Quiroz Pezoa Laureano del Carmen

Rut                   :            4.570.88-6

F.Nacim.            :            20-10-30, 42 años a la fecha de la detención

Domicilio            :            Asentamiento 24 de Abril. Paine

E.Civil              :            Casado

Actividad            :            Obrero Agrícola

C.Repres                . : Miembro de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP). Sin militancia política conocida.

F.Detenc.            :            16 de octubre de 1973

SITUACION REPRESIVA

            Laureano del Carmen Quiroz Pezoa 42 años, casado, sin hijos, obrero agrícola, domiciliado en el Asentamiento 24 de Abril, fue detenido el día 16 de octubre de 1973 a las 03:30 horas de la madrugada en su domicilio y en presencia de su esposa y los hijos de ésta. La detención fue efectuada por Militares armados que vestían con ropas de campaña y cuyos rostros estaban tiznados. Ingresaron al hogar tras haber gritado a viva voz que se les abriera la puerta pues eran "militares". A Laureano se le recomendó llevar ropa gruesa en tanto que su carnet de identidad quedaba en manos de sus aprehensores. No se les dijo el motivo de la detención ni cual sería su destino próximo. Sus aprehensores se retiraron de este hogar llevándose consigo a Quiroz Pezoa y sin haber acreditado tener facultades para proceder en la forma que lo hicieron. Laureano del Carmen Quiroz Pezoa a partir del día 16 de octubre es un detenido desaparecido.

            Esa noche y la madrugada, en un vasto operativo efectuado por Militares bajo las órdenes del Teniente de Ejército Andrés Magaña, se detuvo a 22 personas en sus domicilios; en ninguno de los casos se contó con la autorización correspondiente para allanar y detener.

            Los efectivos Militares vestían trajes de campaña o bien uniformes de color gris y sobre éstos una capa del mismo color; llevaban brazalete y en sus cabezas tenían puesto boina negra o bien casco. Sus rostros en algunos casos estaban tiznados, en otros estaban cubiertos con pasamontañas. Se movilizaban en al menos un camión rojo con barandas y un jeep. Todos andaban fuertemente armados, alumbraban las habitaciones con linterna impidiendo a los moradores prender la luz. El operativo se inició a primera hora del día 16 de octubre y se prolongó hasta las 04:00 de la madrugada. Las personas que resultaron detenidas, en su mayoría asentados que habían participado en el proceso de reforma agraria, figuraban anotados en una lista que portaban los militares. Sus domicilios fueron allanados y los aprehensores señalaron a las familias que los detenidos volverían durante el día después de prestar declaración en San Bernardo. Todos fueron subidos a un camión que esperaba en el camino principal. El operativo fue realizado silenciosamente y a los familiares de las víctimas se les prohibió asomarse de sus casas. El operativo se inició con la detención de Andrés Pereira Salsberg, industrial, dueño de una maestranza; luego se detuvo a René del Rosario Maureira Gajardo, comerciante; en seguida los Militares se dirigieron hacia el sector correspondiente al Asentamiento "24 de Abril", donde se detuvo a Patricio Loreto Duque Orellana, los hermanos Raúl Antonio, Silvestre René y Jorge Hernán Muñoz Peñaloza, su cuñado Basilio Antonio Valenzuela Alvarez, Germán Fredes García, Carlos Enrique Gaete López, Carlos Alberto Nieto Duarte, Laureano Quiroz Pezoa, Rosalindo Delfín Hernán Muñoz y Ramón Luis Silva Carreño. A continuación se dirigieron al "Asentamiento El Tránsito", donde se detuvo a Pedro Antonio Cabezas Villegas y Roberto Servando Galaz. Finalmente, se dirigieron al "Asentamiento Nuevo Sendero", donde se detuvo a Enrique Lazo Quintero, su hermano Samuel Altamiro Lazo Quinteros y sus hijos Luis Rodolfo y Samuel Lazo Maldonado, José Domingo Adasme Núñez, Luis Alberto Gaete Balmaceda y José Ignacio Gaete Maldonado.

            El 10 de octubre, Carabineros de la Subcomisaría de Paine había detenido desde su domicilio en el "Asentamiento El Tránsito", a Samuel Altamiro Lazo Quinteros, el que había quedado en libertad transcurridas las 24 horas de reclusión en dicha Subcomisaría. Este campesino fue detenido nuevamente la madrugada del 16 de octubre de 1973. Con posterioridad a su primera detención, dio a conocer a sus compañeros de Asentamiento que había sido advertido por los carabineros que en días posteriores vendrían Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo y procederían a detener a los asentados. Idéntica información habían recibido los campesinos de dicho asentamiento que se habían acercado a la Subcomisaría, donde entablaron una conversación con el Sargento Reyes acerca de la situación en que ellos se encontraban.

