de secuestro calificado; Marcelo Moren Brito 10 años y un día como autor de secuestro calificado; Pedro Espinoza Bravo, 10 años y un día como autor de secuestro calificado; Rolf Wenderoth Pozo, 10 años y un día como autor de secuestro calificado; Miguel Krassnoff Martchentko, 10 años y un día como autor de secuestro calificado; y Basclay Zapata Reyes, 10 años y un día como autor de secuestro calificado.

Asimismo el juez dictó una serie de autos de procesamiento por cuatro casos de secuestro calificado. Entre los encausados figuran Pedro Espinoza Bravo, Basclay Zapata Reyes y Palmira Almuna Guzmán, vinculados a la desaparición de Claudio Silva Peralta, ocurrido a partir del 26 de noviembre de 1974.

Por el secuestro de Mireya Pérez Vargas, secuestrada a partir del 24 de febrero de 1976, fueron procesados Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchentko, Carlos López Tapia, Basclay Zapata Reyes, José Fuentes Torres.

Por Jaime Robotham Bravo, secuestrado a partir del 31 de diciembre de 1974, Solís formuló cargos contra Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchentko, Fernando Lauriani Maturana, Daniel Cancino Varas.

En el caso de Claudio Thauby Pacheco, secuestrado a partir del 31 de diciembre de 1974, se encausó a Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Fernando Lauriani Maturana y Daniel Cancino Varas

  El ministro Alejandro Solís sentenció a siete ex agentes de la DINA que secuestraron a Jaime Robotham y Claudio Thauby justo la víspera del Año Nuevo de 1975. Las pistas de los estudiantes de Sociología se pierden tras su paso por Villa Grimaldi.

Un capítulo doloroso de la reciente historia comenzó ayer a cerrarse luego que el ministro de fuero Alejandro Solís dictara sentencia por el secuestro calificado de los dos militantes del Partido Socialista Jaime Robotham y Claudio Thauby, detenidos por organismos represores durante la víspera del año nuevo de 1975.

El magistrado condenó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, a 15 años de presidio efectivo y la misma pena impuso al líder de la denominada "Brigada Vampiro", Fernando Lauriani quien -según el relato de testigos- se habría ensañado con las torturas a Thauby, ya que lo conocía de la Escuela Militar, donde el joven socialista había pasado un tiempo antes de decidirse a estudiar Sociología en la Universidad de Chile.

Este hecho habría molestado a Lauriani quien lo consideraba un traidor a las Fuerzas Armadas por sus ideales socialistas, situación que quedó plasmada en declaraciones efectuadas a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990.

Asimismo, el juez tras investigar este caso halló responsabilidad en los demás agentes represores Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth y Miguel Krassnoff; todos sentenciados a 10 años de cárcel y sin ningún beneficio. En tanto, el ex policía Daniel Cancino quien fue destinado a la DINA durante esos años fue condenado a 5 años y un día.

Esto último por prestar colaboración para el esclarecimiento de los hechos. El policía, en una de sus declaraciones, reconoció que integró el "Grupo Vampiro" y aclaró que Lauriani estuvo al mando del grupo que detuvo a Robotham y Thauby.

"Cuando se hizo cargo del grupo Laureani me pareció que era una persona que no tenía manejo de mando, tenía menos grado que yo en equivalencia y era tonto, por lo que me molestó mucho estar bajo sus órdenes ( ) (le decíamos) "Pablito". Se le decía así como diminutivo por lo tonto que era. No tenía ninguna preparación. Era un ignorante total en todo aspecto" declaró Cancino.

Asimismo, el ministro Solís acogió la demanda indemnizatoria presentada por las familias de las víctimas. Es así como todos los condenados deberán cancelar $250 millones a la familia de Thauby y la misma suma a la de Robotham.

Ambos jóvenes caminaban por calle Miguel Claro el 31 de diciembre de 1974, cuando agentes de la DINA los intimidaron con armas obligándolos a subirse a un automóvil para luego trasladarlos a Villa Grimaldi.

