Rivera Matus Juan Luis

Rut       : 1.923.690 de Santiago

F.Nacim. : 15-04-23, 52 años a la fecha de detención

Domicilio : Aeropuerto 206, Villa O'Higgins, Maipú

E.Civil  : Casado, 7 hijos

Actividad : Electricista

C.Repres. : Ex dirigente sindical de Chilectra y militante del Partido Comunista

F.Detenc. : 6 de noviembre de 1975

     SITUACION REPRESIVA

            Juan Luis Rivera Matus, casado, siete hijos, electricista, dirigente sindical de Chilectra, militante del Partido Comunista, fue detenido el día 6 de noviembre de 1975 a las 10:30 horas a la salida del edificio de la Gerencia General de Chilectra ubicada en calle Santo Domingo esquina San Antonio de Santiago, entidad donde trabajaba. La aprehensión fue practicada por alrededor de 5 sujetos de civil no identificados, que no exhibieron orden escrita alguna para su proceder ni dieron ninguna explicación, siendo trasladado en un vehículo tipo station wagon, marca Peugeot, color blanco y sin patente, con destino desconocido. Nunca más se supo del paradero de Juan Luis Rivera Matus.

            Cabe señalar que la víctima había sido suspendida de su trabajo en Chilectra luego del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973 por 40 días, pero luego reincorporado a sus labores.

            Días antes de su desaparición, el 24 de octubre de 1975, falleció el padre de Rivera Matus, por lo que éste solicitó un permiso para faltar por 5 días, que le fue concedido. Al vencerse tal plazo, solicitó una prórroga con cargo a sus vacaciones, al cual en principio también se accedió, pero más tarde se le ordenó reincorporarse por necesidades de funcionamiento de la empresa, y el 5 de noviembre de 1975 recibió una carta de la entidad en la que se le comunicaba su despido por desarrollar actividades políticas.

            El afectado concurrió entonces a la Gerencia de Personal el día 6 de noviembre para reclamar de tal medida, donde le manifestaron que su despido no dependía de ellos y que fuera a la Gerencia General; así lo hizo, pero el Gerente General le mandó a decir que no lo podía recibir y que retornara más tarde. Al salir a la calle fue abordado por sus captores y aprehendido en la forma antes señalada, hecho que fue presenciado por los testigos Casimiro Adalberto Vargas Contreras, Jorge Demetrio Salinas Robles y Mario José Aracena Arcaya.

            Es preciso hacer notar que desde unos días antes, unos sujetos -que por sus características parecen ser los mismos que lo detuvieron- vigilaban la casa de la víctima desde la calle, entre las 08:00 de la mañana y 20:00 horas aproximadamente, utilizando el mismo vehículo empleado luego para aprehenderlo. Los testigos concuerdan en la descripción de los sujetos que vigilaban el domicilio de Rivera Matus como los participantes en su captura; hombres relativamente jóvenes, destacando un sujeto moreno, de pelo negro liso, de entre 35 y 40 años de edad, y otro de tez morena, 1.65 metros de estatura, pelo negro, 35 años y contextura gruesa.

            Casimiro Adalberto Vargas Contreras, vecino de la víctima y además uno de los porteros del edificio de Chilectra, declararía luego que desde los primeros días de noviembre unos sujetos vigilaban la casa de Juan Luis Rivera Matus. Señala que el día 6 de noviembre vio a la víctima salir del edificio de Chilectra, y ser detenido por 4 sujetos morenos, uno de ellos vistiendo camisa roja de manga corta y de pelo crespo, constatando el testigo que el afectado no forcejeó ni gritó, pero que su semblante se veía afligido. Los aprehensores lo subieron a una camioneta blanca Peugeot 404, trasladándose hacia el cerro Santa Lucía con destino desconocido.

            Miguel Angel Osorio Aguila, vecino del afectado, afirmaría más tarde que desde fines de octubre de 1975, vio personas ajenas a la población (Villa O'Higgins) que se paraban a unas 3 casas del domicilio del señor Rivera durante el día, rotando los vigilantes cada día, de a dos por vez, lo que duró alrededor de dos semanas. Los desconocidos se movilizaban en un station wagon de color blanco, sin patente.

            Jorge Demetrio Salinas Robles, vecino del desaparecido, sostendría que el día de la detención iba llegando al edificio de Chilectra, con el hijo del señor Rivera, y vio a éste arriba de una camioneta blanca Peugeot con los aprehensores, habiendo el testigo visto a estos con anterioridad en el mismo vehículo desde hace unos días en la Villa O'Higgins, mientras vigilaban el domicilio de la víctima.

            Gabriel Gastón Cerón Zúñiga, jefe director del afectado en Chilectra, señalaría por su parte que el 24 de octubre de 1975 aquel le solicitó permiso para ausentarse, debido al fallecimiento de su padre, lo que le fue concedido. El testigo agrega que el día 4 o 5 de noviembre recibió órdenes del jefe de operaciones Rafael Yoshidzumi, quien se presentó ante él con dos sujetos que no se identificaron, para que fuera al domicilio de Rivera a fin de comunicarle que se presentara de inmediato al trabajo. Como no ubicó a la víctima en su hogar, le dejó recado con la cónyuge de éste.

