Riveros Blanco Arturo Enrique

Rut       : 5.398.579 Santiago

F.Nacim. : 6-10-50, 22 años a la fecha de la detención

Domicilio : Edificio de la Gobernación de Constitución

E.Civil  : Casado, un hijo

Actividad : Dibujante técnico, Celulosa Constitución

C.Repres. : Gobernador Subrogante de Constitución, Dirigente de la Izquierda Cristiana

F.Detenc. : 14 de septiembre de 1973

SITUACION REPRESIVA

            Arturo Enrique Riveros Blanco, casado, un hijo, Gobernador Subrogante de Constitución, militante de la Izquierda Cristiana. En las primeras horas del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 -en su condición de máxima autoridad local- se dirigió por radio a la población y más tarde se instaló en las oficinas del CELCO (Celulosa Constitución), donde se realizó una asamblea con la presencia de dirigentes locales de los partidos de izquierda. Después de algunos discursos, se realizó una marcha hacia la Gobernación, encabezada por el propio Riveros portando una bandera chilena. El edificio de la Gobernación se encontraba ocupado por efectivos de Carabineros al mando de su máxima autoridad, Mayor Abdón García, con quien sostuvieron una reunión a puertas cerradas Arturo Riveros y el dirigente del MIR, Jorge Yáñez. Luego hubo otra reunión entre los dirigentes políticos quienes finalmente hablaron a los manifestantes, retirándose todos a sus casas. Esa noche, alrededor de las 23:00 hrs., las dependencias de la Gobernación fueron ocupadas por efectivos Militares de la Escuela de Artillería llegados desde Linares, al mando del Capitán Juan Morales Salgado. En este mismo edificio estaba ubicada la residencia del Gobernador, donde habitaba Arturo Riveros y su familia, único lugar en que no se instalaron los uniformados, no obstante esa misma noche el Capitán Morales anunció que asumía como Gobernador de la zona.

            A primera hora del día siguiente, Riveros se dirigió a CELCO, donde participó en una reunión con dirigentes sindicales. Antes de que ésta terminara, los militares rodearon la industria y comenzaron a detener a la mayoría de los sindicalistas y algunos trabajadores, todos los cuales eran individualizados por un escribiente de Carabineros que los acompañaba. En estas circunstancias fue detenido Riveros y trasladado, junto al resto, en un microbús de locomoción colectiva a la Comisaría de Carabineros, ubicada junto a la Gobernación. A él y a Hernán Castillo Iribarren -dirigente del MIR- los separaron del resto y fueron golpeados con puños y culatazos por el Teniente Jiménez de Carabineros, el escribiente y Militares. Luego, fueron encerrados en una misma celda, y constantemente insultados y amenazados de muerte. Más tarde, los llevaron ante el Capitán Juan Morales, quien les indicó que quedaban en libertad. Castillo dejó a Riveros en la puerta de su residencia, donde en realidad permaneció con arresto domiciliario, ya que no se le permitió salir de allí. El 14 de septiembre fue conducido a la Cárcel, donde existe constancia de que ingresó a las 19:25 horas, "por orden verbal" del Capitán Morales, en calidad de incomunicado. A las 22:00 horas de ese mismo día, el militar ingresó al recinto penal y, después de interrogar a unos detenidos, se llevó a Arturo Riveros Blanco y a José Saavedra Betancourt, con destino desconocido, última vez que se les ve a ambos. El 22 de septiembre, le fueron devueltas sus pertenencias a la cónyuge (reloj, lentes, ropa), al presentarse ella en la cárcel. Hernán Castillo fue detenido nuevamente a comienzos de octubre de ese año en Santiago y llevado a Constitución, donde permaneció incomunicado en el Cuartel de Investigaciones durante 45 días. En este recinto, supo por comentarios del propio Morales y de detectives que Arturo Riveros, José Saavedra, Jorge Yáñez y Jaime Torres habían sido ejecutados. Estos dos últimos habían sido detenidos en Cauquenes y trasladados a Constitución. Cabe señalar que en Investigaciones no se llevaba registro de detenidos, según indica un ex subinspector de ese Cuartel.

            Por otro lado, Hamilton Oliva, ex funcionario de la Municipalidad de Constitución expresa que en una recepción social a fines de septiembre de 1973, el Capitán Juan Morales reconoció, ante él y otras personas, que había ordenado ejecutar a cinco detenidos. Oliva recuerda los nombres de Riveros, Jorge Yáñez y Jaime Torres. Esto habría ocurrido el 16 de septiembre y sus cuerpos habían quedado tirados en un sector de la Playa conocido como Potrerillos. Ese día en Constitución el toque de queda fue a las 17.30 hrs., con el pretexto de la llegada de un embarque de extremistas, lo que habría apagado el ruido de las balas.

            Hasta la fecha, Arturo Enrique Riveros Blanco permanece desaparecido.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 10 de noviembre de 1980 se inició la causa rol 26.617 en el Juzgado de Letras de Constitución, por presunta desgracia del afectado. En este proceso se informa de la constancia dejada por el servicio de Guardia de la Cárcel de Constitución de su ingreso el día 14 de septiembre a las 19:25 hrs. a ese recinto, por orden verbal del Capitán Juan Morales y de su posterior salida esa noche, junto a José Saavedra, sacados ambos por el mismo oficial.

            En la presentación de la denuncia se señala que su cónyuge concurrió a la Escuela de Artillería de Linares donde, luego de mucho insistir fue atendida por un Mayor de apellido Pérez, quien le informó que a su marido se le había tomado declaración y luego dejado en libertad el día 15 de septiembre. Momentos después, este Oficial le aclaró que en realidad había sido liberado equivocadamente y que estaba siendo llamado a presentarse al Regimiento. El Ministro de Defensa, Teniente General Washington Carrasco Fernández, informó al tribunal que no podía establecer a qué Mayor de apellido Pérez se refería, puesto que en ese Instituto Militar pasaban anualmente varias promociones de oficiales. Por otro lado, Investigaciones de Linares informó que, consultada la referida Escuela, se señaló que en el año 1973 no formaba parte de la dotación de esa unidad ningún Mayor de apellido Pérez. No obstante, se supo que dicho oficial se llamaba Sergio Pérez Hormazábal, quien declaró posteriormente por exhorto, y ya ascendido a Brigadier General, que en septiembre de 1973 se desempeñaba en el cargo de Secretario de Estudios y con el grado de Mayor en la Escuela de Artillería de Linares. El Oficial indica que no tiene ningún antecedente de Riveros ni recuerda circunstancia alguna acerca de él.

            En este proceso también declaró el Capitán Juan Morales, ascendido a Teniente Coronel, quien expresó que el 12 de septiembre el afectado se había "sublevado", por lo que dispuso su arresto y traslado a la Cárcel Pública como medida de prevención. Agrega que es falso que recibiera apremio físico y que efectivamente lo envió a Linares, pero no recuerda fecha exacta ni hora. Finaliza señalando que nada más supo de Riveros.

            Esta causa se sobreseyó temporalmente en dos oportunidades por no encontrarse acreditado el delito, ambas resoluciones fueron aprobadas por la Corte de Apelaciones de Talca. La primera vez en noviembre de 1981, luego de declarar el Oficial Morales y que Investigaciones entregara su informe, (que indica la constancia de la Cárcel) y la segunda en junio de 1987, luego que se reabriera el sumario por interposición de querella por secuestro y declarara el Brigadier Pérez.

