Purrán Treca José Guillermo

PURRÁN TRECA, JOSÉ GUILLERMO: 37 años, casado, empleado, detenido desaparecido el 12 de septiembre de 1973 en Santa Bárbara, provincia de Bío-Bío.

RUBIO LLANCAO, JUAN DE DIOS: 38 años, pequeño agricultor, detenido desaparecido el 12 de septiembre de 1973 en Santa Bárbara, provincia de Bío-Bío.

RUBIO LLANCAO, JULIO ALBERTO: 36 años, agricultor, detenido desaparecido

el 12 de septiembre de 1973 en Santa Bárbara, provincia de Bío-Bío.

TRANAMIL PEREIRA, JOSE MARIA: 47 años, casado, agricultor, detenido

desaparecido el 12 de septiembre de 1973 en Santa Bárbara, provincia de Bío-Bío.

Estas cuatro personas eran dirigentes de sus respectivas comunidades pehuenches, ubicadas en la zona del Alto Bío-Bío: José Guillermo Purrán Treca, de la comunidad Juan de Dios Rubio Llancao y su hermano Julio Alberto Rubio Llancao, de la comunidad Cauñicú; y José María Tranamil Pereira, cacique de la comunidad de Trapa-Trapa. Fueron detenidos ese día por funcionarios de Carabineros de la localidad de Santa Bárbara y desde entonces permanecen desaparecidos.

Según declaraciones de familiares y testigos, todos ellos fueron requeridos por un Bando, por lo cual se presentaron ante las autoridades policiales del lugar, quedando detenidos en la unidad de Carabineros de Santa Bárbara. Como no regresaron a sus hogares, sus familiares fueron a buscarlos a ese recinto, sin obtener información sobre su paradero.

En el caso de José Guillermo Purrán, se informó a sus familiares que había sido trasladado al Regimiento de Los Angeles, recinto donde inicialmente se reconoció su arresto pero posteriormente se negó.

Respecto de José María Tranamil, cinco días después de su detención, se presentaron carabineros en la comunidad de Trapa-Trapa y arrestaron a su hijo, quien tenía entonces 17 años. Lo condujeron a pie hasta Santa Bárbara y lo amenazaron diciéndole que le sucedería lo mismo que a su padre si no entregaba las armas que se encontraban en su poder. El joven estuvo detenido una semana en Santa Bárbara antes de recuperar su libertad.

Desde el día de sus detenciones, estos cuatro dirigentes indígenas se encuentran desaparecidos. De acuerdo con antecedentes recibidos por esta Corporación, todos ellos fueron ejecutados en el puente Quilaco sobre el río Bío?Bío, a la entrada de Santa Bárbara.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada, por el carácter colectivo de la situación y la reiterada ocurrencia de casos similares en la zona, el Consejo Superior llegó a la convicción de que la desaparición y probable muerte de estas cuatro personas es de responsabilidad de los agentes del Estado que los detuvieron. Por tal razón, declaró a José Guillermo Purrán Treca, Juan de Dios Rubio Llancao, Julio Alberto Rubio Llancao y José María Tranamil Pereira, víctimas de violación de derechos humanos.

Una situación totalmente irregular se produce en la comuna de Curacautín, en La Araucanía, específicamente en la escuela Collico, donde el municipio mantiene a un criminal de lesa humanidad como director. Se trata de Juan Carlos Burgos Belauzarán, civil condenado por su participación en la desaparición de 28 campesinos en Santa Bárbara y Quilaco, en la precordillera del Biobío, entre septiembre y diciembre de 1973. 

Juan Carlos Burgos Belauzarán es el nombre del criminal de lesa humanidad que trabaja como profesor encargado de la escuela rural Collico, de Curacautín. El delincuente fue condenado, junto a cuatro carabineros y nueve civiles, como autor de secuestro y desaparición de 28 campesinos en Quilaco y Santa Bárbara, en lo que configura uno de los crímenes más brutales de la dictadura. 

Burgos Belauzarán fue condenado a la pena de cuatro años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, pero en la actualidad figura como profesor encargado de la escuela rural Collico, con un sueldo de más de $2 millones. El cargo lo ocupa al menos desde 2016.

