Quiroz Pereira Wilfredo Hernán

Rut : 124.380 de Los Angeles
F.Nacim. : 22-09-41, 32 años a la fecha de la detención
Domicilio : Central El Abanico. ENDESA Los Angeles
E.Civil : Casado, tres hijos
Actividad : Obrero de la Empresa Nacional de Electricidad, Alto Polcura, Central "El Abanico". Los Angeles
C.Repres. : Sin militancia política conocida, ex-Director del Sindicato Industrial de Obreros Central "El Toro"
F.Detenc. : 22 de septiembre de 1973

SITUACIÓN REPRESIVA

Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, casado, 3 hijos, obrero de la Central Eléctrica "El Abanico" de Los Angeles, de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA, ex dirigente sindical sin militancia política conocida, fue detenido con fecha 22 de septiembre de 1973, a las 01:30 horas, en casa de don Rafael Sánchez, domiciliado en Royenco, calle Lientur N°612-B, por una patrulla de Carabineros al mando del Teniente Zacarías Hannover García Agüero, de la dotación de la Tenencia El Abanico.

La cónyuge del afectado, doña María Gloria Cifuentes Leiva ha señalado que luego de la detención del afectado fue informada por el propio Teniente de Carabineros García Agüero, que su marido había sido enviado al Regimiento de Los Angeles, lugar en el cual se negó su detención.

Se ha podido determinar que el afectado permaneció recluido por lo menos cinco días, en el Regimiento de Los Angeles junto a Víctor Jeréz Meza, chofer de la Empresa Nacional de Electricidad, Central "El Toro, dirigente sindical y militante del Partido Socialista. Tres años después, el 14 de enero de 1977 en la prensa local aparece una información que señala que Wilfredo Quiroz fue fusilado junto a Víctor Jerez Meza, Plutarco Coussy Benavides y Mario Olivares Pérez. No hay certificación de la muerte, los 4 detenidos permanecen desaparecidos.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

Con fecha 25 de marzo de 1975, su cónyuge doña María Gloria Cifuentes Leiva interpuso un recurso de amparo en favor del afectado, ante la Corte de Apelaciones de Concepción, el que fue rolado con el N°3378.

El Ministro del Interior de la época, General de División Raúl Benavides Escobar informó que el afectado no se encontraba detenido por orden de ese ministerio. Por su parte el General de Brigada, Jefe de la III División de Ejército, Nilo Floody Bexton informó que el amparado no había sido detenido por orden de esa Comandancia y que no posee antecedentes en relación al afectado.

Con el sólo mérito de estos antecedentes, la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 9 de abril de 1975 rechazó el recurso de amparo interpuesto por Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, ordenando oficiar al Juez de Turno de Los Angeles, a fin de iniciar el sumario correspondiente por el presunto desaparecimiento del afectado.

De esta manera, con fecha 18 de abril de 1975 se inició la causa rol 46.723, ante el Primer Juzgado del Crimen de Los Angeles. La Prefectura de Investigaciones de Concepción informó haber entrevistado a la cónyuge del afectado, quien ratificó lo ya expuesto y señaló en parte de su declaración que "en una entrevista sostenida con el Teniente de Carabineros Sr. García, éste le expuso referente a la detención de su cónyuge "que todos los había enviado el Regimiento de Los Angeles". Entrevistado el Jefe de la Tenencia Abanico manifestó:" En cuanto al Teniente Aslo García, estima que debe ser Zacarías Hannover García Agüero, Capitán y Gobernador del Departamento de Yungay en la provincia de Ñuble, quien estuvo anteriormente en esa Unidad". La detención del afectado no apareció registrada en los libros de la Tenencia Abanico. Con fecha 29 de julio de 1975, Zacarías Hannover García Agüero, Capitán de Carabineros domiciliado en Yungay, declaró textualmente: "No recuerdo haber detenido a Wilfredo Hernán Quiroz Pereira el 22 de septiembre de 1973, como tampoco es efectivo que he conversado con María Gloria Cifuentes, desconozco totalmente qué sucedió con Quiroz. Además el día 22 de septiembre de 1973 no recuerdo haber salido en patrullaje con militares".

Sin que exista constancia del cierre del sumario, con fecha 29 de agosto de 1975 el tribunal sobreseyó temporalmente la causa en mérito que "no se encuentra acreditado en autos que la presunta desgracia denunciada sea consecuencia de un delito…" Con fecha 17 de octubre de 1975, la Corte de Apelaciones de Concepción aprobó en consulta dicha resolución.

Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, permanece a la fecha en calidad de detenido desaparecido.
 

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, dio orden de ingreso  este lunes en calidad de rematado al penal correspondiente al teniente coronel en retiro Walther Klug Rivera, condenado a 10 años de presidio por su responsabilidad como cómplice en el denominado Episodio Endesa causas por violaciones a los derechos humanos.