En ese lugar, Robotham durante su estadía era identificado porque su cabeza sangraba debido a que una alergia le impedía cicatrizar un golpe recibido de parte de uno de los agentes cuando quiso escapar de la detención.

En tanto, Thauby recibió una tortura tan violenta con electricidad que afectó su oído medio y su equilibrio. Una cara amoratada y su incapacidad para mantenerse de pie son las características que recuerdan ex prisioneros de Villa Grimaldi que le perdieron la pista en ese recinto.

“Caballito blanco llévame de aquí…” cantaba y jugaba Mariana, competiendo para ser el foco de la atención mientras conversaba su padre con una visita. A sus cuatro años, Mariana ya es mayor de la edad que tenía su padre Yury Thauby la última vez que vio a su propio padre. El abuelo que Mariana sólo conocerá por medio de fotos y los relatos de otros, Claudio Thauby le fue arrebatada por los efectivos de la DINA el 31 de diciembre del 1974 cuando caminaba con su amigo Jaime Robotham, detenido junto con él. Yuri Thauby observa con ternura su pequeña y vivaz hija y comenta, “Todos los hombres aprendemos a ser padre mirando al nuestro. Yo no tuve eso y me siento penalizado. Tengo que aprender a ser padre cada día. No tengo un padrón o modelo interno de cómo ser padre porque se me quitaron el mío.” (1)

El sufrimiento que significó esa carencia fue reconocido por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís cuando, en diciembre del 2008 dictó sentencias carcelarias para siete jerarcas de la DINA y reparación económica para las familias Thauby y Robotham. En su fallo de primera instancia, el Ministro Solís señaló “el inmenso daño moral que ha provocado a estas familias al someterlos al dolor, al sufrimiento y a la angustia por la pérdida de su hermano, un padre, una pareja.”

En junio del 2010 la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la apelación de los demandantes en todas sus partes y ordenó al Fisco a pagar daños reparatorios.

Pero el 23 de junio 2011 la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema empleó el concepto de media prescripción, considerado por tratados internacionales inadmisible en procesos por violaciones a los derechos humanos, para rebajar las penas de todos los militares a cinco años de prisión. Además, les concedió libertad vigilada. No obstante, ninguno saldrá libre, dado que han sido condenados en múltiples otros juicios por violaciones a los derechos humanos. En lo civil, la Corte Suprema acogió las demandas de los familiares, y ordenó al Fisco pagar 50 millones de pesos a los demandantes.

Fabiola Letelier, abogada para ambas familias desde 2000 cuando el Ministro Solís fue designado a la causa, señala, “En el fallo de la Corte Suprema hay tres “Considerando” que están copiado exactamente de los planteamientos que nosotros hicimos en materia de lo civil. Los actos que dan lugar a la demanda civil están basados en los mismos actos que originen el proceso penal. Eso es bien contradictorio”.

Los casos por las violaciones a los derechos humanos –ejecuciones sumarias, secuestros agravados, abusos e indignidades infligidos por el Estado a ciudadanos chilenos– pasan por el reconocimiento oficial de la verdad de los hechos, la justicia y, rara veces, por la reparación.

En este caso, la verdad fue establecida por diecisiete sobrevivientes de Villa Grimaldi quienes declararon en Chile y en los consulados de distintos países haber visto a Jaime Robotham y Claudio Thauby gravemente heridos en ese recinto secreto de detención y exterminio que formó el cuartel de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA en esos primeros años de dictadura. Fue también un ex preso, dejado en libertad, quien acudió a la casa de la familia Robotham para informarles por primera vez que Jaime estaba detenido en Villa Grimaldi.

La abogada Fabiola Letelier afirma ”Es un proceso de una actividad jurídica procesal enorme que va mostrando la verdad, hasta completarla con un trabajo de investigación extraordinario que hace el Ministro Solís”.