            El día 6 de noviembre Rivera Matus llegó a su oficina, exhibiendo una carta de despido de Chilectra, por lo que ambos fueron donde el jefe directo del testigo, Julio Charles Charles, el que les señaló que el despido obedecía a que el afectado no dejó su papeleta de feriado en la Oficina de Personal, lo cual fue desmentido por Rivera, por lo que este último concurrió donde el Director de Personal, Aurelio Rodríguez.

            José Julio Charles Charles, funcionario de Chilectra, declaró que el día 6 de noviembre de 1975 se presentaron en su oficina dos sujetos -que dijeron ser de Investigaciones- aduciendo que querían hablar con la víctima y, como éste se hallaba de permiso, les ofreció su dirección, pero estos la rechazaron aduciendo que volverían el lunes siguiente. Para regularizar la situación ordenó que fueran a buscar a Rivera Matus, el cual se presentó, pero el Director de Personal Aurelio Rodríguez le manifestó que al afectado no le correspondían vacaciones aún y se le puso término a su contrato de trabajo. Ignora si Rivera fue detenido, pero añade que era comunista, aunque no activista.

            Jorge González Pérez, portero del edificio de Chilectra, declaró que el 30 de octubre de 1975 llegaron dos sujetos a la empresa exhibiendo unas credenciales de Investigaciones, que incluso tenían impreso el escudo de Chile, manifestando que querían hablar con el Jefe de Personal, por lo que él les indicó el camino.

            Aurelio Rodríguez Somerst, Director de Personal de Chilectra, afirmó ante el Tribunal que investigó la presunta desgracia de la víctima que, al saber que el señor Rivera estaba faltando al trabajo, le pidió al señor Yoshidzumi que diera instrucciones para que la víctima se presentara a sus labores y como éste no regresó, se dio por terminado sus servicios. Añade que Rivera nunca habló con él y que al parecer se "estaba escondiendo de algo".

            Mario José Aracena Arcaya, compañero de trabajo del desaparecido, observó en noviembre de 1975 que tres hombres detuvieron a Rivera Matus a la salida del edificio de Chilectra, subiéndolo a un Peugeot blanco, en el que se lo llevaron.

            Rafael Hernán Joshidzumi Sánchez, jefe de operaciones de Chilectra, declara en igual sentido que el Jefe de Personal, afirmando que el 30 de octubre de 1975 se presentaron en su oficina dos sujetos que dijeron ser de Investigaciones aduciendo que querían hablar con la víctima y, como éste se hallaba con permiso, les ofreció su dirección, pero estos la rechazaron afirmando que volverían el lunes siguiente. Para regularizar la situación, ordenó que fueran a buscar a Rivera Matus, el cual se presentó, pero el Director de Personal, aurelio Rodríguez, le manifestó que no le correspondían vacaciones aún y se le puso término a su contrato de trabajo por haber faltado indebidamente. Ignora si Rivera fue detenido, pero añade que era comunista, aunque no activista.

            Desde su aprehensión se ignora la suerte corrida por Juan Luis Rivera Matus en manos de sus captores.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Con fecha 6 de noviembre de 1975 se interpuso un Recurso de Amparo en favor de la víctima, rol N°1483-75 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, luego del informe negativo en cuanto a su detención del Ministerio del Interior, fue rechazado.

            Proceso rol 107.877 seguido ante el Primer Juzgado del Crimen de Santiago, por presunta desgracia, donde compareció como denunciante doña Olga Sánchez Rivas, cónyuge del desaparecido. En tal causa se recabaron informes de diversos organismos, además de una orden de investigar evacuada por la Policía de Investigaciones, sin resultados en cuanto al paradero de Rivera Matus. También declararon todos los testigos anteriormente individualizados. El 26 de mayo de 1976, se sobreseyó temporalmente el proceso conforme al artículo 409 N°1 del Código de Procedimiento Penal, resolución aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago el día 14 de julio de 1976.

            Se indagó sobre el paradero de la víctima en diversos lugares, como cuarteles de policía, cárceles y morgues, se enviaron cartas al Ministerio del Interior, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y otros, todos sin resultados positivos.

Hija de Juan Luis Rivera Matus, detenido en noviembre de 1975, Rivera salió electa como la nueva presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, tomando la posta que dejara Lorena Pizarro, hoy diputada electa.

Gaby Rivera es la nueva presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Hija de Juan Luis Rivera Matus, detenido en noviembre de 1975, Rivera se impuso en la elección interna de la organización y será la encargada de relevar el trabajo que venía haciendo Lorena Pizarro, electa diputada para el venidero periodo legislativo.

“Es una absoluta continuidad”, afirma Gabriela Rivera respecto de su elección. Al igual que su antecesora, la dirigenta es militante del Partido Comunista. “A mucha honra”, acotó.

Si bien desde comenzada la pandemia la AFDD ha estado menos activa en las calles -ya no se hace la mítica marcha de los días viernes en La Moneda-, no ha estado ajena a los procesos políticos que se llevan a a cabo hoy en el país.

He ahí que Rivera ve con esperanza la Carta Fundamental que pueda salir de la Convención Constitucional. Como AFDD han apoyado varias iniciativas y se han hecho parte de otras,, evidentemente, las relacionadas con el respeto a los derechos humanos.