            De todas las personas detenidas el 16 de octubre de 1973 se desconoce su permanencia en algún recinto de reclusión. Hasta la fecha no existen testigos al respecto. Antecedentes judiciales dan cuenta que habrían sido llevados esa madrugada en dirección de los cerros de Codegua, cercanos a Melipilla, donde se procedió a su ejecución. Sus restos no han sido hallados.

            La detención y posterior desaparecimiento de Laureano del Carmen Quiroz Pezoa se enmarca en lo que fue la represión en Paine con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. (Mayores antecedentes en José Domingo Adasme Núñez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 21 de marzo de 1975 se interpuso ante el Juzgado de Letras Maipo-Buin una denuncia por presunta desgracia a raíz de la detención y posterior desaparecimiento de 23 lugareños de Paine, en su gran mayoría campesinos detenidos con fecha 16 de octubre de 1973. El caso de Laureano del Carmen Quiroz Pezoa fue incluido entre éstos. La causa por el grupo de afectados quedó con el rol N°24005-1 a cargo del Juez Javier Torres. Las primeras diligencias fueron ordenadas tres meses más tarde, una vez que María Inés López Ahumada y Teresa Celinda López Moya -denunciantes de los hechos- concurrieran a ratificar ante el Tribunal. A partir del mes de junio se decretaron las primeras diligencias, se ofició a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos y Escuela de Infantería de San Bernardo. Ambos organismos en sus Oficios respuesta manifestaron no tener antecedentes acerca de las personas consultadas. El Instituto Médico Legal, por su parte, respondió que los nombres de esas 23 personas no figuraban en el libro de índice de ingreso de cadáveres a ese establecimiento. El Tribunal a su vez impartió orden amplia de investigar a Carabineros e Investigaciones. Carabineros se limitó a tomar declaración a las dos denunciantes, en tanto que Investigaciones, además de realizar diligencias similares a las efectuadas por Carabineros, informó al Tribunal haber realizado averiguaciones a fin de "ubicar e individualizar a las personas que al parecer vestían de militares el día de los hechos, sin resultados favorables". Sin haber decretado otras diligencias, el 26 de noviembre de 1975 el Tribunal resolvió cerrar el sumario y sobreseer definitivamente la causa "no apareciendo del sumario presunciones de que se hayan verificado los hechos denunciados". El 20 de enero de 1976 la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó el sobreseimiento, estableciendo que sería temporal y no definitivo. La causa fue archivada. El 23 de marzo de 1977 el proceso fue reabierto al ser acogida una petición en tal sentido presentada por la parte denunciante. La solicitud de reapertura se fundamentó en el hecho que 10 casos incluidos en la causa rol 24005-1, figuraban formando parte de una nómina de 63 personas de las cuales el gobierno chileno en el 30° período de sesiones de la ONU en el año 1975, planteaba que no eran "detenidos desaparecidos" -como lo denunciaban sus familiares- sino que eran personas muertas, cuyos cadáveres estaban consignados en los libros de índice de ingreso del Instituto Médico Legal. Esta lista de 63 nombres estaba incluida en el documento titulado "Situación actual de los derechos humanos en Chile" (Volumen II Pág. 381, 382, 383). Los antecedentes contenidos en el informe -agregaban los denunciantes- eran contradictorios con los que ese Tribunal había recibido del propio Instituto Médico Legal al serle consultado por Oficio.

            Durante los años 1977-1978 el Tribunal recibió 11 denuncias por arrestos ilegales de campesinos de Paine y 5 querellas criminales por el encubrimiento del delito de arresto ilegal de 8 campesinos, cuyo inculpado era el Coronel Jorge Dawling Santa María, Director de la Escuela de Infantería al momento de la interposición de la querella. Tanto las denuncias como las querellas fueron acumuladas desde sus inicios a la causa 24005-1.