Lo que durante muchos años era la verdad sólo para un conjunto de testigos y los familiares de los víctimas directas fue avalado por el peso del fallo que redactó el Ministro Solís. “Después de 34 años, se ha conseguido que el Estado de Chile, a través del Poder Judicial, determine con cierta certeza que Claudio se encuentra secuestrado por organismos del mismo Estado”, escribió Solís en su fallo, y repitió la frase en relación a Jaime Robotham.

Por lo tanto, los familiares presentes en la audiencia ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema por recurso de casación que se efectuó el 2 de marzo 2011, estaban atentos a cada palabra de la defensa que distorsionara esa verdad. Cuando el abogado defensor de Pedro Espinoza Bravo alegó que su cliente estuvo de vacaciones y ni siquiera estuvo presente en Villa Grimaldi en la fecha de la detención, Jorge Robotham, hermano de la víctima, inmediatamente sacó lápiz pasta y señaló en una nota que pasó a los demás oyentes: la fecha de detención citada por el defensor es equivocada! Luego, escucharon a la defensa de Fernando Laureani Maturana alegar que el teniente coronel era un inferior jerárquico que no tuvo otra opción que obedecer ordenes de mandos mayores.

La descripción de Laureani como mero funcionario que sólo obedecía ordenes -que Yuri Thauby llama una “mentira descarada”- fue refutada por la abogada del Programa de Derechos Humanos, Magdalena Garcés. Señaló la abogada que el proceso ha acreditado que seis agentes conformaban la Brigada Vampiro, y el Informe Rettig indica que Laureani estuvo a cargo de esta agrupación represiva que efectuaba detenciones y participaba directamente en la tortura de sus cautivos.

Más aún, Laureani personalmente detuvo a Thauby, quien fue cadete de la Escuela Militar, y le propinó a Robotham una golpiza brutal a la cabeza cuando intentó eludir su detención. En Villa Grimaldi, los ex presos constataron como Laureani se ensañó con Thauby, por considerarlo traidor por abandonar la carrera militar y entrar al Partido Socialista. No quedándose satisfecho con el portafolio de técnicas rutinarias que disponían los verdugos de la DINA para causar dolor, Laureani recurrió a su creatividad sádica para someter Thauby a tratos de extrema crueldad. Posteriormente, en Febrero de 1975, Thauby y Robotham fueron sacados de Villa Grimaldi y nunca más se los volvió a ver.

A pesar de esa hoja de vida, la Sala Penal de la Corte Suprema fundamentó la rebaja de las condenas y beneficio de libertad vigilada por “irreprochable conducta anterior.” Yury Thauby comenta, “Esos militares intachables llevaban por lo menos 2 años al momento de la detención de mi padre coludidos, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Llevan desde la creación de la DINA y en algunos casos desde antes del 11 de septiembre ya dedicados a preparar una represión de carácter de crimen de lesa humanidad fuera de cualquier marco legal”.

Los casos de Jaime Robotham y de Claudio Thauby han transitado por la maraña judicial desde la época cuando la complicidad del poder judicial tuvo como consecuencia el rechazo sistemático de los recursos de amparo, en este caso, interpuestos en enero 1975. De allí, los familiares enfrentaron el sobreseimiento de la querella cuando la Justicia Militar aplicó el decreto ley de Amnistía. Luego se reabrió el proceso en 2000, dando fruto con la sentencia condenatoria del 2008, para seguir con las apelaciones, recurso de casación hasta la palabra definitiva de la Corte Suprema.

A lo largo de esta trayectoria judicial, compartida con variantes en incontables números de casos más, los familiares experimentan un sube y baja emocional a medida que elevan sus esperanzas para obtener justicia, para luego aplastarlas por las reiteradas negativas de los tribunales.

