Portilla Portilla Armando

Rut       : 2.758.775

F.Nacim. : 14-06-28; 48 años a la fecha de su detención

Domicilio : Avenida Estrella N°1281, Pudahuel, Santiago

E.Civil  : Casado, 3 hijos

Actividad : Operador Mecánico; Promotor de Ventas

C.Repres. : Miembro del Comite  Central del Partido Comunista ,Ex Director de la Empresa Nacional de Electricidad S.A., ENDESA, 

F.Detenc. : 9 de diciembre de 1976

SITUACION REPRESIVA

            Armando Portilla, 48 años, casado, tres hijos, operador mecánico, ex-Director de Endesa, militante comunista, fue detenido en la vía pública por agentes de la DINA, el 9 de diciembre de 1976.

            Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976, fueron detenidas trece personas: once pertenecientes al Partido Comunista -algunas de ellas miembros de su Comité Central- y dos al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Los procedimientos que se utilizaron para detenerlos guardan semejanzas entre sí, particularmente en el hecho de que sus arrestos se realizaron en la vía pública, salvo en un caso, y destacándose que el grueso de las detenciones se verificaron el día 15 de diciembre de 1976, afectándose en ese sólo día a siete personas. Y la otra nota común en sus situaciones, fue aquella que proporcionó oficialmente el gobierno militar, en el sentido que prácticamente todos registraban salida de Chile a Argentina entre fines de diciembre de 1976 o a principios de enero de 1977. Versión que, posteriormente, fue demostrada su falsedad judicialmente.

            La otra característica común a todas estas personas es que hasta la fecha se encuentran desaparecidas.

            Las víctimas son: Santiago Edmundo Araya Cabrera, detenido el 29 de noviembre de 1976; Armando Portilla, detenido el 9 de diciembre de 1976; Fernando Alfredo Navarro Allende, detenido el 13 de diciembre de 1976; Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Waldo Ulises Pizarro Molina, Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 15 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz, Carlos Patricio Durán González, ambos detenidos el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, detenido el 20 de diciembre de 1976.

            Armando Portilla, el 9 de diciembre, cerca de las 09:00 horas, salió de su hogar, como lo hacía de costumbre, para cumplir con sus labores de venta en el Laboratorio Analmet. No llegó a su lugar de trabajo ese día, y nunca más se supo de él. La última persona conocida que lo vio, fue una vecina, Marina Sepúlveda González, cuando por la mañana pasó frente a su casa, en los momentos que ella regaba su jardín, agregando que el afectado iba en dirección a la calle San Pablo. El marido de esa vecina, fue compañero de trabajo en ENDESA (Central Hidroeléctrica de Rapel) de Armando Portilla, de manera que le conocía perfectamente.

            Con posterioridad al desaparecimiento, Mireya Adriana Rivera Véliz, declaró en el proceso rol 2-77, refiriendo que a mediados de febrero de 1977 llegó hasta su casa "…un hombre joven, quien me preguntó si mi esposo (se trata de Enrique Coussi, detenido desaparecido desde septiembre de 1973, que también trabajó al igual que el afectado en ENDESA, Rapel) había sido dirigente en ENDESA de Rapel junto con Armando Portilla. Ante lo cual le pregunté de parte de quién venía y me replicó que era del Ministerio de Defensa y que andaba haciendo una encuesta sobre los desaparecidos. No me exhibió ninguna credencial y no me proporcionó más detalles. Sólo me agregó, al despedirse: "pronto va a tener noticias nuestras…".

            Por otra parte, en la misma investigación criminal, el gobierno informó oficialmente, en base a datos de la Policía de Investigaciones, que el afectado registraba salida del país a la Argentina el 11 de enero de 1977. Al efecto, el Subcomisario de Investigaciones, Sergio Vukasovic, indicó "que es posible que la persona de que se trata (Armando Portilla) haya viajado en el automóvil patente XO-60024". En otra información, también proveniente de la Policía de Investigaciones, se dijo que el afectado salió "en automóvil particular", sin decir qué patente tendría ese vehículo; pero, además, se indicó como año de nacimiento del afectado el de 1933, hecho inexacto, pues Armando Portilla nació el año 1928.