Los dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares, no descartaron recurrir al tribunal Internacional de dicha instancia, con el objetivo de denunciar el
dictamen definitivo de la Corte Suprema por la desaparición de militantes y simpatizantes de izquierda durante el gobierno de Augusto Pinochet.

La vocera de dicha entidad, Juana Soto, indicó que “estamos muy decepcionados al conocer la resolución de la justicia y si bien destacamos el acucioso trabajo del ministro Solís, quien creemos que llegó al fondo de la investigación, no pensamos lo mismo de los jueces”. Soto criticó duramente la posición del gobierno del Presidente Piñera, en el sentido de que “estamos en un gobierno de derecha y por lo mismo qué más podríamos esperar de un tema tan delicado como el de lo Derechos Humanos; por otro lado, hoy en día, si bien el Poder Judicial es independiente del Gobierno, con pitutos muchas veces se consiguen cosas, incluso hasta la impunidad”.

Por otra parte, la hija de María Isabel Beltrán, cuyo caso es uno de los más emblemáticos en el Maule sur; Tamara Callejas, “existe un sesgo de impunidad en estas decisiones, mi esperanza sigue viva de saber qué ocurrió realmente con mi madre, pero creo que así como hay gente que estoy segura ha colaborado en estas casas que investigó el ministro Solís, no puedo descartar que hay quienes no contaron todo lo que saben”.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal determinaron absolver a Gabriel Del Río Espinoza por su falta de responsabilidad; mientras que revolvieron 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestros y se les concedió el beneficio de la libertad vigilada para Juan Hernán Morales Salgado; Claudio Abdón Lecaros Carrasco; Antonio Aguilar Barrientos; Félix Renato Cabezas Salazar; y tres años de presidio con el beneficio de la remisión condicional a Humberto Lautaro Julio Reyes. Hay que recordar que la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Alejandro Robinson Mella Flores, María Isabel Beltrán Sánchez y Héctor Hernán Contreras Cabrera, ocurridos a partir de septiembre y diciembre de 1973, en la ciudad de Linares. 

El oficial en retiro Humberto Julio Lagos, fue condenado por participar en el secuestro y desaparición de nueve campesinos entre 1973 y 1974.

La justicia condenó a diez años de cárcel al ex canciller de Augusto Pinochet, el oficial en retiro Humberto Julio Lagos, por participar en el secuestro y desaparición de campesinos entre 1973 y 1974.

Con este hecho, tras avances judiciales, la mayoría de los integrantes del régimen militar está detenida o encausada.

El fallo de primera instancia del juez Alejandro Solís sancionó además con 15 años de presidio a otros cinco uniformados, cuatro de ellos ex oficiales, según la abogada del caso, Loreto Mesa.

La resolución judicial se suma a otros 150 procesamientos y condenas dictadas contra ex represores después de la muerte en diciembre de 2006 de Pinochet, quien jamás fue sancionado por estos delitos.

Junto al otrora jefe de la diplomacia del régimen militar fueron condenados los oficiales Gabriel del Río, Juan Morales Salgado, Claudio Lecaros y Félix Cabezas. A ellos se sumó el suboficial Antonio Girard.

Todos los inculpados participaron, con distintos grados de responsabilidad, en la detención de nueve campesinos y dirigentes locales de izquierda en la provincia de Linares, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago.

El régimen militar rigió los destinos del país entre 1973 y 1990, período en que 3.000 chilenos fueron ejecutados o desaparecidos, entre ellos menores de 13 años, según informes oficiales emitidos en democracia. También unos 50.000 ciudadanos padecieron torturas, incluidos infantes de dos años.

CONDENAS POR CASO DE DDHH EN LINARES

En tanto, Solís, quien lleva el llamado "proceso Linares" desde 2002, condenó a un total de seis de los involucrados en el proceso, en la sentencia número 99 de los tribunales de justicia en casos de derechos humanos.

La resolución judicial consigna para Juan Morales Salgado: 15 años y un día por 5 secuestros calificados; a Claudio Lecaros Carrasco: 15 años por 5 secuestros calificados; para Gabriel del Río Espinoza: 15 años por 5 secuestros; Antonio Aguilar Barrientos: 15 años por 4 secuestros; Félix Cabezas Salazar: 15 años por 3 secuestros y para Humberto Julio Reyes: 10 años por 1 secuestro.

El Magistrado dictó condena por lo delitos de secuestro calificado de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Robinson Mella Flores, en contra de los ex oficiales del Ejército.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares, Juanita Soto, dijo a La Tercera.com que "el fallo, aunque es de primera instancia, es una conformidad por lo que tuvieron que sufrir nuestros familiares. Ojalá que ahora, en los pasos que quedan en el proceso, no se les conceda ningún beneficio, ya que esto sería como una bofetada de la Justicia a los que hemos sufrido tanto en estos años".

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Alejandro Robinson Mella Flores, María Isabel Beltrán Sánchez y Héctor Hernán Contreras Cabrera, ocurridos a partir de septiembre y diciembre de 1973, en la ciudad de Linares, Región del Maule.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, determinaron las siguientes penas:

-Gabriel Del Río Espinoza: absuelto de su responsabilidad como autor de los secuestros de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores, por falta de participación.

-Juan Hernán Morales Salgado: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt y José Gabriel Campos Morales. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

-Claudio Abdón Lecaros Carrasco: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Robinson Mella. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

-Antonio Aguilar Barrientos: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

-Félix Renato Cabezas Salazar: 5 años de presidio por su responsabilidad en los secuestros calificados de Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales y Alejandro Robinson Mella Flores. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

-Humberto Lautaro Julio Reyes: 3 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de María Isabel Beltrán Sánchez. Se le concedió el beneficio de la remisión condicional.

En el aspecto civil, se rechazó la demanda de indemnización de perjuicios presentada contra el Fisco de Chile por incompetencia absoluta del tribunal.

En el aspecto penal, la sentencia se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes fueron partidarios de acoger la causal de prescripción de la acción penal. En tanto, en lo civil, la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemülller, quienes estuvieron por acoger las demandas.

Con esta condena se completan 100 sentencias condenatorias en casos de violación a los derechos humanos, dictadas por la Corte Suprema desde el 2005. En el mismo periodo, se han dictado 112 sentencias, correspondiendo las restantes a absoluciones.

La operación “Retiro de Televisores” fue la solución que dio Augusto Pinochet para encubrir las matanzas ocurridas a lo largo de Chile tras el golpe de Estado.

Esta cruel decisión fue tomada por él y la Junta Militar tras el descubrimiento de los cuerpos de 11 campesinos y 4 jóvenes de Isla de Maipo, en los hornos de Lonquén. Era el penúltimo día de noviembre de 1978, cuando el horror emergió de unos hornos de cal abandonados en la localidad de Lonquén, a pocos kilómetros de Santiago. La denuncia había llegado a la Vicaría de la Solidaridad de boca de un campesino que hurgaba la tierra buscando a un hijo detenido desaparecido. Primero fue un secreto sólo conocido por el Cardenal Silva Enríquez, el Vicario de la Solidaridad Cristián Precht y un grupo reducido de colaboradores de la Vicaría de la Solidaridad, luego una cruda realidad sobre el destino que habían tenido 15 personas detenidas que se encontraban desaparecidas hasta ese momento.

