Ramirez Herrera Ricardo Ignacio

Ricardo Ignacio RAMIREZ HERRERA

El 16 de mayo de 1977 fue arrestado en Buenos Aires el estudiante chileno-suizo, Alexei Vladimir JACCARD SIEGLER, quien había llegado a ese país el día anterior, en escala del viaje que debía continuar hacia Chile el día siguiente.

Según antecedentes proporcionados a la Comisión, Alexei Jaccard traía consigo dinero que debía ingresar a Chile.

En el mismo operativo fueron detenidos Ricardo Ignacio RAMIREZ HERRERA, encargado de organización y finanzas del Partido Comunista de Chile en Buenos Aires, y Héctor Heraldo VELASQUEZ MARDONES, también militante comunista chileno. Los agentes chilenos y argentinos capturaron en un mismo día a los tres ciudadanos chilenos y a cinco argentinos miembros del Comité de Solidaridad con Chile en Argentina, los que albergaban a los detenidos. Los ocho están hasta hoy desaparecidos.

La Comisión pudo llegar a la convicción de que Alexei Jaccard había sido detenido en la vía pública y trasladado a un recinto de la Policía Federal argentina donde fue interrogado y luego transferido a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires.

El rol esencialmente activo que jugaron la DINA y el Gobierno de Chile en este caso comienza con el triple arresto ilegal en territorio extranjero bajo la complicidad de los servicios de seguridad argentinos, y termina con la entrega de falsa información a los diplomáticos suizos abocados a la búsqueda de un nacional helvético.

En cuanto a Ricardo Ramírez, la Policía Internacional de Chile informó falsamente al Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino sobre los supuestos viajes de la víctima, en los años 1977 a 1983. Tal información había sido solicitada a dicha repartición por los Tribunales de la República Argentina. Otro informe enviado por la Policía a esta Comisión, concordante con los hechos reales, muestra que la víctima solo viajó desde Santiago a Alemania en marzo de 1976, fecha en que logró salir en calidad de exiliado político para radicarse en Hungría.

A la luz de estos y otros antecedentes se logró establecer que posteriormente a la triple detención en Buenos Aires de los militantes comunistas chilenos, los organismos de seguridad chilenos y argentinos desplegaron un arsenal de falsos documentos e informaciones para encubrirse mutuamente frente a la presión del Gobierno helvético quién insistía en conocer lo sucedido a un nacional en tránsito.

Por lo tanto la Comisión consideró que Ricardo Ramírez y Héctor Velásquez, al igual que Alexei Jaccard, son víctimas de violaciones a los derechos humanos, en las que agentes del Estado de Chile tuvieron participación, en un país extranjero.

Calderón Carreño hizo un curso de enfermería en 1972 y fue destinada en septiembre de 1973 al campo de prisioneros de Tejas Verdes. Formó parte de la DINA desde su inicio, donde prestó funciones en la siniestra Clínica Santa Lucia, que era un centro de tortura ubicado en el centro de Santiago.

El ministro en vista para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó este viernes a 20 ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio calificado de víctimas de la acción coordinada de servicios de inteligencia sudamericanos en la década del ‘70, conocida como Operación Cóndor.

Entre los condenados se encuentra Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, quien deberá cumplir 10 años y un día de presidio, en calidad de autora de los delitos reiterados de secuestro calificado de Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autora de los homicidios calificados de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

De acuerdo al sitio web www.memoriaviva.com, la oficial del Ejército, quien hizo un curso de enfermería en 1972, fue destinada en septiembre de 1973 al campo de prisioneros de Tejas Verdes, que funcionaba al interior del Regimiento N°2 de Ingenieros, comandado por el entonces coronel de Ejército Manuel «Mamo» Contreras Sepúlveda. En ese lugar trabajaba bajo las ordenes del médico Vitorio Orvieto Tiplizki, supuestamente para la «atención de los prisioneros».

«El Ángel del Cianuro», como se le conocía a Calderón, formó parte de la DINA desde su inicio, siendo integrada al departamento de Sanidad de este organismo y cumpliendo funciones inicialmente en la Clínica Santa Lucia, que era un centro de tortura bajo control médico y estaba ubicado en Santa Lucia 162.