            El 23 de mayo de 1979 quedó interpuesta una querella ante el Juzgado de Letras Maipo-Buin por el delito de arresto ilegal cometido con Laureano del Carmen Quiroz P., y en contra del personal de la Escuela de Infantería que participó en el operativo efectuado en Paine el 16 de octubre de 1973. Esta querella fue enrolada con el N°25692-3 y acumulada al proceso 24005-1 antes que se ordenaran las primeras diligencias. Ercilia Velásquez Sánchez, esposa de la víctima, fue careada con el Sargento de Carabineros Manuel Antonio Reyes Alvarez, de la dotación de la Subcomisaría de Paine. Esta diligencia obedeció al hecho que días previos a su arresto Quiroz Pezoa se había acercado al Sargento Manuel Reyes a fin de indagar acerca de su situación personal. En la oportunidad Reyes le había manifestado que no serían ellos -los Carabineros- quienes lo detendrían a él y a los otros asentados, sino más bien los Militares de San Bernardo. Este antecedente había sido puesto por su esposa en conocimiento del Tribunal. El día 22 de junio de 1979 durante la realización del careo el Sargento Reyes negó haber sostenido ese diálogo, así como su participación en arrestos de la zona, entre ellos el ocurrido el 10 de octubre de 1973 en la persona de Mario Enrique Muñoz Peñaloza del cual fue testigo presencial la señora Ercilia Velásquez reconociendo al Sargento Reyes. Sus negaciones se extendieron al punto de afirmar no conocer a Quiroz Pezoa y a su esposa, con la cual era careado, pese a que esta familia durante varios años y en reiteradas oportunidades le había facilitado animales a Reyes al requerirlos éste.

            El 3 de abril de 1979 había sido designado para seguir conociendo de la causa, el Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Sr. Juan Rivas Larraín, en respuesta a una solicitud que en tal sentido presentara la Iglesia Católica a la Corte Suprema, a fin de que Ministros en Visita se abocaran al conocimiento de los casos de detenidos desaparecidos en todo el territorio nacional. Es así como transcurridos dos años de la reapertura de la causa, al asumir el Ministro Rivas se ordenaron las primeras diligencias orientadas a esclarecer la información acerca de 10 detenidos desaparecidos -materia del proceso- que figuraban con información contradictoria según lo ya señalado.

            El Ministro Rivas ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, para que se sirviera informar respecto a los antecedentes y procedimientos que le permitieron confeccionar la nómina de "Personas presumiblemente desaparecidas" que habían sido ubicadas en relaciones del Instituto Médico Legal de Santiago. La respuesta fue recibida el 30 de octubre de 1979 por el recientemente designado Ministro en Visita, don Humberto Espejo Zúñiga, tras haberse creado la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda a la que, por motivos de jurisdicción, le correspondió continuar con la investigación, y cuyo nuevo rol era el N°1-79. El Oficio respuesta firmado por el Viceministro de Relaciones Exteriores textualmente decía en una de sus partes "Tal información US la solicité en atención a que el Instituto Médico Legal, requerido sobre la misma materia, no ha encontrado Oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Instituto Médico Legal sobre dicha nómina. A este respecto, informo a US que la nómina que se contiene en las págs. 381, 382, 383, del referido volumen 2, aparece con una firma ilegible y un timbre que este Ministerio entiende que corresponde a autoridades del Instituto Médico Legal, en caso contrario tal documento no se habría hecho circular ante organismos internacionales. Respecto de la forma como haya llegado la nómina a poder de esta Secretaría de Estado, cabe hacer presente que tampoco existe documentación oficial cursada al antedicho Instituto, por lo que debe concluirse que ello ha sido solicitado verbalmente y entregada por memo a funcionarios de este Ministerio". El Ministro Rivas Larraín, en momento que dejaba su visita en la causa 24005-1, dejó establecido que dicha nómina "era falsa y los protocolos de autopsia asignados a los detenidos desaparecidos correspondían a muertos NN, cuya identificación había sido imposible por carecer de epidermis en sus manos".

            A diciembre de 1979, se encontraban acumulados a la causa 1-79 nueve querellas criminales en contra de la dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo, por los delitos de secuestro en las personas de Pedro Hernán Pinto Caroca, Ramón Luis Silva Carreño, Laureano Quiroz Pezoa, Ramiro Antonio Muñoz Peñaloza, Silvestre René Muñoz Peñaloza, José Ignacio Castro Maldonado, Luis Alberto Gaete Balmaceda, José Germán Fredes García, Carlos Gaete López. Cinco querellas en contra del Coronel Jorge Dawling Santa María, por el encubrimiento del delito de arresto ilegal en las personas de Jorge Hernán Muñoz Peñaloza, Carlos Enrique Lazo Quinteros, Carlos Alberto Nieto Duarte, José Domingo Adasme Núñez, Samuel Altamiro Lazo Quinteros, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado y Luis Rodolfo Lazo Maldonado. Querella por el secuestro y homicidio calificado de Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, perpetrado por efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

            Una querella en contra del Teniente de Ejército Andrés Magaña Bau, por el delito de arresto ilegal de René del Rosario Maureira Gajardo; querella por el secuestro en la persona de Andrés Pereira Salsberg y una querella por el delito de secuestro de Mario Enrique Muñoz Peñaloza, en contra del Sargento de Carabineros Manuel Reyes. (Mayores antecedentes respecto a esta última querella en relato de Mario E. Muñoz Peñaloza).

