Perelman Ide Juan Carlos

Rut       : 4.810.842

F.Nacim. : 07-01-44, 31 años a la fecha de su detención

Domicilio : Bilbao 2911, depto. F, Santiago

E.Civil  : Soltero

Actividad : Ingeniero Químico, Economista; hasta 1973 se desempeñó en el Departamento de Inversiones de la CORFO

C.Repres. : Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)

F.Detenc. : 20 de febrero de 1975

SITUACION REPRESIVA

            Juan Carlos Perelman Ide, soltero, Ingeniero Químico, militante del MIR, fue detenido en las siguientes circunstancias: el 20 de febrero de 1975, a las 10:30 horas de la mañana, el afectado y Gladys Díaz -su novia- se encontraban en el departamento de calle Bilbao 2911, el que ocupaban desde hacía tan sólo 15 días. A esa hora, ocho individuos, vestidos de civil, armados con metralletas y pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) -uno de ellos mostró una especie de credencial en la que se leía "Dirección de Carabineros de Chile", diciendo que eran miembros de la DINA- se hicieron presentes en el domicilio. Preguntaron por él y exigieron la identificación al afectado y a Gladys Díaz, periodista y también militante del MIR.

            Al enterarse los agentes de la presencia de Gladys Díaz Armijo -dijeron que ya la andaban buscando- hicieron subir al departamento a Lautaro Santiago Videla Moya, a quien traían detenido, el que les contó que la persona a la que andaban realmente buscando era a Jaime Reyes (dueño del departamento y amigo de Gladys Díaz). Enseguida, los agentes procedieron a vendarle la vista a Juan Carlos Perelman y a Gladys, los sacaron del departamento, los subieron a un vehículo y los trasladaron hasta Villa Grimaldi, recinto secreto de reclusión y tortura de la DINA. En este lugar el afectado permaneció hasta el 28 de febrero de 1975, fecha en que fue sacado con rumbo desconocido junto a otros detenidos, entre ellos Carmen Díaz, Iván Montti Cordero; Alan Bruce; Jaime Vilches; Hugo Daniel Ríos; Jaime Vásquez y Manuel Edgardo Cortez Joo. Todos ellos permanecen en calidad de detenidos desaparecidos. Cuando llevaron a Juan Carlos Perelman, Gladys Díaz -según lo testimonió en el Tribunal cuando aún se encontraba detenida en Tres Alamos- preguntó a los guardias a dónde se lo llevaban. Estos le respondieron que "algunos quedaban en libre plática y que otros eran llevados a Osorno". Respecto al significado más probable de la palabra Osorno, lo entrega el informe del Sr. Félix Ermacora, miembro de la Comisión Investigadora de la Situación de los Derechos Humanos en Chile, designada en 1980 por Naciones Unidas, en el cual se expresa que las destinaciones de los presos eran palabras en clave para indicar el futuro que esperaba a los detenidos. Así Puerto Montt significaba que se les eliminaría por tierra y Moneda que serían lanzados al mar. Además, la testigo señaló que desaparecieron de Villa Grimaldi, el 28 de febrero de 1975, las siguientes personas que permanecen desaparecidas hasta la fecha: Patricio Cerda Aparicio; Juan René Molina Mogollones; Sergio Lagos Marín y Rodrigo Ugas Morales.

            Durante su permanencia en Villa Grimaldi el afectado fue visto por numerosos testigos. Gladys Díaz denunció haber sido violentamente torturada junto a Juan Carlos Perelman, obligando a ambos a presenciar los sufrimientos aplicados al otro. Fueron sometidos a la "parrilla" (catre de fierro en el que se ataba a la víctima desnuda para proceder a propinarle golpes de corriente en todo el cuerpo), golpes generalizados (a Juan Carlos le quebraron una costilla), inmersión en el agua, teléfono (fuerte golpe en los oídos), alimentación sin glucosa e insomnio organizado. Patricia Zúñiga -recluida a la fecha en Villa Grimaldi- declaró que el 26 de febrero de 1975, Gladys y Juan Carlos fueron llevados al sector conocido como "La Torre", lugar en que habían 6 celdas muy pequeñas (80 por 90 cm.) con puertas correderas de 50 cm. de alto, sin luz ni ventilación, junto a otros detenidos que también desaparecerían. Según la testigo, el afectado fue sacado de ahí el 28 de febrero junto a otros detenidos, con destino desconocido. Gladys Díaz estuvo 80 días incomunicada en Villa Grimaldi.