Se presume además que está involucrada directamente  en la muerte del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín, hecho por el cual también Gladys Calderón Carreño ha sido procesada.

Gladys Calderón Carreño también cumplió roles como agente operativa y se ha acreditado su participación junto a Elisa del Carmen Magna Astudillo en el operativo de «Calle Conferencia» (la Ratonera) y en la detención del dirigente máximo del PC Víctor Manuel Díaz López, en mayo de 1976 en Las Condes.

Los condenados

En el fallo, el ministro Carroza también condenó a los agentes Cristoph Georg Willeke Floel y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a 17 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito reiterado de secuestro calificado de: Jorge Isaac Fuentes Alarcón, Julio del Tránsito Valladares Caroca, Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez, Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autores del delito de homicidio calificado de: Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

En el aspecto civil, el ministro en visita acogió las demandas presentadas por familiares de las víctimas, condenando al Estado de Chile a pagar indemnizaciones por concepto daño moral de entre $20.000.000 y $90.000.000 (veinte y noventa millones de pesos). Asimismo, acogió una serie de medidas de reparación solicitada por familiares de Jaccard Siegler.

Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnick y la esposa de este último, Matilde Pessa Mois: los tres estaban en la lista de 25 personas por las que el juez Juan Guzmán le preguntó al general (r) Augusto Pinochet el sábado 25 de septiembre de 2004. Hacía sólo dos meses que la Corte de Apelaciones de Santiago había desaforado al ex dictador por su responsabilidad en la Operación Cóndor, un plan internacional de cooperación y acción conjunta que implementaron en las décadas del ‘70 y ‘80 los regímenes dictatoriales del Cono Sur para identificar, vigilar, capturar, secuestrar, torturar, eliminar y hacer desaparecer a opositores políticos, los llamados “subversivos”. Era en el contexto de esa investigación judicial que Guzmán interrogaba a Pinochet. El acta de esa declaración que duró apenas 25 minutos y que tres días después publicó El Mercurio, da cuenta de que Pinochet aseguraba no recordar nada de ese plan, que era una cosa de inteligencia, y por lo tanto, de mandos medios, y que “ni Cóndor ni nada de eso era problema mío”.

Sobre los muertos y desaparecidos que dejó ese plan de exterminio, afirmó:

-Yo era Presidente, no me iban a informar de cosas chicas.

Manuel Contreras y Augusto Pinochet

Guzmán le volvió a preguntar: “¿Dio órdenes relacionadas con la detención, interrogación, tortura, traslado o desaparición forzada de las siguientes personas?”, y leyó uno a uno los 25 nombres de una lista de víctimas chilenas de la Operación Cóndor. Allí estaban Ricardo Ramírez y el matrimonio Stoulman-Pessa. El primero era comunista y estaba encargado de la organización y las finanzas del partido en la clandestinidad. Los otros dos no tenían militancia política, pero supuestamente habrían sido parte de un plan para ingresar al país fondos para la disidencia a la dictadura. Los tres fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, en distintas fechas de mayo de 1977. Ramírez cayó primero, secuestrado el día 16 junto a otros dos chilenos y cinco argentinos. Trece días después, el 29, Jacobo Stoulman y Matilde Pessa llegaron a esa ciudad y apenas bajaron del avión fueron detenidos. Simplemente se esfumaron: a los tres los hicieron desaparecer. Sobre ellos, Pinochet dijo:

-Yo estaba arriba. No daba órdenes relacionadas con las personas mencionadas. No conozco a ninguna de esas personas por las cuales se me pregunta.

Pasó el tiempo. Pinochet murió en diciembre de 2006, en su casa y sin condena. De los desaparecidos, hubo versiones sobre su destino, pero no noticias. Aunque eso cambió hace sólo unas semanas.

El 18 de mayo de 2015, a 38 años de que Ramírez desapareciera en Argentina, Valentina, su hija, recibió un llamado desde la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza. Su padre había sido identificado. O al menos, lo que quedó de él. Se trataba de pequeños fragmentos de huesos que fueron encontrados en 2001 en la Cuesta Barriga, en Talagante. En la misma fosa había también parte de los restos de Jacobo Stoulman y Matilde Pessa. Sus hijas igualmente recibieron la llamada de Carroza.