            Respecto al inculpado Coronel Jorge Dawling Santa María, que en el año 1979 se desempeñaba como Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo, con fecha 26 de septiembre de 1978 se le envió Oficio solicitándosele toda la información que él tuviera de su repartición, relativa al personal de esa Unidad que cumplía funciones en los meses de septiembre y octubre de 1973. La respuesta no llegó. De tal comportamiento el Tribunal dio cuenta a la Corte de Apelaciones la cual con fecha 14 de noviembre de 1978 resolvió en Pleno que el mencionado Coronel se atuviera a lo prescrito en el art.191 del Código de Procedimiento Penal (vale decir, según fuera su rango comparezca o no). El Oficio respuesta finalmente llegó firmado por el nuevo Director de la Escuela de Infantería Carlos Meirelles Müller, en el cual se limitaba a expresar que no había ánimo de ocultar información y agregaba que el Coronel Dawling Santa María había entregado el mando y dejado de pertenecer a la institución. El 7 de febrero de 1979 en un nuevo Oficio se solicita al Coronel Meirelles la nómina del personal de la institución a octubre 73, respondiendo que él no tiene atribuciones para entregar esa información y que debe solicitarse al Ministro de Defensa Nacional. A partir de abril de 1979 y estando a cargo de la investigación el Ministro Humberto Espejo, tras haberse creado la Corte de Apelaciones Pdte. Aguirre Cerda a la que correspondía territorialmente continuar con la causa, se diversificaron los Oficios a fin de establecer la identificación de quienes participaron en los operativos ocurridos en Paine y sus alrededores. Se ofició al Ministro de Defensa Nacional, no sólo para consultar por el personal ya señalado sino que también a fin de solicitar la comparecencia del Coronel Dawling Santa María, del Teniente Andrés Magaña Bau -identificado por familias de las víctimas como la persona a cargo del operativo del 16 de octubre de 1973- y del Coronel Pedro Montalva Calvo, subdirector de la Escuela de Infantería a octubre de 1973.

            En abril de 1979, el Teniente de Ejército Andrés Magaña Bau, compareció ante el Tribunal, oportunidad en la cual negó su participación en el operativo del 16 de octubre de 1973, como en cualquier otro que se hubiera realizado en Paine. Al ser careado con la familia de uno de los detenidos desaparecidos del 16 de octubre, René del R. Maureira Gajardo, negó conocer a los integrantes de esa familia pese a que éstos afirmaron haber estado en más de una oportunidad juntos en eventos sociales previos al 11 de septiembre de 1973.

            Respecto al Coronel Jorge Dawling Santa María, el Tribunal en Oficio respuesta había sido informado que desde agosto de 1978 se encontraba nombrado Agregado Militar en la Embajada del Uruguay, cargo que se prolongaría por más de un año. Por su parte el Coronel Pedro Montalva Calvo, al concurrir al Tribunal el 10 de diciembre de 1979, afirmó la existencia de un Campo de Detenidos en el Cerro Chena dependiente de la Escuela de Infantería, que según lo declarado por él dejó de funcionar en diciembre de 1973 en momentos que él asumía la Dirección de la Escuela. Previo a ello su Director había sido el Coronel Leonel Koening Altterman, quien daba las órdenes por escrito acerca de quienes ingresaban como detenidos. Al ser citado a declarar el entonces Director de la Escuela, Coronel Köening, el Tribunal fue notificado que éste se había suicidado el 21 de junio de 1979.

            Con fecha 12 de diciembre de 1979 el Ministro Espejo se declara incompetente y remite los antecedentes a la Fiscalía Militar, en atención que todas las denuncias y querellas contenidas en esta causa (rol 1-79) adjudicaban la autoría de los arrestos a personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, tanto de la Escuela de Infantería de San Bernardo como de la Subcomisaría de Paine. El 6 de marzo de 1980 la Corte revocó la incompetencia y ordenó diligencias a fin de avanzar en la investigación. A consecuencia de ello es citado nuevamente a declarar el Coronel Jorge Dawling Santa María. El 2 de abril de 1980 el Ministro de Defensa, Teniente General Raúl Benavides E., informa al Tribunal que el Sr. Dawling Santa María tiene calidad de General de Brigada y en conformidad al art.191 y 192 del Código de Procedimiento Penal, debe declarar por Oficio. El Ministro envía pauta erróneamente formulada, lo que dio pie para que el General de Brigada responda "en relación a las preguntas 2 a la 13 no tengo antecedente alguno que poder señalar".

            El 5 de junio de 1980 el Ministro Espejo se declaró por segunda vez incompetente, fundamentando su resolución exactamente en los mismos términos que la anterior. La resolución fue apelada y el 25 de julio de 1980 revocó la resolución la Corte de Apelaciones, ordenando al Ministro en Visita elaborar un nuevo cuestionario al General de Brigada Dawling Santa María, dirigida en base a las acusaciones formuladas en las querellas en su contra y que son parte del proceso.