Debido a la gravedad de esta situación, no sólo por su ilegalidad, sino por lo que reviste una condena por delitos de lesa humanidad, RESUMEN se contactó tanto con el DAEM de Curacautín como con la seremi de Educación en La Araucanía, desde donde evitaron asumir  responsabilidades y anunciaron que la situación está en manos de un equipo jurídico «para tomar una resolución».

Desde el departamento de educación municipal señalaron que «aún no nos ha informado la Corte Suprema y en la recolección de antecedentes de ahora salió la inhabilidad y por eso se levantó la información a los abogados. Yo no tenía idea, llevo casi un año en el cargo y tampoco soy de Curacautín».

Patricio Aguilera, director del DAEM, acotó que esta escuela rural está en receso en la actualidad, pero Juan Carlos Burgos Belauzarán aparece ganando un salario, en marzo de 2023, de más de $2 millones. En esta línea, Aguilera contestó que, «él está con licencia y la licencia se la paga la Isapre. Nosotros ahora mandamos los antecedentes a los asesores jurídicos cuando nos llegó el certificado de inhabilidad, inmediatamente derivamos a nuestros abogados».

Consultada la seremi de Educación de la Araucanía, María Isabel Mariñanco, sobre el porqué de la permanencia de un violador de derechos humanos como encargado de una escuela, se remitió a responsabilizar al sostenedor, evitando referirse a una posible toma de medidas.

«En el ámbito administrativo de la gestión de los establecimientos educacionales, las contrataciones del personal están bajo la responsabilidad del sostenedor que, en este caso, corresponde al municipio. Como Ministerio de Educación llamamos a los municipios y al servicio local de educación pública, en su calidad de sostenedores a dotar de mayor rigurosidad a los procesos de revisión de los antecedentes de quienes ejercen labores en los establecimientos educacionales».

Por lo pronto, el criminal de lesa humanidad, Juan Carlos Burgos Belauzarán se encuentra con licencia y según declararon del DAEM, se estaría «esperando» por la revisión del equipo jurídico para concretar su desvinculación, por lo pronto, sigue figurando como profesor encargado de la escuela Collico. 

A continuación, describimos los hechos en los que participó directamente como autor, Burgos Belauzarán, cometidos en Santa Bárbara y Quilaco, entre septiembre y diciembre de 1973:

En la investigación judicial se establecen en detalle los diversos episodios criminales protagonizados por los uniformados y civiles ejecutores de verdaderas razias de exterminio.

Es así que el 13 de septiembre de 1973, un grupo de civiles y carabineros, todos premunidos de armas de fuego y que se movilizaban en vehículos motorizados, llegaron al domicilio de Cristino Humberto Cid Fuentealba, ubicado en la parcela El Rodal, en las afueras de Quilaco, procediendo a detenerlo en presencia de sus familiares, para luego llevárselo caminando desde ese lugar con destino desconocido, haciéndolo desaparecer hasta la fecha.

El 14 de septiembre de 1973 Juan de Dios Fuentes Lizama y Juan Francisco Fuentes Lizama fueron secuestrados desde su domicilio ubicado en una choza del fundo Corcovado, camino a Villacura, en la comuna de Santa Bárbara, por Carabineros y civiles, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su destino.

El 16 de septiembre de 1973, Juan de Dios Rubio Llancao y Julio Alberto Rubio Llancao, fueron detenidos y trasladados a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara a cargo del Jefe de la Unidad, el entonces teniente Planté Aravena Sáez. El mismo día, Guillermo Purrán Treca recurrió a la indicada unidad policial en busca de protección porque no podía regresar a su domicilio, ya que lo había dejado el bus y estaba próxima la hora de inicio del toque de queda, pero le dejan allí en calidad de detenido. En la noche, estos tres campesinos más José María Tranamil Pereira que también había sido detenido, fueron sacados del recinto policial y trasladados hasta el puente Quilaco donde los carabineros les acribillan, desconociéndose desde esa fecha toda noticia sobre los cuatro campesinos.

El 16 de septiembre de 1973, Sebastián Hernaldo Campos Díaz se presentó voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, pues había sido citado anteriormente, quedando detenido sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.

