Pessa Mois Matilde

El 29 de mayo de 1977 fue detenido a la llegada del vuelo en que se desplazaban entre Santiago y Buenos Aires, antes de pasar el control de Policía Internacional el matrimonio chileno formado por Matilde PESSA MOIS y Jacobo STOULMAN BOERTNIK, sin militancia ni vinculaciones de tipo político. Posteriormente a su detención el matrimonio se encontró registrado en el Hotel Winston Palace de Buenos Aires, en esa época, usado por los servicios de seguridad de Argentina.

La Comisión tiene la convicción de que se trata de víctimas de violación a los derechos humanos. El caso, sin embargo, no se da en el cuadro de contexto antes narrado, dado que las víctimas carecían de militancia. La Comisión comprobó que la DINA tuvo conocimiento de este caso, pero carece de fundamentos para atribuir esta desaparición a agentes del Estado de Chile.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó la condena a exagentes de la DINA por su responsabilidad en secuestros y homicidios calificados de víctimas de la Operación Cóndor.

La undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago modificó la sentencia de primera instancia, y condenó a un total de 22 exagentes de la DINA por su responsabilidad en los delitos de secuestros y homicidios calificados cometidos en Chile y en el extranjero.

Dentro de los sentenciados se encuentran: Raúl Iturriaga Neumann, también Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krasnoff Martchenko.

Según la investigación de este caso conocido como Operación Cóndor, fue en Santiago cuando un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre los líderes de servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, destinado a desestabilizar a los opositores a los regímenes asumidos por las FF.AA y de Orden.

En la sentencia, la Undécima Sala del tribunal de alzada integrada por los ministros Jessica González, Loreto Gutiérrez y Jaime Balmaceda, modificó las condenas del tribunal de primera instancia y aumentó las sanciones penales para los exagentes involucradas en los delitos cometidos tanto en Chile como en el extranjero.

Uno de los abogados querellantes de la causa, Francisco Bustos, valoró el aumento de las penas, y afirmó que este plan de gran magnitud debe reflejar que NO hay impunidad.

Condenas de los 22 exagentes de la DINA

Los agentes Cristoph Willike Floel y Raúl Iturriaga Neumann deberán cumplir una pena de 20 años de presidio como autores de los secuestros calificados de Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velasquéz, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones.

También a una pena de 20 años como autores de los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

En tanto, el agente Juan Morales Salgado fue condenado a una pena de 20 años de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones. Y una pena de 20 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik y Matilde Pessa Mois.

Por otro lado, el agente Pedro Espinoza Bravo deberá purgar una pena de 20 años de presidio por los secuestros calificados de Julio Valladares Caroca, Manuel Tamayo Martínez, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; y una pena de 20 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

Mientras que Jorge Escobar Fuentes, Federico Chaigneau Sepúlveda, Miguel Riveros Valderrama cumplirán pena de 18 años de presidio por los secuestros de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; y una pena de 18 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

La agente Gladys Calderón Carreño fue sancionada con una pena de 10 años y un día de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; y 15 años y un día de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

Los agentes Jaime Ojeda Obando y Eduardo Oyarce Riquelme cumplirán una pena de 5 años y un día de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; y una pena de 10 años y un día de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik y Matilde Pessa Mois.

Miguel Krasnoff Martchenko y Gerardo Godoy Garcia cumplirán 15 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón.

El agente Hermon Alfaro Mundaca fue condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón.

A la misma pena y por el mismo delito fueron sentenciados José Fuentes Torres, Jorge Andrade Gómez, José Aravena Ruiz, Luis Torres Méndez, María Gabriela Órdenes Montecinos, Osvaldo Pulgar Gallardo y Rodolfo Concha Rodríguez, quienes habían sido absueltos en el fallo de primera instancia.

Finalmente, Jerónimo Neira Méndez y Manuel Rivas Díaz deberán cumplir una pena de 3 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón.

La Corte compartió el criterio de primera instancia respecto de la participación de los condenados en la causa. Esto, por reunirse antecedentes reales y probados respecto de su participación en los hechos, ya sea como autores inductores o autores directos de los delitos que se le atribuyeron a cada uno.

De acuerdo a la sentencia, las mayores penas recayeron contra los jefes del aparato exterior de la DINA Cristoph Willike, Raúl Iturriaga, Pedro Espinoza y Juan Morales por secuestro calificado y homicidio calificado.