            En julio de 1980 el Tribunal recibió Oficio respuesta del General de Brigada cuyo contenido no aportó antecedentes, argumentando que en el año 77 ya no había relaciones escritas en la Escuela de Infantería sobre maniobras militares y operativas. Su Oficio concluía manifestando que los antecedentes de la causa 1-79 las había puesto en conocimiento de la Comandancia en Jefe del Ejército, toda vez que se le imputaba en las querellas transcritas una participación como encubridor en "supuestos delitos" que habría cometido en acto de servicio".

            El 17 de octubre de 1980 los antecedentes son definitivamente remitidos a las II Fiscalía Militar; en la oportunidad operó la inhibitoria de jurisdicción.

            El 24 de mayo de 1982 la causa fue sobreseída total y temporalmente "no obstante encontrarse agotada la investigación no resulta completamente acreditada la perpetración de los hechos denunciados a fs.1 y que imputa a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, sujetos a la jurisdicción militar".

            Tal resolución fue apelada y revocada en marzo de 1984 por la Corte Marcial, ordenando diligencias orientadas a completar la investigación. Durante 1985 declararon al menos 26 Oficiales y Suboficiales que cumplían funciones a septiembre y octubre de 1973 en la Escuela de Infantería. Todos ellos negaron su participación en operativos en Paine y sus alrededores, negaron saber de la presencia de presos en el Campamento de detenidos de Chena así como saber de su existencia.

            El 22 de noviembre el Fiscal Militar de la II Fiscalía Militar, Enrique Ibarra Chamorro, se hizo parte en representación del Ministerio Público Militar y solicitó la aplicación del D.L. de Amnistía N° 2191 de 1978. El Juez Militar sobreseyó la causa total y definitivamente por encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados. Tal resolución fue revocada en febrero de 1992 por la Corte Marcial, este Tribunal instruyó que la causa volviera a estado de sumario y ordenó la diligencia de la exhumación de las seis tumbas en el Patio 29. Dicha exhumación no se pudo realizar por orden de este Tribunal, ya que en septiembre de 1991, en la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago, se había practicado la exhumación del total de restos de personas no identificadas enterradas entre septiembre y diciembre de 1973 en el referido patio en el Cementerio General. La causa a diciembre de 1992 continuaba en tramitación.

            Cabe hacer presente que en esta causa también se realizaron investigaciones en torno al Patio 29 del Cementerio General a partir de noviembre de 1979, oportunidad en la cual Monseñor Ignacio Ortúzar R. -en su condición de Vicario General y Vicario Subrogante de la Vicaría de la Solidaridad- denunció al Tribunal la existencia de inhumaciones masivas e irregulares de personas en el Patio 29 del mencionado cementerio y que afectaría a cerca de 200 tumbas. De la investigación, el Tribunal pudo concluir que al menos 6 tumbas podían arrojar antecedentes relativos a detenidos desaparecidos incluidos en el proceso. Entre los años 1981-1987 en cinco oportunidades se solicitó al Tribunal la exhumación de esas seis tumbas, siendo denegada la petición aduciendo ser inconducente atendido el tiempo transcurrido.

            En agosto de 1990 se inició en el Juzgado de Letras de Buin-Maipo la causa 2-90-E con la designación del Ministro en Visita don Germán Hermosilla, por la Corte de Apelaciones Pdte. Aguirre Cerda. Dicha designación obedeció a una solicitud en tal sentido de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, dada la existencia de inhumaciones ilegales de personas en la localidad de Paine y que afectaba a detenidos desaparecidos. Los antecedentes de Laureano del Carmen Quiroz Pezoa fueron entregados al Tribunal.