En el caso de Jaime Robotham, en los primeros seis meses posteriores a la detención, su madre y hermanos enviaron decenas de cartas al Presidente de la Junta Militar Augusto Pinochet, a su esposa Lucia Hiriart, al Jefe de Estado Mayor General Sergio Arellano, al Ministro del Interior, a la Cruz Roja, al Vaticano y a muchos destinatarios mas pidiendo que intervinieran para liberar a Jaime. Las cartas, señala el fallo de primera instancia, muestran el sufrimiento y dolor padecido por la familia.

El entonces Ministro del Interior General Cesar Benavides contestó a la familia con el mismo refrán que miles de otros familiares recibieran: ”no se encuentra detenido por orden de autoridad administrativa.” Incluso se intentó hacerles creer que Jaime había sido muerto calcinado en El Pilar, Argentina por la siniestra orquestación de inteligencia conocida como Operación Colombo el 12 de julio de 1975.

Señala Jorge Robotham, hermano de Jaime, “Creo que lo más desgastante en este largo camino ha sido el tiempo desde la sentencia del Ministro Solís hasta llegar a la última audiencia con la Corte Suprema. Ahí se suman esperanzas y deseos, y mucha impotencia, de tener que someterse a la forma de proceder de la defensa de los inculpados, y las reglas del Poder Judicial.”

El derecho a reparación económica para víctimas de crímenes de lesa humanidad está plenamente reconocido en tratados internacionales como la Convención Inter Americana de Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional. Sin embargo, en Chile, la corte más alta del país es reacia de reconocer este derecho y el Consejo de Estado lo niega de manera sistemática. Por eso, resulta sorprendente que en este caso sí concede la reparación económica pero deja al lado el castigo a los culpables.

En el 1997, el abogado Nelson Caucoto presentó lo que fuera tal vez la primera demanda civil de parte de familiares de victimas de violaciones a los derechos humanos. En esa época, todavía existía la percepción de parte de muchos familiares que presentar una demanda civil equivalía a cambiar plata por sus seres queridos, o que implicaba renunciar la acción penal. Luego hubo una maduración en su pensamiento al respecto, para llegar a comprender que es un derecho innegable, y resultó en una escalada de demandas civiles. Pero de las numerosas demandas civiles que Caucoto ha presentado, la mayoría las pierde en la Corte Suprema. Esto le motivó a alegar para la reparación ante la Corte Inter Americana de Derechos Humanos y se espera su decisión pronto.

Señala Caucoto: “La reparación en Chile se ha tratado como la pariente pobre de la lucha por los derechos humanos, en circunstancias que en otros países tiene la misma altura, la misma importancia, que la sanción penal, que la verdad. Son tres patitas de la misma mesa que tienes que conjugar conjuntamente para lograr lo que se llama justicia. Si tu logras verdad, sanción penal pero no reparación, no lograste justicia. Si tu logras reparación sin verdad, sin sanción penal, tampoco hay justicia. Van emparejadas las tres partes de un mismo concepto.”

Entre la primera instancia de Solís y la segunda de la Corte de Apelaciones, a los familiares de Claudio Thauby y Jaime Robotham se les habían restaurado estos tres derechos. Sin embargo, en la opinión de Yury Thauby, “El fallo de la Corte Suprema echa por tierra eso”.

Jorge Robotham no aguardaba ilusiones que el final del largo proceso judicial le despejara todas las dudas que ha cargado durante más de tres décadas. “Quedan demasiadas preguntas sin respuesta. Y queda la mayor interrogante: el destino final. ¿Qué pasó con Jaime y Claudio, que fueron torturados hasta perder la vida? ¿Quiénes fueron sus asesinos?¿Dónde ocultaron y qué hicieron con sus cuerpos? El sistema judicial chileno deja mucho que desear”.

La abogada Fabiola Letelier, señala, “No puede haber prescripción en crímenes de lesa humanidad. […] Este fallo nos obliga a recurrir a la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos con la esperanza que dé una solución por la forma que se ha violado los tratados internacionales. Entonces, esta historia va seguir”.