            Por su parte, Rubén Fernando Aguilera -detenido en Villa Grimaldi en febrero de 1975- estuvo dos días, el 23 y el 24 de febrero, en la celda Nº5 junto a Juan Carlos Perelman. Rosa Elvira Lizama declara que, cuando se encontraba en las "Casas- Chile"(celdas en donde había un camarote), ingresó al lugar el agente de la DINA Basclay Zapata a quien llamaban "El Troglodita", llevando a Gladys Díaz, la que ya había tenido dos paros cardíacos. Gladys le contó a la declarante que había sido detenida junto al afectado. Efectivamente en una oportunidad, Rosa Elvira Lizama vio a Juan Carlos Perelman, cuando éste entró a la pieza y saludó rápidamente a Gladys. Posteriormente, "El Troglodita" se llevó a Gladys. Otra detenida, Elena María Altieri -también recluida en Villa Grimaldi- vio a Juan Carlos Perelman alrededor del 24 de febrero de 1975 en una especie de fila para entrar al baño, logrando intercambiar con él algunas palabras. También el afectado fue visto por Oscar Hernán Angulo y Abelardo Clariana, Amalia Negrón Larré, Ingrid Zucarrat y Ricardo Froeden. Por su parte, Helen Zarour Atanacio declaró ante el Tribunal el 26 de enero de 1976, mientras se encontraba detenida. Dijo haber visto al detenido en Villa Grimaldi entre el 20 y el 24 de febrero de 1975, en dos oportunidades.

            Simón Perelman -padre del afectado- señaló que al momento de la detención de Juan Carlos y de Gladys Díaz, desaparecieron los efectos personales de ambos y un furgón citroen AK de propiedad del afectado. Además, agregó el testigo, en enero de 1975, dos individuos, que se hicieron pasar por compañeros de la universidad de su hijo, concurrieron a su domicilio. El 20 de febrero, el día de la detención de la víctima, nuevamente dos individuos (uno de ellos ya se había presentado en enero) llegaron hasta una casa vecina. La madre de Juan Carlos escuchó cuando preguntaban por el afectado, sin embargo los civiles se alejaron, sin dirigirse a ella.

            En el mes de julio de 1975, se informó en dos oportunidades de la muerte del afectado, la que habría ocurrido en el extranjero. El 19 de julio de ese año, el Cónsul de Chile en Buenos Aires avisó telefónica y personalmente a Patricio Perelman -hermano de la víctima- que el cadáver de Juan Carlos había sido encontrado parcialmente carbonizado y con un balazo en la cabeza en Pilar, zona situada a 60 Kilómetros de Buenos Aires. La supuesta cédula de identidad del afectado la encontraron botada cerca del cuerpo de Juan Carlos. Familiares acudieron a Pilar para reconocer los restos. Sin embargo, constataron de inmediato que no se trataba del cuerpo de Juan Carlos. Peritajes posteriores confirmaron inequívocamente esta apreciación. El informe del doctor Gregorio J. Ferra, médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, certificó que, por sus características físicas, el cadáver no correspondía al de Perelman. Por otra parte, el carnet estaba adulterado: contenía los datos de identidad de la víctima, pero la fotografía era de otra persona. Más aún, los análisis posteriores demostraron la adulteración de la firma y la no coincidencia de la huella digital de dicha cédula con la que constaba en el Pasaporte de Juan Carlos Perelman, el que había sido enviado desde Chile para los peritajes concernientes. El Comisario de la policía que atendió a Patricio Perelman en Argentina, le comentó que ellos sabían que se trataba de actuaciones de la Triple A (fuerza represiva argentina), que operaba en conjunto con la DINA.

            Una semana antes, y en el mismo lugar, habían aparecido otros dos cadáveres carbonizados, de los que se dijo pertenecían a los detenidos desaparecidos chilenos: Jaime Robotham y Luis Alberto Guendelman. También, en estos casos, los cuerpos no correspondían a los de las víctimas.