De extraordinaria calificó el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el Caso Cóndor, tribunal que modificó el fallo de primera instancia y elevó las penas a 22 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, por el secuestro y homicidio calificado de 12 víctimas, 10 de las cuales fueron secuestradas en el exterior en el marco del plan represor que se articuló en la década de los 70 en coordinación con las dictaduras de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay.

Caucoto, quien representa a los familiares de siete de las 12 víctimas, señaló que se trata de una sentencia tremendamente importante ya que, a su juicio, aplica las penas más altas en una causa de DD.HH.

“Es un fallo que reivindica enormemente a la administración de la justicia. Es con toda seguridad la sentencia más dura y con las penas más graves que se hayan aplicado en Chile para crímenes de lesa humanidad. Penas que van desde los 40 y 36 años para los violadores de derechos humanos son inusuales en nuestro país, y se corresponden con la gravedad de los delitos y la inmensa extensión del daño producido”.

De acuerdo a la sentencia, las mayores penas recayeron contra los jefes del aparato exterior de la DINA Cristoph Willike, Raúl Iturriaga, Pedro Espinoza y Juan Morales quienes fueron condenados a 20 años como autores del delito de secuestro calificado y otros 20 años por el delito de homicidio calificado. Mientras que otros tres agentes deberán cumplir penas de 36, 25 y 15 años por los mismos delitos, entre ellos Miguel Krassnoff, Gerardo Godoy y la agente Gladys Calderón.

Este caso lleva más de dos décadas de investigación y por lo mismo, según explica Caucoto “estamos hablando de un proceso en donde hay dos grandes ausentes entre los condenados. En primer lugar, Augusto Pinochet, quien en 2004 fue desaforado por esta causa, y Manuel Contreras, el gran ideólogo de la operación Cóndor. Además de otros 18 agentes que fallecieron en el transcurso del mismo y que fueron sobreseídos”.

El abogado también valoró que la sentencia no solo destaca y sienta un precedente en la parte penal, también innova en materia civil, ya que además de la indemnización que otorga la Corte de Apelaciones, se fijó reparaciones de carácter simbólicas, ordenando la creación de un Premio de DD.HH. con el nombre del desaparecido Alexei Jaccard, tarea que debe cumplir la Universidad de Concepción.

Del mismo modo, el tribunal ordenó que el Fisco financie la compra de libros dedicados al tema de DD.HH para ser repartidos en las escuelas públicas de Chiguayante.

“Son medidas de reparación distintas a las convencionales y por lo mismo el fallo es tremendamente relevante”, enfatizó el abogado.

Operación Cóndor fue un pacto criminal, una la coordinación de exterminio de las dictaduras cívico militares de: Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

En la década de los 70, se constituyó una banda clandestina internacional, para la práctica del terrorismo de Estado. Son más de setenta los chilenos secuestrados o asesinados que estaban en Argentina. Varios fueron traídos por la DINA a Chile.

El 28 de noviembre 1975, en Chile, en un encuentro coordinado por Manuel Contreras de la DINA, para secuestrar, torturar perseguir y asesinar a  luchadores sociales, militantes de izquierda, dirigentes sociales, sindicales y estudiantiles de seis países mencionados, extendiéndose a Italia y Estados Unidos.

Detalles del Plan fueron apareciendo desde 1992 con los  archivos que los militares de Paraguay, así como documentos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

En Argentina, en el juicio oral por delitos de lesa humanidad  y asociación ilícita trasnacional para el secuestro y asesinato de militantes de Izquierda, fueron juzgados y condenados quince ex generales y coroneles argentinos y un uruguayo (vivos) culpables de genocidio. Otros, incluyendo al ex dictador Rafael Videla, fallecieron en prisiones comunes.

Distinto de Chile,  Pinochet no fue condenado, en abril de 2000, en menos de 24 horas, el Gobierno y Parlamento aprobaron la Ley 19.662 para amnistiarlo mediante fuero, a pesar que no detentaba cargo público. Además criminales condenados en Punta Peuco, están en una cárcel 4 estrellas.