            Esta indicación que nació el año de 1933, se volvió a repetir en la hoja de ruta relativa a la salida del afectado, en que figuraba su nombre a continuación al de otras dos personas, saliendo ese día 11 de enero de 1977 a la Argentina, por el paso Los Libertadores, y en la cual se indicaba el automóvil patente extranjera XO-60024, respecto de los tres viajeros.

            El Ministro Carlos Cerda, en el proceso rol 2-77, tomó declaración al funcionario de Investigaciones Rolando José Pérez Villena, e interrogado para que disipara algunas dudas respondió: "Reconozco como mía la letra de la línea tres del documento de fs.267 (allí es donde, después de los otros dos viajeros, aparecía Armando Portilla y sus datos) cuyo original se me exhibe, en copia a carbón, y no estoy seguro si la fecha es mía, porque los número son como los que yo hago; también puede corresponder a mi mano la expresión "Lbt" (Libertadores, el paso). No sé responder al Tribunal por qué en los listados de Policía Internacional no aparece oportunamente registrado el pasajero de la línea número dos. Tampoco sé explicar el por qué de la participación de distintas personas en ese instrumento, pues, en realidad, yo acostumbraba a llenar íntegramente una hoja y, en este caso, yo aparezco tomando una hoja cuyas dos primeras líneas y los datos del auto estaban ya escritos por otra persona…" Y cuando fue interrogado finalmente sobre una inconsecuencia, dijo "…no sé por qué en la hoja de vida de fs.806 no se registra mi permanencia en la avanzada de Libertadores, en enero de 1977".

            A su turno, cuando el Ministro Cerda interrogó al Subcomisario de Investigaciones, Mario Enrique Guzmán Bustamante, a esa época Jefe de la Avanzada Los Libertadores, para que diera algunas explicaciones, éste respondió: "…no sé explicar por qué el vehículo registrado en la hoja de ruta (se trata de la de los dos pasajeros junto a Armando Portilla y del vehículo patente XO- 60024)… no aparece en los listados correspondientes, saliendo del país el 11 de enero de 1977. Tampoco sé por qué el pasajero de la línea 2 no fue oportunamente registrado en los listados de ciudadanos salidos del país en esa fecha, a pesar de haber sido yo el Jefe de la Avanzada en esa época. Lo más seguro es que esa persona esté mal ingresada, trabajo que se hacía en Santiago y escapaba a nuestro control…". Y luego, en términos generales, afirmó: "Digo categóricamente que jamás recibí instrucciones superiores, ni órdenes, ni influencias de amigos o interesados tendientes a producir alteraciones en las hojas de ruta. Tampoco creo que ello haya ocurrido con alguno de mis dependientes en esa época…".

            Como ha quedado de manifiesto, en la supuesta salida del país de Armando Portilla, como también de otros del grupo de los trece desaparecidos, se detectaron varias irregularidades, llegándose incluso a encargar reo a dos dependientes del Jefe de la Avanzada, Subcomisario Guzmán, precisamente por falsificación de instrumento (hojas de ruta), en los casos de Reinalda Pereira Plaza y Edras Pinto. Los familiares de los detenidos desaparecidos siempre dijeron que sus parientes jamás abandonaron el país sino que fueron detenidos, y que la versión oficial no pasaba de ser una maniobra más para dar impunidad a los agentes envueltos en los dramáticos hechos.

            Hasta la fecha se desconoce el paradero o suerte corrida por Armando Portilla con posterioridad a su detención.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Con fecha 13 de diciembre de 1976, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cónyuge del afectado presentó recurso de amparo, el que ingresó con el rol número 1071-76. En su tramitación sólo se accedió a oficiar al Ministerio del Interior, quedando respecto de las demás diligencias de resolver en su oportunidad (se pedía informe a la DINA y al Ministerio de Justicia). Pasado más de una semana de interpuesto el recurso, se certificó en éste la respuesta de la Cartera de Interior: "no se encuentra detenido por orden de ese Ministerio".

            El 27 de diciembre de 1976, con el sólo mérito de lo informado por el Ministerio del Interior, se procedió a rechazar el recurso, sin pronunciarse jamás acerca de las diligencias referidas a la DINA y al Ministerio de Justicia. Eso sí, la Corte ordenó enviar los antecedentes al Juzgado del Crimen para que investigue la posible comisión de un delito con motivo del desaparecimiento del afectado.