La noticia de este hallazgo inquietó a Pinochet, no figuraba en su agenda. Él tenía claro que los desaparecidos no se habían escapado del país, que no andaban por el mundo desprestigiando a la dictadura militar. Sabía que tras cada detenido desaparecido estaba su mano, así que llamó a una reunión de emergencia a la Junta Militar para buscar una solución rápida y prevenir posibles descubrimientos casuales de inhumaciones a lo largo del país. Era un verano caliente para la dictadura. El descubrimiento de cuerpos inhumados en forma clandestina y su rápida difusión en la prensa internacional, se sumaba a las fuertes presiones del gobierno norteamericano para extraditar a Manuel Contreras y Pedro Espinoza por el atentado terrorista en Washington contra Orlando Letelier, debilitando aún más su posición en el plano internacional en momentos que enfrentaba una grave crisis limítrofe con Argentina.

Ese año, las presiones de la Casa Blanca por el atentado en Washington habían obligado a Pinochet a tomar la decisión de terminar con la DINA, pero no podía quedarse sin un servicio de inteligencia que respondiera a sus intereses. Así, el 12 de agosto, promulgó dos decretos con Fuerza de Ley: el 1876 que terminaba con la DINA y el 1878 que creaba la Central Nacional de Informaciones. Para que todo estuviera en regla asciende a general de la República a Manuel Contreras, completando los requisitos que exigía el cargo de director de la naciente CNI.

Las presiones norteamericanas siguieron, al igual que las investigaciones, por lo cual Pinochet decide retirar a su leal servidor y buscar a un general que le diera garantías a él y a los norteamericanos. El elegido fue el general en retiro Odlanier Mena. Odlanier Mena era un hombre de la Inteligencia Militar, que se había ido a retiro tras intensas peleas con el director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda. Pinochet, para tranquilizarlo, le había dado el cargo de embajador en Uruguay, plaza no despreciable para un general en retiro, puesto que estaba cerca de casa y no había conflictos, ni sobresalto con la dictadura cívico–militar de José María Bordaberry, aliada de la dictadura militar chilena.

El 3 de noviembre de 1977, Contreras es llamado a retiro y reemplazado por el general Odlanier Mena. No fue fácil el cambio. Contreras había acumulado mucho poder y ascendiente sobre su gente, que gracias a la impunidad reinante se habían ganado la fama de inescrupulosos entre sus pares. Mena estuvo reticente cuando lo solicitaron para el cargo y se lo expresó a Pinochet.

El argumento más contundente fue que no podía asumirlo por ser un general en retiro y la ley creada decía expresamente que su director debía ser un general en servicio activo. Pinochet, demostrando su poder, le respondió que no había problemas, que dispondría inmediatamente un cambio donde se dijera que el director podría ser un general en servicio activo o en retiro. En eso estaba en diciembre de 1978, cuando concurrió a la oficina de Pinochet para que le firmara varios documentos. A la entrada se encontró frente a frente con el general Mendoza que salía muy perturbado de la oficina. No alcanzaron a saludarse, sólo escuchó “Odlanier, estamos discutiendo sobre el hallazgo de Lonquén y la enorme conmoción pública que este hecho produjo en el país. Me han ordenado que presente un informe detallado porque esta situación yo mismo la desconocía”.

Sorprendido, entreabrió la puerta y vio que estaban el almirante Merino, el general Leigh y Pinochet discutiendo. En ese momento, un edecán lo hizo pasar. Lo saludaron sin tomar demasiado en cuenta su presencia y siguieron realizando comentarios, analizando posibles escenarios y buscando la forma de encubrir los crímenes. Mena escuchaba atento en una esquina de la mesa. En algún momento surgió la idea de disponer de las instituciones para realizar “la búsqueda de cementerios clandestinos a lo largo del país” con el fin de borrar toda huella del actuar criminal. La idea encerraba una visión aterradora, era un doble crimen: tras la muerte, la desaparición.

La Operación

A pesar de la detallada descripción que Mena hace de esa reunión a la justicia, respondió no tener más antecedentes sobre el destino que tuvo la idea de la búsqueda de “cementerios clandestinos”. Fue el ministro Juan Guzmán quien logró esclarecer el curso que tuvo esa reunión y como se había ordenado la remoción de fosas a través de la “Operación Retiro de Televisores”.

El año 2004, el juez Guzmán y el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones recibieron el testimonio de un suboficial de Inteligencia que señalaba haber recibido un criptograma categoría A–1 –nomenclatura que determina el nivel de urgencia y secreto de la misión– mientras estaba en el Regimiento Húsares de Angol, el año 1979. El relato sin pausa detallaba datos y situaciones que hablaban del contexto de la época y comenzaba a dar cuerpo a una serie de vacíos que habían quedado tras la apertura de fosas en Liquiñe y otros puntos del país.

Según su declaración, por la categoría del criptograma había corrido a la máquina decodificadora para descifrarlo. Cuando lo pudo leer, al ver que provenía del propio general Pinochet, lo llevó en forma inmediata a la oficina del comandante del regimiento. Fue tanta su impresión que no olvidó su texto y como si recién lo leyera le dijo al Juez que, “ordenaba desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer”.

El texto del criptograma agregaba que, si se encontraba algún cuerpo tras esa operación de limpieza en la zona, pasarían a retiro los oficiales a cargo de la misión.

Masacre de Mulchén

La orden comenzó a ejecutarse en el Regimiento Húsares, pero su comandante recordó que la matanza de 18 campesinos cerca de las Ternas de Pemehue no estaba en su jurisdicción y llamó al Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada Nº17 de Los Ángeles para comunicarles la orden que habían recibido. Al día siguiente llegaron hasta el Regimiento de Infantería de Montaña Nº1 tres suboficiales del Departamento II de la III División de Ejército, con asiento en Concepción. Todos habían pasado por cursos en la Escuela de las Américas y tenían especialidades en guerra contrainsurgente.

Organizaron un equipo de ocho personas conformada por oficiales y suboficiales que se dirigieron a la zona de las Termas de Pemehue. Iban en dos vehículos, premunidos de picotas, palas, chuzos y unas bolsas negras. Previamente habían establecido un contacto con el pariente de un militar para que los guiara al lugar donde debían estar los cuerpos. La tarea fue fácil, la tierra húmeda les permitió llegar a los cuerpos, que estaban a sólo 50 centímetros de profundidad.

Algunos conservaban los restos de sus humildes ropas, que se fueron destrozando a medida que eran sacados, dejando pequeñas huellas del crimen en los trozos de telas y botones que quedaron en la tierra. En total fueron exhumados 12 cuerpos. Las bolsas fueron subidas a los vehículos y se enfilaron rumbo a Concepción. El lugar escogido para poner fin a la tarea fue un horno de ladrillo del Departamento II. Uno a uno fueron lanzando los cuerpos para ser calcinados, al igual que lo habían hecho los nazis durante la II Guerra Mundial.