            Con fecha 15 de marzo de 1991, doña María del Tránsito Venegas Cortés declaró ante el Ministro en Visita Don Germán Hermosilla, en su condición de madre de Jorge Reyes Cortés, a quien en el año 1973 le correspondió hacer el servicio militar en la Escuela de Infantería de San Bernardo. En el expediente quedaron consignadas sus palabras que dan cuenta de la suerte corrida por los 22 detenidos el día 16 de octubre de 1973. Textualmente en una de sus partes dijo "pocos días después que tomaron detenido al marido de mi prima Luisa, Roberto Serrano, yo fui de visita a la casa de mi tía Rosa y vi que ella estaba muy desesperada y lloraba por la suerte de su marido. Entonces yo le dije 'no llorís más Lucha, que a tu marido se lo llevaron los militares, el Jorge andaba con ellos'. Yo me refería a que a mi hijo le tocó practicar esta detención. Mi hijo Jorge me había contado de esto unos meses después, no recuerdo exactamente cuándo; yo lo supe unos días después como dije anteriormente. A ellos las tuvieron meses sin salir después del Golpe así que cuando fue a la casa me lo contó. El no estaba tranquilo, estaba como asustado, desesperado y no sólo él sino que también sus compañeros. Mi hijo no conocía a Roberto Serrano, cuando fueron a la casa de ellos Jorge conoció a la Luisa. El me contó que estas detenciones las hacían de noche. Si, es verdad que mi hijo me contó que a él le tocaba disparar en contra de Serrano, pero que él le pidió a un compañero que le cambiara de lugar. Me contó también que si él decía que no disparaba, lo mataban a él. Esto es efectivo que se lo conté a la Luisa, ya que ella le estaba llevando ropa a su marido al Cerro Chena y allá se la recibían, cuando Serrano estaba muerto". Jorge Reyes Cortés, actualmente se desempeña en el Regimiento de Los Andes desconociéndose en qué grado militar. Pese a que la Sra. María Venegas Cortez declaró no recordar haber indicado como lugar de ejecución los cerros cercanos a Codegua y Melipilla, sí lo recordaba la esposa de Serrano Galaz, según quedó consignado en sus declaraciones ante el Ministro en Visita Humberto Espejo. El 22 de abril de 1980 Jorge Reyes Cortés compareció ante el Tribunal en la causa rol 1-79. En su declaración negó toda participación en los hechos, textualmente en una de sus partes dijo: "nunca participé en algún operativo de Paine, nunca supe que hubiera detenidos en el Cerro Chena, tampoco reconocí a ninguno de los detenidos en las pocas veces que me tocó estar en guardia cuando llegaban". El Ministro en Visita ha realizado diversas inspecciones oculares en sectores rurales en alrededores de Paine, sin resultados positivos para el caso de las detenidos desaparecidos del día 16 de octubre de 1973.

            El 22 de agosto de 1991 se inició la causa 4449-A-T. en el 22° Juzgado del Crimen de Santiago al darse curso a la investigación judicial del delito de inhumación ilegal de personas que actualmente permanecen sepultadas en calidad de NN en el Patio 29 del Cementerio General, antecedentes contenidos en querella criminal que presentara la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Datos antropomórficos de Laureano del Carmen Quiroz Pezoa fueron entregados en esa causa. En el mes de septiembre 1991 se procedió a la exhumación de 108 tumbas en el Patio 29; a diciembre de 1992 las osamentas extraídas se encuentran en el Instituto Médico Legal sometidas a proceso de identificación.

Laureano Enrique Quiroz Pezoa, tenía 42 años, era casado, sin hijos, se desempeñaba como agricultor y era miembro de la Junta de Abaste – cimientos y Precios (JAP), de acuerdo al Informe Rettig. Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en los asentamien – tos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero, realizado por efectivos del Regimiento de In – fantería de San Bernardo, carabineros y civiles de la zona que se encontraban armados, con – ducido al retén de Paine, y luego trasladado al mencionado regimiento, desconociéndose su paradero desde esa fecha. En el archivo web de Memoria Viva se especí – fica que Quiroz Pezoa fue detenido “(…) el día 16 de octubre de 1973 a las 03:30 horas de la madrugada en su domicilio y en presencia de su esposa y los hijos de ésta. La detención fue efectuada por militares armados que vestían con ropas de campaña y cuyos rostros estaban tiznados. Ingresaron al hogar tras haber gritado a viva voz que se les abriera la puerta pues eran “militares”. A Laureano se le recomendó llevar ropa gruesa en tanto que su carnet de identidad quedaba en manos de sus aprehensores. No se les dijo el motivo de la detención ni cuál sería su destino próximo. Sus aprehensores se retiraron de este hogar llevándose consigo a Quiroz Pezoa y sin haber acreditado tener facultades para proceder en la forma que lo hicieron. Laureano del Carmen Quiroz Pezoa a partir del día 16 de octubre es un detenido desaparecido”

Al menos dos sobrevivientes de las torturas y fusilamientos que cometieron civiles y uniformados durante la dictadura, reconocen a Michael Kast y a su hijo Christian -padre y hermano de José Antonio Kast, respectivamente- como colaboradores y partícipes de la represión en contra de campesinos.

Controversia ha generado una acalorada discusión que tuvo lugar en el programa de debate Sin Filtros, donde la convencional del Partido Republicano, Teresa Marinovic, acusó al dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PTR), Dauno Tótoro, de haber difamado a la familia de José Antonio Kast al señalar que esta participó en los crímenes de la dictadura ocurridos en Paine.

