Pérez Vargas Carlos Freddy

Rut       : 6.227.008

F.Nacim. : 08-09-49, 25 años a la fecha de su detención

Domicilio : Martín de Zamora 3290, Las Condes, Santiago

E.Civil  : Casado

Actividad : Publicista

C.Repres. : Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); encargado de imprentas y publicaciones.

F.Detenc. : 10 de septiembre de 1974

SITUACION REPRESIVA

            Carlos Freddy Pérez Vargas, casado, publicista, militante del MIR, fue detenido el 10 de septiembre de 1974, alrededor de las 10 de la mañana, en su oficina particular ubicada en el centro de Santiago, por civiles que se identificaron como miembros del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), que lo condujeron hasta el recinto secreto de detención y tortura de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ubicado en la calle José Domingo Cañas con República de Israel, en la comuna de Ñuñoa, en donde fue visto por testigos y desde donde desapareció. Junto con él fueron detenidos Miguel Lathrop Cristi, de 63 años de edad, Juan Orlando González Lizana, ascensorista del edificio, y un portero que no fue identificado durante el proceso que se siguió por el desaparecimiento de la víctima.

            Carlos Freddy Pérez fue el primero de cinco hermanos en sufrir las consecuencias directas de la represión. Otros cuatro de ellos, desaparecieron o murieron en enfrentamientos con agentes de la DINA.

            El 10 de septiembre de 1974, Carlos Freddy Pérez Vargas se dirigió como de costumbre a su oficina ubicada en calle Estado N°360 (edificio que correspondía al ex-Hotel Splendid). Hasta allí llegaron, a lo menos, 5 agentes que se identificaron ante los testigos como miembros del SIM. A las 10 de la mañana, llegó hasta la oficina Miguel Lathrop, encontrándose con que el lugar estaba ocupado por civiles que retenían al afectado y a un trabajador de éste, cuyo nombre el testigo ignora. Sin interrogarlo y pidiéndole disculpas a Lathrop por las molestias, los aprehensores procedieron a vendarles la vista y a llevárselos detenidos. Por su parte, Juan Orlando González -ascensorista- recuerda que los agentes dijeron ser del SIM y que se los llevaron hasta un lugar que él no pudo identificar. Una semana más tarde, salieron en libertad ambos testigos, sin que se les interrogara y habiendo permanecido durante todo ese tiempo con la vista vendada en el recinto secreto de la DINA, ubicado en José Domingo Cañas, lugar que se pudo identificar por diversos testimonios.

            Al día siguiente en la mañana el afectado fue llevado hasta el domicilio de don Vicente Claro, el que fue rodeado por unos 27 hombres armados. Unos cuantos de ellos entraron a la casa, llevando consigo a Carlos Freddy. Este parecía estar dopado, hablaba con dificultad y los aprehensores le tiraban el pelo y le empujaban la cabeza hacia atrás cuando querían que hablara. Llevaba las manos atadas y una de ellas se veía herida y sin vida. Los agentes allanaron el lugar, diciendo que buscaban armas y preguntando insistentemente por Dagoberto Pérez, hermano mayor del afectado, alto dirigente del MIR e intensamente buscado por los Servicios de Seguridad. Incluso, al momento de la detención, Carlos Freddy le comentó a Miguel Lathrop que no se preocupara porque no era a él a quien buscaban, sino que a su hermano Dagoberto.

            También ese mismo 11 de septiembre de 1974, llegaron hasta la casa particular del afectado, cuatro civiles que se identificaron ante Virginia Valenzuela Jiménez -cónyuge de la víctima, de nacionalidad costarricense y ex-Agregado Cultural de su Embajada- como funcionarios de la DINA. Uno de ellos procedió a registrar el domicilio, sin mostrar identificación alguna y sin dar explicaciones por los hechos. Se retiraron sin llevarse nada. Uno de estos agentes era joven, rubio, alto, de ojos claros, vestido de sport, modales educados y facciones finas; un segundo, pelo negro, piel trigueña, alto, delgado, con una marca de golpe en la cara, nariz achatada, patillas y también vestido de sport.

            El día 12 de septiembre, a las 15:00 horas, nuevamente llegaron civiles hasta el hogar de la víctima. Estos expresaron ser del Servicio de Inteligencia Militar y también allanaron el inmueble, incautando numerosos documentos. Antes de irse, intentaron detener a Virginia Valenzuela, la que opuso enérgica resistencia. Ante esta situación, los agentes desistieron y le dijeron que ellos tenían detenido a su esposo, por cargos que se hacían a su hermano Dagoberto. Uno de estos sujetos era alto, delgado, nervioso, de temperamento intranquilo, pelo negro y ojos oscuros, educado y vestía una chaqueta azul marino; otro, de unos 40 a 50 años, más bien gordo, de espaldas anchas, ojos claros y pequeños, muy observador, vestía un abrigo gris o beige. El tercero era más bajo, grueso, de piel clara y pelo castaño oscuro, hablaba poco. Se movilizaban en una camioneta Chevrolet nueva color celeste.

            El afectado, entretanto, permanecía recluido en la casa de calle José Domingo Cañas. Allí fue visto por los detenidos Cristián Van Yurick Altamirano y Rosalía Martínez Cereceda. Esta última había sido detenida el 22 de septiembre de 1974, junto a su marido y a María Cristina López Stewart (actualmente detenida desaparecida), y conducida hasta el recinto anteriormente mencionado, en donde permaneció hasta el 5 de octubre del mismo año. Al llegar a la casa de calle José Domingo Cañas, se encontró con Carlos Freddy Pérez Vargas, al que vio en malas condiciones físicas, a causa del tratamiento que recibía durante los interrogatorios y el que le dijo que sólo esperaba reunirse pronto con su familia. Unos días después, recuerda la testigo, llegó también detenido, Aldo Pérez Vargas (actualmente detenido-desaparecido). Ambos hermanos se encontraron y se abrazaron muy emocionados. Según les contó Aldo, Osvaldo Romo Mena lo detuvo en la calle porque lo confundió con Dagoberto, a quien se parecía mucho. Los hermanos se mostraban preocupados por la suerte de sus familiares.

            De acuerdo a los testimonios, Carlos Freddy Pérez permaneció en el recinto de José Domingo Cañas hasta aproximadamente, la última semana de septiembre de 1974, fecha en que fue sacado con destino desconocido. No se le volvería a ver en algún otro centro de reclusión.

            Posteriormente, en julio de 1975, su nombre apareció en la lista de 119 chilenos presuntivamente muertos en enfrentamientos en el extranjero. El afectado estaba incluido en la nómina del diario "O'Dia" de Curitiba, Brasil, publicación que salió a circulación en esa única oportunidad, sin director responsable ni pie de imprenta. Con el tiempo se comprobó la falsedad de este hecho, el que no fue ratificado por ningún Gobierno, ni siquiera el chileno. Al respecto, el Mayor de Ejército, Enrique Cid Coubles, Jefe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó a los distintos Tribunales que así lo requirieron, que no existían antecedentes relativos a la muerte de esos chilenos ni a su salida del país.