Entre los relatos está la referencia a un oficial que les comentó, mientras excavaban la tierra en busca de los cuerpos, que había aprendido a incinerar cadáveres en un curso que había realizado en Alemania. Les dio escabrosos detalles, como que se debía preparar una parrilla grande para depositar los cuerpos y prender bajo ella abundante leña, agregando en forma permanente petróleo. Aconsejándoles que había que quemarlos hasta que se convirtieran en cenizas.

La masacre de Mulchén ocurrió entre el 5, 6 y 7 octubre de 1973 en los fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue. Al atardecer del 5 de octubre de 1973 llegó la patrulla hasta el fundo Los Morros. Traían una lista con nombres de campesinos. Los llamaron a viva voz y se fueron entregando sin emitir queja: Juan de Dios Laubra Brevis, 26 años; Domingo Antonio Sepúlveda Castillo, 29 años; José Edmundo Vidal Aedo, 20 años; Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, 26 años, y José Florencio Yáñez Durán, 34 años. Todos fueron amarrados con alambres, golpeados, torturados y llevados hasta la orilla del río Renaico para ser ejecutados. Al día siguiente subieron hasta el fundo Carmen y Maitenes buscando a 8 campesinos: Miguel del Carmen Albornoz Acuña, 20 años; Daniel Alfonso Albornoz González, 28 años; Alejandro Albornoz González, 48 años; José Guillermo Albornoz González, 32 años; Luis Alberto Godoy Sandoval, 23 años; Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez, 25 años; José Liborio Rubilar Gutiérrez, 28 años, y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, 33 años.

Todos fueron trasladados hasta la casa patronal. Ahí fueron sometidos a violentos golpes, hasta que entre burlas y risas el teniente Concha Maturana los hizo jugar al circo romano, donde se golpearían unos a otros y los perdedores caerían bajo las balas. Siete fueron ejecutados fríamente, haciéndoles cavar su propia tumba y obligándolos a recostarse boca abajo en su interior para dispararles por la espalda.

El único que no fue ejecutado ese día fue José Guillermo Albornoz González, a quien ataron a un coloso. La última parada fue en el fundo Pemehue. Ahí sacaron de sus casa a Felidor Exequiel Albornoz González, 33 años; Alberto Albornoz González, 41 años, José Fernando Gutiérrez Ascencio, 25 años; Jerónimo Humberto Sandoval Medina, 22 años, y Juan de Dios Roa Riquelme, 35 años. Aquí repitieron el mismo sadismo que habían desplegado en el fundo Carmen y Maitenes. A la mañana siguiente, el sargento del Ejército Luis Díaz Quintana se dio cuenta de que José Guillermo Albornoz González aún estaba amarrado al coloso. Se acercó y vio que estaba con vida, a pesar de las heridas sangrantes, la mandíbula fracturada, sin haber comido en dos días, tumefacto por el agua nieve caída y sin agua.

Junto al carabinero Jacobo del Carmen Ortiz Palma lo llevaron hasta las orillas del río Renaico y lo asesinaron. Como en todas las matanzas ocurridas en las zonas campesinas, el terror se apoderó de la comunidad, se impuso la ley del más fuerte y los familiares de las víctimas quedaron expuestos a la arbitrariedad. Algunos alcanzaron a dar sepultura a sus muertos, otros no se atrevieron a buscar los cuerpos por temor. Impedidos por el temor que inspiraban los dueños de los fundos, no se atrevieron a rescatar los cuerpos, ni pensaron que la maldad llegaría hasta la eliminación de cualquier vestigio de la vida de sus familiares.

Los responsables de estos atroces crímenes son el teniente de carabineros de Mulchén, Jorge Maturana Concha, los carabineros Osvaldo Díaz Díaz, alias “Alicate”, y Héctor Guzmán Saldaña. Junto a ellos participaron varios civiles, entre los que se encuentran Romualdo Guzmán Saavedra, Francisco Urrizola Elías, Ramón Elías Abella, Aquiles Guzmán Fritz, Carlos Lehman y un sargento del Regimiento de Montaña Reforzada Nº 17.

Regimiento Buin

Al igual que en el Regimiento Húsares de Angol, en diciembre de 1978, el Departamento II del Regimiento Buin recibió un mensaje encriptado desde la Comandancia en Jefe.

Más de 20 años después, el teniente Pedro Andrés Rodríguez Bustos declaraba ante el juez Juan Guzmán que el mensaje venía firmado por Augusto Pinochet y tenía órdenes precisas “de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974. Dicha reunión debería tratar de obtener de ese personal la información que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso específico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compañía Minera Andina y, por lo mismo, debía saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clandestinas, ya que de ser así se requería la exactitud de los lugares para proceder a la exhumación y eliminación de los cadáveres.

” Más tarde ratificaría sus dichos, señalando que la orden provenía de la Segunda División de Ejército, a cargo del general Enrique Morel Donoso, y que fue remitida a todas las guarniciones del país. Detalló la forma en que se realizó la entrega de información, por parte de quienes sabían de las inhumaciones de ejecutados políticos, e hizo énfasis en el carácter secreto que tuvo todo el proceso, mencionando a dos oficiales que se presentaron a entregar información ante el comandante Mario Navarrete Barriga: Juan Ibáñez y Jorge Aguilar.

A pesar de lo concluyente de su declaración, fue desestimada en su momento por considerarla que podía ser una operación de inteligencia. Sólo el 2004 se concluiría que la “Operación Retiro de Televisores” fue una decisión pensada y decidida a los más altos niveles con el fin de ocultar las matanzas tras el golpe de Estado de 1973.

Fuerte Arteaga

El año 1999, mientras Augusto Pinochet se encontraba detenido en Londres, el gobierno de Eduardo Frei convocó a diferentes sectores a participar de una Mesa de Diálogo que permitiera recabar información sobre el destino de las víctimas del régimen militar que se encontraban como detenidas desaparecidas. En ella participaron abogados de derechos humanos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, representantes de las diferentes religiones existentes en el país, académicos y representantes de gobierno.

Las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de derechos humanos se negaron a participar por considerar que esta instancia era un salvavidas a Augusto Pinochet. El trabajo terminó el 13 de junio de 2000, con la entrega del documento de los acuerdos alcanzados al Presidente Ricardo Lagos. En él se reconocía las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar por todos quienes participaron en la Mesa, se establecía un rechazo absoluto al uso de la violencia como método de acción política y un compromiso como sociedad para generar las condiciones que condujeran a la reconciliación, facilitando, de ese modo, la entrega de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

En enero de 2001, las Fuerzas Armadas entregaron un informe que daba datos sobre el destino de 200 detenidos desaparecidos supuestamente lanzados al mar, ríos o alta cordillera. De ellos, 180 figuraban con nombres, apellidos y la fecha de su muerte.

Al Presidente Lagos se le entregó un informe que contenía 45 casos de detenidos desaparecidos cuyos datos contenían coordenadas y mapas de su ubicación, lo que hacía presumir que esos restos serían encontrados rápidamente. Esta compleja situación causó conmoción pública, puesto que era reconocimiento de la existencia de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos al interior de las Fuerzas Armadas; a eso se sumaba la ansiedad de muchos familiares que esperaban tener respuesta sobre sus seres queridos. Ante esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, decidió nombrar ministros en visita para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos.

