Ponce Quezada Orlando Miguel

Rut       : Sin información

F.Nacim. : 15-01-57, 16 años a la fecha de su detención

Domicilio : Avda. Condell 1433, Pobl. Cerro Colorado, Renca, Santiago.

E.Civil  : Soltero

Actividad : Cesante

C.Repres. : Sin información

F.Detenc. : 8 de octubre de 1973

SITUACION REPRESIVA

            Orlando Miguel Ponce Quezada, 16 años de edad a la fecha de los hechos, fue detenido el 08 de octubre de 1973 en operativo efectuado por efectivos Militares y de Carabineros, en la Población Cerro Colorado de la comuna de Renca. Tras su arresto, fue subido a una camioneta de color rojo que estaba a cargo de Carabineros, quienes lo pusieron boca abajo en el piso del vehículo para proceder luego a saltar sobre su cuerpo. Junto a otros detenidos, fue trasladado a la Comisaría de Carabineros de Renca, en donde permaneció alrededor de 2 horas, para luego ser nuevamente subido a la camioneta en la cual fue trasladado a un costado del Cerro Colorado, lugar que era custodiado por efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, FACH. Allí fue baleado por la espalda y su cuerpo, sin vida, fue abandonado permaneciendo en ese lugar alrededor de 3 días -los efectivos de la FACH no dejaron a los pobladores acercarse al lugar-, al término de los cuales, Carabineros levantó el cuerpo introduciéndolo en una bolsa, desconociéndose el lugar al cual lo trasladaron.

            De las circunstancias de su muerte, da cuenta el testimonio de don Patricio Hernán Ordenes, quien expresa que en octubre de 1973, la población Cerro Colorado fue cercada y allanada por militares. Los hombres fueron llevados a la Plaza en donde debieron entregar sus cédulas de identidad. Los soldados tenían una lista de personas y a él le dijeron que iba a quedar detenido porque "iba a asesinar a la vecina del lado". Lo introdujeron a una camioneta, boca abajo, en la cual había carabineros. Posteriormente, en dos paradas distintas, subieron a otras dos personas, para finalmente ser trasladados a la Comisaría de Renca, en donde estuvieron más o menos una hora. Después los subieron de nuevo a la camioneta roja y los llevaron a unos dos o tres kilómetros de la población, a un costado del Cerro Colorado, el cual estaba cercado y vigilado por la Aviación. Los tres prisioneros fueron obligados a descender. Primero interrogaron a un detenido de unos 30 años, a quien golpearon hasta que quedo totalmente cubierto de sangre, cayó a una acequia y uno de los policías se le paró encima casi ahogándolo; después lo arrojaron en calidad de bulto a la camioneta. Enseguida le ordenaron al otro detenido, un muchacho de unos 15 años a quien reconoció como el sobrino de un vecino suyo, de nombre Miguel Ponce Quezada, que caminara hacia el cerro, mientras cumplía la orden, el carabinero a cargo, quien tenía una mancha o un lunar en una de sus mejillas, ordenó al resto de los policías que le dispararan, orden que no fue obedecida. Entonces sacó su revólver y amenazó a sus subalternos con dispararles si no obedecían su orden. Dio la orden de fuego por segunda vez y el muchacho cayó herido de muerte. Dejaron allí su cuerpo. Luego de la "ejecución", el testigo -a quien también golpearon- y al otro detenido los llevaron de vuelta a la Comisaría de Renca.

            Por su parte, doña Leontina del Carmen Rebolledo Rivero, tía de la víctima y desde cuyo domicilio fue detenido, señala en su testimonio que en los días posteriores a los hechos, fue informada que el cadáver de su sobrino se encontraba en un sector del Cerro Colorado, presentando un orificio de bala. El cuerpo permaneció en ese lugar alrededor de 3 días, siendo divisado por una gran cantidad de moradores de la población y también por ella, siendo imposible acercarse al lugar, pues estaba cerrado por Carabineros. Posteriormente se enteró que el cuerpo de su sobrino fue levantado del lugar e introducido en una bolsa. La acción la realizó Carabineros, los que procedieron a llevárselo con destino desconocido.

            Su familia intentó sin resultados positivos primero que le devolvieran el cuerpo y luego saber el lugar de sepultación. Hasta la fecha no ha sido posible tampoco lograr la certificación de la defunción.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            No se consigna ninguna acción ante Tribunal.