A mediodía del 17 de septiembre de 1973, Elba Burgos Sáez fue detenida por Carabineros en la vía pública en la ciudad de Santa Bárbara, fue subida en una camioneta y se la llevaron con destino desconocido, ignorándose desde esa fecha toda noticia de su paradero o de su existencia.

La tarde del 17 de septiembre de 1973, José Rafael Zúñiga Aceldine, José Secundino Zúñiga Aceldine y José Gilberto Araneda Riquelme, concurrieron voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, cumpliendo con una citación que, a través de un tercero, les había hecho Carabineros de la aludida unidad policial, siendo ingresados a dicha recinto como detenidos, ignorándose desde esa fecha toda noticia sobre su paradero o destino.

En la comuna de Quilaco, en horas de la madrugada del 20 de septiembre de 1973, un grupo de Carabineros y civiles, llegó hasta el domicilio de José Felidor Pinto Pinto, dirigente del asentamiento campesino Campo Lindo, ubicado en el antiguo fundo Huinquén, a quien detuvieron sacándolo de su casa llevándolo con destino desconocido en vehículos desde ese lugar, momento desde el cual nunca más se tuvo noticias de su destino, desapareciendo su rastro hasta la fecha.

En horas de la mañana del 20 de septiembre de 1973 en la comuna de Santa Bárbara, el grupo de verdugos llegaron hasta el fundo ‘El Huachi’, ubicado a 8 kilómetros de esa comuna, detuvieron a José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy y Desiderio Aguilera Solís, trasladándolos a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, desde donde fueron sacados en horas de la noche con destino desconocido y sin que hasta la fecha hayan sido vueltos a ver o se tengan noticias de sus paraderos.

Más o menos al mediodía de ese día, el mismo grupo se dirigió hasta la villa Loncopangue y también hasta las inmediaciones del fundo Rañiguel del mismo sector, procediendo a detener a Luis Alberto Cid Cid, Luis Bastías Sandoval y Raimundo Salazar Muñoz, siendo subidos a un camión de la Municipalidad de Quilaco que conducía José Feliciano Gutiérrez Ortiz, conocido como ‘El Chamo’, para luego ser llevados por el camino público que conduce a Quilaco hasta un sendero que lleva a la confluencia de los ríos Bío Bío y Quilmes, donde fueron bajados del vehículo y vigilados por sus captores, se les llevó caminando hasta las riberas de los cursos de agua señalados, momento en que sus aprehensores les habrían disparado con armas de fuego cayendo sus cuerpos al cauce de los mencionados ríos, ignorándose su real paradero hasta la fecha. También ese mismo día, en horas de la tarde fue detenido en Quilaco por un grupo conformado por Carabineros y civiles, el lugareño Segundo Marcial Soto Quijón, fecha desde la cual le hicieron desaparecer.

En la comuna de Santa Bárbara, aproximadamente las 14:00 horas del mismo día 20 de septiembre, el grupo criminal detuvo en el sector Los Junquillos a José Nazario Godoy Acuña, el que posteriormente fue trasladado hasta la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara. Alrededor de las 22:30 horas del 20 de septiembre de 1973 en la comuna de Santa Bárbara, llegaron hasta el domicilio de Manuel Salamanca Mella, ubicado en avenida La Feria sin número en Santa Bárbara, donde le detuvieron en presencia de sus familiares, para luego llevárselo a la Tenencia de Carabineros. En igual fecha, el mismo grupo se dirigió a la pensión ubicada en calle Rosas N° 343 de la comuna de Santa Bárbara, donde detuvieron a José Mariano Godoy Acuña, siendo trasladado hasta la Tenencia donde fueron vistos por última vez, sin que hasta la fecha se les haya vuelto a ver o se tengan noticias de su paradero.

En la noche del 20 de septiembre de 1973, el mismo grupo armado de Carabineros y civiles, llegó hasta el domicilio de Miguel Cuevas Pincheira ubicado en calle Rosas N° 371 de Santa Bárbara y lo detuvieron, en presencia de sus familiares, cónyuge e hijos, sacándolo de su casa y trasladándolo a un lugar desconocido sin que hasta la fecha haya sido vuelto a ver o se tengan noticias de su paradero.