 En este marco se designó a la jueza Amanda Valdovinos para que investigara la información sobre la existencia de una caverna con 20 cráneos de detenidos desaparecidos en el Fuerte Arteaga y zonas aledañas al predio que rodea a este recinto militar. Los relatos surgidos hablaban de exhumaciones y traslados de restos a las laderas de la cadena de cerros El Talhuenal. Ahí la ministra centró su trabajo de investigación, junto a un equipo de antropólogos forenses. Las informaciones que mencionaban de manera recurrente el “rincón de los finados” para referirse a una determinada zona del recinto militar, donde se habían enterrado restos sacados de otros lugares, la llevó a determinar que no todos los restos exhumados se habían lanzado al mar y así lo informaba a la Corte Suprema.

En marzo de ese mismo año, las investigaciones en los terrenos del Fuerte Arteaga de Peldehue dieron resultado. En la Quebrada de los Ratones fueron encontrados los restos de Luis Rivera Matus, dirigente sindical comunista detenido a la salida del edificio de Chilectra el 6 de noviembre de 1975, por hombres de civil que pertenecían al Comando Conjunto Antisubversivo. Su nombre aparecía en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzado al mar frente a las costas de la zona central. Esto significó un nuevo descrédito de las Fuerzas Armadas, se las señalaba de entregar una lista cargada de inexactitudes, provocando nuevas heridas entre los familiares de detenidos desaparecidos.

Los hallazgos de la ministra dieron origen a más información que terminó con los procesamientos de los generales (r) de la Fuerza Aérea Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, el mayor (r) de Ejército Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) del DINE –Dirección de Inteligencia del Ejército– Sergio López Díaz. El año 2004, el Ministro de la Corte de Apelaciones con dedicación especial para casos de derechos humanos Joaquín Billard condenó a 600 días de presidio al general (r) Freddy Ruiz Bunger y a Carlos Madrid Hayden, como encubridores de secuestro calificado en la persona de Luis Rivera Matus. Al mayor (r) de Ejército, Álvaro Corbalán Castilla, y al oficial (r) de Inteligencia del Ejército, Sergio López Díaz, los condenó a 10 años de presidio como autores del secuestro calificado de Luis Rivera Matus. Tres años después, la Corte Suprema rebajó las penas dejando sólo con cumplimiento de condena efectiva a Álvaro Corbalán Castilla.

La Moneda

Cuatro meses después de iniciada la búsqueda en el Fuerte Arteaga, las investigaciones comenzaron a dejar en evidencia lo que había sucedido más de veinticinco años antes con los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Se excavó una gran fosa en el área norte de la zona de campaña y se recuperaron más de 500 piezas óseas, que correspondían a fragmentos de extremidades, dientes, trozos de cráneo y otras partes de cuerpos humanos, además de material de guerra y pedazos de vestimentas. En estos restos estaba el último trozo de historia de 12 de los 20 detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda. La jueza Valdovinos emitió un concluyente informe a la Corte Suprema.

En él se hablaba de la violencia e irracionalidad que había dominado en estas muertes. Indicaba, que al observar los restos encontrados en el área de la fosa se podía “concluir en forma categórica el uso de explosivos del tipo granadas para destruir los cuerpos”, por las incrustaciones de restos óseos que habían quedado en las paredes del pozo. También se refería a las huellas de maquinaria pesada en la exhumación de cuerpos.

El junio de 2002, la Corte Suprema decidió reestructurar las investigaciones de causas por violaciones a los derechos humanos y nombró a cargo del caso Fuerte Arteaga al juez Juan Carlos Urrutia, del Quinto Juzgado del Crimen. A partir de los fragmentos óseos se inició la investigación por exhumación ilegal. Uno de los testigos fundamentales en esta investigación fue el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, quien participó en las ejecuciones de los detenidos de La Moneda y cinco años más tarde guió la búsqueda en las excavaciones para exhumar los restos, en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”.

 Ese 23 de diciembre de 1978, la supervisión de las faenas estuvo a cargo del comandante del Regimiento Tacna Hernán Canales Varas. De acuerdo a los relatos, eran cerca de las 10:00 horas cuando Eliseo Cornejo marcó el lugar exacto donde se habían enterrado los detenidos el 13 de septiembre de 1973.

Una pala mecánica comenzó a cavar el pozo seco hasta llegar a los seis metros de profundidad, ahí apareció una barra de fierro que Cornejo de inmediato identificó. La pala comenzó a trabajar lentamente hasta que apareció el primer cuerpo. Los cuerpos estaban casi intactos, gracias a la tierra arcillosa que impidió la penetración de oxígeno y el consiguiente proceso de descomposición orgánico. Los cuerpos fueron sacados en forma manual para que no se desarmaran, a pesar de ello, pequeños fragmentos fueron quedando en la tierra, como negándose a desaparecer del todo. Luego sacaron los restos y los subieron a un camión Unimog.

En total fueron 12 sacos y todos fueron transportados hasta unos estacionamientos frente a la carretera San Martín. Cerca de las 22:00 horas llegó el helicóptero del Comando de Aviación del Ejército, a cargo del entonces coronel Fernando Darrigrandi. Estaba piloteado por Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Antonio Palomo Contreras, el mismo trío que llevó al helicóptero Puma en la Caravana de la Muerte. El aparato se posó cerca de donde estaban los sacos, rápidamente fueron subidos y el helicóptero partió. Al igual que en los casos anteriores, la “Operación Retiro de Televisores” se había concretado silenciosa y oportunamente. Se cumplía la orden del Comandante en Jefe del Ejército.

Era la concreción de un crimen para ocultar otro, que se había iniciado el día 12 de septiembre de 1973, con la llegada de Pedro Espinoza al Regimiento Tacna. El oficial de Inteligencia llevaba un sobre que contenía órdenes precisas de la Comandancia en Jefe del Ejército al comandante del Regimiento Tacna, Luis Ramírez Pineda. En ellas se sentenciaba a muerte a las personas detenidas en La Moneda y se disponía que se los trasladara hasta Peldehue para dar cumplimiento a la orden. Ramírez Pineda había dado órdenes de aplicar el máximo de brutalidad contra los detenidos que llegaron esa tarde del 11 de septiembre. En esos hombres amarrados y exhaustos depositaba todo su odio contra los marxistas.

Eran 49 detenidos, al día siguiente se ordenó liberar a 17 funcionarios de Investigaciones y a otros los separaron, dejando reducido a 21 personas el grupo de La Moneda. El día 13, a primera hora, se estacionó un camión frente a las barracas donde estaban los prisioneros. Lista en mano los fueron sacando de las caballerizas, los amarraron con alambres y con violencia los lanzaron al camión. Entre los 21 estaban Jaime Barrios Meza, Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Enrique Paris Roa, Eduardo Paredes Barrientos, Julio Moreno Pulgar, Héctor Pincheira Núñez, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras, Luis Rodríguez Riquelme, José Freire Medina y Luis Avilés Jofré, quien había llegado al Palacio de La Moneda a apoyar al gobierno.