            Se apeló del fallo ante la Corte Suprema, Tribunal que no se pronunció acerca de las diligencias pedidas y que la Corte de Apelaciones había quedado de resolver en su oportunidad, y procedió sin más a confirmar lo actuado por la Corte de Apelaciones, en sentencia pronunciada el 30 de diciembre de 1976, por los Ministros Israel Bórquez, Luis Maldonado, Manuel Rivas y los abogados integrantes Enrique Urrutia y Román de Amesti.

            Luego que los respectivos recursos de amparo fueran rechazados, familiares de las víctimas solicitaron a la Excma. Corte Suprema la designación de un Ministro en Visita para que se abocara al conocimiento de los 13 desaparecidos ya nombrados. El Tribunal accedió a lo solicitado, pero limitando el ámbito de investigación a sólo 8 de los casos. Al poco tiempo de iniciada la investigación se incluyeron dos más. Entre estos 8 primeros se encontraba el caso de Armando Portilla.

            La tramitación de esta causa duró cerca de 13 años y se acumularon en ella 21 tomos con más de 9.000 fojas, y la investigación estuvo a cargo de distintos Ministros.

            El máximo Tribunal de la República ordena a la Corte de Apelaciones de Santiago que efectúe tal designación, la que recayó en el Ministro Sr. Guastavino, quien luego de requerir informe al Ministerio del Interior -quien informó que los afectados habían hecho abandono del país por un paso cordillerano, hacia la República Argentina- sobreseyó la causa. Dicha resolución fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al igual que en la segunda oportunidad en que se decretó un nuevo cierre del sumario. Posteriormente, el Ministro Carlos Letelier Bobadilla vino a subrogar al Ministro Guastavino, cerrando el sumario en agosto de 1978, "no pudiendo adelantarse en la investigación".

            Dicha resolución fue impugnada por los abogados que hicieron ver al Ministro que sí podía adelantar en la investigación, por existir diligencias pendientes solicitadas y porque del estado del proceso surgirían otras por disponer. Fue así como el Ministro Letelier dejó sin efecto su propia resolución, decretando diligencias.

            Más adelante, reasumiendo sus funciones el Ministro Guastavino, decretó sobreseimiento definitivo por aplicación del D.L. 2191 en diciembre de 1980. La Corte de Apelaciones, esta vez, revocó la resolución de cierre del sumario, y el propio Ministro en Visita dejó sin efecto el sobreseimiento decretado, por haberse omitido una formalidad legal. De esta manera continuó la tramitación. Ya en el año 1983 se hizo cargo de continuar la investigación por el "proceso de los trece", el Ministro señor Carlos Cerda Fernández, quien dictó cientos de diligencias, consistentes en citaciones de personas, reconocimientos de lugares y de personas, peritajes, revisión de expedientes criminales, despacho de Oficios recabando informes a servicios del Estado, a ramas de las Fuerzas Armadas, instituciones particulares y otras de vital importancia.

            En suma recibió cerca de 200 testimonios de testigos presenciales de las detenciones de los afectados y de su reclusión en recintos clandestinos. Entre estos testimonios también se contaron los de miembros de las Fuerzas Armadas, que participaron en Servicios de Inteligencia, como asimismo de funcionarios de Carabineros y de Investigaciones, y de algunos civiles que colaboraron con los servicios de seguridad, como es el caso de Otto Trujillo y de Miguel Estay Reyno (El Fanta).

            En esta etapa se contó con la declaración del un soldado primero de la Fuerza Aérea de Chile, Andrés Valenzuela Morales, que en 1984 desertó de esta Institución, quien mediante su declaración dio cuenta y datos que, a mediados de la década del 70, comenzó a operar un llamado "Comando Conjunto" o "Comando Conjunto Antisubversivo", integrado por miembros de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, más algunos civiles que pertenecieron a partidos de izquierda y que luego de ser detenidos por los servicios de inteligencia, sometidos a presiones y/o extorsiones, se transformaron en colaboradores.

            En este grado de investigación, el Ministro Carlos Cerda llegó a establecer datos valiosos y esclarecedores respecto de otros casos de violaciones de derechos humanos, algunos de ellos de desaparecimiento de personas, disponiendo incluso la remisión de algunas piezas del "proceso de los trece" a otros Tribunales que conocían de causas criminales por ellos.