Según explica la nueva presidenta de la AFDD, la organización que preside ha expresado a los constituyentes la necesidad de que el respeto a los DD.HH. sea la columna vertebral de la nueva Constitución.

“Nosotras, como Agrupación, tenemos esperanzas en esta nueva Constitución, misma que estamos escribiendo entre todos, porque nosotras también fuimos parte de esto, entregamos nuestras peticiones con respecto de qué debería estar en esta nueva Constitución, que es, principalmente, el respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos deben ser el centro y el eje de esta nueva Carta Magna, y tenemos la esperanza de que así sea, nosotras trabajamos por eso y nos la jugamos porque todo este proceso sea, efectivamente, lo que se está pidiendo”.

Otro proceso en que la AFDD estuvo muy activa fue la elección presidencial de Gabriel Boric. En un hecho inédito, la organización llamó a votar por el militante de Convergencia Social apelando al discurso de respeto a los DD.HH. que este sostuvo durante su campaña.

Por otro lado, las y los familiares de detenidos desaparecidos no podían quedarse de brazos cruzados ante el auge de la candidatura de José Antonio Kast, reconocido defensor de la dictadura y de varios criminales de lesa humanidad.

Ahora bien, Rivera recordó que ante cualquier gobierno “que no esté a la altura de los derechos humanos”, la AFDD será un contrapunto, independientemente de quien habite La Moneda.

“Tenemos una expectativa positiva respecto de lo que se viene, trabajamos por este nuevo Gobierno a pesar de que la AFDD nunca había estado en esa situación, pero creemos que esta era la oportunidad para jugárnosla como Agrupación para que haya sido, efectivamente, Gabriel Boric quien asumiera el Gobierno y no la otra opción. Vamos a exigir nuestros derechos, aclarando que como AFDD siempre vamos a ser contraparte de cualquier gobierno que no esté a la altura de los derechos humanos, destacando siempre que tenemos la esperanza de que este gobierno si esté a la altura”.

Además, la presidenta de la AFDD expresó su deseo de juntarse con Gabriel Boric durante las primeras semanas de su mandato para presentarle sus demandas y trabajo al respecto.

“Necesitamos un país con respeto a los derechos humanos, un país donde todos quepamos, con la precisión de que las violaciones a los DD.HH tienen que ir resolviéndose, que jamás vuelvan a suceder este tipo de hechos, que jamás vuelvan a repetirse sucesos como los acontecidos desde el 18 de octubre del 2019 donde se coartaron las vidas de muchos jóvenes, dejándolos ciegos, dejándolos presos”, manifestó la dirigenta.

Sin duda uno de los temas que más inquieta a las y los familiares de detenidos desaparecidos en dictadura es la continuidad de la lucha por buscar a sus seres queridos. Primero fueron las esposas, hoy son las hijas, ¿después quiénes?

“Esperamos que nos sigan los nietos, los bisnietos y bisnietas”, respondió Rivera, agregando que “vamos a seguir adelante con el compromiso de encontrar hasta el último detenido desaparecido”.

De todas maneras, la nueva presidenta de la AFDD recalcó que la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos no debe solo limitarse a sus familiares, pues es una tarrea con la que debiese comprometerse el país en su conjunto tomando en cuenta, sobre todo, que las violaciones a los DD.HH. fueron a toda la nación.

“Más que los familiares, la sociedad completa se tiene que hacer cargo, porque nuestros familiares eran empleados, eran obreros, eran personas que les gustaba jugar a la pelota, eran vecinos, eran parte de esta sociedad, no solamente nuestros familiares, entonces creo que la sociedad tiene un importante desafío, pues tiene que comprender que las violaciones a los derechos humanos no solamente fueron a las personas que son víctimas directas, sino que se perpetraron contra el país contra la sociedad entera, y como país, como Estado, como Gobierno nos tenemos que hacer cargo”, finalizó.

El Estado chileno habría incumplido el deber de reparar adecuadamente el daño causado. 

   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunica su decisión de aprobar el acuerdo de solución amistosa relativo a la petición 1275-04 A Juan Luis Rivera Matus, firmado el 31 de enero de 2020, entre las víctimas y sus representantes y el Estado chileno.
El 29 de noviembre de 2004, la CIDH recibió una petición en la que se alegaba la responsabilidad internacional del Estado chileno, por los hechos relacionados con la detención y posterior desaparición del señor Juan Luis Rivera Matus por agentes del Estado, el 6 de noviembre de 1975. En particular, la parte peticionaria indicó que el Estado habría incumplido el deber de reparar adecuadamente el daño causado, debido a que los peticionarios no recibieron una compensación económica, constituyendo una violación a los artículos 1.1, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

El acuerdo incluyó una cláusula de reparación pecuniaria, con la cual se pone fin a la controversia planteada ante la CIDH con respecto a la falta de reparación civil de la familia del señor Juan Luis Rivera Matus en el marco de la petición 1275-04 A, con respecto a lo cual el Estado se comprometió a llevar a cabo ésta reparación en un plazo de seis meses e informar oportunamente a la Comisión sobre su cumplimiento.