El camión se enfiló hacia el norte, custodiado por vehículos militares y seguidos por la atenta mirada del, entonces, coronel Pedro Espinoza Bravo, que viajaba en uno de los vehículos de la columna. Espinoza era un alto oficial de Inteligencia del ejército, cuyo rol en la represión post golpe fue determinante. Él se encargó de supervisar las principales operaciones de exterminio cometidas a lo largo del país, por orden del Estado Mayor de la Inteligencia. A la llegada se dirigieron inmediatamente hasta un pozo seco que estaba junto a una construcción. Ahí montaron una ametralladora que era manejada por el teniente Jorge Herrera López y comenzaron a bajar a los detenidos, llamándolos por sus nombres.

Sin queja y mirando de frente enfrentaron la muerte parados en el borde del pozo los 21 hombres. Enfrentaron solos los sonidos sordos de las balas que retumbaron en la soledad de los cerros. Cuando cayó el último detenido, se dio la orden de tirar granadas para que las paredes del pozo cayeran, cubriendo así el crimen.

El proceso

La Causa ha tenido un largo tránsito en la justicia. Desde que la jueza Amanda Valdovinos inició la investigación sobre inhumaciones ilegales, hasta el presente, la investigación ha estado en las manos del juez del Quinto Juzgado del Crimen, Juan Carlos Urrutia; el Ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Madrid Crohare; el Ministro Especial para causas de derechos humanos Juan Fuentes Belmar y actualmente se encuentra en manos del Ministro de la Corte de Apelaciones Miguel Vásquez Plaza.

De las 21 víctimas, sólo se ha logrado identificar a 11 detenidos desaparecidos a través del trabajo de identificación de restos y a los análisis genéticos realizados por el Laboratorio de la University of North Texas, Estados Unidos, los que incluyeron peritajes a las muestras óseas de las víctimas y pruebas comparativas a las muestras sanguíneas donadas por las familias.

Actualmente se encuentran procesados el general(r) Luis Ramírez Pineda como autor de homicidio calificado de 11 personas detenidas en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y trasladados al Regimiento Tacna, donde era comandante.

También se tramita en la justicia argentina la ampliación de la extradición, porque inicialmente fue solicitada por los cargos de secuestro calificado de 11 personas y en la actualidad se encuentra procesado por homicidio calificado y al cambiar la figura legal, se requiere solicitar al país que da la extradición un cambio de ella. La resolución afectaba a otros ocho miembros en retiro del Ejército confesos de haber participado en los secuestros de Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras.

Los ocho procesados como autores del delito de secuestro calificado eran el coronel(r) de Ejército Servando Maureira Roa, el mayor(r) de Ejército Jorge Iván Herrera López, el Brigadier (r) de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, los suboficiales(r) de Ejército Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Jorge Ismael Gamboa Álvarez, Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Bernardo Eusebio Soto Segura.

Escuela de Artillería de Linares

El mismo documento con carácter secreto que recorrió los cuarteles a comienzo de 1979 llegó a la Escuela de Artillería de Linares. Sin dudarlo, el director de la Escuela de Artillería de Linares, teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, ordenó formar un equipo especial para desenterrar los cuerpos y dejó encargado de esta misión al capitán Mario Gianotti Hidalgo. Este eligió a dos oficiales, entre los que se encontraba el teniente Hernán Véjar Sinning, y dos suboficiales para cumplir la misión. A ellos se sumó un suboficial de Inteligencia de la III División de Ejército que había llegado junto a otros dos miembros de esa repartición a supervisar que se cumpliera la orden.

Premunidos de palas y picotas cavaron en distintos lugares al interior del Regimiento, finalmente, encontrando dos cuerpos que estaban sin ropas. Luego de meterlos en bolsas los dejaron a buen recaudo al interior del Regimiento, y partieron a la ciudad de Constitución a buscar un entierro clandestino que se encontraba en una cueva de la desembocadura del río Maule.

Las permanentes subidas del río y las mareas habían cambiado un poco la fisonomía del terreno, por lo que les costó dar con el lugar exacto. Finalmente encontraron tres cráneos, concluyendo que era el lugar que buscaban. Los desenterraron, los pusieron en bolsas y volvieron a la Escuela de Artillería. Con la primera etapa de la misión cumplida, fueron a buscar un tambor metálico, le pusieron petróleo, luego metieron los cinco cuerpos, volvieron a regarlos con petróleo y les prendieron fuego. Los restos de cinco detenidos desaparecidos quedaron convertidos en cenizas y se concretaría el doble crimen.

En abril de 2003 el ministro Alejandro Solís había iniciado las investigaciones en la zona del Polígono General Bari, que de acuerdo a los datos entregados por un ex conscripto había existido una fosa común con los cuerpos de los detenidos desaparecidos de la zona. Las diligencias no dieron resultado y sólo se encontraron algunas huellas de posibles entierros en el lugar. En 2008 el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, dictó sentencia y fijó condenas de 15 años y un día para cinco inculpados, y 10 años y un día para un sexto inculpado por las desapariciones de María Isabel Beltrán Sánchez, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Róbinson Mella Flores, Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, José Alfonso Saavedra Betancourt y Jorge Bernabé Yáñez Olave, detenidos entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.

El 27 de abril de 2011 la Corte Suprema rebajó las penas dictadas por el ministro Solís, absolviendo al general(r) Gabriel del Río Espinoza, condenado por la desaparición de cinco personas, y condenando a cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada al coronel(r) del Ejército, Juan Hernán Morales Salgado, y al teniente coronel de Ejército, Claudio Abdón Lecaros Carrasco, por la desaparición de María Isabel Beltrán, José Gabriel Campos, Anselmo Antonio Cancino y Alejandro Róbinson Mella. A cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada fueron sentenciados el suboficial(r) de Ejército, Antonio Aguilar Barrientos, por cuatro secuestros calificados, y el coronel(r) de Ejército, Antonio Cabezas Salazar, por tres secuestros calificados. El general(r) Humberto Lautaro Julio Reyes, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante la dictadura militar, fue condenado a tres años de prisión con beneficio de la remisión condicional, quedando en libertad vigilada.

Esta era una de las pruebas más contundentes que se tenía para demostrar que Pinochet conocía las atrocidades ocurridas durante su mandato. Nadie crea un mecanismo tan perverso para ocultar crímenes si no está directamente implicado.

Chihuío

El 9 de octubre de 1973, los lugareños de Chihuío pensaban que lo peor del periodo había pasado. Habían corrido como reguero las detenciones de trabajadores en Neltume y la violencia que carabineros de Llifén había desatado entre los campesinos de Chabranco, Arquilme y Curriñe.

Ese día partió una patrulla en siete vehículos y conformada por 90 militares bien armados y pertrechados a la zona precordillerana, donde sólo vivían trabajadores pobres de la Empresa Maderera Panguipulli. Eran del Regimiento de Caballería Blindada Nº 2 Cazadores de Valdivia, comandado por el general (r) Santiago Sinclair, quien posteriormente fue miembro de la Junta Militar y senador designado al inicio de la transición a la democracia.

A cargo estaba el comandante de escuadrón Luis Osorio Gardasanich, los oficiales Patricio Keller, Lautaro Ortega, Marcos Rodríguez Olivares y Luis Rodríguez Rogorrichi. A cargo de la unidad especial estaba el teniente Cristián Labbé Galilea. La patrulla recorrió los poblados y caseríos de la zona, leyeron nóminas con nombres y procedieron a detenerlos. En este periplo de muerte participó activa y entusiasta el dueño del fundo Chihuío, Américo González Torres.