-No nos dijeron nada por teléfono, pero nos citaron a la oficina del ministro. Estábamos con mis dos hermanas cuando nos dio la noticia: “Van a poder enterrar a sus papás”, nos dijo el juez Carroza. Nos miramos y no sabíamos qué decir. Nos quedamos mudas –cuenta Alejandra Stoulman, quien tenía 15 años cuando sus padres desaparecieron.

La identificación de Ramírez y los Stoulman-Pessa es clave para comprobar la verosimilitud del macabro relato que en 2007 hicieron a la justicia tres agentes de la DINA que operaron en el cuartel Simón Bolívar, en La Reina. Antes de que estos últimos hablaran, al menos respecto a Ramírez y las otras dos personas que fueron secuestradas con él el lunes 16 de mayo de 1977, la versión que entregaba el jefe del órgano represivo de la dictadura, el general (r) Manuel Contreras, era que habían sido arrestados por la inteligencia argentina y que los habían hecho desaparecer arrojando sus cuerpos al Río de La Plata (ver reportaje en La Nación).

Los agentes desmintieron a su antiguo mandamás y, revelaron una historia completamente distinta, pero que igual terminaba en muerte: una vez secuestrados en Buenos Aires, Ramírez y sus dos compañeros fueron traídos a Chile de forma encubierta para luego ir a parar al centro de torturas que operaba la Brigada Lautaro, uno de los grupos más sanguinarios de la DINA. Que allí los torturaron y los eliminaron con gas sarín. Que los enterraron en una fosa en Peldehue y que dos años después, en 1978, exhumaron sus cuerpos con una retroexcavadora y los llevaron a la Cuesta Barriga, en medio de la llamada Operación Retiro de Televisores.

De los Stoulman-Pessa era poco lo que se sabía: sólo que habían desaparecido en Buenos Aires. Pero la reciente y sorpresiva identificación de sus restos arma un relato diferente: el de una ruta que los trajo de vuelta a Chile y que terminó con un entierro ilegal en el mismo punto que Ramírez y sus compañeros. A la vez que se empieza a cerrar un capítulo para las familias, se abre uno completamente nuevo para la investigación que lleva el ministro Carroza; uno que confirma que hubo traslado e intercambio de detenidos entre los órganos represivos de las dictaduras que integraron la Operación Cóndor, para luego hacerlos desaparecer.

EL SECUESTRO DE LOS FINANCISTAS

La historia de los últimos días de Ricardo Ramírez Herrera y el matrimonio de Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, parte en el aeropuerto de Ezeiza, con Alexei Vladimir Jaccard Siegler y su fallido viaje a Chile. Él era estudiante, tenía 20 años y desde el ’73 estaba exiliado en Suiza. Aunque era chileno, también tenía la nacionalidad de ese país. Allí se había casado hacía un año, en 1976, con Paulina Veloso Valenzuela, quien mucho después, ya en democracia y durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se convertiría en ministra secretaria general de la Presidencia y luego en integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Jaccard militaba en el Partido Comunista (PC) y tenía por esos días una importante y peligrosa misión: volar de Suiza a Santiago con US$ 20.000 en efectivo en un maletín que debía entregar a los dirigentes del partido. Como no había vuelos directos, debía sí o sí pasar por Buenos Aires y allí coordinar el resto del viaje. Aterrizó el domingo 15 de mayo de 1977. Fue con su llegada que el operativo conjunto de la DINA con la Policía Federal Argentina se activó.

19 personas caerían durante esos días en las garras de la Operación Cóndor a ambos lados de la Cordillera de Los Andes. Siete chilenos, doce argentinos. Sólo hubo tres sobrevivientes.

Los agentes no se dejaron caer de inmediato, sino que dejaron actuar a Jaccard. Sus contactos en Argentina eran otros dos chilenos: Ricardo Ramírez, que había llegado hacía poco desde Hungría para hacerse cargo de la organización y las finanzas del PC en Buenos Aires, y el también comunista Héctor Velásquez Mardones. Contaban también con el apoyo de un grupo de argentinos miembros del Comité de Solidaridad con Chile en Argentina. Todos sus pasos eran monitoreados.