La CIDH señala que valora el diálogo colaborativo entre el Estado chileno y la parte peticionaria en las negociaciones bilaterales para el diseño de este acuerdo de solución amistosa, e insta a las autoridades correspondientes a avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas del mismo hasta lograr el cumplimiento total del acuerdo. Asimismo, valora la buena voluntad de la parte peticionaria y su trabajo comprometido en la consecución de un acuerdo que les permita a los familiares de la víctima resolver este caso.

El día sábado 19 de mayo 2012, tal como estaba previsto, se inauguró el anhelado Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Maipú, con la presencia de familiares de las víctimas  a las que se tributa este homenaje, que permanecerá a contar de esta fecha, en un especio físico de la Plaza de Maipú y lo más importante en la memoria  de las generaciones que podrán visitarlo.

El alcalde de Maipú Alberto Undurraga, encabezó esta emotiva ceremonia, junto a la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro, integrantes del concejo municipal de Maipú, otras autoridades políticas,  y religiosas, en un marco de recogimiento y esperanza, que se transmitió en casi todas las intervenciones de los oradores de esta ocasión.

En parte de su intervención el alcalde Undurraga destacó que. “Los 68 maipucinos y maipucinas que hoy homenajeamos, nos dicen que la historia es para homenajear, pero también para aprender porque no podemos repetir nunca más en la historia de Chile los atropellos a los derechos humanos, sobre los cuales también exigimos verdad y justicia”

 “la inauguración del memorial en la Plaza de Maipú tiene un significado especial, pues es el espacio de encuentro ciudadano, entre el pasado y el futuro. “Lo hacemos aquí y no en otro lugar. Este Memorial es más que una obra de infraestructura comunal, es un símbolo que nos recuerda a los de hoy y los de mañana sobre el valor de la vida. Es un recuerdo permanente de cómo debemos construir el futuro de Chile y el de Maipú”.

Al término de la ceremonia consultamos al concejal, profesor Carlos Jara, que fue un tenaz impulsor de esta obra junto a dirigentes y autoridades locales, sus sentimientos al asistir a esta inauguración sabiendo su especial trabajo y sentimientos porque se materializara este homenaje que era una deuda pendiente de Maipú, al respecto el concejal Jara señaló : “ Esta es una obra en la hora presente , para recordar a los  maipucinos y maipucinas, que un día nos dejaron  de una manera cruel e injusta , aquí están sus nombres y en nuestra  conciencia y  corazones debe quedar grabado  un sentimiento profundo por no claudicar jamás en la defensa y el respeto a los derechos humanos” y agregó “ Este memorial es un reencuentro con la memoria  histórica, es nuevamente sentir el dolor tremendo por el sufrimiento de tantos compatriotas, pero es al mismo tiempo mirar hacia el futuro y construir caminos para   entendernos y aprender a valorar las verdades propias y de los demás, a ser tolerantes y evitar los excesos buscando e imponiendo siempre el diálogo por sobre la confrontación y la paz por sobre la violencia”

 El Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Maipú, es una construcción con placas de acero oxidado. Según la propuesta arquitectónica de su autor, el arquitecto Rubén Peralta, las placas están roídas por el tiempo al igual que nuestra historia. Éstas se iluminan desde el interior del Memorial, alumbrando los nombres de los mártires al tiempo que calan la luz por las ranuras, replicando el efecto de las estrellas en el cielo de Maipú.

Máximo tribunal acogió recurso de casación en el fondo fondo presentado por la defensa de los militares retirados condenados por el crimen del ex dirigente comunista.

La Segunda Sala de la Corte Suprema rebajó considerablemente las penas impuestas por el homicidio calificado del dirigente comunista Juan Rivera Matus, desaparecido en noviembre de 1975 por miembros del Comando Conjunto.

El máximo tribunal sentenció al general retirado de la Fuerza Aérea de Chile

(FACH) Enrique Ruiz Bunger y a el comandante (r) de la FACH Arturo Madrid Hayden a las penas de presidio remitido.

Por el mismo delito, el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) Sergio Díaz López, el ex miembro de la DINE, fueron sentenciados a cuatro años de cárcel.

A este último se le otorgó el beneficio de la libertad vigilada, mientras que en el caso de Corbalán la pena deberá ser cumplida de forma efectiva.

En el fallo de segunda instancia, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había condenado a los cuatro ex militares a diez años.

Rivera Matus, de 52 años al momento de su desaparición, estaba casado y tenía siete hijos. Se desempeñaba como técnico electricista en Chilectra, donde además era dirigente sindical.

Fue detenido el 6 de noviembre de 1975, por cinco hombres de civil a la salida de su trabajo.

El caso de Rivera Matus es considerado uno de los más emblemáticos en materia de violaciones a los derechos humanos, pues develó la inexactitud de la información entregada por las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo.

Si bien las ramas castrenses lo incluyeron en un listado de detenidos cuyos cuerpos habían sido arrojados al mar, la jueza Amanda Valdovinos determinó que sus osamentas habían sido enterradas en el fuerte Arteaga del Ejército, en Colina.