            El Ministro Carlos Cerda dictó durante la tramitación que a él le tocó sustanciar 43 encargatorias de reos, en septiembre de 1983 a dos funcionarios de Investigaciones por los delitos de falsificación de instrumento público constituido por la hoja de ruta que daba cuenta de la salida del país y de ilegítima privación de libertad de Reinalda Pereira Plaza y de Edras Pinto Arroyo; y en septiembre de 1985, a Miguel Estay Reyno (El Fanta), como cómplice en los delitos de ilegítima privación de libertad de Reinalda Pereira Plaza y Edras Pinto Arroyo.

            El 14 de agosto de 1986, el Ministro dicta 40 encargatorias de reo por igual número de personas entre los que se encuentra el ex miembro de la Junta Militar, General del Aire Gustavo Leigh, otros Generales, Oficiales y Suboficiales de Carabineros, Fuerza Aérea y Marina de Chile, detectives de la Policía de Investigaciones y de algunos civiles. Los uniformados eran algunos en servicio activo y otros en retiro a esa fecha.

            Cuatro de estos 40 reos presentaron queja por no aplicación de ley de amnistía y la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de septiembre de 1986, deja sin efecto las encargatorias de reo, no sólo de los cuatro reos que apelaron sino que incluye, por Oficio, a los otros 36 reos. Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema el 6 de octubre del mismo año.

            Ante tal resolución, el Ministro Cerda resolvió suspender su cumplimiento y representar a la Corte Suprema un escrito fundamentando las razones de su determinación. Enterada de esta situación la Corte Suprema en Pleno, del 8 de octubre de 1986, resolvió aplicar medida disciplinaria de suspensión del cargo por dos meses, con goce de media remuneración, al Ministro Carlos Cerda Figueroa.

            Se nombró como suplente al juez Manuel Silva Ibañez quien, el 23 de octubre de 1986, aplicando el D.L. de amnistía sobreseyó definitivamente el proceso Rol 2-77.

            Los familiares de las víctimas apelaron y la Corte de Apelaciones, el 10 de junio de 1987, confirmó el fallo del juez Silva. Ante esta situación se presentaron recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, Tribunal que en sentencia del 11 de agosto de 1989, confirmó el sobreseimiento definitivo por amnistía de la causa Rol 2-77 que investigaba la suerte corrida tras la detención de Armando Portilla.

            Para mejores antecedentes del proceso Rol 2-77, que investiga la suerte de detenidos desaparecidos del año 1976, ver ficha de Reinalda del Carmen Pereira Plaza, detenida el 15 de diciembre de 1976.

Cumpliendo con el compromiso verbal asumido con los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga, el gobierno, a través del Programa de Derechos Humanos, solicitó al ministro Héctor Carreño que instruya sumario en el caso de la desaparición de trece dirigentes comunistas en 1976 e investigue los antecedentes que demostrarían que hubo remoción de restos en ese lugar.

Si es acogida la solicitud del Programa, se abrirá un nuevo frente de investigación, pues el mandato que otorgó la Corte Suprema a Héctor Carreño y Amanda Valdovinos -a cargo de la búsqueda de veinte cuerpos en el Fuerte Arteaga- fue sumamente restrictivo desde el minuto que los designó como jueces especiales, pues sólo les comisionó confirmar la veracidad de la información de la Mesa de Diálogo y encontrar los cuerpos que estarían en esas coordenadas, pero nada les dijo sobre esclarecer las circunstancias de las desapariciones investigadas.

Así, a diez meses de esta resolución, sólo ha habido avances en materia de hallazgo de osamentas. De hecho, desde que el 9 de enero comenzó la investigación en el socavón de la mina Los Bronces, ubicada en el kilómetro 12 de la Cuesta Barriga, el proceso se ha visto enturbiado por las limitaciones impuestas por el máximo tribunal.

De acuerdo a los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga no se puede pretender encontrar cuerpos, identificarlos y luego dejar el caso botado. Aseguran que todo juez debe tener como principal misión la verdad y la justicia y, en ese plano, determinar quiénes fueron los culpables de los crímenes de 1976 y quiénes removieron sus cuerpos. Por ello, anticipan que si falla la presentación del Programa presentarán querellas para determinar la remoción de restos de sus parientes, la que aseguran se efectuó, con 90 por ciento de certeza, en 1987.