            Los antecedentes de Orlando Miguel Ponce Quezada fueron anexados a la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal, en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos, los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación.

Los restos de dos víctimas de la dictadura ,una de ellas un adolescente de dieciséis años, han sido identificadas por el Servicio Médico Legal, tras haber sido exhumados en 1991 en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de Orlando Ponce Quezada, de 16 años y de Mario Casanova Pino, de 34, que formaban parte de 125 cadáveres enterrados ilegalmente en 108 tumbas marcadas como "NN" en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago en 1973 y exhumados en 1991 por orden de la Justicia.

Orlando Ponce Quezada, según dijeron a Efe fuentes de derechos humanos, fue detenido el 8 de octubre de 1973 durante un allanamiento masivo de militares y carabineros en la población obrera "Cerro Colorado", del municipio santiaguino de Renca.

El adolescente, según testimonios de testigos, fue subido a una camioneta roja a cargo de carabineros.

Junto a otros detenidos, fue trasladado a la Comisaría de Renca y dos horas más tarde llevado en la misma camioneta a un costado del Cerro Colorado, donde soldados de la Fuerza Aérea le dispararon por la espalda.

Su cadáver permaneció tres días en el lugar, tras los cuales unos carabineros lo introdujeron en una bolsa y se lo llevaron con rumbo desconocido.

En tanto, Mario Casanova Pino fue ejecutado con numerosos disparos en la mañana del 24 de septiembre de 1973 en una calle de Santiago y permaneció como detenido desaparecido hasta 1991, cuando se esclareció que había sido enterrado como "NN" en el Cementerio General.

Según varios testigos, en la tarde del 17 de septiembre de 1973, carabineros de la IV Comisaría de Santiago se presentaron en el domicilio familiar acompañados por Mario Casanova, a quien llevaban esposado.

Su rostro tenía señales de haber recibido golpes. Los policías señalaron que investigaban la comisión de un hurto y después se lo llevaron nuevamente. Al día siguiente, los familiares concurrieron hasta el cuartel policial, pero la detención fue negada.

El Servicio Médico Legal remitió los datos de ambas identificaciones al juez especial Alejandro Solís, a cargo de la investigación relativa al Patio 29, y que deberá comunicar el resultado de las pericias a las familias de las víctimas y ordenar la entrega de los restos. EFE

El juez que investiga los errores cometidos por el Servicio Médico Legal (SML) en la identificación de los restos óseos del Patio 29 del Cementerio General, Alejandro Solís, entregó a la familia de dos de las víctimas, los restos de sus seres queridos correctamente individualizados.

Se trata de las osamentas de Mario Eduardo Casanova Pino y Orlando Miguel Ponce Quezada, ambos detenidos desaparecidos desde octubre de 1973 y sus familias nunca habían recibido antes restos asociados a sus parientes, por lo que figuraban fuera del universo del proceso.

Con esta entrega llegan a 35 las identificaciones del caso Patio 29 en la investigación iniciada en el 2001 por el Servicio Médico Legal, que continúa su trabajo pericial en la búsqueda de nuevas identidades.

De acuerdo a los antecedentes procesales quedan más de 90 pericias en las que aún no se han obtenido resultados definitivos de la identificación de restos exhumados desde el Patio 29.

Con los análisis se logró identificar con un 99,999% de certeza los restos correspondientes a dos víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, cuyos familiares, hasta ahora, no habían tenido información sobre sus paraderos, toda vez que nunca se había logrado algún tipo de identificación de los mismos.

El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz  dio a conocer dos nuevas identidades de personas cuyos restos fueron inhumados ilegalmente de una fosa del Patio 29 del Cementerio General, y que fueron individualizadas por peritajes realizados en el Servicio Médico Legal.

Con los análisis se logró identificar con un 99,999% de certeza los restos correspondientes a dos víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, cuyos familiares, hasta ahora, no habían tenido información sobre sus paraderos, toda vez que nunca se había logrado algún tipo de identificación de los mismos. Además, dichas víctimas no estuvieron vinculadas en las identificaciones a la presente causa en la década de los noventa.

Los restos corresponden a Mario Eduardo Casanova Pino, de 34 años de edad al momento de su detención, ocurrida el 17 de septiembre de 1973.