Una condena de 600 días de presidio contra el ex jefe del Servicio de Inteligencia de la FACH, general (R) Enrique Ruiz Bunger, como encubridor del secuestro del militante comunista Juan Luis Rivera Matus, en noviembre de 1975, dictó el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard. Si bien la pena se dictó con carácter de “remitida”, vale decir no se cumple en cárcel a cambio de un control periódico de identidad, es la primera vez que un juez sentencia a Ruiz Bunger, uno de los gestores del Comando Conjunto en 1975.

El magistrado también condenó en calidad de autor del mismo delito al ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Alvaro Corbalán. Igualmente, sentenció en calidad de autor al oficial (R) de Ejército Sergio Díaz López a diez años. Como encubridor fue condenado a 600 días de presidio remitido el oficial (R) de la FACH Carlos Madrid Heiden.

Corbalán cumple condena de presidio perpetuo desde hace unos días en la cárcel de Punta Peuco por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, cometido por la CNI y la DINE en 1983 para intentar encubrir el asesinato de líder sindical Tucapel Jiménez. Además, fue dictada en su contra otra sentencia de presidio de diez años por el homicidio de Lisandro Sandoval.

El destino de Rivera Matus adquirió una connotación especial, puesto que fue el primer caso que puso en duda el informe de las Fuerzas Armadas de 2001 sobre el destino final de 200 detenidos desaparecidos como resultado de la mesa de diálogo de derechos humanos.

En marzo de 2001, realizando excavaciones en el Fuerte Arteaga en Colina, producto de información contenida en el mencionado informe, la ministra Amanda Valdovinos encontró un esqueleto completo, que finalmente se comprobó eran los restos de Rivera. Sin embargo, éste apareció en ese informe como lanzado al mar junto con otros 150 prisioneros políticos.

El secuestro y homicidio de Rivera Matus correspondió a una operación mixta entre la DNE, para la cual en 1975 trabajaba Corbalán, y el recién formado Comando Conjunto, uno de cuyos impulsores fue el general Ruiz Bunger.

Rivera, trabajador de Chilectra, fue secuestrado y llevado al Regimiento de Colina de la FACH, lugar donde permaneció unos días. Desde allí fue sacado por Corbalán y Díaz y conducido al interior del entonces recinto militar de Peldehue, donde fue ejecutado. La autopsia realizada a sus osamentas revelaron que el detenido, después de muerto, fue rociado con petróleo y quemado.

Rechazo a amnistía

En 2002 las revelaciones de Otto Trujillo, ‘Colmillo Blanco’, en La Nación Domingo, señalaron un dato hasta entonces escasamente conocido: la colaboración entre la DINE y el Comando Conjunto en 1975 para secuestrar y asesinar a Juan Luis Rivera Matus.

Los antecedentes suministrados por Trujillo fueron claves para la pista que siguió el juez Joaquín Billard. Ésta además continuó la vía abierta por el ministro Alejandro Solís y no aplicó la amnistía a favor de los condenados. Incluso las defensas de los sentenciados alegaron que Juan Luis Rivera Matus ya no era un detenido desaparecido, desde que sus restos fueron hallados en Fuerte Arteaga en 2001. Y que, por lo tanto, la figura del secuestro como delito de carácter permanente para rechazar la amnistía, ya no podía ser invocada.

Pero el juez desechó estos argumentos y dijo que, en ese caso, el delito se siguió cometiendo más allá de marzo de 1978, fecha hasta la que se extiende la amnistía. Pero los argumentos de fondo del magistrado apuntaron a que estos delitos, por ser de lesa humanidad, no son amnistiables.

El titular del Primer Juzgado de Crimen de Santiago con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, Joaquín Billard, condenó a diez años y un día de presidio al ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla por el secuestro calificado y resultado de muerte de Juan Luis Rivera Matus, registrado en diciembre de 1975.

Junto a Corbalán, y por la misma pena, fue condenado el ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Sergio Díaz López.

En tanto, en calidad de encubridores, recibieron sentencias el jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, a 600 días de pena remitida.

La notificación, para el caso de Corbalán, hecha esta mañana en Punta Peuco. Fuentes allegadas al caso, indicaron que el Ejército habría preferido no trasladado hasta el tribunal, a fin de evitar problemas a raíz de sus últimas salidas.

Juan Luis Rivera Matus fue nombrado en el primer informe de la Mesa de Diálogo, como uno de las víctimas de la represión que había sido lanzada al mar, junto a otras 131 personas. Sin embargo, en 2001 sus restos aparecieron en los terrenos del Fuerte “Justo Arteaga Cuevas”, en Peldehue. Para muchos, este dato echó por el suelo la credibilidad de esta instancia.

Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente.

El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuestas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada, luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente.

Otros casos

Pero ésta no fue la única sentencia dictada por el magistrado. También condenó al ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena, por el delito de secuestro calificado en la persona de Jorge Espinoza Méndez, apodado “Abel” o “Juancho”, cuyos últimos rastros se tienen del 18 de junio de 1974.

Según el informe Rettig, Espinoza Méndez fue sido visto por testigos en el recinto de detención de Londres 38 y desapareció en poder de la DINA, sin que se hayan vuelto a tener noticias de él.

El magistrado también condenó a los ex agentes de la DINA Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata y Osvaldo Romo a diez años y un día por el delito de secuestro calificado en contra de los ex militantes del MIR Elsa Leuthner, María González, Hernán González y Ricardo Troncoso Muñoz.