La remoción de 1987

Una pieza fundamental para investigar la remoción de restos será la información proporcionada por dos testigos a Investigaciones y el mismo tribunal, que declararon que en 1987 camiones del Ejército recorrieron la zona y realizaron operativos, trasladando bultos.

Esta tesis cobra fuerza, porque los peritajes de los expertos del Servicio Médico Legal han determinado que los cuerpos fueron exhumados entre cinco a diez años después de su entierro, lo que queda en evidencia porque los restos que permanecieron en la mina corresponden a aquellos que caen libremente al moverse y no presentan las fracturas propias de un cadáver que no está en avanzado proceso de descomposición.

Si a ello se suma que el propio ex almirante Jorge Arancibia, cuando se desempeñaba como comandante en jefe de la Armada confirmó que la información de restos en Cuesta Barriga fue entregada por su institución, las posibilidades que el juez Carreño inicie una investigación en esa área pone como principales inculpados -nuevamente- a miembros de las Fuerzas Armadas.

Para los familiares de las víctimas estos antecedentes son tan contundentes que ameritan solicitar al Ejército que informe sobre estos trabajos y rompa -parcialmente- el secreto que ofreció la Mesa de Diálogo a las personas que entregaron estos datos, pues en su opinión tendrían alguna participación en el delito de exhumación y remoción de cuerpos.

Entre los familiares existe la creencia que la totalidad de los restos de sus padres y hermanos jamás serán encontrados, pues señalan que luego de remover los restos la práctica habitual fue dinamitarlos o destruirlos y, muy difícilmente se realizaron en ese período operativos para lanzar cuerpos al mar.

Lenta identificación

Mientras los familiares de los desaparecidos aguardan con ilusión el resultado de la diligencia solicitada por el Programa, el Servicio Médico Legal comenzó la larga tarea de establecer la identidad de las osamentas, que de acuerdo al organismo corresponderían al menos a diez personas.

Las 200 piezas encontradas sólo han permitido a la fecha tener certeza de la identidad de dos personas: Horacio Cepeda y Fernando Ortiz, gracias a la comparación de las piezas dentales con radiografías que guardaban sus familiares, aunque sus restos deberán ser evaluados como todos los demás con pruebas de ADN, investigación que se extenderá al menos por un año. Ello, pese a que los familiares esperan que el trámite sea más corto de lo previsto, considerando que se chequearon grupos de osamentas comunes para facilitar los peritajes.

El informe de la mesa de diálogo sólo consigna que en la Cuesta estarían los cuerpos de Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Luis Segundo Fernando Alfredo Navarro Allendes, Juan Fernando Ortíz Letelier y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 13 de diciembre de 1976.

Pero las agrupaciones de derechos humanos y el Informe de la Comisión Rettig suman los nombres de Santiago Edmundo Araya Cabrera (detenido el 29 de noviembre de 1976), Armando Portilla (detenido el 9 de diciembre de 1976), Reinalda del Carmen Pereira Plaza y Waldo Ulises Pizarro Molina, detenidos en el operativo del 13 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz y Carlos Patricio Durán González, ambos apresados el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, arrestado el 20 de diciembre de 1976.

A la fecha los informes forenses han establecido "acercamientos" a las identidades de Héctor Véliz, Alfredo Navarro, Luis Lazo y Lincoyán Berríos, pues sus antecedentes médicos presentan importantes correspondencias con las piezas óseas periciadas en el Servicio Médico Legal. También se menciona a Lizandro Cruz y Carlos Durán que se encuentran entre las víctimas del Partido Comunista

Entre los encartados hay al menos 60 nuevos ex agentes que hasta ahora no habían caído en las redes de la justicia por delitos de lesa humanidad. Del total de procesados, todos en retiro, 50 son del Ejército y el resto de la FACh, Armada, Investigaciones y Carabineros.

El más masivo procesamiento en la historia de los juicios por violaciones de los derechos humanos, dictó ayer el juez Víctor Montiglio en contra de 120 ex agentes, todos de la DINA.

Entre los encausados hay cerca de 60 nuevos ex represores que hasta ahora no habían sido procesados en algún juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El magistrado resolvió los nuevos encartamientos por los crímenes cometidos en las llamadas operaciones Colombo, Cóndor y los episodios conocidos como Calle Conferencia I y II.