            Además, el 28 de mayo de 1975, por Decreto Supremo publicado en el Diario Oficial de la fecha, se declaró que pasaba a dominio del Estado un automóvil station wagon, modelo 1957, patente KO 284 de Providencia, de propiedad del afectado. El motivo aducido era que dicho vehículo "fue adquirido con fondos del MIR". Virginia Valenzuela -en un escrito al Ministro del Interior, puesto que se trató de una medida administrativa- entregó las pruebas de que ella había puesto ese dinero.

            Carlos Freddy Pérez Vargas era uno de los 6 hijos del matrimonio formado por Osvaldo Pérez y Otilia Vargas, cinco de ellos militantes del MIR. De esa numerosa familia, sólo sobrevivieron ambos padres y la hermana menor, Patricia, los que se asilaron en Cuba. El primero en desaparecer fue el afectado. Días más tarde, la DINA detuvo a Aldo Pérez, el que desapareció de Cuatro Alamos. El 16 de octubre de 1975, murió, en un enfrentamiento, el mayor y más buscado de los hermanos: Dagoberto Pérez. Los hechos ocurrieron en la parcela Santa Eugenia de Malloco, en donde se había ocultado la alta dirigencia del MIR: Andrés Pascal Allende, Nelson Gutiérrez, Martín Hernández Vásquez, Mary Anne Beausire Alonso (esposa de Andrés Pascal), María Elena Bachmann y la pequeña hija de Nelson Gutiérrez. Mientras Dagoberto Pérez obstaculizó el paso de los agentes, el resto del grupo logró huir. Nelson Gutiérrez iba herido, debiendo dejar a la niña en casa de unos campesinos. Días después, la doctora de nacionalidad británica, Sheila Cassidy atendió al herido y, producto de ello, fue detenida el 1° de noviembre de 1975 en la Casa de los Padres Columbanos. Hasta allí llegaron los agentes de la DINA, generando una balacera con el objeto de simular un enfrentamiento. Lamentable y dolorosamente, en esa oportunidad fue alcanzada por las balas la empleada de la casa, Enriqueta Reyes Valerio, la que falleció.

            El cuerpo de Dagoberto Pérez permaneció por largo tiempo en el Instituto Médico Legal, en calidad de "NN", no obstante las reclamaciones que continuamente realizaron familiares y abogados. El 11 de diciembre de 1975, funcionarios de ese Organismo informaron que el día anterior el cadáver había sido llevado a la fosa común del Cementerio General, para después decirle a la señora Otilia Vargas, que los restos se encontraban en el Patio 29, sin informarle del lugar exacto en que yacía su hijo.

            Meses después, el 24 de febrero de 1976, murieron los mellizos Pérez Vargas: Iván Renato y Mireya de Lourdes, de 22 años de edad. Se encontraban viviendo en un domicilio del pasaje Juan Ramón Jiménez, en el paradero 14 de Vicuña Mackenna, junto a Amador del Fierro Santibáñez, a la esposa de éste, Herminia Uberlinda Espíndola, y a la pequeña hija de un año de ese matrimonio. Hasta allí llegaron agentes de la DINA, produciéndose una balacera. Iván Renato Pérez y Amador del Fierro murieron en el mismo lugar. También fue alcanzada por las balas una pequeña que jugaba en el jardín de la casa, Susana Elizabeth Sanhueza Salinas, la que falleció. Por su parte, Mireya fue sacada viva de la casa, herida de las piernas, y conducida por los agentes hasta el recinto secreto de detención de la DINA conocido como "Villa Grimaldi". Existen testimonios de su permanencia en ese lugar, en donde se le dio muerte. Su cadáver y el de su hermano permanecieron, durante meses, en el Instituto Médico Legal, siendo entregados recién el 5 de mayo de 1976 a un sacerdote, a un abogado y a una asistente social, quienes fueron los únicos en acompañarlos hasta el Cementerio General. Sus padres ya no podían hacerlo. Osvaldo Pérez se encontraba en el exilio. Otilia Vargas y su única hija sobreviviente, no pudieron asistir por motivos de seguridad.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 1° de octubre de 1974, ante el 6° Juzgado del Crimen de Santiago, Virginia Valenzuela presentó una denuncia por secuestro en la persona del afectado, la que fue rolada con el N°90.626. En la presentación, ella denunció los allanamientos que se habían realizado en su domicilio, el hecho de que los agentes se identificaran como pertenecientes al Servicio de Inteligencia Militar y que expresaran que tenían detenido a su cónyuge. Señaló también que había hecho trámites a través de la Embajada de Costa Rica, de la cual fue Agregada Cultural. Sin embargo -"para mi asombro y sorpresa"- en la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), el Comandante Correa en persona le informó que su cónyuge no figuraba en la lista de detenidos y que para él, estaba desaparecido.

            Ante una orden judicial, el 6 de diciembre de 1974, Investigaciones informó al Tribunal que se habían realizado averiguaciones tendientes a ubicar el paradero de Carlos Freddy Pérez. Funcionarios de este Organismo acudieron al edificio de Estado 360, ex-Hotel Splendid, en donde lograron establecer que efectivamente el afectado había salido de allí, el 10 de septiembre de 1974, acompañado de personal militar. Se acudió entonces al Palacio de La Moneda, Sección Consular y al SENDET, sin que el nombre de Pérez Vargas apareciera en la relación de personas detenidas. El Coronel Jorge Espinoza Ulloa, Secretario Ejecutivo del SENDET, ofició al Tribunal, el 23 de diciembre de 1974, diciendo que no registraba antecedentes relativos a la víctima.

            Sólo sobre la base de los informes anteriormente mencionados, sin ninguna otra diligencia, el 2 de enero de 1975, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa por no resultar "completamente justificada la perpetración del delito". El 20 de marzo del mismo año, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la resolución consultada.

            El 29 de julio de 1975, Virginia Valenzuela solicitó la reapertura de la causa, señalando que el nombre de su marido había aparecido en la lista de 119 chilenos muertos en el extranjero. En esa oportunidad, solicitó que se oficiara al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara sobre el método usado para la identificación de los cadáveres, la inscripción de la defunción en el Libro de Registro Civil de la agencia consular respectiva y la posible repatriación de los restos. Sin reabrir la causa, el Juez ordenó oficiar al SENDET para que informara sobre la veracidad y circunstancias que rodearon los hechos entregados a la opinión pública. El Teniente Coronel Julio Fuenzalida Arancibia, Secretario Ejecutivo Subrogante de ese Organismo, informó no poseer antecedentes sobre Carlos Freddy Pérez Vargas.