El 23 de septiembre de 1973, en horas de la madrugada, el grupo de verdugos irrumpió en la hijuela La Palma, en la comuna de Santa Bárbara, para secuestrar desde su domicilio a los campesinos Sergio D’Apollonio Petermann, de 48 años de edad, y a su hijo Carlos Jacinto D’Apollonio Zapata, de 22 años.

A Carlos Jacinto lo trasladan hasta el puente que une las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, sobre el río Bío Bío, donde le pusieron en una de las barandas y le dispararon con armas de fuego, cayendo así al lecho del río. Sin embargo, la corriente arrastró su cuerpo hasta una de las riberas donde horas de la mañana del día siguiente fue encontrado su cuerpo por familiares y conocidos. Estos llevan el cadáver hasta su vivienda y proceden a velarlo para darle luego sepultación, pero en horas de la tarde de ese día, los mismos individuos que le habían secuestrado la noche anterior irrumpieron para sustraer el cuerpo del joven y se lo llevaron para hacerlo desaparecer hasta el presente.

En la mañana del 3 de noviembre de 1973 aproximadamente a las 11:00 hrs., el grupo de Carabineros y civiles llegó hasta la Parcela N° 112 del sector Piñiquihue de la comuna de Quilaco, donde detuvieron a José Roberto Molina Quezada lo sacaron de su casa y se lo llevaron en un vehículo con destino desconocido, momento desde el cual nunca más se tuvo noticias o conocimiento de su paradero.

En la noche del sábado 3 de noviembre, llegaron hasta el domicilio de Gabriel José Viveros Flores ubicado en las afueras de Loncopangue, procediendo a detenerlo en presencia de sus familiares, sacándolo de su casa y llevándoselo con destino desconocido.

Alrededor de las 16:00 horas del 7 de noviembre de 1973, en circunstancias que Aliro Segundo Oporto Durán, de 17 años de edad, se encontraba en una casa ubicada en el sector de Raleo del pueblo de Alto Bío Bío, llegó personal de Carabineros a detenerlo pero el joven arrancó en dirección al río Bío Bío siendo perseguido por los policías, uno de los cuales le disparó logrando aprehenderlo, momento desde el cual se ignora toda noticia de su paradero o existencia.

por Juan Contreras Jara

La Segunda Sala casó de oficio la sentencia recurrida en la parte que consideró a los civiles como cómplices de los delitos y, en sentencia de reemplazo, los condenó en calidad de autores, por haber tenido participación directa en las detenciones y secuestros

La Corte Suprema acogió los recursos de casación en el fondo deducidos y dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de José Domingo Godoy Acuña, Julio Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solís, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella, José Mariano Godoy Acuña, Miguel Cuevas Pincheira, Sebastián Hernaldo Campos Díaz, José Rafael Zúñiga Aceldine, José Secundino Zúñiga Aceldine, José Gilberto Araneda Riquelme, Juan de Dios Rubio Llancao, Julio Rubio Llancao, José María Tranamil Pereira, José Guillermo Purrán Treca, Elba Burgos Sáez, Juan de Dios Fuentes Lizama, Juan Francisco Fuentes Lizama, Sergio D´Apollonio Petermann y Aliro Oporto Durán; y de Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Felidor Pinto Pinto, Luis Alberto Cid Cid, Luis Alberto Bastías Sandoval, Raimundo Salazar Muñoz, Gabriel José Viveros Flores, Segundo Marcial Soto Quijón y José Roberto Molina Quezada. Ilícitos perpetrados en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, respectivamente entre septiembre y diciembre de 1973.

En fallo dividido (causa rol 24.143-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier– casó de oficio la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, en la parte que consideró a los civiles como cómplices de los delitos y, en sentencia de reemplazo, los condenó en calidad de autores, por haber tenido participación directa en las detenciones y secuestros.

En la sentencia definitiva quedaron condenados, en calidad de autores de los delitos: Planté Euclide Aravena Sáez a la pena de 14 años de presidio; Héctor Isaías Echeverría Beltrán y José Heraldo Pulgar Riquelme deberán cumplir 11 años de presidio; Carlos Santiago Sepúlveda Rivera y Exequiel del Carmen Celedón Barrera, 10 años y un día; Sergio Amado Fuentes Valenzuela, Luis Enrique Ricardo Antonio Barrueto Bartning y Manuel Darío Barrueto Bartning a 6 años de reclusión; en tanto, Jorge Denis Domínguez Larenas, Jorge Eduardo Valdivia Dames y José Roberto Valdivia Dames deberán cumplir 5 años y un día de presidio. Finalmente, los condenados Eugenio Villa Urrutia, Juan Carlos Burgos Belauzarán y José Feliciano Gutiérrez Ortiz fueron sentenciados a 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada por igual lapso.