En estos dos últimos, en 1976, la DINA secuestró e hizo desaparecer a dos direcciones clandestinas completas del entonces encubierto Partido Comunista.

Aunque el juez Montiglio mantuvo la información lejos de la prensa, se conoció que de los 120 procesados, hay al menos 50 que pertenecen al Ejército y el resto a la Fuerza Aérea, Armada, Investigaciones y Carabineros.

Entre los oficiales procesados y ya retirados del Ejército que cumplieron misiones operativas en la DINA, al menos están César Manríquez Bravo, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Sovino Novoa, Humberto Chaigneau Sepúlveda y Sergio Castillo González.

Este último es uno de los ex agentes represores que continúan recibiendo un sueldo mensual del Ejército, recontratado como empleado civil, según el reportaje "La DINA a honorarios" publicado en la última edición de La Nación Domingo.

Esta vez el ministro Montiglio incluyó entre los procesados a varios ex agentes que montaron guardia en los recintos clandestinos de detención, pero que también fueron agentes operativos en el traslado de prisioneros para su exterminio y desaparición.

Incluso, no pocos de ellos integraron las brigadas operativas de la DINA deteniendo opositores y participando en las torturas o en golpizas.

El juez Montiglio explicó ayer este masivo encausamiento, manifestando que ello se debe a que "aquí estamos investigando a todos quienes han tenido participación en los cuarteles (de la DINA)".

El magistrado ordenó además el arresto preventivo de una gran parte de los procesados, y aquellos respecto de los cuales no lo decretó, se explica porque ya se encuentran encausados por otros casos y en situación de libertad provisional, esperando condena.

La Operación Cóndor, o Plan Cóndor, fue una coordinación de los servicios de inteligencia del cono sur para reprimir y eliminar a militantes de izquierda, y nació en Santiago el 28 de noviembre de 1975.

A esa reunión, en la que se formó el acta de constitución, asistieron por Chile el jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras; por Argentina el capitán de navío Jorge Casas; por Bolivia el mayor de Ejército Carlos Mena; por Uruguay el coronel de Ejército Jorge A. Pons, y por Paraguay el coronel de Ejército Benito Güanes Serrano.

La Operación Colombo fue un montaje preparado por la dictadura entre fines de 1974 y 1975, para hacer creer a la sociedad chilena y los países extranjeros que ya reclamaban por la represión tras el golpe militar de 1973, que los detenidos desaparecidos eran una mentira del "marxismo internacional".

Para ello, inventaron que 119 chilenos que se reclamaban como desaparecidos, habían muerto en Argentina y Brasil, enfrentados entre ellos por rencillas políticas o en intercambio de disparos con las policías o fuerzas militares de esos países.

El caso conferencia

Se conoció como Calle Conferencia, según el nombre de la calle de Santiago con el número 1587 donde se produjeron las primeras detenciones, al episodio por el cual la DINA secuestró e hizo desaparecer en mayo de 1976 a la primera dirección clandestina del Partido Comunista.

Entre ellos cayeron Víctor Díaz López, secretario general del PC en la clandestinidad, además de Jorge Muñoz Poutays, Mario Zamorano Donoso, Uldarico Donaire Cortez, y Jaime Donato Avendaño.

El capítulo conocido como Conferencia II se le llama también "El caso de los 13", por el secuestro y desaparición de 11 integrantes de la segunda dirección clandestina del PC junto a dos militantes del MIR, ocurrido entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976.

La investigación judicial estableció que tanto los miembros de la primera, como la segunda dirección del PC, fueron detenidos por integrantes de la Brigada Lautaro de la DINA, comandada por el capitán de Ejército Juan Morales Salgado, y por los integrantes de dos grupos operativos liderados por Ricardo Lawrence y Germán Barriga, capitán de Carabineros y Ejército, respectivamente.

Santiago Araya Cabrera (MIR) fue detenido el 29 de noviembre de 1976. El 13 de diciembre fue arrestado el dirigente PC Luis Lazo San Martín.

Dos días más tarde fueron secuestrados Horacio Cepeda Marinkovich, Lincoyán Yalú Berríos, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, Reinalda Pereira Plaza y Waldo Pizarro Molina.