            El 8 de octubre de 1974, Virginia Valenzuela Jiménez interpuso un recurso de amparo por el afectado, el que fue rolado con el N°1205-74. En la presentación dijo a la Corte que su domicilio había sido allanado en dos oportunidades después de la detención de la víctima y que existían testigos de la aprehensión de ésta. En el transcurso de su tramitación, el Ministro del Interior y General de División, Raúl Benavides Escobar, informó que Carlos Freddy Pérez Vargas no se encontraba detenido por orden de autoridad administrativa y que se desconocía su paradero, (22 de octubre de 1974). Exactamente en los mismos términos se pronunció el 5 de noviembre de ese mismo año. Por su parte, el General de Brigada Sergio Arellano Stark, a la sazón Jefe de la Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Santiago, informó que el afectado no se encontraba detenido en la jurisdicción de esa Jefatura, (23 de diciembre de 1974).

            El 5 de febrero de 1975 -cuatro meses después de ser presentado y sin otras diligencias- la Corte rechazó el amparo y remitió los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente.

            El 13 de febrero de 1975, en el 1er. Juzgado del Crimen de Santiago, se instruyó la causa rol N°106.634, por el desaparecimiento de Carlos Freddy Pérez. Al ser citada a declarar, el 24 de febrero de ese año, Virginia Valenzuela dijo "hasta la fecha no he sabido dónde se pueda encontrar mi esposo y menos si le ha sucedido alguna desgracia. Se han estado haciendo gestiones por medio de la Embajada de Costa Rica, pero tampoco se ha obtenido ningún resultado hasta la fecha". Después que declararan los testigos de la detención de la víctima -Miguel Lathrop y Juan Orlando González- se adjuntó el informe entregado por Investigaciones al Tribunal. En éste se señalaba que se había averiguado en Policía Internacional, en donde se informó que Carlos Freddy Pérez no se encontraba registrado en la lista de personas que había salido del país, ni en la de las personas que se habían asilado. Tampoco se obtuvieron resultados positivos en Postas, Hospitales e Instituto Médico Legal, (13 de marzo de 1975).

            Posteriormente se ofició a los distintos cementerios y se obtuvo la ficha clínica del afectado. El 30 de julio de 1975, como resultado de la aparición del nombre de Carlos Freddy Pérez en la lista de 119 chilenos presuntivamente muertos en el extranjero, el Tribunal ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si efectivamente el afectado había muerto, si se había recabado la inscripción de su defunción y dónde se encontraba enterrado. Al respecto se agregó a la causa el Oficio del Mayor de Ejército Enrique Cid Coubles, en el que decía carecer de antecedentes tanto de las posibles muertes como de las salidas del país de aquellas personas nombradas en dichas nóminas. En cuanto al diario "O'Dia" decía que dicha publicación no existía en Curitiba.

            El 12 de septiembre de 1975 se cerró el sumario y sobreseyó temporalmente la causa, por no resultar acreditado que la desaparición de la víctima se haya debido a un delito o cuasidelito. El 13 de enero de 1976, la Corte de Apelaciones aprobó dicha resolución.

            Además, Virginia Valenzuela realizó numerosas gestiones administrativas tendientes a dar con el paradero de su cónyuge, muchas de ellas con el apoyo de la Embajada de Costa Rica. Se enviaron cartas a autoridades, se recurrió al Sendet, al Ministerio del Interior, se solicitó la intervención de algunos funcionarios de Iglesia. De esta forma, el 4 de noviembre de 1974, el Teniente Coronel de Ejército Luis Patricio Serre Ochsenius, Secretario de Augusto Pinochet Ugarte, respondió -por encargo del Presidente- al Cardenal Raúl Silva Henríquez, diciendo que el Jefe de Estado había ordenado una investigación cuyos resultados se adjuntaban (se referían a la participación política de Carlos Freddy y Dagoberto Pérez). Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una nota dirigida a la Embajada de Costa Rica, el 20 de febrero de 1975, decía que "pese a las exhaustivas investigaciones efectuadas por el Ministerio del Interior, no ha sido posible determinar a la fecha el paradero de dicha persona". Se agregaba que como el afectado no se encontraba detenido en ningún centro de reclusión civil o militar dependiente del Gobierno, "es lícito formular la posibilidad de que su detención del día 10 de septiembre de 1974 sea producto de una maniobra extremista con propósitos no precisables". También el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, respondió una nota de la Embajada de Costa Rica. En su respuesta, el Ministro Benavides señalaba que al resultar todas las indagaciones infructuosas se puede "confirmar que se encuentra presuntivamente desaparecido". Agregaba, "lo anterior no excluye la posibilidad de que por razones personales, hubiere hecho abandono del país o se mantenga oculto en algún lugar desconocido con nombre y documentos falsos".

            El 26 de abril de 1991, Otilia Vargas, quien viajó desde el exilio, interpuso ante el 11° Juzgado del Crimen una querella por los delitos de secuestro y asociación ilícita cometidos en las personas de sus hijos Carlos Freddy y Aldo Gonzalo Pérez Vargas. Junto con relatar las circunstancias de la detención de sus hijos, solicitaba la citación a declarar a testigos de la reclusión de ambos y la reapertura y acumulación de las causas ya mencionadas. La causa fue ingresada a tramitación con el rol 59552-5 y a diciembre de 1992 se encontraba en estado de sumario.

En uno de los procesamientos que terminó por echar abajo uno de los principales montajes de la pasada dictadura, el ministro de fuero Juan Guzmán encausó a diez ex agentes de la DINA, varios de ellos de su plana mayor, incluido el ex jefe Manuel Contreras, por ocho víctimas desaparecidas en la conocida como Operación Colombo. Este es el segundo encausamiento dictado por el juez Guzmán por este montaje acontecido en 1975, siendo el primero el decretado el 2 de septiembre, cuando el magistrado procesó a 16 ex agentes por 37 víctimas de la Colombo.

Las resoluciones adoptadas por el juez Guzmán en este episodio, constituyen en conjunto el más masivo procesamiento dictado hasta ahora por este ministro, y uno de las que abarca más cantidad de víctimas y encausados en los juicios que se instruyen por violaciones de los derechos humanos.

Los procesados, todos en situación de retiro y declarados reos como autores de secuestro calificado son, además de Contreras, el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general César Manríquez Bravo, hermano de Mario, coronel (R) encartado como autor intelectual del crimen de Víctor Jara; el ex segundo hombre de la DINA, brigadier Pedro Espinoza Bravo; el ex jefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el ex jefe del recinto DINA Cuatro Alamos, oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán; el ex jefe del grupo Halcón de la DINA, brigadier Miguel Krassnoff Martchenko; el ex jefe del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército y ex miembro de la plana mayor de la DINA, coronel Francisco Ferrer Lima, que cumple condena en Punta Peuco por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez; el ex jefe del recinto DINA Tres Alamos, oficial de Carabineros Conrado Pacheco Cárdenas; el suboficial de Ejército Basclay Zapata Reyes; y el ex agente civil Osvaldo Romo Mena.