            También en julio de 1975, el nombre del afectado apareció incluido en la lista de 119 chilenos que presuntivamente habían muerto en enfrentamientos en el extranjero. Su nombre apareció en una nómina de 59 nombres en el diario "O'Dia" de Curitiba, Brasil, que fue publicado por única vez en esta oportunidad. La veracidad de este hecho jamás pudo ser comprobada, más aún, ningún Gobierno, ni el chileno ni el argentino, lo ratificaron oficialmente. Otra publicación de similares características, la revista LEA de Argentina dio otros 60 nombres. Estas 119 personas habían sido detenidas entre los meses de junio de 1974 y febrero de 1975, y la mayoría de ellas vistas por testigos en recintos secretos de detención de la DINA. Todas se encuentran desaparecidos.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 10 de marzo de 1975, se interpuso un recurso de amparo por el afectado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Durante la tramitación de éste y, en tres oportunidades, el Ministro del Interior y General de División, Raúl Benavides Escobar, informó que la Secretaría de Estado que él presidía no había dado orden de detención contra Juan Carlos Perelman, (abril de 1975). Sólo en mérito a estos informes, la Corte rechazó el amparo, remitiendo los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente, (25 de abril de 1975).

            De esta manera se abrió, en el 6° Juzgado del Crimen de Santiago, la causa rol N°91.590, el 30 de abril de 1975. A ella se acumuló una denuncia de presunta desgracia por la desaparición del afectado. En la presentación, Simón Perelman -padre de la víctima- afirmaba que su hijo permanecía privado de libertad en Villa Grimaldi, inmueble ubicado en calle José Arrieta s/n, Peñalolén, conocido también como "Cuartel Terranova" y perteneciente a la Dirección de Inteligencia Nacional. Así, se pedía al Tribunal que se constituyera en dicho recinto; que oficiara a Manuel Contreras Sepúlveda, Director de la DINA, para que informara al respecto; y que se citara a declarar a Gladys Díaz Armijo, la que ya se encontraba en libre plática.

            Sin mayores diligencias y por razones jurisdiccionales, el Juez se declaró incompetente y remitió la causa al 8° Juzgado del Crimen, la que la roló con el N°12.193-H. Ante este Tribunal prestó declaración Gladys Díaz. Posteriormente, en julio de 1975, se adjuntó al proceso la información de la muerte del afectado en enfrentamientos ocurridos en Argentina. Al respecto, el 3 de septiembre de 1975, el Mayor de Ejército Enrique Cid Coubles, de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó al Tribunal que no existían antecedentes oficiales respecto a esos hechos como tampoco constancia de que alguna de las personas incluidas en la nómina de 119 muertos hubiesen salido del país. Agregaba "las autoridades de los países en que habrían ocurrido los hechos, nada han informado sobre el particular". En cuanto al afectado, Cid Coubles informaba que la "Embajada de Chile en Buenos Aires informó que un hermano de la víctima, que se encontraba en esa ciudad, después de un examen del cadáver atribuido a Perelman, declaró por escrito en Policía Pilar (Argentina) que el cuerpo no correspondía a su hermano".

            El 20 de noviembre de 1975, y respondiendo a una orden de investigar, Investigaciones, después de tomar declaraciones al padre del afectado y a Gladys Díaz, informó al Tribunal que consultada la Dirección de Inteligencia Nacional, ésta aseguró que el Campamento de Villa Grimaldi "no existe en el país". Por su parte, el Ministro del Interior Subrogante, Enrique Montero Marx, el 6 de febrero de 1976, ofició al Tribunal diciendo que Juan Carlos Perelman no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado y que no existía ningún campamento de detenidos con el nombre de Villa Grimaldi.

            Sin que se realizaran mayores diligencias ni se profundizara más en la situación de desaparecimiento de Juan Carlos Perelman, el 19 de marzo de 1976 se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa. El fallo fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 12 de mayo de 1976, la que señaló que el Tribunal debía remitir copia del proceso al Juez Militar de Santiago para que instruyera sumario a fin de "investigar la posible existencia de un delito militar o de un delito común cometido por Militares o en dependencias de las Instituciones Armadas". Efectivamente, se remitieron compulsas al Juez Militar de Santiago. Sin embargo, no hay antecedentes de que dicho Tribunal haya instruido sumario al respecto.