El 9 de diciembre fue detenido ARMANDO PORTILLA , finalizando la operación el 18 de diciembre con Lisandro Cruz Díaz y Carlos Durán González (MIR), y el 20 de ese mes, con el secuestro de Edras Pinto Arroyo.

Sólo en 2007 se conoció judicialmente el infierno que vivieron los detenidos, porque ningún prisionero salió con vida desde el cuartel Simón Bolívar de la Brigada Lautaro.

Respecto del destino de los dirigentes, el testimonio del suboficial de Carabineros (R) Raúl Valdebenito Araya fue decisivo para abrir la causa.

Según él, por esos días, "tres o cuatro" detenidos, todos miembros del PC, fueron llevados hasta el gimnasio del cuartel, para ser interrogados.

No recuerda si fue ese día o al siguiente que vio a las personas "ya ensacadas", aludiendo a que habían sido eliminadas y puestas dentro de sacos paperos.

El mismo Valdebenito se encargó de conducir a la comitiva de automóviles hasta la cuesta Barriga, al poniente Santiago.

"Al llegar nos detuvimos y recuerdo que los vehículos que venían custodiándonos sacaron de sus maleteras unos tres o cuatro bultos, los que fueron trasladados hasta el interior de una cueva", declaró en el sumario.

Según recuerda, "pocos días después", llegaron cinco detenidos más al cuartel Simón Bolívar, también miembros de la dirección del PC, quienes habían sido detenidos por los equipos operativos de Lawrence y Barriga.

Otro agente entregó antecedentes trascendentales para probar la estadía en ese cuartel del profesor Fernando Ortiz, Reinalda Pereira y Lincoyán Berríos.

En el ojo del huracán

Justo cuando el reportaje publicado por La Nación Domingo sobre los ex agentes de la DINA y la CNI, algunos procesados por derechos humanos, que estando en situación de retiro del Ejército, siguen recibiendo sueldos mensuales provocara gran impacto en el mundo político, el juez Víctor Montiglio, uno de los principales candidatos para ascender a la Corte Suprema, dio a conocer ayer este masivo procesamiento a ex agentes de la DINA.

A los autos de procesamientos dictados en 2007 y 2008 por los casos Calle Conferencia I, consistente en la aniquilación de la primera dirección del PC, y el montaje criminal denominado Operación Colombo -ambos hechos ocurridos en 1975 y 1976-, el magistrado procesó ahora a 120 ex agentes de la DINA.

Esta vez se trata del exterminio de los miembros de la segunda dirección del PC. Si bien hasta el cierre de la edición aún no se conocían los nombres de los agentes encausados que serán notificados hoy, se presume que muchos de ellos ya se encuentran procesados por los crímenes cometidos en los casos Calle Conferencia I y Colombo.

Los otros casos del juez

En mayo de 2007, el ministro Víctor Montiglio procesó a 74 ex agentes de la DINA, la mayor parte de ellos hasta ese momento desconocidos, en lo que se conoció como el procesamiento más grande de la historia. De esta forma se daba a conocer la existencia del cuartel Simón Bolívar y de la mortal Brigada Lautaro.

Un año después de ocurridos los crímenes relativos a la primera dirección del PC, se llevó a cabo la Operación Colombo o "Caso de los 119". La acción perpetrada por la DINA en 1975 en contra de dirigentes del MIR, también fue investigada por Montiglio.

Luego de un concienzudo trabajo, el ministro determinó algunos de los puntos por donde pasaron varios de los detenidos desaparecidos víctimas del montaje, entre los que se encontraba la Brigada Lautaro. Nuevamente dio un golpe. En mayo, pero esta vez de 2008, sometió a proceso a 98 agentes de la DINA.

La brigada de la muerte

Asentados en Simón Bolívar 8800, en la comuna de La Reina, en 2007 la Brigada Lautaro se reveló como el último y más brutal hallazgo respecto de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Originalmente este grupo de agentes tuvo como tarea fundamental la seguridad del director de la DINA, el entonces coronel Manuel Contreras.

Sin embargo, en 1975, cuando el PC se rearticuló, formando una dirección clandestina, esta mortal brigada cambió de rubro dedicándose por completo a la caza de los dirigentes partidistas.

Hasta el lugar llegaron los entonces capitanes Ricardo Lawrence Mires y Germán Barriga. En el lugar también se experimentó con gas sarín sobre los detenidos, estando a la cabeza de este proceso Michael Townley.