“Que, en relación al vicio denunciado, cabe tener presente, que para analizar el grado de participación que –entre otros– les correspondió a los acusados Luis Barrueto Bartning, Manuel Barrueto Bartning y Sergio Fuentes Valenzuela, en los delitos de secuestro calificado de Manuel Salamanca, José Domingo Godoy Acuña, José Nazario Godoy Acuña y José Mariano Godoy Acuña; y al encartado Jorge Domínguez Larenas en el delito de secuestro calificado de Sergio D’Apollonio Petermann, la sentencia de segunda instancia, en su fundamento 57° se refirió a la teoría funcional del hecho y analizó los requisitos de la coautoría, luego de lo cual concluyó en el razonamiento 59° que las conductas de todos los civiles que intervinieron en los hechos solo podrían considerarse de complicidad”, plantea el fallo.   (  EXTRACTO)

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, Raquel Lermanda,  dictó sentencia de primera instancia en la investigación por los secuestros de 29 personas, ocurridos en las localidades de Quilaco y Santa Bárbara, Región del Bío Bío, entre septiembre y noviembre de 1973.

La magistrado dictó condena en contra de las personas que participaron en los secuestros calificados de José Rafael Zúñiga Aceldini,  José Secundino Zúñiga Aceldini, José Gilberto Araneda, Juan de Dios Rubio Llancao, Julio Rubio Llancao, José María Tranamil Pereira, JOSE GUILLERMO PURRAN TRECA, José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solís, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella, José Mariano Godoy Acuña, Miguel Cuevas Pincheira,  Juan de Dios Fuentes Lizama, Juan Francisco Fuentes Lizama, Elba Burgos Sáez, Sebastián Hernaldo Campos Díaz, Aliro Oporto Durán, Sergio D’Apollonio Petermann (todos ellos ocurridos en Santa Bárbara); y de Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Félido Pinto, Luis Alberto Cid, Luis Alberto Bastas Sandoval, Raimundo Salazar Muñoz,  Gabriel José Viveros Flores, Segundo Marcial Soto Quejón y José Roberto Molina Quezada (ocurridos en Quilaco).

Las penas determinadas son las siguientes:

Planté Aravena Saez. 14 años.

José Jaime Godoy Godoy. 11 años.

Héctor Isaías Echeverría Beltrán. 11 años.

Jorge Domínguez Larenas.  10 años y un día.

José Heraldo Pulgar Riquelme. 11 años.

Sergio Amado Fuentes Valenzuela. 10 años y un día.

Jorge Eduardo Valdivia Dames. 10 años y un día.

José Roberto Valdivia Dames. 10 años y 1 un día.

Luis Enrique Ricardo Antonio Barrueto Bartnning.  10 años y un día.

Manuel Darío Barrueto Bartnning. 10 años y un día.

José Segundo Ruiz Prado. 5 años y un día de presidio.

Eugenio Villa Urrutia. 10 años y un día.

José Eleodoro Burgos Sandoval.  12 años

Juan Carlos Burgos Belauzarán.  10 años y un día.

Carlos Antonio Sepúlveda Rivera. 11 años.

José Feliciano Gutiérrez Ortiz. 10 años y un día.

Exequiel del Carmen Celedón Rivera. 10 años y un día.

Sergio Alejandro Pino Cabeza. Absuelto.

 En el aspecto civil se  acogieron las demandas planteadas determinando que el Fisco  debe pagar distintas sumas a los familiares de las víctimas por el daño moral provocado por el secuestro de sus familiares.

Además los condenados deberán asumir un pago por diversos montos por el mismo hecho.

Cabe mencionar que en el año 2011 el ministro Carlos Aldana había dictado condena por los mismos hechos, sin embargo la sentencia fue anulada por la Corte de Apelaciones de Concepción por lo que la ministra Lermanda asumió la causa como ministra no inhabilitada.