La orden de ingresó se materializó luego de que una corte de Italia accediera a la solicitud de extradición planteada por el ministro en visita Mario Carroza –entonces instructor de la causa- para que Klug Rivera cumpliera la pena dictada en octubre de 2014 que lo condenó por su responsabilidad en los secuestros calificados y homicidios calificados en la realización a las víctimas vinculadas a las centrales hidroélectricas de El Toro y El Abanico, y detenidos entre septiembre y noviembre de 1973 por miembros del Ejército de Chile.

La lista de víctimas: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino, Víctor Adolfo Ulloa Pino, Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar, Manuel Jesús Arias Zúñiga.

El represor de la dictadura pinochetista Walther Klug Rivera buscó escaparse por segunda vez a Europa para no purgar las cuentas que tiene con la justicia trasandina, que lo condenó por las desapariciones y asesinatos de 23 trabajadores y que lo investiga por el secuestro de un estudiante de la Universidad de Concepción. Sin embargo, esta vez no tuvo suerte y le cortaron las alas en la Ciudad de Buenos Aires, donde lo detuvo la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA). El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, anunció que el gobierno había decidido la inmediata expulsión del teniente coronel retirado que ingresó ilegalmente al país.

Klug apareció en el aeropuerto de Ezeiza con su pasaporte alemán el 1 de junio. Las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) detectaron que había una alerta cargada para dar información sobre esta persona, por lo que empezaron las averiguaciones. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo demoró y chequeó, pero no había ninguna orden para detenerlo –probablemente porque nadie había advertido que Klug había salido de Chile, donde debía permanecer y comparecer ante la justicia que lo investiga–. Por la demora, Klug terminó perdiendo el vuelo que había comprado para ir a España y luego seguir hacia Alemania, donde, por su doble nacionalidad, se iba a garantizar no volver extraditado a Chile.

Se fue a su casa, pero rápidamente todos advirtieron que había algo extraño con ese hombre con pasaporte alemán que no tenía registrado su ingreso al país. El aviso de la PSA encendió la alerta en Chile, donde el espacio de memorias Londres 38 denunció la fuga de Klug sin que la Policía de Investigaciones (PDI) lo advirtiera. La ministra extraordinaria de causas de violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, dictó una orden de captura internacional y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lanzó una alerta roja para detener a Klug en la que iba a ser su segunda fuga.

La PSA analizó las cámaras de Ezeiza y captó fotogramas que le permitieron obtener imágenes actuales del militar de 70 años, al que muy probablemente lo sorprenda el próximo 9 de agosto –cuando cumplirá los 71– en Buenos Aires. La policía argentina logró rastrear que Klug tenía un domicilio en un hotel del barrio de Balvanera. Fue detenido a las 12.50 por efectivos de la PFA mientras caminaba, con paso tranquilo, por Moreno al 3000, en el barrio de Balvanera.

Klug no había perdido el tiempo tras su fallido intento de volver al viejo continente. Ya tenía un segundo pasaje para el 20 de junio, con el que pensaba hacer el mismo destino: España-Alemania. Un viaje que ya no será. 

De Pedro anunció la expulsión de Klug el sábado a última hora. "Con esta medida, la República Argentina reafirma su compromiso con el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, la justicia y el orden internacional", escribió en Twitter.

Estaba previsto que el represor chileno pasara el fin de semana detenido en una dependencia de la PFA y que el lunes se presentara a una audiencia ante el juez federal Julián Ercolini, quien debía llevar adelante el proceso de extradición. Desde el juzgado informaron a este diario que ya estaba toda la información requerida a Chile para respaldar el pedido de captura internacional.

El proceso de extradición no es inmediato. Sin embargo, fuentes judiciales estimaban que el juicio podría estar completado para finales de año, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos por los que Chile requiere a Klug. En estos procesos existe un único recurso de apelación ante la Corte Suprema. En julio de 2018, otro represor de la dictadura de Augusto Pinochet, Sergio Jara Arancibia, fue detenido en Mar del Plata. En marzo de 2019, el juez federal de esa ciudad Santiago Inchausti dispuso su extradición a Chile.

Klug Rivera ingresó al ejército chileno en 1966, donde integró el Servicio de Inteligencia Militar (SIM). En 1973, cursó en la Escuela de las Américas y, durante la dictadura de Pinochet, organizó un campo de prisioneros en las caballerizas del Regimiento de Infantería 3 de Montaña “Los Ángeles”. Sobrevivientes lo recuerdan por su sadismo y brutalidad. Después de su retiro, Klug –que es ingeniero– regenteó una empresa que prestaba servicios de inteligencia.

Desde 2005 estuvo sometido a procesos en Chile. Tras una absolución inicial, en 2013 fue condenado a diez años y un día por los secuestros y asesinatos de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas de El Toro y Abanico, en la región del Biobío, donde Klug estuvo destinado durante los primeros años del régimen de Pinochet. En 2014, la Corte Suprema de Chile confirmó la condena, pero Klug se fugó antes de quedar detenido en el penal de Punta Peuco.