Los tribunales argentinos comprobaron que operaban dos redes de la Dina; una en Buenos Aires, la otra en Mendoza. En Chile El Ministro en Visita extraordinaria, Mario Carroza, procesó  junto a 53 sicarios, al general en retiro y jefe de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann por crímenes en siete secuestros y cinco de homicidios en el marco de la  Operación Cóndor. Como autores de los secuestros calificados de Luis Muñoz Velásquez, Juan Hernández Zaspe, Manuel Tamayo Martínez, Julio Valladares Caroca (los cuatro socialistas), Héctor Velásquez Mardones, Alexei Jaccard Siegler (ambos comunistas) y Jorge Fuentes Alarcón, (del MIR).

Asimismo, también fueron procesado por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Ruiter Correa Arce  y Hernán Soto Gálvez (los tres comunistas) y de Matilde Pessa Mois y Jacobo Stoulman Bortnik (matrimonio e independientes de izquierda).

A 10 días del golpe de Estado en Argentina, el 3 de abril se cumplen 45 años del secuestro en Mendoza, de tres jóvenes: Luis Muñoz Velásquez, ex presidente del Centro de Alumnos del Liceo Consolidada de Puente Alto en 1968; candidato a Regidor y dirigente del PS de San Bernardo, dirigente clandestino del PS sector Comisión de Consenso desde el golpe de 1973. Juan Hernández Zaspe, presidente de la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos de Chile (FEITECh), militaba en el PS clandestino sector Comisión de Consenso. Manuel Tamayo Martínez, ex dirigente de los estudiantes industriales, alumno de sociología e ingeniería de la Universidad de Concepción, militaba en el PS clandestino como enlace del dirigente nacional Ricardo Lagos Salinas. Ellos trabajaron por un proyecto político social transformador, en la reorganización clandestina del socialismo chileno y jamás renegaron de sus convicciones ideológicas.

La DINA a cargo del teniente Fernando Laureani Maturana, y la policía Federal de Argentina, secuestraron a los tres jóvenes en Av. Belgrano, Mendoza, según los testigos presenciales José Cerda y Alex Muñoz. Los secuestradores los llevaron al regimiento Maipo de Mendoza para dar comienzo a largo camino de innombrables penurias; en la noche los trasladaron a Chile, por el paso fronterizo Los Libertadores en una camioneta con toldo y los entregaron al campo de torturas Cuatro Álamos. En la mañana siguiente fueron trasladados al centro de torturas y exterminio Villa Grimaldi, hasta fines de abril de 1976. El ex prisionero sobreviviente, Juan Feres fue testigos en Villa Grimaldi.

El magistrado procesa a la cúpula de la DINA por la desaparición de nueve personas

SANTIAGO DE CHILE.- El juez chileno Juan Guzmán Tapia ha pedido desaforar al ex dictador Augusto Pinochet por el caso en el que investiga la llamada 'Operación Cóndor'. El magistrado también ha ordenado el procesamiento de tres ex militares que integraban la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

El juez ha aceptado a trámite una demanda presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago por Eduardo Contreras, Francisco Bravo y Sergio Concha, los abogados querellantes, para que Pinochet pierda la inmunidad que posee como ex presidente de facto entre 1973 y 1990.

"En el expediente está plenamente acreditada la participación de Augusto Pinochet en lo que fue la 'Operación Cóndor', es el cerebro de esta internacional del crimen, como jefe de la dictadura chilena militar", afirmó el abogado Contreras.

Por 'Operación Cóndor' se conoce al plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras del Cono Sur en la década de los 70 que se puso en marcha para eliminar a la oposición.

La decisión de si Pinochet deberá enfrentar o no a los tribunales chilenos queda ahora en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá pronunciarse sobre la petición de los abogados acusadores, quienes consideran que en la entrevista que el ex dictador chileno concedió el pasado 24 de noviembre a una televisión anticastrista de Miami demostró "lucidez y cordura", que no sufre de la demencia leve que lo ha salvado de ser enjuiciado.

Procesamiento de tres militares

Juan Guzmán Tapia ha ordenado asimismo el procesamiento de tres ex militares que integraban la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el órgano de represión del régimen de facto. El juez los encausa por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de nueve chilenos en el marco de la 'Operación Cóndor'.

El magistrado dictó así los primeros procesamientos en la causa, iniciada en 1998 y que investiga la detención y desaparición de al menos cien ciudadanos chilenos en manos de la dictadura pinochetista.