«Pewenches» es un relato fílmico registrado en la alta cordillera de la región del Biobío, donde se devela un lugar donde la naturaleza se expresa en todo su esplendor, donde el paisaje cultural le otorga una identidad personal a sus ancestrales habitantes, y donde se desprenden del cielo los afluentes de los ríos que irrigan

«Pewenches» es un relato fílmico registrado en la alta cordillera de la región del Biobío, donde se devela un lugar donde la naturaleza se expresa en todo su esplendor, donde el paisaje cultural le otorga una identidad personal a sus ancestrales habitantes, y donde se desprenden del cielo los afluentes de los ríos que irrigan y hacen parir cada año los frutos del Pewen.

El trabajo audiovisual, realizado por Juan Benítez Paz, registra el quehacer selectivo de diversas comunidades mapuche del valle del Queuco, quienes muestran y narran lo mejor de sí, en sus actividades cotidianas, así también, de quienes han buscado más allá de sus fronteras la manera de trasformar su realidad.

Son varias las historias que se trenzan en este trabajo: el relato de Manuel Vita Gallina, artesano en colihue, quien cuenta los avatares de su oficio y el recuerdo del lugar con sus primeros habitantes; también la historia de Julio Purrán Treca -el balsero de Callaqui- perteneciente a una familia de larga tradición de balseros, ya que su padre y abuelo se dedicaron al mismo oficio, y que lamentablemente falleció hace unos meses atrás, por lo que este es su último registro.

El tenor pewenche José Miguel Pellao es otro de los personajes retratados en el Alto Biobío, y que se refiere a la pérdida de la identidad cultural y entrega un mensaje a los jóvenes. Y la octogenaria pewenche de Callaqui Clementina Treca, quien realiza un canto en chedungún para explicar el mítico poblamiento de los primeros pewenche que se avecindaron hacia Chile desde la Argentina.

Finalmente, se cuenta la historia del detenido desaparecido JOSE GUILLERMO PURRAN TRECA , en uno de los casos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el Alto Biobío. El emotivo testimonio lo narra la hija -Francisca Purrán Milla- y el vecino que estuvo detenido junto a él, René Beltrán.

Cabe señalar que «Pewenches» es el segundo registro fílmico de las comunidades mapuche de la región del Biobío realizado por Juan Benítez Paz, con la producción de Fundación CEPAS y el apoyo del 2% de Cultura del Gobierno Regional del Biobío.

El primero, «Lafkenches», entregó una mirada de las comunidades mapuche costeras de Tirúa, en la provincia de Arauco, y en conjunto buscan contribuir al rescate de nuestras raíces, la puesta en valor de los pueblos originarios, y por ende, de la identidad territorial del sur del Biobío.

El agua o “ko”, en idioma mapudungun, es uno de los componentes fundamentales en la espiritualidad Mapuche. Por eso, Fernanda Castro Purran es una de las jóvenes que ha asumido la responsabilidad de la defensa del río, quien señala que la actual lucha se debe al ejemplo de las mujeres en el territorio.

Inspiración y memoria colectiva

Fernanda Castro Purran es una joven Mapuche Pewenche, de 30 años, quien nació y se crio en la comunidad de Callaqui, en el Alto Bío Bío. Cuando era niña su abuela tejía witro —conocidos como tirapiedras— y cada vez que los confeccionaba tenía mucha rabia. Le decía a su nieta que “para los chiquillos”. En ese tiempo los primos de Fernanda se iban a manifestar contra los proyectos. “Yo era una niña cuando empezaron a protestar contra Pangue, que fue el primer proyecto que llegó”, recuerda.

Fernanda es profesora y se dedica a hacer programas e intercambios culturales con jóvenes de distintos territorios del mundo en la ONG internacional “Ríos to Rivers”, una organización fundada para capacitar y educar a la comunidad en el cuidado de los ríos en el mundo. Además, junto a Yoana Benítez Necul fundó el equipo de rafting femenino Pewenche Malen Leubü (niñas del río). De su abuela, Rosa Milla, aprendió la espiritualidad Mapuche y la manera de cuidar la naturaleza. Desde que tiene conciencia su familia ha estado enfrentando proyectos extractivistas que se han emplazado en el territorio. 