            El 1° de agosto de 1978, familiares del afectado se presentaron en el 10° Juzgado del Crimen de Santiago para adherir a la querella por secuestro en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, de Marcelo Luis Manuel Moren Brito y de Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Coronel y Teniente Coronel de Ejército respectivamente. La presentación fue hecha por 70 familiares de detenidos-desaparecidos. El Juez se declaró incompetente y los antecedentes fueron remitidos a la Justicia Militar, quien radicó la causa en la 2a. Fiscalía Militar de Santiago, la que los roló con el N°553-78. Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989 el Teniente Coronel de Ejército, Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2° Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.

            (Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras, verlos en el caso de Eduardo Alarcón Jara.)

            Además, la familia recurrió a autoridades de Gobierno, a organismos y Gobiernos extranjeros con el objeto de dar con el paradero de Juan Carlos Perelman Ide. El padre del afectado, con fecha 9 de abril de 1975, envió una carta al Coronel Jorge Espinoza Ulloa, Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET), requiriendo información. El 28 de abril del mismo año, se le respondió que no se registraban antecedentes relativos al afectado. Por su parte, el doctor Luis Perelman -tío de la víctima, domiciliado en la ciudad de Nueva York y ciudadano norteamericano- requirió de los Senadores estadounidenses Jacob K. Javits y James Buckley, así como de los representantes Edward Koch y Bella Abzug, su intervención ante el Departamento de Estado; y ante el Embajador en Chile, David Popper, sus buenos oficios para ubicar al afectado. Tampoco dieron resultados estas gestiones.

El lunes la Corporación Administrativa del poder judicial deberá informar el costo que tendrá la nominación de los jueces especiales. Mientras, el mundo de los derechos humanos tiene la esperanza que ellos avancen donde hasta ahora sus esfuerzos han sido infructíferos: las causas beneficiadas con un juez de dedicación exclusiva corresponden mayoritariamente a desapariciones perpetradas por la DINA, el Comando Conjunto y a un caso emblemático de la CNI.

La hora de la Dina

El cerco se estrecha sobre la DINA con el caso del militante del MIR, Carlos Cubillos Gálvez, detenido en 1974 en una calle de la comuna de Nuñoa. Testigos señalaron que fue conducido al recinto de Londres 38 y no volvió a saberse de él. Su causa – rol 11337/6- está en el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.
En ese mismo juzgado está radicada la causa del militante del MIR, Juan Carlos Perelman (rol 12193-8), quien fue detenido en 1975 por efectivos de la DINA junto a su conviviente, quien tiempo después fue liberada. La Comisión Rettig afirmó que su desaparición fue responsabilidad de agentes del Estado.
El 1 de agosto de 1974 fue detenido Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, quien, sus 28 años, era el coordinador sindical de los partidos políticos que habían adherido a la UP en la Zona Oeste de Santiago. Fue sacado de su hogar por efectivos de la DINA y visto por última vez en el recinto de Londres 38. Su causa Nº2310-00, consta también en el Octavo Juzgado de Santiago.
El secuestró de Luis Jaime Palominos Rojas, el 7 de diciembre de 1974, es responsabilidad del mismo organismo de seguridad. La causa de este militante del MIR, rotulada con el número 2808-5, también será instruida por un juez especial en el 11º Juzgado del Crimen de Santiago.
El ministro de dedicación exclusiva de ese mismo tribunal se abocará al caso de Jaime Cadiz Norambuena (causa 768-6). Este militante del MIR fue detenido en la población José María Caro y desapareció desde el recinto de la DINA de Londres 38.
El número 2161-8 de ese juzgado consigna otra causa de la DINA en que el juez pondrá acento. El mirista Jorge Humberto D´orival Briceño fue detenido en su hogar de la comuna de Conchalí y visto luego, junto a otros dos detenidos, en Villa Grimaldi. A los tres se les perdió la pista en el recinto de Cuatro Alamos.
El juez de dedicación exclusiva del Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel investigará el caso de Leopoldo Muñoz Andrade, militante del MIR que desapareció desde el recinto DINA de Cuatro Alamos. En las manos de este magistrado estará además esclarecer la desaparición de otro mirista, Daniel Reyes Piña, quien fue visto por última vez en Londres 38.
A ese organismo represor se atribuye también la desaparición de Víctor Fernando Olea Alegría el 11 de septiembre de 1974. Tenía 24 años cuando fue detenido por agentes en la vía pública. Su causa está radicada en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago con el número 76667.
Otro caso que tendrá especial atención será el de Washington Cid Urrutia, quien desapareció en 1974 desde Villa Grimaldi. Su causa está radicada en el Décimo Juzgado del Crimen de Santiago y es atribuido a la DINA.