Las nuevas ocho víctimas de Colombo son: Aldo Pérez Vargas, Roberto Aranda Romero, Jorge Müller Silva, Modesto Espinoza Pozo, Carlos Pérez Vargas, Carmen Bueno Cifuentes, Rodrigo Ugas Morales y Carlos Gajardo Wolf. Los cinco últimos figuran en la lista de los 119 desaparecidos por este operativo, no así los tres primeros.

El montaje

La llamada Operación Colombo nació en los primeros meses de 1975, cuando la DINA y el propio ex dictador Augusto Pinochet, así como otros de sus ministros militares, comenzaron a difundir informaciones de que el MIR preparaba “guerrilleros” en distintas ciudades argentinas para hacerlos entrar clandestinamente a Chile por pasos fronterizos a combatir el régimen militar. Los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y el vespertino La Segunda fueron los encargados de publicarlas.

La cúspide del montaje ocurrió entre los días 17 y 19 de julio de 1975, cuando primeramente el diario brasileño O Dia, de breve tiempo de circulación, informó

El retirado general Manuel Contreras ha sumado otro enjuiciamiento a su expediente en los tribunales chilenos.

 que 59 chilenos habían sido ejecutados en Argentina por sus propios compañeros de izquierda, atribuyendo las muertes a “ajustes de cuentas” políticas. El día 19, la revista argentina Lea, publicó en su único número que lo mismo había ocurrido con otros 60 chilenos, la mayoría del MIR.

En abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo destruido por una explosión con un cartel que decía “dado de baja por el MIR”. Se dijo que era el detenido desaparecido comunista David Silberman. Sin embargo, no era él. El 12 de julio de 1975 aparecieron en Buenos Aires otros dos cuerpos baleados y quemados con una leyenda similar. La dictadura informó que se trataba de quienes habían sido dado por desaparecidos en Chile, Jaime Robotham Bravo y Luis Guendelman Wisnik. Lo que también resultó falso.

El 24 de julio de 1975, La Segunda publicó en portada tal vez el titular más representativo del invento: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.

Objetivo y origen de la acción

El objetivo de la Operación Colombo fue hacer creer que decenas de personas, que en Chile sus familiares, abogados y las iglesias daban por detenidos desaparecidos, en realidad habían salido clandestinamente a Argentina a prepararse en guerrillas para regresar a Chile a combatir. Y que en el intertanto afuera se habían ajustado cuentas políticas matándose entre ellos o cayendo abatidos por operativos militares en Argentina, país que vivía la convulsión política y militar en los últimos meses antes del golpe de Estado de marzo de 1976.

En cuanto al origen del nombre Operación Colombo, éste se remite a declaraciones del ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel, quien admitió en Buenos Aires en 1978 -acusado de “espionaje”- que en 1975 llegó a esa capital el agente Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (ex jefe del Departamento Exterior DINA y actual general retirado) para hacer aparecer muerto en Argentina a un “subversivo chileno” de nombre “Simelman o algo parecido”. Se trataba de Silberman. Según Arancibia Clavel, Iturriaga le dijo que se trataba de la Operación Colombo en la cual se contó con la colaboración, entre otros, del civil argentino y miembro de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) Martín Ciga Correa.

En cuanto al detalle de la resolución, corresponde a un fallo unánime que llevó a la Segunda Sala del máximo tribunal a descartar «error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 12 años de presidio, en calidad de autores de los delitos».

En cuanto al detalle de la resolución, corresponde a un fallo unánime que llevó a la Segunda Sala del máximo tribunal a descartar «error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 12 años de presidio, en calidad de autores de los delitos».

Durante las últimas horas, el Poder Judicial confirmó que «la Corte Suprema rechazó los recursos de casación deducidos y confirmó la sentencia que condenó a 19 agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de los hermanos Carlos Freddy Pérez Vargas y Aldo Gonzalo Pérez Vargas».

Respecto de los ilícitos, se perpetraron a partir del 10 y 23 de septiembre de 1974, respectivamente, en el contexto de la denominada “Operación Colombo”.

En cuanto al detalle de la resolución, corresponde a un fallo unánime que llevó a la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y Raúl Mera– a descartar «error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 12 años de presidio, en calidad de autores de los delitos».

Paralelamente, los agentes «Manuel Carevic Cubillos, Ricardo Lawrence Mires, Gerardo Godoy García, Nelson Paz Bustamante, Gerardo Meza Acuña, José Ojeda Obando, Nelson Ortiz Vignolo, Claudio Pacheco Fernández, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Raúl Rodríguez Ponte, José Abel Aravena Ruiz, José Fuentealba Saldías, Francisco Ferrer Lima y Rosa Humilde Ramos Hernández deberán purgar 10 años y un día de presidio».

Y a Miguel Avendaño González y Alejandro Astudillo Adonis los condenados a cinco años y un día de presidio.

El detalle del fallo

El escrito que publica el Poder Judicial, oficializa algunos detalles del fallo, apuntando a una «multiplicidad de presunciones que se cimentan en hechos reales y probados en base a declaraciones de testigos (…) en base a las cuales se concluye que Manríquez Bravo tiene responsabilidad como autor mediato”.

Luego, el escrito asegura que en la resolución de primera instancia, el ministro de fuero Hernán Crisosto Greisse logró establecer los hechos que se detallan.

En horas de la mañana del día 10 de septiembre de 1974, Carlos Freddy Pérez Vargas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en su oficina ubicada en calle Estado, por agentes que se identificaron como miembros del Servicio de Inteligencia Militar ‘SIM’, quienes lo trasladaron al recinto clandestino de detención de la DINA denominado Ollagüe o José Domingo Cañas, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

Posteriormente lo llevaron «al recinto clandestino de detención Cuatro Álamos, ubicado en calle Canadá N° 3000, de Santiago, custodiado por guardias armados y a los que sólo tenían acceso los agentes de la DINA».

Durante su estadía en la casa de José Domingo Cañas, «Carlos Pérez Vargas permaneció sin contacto con el exterior, vendado, amarrado y continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dichos cuarteles».

Específicamente, estos aludían a sus actividades partidarias y al nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político y especialmente su hermano Dagoberto, con el propósito de detenerlos.

El montaje desplegado para encubrir la desaparición de Carlos Pérez

La última vez que a CARLOS FREDDY PEREZ VARGAS lo vieron con vida, fue un día de octubre de 1974, momento en el que desapareció sin que hasta la fecha existan novedades de su paradero.