El caso de Troncoso Muñoz es particular. Antes de su detención, había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973, hasta el 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgársele salvoconducto. Quince días después fue detenido por agentes de la DINA.

El magistrado aún investiga el caso de Juan Suil Faúndez, quien fue hecho desaparecer por agentes de la SIFA, a mediados de los setenta. Las otras dos causas que tenía el magistrado, una de ellas por la Operación Colombo, se adjuntaron al expediente que sustancia el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.

Con las condenas en estos tres casos, se abre el camino a que la Corte Suprema unifique el criterio respecto a la aplicación de la ley de Amnistía. En 1997, cambió el criterio de fallo de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal, donde se modificó la aplicación de ese cuerpo legal y se instauró la teoría del secuestro permanente.

Los primeros autos de procesamiento por la muerte y desaparición de Juan Luis Rivera Matus fueron dictados hoy por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard.

El magistrado encausó a Alvaro Corbalán Castilla, quien integró el Comando Conjunto; al general (R) de la Fuerza Aérea Enrique Ruiz Bunger, Arturo Madrid, también integrante de esa entidad represiva, y Sergio López Díaz, ex miembro del DINE, por el delito de secuestro calificado.

Ruiz Bunger había sido también sometido a proceso por el juez Mario Carroza la semana pasada, como autor del delito de secuestro calificado de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel Navarrete, quienes figuran como desaparecidos, y de cuatro personas sobrevivientes. Carroza también pesquisa las implicaciones de la supuesta rearticulación del Comando Conjunto denunciada recientemente por el ex agente Otto Trujillo.

Díaz López, en tanto, es un ex efectivo del Ejército que formó parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Hasta antes de la declaración del ex agente del Comando Conjunto Andrés Valenzuela -alias Papudo-, hecha en Francia en enero de este año, existía el antecedente que Rivera Matus había estado detenido en el recinto militar de Colina, donde operaba ese organismo represor. El indicio señalaba que el detenido había sido retirado por el DINE luego de ser muerto.
Sin embargo, el testimonio de Papudo permitió acreditar que el encargado de retirar al dirigente de Chilectra de esa repartición castrense fue Corbalán, quien fue acompañado por López.
La investigación en el caso Rivera Matus ha avanzado constatando que su muerte resulta un caso distinto al de otros crímentes ocurridos durante el régimen militar, pues no se puede adjudicar a un grupo represivo determinado sino más bien a personas que aisladamente habrían concretado el delito.

Debido a que durante casi 27 años nunca fue dictada una encargatoria de reo en esta causa, la Corte Suprema, en última instancia, no podría tampoco referirse al principio de cosa juzgada.

Dudas sobre la mesa
El nombre de Juan Luis Rivera Matus apareció en el informe entregado por las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo, en el que se indicaba que sus restos habían sido arrojados al mar. Sin embargo, y como parte de la búsqueda de otros detenidos desaparecidos sustanciada por la ministra Amanda Valdovinos, sus restos fueron encontrados en el fuerte del Ejército Justo Arteaga, en Colina.

El hallazgo fue una de las primeras y dramáticas alertas sobre dudas e imprecisiones en las informaciones recopiladas por las FFAA en esa instancia.
Los restos del dirigente sindical fueron entregados a sus familiares en mayo del año pasado: mostraban indicios de haber sido quemados luego de la muerte, según informaron peritos del Servicio Médico Legal (SML).

Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente.

El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuerstas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente

Las pruebas fehacientes que se ciernen sobre el mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla cuando se desempeñaba en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) han elevado más las presunciones de los querellantes por el homicidio del ex dirigente comunista Juan Luis Rivera Matus. El juez instructor del caso, Joaquín Billard, centra ahora sus esfuerzos por establecer los nexos que existieron en el trabajo que realizó el Comando Conjunto y la DINE. Para estos efectos, es clave el testimonio de un agente cuya chapa "Ramírez" aún no ha sido identificada por el magistrado.

El Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones intensifica su labor para dar con el paradero del ex agente, que según fuentes ligadas al proceso, acompañaba a Corbalán en su auto Chevrolet Chevette cuando arribó a la base aérea de Colina -conocida como Remo Cero- el día en que se perdió el rastro de Rivera Matus.

Aunque Corbalán ha negado que estuvo en la fecha que acaeció el crimen, lo cierto es que además del testimonio del ex agente Andrés Valenzuela Morales, conocido como El Papudo, existen testimonios que dan cuenta de la llegada de un alto efectivo del DINE al recinto.

Los testigos afirman que vieron a dos efectivos del DINE que no habían visitado antes Remo Cero y uno de ellos, el de más alto rango, pidió ver a un grupo de detenidos. Intempestivamente -aseguran estos informes- observaron cómo se golpeaba con inusitada violencia a Rivera Matus. Mientras ello sucedía, otro grupo de detenidos era sacado del recinto castrense en una camioneta con rumbo, según se supo años más tarde, al Fuerte Arteaga, Quebrada Rincón de los Ratones. Rivera Matus fue trasladado instantes después en el mismo auto Chevrolet hacia el mismo Fuerte, pero su cuerpo fue enterrado en una fosa distinta.