Yuri Thauby busca las palabras que expresasen lo que significa para él la justicia. “Este proceso judicial debe ser el principio de nuestra sanación. La ausencia me va acompañar hasta la muerte, pero [la justicia] me va permitir mirarle a los ojos a mi padre o su fantasma sin sentir que le debo algo. (…) Para la sociedad, es tener los elementos innegables de una verdad histórica: crímenes de lesa humanidad documentados, investigados, condenados. Es absolutamente una necesidad social para que no se vuelva a repetir. No podemos construir una mejor sociedad sin justicia.”

El reconocimiento simbólico irá en memoria de sus alumnos que perdieron la vida durante el régimen militar.

La Universidad de Chile fue habilitada por la Contraloría de la República para hacer entrega de la distinción de títulos póstumos y simbólicos a los ex alumnos que fueron ejecutados políticos, además de aquellos que se convirtieron en detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

Entre todos estos estudiantes  victimas ,se encuentra JAIME EUGENIO ROBOTHAM BRAVO    estudiante de sociología de 23 años detenido desaparecido el 31/12/1974

La ceremonia que se realizará el próximo lunes 11 las 12:30 en la Casa Central y estará encabezada por el rector de la universidad, Ennio Vivaldi.  

La lista consta de 104 ex estudiantes de la universidad, los que fueron asesinados entre 1973 y 1989. Entre las víctimas se encuentra Jécar Nehgme, quien es conocido por ser el último asesinado de la dictadura y que apareció muerto el 4 de septiembre de 1989 en la calle General Bulnes. 

Higinio Espergue director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi dijo que su memoria  está viva porque fueron hombres y mujeres comprometidos con sueños de una sociedad más justa. Alicia Lira, de la Agrupación de Ejecutados Políticos llamó a cerrar el penal de Punta Peuco, mientras Roberto D’Orival, dijo queAgustín Edwards, debe  responder por instigar y promover el golpe de Estado y la violación de los derechos humanos.

Decenas de familiares y amigos de los 119 detenidos desaparecidos a los cuales la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), pretendió hacer aparecer como muertos en luchas intestinas realizaron este jueves una manifestación pacífica frente a la sede gubernamental, al conmemorarse 39 años de la operación mediática.

Los manifestantes marcharon durante más de una hora en torno al Palacio de La Moneda y reclamaron justicia al conmemorarse 39 años de la operación mediática.

La Operación Colombo fue un montaje comunicacional de la dictadura que buscó desacreditar las denuncias sobre detenidos desaparecidos que habían sido secuestrados por la Dina.

El 24 de julio de 1975 los chilenos leyeron en los kioscos titulares como “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” en La Tercera, “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas”, en El Mercurio, “Sangrienta pugna del Mir en el exterior” en Las Últimas Noticias y “Exterminados como ratones” en La Segunda.

Roberto D’ Orival, hermano de   hermano de Jorge D’Orival, detenido desaparecido y coordinador del Colectivo 119, Familiares y Compañeros, señaló que la actividad pretendió “exigirle al gobierno, a la presidenta Michelle Bachelet y  a toda la sociedad una actitud más clara y decidida en contra de la impunidad”.

“Uno de los hitos relevantes en este sentido es que Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio, pague responda ante la justicia por su responsabilidad en la instigación en la promoción del golpe de Estado y la violación de los derechos humanos”, dijo.

“Nos es democrático que un promotor de la violación a los derechos humanos, un promotor del golpe cívico militar siga marcando la agenda política de este país, expresó.

Asimismo expresó que “la justicia tiene una responsabilidad muy grande, puesto que en un primer momento los jueces de la Corte Suprema negaban  la existencia de nuestros  familiares en los recintos de la Dina, mediante un sencillo trámite, llamaban a Manuel Contreras y éste decía no está en nuestras manos y ellos con eso no acogían los recursos de amparo”.

El director y sobreviviente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi Higinio Espergue “la memoria de ellos está viva en cada uno de nosotros porque fueron hombres y mujeres comprometidos con sueños de construir una sociedad más justa y más  hermosa para todos”.