Hacia otros organismos represores

No sólo la DINA será investigada por los jueces especiales. Las acciones criminales perpetradas por el Comando Conjunto tendrán el mismo destino. De hecho, el mandato de la Suprema toca las hebras de uno de los casos que ofrece las mayores contradicciones con el informe de las FF.AA: la desaparición del militante de las Juventudes Comunistas Carol Fedor Flores Castillo.
El informe castrense establece que Flores Castillo fue detenido en 1976, muerto y arrojado al mar en las costas de San Antonio. Sin embargo, Flores fue apresado junto a sus hermanos en 1974 y permaneció recluido seis meses. En 1976 comenzó a colaborar con el Comando Conjunto, proceso que se extendió hasta el 7 de junio de ese año. El ex agente del comando conjunto Andrés Valenzuela confesó que fue muerto junto a un soldado en el Cajón del Maipo y arrojado al río. Ahora su crimen será investigado por el juez del Décimo Juzgado de Santiago.
En el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, bajo el número 10161, consta el caso de Alonso Gahona Chávez, quien habría fallecido víctima de reiteradas torturas junto a Humberto Castro en el llamado "Nido 20". Así se conocía al recinto secreto de detención y tortura ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida de Santiago. Este recinto funcionó durante 1975 bajo control de agentes de la DIFA con quienes colaboraban civiles provenientes de grupos nacionalistas o de extrema derecha.
La guardia exterior del recinto estuvo a cargo de alumnos de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea. Gahona, dirigente de los obreros de la Municipalidad de La Cisterna y militante comunista, conocido como «Yuri», había sido detenido el 8 de septiembre de 1975 en la vía pública. Su cadáver habría sido envuelto en plástico y, al parecer, arrojado al mar.
Desde el recinto llamado "Remo Cero", del regimiento de artillería anti-aérea de Colina fue sacado y posiblemente enterrado en terrenos militares de Peldehue, Miguel Rodríguez Gallardo. La causa 10617 del cuarto juzgado de San Miguel intentará llegar hasta las bases del Comando Conjunto.
También un juez especial investigará el destino de al menos uno de los detenidos desaparecidos de La Moneda. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago está la causa 17584, que corresponde a Osvaldo Ramos Rivera, miembro del GAP de sólo 22 años.
Ramos fue detenido en el interior del palacio gubernamental por militares, junto a Antonio Aguirre Vásquez. Producto de sus heridas, ambos fueron trasladados a la Posta Central donde existe constancia de su permanencia. Fueron sacados desde allí por personal uniformado y desde entonces se desconoce su paradero.
En el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago será investigado el caso de otro GAP, Mario Ramiro Melo, oficial del Ejército retirado, desaparecido desde el 29 de septiembre de 1973.
El caso de Miguel Acuña Castillo, rotulado con el número 11509-8 en el Octavo Juzgado de Santiago, también será investigado. Acuña era dirigente de la sección de estudiantes secundarios del MIR cuando desapareció en 1974, junto a su amigo Héctor Garay Hermosilla.
La labor de los jueces especiales se extenderá además a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago será visto el caso de José Luis Baeza, de 41 años, vendedor y miembro del Comité Central del PC. Fue aprehendido junto a otras tres personas en una casa en Santiago que servía para reuniones y contactos de miembros de esa colectividad.
Los autores de la detención fueron identificados como miembros del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, comandados por un conocido Jefe de Inteligencia. Baeza fue llevado a la Academia de Guerra de esa institución, donde fue visto por varios testigos. Estos testimonios contradicen la versión oficial entregada por el Ministro del Interior que, en esa época, negó su detención

El ministro Víctor Montiglio volvió a procesar a Augusto Pinochet como autor de secuestro calificado de tres nuevas víctimas de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo. Sin embargo el juez sobreseyó al ex dictador por otras cuatro víctimas, aplicando el principio jurídico de la “cosa juzgada”, lo que será apelado por la parte querellante.