Un día después, el lunes 16 de mayo, todo el plan para financiar al PC se vino abajo. Los tres chilenos fueron emboscados por la Policía Federal en plena Avenida 9 de julio, afuera del céntrico Hotel Bristol de Buenos Aires. Esa misma jornada, fueron secuestrados cinco de sus colaboradores argentinos. Los ocho desaparecieron. El dinero también.

Como Jaccard además era suizo, la embajada de ese país en Argentina solicitó la apertura de una investigación para dar con el paradero de su ciudadano desaparecido. Vino entonces otra etapa del operativo Cóndor: el montaje. Un reportaje publicado en Infojus señala que la policía argentina informó a la justicia que el viaje de Jaccard a Chile sí se concretó y que el 26 de mayo de 1977, doce días después de su secuestro, cruzó la cordillera en el vuelo N°630 de la empresa Varig, con pasaporte argentino. Por su parte, la Policía Internacional de Chile entregó reportes sobre supuestos viajes que Ricardo Ramírez habría realizado entre 1977 y 1983. Pero todo era mentira. Un engañó que ya la DINA y la dictadura de Pinochet ya habían hecho anteriormente con las víctimas de la llamada Operación Colombo, al hacer aparecer a 119 chilenos ejecutados y hechos desaparecer en Chile, como “asesinados por sus propios compañeros en el exterior”.

Los antecedentes que recopiló la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para elaborar en 1992 el Informe Rettig, permitieron armar una primera hoja de ruta de lo que realmente pasó con Jaccard, Ramírez, Velásquez y sus socios argentinos. Tras su detención en las afueras del hotel, habrían sido llevados a un recinto de la Policía Federal y luego a la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, que por entonces, era uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes y activos de Argentina y de toda Sudamérica. Al menos 5.000 personas fueron llevadas hasta ese recinto bonaerense para luego hacerlas desaparecer.

Dice el informe: “A la luz de estos y otros antecedentes se logró establecer que posteriormente a la triple detención en Buenos Aires de los militantes comunistas chilenos, los organismos de seguridad chilenos y argentinos desplegaron un arsenal de falsos documentos e informaciones para encubrirse mutuamente frente a la presión del Gobierno helvético que insistía en conocer lo sucedido a un nacional en tránsito”.

Los represores aún no anulaban a toda la red de financiamiento del PC. Ruiter Correa Arce era un comunista de 61 años que tenía esposa, tres hijos y un kiosco de diarios en Santiago que servía de buzón para el intercambio entre la dirigencia externa e interna del partido. Así también consta en el Informe Rettig. Él habría participado en la coordinación del plan para ingresar el dinero al país. El 27 de mayo del‘77, a doce días del secuestro de Jaccard, Ramírez y Velásquez en Argentina, Ruiter Correa se esfumó mientras iba a almorzar. Su cadáver apareció al día siguiente en el lecho del río Mapocho.

En la lista de la DINA quedaban sólo dos personas por eliminar: Hernán Soto Gálvez, el “enlace financiero” del PC entre Argentina y Chile, y el empresario de origen judío Jacobo Stoulman Bortnick. Soto era un blanco fácil, y así quedó de manifiesto cuando a comienzos de junio de ese año lo secuestraron en San Miguel y lo hicieron desaparecer. De él no se supo más hasta que fue identificado en 2012 entre los restos encontrados en la Cuesta Barriga. Con Stoulman era distinto: a través de su empresa Cambios Andes, se había convertido en un prominente hombre de negocios en Santiago, especialmente en el circuito de inversionistas judíos. Hacerlo desaparecer en Chile era arriesgado. Hacerlo en Argentina, cuando viajara con su esposa, fue la opción.  ( extracto)

La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, instó hoy en el Memorial del Detenido Desaparecido del  Cementerio General a que las “autoridades, de una vez por todas dejen de desentenderse del tema del terrorismo de Estado y las violaciones de los derechos humanos”.

Estas palabras las pronunció en la ceremonia de traslado de los restos del militante comunista Ricardo Ramírez Herrera al Memorial del Detenido Desaparecido.

“No queremos más palabras que son un mero compromiso público. No queremos más que digan que para ellos es un tema importante y en la práctica sigan desentendiéndose, como cuando el 21 de mayo la Armada sale con medallas que recuerdan el 11 de septiembre y no dicen nada” y exigió que el “Gobierno de una vez por todas avance en verdad y justicia y, termine esta vergonzosa impunidad”, en el homenaje a Ricardo Ramírez Herrera.