“El significado de lo que hacemos  hoy es que las nuevas generaciones puedan recoger estas enseñanzas de gente que tuvo un compromiso ético, de servicio social y de lucha junto a su pueblo”, puntualizó.

Alicia Lira: cerrar Punta Peuco

Por su parte, Alicia Lira, Presidenta de Agrupación de Ejecutados Políticos indicó que queremos “mostrarle a los ciudadanos, al gobierno a casi 41 años del golpe cívico-militar, a 25 años de gobiernos democráticos que aún estas personas, mujeres y hombres esperan que se investiguen sus crímenes y se haga justicia, este es el símbolo de la impunidad que hay en este país, por eso sacamos sus rostros, de mujeres y hombres  que entregaron todo por su patria”.

“Aquí está la memoria histórica, sus familiares y la ciudadanía están comprometidos en este país para que haya verdad y justicia, tienen que aplicarse los convenios y tratados internacionales, anularse el decreto ley de amnistía y cerrarse el Penal Punta Peuco, que es un atentado a la dignidad de los familiares y las víctimas que tengan a los violadores a los derechos humanos en hoteles”.

En tanto, Beatriz  Bataszew, sobreviviente e integrante  de la Asociación Casa de Tortura Venda Sexy, llamó a las autoridades a legislar “en una iniciativa legal para tipificar el delito de violencia sexual, como un crimen de lesa humanidad, distinto al de la tortura, imprescriptible e inamnistiable, sin derecho a indulto y con penas concordantes a la gravedad del delito”.

También  Bataszew instó al Ministerio Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), a hacerse “parte ante los tribunales chilenos de todas las querellas interpuestas por mujeres objeto de tortura y/o violencia política sexual durante la dictadura”.

Víctimas de la Operación Colombo que pasaron por Villa Grimaldi

Jorge Isaac Fuentes Alarcón;  Luis Gonzalo Muñoz Velasquez; Manuel Jesús Tamayo Martínez; Manuel Jesús Tamayo Martínez; Julio del Tránsito Valladares Caroca; René Roberto Acuña Reyes; Stalin Arturo Aguilera Peñaloza; Rubén David Arroyo Padilla; Antonio Arturo Barría Araneda; Carmen Cecilia Bueno Cifuentes; María Teresa Bustillos Cereceda; Cecilia Gabriela Castro Salvadores; Wsahington Cid Urrutia;  Claudio Enrique Contreras Hernández; Manuel Edgardo del Carmen Cortez Joo; Jorge Humberto D´orival Briceño;  Jacqueline Paulette Drouilly Yurich;  María Teresa Eltit Contreras;  Julio Fidel Flores Pérez; Carlos Alfredo Gajardo Wolff; Néstor Alfonso Gallardo Agüero; Alfredo Gabriel García Vega; Rodolfo Valentín González Pérez; Jorge Antonio Herrera Cofre; Jorge Antonio Herrera Cofre; Jorge Antonio Herrera Cofre; Sergio Hernán Lagos Hidalgo; Rodolfo Arturo Marchant Villaseca; Agustín Alamiro Martínez Meza; Eduardo Francisco Miranda Lobos; Eduardo Francisco Miranda Lobos; Edgardo Agustín Morales Chaparro; Vicente Segundo Palomino Benítez; Luis Jaime Palominos Rojas; Mario Fernando Peña Solari; Juan Carlos Perelman Ide;  Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza; Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza; Hugo Daniel Ríos Videla; Jaime Eugenio Robotham Bravo; Ariel Martín Salinas Argomedo; Marcelo Eduardo Salinas Eytel ; Miguel Angel Sandoval Rodríguez; Fernando Guillermo Silva Camus; Gerardo Ernesto Silva Saldívar; Rodrigo Eduardo Ugás Morales; Jilberto Patricio Urbina Chamorro y Jaime Enrique Vásquez Saenz.
Por Carlos Antonio Vergara