De acuerdo a los antecedentes judiciales, la víctima murió a las 7 horas, del 24 de septiembre de 1973, en la vía pública, por múltiples heridas de bala, según se consigna en su protocolo de autopsia del Instituto Médico Legal. Permaneció en calidad de detenido desaparecido hasta el año 1991, cuando se esclareció que había sido inhumado en calidad de N.N en el Cementerio General. Según varios testigos, en horas de la tarde del 17 de septiembre de 1973, Carabineros de la Cuarta Comisaría de Santiago, se presentaron en el domicilio familiar acompañados por Mario Casanova, a quien llevaban esposado, su rostro tenía señales de haber sido golpeado. Los aprehensores señalaron que investigaban la comisión de un hurto. Después volvieron a llevárselo.

Al día siguiente, los familiares concurrieron hasta el cuartel policial, pero la detención fue negada.

Durante el año 1991, en una investigación realizada en el 3° Juzgado del Crimen de Santiago por otros desaparecidos, se estableció que el 26 de septiembre de 1973, en el Instituto Médico Legal de Santiago se había practicado autopsia al cadáver de una persona NN, remitido en esa calidad desde la 2° Fiscalía Militar de Santiago. Mediante cotejos y peritajes de huellas, se determinó que el Protocolo asignado con el N° 2 2919 le correspondía a Mario Casanova, cuyo cuerpo había sido remitido al Cementerio General.

La segunda identidad corresponde a Orlando Miguel Ponce Quezada, de 16 años al momento de su detención, realizada el 8 de octubre de 1973.

De acuerdo a los antecedentes procesales, el menor fue detenido por efectivos militares y de Carabineros, en la Población Cerro Colorado de la comuna de Renca. Tras su arresto, fue subido a una camioneta de color rojo que estaba a cargo de Carabineros, quienes lo pusieron boca abajo en el piso del vehículo para proceder luego a saltar sobre su cuerpo. Junto a otros detenidos, fue trasladado a la Comisaría de Carabineros de Renca, en donde permaneció alrededor de 2 horas, para luego ser nuevamente subido a la camioneta en la cual fue trasladado a un costado del Cerro Colorado, lugar en que era custodiado por efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, FACH. Allí fue baleado por la espalda y su cuerpo, sin vida, fue abandonado permaneciendo en ese lugar alrededor de 3 días -los efectivos de la FACH no dejaron a los pobladores acercarse al lugar-, al término de los cuales, Carabineros levantó el cuerpo introduciéndolo en una bolsa, desconociéndose el lugar al cual lo trasladaron.

Según el testimonio de Patricio Hernán Órdenes, quien expresa que en octubre de 1973, la Población Cerro Colorado fue cercada y allanada por militares. Los hombres fueron llevados a la plaza en donde debieron entregar sus cédulas de identidad. Los soldados tenían una lista de personas y a él le dijeron que iba a quedar detenido, porque “iba a asesinar a la vecina del lado”. Lo introdujeron a una camioneta, boca abajo, en la cual había Carabineros.

Posteriormente, en dos paradas distintas, subieron a otras dos personas, para finalmente ser trasladados a la Comisaría de Renca, en donde estuvieron más o menos una hora. Después, los subieron de nuevo a la camioneta roja y los llevaron a unos dos o tres kilómetros de la población, a un costado del Cerro Colorado, el cual estaba cercado y vigilado por la aviación. Los tres primeros prisioneros fueron obligados a descender. Primero interrogaron a un detenido de unos 30 años, a quien golpearon hasta que quedó totalmente cubierto de sangre, cayó a una acequia y uno de los policías se paró encima de él, casi ahogándolo; después lo arrojaron en calidad de bulto a la camioneta.

Enseguida le ordenaron al otro detenido, un muchacho de unos 15 años, a quien reconoció como el sobrino de un vecino suyo, de nombre Miguel Ponce Quezada, que caminara hacia el cerro. Mientras cumplía la orden, el Carabinero a cargo, quien tenía una mancha o lunar en una de sus mejillas, ordenó al resto de los policías que le dispararan, orden que no fue obedecida. Entonces, sacó su revólver y amenazó a sus subalternos con dispararles si no obedecían su orden. Dio la orden de fuego por segunda vez y el muchacho cayó herido de muerte. Dejaron allí su cuerpo. Luego de la ejecución, el testigo –a quien también golpearon- y al otro detenido los llevaron de vuelta a la Comisaría de Renca.