El debate se dio en el contexto de la condena de la Corte Suprema contra 11 miembros (r) del Ejército y Carabineros en los homicidios calificados de 38 pobladores de distintos asentamientos de esa comuna de la Región Metropolitana, los que tuvieron lugar en septiembre y octubre de 1973.

Durante la discusión, Tótoro invitó a Marinovic a leer el libro A la sombra de los cuervos (Ceibo Ediciones, 2015) del periodista Javier Rebolledo, en donde se aborda el rol de los cómplices civiles de la dictadura civil-militar. En efecto, tras la parte en donde se menciona el rol del Clan Matte en crímenes del régimen, practicamente la mitad del libro a partir de la página 199 está dedicado al Clan Kast.

Como antecedente general proporcionado en la investigación periodística se menciona, por ejemplo, que “en Paine muchos supieron que Michael Kast (padre de José Antonio Kast) facilitó alimentos a los carabineros, además de un camión rojo con chofer, en el que posiblemente se detuvo a campesinos. Su hijo Christian compartió asados con civiles y uniformados actualmente procesados, en el mismo lugar donde los detenidos eran torturados en esos momentos y desde donde luego desaparecieron”.

Uno de los testimonios que recoge el libro es el de Alejandro Bustos, quien el 18 de septiembre de 1973 decidió ir a presentarse al retén de Carabineros tras ser citado junto a otros pobladores del asentamiento Paula Jaraquemada. Al llegar al recinto y tras ser recibido por un culatazo de un policía, “vio a un grupo de civiles que, bebidos, compartían un asado con los carabineros. Entre ellos reconoció a Christian Kast”, reseña Rebolledo, citando luego a Bustos: “Kast andaba más encachadito. Joven, bien arregladito, medio rubio”.

Bustos fue interrogado por un grupo de uniformados y civiles armados. “Kast también hacía preguntas”, recuerda en el libro Alejandro. “De pronto, un culatazo en la cabeza con el que caí aturdido. Me lo pegaron en el cerebro”, narra.

En su declaración policial, Alejandro Bustos señaló que tras las sesiones de tortura que implicaron colocación de corriente, durante una noche fue sacado a la calle, donde observó a varios civiles y vehículos estacionados, entre ellos a Christian Kast. Junto a otros detenidos fue trasladado a un sector descampado. Allí les dispararon para matarlos.

En entrevista con el medio Piensa Prensa, Bustos volvió a mencionar a Christian Kast como uno de los civiles que participaba de estos “operativos” contra los campesinos de Paine.

Alejandro quedó vivo y se hizo el muerto; sus compañeros, moribundos, gritando de dolor. “Con un yatagán a uno de ellos, aún vivo, le sacaron los ojos y le cortaron la lengua”, relató en A la sombra de los cuervos. Pensando que estaba sin vida, los uniformados y civiles tomaron a Bustos y lo arrojaron junto al resto de los cuerpos hacia el llamado río Panamá de Paine. Se salvó y vivió para contarlo.

Alejandro le señaló al periodista Javier Rebolledo que al momento del fusilamiento masivo “había civiles, varios, pero con las luces, el miedo y la oscuridad, no los identifiqué a todos. No me recuerdo de haber visto a Kast, pero podría haber estado también”.

A Christian Kast se le sitúa igualmente en la comisaría de Paine donde fue llevado el militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Pedro Vargas Barrientos, quien trabajaba en la principal empresa del clan de origen alemán, la fábrica de cecinas Bavaria.

En su declaración ante la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, Kast reconoció que el día 12 de septiembre de 1973 -cuando Barrientos ya se estaba detenido en el recinto policial- “se hizo un asado”, y agregó: “Cada vez que acudí vi a los carabineros y civiles compartir asados en el patio. En esas ocasiones me enteraba que había detenidos en el cuartel”.

¿Qué ocurrió con Pedro Vargas Barrientos, quien estaba siendo torturado al interior del recinto policial mientras Christian Kast comía asado con los uniformados y otros civiles?: Hoy es un detenido desaparecido.

En su declaración ante la ministra Cifuentes, el hermano de José Antonio Kast mencionó algo más: “Solo recuerdo haber escuchado hablar de una persona al que apodaban ‘harina seca'”. Se refería a Luis Nelson Cádiz Molina, también detenido desaparecido, hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el Patio 29 del Cementerio General en Santiago.

“Michael Kast ordenaba y pegaba”

En 2013 el patriarca del clan, Michael Kast, debió declarar como inculpado ante la Justicia, y allí respondió respecto a su colaboración con la represión en Paine. “Les presté (a Carabineros) mi camión con el chofer de nombre Carlos Silva Silva, hoy fallecido. El camión se me pidió en más de una oportunidad. Me era devuelto luego por el chofer”, señaló.