De hecho, su nombre apareció en un listado de 119 personas que publicó la prensa nacional luego de figurar en una nómina transparentada por revista ‘O’DIA’ de Brasil, el 25 de junio de 1975, en la que aseguraban que había muerto en enfrentamientos en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR.

Adicionalmente, la justicia determinó «que las publicaciones que dieron por muerta a la víctima tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuadas por agentes de la DINA en el exterior».

La detención de su hermano

El día 23 de septiembre de 1974, agentes de la DINA detienen a Aldo Gonzalo Pérez Vargas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en los alrededores de la calle Fernández Albano, en La Cisterna.

Lo que vino después fue su traslado al recinto clandestino de detención denominado ‘Ollagüe’ o ‘José Domingo Cañas’. Sin embargo, luego lo llevaron a ‘Cuatro Álamos’, donde permaneció bajo las mismas condiciones que su hermano, esto es sin contacto con el exterior, vendado y amarrado en ambos lugares.

A Aldo agentes de la DINA lo someten continuamente a interrogatorios bajo tortura. Las sesiones apuntaban a sus actividades partidarias y al nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político y sobre su hermano Dagoberto, para detenerlos.

Finalmente, el Poder Judicial detalla que la última vez que a Aldo Pérez Vargas lo vieron vivo, fue en noviembre de 1974, «encontrándose desaparecido hasta la fecha”.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó 22 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de los hermanos Carlos Fredy y Aldo Gonzalo Pérez Vargas, perpetrados a partir del 10 y 23 de septiembre de 1974, respectivamente, víctimas de la denominada "Operación Colombo".
El Tribunal de alzada condenó a los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, a penas 12 años de presidio como autores de los delitos.
Asimismo, los agentes Manuel Carevic Cubillos, Ricardo Lawrence Mires, Gerardo Godoy García, Ciro Torre Sáez, Nelson Paz Bustamante, Gerardo Meza Acuña, José Ojeda Obando, Nelson Ortiz Vignolo, Claudio Pacheco Fernández, Hermon Alfaro Mundaca, Raúl Rodríguez Ponte, José Aravena Ruiz, José Fuentealba Saldías, Francisco Ferrer Lima y Rosa Ramos Hernández deberán purgar 10 años y un día de presidio, como autores de los secuestros.
Además, Orlando Manzo Durán, Manuel Avendaño González, Demóstenes Cárdenas Saavedra y Alejandro Astudillo Adonis fueron sentenciados a 5 años y un día de presidio, como autores del secuestro calificado de Aldo Gonzalo Pérez Vargas.
En la causa, los agentes Armando Cofré Correa, José Mora Diocares, Moisés Campos Figueroa, Óscar Belarmino la Flor Flores, Sergio Iván Díaz Lara, Roberto Hernán Rodríguez Manquel y Rudeslindo Urrutia Jorquera fueron absueltos por falta de participación.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, se logró determinar la siguiente secuencia de hechos:
En horas de la mañana del día 10 de septiembre de 1974, Carlos Freddy Pérez Vargas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en su oficina ubicada en calle Estado N° 360, de Santiago, por agentes que se identificaron como miembros del Servicio de Inteligencia Militar "SIM", quienes lo trasladaron al recinto clandestino de detención de la DINA denominado "Ollagüe" o "José Domingo Cañas", ubicado en la comuna de Ñuñoa, y posteriormente al recinto clandestino de detención denominado "Cuatro Álamos", ubicado en calle Canadá N° 3000, de Santiago, que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA; Que Carlos Pérez Vargas durante su estada en el recinto de José Domingo Cañas permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometidos a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dichos cuarteles, respecto de sus actividades partidarias y sobre el nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político y especialmente su hermano Dagoberto a fin de proceder a la detención de sus miembros;
-Que la última vez que Carlos Pérez Vargas fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, encontrándose hasta la fecha desaparecido;
-Que el nombre de Carlos Freddy Pérez Vargas apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista "O'DIA" de Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Carlos Freddy Pérez Vargas había muerto en enfrentamientos en la Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR;
-Que las publicaciones que dieron por muertos a la víctima tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior.
-El día 23 de septiembre de 1974, Aldo Gonzalo Pérez Vargas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en los alrededores de la calle Fernández Albano, comuna de La Cisterna, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo trasladaron al recinto clandestino de detención de la DINA denominado "Ollagüe" o "José Domingo Cañas", ubicado en de la comuna de Ñuñoa, y posteriormente al recinto clandestino de detención denominado "Cuatro Álamos", ubicado en calle Canadá N° 3000, de Santiago, que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA; Que Aldo Pérez Vargas durante su estada en los recintos de José Domingo Cañas y Cuatro Álamos permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo en el primero continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dichos cuarteles, respecto de sus actividades partidarias y sobre el nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político y sobre su hermano Dagoberto a fin de proceder a la detención de sus miembros;
-Que la última vez que la víctima Aldo Pérez Vargas fue vistos con vida, ocurrió un día no determinado del mes de noviembre de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, dictó sentencia en contra de 31 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los secuestros calificados de CARLOS FREDDY y Aldo Gonzalo Pérez Vargas, perpetrados a partir del 10 y 23 de septiembre de 1974, respectivamente. Ambos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y hermanos de Dagoberto, alto dirigente del MIR, quién fue ejecutado en un enfrentamiento ocurrido en la localidad de Malloco en octubre de 1975. Carlos Pérez Vargas forma parte de los 119 detenidos desaparecidos víctimas de la denominada «Operación Colombo».

En la resolución, el ministro Crisosto condenó a penas de 20 años de presidio, en calidad de autores de ambos delitos, a los ex oficiales de ejército y jerarcas de la DINA: Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Manuel Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko.

Por su parte, a 12 años de presidio, también en calidad de autores de ambos delitos, fueron condenados los ex oficiales de carabineros: Ricardo Víctor Lawrence Mires, Gerardo Ernesto Godoy García, Ciro Ernesto Torre Sáez; los oficiales de ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos y Francisco Maximiliano Ferrer Lima. A la misma pena de 12 años fueron sentenciados los agentes: Basclay Humberto Zapata Reyes, Nelson Alberto Paz Bustamante, Gerardo Meza Acuña, José Alfonso Ojeda Obando, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Raúl Juan Rodríguez Ponte, José Abel Aravena Ruiz, José Nelson Fuentealba Saldías, y Rosa Humilde Ramos Hernández.

En tanto, a 10 años de presidio fueron condenados, pero sólo como autores del secuestro calificado de Aldo Pérez Vargas, los ex integrantes de la DINA: Orlando Manzo Durán, Manuel Heriberto Avendaño González, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra y Alejandro Francisco Astudillo Adonis.