En tanto, doña Leontina del Carmen Rebolledo Rivero, tía de la víctima y desde cuyo domicilio fue detenido, señala que en los días posteriores a  los hechos, fue informada que el cadáver de su sobrino se encontraba en un sector del Cerro Colorado, presentando un orificio de bala. El cuerpo permaneció en ese lugar alrededor de 3 días, siendo divisado por una gran cantidad de moradores de la población y también por ella, siendo imposible acercarse al lugar, pues estaba cerrado por Carabineros. Posteriormente se enteró que el cuerpo de su sobrino fue levantado del lugar e introducido a una bolsa. La acción la realizó Carabineros, los que procedieron a llevárselo con destino desconocido.

Su familia intentó, sin resultados positivos, primero que le devolvieran el cuerpo y luego saber el lugar de sepultación. Hasta la fecha no ha sido posible lograr la certificación de defunción.

Los peritajes del SML estuvieron a  a cargo de los Peritos ad-hoc designados por el Tribunal: Dra. Rhonda Roby, especialista en genética forense, y el Dr. Francisco Etxeberría Gabilondo, especialista en medicina legal y forense.

De acuerdo a los antecedentes procesales, quedan más de 90 pericias en las que aún no se han obtenido resultados definitivos de la identificación de restos exhumados desde el Patio 29.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violación a los derechos humanos, Mario Carroza, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el homicidio calificado del menor de 15 años Orlando Ponce Quezada, ejecutado en octubre de 1973, en los faldeos del cerro Colorado de la comuna de Renca.

En el fallo, el ministro Carroza condenó al teniente en retiro de Carabineros Mario Pizarro Cortés a la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito. Asimismo, absolvió al sargento en retiro de la policía uniformada Patricio Montecinos Bustos, por falta de participación en los hechos.

En el aspecto civil, se resolvió condenar al fisco a pagar la suma de $15.000.000 (quince millones de pesos) por el concepto de daño moral al querellante Alberto Haroldo Ponce Quezada, hermano de la víctima.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la indagatoria, el magistrado logró acreditar la siguiente secuencia de hechos en la causa:

"El día 13 de octubre de 1973, en horas de la mañana, efectivos militares, funcionarios de Carabineros e Investigaciones desarrollaron un allanamiento en la población Cerro Colorado de la comuna de Renca: en el operativo las Fuerzas Armadas y de Orden le ordenaron a varones mayores de 18 años dirigirse con su cédula de identidad hasta el sector donde existía en esa época una cancha de fútbol, ubicada entre las calles Sargento Candelaria y Paula Jaraquemada, lugar donde se verificarían sus identidades y antecedentes por funcionarios de Investigaciones".

"En el curso de este procedimiento, la víctima Orlando Miguel Ponce Quezada de tan sólo 15 años de edad, por curiosidad se asoma al antejardín de la casa en la cual vivía con el propósito de ver lo que acontecía con estas personas, quien al ser sorprendido por un militar, recibe la advertencia que se entre y no salga, pero éste hace caso omiso de la orden e incurre en la misma conducta, lo que habría llevado al militar a ordenarle que también vaya donde estaban los varones adultos; una vez que Ponce Quezada llega al lugar, se le obliga a mantenerse tendido boca abajo en el suelo junto a otros pobladores, en el intertanto se continuaba revisando documentos y una vez finalizado, permite liberar a algunos de ellos, menos al joven Ponce Quezada, a quien Carabineros sube en una camioneta C-10 de color rojo y junto a otras dos personas los mantienen en las mismas condiciones para trasladarlo luego a la Primera Comisaría de Renca".

"En la unidad policial, permanecieron un par de horas y luego se les obliga a subirse nuevamente a la camioneta, y en ella les llevan hasta los faldeos del Cerro Colorado, donde se les ordena bajarse y acto seguido comienzan a golpearlos fuertemente con los pies, las manos y las armas que portaban, luego a dos de ellos los suben heridos a la camioneta, pero a Ponce Quezada, el teniente Mario Pizarro Cortés le habría ordenado caminar delante de ellos; el joven Orlando Miguel Ponce Quezada obedece el mandato y camina un par de metros, instante que aprovecha el teniente Mario Pizarro Cortés para ordenarle a los carabineros que lo acompañan que le disparen, lo cual ellos cumplen y consiguen abatir al menor, quien cae al suelo con vida, pero Pizarro Cortés le remata con su arma de servicio, hecho que finalmente provoca su muerte como consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico y de tres impactos en el sector abdominal, con salida de proyectil".