En un reportaje de CHV realizado por el periodista Alejandro Vega, este entrevistó a otro de los presos y torturados de Paine, Luis Martínez, quien reconoció entre quienes participaron de las sesiones de apremios ilegítimos al padre de los Kast, Michael, debido a que lo conocía de antes porque en esa época le vendía animales para su empresa Bavaria.

“Cuando en la mañana abrieron el calabozo (…) y entró, lo conocí al tiro. Era el número uno el viejo ese. Él ordenaba, pegaba también. Palmoteaba, y a todos los trataba de comunistas, de marxistas: ‘¡Hay que matar a todos estos marxistas!'”, relató Martínez.Hasta su muerte, en mayo de 2014, Michael Kast, padre de José Antonio Kast, mantuvo la calidad de inculpado en la investigación por los crímenes de Paine.

Son 70 árboles nativos en homenaje a los desaparecidos y ejecutados, cuyo recuerdo perdura en el Memorial de Paine.

“Estos arbolitos nos pueden cobijar, para tener una mirada más alegre de la vida”. Así resumió y agradeció la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, Flor Lazo, la entrega de árboles nativos materializada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a través de Memorial Paine.

En total son 70 árboles nativos, bajo el concepto de “Árboles para la Vida y la Memoria”, que CONAF donó en homenaje a la misma cantidad de desaparecidos y ejecutados de Paine, durante una ceremonia cargada de simbolismo celebrada en el Memorial Paine, como parte de la conmemoración del Día Mundial del Árbol y del Programa de Arborización que impulsa la Corporación.

La gerenta de Bosques y Cambio Climático de CONAF, Constanza Troppa, destacó en la oportunidad que se trata de una iniciativa con la que, junto con garantizar sostenibilidad, es también una manera de entregar justicia.

“Lo que buscamos es entregar también justicia. Y a través de un árbol, entregar vida a pesar de todo el dolor que algún momento hubo aquí. Es tan simbólico que, mediante el programa de arborización, logremos vincularnos con lo que pasó. La Corporación también tuvo víctimas de la dictadura, ejecutados, y a través de estas acciones estamos llamando a no olvidar”, dijo la ejecutiva de CONAF.

La ceremonia de entrega contó además con la participación del delegado presidencial provincial del Maipo, Miguel Ángel Rojas; del director de CONAF Región Metropolitana, Rodrigo Illesca; la consejera regional Camila Navarro; el director ejecutivo de Memorial Paine, Juan Leonardo Maureira; y familiares de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine.

Fue Flor Lazo, presidenta de la AFDDyE, quien valoró este homenaje a los 70 de Paine y agradeció el gesto de CONAF, señalando que “estos arbolitos tienen vida y nos van a ayudar a cobijar de mejor forma esta lucha que hemos dado durante 49 años por verdad y por justicia. (…) a mirar la vida con un aire distinto, con un aire de alegría”.

A su turno, el director ejecutivo de Memorial Paine, Juan Leonardo Maureira, resaltó la iniciativa de CONAF, indicando que “es una iniciativa muy importante, porque el árbol tiene mucho simbolismo. Colocar estos árboles en el Memorial y en los lugares de ejecución, nos permite a nosotros tener un recuerdo mucho más importante de nuestros familiares, porque el árbol es vida y memoria”.

Cabe recordar que CONAF, en su historia, también cuenta con trabajadores asesinados en el marco de la represión política ejercida por la dictadura militar. En total, son 19 trabajadores, a quienes se les recuerda en la Reseva Nacional Malleco, donde 13 de ellos fueron ejecutados, y en cuyo lugar se inauguró en el 2016 el “Sendero de la Memoria”, en el que a través de diferentes hitos se rememora el trayecto que debieron recorrer desde la zona de detención, hasta donde fueron asesinados.

En el marco del Programa de Arborización, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) busca fomentar el aumento de la cobertura arbórea, por medio de la creación de espacios arbolados construidos conjuntamente con la comunidad a lo largo de todo el país, en espacios de uso público y privado, mediante la producción, entrega de plantas a la comunidad y la asistencia técnica y educación ambiental, considerando especies con valor ornamental, patrimonial y cultural, además de las condiciones climáticas.

Para este año, la meta de entrega de árboles, a nivel nacional, es de 394 mil plantas, cantidad que se espera seguir aumentando en los próximos años, ya que la producción en los 30 viveros o centros de acondicionamiento de CONAF es de 2.344.000 plantas. Desde el 2014 a la fecha se han entregado un poco más de 20 millones de árboles a la comunidad nacional, concretando ya muchos parques urbanos.

Cabe recordar que CONAF, en su historia, también cuenta con trabajadores asesinados en el marco de la represión política ejercida por la dictadura militar.