La decisión del magistrado afecta al ex jefe de la disuelta Dirección Nacional de Inteligencia, el general retirado Manuel Contreras (antes procesado por el asesinato de Orlando Letelier en Washington y encausado en decenas de procesos por violaciones a los derechos humanos); al brigadista retirado Pedro Espinoza, segundo jefe del organismo represivo, y al ex jefe de su departamento exterior de la DINA, coronel retirado Christoph Willikie.

El procesamiento dictado por el ministro Guzmán está relacionado con la desaparición de Juan Hernández Zazpe, Luis Muñoz Velásquez, Manuel Tamayo Martínez, Edgardo Enríquez Espinoza, Alexei Jaccard Siegler, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Julio Valladares Caroca y Jorge Fuentes Alarcón, quienes fueron detenidos entre 1975 y 1977 fuera de Chile por agentes de inteligencia de Argentina, Paraguay y Bolivia, y posteriormente entregados a agentes de la DINA chilena, quienes los trasladaron a un campo de tortura en Santiago, desde donde desaparecieron.

En mayo fueron identificados los restos de tres víctimas chilenas de la Operación Cóndor: Ricardo Ramírez, Jacobo Stoulman y su esposa Matilde Pessa, secuestrados en Buenos Aires en mayo de 1977 para luego desaparecer sin dejar rastro. 38 años después, exámenes de laboratorio concluyeron que sus restos estaban entre los fragmentos de huesos hallados en 2001 en la Cuesta Barriga, en Chile. El hallazgo abre una nueva arista en la investigación del ministro Mario Carroza: corrobora el traslado e intercambio de detenidos usado por la DINA y el SIDE argentino en los ‘70 y ’80 para eliminar a disidentes.
Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnick y la esposa de este último, Matilde Pessa Mois: los tres estaban en la lista de 25 personas por las que el juez Juan Guzmán le preguntó al general (r) Augusto Pinochet el sábado 25 de septiembre de 2004. Hacía sólo dos meses que la Corte de Apelaciones de Santiago había desaforado al ex dictador por su responsabilidad en la Operación Cóndor, un plan internacional de cooperación y acción conjunta que implementaron en las décadas del ‘70 y ‘80 los regímenes dictatoriales del Cono Sur para identificar, vigilar, capturar, secuestrar, torturar, eliminar y hacer desaparecer a opositores políticos, los llamados “subversivos”. Era en el contexto de esa investigación judicial que Guzmán interrogaba a Pinochet. El acta de esa declaración que duró apenas 25 minutos y que tres días después publicó El Mercurio, da cuenta de que Pinochet aseguraba no recordar nada de ese plan, que era una cosa de inteligencia, y por lo tanto, de mandos medios, y que “ni Cóndor ni nada de eso era problema mío”.
Sobre los muertos y desaparecidos que dejó ese plan de exterminio, afirmó:
-Yo era Presidente, no me iban a informar de cosas chicas.
Guzmán le volvió a preguntar: “¿Dio órdenes relacionadas con la detención, interrogación, tortura, traslado o desaparición forzada de las siguientes personas?”, y leyó uno a uno los 25 nombres de una lista de víctimas chilenas de la Operación Cóndor. Allí estaban Ricardo Ramírez y el matrimonio Stoulman-Pessa. El primero era comunista y estaba encargado de la organización y las finanzas del partido en la clandestinidad. Los otros dos no tenían militancia política, pero supuestamente habrían sido parte de un plan para ingresar al país fondos para la disidencia a la dictadura. Los tres fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, en distintas fechas de mayo de 1977. Ramírez cayó primero, secuestrado el día 16 junto a otros dos chilenos y cinco argentinos. Trece días después, el 29, Jacobo Stoulman y Matilde Pessa llegaron a esa ciudad y apenas bajaron del avión fueron detenidos. Simplemente se esfumaron: a los tres los hicieron desaparecer. Sobre ellos, Pinochet dijo:
-Yo estaba arriba. No daba órdenes relacionadas con las personas mencionadas. No conozco a ninguna de esas personas por las cuales se me pregunta.
Pasó el tiempo. Pinochet murió en diciembre de 2006, en su casa y sin condena. De los desaparecidos, hubo versiones sobre su destino, pero no noticias. Aunque eso cambió hace sólo unas semanas.
El 18 de mayo de 2015, a 38 años de que Ramírez desapareciera en Argentina, Valentina, su hija, recibió un llamado desde la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza. Su padre había sido identificado. O al menos, lo que quedó de él. Se trataba de pequeños fragmentos de huesos que fueron encontrados en 2001 en la Cuesta Barriga, en Talagante. En la misma fosa había también parte de los restos de Jacobo Stoulman y Matilde Pessa. Sus hijas igualmente recibieron la llamada de Carroza.
-No nos dijeron nada por teléfono, pero nos citaron a la oficina del ministro. Estábamos con mis dos hermanas cuando nos dio la noticia: “Van a poder enterrar a sus papás”, nos dijo el juez Carroza. Nos miramos y no sabíamos qué decir. Nos quedamos mudas –cuenta Alejandra Stoulman, quien tenía 15 años cuando sus padres desaparecieron.
La identificación de Ramírez y los Stoulman-Pessa es clave para comprobar la verosimilitud del macabro relato que en 2007 hicieron a la justicia tres agentes de la DINA que operaron en el cuartel Simón Bolívar, en La Reina. Antes de que estos últimos hablaran, al menos respecto a Ramírez y las otras dos personas que fueron secuestradas con él el lunes 16 de mayo de 1977, la versión que entregaba el jefe del órgano represivo de la dictadura, el general (r) Manuel Contreras, era que habían sido arrestados por la inteligencia argentina y que los habían hecho desaparecer arrojando sus cuerpos al Río de La Plata (ver reportaje en La Nación).
Los agentes desmintieron a su antiguo mandamás y, revelaron una historia completamente distinta, pero que igual terminaba en muerte: una vez secuestrados en Buenos Aires, Ramírez y sus dos compañeros fueron traídos a Chile de forma encubierta para luego ir a parar al centro de torturas que operaba la Brigada Lautaro, uno de los grupos más sanguinarios de la DINA. Que allí los torturaron y los eliminaron con gas sarín. Que los enterraron en una fosa en Peldehue y que dos años después, en 1978, exhumaron sus cuerpos con una retroexcavadora y los llevaron a la Cuesta Barriga, en medio de la llamada Operación Retiro de Televisores.
De los Stoulman-Pessa era poco lo que se sabía: sólo que habían desaparecido en Buenos Aires. Pero la reciente y sorpresiva identificación de sus restos arma un relato diferente: el de una ruta que los trajo de vuelta a Chile y que terminó con un entierro ilegal en el mismo punto que Ramírez y sus compañeros. A la vez que se empieza a cerrar un capítulo para las familias, se abre uno completamente nuevo para la investigación que lleva el ministro Carroza; uno que confirma que hubo traslado e intercambio de detenidos entre los órganos represivos de las dictaduras que integraron la Operación Cóndor, para luego hacerlos desaparecer.