Penas de 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplices de ambos delitos, deberán cumplir los agentes: Armando Segundo Cofré Correa, José Jaime Mora Diocares, Moisés Paulino Campos Figueroa, "scar Belarmino La Flor Flores, Sergio Iván Díaz Lara y Roberto Hernán Rodríguez Manquel.

En tanto, el ministro Hernán Crisosto dictó sentencia absolutoria, por  ambos secuestros, en favor del agente Rudeslindo Urrutia Jorquera, y sólo por el delito de secuestro de Carlos Pérez Vargas, liberó de cargos a: Orlando Manzo Durán, Manuel Avendaño González, Demóstenes Cárdenas Saavedra y Alejandro Astudillo Adonis.

Los hechos
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, se logró determinar la siguiente secuencia de hechos:
«En horas de la mañana del día 10 de septiembre de 1974, Carlos Freddy Pérez Vargas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en su oficina ubicada en calle Estado N° 360, de Santiago, por agentes que se identificaron como miembros del Servicio de Inteligencia Militar «SIM», quienes lo trasladaron al recinto clandestino de detención de la DINA denominado «Ollagüe» o «José Domingo Cañas», ubicado en la comuna de 'uñoa, y posteriormente al recinto clandestino de detención denominado «Cuatro Álamos», ubicado en calle Canadá N° 3000, de Santiago, que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA; Que Carlos Pérez Vargas durante su estada en el recinto de José Domingo Cañas permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometidos a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dichos cuarteles, respecto de sus actividades partidarias y sobre el nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político y especialmente su hermano Dagoberto a fin de proceder a la detención de sus miembros;
Que la última vez que Carlos Pérez Vargas fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, encontrándose hasta la fecha desaparecido;
Que el nombre de Carlos Freddy Pérez Vargas apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista «O’DIA» de Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Carlos Freddy Pérez Vargas había muerto en enfrentamientos en la Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR;

Que las publicaciones que dieron por muertos a la víctima tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior».

En tanto:

«El día 23 de septiembre de 1974, Aldo Gonzalo Pérez Vargas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en los alrededores de la calle Fernández Albano, comuna de La Cisterna, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo trasladaron al recinto clandestino de detención de la DINA denominado «Ollagüe» o «José Domingo Cañas», ubicado en de la comuna de 'uñoa, y posteriormente al recinto clandestino de detención denominado «Cuatro Álamos», ubicado en calle Canadá N° 3000, de Santiago, que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA; Que Aldo Pérez Vargas durante su estada en los recintos de José Domingo Cañas y Cuatro Álamos permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo en el primero continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dichos cuarteles, respecto de sus actividades partidarias y sobre el nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político y sobre su hermano Dagoberto a fin de proceder a la detención de sus miembros;

Que la última vez que la víctima Aldo Pérez Vargas fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de noviembre de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha».

Los hermanos Carlos y Aldo Pérez Vargas integran un grupo familiar de cinco miembros que figuran como detenidos desaparecidos o ejecutados políticos.

En el caso de Mireya Lourdes Pérez Vargas, ejecutada el 24 de febrero de 1976, el ministro Alejandro Solís dictó sentencia en marzo de 2010, la que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. En el caso de Iván Renato Pérez Vargas, también ejecutado el 24 de febrero de 1976, el ministro Leopoldo Llanos Sagristá dictó sentencia de primera instancia el 13 de mayo pasado. Iván y Mireya eran mellizos.

Mientras que, como se indicó, Dagoberto Pérez Vargas fue ejecutado el 15 de octubre de 1975 en un enfrentamiento en la localidad de Malloco, proceso que se mantiene en etapa de investigación.

El 14 de junio, al atardecer falleció en Santiago la señora Otilia Vargas Vargas, madre de cinco militantes del MIR asesinados durante la dictadura militar, entre ellos su hijo mayor, Dagoberto Pérez Vargas (28 años), dirigente nacional de esa organización, caído en Malloco en octubre de 1975. En la foto (de Punto Final) junto al Memorial del Detenido Desaparecido, recordando a dos de sus hijos, desaparecidos, Carlos Freddy (Operación Colombo/lista de los 119, 25 años) y Aldo (23 años), detenido pocos días después, ese mismo septiembre de 1974.
Otilia murió de cáncer, como muchas de las madres de desaparecidos. El dolor de la pérdida, la impotencia por más de tres décadas de impunidad ante estos crímenes de la dictadura, se corporizaron finalmente en el tumor que logró abrirse paso sólo cuando el cansancio y los años lo hicieron posible. Porque antes, Otilia no se dio tregua alguna. Ella siguió luchando, pidiendo justicia, alentándonos a todos con serenidad, con amor, con una sabiduría de maestra – ésa era además su profesión- y de madre, que vaya sí supo serlo! Crió hijos formidables, la sobrevive una hija hermosa y golpeada por la tragedia a quien quiso proteger siempre desde esos aciagos días.
Migajas de justicia
Parece irónico, pero pocas semanas antes de la muerte de Otilia, el 19 de mayo, el ministro en visita Alejandro Solís anunció el procesamiento de varios agentes de la DINA por el secuestro y ejecución (homicidio calificado) de Mireya. Al igual que su hermano mellizo Iván, Mireya (de apenas 21 años de edad) murió en manos de la DINA el 24 de febrero de 1976, en circunstancias que Solís califica como un crimen de lesa humanidad. Mireya Pérez Vargas -dice el fallo – resultó herida a bala en una pierna cuando la Dina llegó disparando a una casa del pasaje Juan Ramón Jiménez (ubicado en la Avenida Vicuña Mackenna, comuna de La Florida). "Ella vestía pantalón verde y blusa floreada de seda y la trasladaron hasta Villa Grimaldi, allí fue vista por varios testigos, fue interrogada, torturada y en horas de la tarde fue ultimada en este recinto en presencia de los agentes de la DINA". Iván su hermano, había sido acribillado por la DINA previamente en el patio de la casa. También cayó herido de muerte Amador del Fierro, que también militaba en el MIR, y en los hechos murieron un agente de la DINA, Tulio Pereira y una pequeña de siete años que jugaba en el lugar. Señala textualmente el ministro Solis en el fallo: "por haber fallecido en el operativo un agente de la DINA, se le da (a Mireya) un tratamiento diferente a los empleados con (otros) miembros del MIR y se le da muerte en Villa Grimaldi en presencia de los agentes de la DINA, de lo que resulta que dicho delito es de naturaleza especial, que lo diferencia de un delito común, de modo que, en la terminología del Derecho Penal Internacional, debe considerarse como 'un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos fundamentales”, como es la vida, a una parte de la población civil, con determinada opción ideológica, con la participación del Poder político, por la intervención de agentes del Estado, destinados, 'en comisión de servicios', a la Dirección de Inteligencia Nacional y concluirse, por ende, que estamos en presencia de 'un delito de lesa humanidad”.