Por la semejanza en el hallazgo de los cuerpos de los primeros detenidos, entre los que se encontraba Ricardo Weibel, se estima que actuó el mismo grupo en la inhumación ilegal. Los efectivos procedieron en primer lugar a rematar los cuerpos, en el supuesto que alguien estuviera con vida, y luego los depositaron en una fosa sobre la cual vertieron combustible para quemar los cadáveres.

Aunque en este punto del crimen ya no se menciona la presencia del DINE, los querellantes sostienen que existen antecedentes de peso a la hora de establecer la responsabilidad de Corbalán en la primera golpiza de Rivera Matus, en donde se le habría dado muerte.

Un nuevo informe del Ejército indica claramente que el mayor en retiro efectivamente se desempeñaba en el DINE en la fecha del crimen, dato que confirma las sospechas de los querellantes.

Operación Colombo

En una línea paralela, Billard avanza en definir cómo se reagruparán las causas de la denominada Operación Colombo o caso de los 119, que por decisión de los jueces especiales quedará en sus manos.

Cumpliendo con lo estipulado en el nombramiento de los últimos jueces exclusivos, aquellos designados por la Corte de Apelaciones de Santiago, el grupo de magistrados especiales, incluyendo los primeros nombrados por la Corte Suprema, han sostenido encuentros en que se han dividido los procesos, logrando el tan ansiado ordenamiento de las causas según el organismo de inteligencia que operó y la fecha en que acaeció el crimen.

En el caso de Billard, junto con los procesos de la DINE, como Rivera Matus, en estos días revisa también los casos sobre la Operación Colombo junto al ministro de fuero Juan Guzmán Tapia y el juez exclusivo Mario Carroza, titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. Este último ha participado en casi todos los encuentros de organización de los jueces, pues es el más entusiasta en separar las causas de acuerdo a los episodios que correspondan.

En las conversaciones de Billard con Guzmán se ha definido -aseguran fuentes judiciales- criterios para establecer el traspaso de causas, sin embargo, de acuerdo a otras informaciones es difícil que el ministro de Corte opte por dejar abandonado sus casos y, en cambio, es más probable que ayude a Billard en la búsqueda de expedientes archivados para reabrirlos y avanzar en un proceso paralelo

Esta noche viajarán a Chile los familiares de Juan Luis Rivera Matus, cuyos restos aparecieron en el Fuerte Arteaga, para sepultar definitivamente el cuerpo de este ex trabajador de Chilectra que figuraba como lanzado al mar, “a 40 millas de la costa”, en el informe del Ejército ante la mesa de diálogo.

Cuatro de sus siete hijos residen como refugiados en Francia, desde donde retornarán a Santiago por algunos días para sepultar a su padre, detenido según testigos en la esquina de San Antonio y Santo Domingo en Santiago cuando tenía 52 años de edad. Patricio Rivera, uno de los hijos, señaló que “es como una especie de revoltijo entre alegría, pena y esperanza. Son como dos sufrimientos en pocos días. “A mi padre lo han enterrado tres veces: primero los asesinos, luego en el mar y ahora espero que sea la definitiva”. Hace dos meses habían viajado a San Antonio para realizar un funeral simbólico de su padre cuando se informó que éste había sido lanzado al mar. En Francia viven los hijos Patricio, Jovina, Cecilia y María Angélica, mientras que están en Chile Gaby, Olga y Juan Carlos. Según Patricio Rivera la embajada chilena en París los ha acogido muy bien, especialmente el embajador Marcelo Schilling, “quien nos ha brindado todo su apoyo y solidaridad. También hemos recibido una carta del presidente Ricardo Lagos a quien agradecemos publicamente su invitación para asistir al funeral de nuestro padre. Para nosotros es un gesto noble y humanitario y solidario hacia nuestra familia”, agregó. El cuerpo de Juan Rivera Matus serán llevado al memorial del detenido desaparecido en el Cementerio General de Santiago la próxima semana.

La credibilidad de los datos que aportaron las entidades militares a la Mesa de Diálogo pasa por su momento más crítico, ya que hoy se confirmó oficialmente que uno de los restos óseos encontrados en el Fuerte Arteaga del Ejército, en Colina, corresponde al dirigente sindical de Chilectra Juan Rivera Matus. Además de desmentir el informe castrense -según el cual Rivera Matus había sido lanzado al mar frente a las costas de San Antonio-, esto abre una nueva brecha de incertidumbre para los demás familiares cuyos deudos aparecen como arrojados al océano por los militares durante el régimen de Pinochet.

Tras ser informada esta mañana por la jueza Amanda Valdovinos en el Palacio de los Tribunales, la familia del dirigente asesinado calificó dicha información como "falsa" y una "mentira" por la cual las FF.AA. deberán responder al país.

"Con dolor y comprensión exigimos verdad y justicia y que se esclarezca cómo fue detenido y en qué condiciones fue muerto nuestro padre", dijo Gabriela Rivera Sánchez, hija de Rivera Matus

Jueza: "Hay una confusión" de antecedentes
En tanto, Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, manifestó que la identificación del dirigente proporciona "antecedentes que vienen a descalificar la información entregada por las Fuerzas Armadas".
Sin embargo, la jueza Valdovinos recordó hoy que los institutos armados recolectaron datos para ayudar a ubicar a detenidos desaparecidos, pero "la tarea de corroboración siempre le ha correspondido a los tribunales de justicia".