"Una vez consumado el delito, los funcionarios de carabineros se retiraron del lugar en la camioneta con los otros dos detenidos y dejan abandonado el cuerpo sin vida del menor, el que si bien es descubierto por sus familiares, los militares les impiden retirarlo, permaneciendo por días en el lugar y al parecer, finalmente un camión del Ejército lo lleva al Servicio Médico Legal, donde le identifican erradamente como Sergio Fernando Fernández Pavez y lo sepultan bajo ese nombre en el Patio 29, siendo sus restos exhumados por solicitud de agrupaciones de derechos humanos, que obligaron a efectuar un nuevo procedimento de identificación a 127 cadáveres, logrando identificar a uno de ellos como los de Orlando Miguel Ponce Quezada".

Los condenados, Patricio Montecinos Bustos y Mario Pizarro Cortés perpetraron el crimen el 13 de octubre de 1973. Foto: EFE/Archiv

La Corte Suprema de Chile condenó a dos carabineros jubilados a penas de 10 años y un día de cárcel por el homicidio, en 1973, de Orlando Ponce Quezada, un niño de 15 años, según fuentes judiciales.

Los condenados, Patricio Montecinos Bustos y Mario Pizarro Cortés perpetraron el crimen el 13 de octubre de 1973 en la población Cerro Colorado, en el municipio santiaguino de Renca.

El asesinato

Orlando Miguel Ponce Quezada se asomó a la puerta de su casa durante un allanamiento policial, fue detenido y llevado a un cuartel y dos horas después a un lugar despoblado, momento en el que el teniente Mario Pizarro Cortés ordenó a los carabineros que lo acompañaban que lo disparasen.

Los carabineros cumplieron la orden y abatieron al menor. Aunque murió instantáneamente, Pizarro Cortés se acercó al cuerpo y lo remató con su arma pistola, relata la sentencia.

En el aspecto civil, la Corte ordenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 40 millones de pesos (61.000 dólares) a un hermano de la víctima.

Otro caso

También la Corte condenó a un militar jubilado por el homicidio, en 1981, de Gumercindo Gutiérrez Contreras en la sureña localidad de Lautaro, en cuyo regimiento la víctima cumplía su servicio militar.

La sentencia condenó a Carlos Blanco Plummer a cinco años y un día de prisión por el homicidio del joven mientras este cumplía una guardia.

Blanco Plummer, era un alférez conocido por amedrentar a los reclutas colocando su pistola en sus sienes, bocas o cuellos.

Según la sentencia, el 20 de marzo de 1981 el alférez antes indicado se detuvo frente a Gutiérrez Contreras, le preguntó "¿quieres morir, peladito?", tras lo cual le puso el cañón del arma de servicio en la boca y le disparó.

Condenas

La Segunda Sala del máximo tribunal confirmó también las condenas de seis exagentes del Comando Conjunto por su responsabilidad en el secuestro calificado (desaparición) de Juan Quiñones Ibaceta en julio de 1976.

Los exagentes Miguel Estay Reyno, Manuel Muñoz Gamboa, Daniel Guimpert Corvalán, César Palma Ramírez, Enrique Ruiz Bunger y Juan Saavedra Loyola fueron condenados a 10 años de cárcel.

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización de 150 millones de pesos (228.000 dólares) a los familiares de la víctima.

Según la sentencia, Juan Luis Quiñones Ibaceta pertenecía a la Juventud del Partido Comunista (JJ.CC.) y participó en actividades partidistas clandestinas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Entre los años 1975 y 1976 se formó y operó el Comando Conjunto, una agrupación conformada por efectivos de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (DIFA), de Carabineros de Chile (DICAR), de la Armada (SIN) y civiles adscritos a la Fach, objetivo era perseguir, reprimir y desmantelar al Partido Comunista.

En este contexto, el 23 de julio de 1976, el militante de la juventud comunista Juan Luis Quiñones Ibaceta había quedado con un supuesto compañero apodado "El Fanta", quien tenía que prestarle ayuda para salir del país.

Cuando llegó al lugar de la cita, Quiñones Ibaceta fue detenido y trasladado al cuartel de calle Dieciocho. "Desde esa fecha hasta el día de hoy se carecen de noticias de su real paradero", concluye la sentencia.

Orlando Ponce era un adolescente que fue detenido el 8 de octubre de 1973, por un operativo en el que participaron militares y carabineros, en la comuna de Cerro Colorado, Renca.