La noche que supe del fallo, como otras veces que había novedades relacionadas con los juicios, quise contarle a Otilia la noticia de los procesamientos a Manuel Contreras,ex Director de la DINA y sus compinches Carlos López Tapia (coronel(R) de ejército, jefe de Grimaldi, ex alcalde de Hijuelas, involucrado en la Caravana de la Muerte) y Miguel Krassnoff, este último al mando de la Brigada Halcón encargada de exterminar al MIR. Ellos ya cumplen condena por otros crímenes en el recinto penal “Cordillera”, al igual que Basclay Zapata Reyes. José Enrique Fuentes Torres,incluido en la resolución, deberá continuar en prisión preventiva en el Regimiento de Telecomunicaciones. Todos ellos fueron procesados como autores de los delitos de secuestro y homicidio calificado de Mireya. Fuentes Torres está procesado por primera vz, actuó en Rinconada de Maipu,pasó por el centro de torturas de Londres 38, integró el grupo Halcón y también estuvo en la casa de José Domingo Cañas y en Villa Grimaldi.
La versión oficial de la dictadura en esos años, fue que Mireya había muerto durante el enfrentamiento. Pero la investigación judicial probó que fue torturada y ejecutada en Villa Grimaldi. En el fallo se menciona a Iván como víctima de la violencia política (citan el informe Rettig), pero los procesamientos son sólo por Mireya que fue secuestrada y luego torturada y finalmente asesinada.
Otilia siempre estaba atenta a las noticias, escuchaba radio y la TV y pedía que le leyeran revistas, especialmente Punto Final. Ya estaba prácticamente ciega pero su obstinada lucha por verdad y justicia la mantenía alerta.

Pensé que la animaría saber de esta tardía pero necesaria gota de justicia, que se une al procesamiento de los resposables del secuestro de Carlos Freddy Pérez Vargas, (Lista de los 119) y de su hermano Aldo, dictados por el juez Victor Montiglio a comienzos de mayo. El juez Guzmán había iniciado esa investigación y ya en 2005 dictó procesamientos por el caso de Carlos. Es el fruto largamente demorado de los esfuerzos de Otilia y de todos los luchadores por los derechos humanos. Ella misma así como muchos ex presos que vieron a Mireya en Villa Grimaldi habían declarado ante el ministro Solis revelando los hechos.
Pero esa noche Paty, su hija, respondió al teléfono y me contó que la salud de Otilia había empeorado y ya no pude comentarlo con ella. Cuando este martes 10 me despedí de Otilia, con un beso en la frente, ella me apretó la mano con cariño. Una de sus personas más cercanas me contó hoy que encontraron la forma de contarle las novedades judiciales y que creían eso había sido para ella como una suerte de último regalo…
Otilia tenía 80 años, y era profesora primaria. Sus hijos Dagoberto,
miembro de la comisión política del MIR; Carlos, Aldo, Mireya e Iván Pérez
Vargas, militantes de ese partido, fueron asesinados entre 1974 y 1976. Carlos
y Aldo se cuentan entre los centenares de detenidos desaparecidos bajo la
tiranía.
La señora Otilia Vargas estuvo en la clandestinidad después del golpe militar y
luego vivió en el exilio en Cuba entre 1976 y 1992, junto con Patricia, y su esposo, Osvaldo, fallecido hace varios años. Ella libró una larga lucha por la verdad y la justicia. Escribió un libro, “La dictadura me arrebató cinco hijos” (Editorial Mosquito) que relata la dramática experiencia de su familia.
Sus restos serán velados en la Iglesia Don Bosco, Gran Avenida 8340, y los funerales se realizarán el lunes 16 de junio al mediodía, en el cementerio parque de La Florida.
 

Algún día, cuando en Chile impere la justicia histórica, la profesora primaria Otilia Vargas recibirá el homenaje que merecen ella y miles de mujeres que lucharon contra la tiranía.
Otilia y su esposo, Osvaldo Pérez, nacidos y criados en el sur de Chile, tuvieron seis hijos. Pero la dictadura militar les arrebató a cinco de ellos: Dagoberto, Carlos Fredy, Aldo Gonzalo y los mellizos Iván Renato y Mireya de Lourdes, que fueron asesinados por agentes de la Dina.
A los 83 años, en su agonía, víctima de un cáncer, Otilia Vargas dijo que Osvaldo, su esposo, fallecido unos años antes, había venido a buscarla. “Pero -agregó- todavía falta que vengan mis hijos”.
Sus hijos eran militantes del MIR y eso fue suficiente para condenarlos a muerte. La Dina buscaba a Dagoberto Pérez Vargas, el hijo mayor, un sociólogo de 27 años y miembro de la comisión política del MIR. Detuvieron a Carlos Fredy, de 25, casado, publicista y lo torturaron hasta la muerte en el cuartel secreto de José Domingo Cañas. No obtuvieron pistas de Dagoberto. Enseguida detuvieron a Aldo Gonzalo, de 23 años, y lo asesinaron en la tortura. El 16 de octubre del año siguiente los esbirros lograron ubicar la parcela de Malloco donde se ocultaba parte de la dirección del MIR. Dagoberto Pérez cayó protegiendo la retirada de sus compañeros, Andrés Pascal y Nelson Gutiérrez y sus esposas. El 24 de febrero de 1976 la Dina dio muerte a Iván y a Mireya, de 21 años, herida a bala en una pierna la trasladaron a Villa Grimaldi. En el operativo también murieron otro mirista, Amador del Fierro, una niña de 7 años, que jugaba en el lugar, y un agente de la Dina, Tulio Pereira. En venganza Mireya fue ejecutada en presencia de varios agentes.
De los seis hermanos Pérez Vargas sólo sobrevivió Patricia, la menor. Otilia y su hija pasaron a la clandestinidad hasta que lograron refugiarse en Cuba, donde ya estaba Osvaldo, el padre de esta castigada familia. En la isla doña Otilia asumió la militancia de sus hijos y desarrolló intensa actividad en la solidaridad con la resistencia en Chile. Con ayuda del historiador Jorge Benítez escribió el libro “La dictadura me arrebató cinco hijos” y trabajó sin descanso para lograr verdad y justicia. Murió el 14 de junio de 2008.

OTILIA Vargas en el Memorial donde descansan los restos de dos de sus cinco hijos asesinados por la dictadura militar.

Al cierre de esta edición se encontraba internada en grave estado en el Hospital José Joaquín Aguirre la señora Otilia Vargas, madre de los cinco hermanos Pérez Vargas, militantes del MIR, asesinados por la dictadura militar, dos de ellos detenidos desaparecidos y otro, Dagoberto, sepultado quizás dónde, arrojado al mar o exhumado y triturado por un bulldozer, quién sabe.