Según la magistrada, en el caso del sindicalista Rivera "hay una confusión" de antecedentes originada por quienes los proporcionaron originalmente y que sirvieron para elaborar el informe del Ejército sobre detenidos desaparecidos.
"Nada que decir"

"El Ejército pidió información, la recibió y la entregó", agregaron las fuentes, insistiendo que el Ejército "ya no tiene nada que decir".

Diferente es la opinión de Pamela Pereira, hija de un detenido desaparecido y vicepresidenta del Partido Socialista, quien rechazó las declaraciones de voceros militares. La dirigenta -que integró la Mesa de Diálogo- dijo que las Fuerzas Armadas "están en condiciones de hacer más esfuerzos, aún cuando digan que no con la pretensión de sacudirse este tema".

Los restos de un dirigente comunista chileno, asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que supuestamente habían sido arrojados al mar, fueron sepultados finalmente el sábado en un cementerio de la capital.

Familiares y amigos del dirigente sindical Juan Rivera Matus marcharon desde la sede del Partido Comunista hasta el memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Cementerio General, en la zona norte de Santiago.

"Con su hallazgo (Juan Rivera) se ratifica que en Chile se mintió y algunos mienten hasta hoy o entregan información maliciosamente falsa. Exigimos ahora que se diga toda la verdad. Existe y es posible conocerla", dijo Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El Tribunal declaró la responsabilidad de la Corte Suprema por la violación a los derechos de garantías judiciales, así como de la protección judicial en los casos de 44 detenidos desaparecidos y cinco ejecutados políticos.

En el marco del caso Vega González y otros Vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación, entre otros, a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de 49 víctimas -entre ellas, el periodista José “Pepe” Carrasco-, y al derecho a la integridad personal de 99 familiares.

De acuerdo al comunicado emitido por el tribunal internacional, el caso trata sobre los hechos relativos a una serie de decisiones judiciales dictadas entre los años 2007 y 2010, en las cuales la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, interviniendo como tribunal de casación penal, aplicó la media prescripción como parte de un proceso de revisión a sentencias condenatorias de personas que habrían sido encontradas responsables de hechos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial ocurridos durante la dictadura civil-militar.

“Como consecuencia de estas decisiones de casación se redujo sustantivamente las penas impuestas a los responsables. Chile realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional en el presente caso y aceptó la incompatibilidad de esta figura con sus obligaciones convencionales”, dice el texto.

La media prescripción está prevista en el artículo 103 del Código Penal chileno, y contempla la reducción de la condena a prisión que se le impone a un responsable de un delito en los casos en que éste se presente o sea puesto a la orden del tribunal, luego de haber transcurrido la mitad o más de la mitad del tiempo asignado para la prescripción de la acción penal o de la pena.

Según el criterio de la Corte, ello es contrario a las obligaciones del Estado en materia de investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos debido a lo siguiente:

• Genera una atenuación a la dosificación punitiva que puede causar que la condena se vuelva irrisoria, haciendo en casos que la condena impuesta termine siendo inferior al mínimo establecido para ciertos delitos.
• Atenta contra el principio de efectiva administración de justicia y sanción a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, generando impunidad.
• Afecta la proporcionalidad que debe regir al momento de determinar sanciones en casos de graves violaciones a derechos humanos. La Corte determinó que, en el caso concreto, la norma fue aplicada y permitió la reducción sustantiva de las penas impuestas a los responsables de los hechos relativos a la desaparición forzada de 44 víctimas y la ejecución extrajudicial de 5 víctimas, y actuó como factor de impunidad, incompatible con las obligaciones del Estado de investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad.

La Corte también encontró que se había violado el derecho a las garantías judiciales de 98 familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas, al no permitir su participación en todas las etapas del proceso, particularmente al no dejárseles intervenir en la etapa de casación ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, instancia en la que se aplicó la media prescripción.

De igual forma, la Corte concluyó que el Estado violó el derecho de integridad personal de 99 familiares de dichas personas desaparecidas y ejecutadas debido a la incertidumbre, sufrimiento y angustia que les produjo las conductas estatales violatorias examinadas en la Sentencia.

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación:

• Revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción.
• Adecuar su ordenamiento jurídico interno a efectos de que la figura de la media prescripción no sea aplicable bajo ningún término a delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, y que hasta que no se haga dicha modificación deberá aplicar control de convencionalidad.
• Brindar el tratamiento psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, o en su caso pagar un monto establecido de manera subsidiaria.
• Realizar las publicaciones y difusiones de esta Sentencia y su resumen oficial.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
• Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por reintegro de costas y gastos.

Cabe mencionar que entre los casos en los que se condenó por la violación de dichas garantías se encuentra el Juan Luis Rivera Matus, Felipe Segundo Rivera Gajardo, Gastón Fernando Vidaurrázaga Manríquez, José Humberto Carrasco Tapia y Abraham Muskatblit Eidelstein, entre varios otros, quienes fueron víctimas de ejecución extrajudicial y de violación a la integridad personal de sus familiares.