El 4 de junio de 2019, Klug fue detenido en Parma, Italia, y en febrero del año pasado volvió a Chile. El problema fue que el pedido de extradición sólo contemplaba uno de los dos procesos que afrontaba el teniente coronel retirado: el de la desaparición del estudiante de la Universidad de Concepción Luis Cornejo Fernández, secuestrado el 18 de septiembre de 1973 –una semana después del golpe contra Salvador Allende–. La extradición nada decía sobre la condena ya firme por las desapariciones y muertes de los trabajadores de las centrales hidroeléctricas — más conocido como el caso Endesa–.

En noviembre del año pasado, un tribunal absolvió a Klug por la desaparición de Cornejo Fernández, pero la decisión fue apelada por los querellantes. “Es un juicio al que le queda para rato y es por eso que no nos explicamos que los ministros no se hayan coordinado y haya habido medidas cautelares más intensas porque, en el caso de Endesa, Klug sí o sí iba a tener que cumplir (con su pena de prisión) más temprano que tarde”, dijo a Página|12 el abogado de derechos humanos Francisco Bustos.Desde Londres 38, valoraron la detención de Klug por parte de la PFA. “Esperamos que las instituciones chilenas actúen con la misma celeridad, aquella que no tuvieron para evitar esta situación”, publicaron en sus redes sociales.

Los crímenes contra la humanidad fueron perpetrados entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973 en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío. Investigación estuvo a cargo del ministro Jorge Zepeda.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro y homicidio calificados de 23 trabajadores de la centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico; siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz- rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a Patricio Martínez Moena a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios; a Walter Klug Rivera a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y a Ismael Espinoza Silva a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que fueron ejecutadas o desaparecidas en 1973, en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío.

Condenas que deberán cumplir por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino.

Además la condena incluye los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.

De acuerdo a la investigación del ministro Zepeda, se logró determinar “que en el sector cordillerano, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, pertenecientes de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA”.

“Los trabajadores de dichas centrales hidroeléctricas, al 11 de septiembre de l973, en su mayoría – según la sentencia del ministro Zepeda-, residían con sus familias en pequeños poblados rurales de dicha área, formando los pueblos de «Los Canelos», «Rayenco», «Polcura», «Antuco», además de campamentos de trabajo de las Centrales Hidroeléctricas de «El Toro», «El Abanico», y más al oriente, atrás de la laguna del Laja, el de «Cuatro Juntas», sector que era denominado «Mallines del Sol», perteneciente al cajón de Alto Polcura», patronímico del río «Polcura», que corre por lugar, donde también los trabajadores pasaban algunos períodos cumpliendo sus labores habituales”.

Con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, “al producirse violentamente el cambio de gobierno debido al Golpe de Estado del 11 de septiembre de l973, los trabajadores antes mencionados, como también el resto de la población civil de dichos pueblos, partidarios del gobierno anterior que es depuesto en ese día, en aplicación y conocimiento de una política del nuevo régimen y en un ataque flagrante de la dignidad humana y de la noción de humanidad misma, fueron perseguidas y detenidas por los agentes del Estado, bajo pretexto de que las víctimas pretendían atacar recintos de detención para liberar a personas privadas de libertad por la autoridad militar y/o atentar en contra de las centrales hidroeléctricas en las que muchos de ellos trabajaban”, consigna el fallo del ministro Zepeda, ratificado por el más alto tribunal del país.

El destino final de estas personas fue “su encierro o privación de libertad en el Regimiento situado en la ciudad de Los Ángeles o en lugares dependientes de esta unidad, y en definitiva muertas y, en otros casos, hechas desaparecer hasta el día de hoy», expresa el fallo.

La sentencia de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra -en el aspecto penal- del ministro Lamberto Cisternas, quien fue partidario de acoger minorantes de responsabilidad en el caso del condenado Klug Rivera; y la opinión disidente de la ministra Muñoz, quien fue partidaria de acoger la prescripción de la acción civil en el caso.

Wilfredo Quiroz escribió una carta maravillosa a su familia, al darse cuenta de los riesgos que corría:

"Dejo esta carta como un recuerdo a mi mujer y mis hijos, que si yo muero por esta causa,

es porque estoy conciente de este prosezo y por que me siente Trabajador y Luchador por el vienestar

de todos los chilenos, pienso que morir por la causa para mi es un horgullo que llevaré a la tunba.

No te aflijas que yo te cuidaré y no faltara quien los proteja, por que creo que todos no son

unas bestias y pienso que hay seres humanos.

Vivir por la causa es ser chileno y ser chileno es defebderla hasta el fin.

(Firma de Wilfredo Quiroz Pereria)

Central El Toro = 14-9-73"