La víctima, a la cual se trasladó al memorial, fue detenido en 1977 en Buenos Aires por organismos de inteligencia de Chile y Argentina, trasladado a Chile en el marco de la Opéración Cóndor, asesinado en el Cuartel Simón Bolívar, luego enterrado ilegalmente en Cuesta Barriga, para posteriormente, en la llamada Operación Retiro de Televisores, hacer desaparecer su cuerpo. Ramírez estaba a cargo de la organización y las finanzas del PC en Buenos Aires, recursos que se enviaban a Chile.  

El Servicio Médico Legal identificó los restos de dos vértebras, las cuales fueron entregadas este sábado a sus familiares, quienes lo velaron en la casa que fue su hogar en la comuna de Ñuñoa, para luego trasladarlo al Cementerio General.

En ese marco, Lorena Pizarro demandó al Poder Judicial que “empiece a juzgar también a civiles responsables del golpe, a lo menos a todos aquellos que ocuparon cargos de ministros y subsecretarios, cómplices del genocidio”.

Solicitó a los jueces que terminen de “repetir siempre los mismos nombres de los agentes, no fueron 70 criminales los que sostuvieron el terrorismo de Estado durante 17 años, queremos que vayan a cárceles comunes, que empiecen a recibir condenas acordes con el delito”.

Asimismo pidió que “se empiece de una vez por todas a depurar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile (…) y queremos que al Parlamento, de una vez por todas se envíen proyectos con suma urgencia y se aprueben todas las iniciativas que impidan la impunidad y aseguren la verdad y la justicia”.

“Ya no aceptamos más esta falta de voluntad política que a veces se asemeja a la cobardía. No lo aceptamos más porque la gesta de nuestros compañeros y compañeras detenidos y detenidas desaparecidas  es inmensa”, planteó. 

A la ceremonia asistió el Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien señaló posteriormente, en declaraciones a www.villagrimaldi.cl, que “no sólo el Gobierno, toda la sociedad chilena está al debe (…) Nosotros hemos conversado en repetidas oportunidades con representantes del Ejecutivo como Partido Comunista para solicitar una postura más decidida respecto al tema. Creemos que todavía hay mucho por hacer, quedan muchas verdades que están ocultas en algún lugar, hay explicaciones que deben las Fuerzas Armadas, que deben los civiles que participaron”.

También se refirió a las demandas de los ex presos políticos que permanecieron en huelga de hambre durante más de 45 días. “Hemos apoyado en todo lo que hemos podido sus solicitudes, las compartimos absolutamente y nos parece que las reparaciones que se han entregado a los ex presos y los torturados están por debajo de lo que debiera ser una reparación digna. Son personas que lo han sufrido todo. Yo lo conozco por dentro, fui intensamente torturado, sé todo lo que se pierde como persona, después es muy difícil recuperarse y hay algunos que no se han recuperado nunca”.

El féretro con los restos de  Ricardo Ramírez Herrera fue recibido al ingreso al memorial con pétalos de rosas rojas por un grupo de niños de la familia.

A la ceremonia fúnebre asistió el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien expresó sentidas palabras en homenaje al ex alumno de la casa de Bello. Asimismo, estaba presente la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, el Director del Instituto Médico Legal, Patricio Bustos, el alcalde de Recoleta Daniel Jadué, la Premio Nacional de Derechos Humanos Viviana Díaz, la ex ministra Paulina Veloso, Carmen Hertz, María Luisa Ortiz del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior Hugo Pávez. En la oportunidad, se leyó un saludo del directorio y los trabajadores de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Se leyeron cartas de la víctima que envió mientras estaba en el extranjero, luego de verse forzado a huir el año 1976. Se bailó la “Cueca Sola”, tema emblemático de la  Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el cual comenzó a bailarse durante la dictadura para simbolizar la ausencia de sus seres queridos.

Con emoción su familia, sus ex compañeros de partido y amigos acompañaron finalmente el féretro para dejarlo en el Memorial del Detenido Desaparecido, mientras se escuchaba la Internacional Comunista.