La Otilia, una maestra primaria que el próximo 15 de abril cumpliría 76 años, está muriéndose del “mal de Chile”, ese azote que empezó el 11 de septiembre de 1973 y que ha golpeado a miles de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Por eso, cuando escribo de ella, rogando con fervor al Dios de mi infancia que no se nos muera, pienso también en todas las mujeres chilenas que sufren el mismo horror de ver burladas sus esperanzas. O en las que ya murieron sin recibir un gesto humanitario de los que saben y callan, de los que mandaron matar y ocultan su vergüenza detrás de rostros impenetrables. Por ahí andan paseándose monstruos de inhumanidad como Marcelo Moren Brito, “El Coronta”o “El Ronco”, que disfrutaba pasándole una camioneta sobre las piernas a los detenidos, o Miguel Krasnoff Marchenko, “Capitán Miguel”, el más duro entre los criminales de la DINA, o Arellano Stark, el jefe de la Caravana de la Muerte, o Augusto Pinochet, el capo de la mafia. Todos altos oficiales de un ejército que se envileció celebrando como heroicas batallas lo que no fueron sino asesinatos de miles de hombres y mujeres, ancianos y niños, en su mayoría inermes y con las manos arriba. O los que murieron en el horror de la parrilla, el submarino, el teléfono, el “pau de arara” y las violaciones por la vagina y por el ano en cuarteles de la DINA y la CNI atendidos por elegantes oficiales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros que después de la “jornada de trabajo” se iban con sus familias a sus clubes de campo o a emborracharse en los casinos de sus unidades.

Otilia Vargas ha sido siempre animosa, de físico frágil -“en la escuela nadie podía creer que yo había tenido seis hijos”, contaba-. Pero es de carácter fuerte y tiene un sutil sentido del humor. Está casi ciega y aunque no puede leer siempre está atenta a las noticias en la radio y la televisión. Con Flora, mi mujer, fuimos a tomar onces a su casa el sábado 6 de enero. Había estado unos días en cama porque sentía agudos dolores en una pierna. Pero ya podía levantarse aunque con ayuda y caminó apoyada en un bastón la corta distancia entre su cama y la mesa del comedor. Es una casa pequeña -que parece más grande desde que murió su esposo, don Osvaldo Pérez-, donde Otilia vive con su hija Patricia. Alguna vez a esa casa llegaban otros cinco hijos, Dagoberto, Aldo, Carlos, Iván y Mireya, todos asesinados por la dictadura militar. Ese día la encontramos muy desmejorada y deprimida -lo que no es natural en ella-, sobre todo muy agitada y tensa. La tenían así los anuncios de que las FF.AA. y Carabineros, por fin, habían decidido hacer lo que hacen los hombres: decir la verdad y afrontar la justicia. Otilia esperaba con angustia el discurso que la noche del domingo haría el presidente Ricardo Lagos para informar qué pasó con los detenidos desaparecidos y dónde están sus restos. Como miles de madres, esposas y hermanas, ella quería saber. Pero se debatía en una terrible contradicción: “No sé qué voy hacer si me llama de La Moneda la María Luisa Sepúlveda y me dice dónde están mis hijos. A veces pienso que no quiero ver esos huesos y que me digan: estos son sus hijos. No sé si quiero saberlo, no sé”. Otilia de alguna manera ya ha pasado por esa experiencia. Sus hijos caídos ocupan una página completa del Informe Rettig. Los mellizos Iván y Mireya, estudiantes universitarios de 21 años, asesinados en febrero de 1976, descansan en el Memorial del Cementerio General. Pero los restos del hijo mayor, Dagoberto, sociólogo de 27 años, que cayó enfrentando un allanamiento de la DINA en una parcela de Malloco en octubre de 1975, no han aparecido. Mientras Carlos, publicista de 25 años, y Aldo, estudiante de 23 años, son detenidos desaparecidos desde septiembre de 1974. La propia Otilia y su hija Patricia tuvieron que pasar a la clandestinidad antes de lograr refugiarse en Cuba donde las esperaba don Osvaldo Pérez. La traumática experiencia de huir de la DINA durante meses causó un daño psiquiátrico irreversible a la joven Patricia.Le dije a Otilia que no se hiciera muchas esperanzas, que seguramente los “valientes soldados” entregarían unos pocos nombres de detenidos desaparecidos para seguir negociando la impunidad; que todavía pasaría mucho tiempo antes de saber la verdad verdadera. Sin embargo, me di cuenta que ella tenía una enorme esperanza en el discurso del presidente Lagos. Estaba perfectamente al tanto del procedimiento que seguirían para notificar a los familiares “sorteados” por el arrebato de sinceridad y honor que parecían experimentar las FF.AA. y Carabineros, empeñados en salvar la mesa de diálogo.

Pasó el discurso de Lagos del 7 de enero, y nada. No mencionó nombres. Y Otilia se puso peor. El lunes la llamé y me preguntó si “sabía algo”. Era una manera de decir: “¿han dado algún nombre, sabes algo de mis hijos?” El martes 9 apareció en “La Nación” la lista de los 200 detenidos desaparecidos presuntamente arrojados al mar o sepultados en fosas que todavía no se pueden ubicar. Pero en la lista no estaban los hijos de Otilia como casi ningún mirista, excepto los hermanos Mario y Nilda Peña Solari, estudiantes de 21 y 23 años, secuestrados en diciembre de 1974 y torturados hasta morir en La Venda Sexy y en la Clínica Santa Lucía del general Contreras y sus rufianes. Ese día hablamos de nuevo con Otilia que no sabía lo publicado en “La Nación” y se lo dijimos con René Valenzuela, un amigo de muchos años. Otilia no hizo comentarios. Simplemente se hundió en su dolor. Tres días después hubo que trasladarla en ambulancia al servicio de urgencia del Hospital J. J. Aguirre. Presentaba fiebre, deshidratación y una hemorragia digestiva alta. Los exámenes acusaron después un tumor en la vesícula que obligará a intervenir a los cirujanos. La insidiosa enfermedad, opinan los médicos, pudo haber sido detonada por un factor sicosomático como su profunda depresión. Fieles amigas están preocupándose de ella, haciéndole sentir su afecto y preocupándose de solucionar los agobiantes problemas económicos que crean las hospitalizaciones a las familias modestas.

Lo importante ahora es que Otilia vuelva a sentir interés por vivir para que afronte la operación en buenas condiciones.

Su caso es el de muchos familiares de detenidos desaparecidos, cuya tragedia se ha visto agudizada por esta nueva crueldad a que se les ha sometido. Esta burla sangrienta debería impulsar con más fuerza la demanda de verdad y justicia. Convocar a amplios sectores sociales y políticos como se hizo en la lucha contra la dictadura, para retomar ese impulso democratizador que se quedó en el camino. Es la mejor manera de solidarizar con mujeres como Otilia Vargas, que algún día serán honradas por la Patria como ejemplos de coraje.