LA MISTERIOSA DESAPARICIÓN DEL CAMBISTA

La última vez que a Jacobo Stoulman y Matilde Pessa los vieron con vida fue el domingo 29 de mayo de 1977, en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. El avión de la aerolínea Braniff que abordaron en Santiago era aguardado por un grupo de agentes de seguridad chilenos y argentinos. Apenas tocó tierra, la aeronave fue desviada a una pista lateral. Los pasajeros tuvieron que bajar la escalera con su documentación en mano para su revisión. Cuando le toco a la pareja, los llevaron a un costado y luego los subieron a un vehículo que de inmediato se puso en marcha. Él tenía 43 años; ella 42. Dejaban tres hijas adolescentes: Jenny, Sara y Alejandra. Ninguno de los dos tenía militancia política.
El historial empresarial de Stoulman partió a fines de 1963, cuando creó la sociedad Agrícola y Avícola Las Rosas, con Eº20.000, de los cuáles él puso la mitad. Tres años después constituyó junto a dos socios una segunda empresa dedicada al sector agro-avícola y en 1970 se aventuró con una distribuidora de libros. Sus inversiones cada vez eran mayores y diversificadas, y las realizaba al mismo tiempo que trabajaba como ejecutivo del Banco Israelita. Al año siguiente emigró con su familia a Israel, pero sólo estuvo un tiempo. Volvió a Chile poco antes del Golpe de Estado y ya en dictadura, a mediados del ‘74, se asoció con el arquitecto Mario Paredes y el coreógrafo Samuel Winer para crear Paredes, Stoulman y Winer Ltda., o “La Escalera”, una empresa dedicada a la venta de ropa y artículos del hogar. Cada socio aportó Eº500.000 al capital inicial. Pero su despegue vino después, cuando en 1975 ingresó al rubro del turismo y, un año después, al mercado de divisas.