A los nuevos procesamientos se suma la declaración de reo que afectó al ex jefe del Ejército -el 24 de noviembre- cuando el magistrado lo procesó por seis víctimas del operativo Colombo y decretó su arresto domiciliario.

De esta manera, Pinochet se mantiene encausado en este juicio y bajo arresto domiciliario, dado que la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el pasado viernes el recurso de amparo interpuesto por su defensa, que buscaba dejar sin efecto los primeros seis autos de reo y revocar su detención preventiva.

Respecto de este amparo, la Sala Penal de la Corte Suprema se pronunciará probablemente mañana, una vez que escuche los alegatos de las partes.

De los quince casos de desaparecidos por la Operación Colombo por los cuales las cortes desaforaron a Pinochet, ya ha sido encausado por nueve víctimas y sobreseído por cuatro. Aún falta que el juez se pronuncie sobre otras dos situaciones.

Las tres víctimas nuevas por las que fue procesado Pinochet son Juan Carlos Perelman Ide (MIR, desapareció en 1975), Héctor Garay Hermosilla (MIR, 1974) y Antonio Cabezas Quijada (PS, 1974).

El abogado Nelson Caucoto, querellante en este caso, se mostró satisfecho con el fallo e indicó que es “un duro golpe a los agentes del exterminio, en el marco de la Operación Colombo, mediante la cual la DINA intentó hacer creer que 119 chilenos secuestrados en Chile, habían desaparecidos en el exterior, producto de pugnas internas”.

La Segunda Sala Penal de la Corte de Suprema dictó masivas condenas contra 32 ex agentes de la Dirección Nacional, DINA, por el secuestro y desaparición del ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, e ingeniero químico Juan Carlos Perelman, quien fue detenido el 20 de febrero de 1975, en el marco de la denominada Operación Colombo, junto a la periodista Gladys Díaz Armijo, reconocida militante del MIR quien luego de un largo tiempo en Villa Grimaldi fue liberada.

La sala, integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, el ministro Suplente Raúl Mera, y la abogada integrante María Cristina Gajardo, condenó a los agentes Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga a 13 años de presidio mayor en su grado medio, ratificando lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en su fallo de noviembre de 2015.

Del mismo modo, el máximo tribunal, condenó a  Rolf Wenderoth, Francisco Ferrer Lima, Gerardo Godoy, Ricardo Lawrence, Rosa Humilde Ramos, Teresa Osorio Navarro, Pedro Alfaro Fernández, José Aravena, Claudio Pacheco, José Ojeda Obando, Heriberto Acevedo, Lis Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha, Hugo Hernández Valle, Juan Urbina Cáceres, Manuel Rivas Díaz, Jerónimo Neira, Silvio Concha, Héctor Briones, Carlos López Inostroza, José Fuentealba, Luis Videla, Raúl Rodríguez Ponte, Palmira Almuna, Osvaldo Pulgar, Roberto Rodríguez, Rafael Riveros Frost y Leonidas Mendez a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. En tanto, Samuel Fuenzalida Devia recibió una condena de  541 días de presidio menor en su grado medio.

El abogado Nelson Caucoto, querellante en este caso, se mostró satisfecho con el fallo e indicó que es “un duro golpe a los agentes del exterminio, en el marco de la Operación Colombo, mediante la cual la DINA intentó hacer creer que 119 chilenos secuestrados en Chile, habían desaparecidos en el exterior, producto de pugnas internas. Crímenes de esta envergadura no pueden quedar en el olvido ni en la impunidad, y en ese aspecto el ministro Hernán Crisosto Greisse y la Corte Suprema han dado una nueva señal de avance de la justicia”.