Como relata el sitio Memoria Viva “Tras su arresto, fue subido a una camioneta de color rojo que estaba a cargo de Carabineros, quienes lo pusieron boca abajo en el piso del vehículo para proceder luego a saltar sobre su cuerpo”.

Fue torturado y baleado por la espalda, cerca del Cerro Colorado, donde dejaron su cuerpo durante varios días, para posteriormente trasladarlo con destino desconocido. Según su tía, Leontina Rebolledo “El cuerpo permaneció en ese lugar alrededor de 3 días, siendo divisado por una gran cantidad de moradores de la población y también por ella, siendo imposible acercarse al lugar, pues estaba cerrado por Carabineros. Posteriormente se enteró que el cuerpo de su sobrino fue levantado del lugar e introducido en una bolsa. La acción la realizó Carabineros, los que procedieron a llevárselo con destino desconocido”.

El Ministro Mario Carroza señaló en su fallo condenatorio de 10 años y un día que “en la unidad policial, permanecieron un par de horas y luego se les obliga a subirse nuevamente a la camioneta, y en ella les llevan hasta los faldeos del Cerro Colorado, donde se les ordena bajarse y acto seguido comienzan a golpearlos fuertemente con los pies, las manos y las armas que portaban, luego a dos de ellos los suben heridos a la camioneta, pero a Ponce Quezada, el teniente Mario Pizarro Cortés le habría ordenado caminar delante de ellos (…) instante que aprovecha el teniente Mario Pizarro Cortés para ordenarle a los carabineros que lo acompañan que le disparen, lo cual ellos cumplen y consiguen abatir al menor”.

Todos los violadores de derechos humanos que están en Punta Peuco deben pasar a cárceles comunes. Basta de impunidad.

“Tuvimos que rearmar noche a noche sus rostros, sus bromas, sus gestos, sus tics nerviosos, sus enojos, sus risas. Nos obligamos a soñarlos porfiadamente, a recordar una y otra vez su manera de caminar, su especial forma de golpear la puerta o de sentarse cansados cuando llegaban de la calle, el trabajo, la universidad o el liceo. Nos obligamos a soñarlos, como quien dibuja el rostro amado en el aire de un paisaje invisible. Como quien regresa a la niñez y se esfuerza por rearmar continuamente un rompecabezas, un puzzle facial desbaratado en la última pieza por el golpetazo de la balacera. (…) Nuestros muertos están cada día más vivos, cada día más jóvenes, cada día más frescos, como si rejuvenecieran siempre en un eco subterráneo que los canta, en una canción de amor que los renace, en un temblor de abrazos y sudor de manos, donde no se seca la humedad porfiada de su recuerdo” Pedro Lemebel El Informe Rettig (Recado de amor al oído insobornable de la memoria)

Rompiendo el silencio: de las niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar:1973-1990. Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Edición: Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

El suboficial de Carabineros en retiro, Mario Pizarro Cortés, quien cumplía una condena en Punta Peuco, murió hoy de un cáncer terminal en el Hospital del Tórax

El suboficial de Carabineros en retiro, Mario Pizarro Cortés, quien cumplía una condena en Punta Peuco, murió hoy de un cáncer terminal en el Hospital del Tórax.

El ex funcionario de la policía uniformada estaba condenado a 10 años y 1 día de cárcel por el homicidio del menor de 16 años Orlando Ponce Quezada, ocurrido en la comuna de Renca en octubre de 1973 durante un allanamiento masivo de militares y carabineros en la población “Cerro Colorado”.

El adolescente, según testimonios de testigos, fue subido a una camioneta roja a cargo de carabineros, que lo pusieron boca abajo en el piso del vehículo para luego saltar sobre su cuerpo. Junto a otros detenidos, fue trasladado a la Comisaría de Renca y dos horas más tarde llevado en la misma camioneta a un costado del Cerro Colorado, donde el grupo, siguiendo las órdenes de Mario Pizarro Cortés, le disparó por la espalda.

Su cadáver permaneció tres días en el lugar, momento en el cual otros carabineros lo recogieron y se lo llevaron con rumbo desconocido. Su cuerpo aparecería en 2011 en el Patio 29 del cementerio general de Santiago.

A pesar de este horrendo crimen cometido, Pizarro había presentado en marzo pasado su petición de indulto a la Presidenta Michelle Bachelet.