Sin ninguna vergüenza, pidieron a los lugareños alambres y yuntas de bueyes pasa arrastrar a los vehículos que se habían quedado pegados en el barro. En la oficina de administración de Curriñe, del Complejo Maderero Panguipulli, torturaron a algunos detenidos, mientras una patrulla subía a detener trabajadores al aserradero Folilco. Su última parada fue en Chabranco, allí detuvieron a los últimos trabajadores.

Con su carga partieron hasta la casa patronal del fundo Chihuío, donde se ensañaron con los trabajadores. Según un testimonio recibido por la Comisión Rettig, a simple vista no había impactos de balas, sino muestras de cortes, degüellos, cercenamiento de miembros, y otras huellas de tormentos imposibles de describir.

A la mañana siguiente, un lugareño vio que había unos cuerpos tapados con ramas y troncos, reconociendo a algunas de las víctimas como trabajadores de la zona. Los cadáveres permanecieron cerca de 15 días al aire libre y luego fueron enterrados. Eran 17 trabajadores de la zona: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quezada y el menor de edad, Fernando Adrián Mora Gutiérrez, que al ayudar a sacar un vehículo militar del barro vio que su padre iba entre los detenidos, preguntando a los militares a dónde lo llevaban. Ellos le respondieron que si quería ir con su padre subiera al vehículo y así lo hizo.

A fines de 1978, un operativo militar volvió a Chihuío y desenterró los cuerpos de los 17 campesinos para tirarlos al mar. La fosa con los restos óseos del desentierro fue hallada el 17 de junio de 1990 por un grupo de familiares y amigos de detenidos desaparecidos.

Los primeros días de julio de 2011, el director del Instituto Médico Legal, Patricio Bustos, dio a conocer los nombres de las primeras cinco personas identificadas, Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, 46 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, 42 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Daniel Méndez Méndez, 42 años, obrero agrícola y dirigente campesino; Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, años, jefe de fábrica y militante del Partido Socialista; y Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, 28 años, obrero maderero. El 15 de julio la directora del Servicio Médico Legal de Valdivia, Patricia Benhe, entregó los pocos restos óseos a las familias para que les dieran sepultura.

Las identificaciones se realizaron con los fragmentos encontrados en la fosa clandestina, donde fueron arrojados los cuerpos y después removidos para arrojarlos al mar, en el marco de la llamada “Operación Retiro de Televisores”.

En enero de 2011 la Corte Suprema condenó a 10 años y un día al coronel (r) del Ejército Luis Osorio Gardasanich, como autor del delito de homicidio calificado de 17 personas, entre ellos un menor de edad. El oficial (r) de Carabineros Luis Eduardo Osses Chavarría fue condenado a 3 años y un día de prisión, por su calidad de cómplice de 4 secuestros. El civil Bruno Esteban Obando Cárdenas fue absuelto por no tener participación en los hechos.

El general Santiago Sinclair, quien dio las órdenes, resultó absuelto. En tanto el coronel (r) Jerónimo Pantoja Henríquez, murió antes de la sentencia de la Corte Suprema. Los 17 trabajadores pertenecían al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli. En su mayoría eran creyentes evangélicos que se habían organizado para participar en la construcción de una vida más justa.

Cuesta Barriga

Enrique Erasmo Sandoval Arancibia era un teniente de ejército cuando fue llamado a la DINA en 1976. Si bien no cuenta mucho sobre su papel en el organismo represivo ese año, deja entrever su paso por la Escuela de Inteligencia en Rinconada de Maipú que sirvió para instruir a agentes argentinos, uruguayos y chilenos. También dice haber sido parte de la seguridad de la VI Asamblea de la OEA realizada en Santiago, a la que asistió Henry Kissinger.

Desordenadamente, cuenta que a fines de 1976 pasó a formar parte de la Brigada Caupolicán que estaba al mando de Miguel Krassnoff Martchenko, asignado a la agrupación Cóndor. Asegura no recordar nombres, tampoco la actividad que desarrolló, sólo recuerda que hablaba mucho con el ex mirista que colaboraba con la DINA, de nombre “Joel”, Emilio Iribarren. Pero el “Pete el Negro”, como era conocido en la DINA, tenía toda una historia criminal tras su aparente inocencia ante los tribunales. Tras el golpe de Estado y la represión indiscriminada, este hombre asesinó al niño Carlos Fariña de un disparo por la espalda y quemó el cadáver.

En los años 80 participó en el asesinato de Lisandro Sandoval. El año 1978 ingresa a la Brigada Roja de la Central Nacional de Informaciones, a cargo de la represión al MIR. Durante su permanencia, se reportaba directamente con Álvaro Corbalán. Recuerda que a comienzos de 1979, Jerónimo Pantoja, subdirector de la CNI, recibió la información que un cazador de conejos había descubierto una mina abandonada con cuerpos en la Cuesta Barriga y la información la había entregado a la Vicaría de la Solidaridad. Ante la alarma, Pantoja lo envió a chequear el lugar, “que era un pique de una mina, y comprobé que era efectivo. Estaba lleno de roedores, murciélagos, restos putrefactos y había olor en consonancia con los restos. Este olor habría alertado y alterado a los perros del cazador, y así habría llegado al lugar”.

Con fotografía en mano llegó el teniente Sandoval ante Pantoja, quien le ordenó que no se dinamitara la mina, y le ordenó que usara ácido. Ante la dificultad que tenía por desconocer el uso de químicos, llamó al general Odlanier Mena a su casa de vacaciones en Mehuín para informarle la situación. La delicada información hizo que Mena suspendiera sus vacaciones, regresara a Santiago y se hiciera cargo del retiro de cuerpos.

Para eso encomendó a Sandoval que sacara los cuerpos con un equipo de confianza. “Mi equipo estaba formado por 9 personas y fuimos a la mina durante tres días.” Asegura no tener idea cuántos cuerpos había, pero calcula que eran cerca de 20, que fueron puestos en 50 sacos de papas. Parte de los cuerpos estaban esqueletizados, otros aún conservaban tejidos blandos. Cuando terminaron de sacar los cuerpos, tomaron a unos perros, los mataron y los lanzaron al interior para justificar la presencia de huesos.

Luego subieron los sacos a un camión y los llevaron hasta la parcela de Malloco que había pertenecido a la Comisión Política del MIR. Finalmente, los restos fueron trasladados hasta Peldehue y posiblemente lanzados al mar. La Operación Retiro de Televisores cubrió todo el territorio nacional y es la muestra más clara de la política de ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos que imperó durante la dictadura militar.

Corte Suprema y de Apelaciones de Santiago sentenciaron por hechos ocurridos después del 11 de septiembre de 1973.

La Corte Suprema y de Apelaciones de Santiago dictaron sentencias en dos procesos ligados a violaciones de derechos humanos, cometidos en el país luego del 11 de septiembre de 1973.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal dictó condenas en la investigación por el secuestro calificado de Ariel Danton Santibáñez Estay, ocurrido a partir el 13 de noviembre de 1974, y que tramitó el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar.

Tras acreditarse la responsabilidad de los acusados, se condenó a tres años de presidio remitido al ex director nacional de la Dina general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, al coronel Marcelo Moren Brito y al coronel de Carabineros Ricardo Lawrence Mires.