“Ella me llevaba al río y conversaba con él, pero decía que había que hacerlo en mapudungun, porque si no era muy difícil conectarse con el agua”, recuerda.

El abuelo de Fernanda Castro Purran, José Guillermo Purrán Treca, de la comunidad Callaqui, fue detenido desaparecido víctima de la dictadura militar en 1973. Era dirigente y reconocido a nivel territorial. Fernanda no lo conoció y la única fotografía que tenía de él se quemó cuando la casa de su tía mayor se incendió.

Según el relato que les contó un lamngen (hermano en idioma mapudungun) de la comunidad que estaba con su abuelo, ellos iban camino a Ralco desde Santa Bárbara cuando los retuvieron, los llevaron a la comisaría y los soltaron. Luego, cuando iban caminando pasó un grupo de militares y les preguntó quiénes eran. Los tomaron, los amarraron de pies y brazos y los subieron a un camión, lo que recuerda la persona que sobrevivió es que estaban parados en el Puente Quilaco donde pasa el río Bío Bío, cerca de Santa Bárbara y les dispararon.

“El lamngen cuenta que se hizo el muerto, lo patearon y logró soportar y a mi abuelo le dispararon en la pierna y lo tiraron del puente hacia el río Bío Bío con los brazos atados. Cada vez que se ha encontrado un cuerpo, estamos alerta, siempre tenemos esperanza, mi tía mayor ya tiene más de 60 años y todavía se manifiesta, ella lidera la búsqueda de justicia. Yo me olvidé un poco de su cara, pero la memoria oral de la familia persiste, lo que mi familia recuerda de él, lo transmite”, dice.

Su abuelo no militaba en ningún partido político. “En esos años se luchaba por un colegio Mapuche y mi abuelo dirigía el proceso, en la casa de él se hacían las reuniones, siempre llegaba gente de muchos lugares. Dirigía el proceso y lo persiguieron por ser Mapuche y líder de causas sociales”, indica Fernanda Castro

Fernanda Castro Purran proviene de la comunidad de Callaqui en el Alto Biobío al sur de Chile. Es territorio pewenche, es decir, “gente del pewen” o araucaria, árbol sagrado para el Pueblo Mapuche. Ahí está el río Biobío, uno de los más caudalosos de Chile, el cual está interrumpido por tres mega centrales hidroeléctricas: Pangue en 1996, Ralco en 2004 y Angostura en 2014. Hoy nuevamente está siendo intervenido, pero la consigna de Fernanda y de muchos habitantes que se oponen a nuevos proyectos es “por los ríos libres”.

La joven mapuche, junto a comunidades indígenas y medioambientalistas, sostienen que la cuarta central que se está construyendo, llamada Rucalhue, de la transnacional China Three Gorges Corporation, aumentará los graves e irreversibles impactos a la biodiversidad. La empresa define su proyecto como “limpio y renovable” y ya cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental aprobada, pero para los defensores de la cuenca del río Biobío, las represas no son energías limpias. 

Su tía, María Purran Milla, comenta que Fernanda desde pequeña fue entusiasta en sus estudios, independiente y sociable. “Ella sola empezó a mover a mucha gente, ha luchado en defensa del medioambiente. Yo creo que esa fuerza que tiene la heredó de mi papá, porque él fue un gran luchador que siempre defendió a nuestros ancestros, a su comunidad. La Feña ha ido a otros países a contar lo que está pasando acá, me siento orgullosa de mi sobrina, porque hay que cuidar los ríos”, dice.

María es la mayor de sus hermanos, tenía 14 años cuando su padre JOSE GUILLERMO PURRAN TRECA , fue detenido desaparecido, víctima de la dictadura militar en 1973 de Augusto Pinochet. Era dirigente y reconocido a nivel territorial, recorrió distintas comunidad a caballo, recuperó terrenos para otras familias “Mi papá por hablar, por ser un mapuche que defendía el medioambiente, lo mataron. Hasta el día de hoy no tenemos justicia, como mucha gente del territorio, eso duele, te marca de por vida. Es un maldito recuerdo que tenemos. Mi papá no era terrorista, murió luchando”, señala María.  ( extracto)