Además de darse las torturas más cruentas, nadie salió con vida de Simón Bolívar. La auxiliar de enfermería Gladys Calderón se encargaba de inyectarles una dosis mortal de veneno.

Luego se quemaban los rostros y partes distintivas de los detenidos, se les quitaban las tapaduras de oro, se ensacaban para luego ser trasladados a las minas de cal de Lonquén o lanzados al mar.

En una sencilla, pero emotiva ceremonia, fue descubierta el jueves 11 de septiembre al mediodía una placa recordatoria en la Casa Matriz de Codelco, con los nombres de 26 trabajadores de la compañía que fueron muertos o desaparecidos tras el golpe militar

La actividad, que fue convocada por la Federación de Trabajadores del Cobre, contó con la presencia de representantes de la Agrupación de Detenidos y Ejecutados Políticos de Calama; del ministro de Minería, Alfonso Dulanto, así como ejecutivos y trabajadores de la Corporación.

En su intervención, el titular de la organización sindical, Raimundo Espinoza, recalcó que la intención de este evento no era causar divisiones, sino que reivindicar la memoria para que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir.

Agregó que la decisión de rendir este homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos humanos de Codelco no fue fácil, esos compañeros detenidos desaparecidos son parte de esta empresa. Y, por ese motivo colocamos esa placa, para que nunca más ocurra esto en el país. La placa recordatoria, ubicada en la entrada del hall de la Casa Matriz contiene los nombres de Ricardo Pérez, Carlos Berger,Haroldo Cabrera, Carlos Escobedo, Luis Hernández, David Miranda, Hernán Moreno, Luis Moreno, Rafael Pineda, Carlos Piñero, Sergio Ramírez, Fernando Ramírez, Alejandro Rodríguez, Carlos Acuña, Luis Gómez, Luis Segovia, Carlos Garay, Víctor Cepeda, Luis Contreras, David Silberman, Julio Muñoz, Ricardo García, Benito Tapia, Maguindo Castillo, Joel Huaiquiñir, y ARMANDO PORTILLA.

El recuerdo de Tomic

Todos tenemos caídos y todos tenemos recuerdos, pero no quiero repetir esos recuerdos. Ya habrá tiempo para eso. Este es el acto de una empresa constituida por personas. Eso es lo que queremos recordar ahora.

Con estas palabras, atravesadas por una profunda emoción, Francisco Tomic, hijo del candidato a la Presidencia de la República y senador por las regiones del cobre, Radomiro Tomic, resumió el sentido que tuvo esta ceremonia para la administración.

El ejecutivo, actual vicepresidente corporativo de desarrollo humano y finanzas, señaló en su alocución que debíamos convertir esta fecha en un momento de profunda reflexión para que nunca más los chilenos nos perdamos el respeto, a la vez que llamó a superar la intolerancia.

Testimonios

También entregó su testimonio, el trabajador y dirigente sindical, Carlos Gómez, quien perdió a su hermano en esas circunstancias y aseguró ser el único sobreviviente de la plana ejecutiva de aquella época.

Además, destacó la figura de varios de ellos, como Silberman y Cabrera, recalcando el hecho de que la mayoría de ellos nunca supieron de qué los acusaron ni tuvieron derecho a una justa defensa.

Abogó también porque actos como este sirvan para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir hechos tan lamentables como este.

Por la Agrupación de Detenidos Políticos y Ejecutados Políticos de Calama habló Victoria Saavedra, quien junto con agradecer a la Federación por la iniciativa, señaló que este gesto permite reivindicar el nombre de estos trabajadores, su dignidad y es un ejemplo para todo el país..

Durante el acto se leyó también una carta de agradecimiento y homenaje por la víctimas, enviada por Jorge Arrate, quien se desempeñaba en esa época el cargo de vicepresidente ejecutivo de la Corporación.

Roberto Portilla Arellano. Periodista, dos hijos. Tenía 11 años al momento de la detención de su padre, ARMANDO PORTILLA PORTILLA , militante del Partido Comunista . En el proceso de búsqueda siempre estuvo junto a su madre, convirtiéndose a temprana edad en un actor activo en la AFDD. En la fase de recuperación de la imagen paterna logra proyectarse con una postura positiva y proactiva frente a los cambios sociales.