En la investigación por el Episodio Linares, en tanto,  la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones sentenció a 15 años de presidio a Juan Morales Salgado y a cinco años a Gabriel del Río Espinoza, Claudio Lecaros Carrasco, Félix Cabezas Salazar y Antonio Aguilar Barrientos. A tres años de libertad vigilada a Humberto Julio Reyes.

A los condenados se les atribuyen responsabilidades en los secuestros calificados de ARTURO ENRIQUE RIVEROS BLANCO , Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores, ocurridos entre septiembre y diciembre de 1973.

A comienzos de 1970, su población era de alrededor de 15 mil habitantes. La industria de la madera, las dos plantas de elaboración de ella. Ce Ico y Copihue, así como la progresiva industria pesquera, hizo que desde esa época su población aumentara considerablemente. Campesinos migraron hacia Constitución para buscar trabajo en esa ciudad.

Precisamente por esta situación social y laboral, a partir de 1971 se comenzó a gestar una creciente actividad política por parte de los partidos de izquierda: Socialista, Izquierda Cristiana y, especialmente, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Ante la carencia de viviendas, el MIR ideó y llevó a cabo, junto a numerosos trabajadores sin casa, la toma de terrenos para construir una población. Estatué instalada en un pequeño cerro frente al mar.

Los partidos de izquierda, pocos meses antes del Golpe de Estado, iniciaron un movimiento de presión ante las autoridades nacionales y se manifestaban en las calles exigiendo la renuncia de la Gobernadora demócratacristiana, lo que se logró finalmente en mayo de 1973. Fue reemplazada por Arturo Riveros Blanco, un joven militante de la Izquierda Cristiana.

Golpe de Estado

Lucía Valenzuela lo describió así:

"En la primeras horas del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, ARTURO RIVEROS -en su condición de máxima autoridad local- se dirigió por radio a la población y más tarde se instaló en las oficinas de Celco, donde se realizó una asamblea con la presencia de dirigentes locales de los partidos de izquierda. Después de algunos discursos, se realizó una marcha hacia la Gobernación, encabezada por el propio RIVEROS portando una bandera chilena. El edificio de la Gobernación se encontraba con efectivos de carabineros al mando de su máxima autoridad. Mayor Abdón García, con quien sostuvieron una reunión a puertas cerradas Riveros y el dirigente del MIR, Jorge Yáñez. Luego hubo otra entre los dirigentes políticos y finalmente hablaron a los manifestantes, retirándose todos a sus casas. Esa noche, alrededor de las 23 horas, las dependencias de la Gobernación fueron ocupadas por efectivos militares de la Escuela de Artillería llegados desde Linares, al mando del Capitán Juan Morales Salgado. En este mismo edificio estaba ubicada la residencia del Gobernador, donde habitaba ARTURO RIVEROS y su familia, único lugar en que no se instalaron los uniformados, no obstante esa misma noche el Capitán Morales anunció que asumía como tal."

"También formaban parte de este grupo el Teniente Leonardo Marchant Rocha y los Subtenientes Mauricio Salas Coccolo y Alejandro Herrera López. El Capitán Morales asumió como Gobernador de Constitución y se instalaron en estas dependencias y en Investigaciones, cuyos efectivos fueron enviados -todos ellos- a la ciudad de Talca."

"A primera hora del día siguiente, RIVEROSse dirigió a la Celco, donde participó en una reunión con dirigentes sindicales. Antes de que ésta terminara, los militares rodearon la industria y comenzaron a detener a la mayoría de los sindicalistas y trabajadores, todos los cuales eran individualizados por un escribiente de carabineros que los acompañaba. En estas circunstancias fue detenido RIVEROS y trasladado, junto al resto, en un microbús de locomoción colectiva a la Comisaría de Carabineros, ubicada junto a la Gobernación."

Según varios testigos, la represión en Constitución comenzó el día 12 de septiembre. Femando Garrido Jaque (1), un obrero que para ese entonces trabajaba en la planta de Celulosa Celco, nos dijo que:

"Carabineros y militares iniciaron en la ciudad y en los caminos rurales cercanos, rondas de vigilancia y de detención de aquellos que buscaban o . creían sospechosos. Varios civiles acompañaban los operativos."                El día 22 de septiembre, Catherine Delgado, esposa de Arturo Riveros se presentó a la Cárcel de Constitución, donde le entregaron los efectos personales de su marido. Luego, se dirigió a Linares. En la Escuela de Artillería fue atendida por un Mayor de Ejército de apellido Pérez, quién le informó que su esposo había sido dejado en libertad después de tomarle una declaración por escrito el mismo día 15 de septiembre, bajo la condición de que debía presentarse a firmar periódicamente.     Posteriormente, este mismo militar cambió su declaración, informando que RIVEROS BLANCO  había sido puesto en libertad por error y que estaba siendo solicitado por medio de Bandos Militares para que se presentara en la Escuela de Artillería de Linares.  Desde ese momento se desconocen nuevos antecedentes acerca del paradero y situación de ARTURO RIVEROS y José Saavedra.

En marzo de 1991, el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación desmintió lo aseverado por el Capitán Morales Salgado acerca del traslado de los detenidos a Linares, informando que:

" 1.- La Gobernación militar pidió un vehículo para trasladarlos, que nunca se utilizó para tal propósito, porque regresó a Constitución una hora después de su salida, tiempo que no permite en ningún caso ir y volver hasta Linares. Los detenidos nunca fueron llevados a Linares."

"2.- El testimonio de una persona que encontrándose detenida en Constitución, fue conducida al sector denominado 'La Poza' en el cerro Mutrún, donde fue sometido a un simulacro de fusilamiento. Esto ocurrió la misma noche que Riveros y Saavedra fueron sacados de la Cárcel. Uno de los conscriptos que participó en este simulacro, le indicó al testigo que obedeciera las órdenes de la patrulla porque ya llevaban dos muertos."

A pesar del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, en Declaración Jurada, Anselmo de la Cruz Contreras Jaque, obrero, asegura que:

"A fines de septiembre, encontrándome preso en el Cuartel de Investigaciones de Cauquenes, vial Gobernador RIVEROS BLANCO en los pasillos… no sé si entraba o salía, fue en un cambio de calabozo que tuve, lo vi de cerca, ambos íbamos cuidados."

Igual sucede con la Declaración Jurada de Esteban Hurtado Pereira, quien había sido Intendente de la Provincia de Maule durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende. El relata:

"A fines del mes de septiembre de 1973 y principios de octubre, en uno de mis traslados desde mi casa a la Gobernación a interrogatorio, vi frente al edificio de la Gobernación a pocos metros del kiosco de diarios, a dos personas que estaban agachadas y amarradas en la parte posterior de la camioneta de la Gobernación de Chanco, una Intemational, año 1966, de dos colores azul, manejada por don José Santibáñez. Una de estas personas era el ex Gobernador de Constitución ARTURO RIVEROS BLANCO , con otra persona que no ubico. Era aproximadamente el mediodía, fue un hecho público en Cauquenes, todos en la ciudad lo supieron. Mi interrogatorio ese día en la Gobernación duró dos horas, salí por otra puerta, por lo que no me consta cuánto tiempo estuvieron allí."