Peña Maltés José Julián

Rut       : 6.060.361-8

F.Nacim. : 25-08-50, 37 años a la fecha de su detención

Domicilio : Ismael Valdés Vergara, Santiago

E.Civil  : Casado

Actividad : Ex alumno de Ingeniería, Universidad Técnica del Estado, Santiago.

C.Repres. : Militante del Partido Comunista. Miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)

F.Detenc. : 9 de septiembre de 1987

SITUACION REPRESIVA

            José Julián Peña Maltés, casado, ex alumno de la Universidad Técnica del Estado, militante del Partido Comunista, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), fue detenido en Santiago con fecha 9 de septiembre de 1987 por los organismos de seguridad del régimen militar, permaneciendo desde entonces en calidad de detenido desaparecido.

            Peña Maltés había regresado al territorio nacional, luego de permanecer varios años como exiliado político. En enero de 1974 viajó al exterior mediante asilo en la Embajada de Francia. Ya en Santiago, en el mes de agosto de 1986, conoció en un local céntrico a doña Mara Peñaloza Oyarzún ante quien se identificó como Daniel Merino, surgiendo entre ellos una relación de amistad que les permite en el mes de octubre de ese mismo año arrendar conjuntamente un inmueble en la comuna de Renca. Sólo en contadas oportunidades tuvieron ocasión de departir en dicho domicilio, ya que sus horarios de llegada y salida no coincidían por desempeñar ambos labores distintas. A partir del mes de marzo de 1987, iniciaron una relación sentimental que dio paso a una convivencia. Mara Peñaloza recuerda que el afectado, entre otras cosas, le señaló "que no veía a su familia desde años, que había estudiado en la Universidad Técnica del Estado y que no había terminado sus estudios, que era el regalón de su madre, quien falleció mientras él se encontraba en el exilio, que había salido del país el año 1974 con destino a Francia".

            En agosto de 1987 el afectado decidió trasladarse al centro de Santiago, para tal efecto arrendó una pieza para pensionista, ubicada en calle Ismael Valdés Vergara, perteneciente a la familia Valderrama Urrutia.

            Su relación afectiva con Mara Peñaloza continuó adelante, visitándola semanalmente en forma regular. Fue así como transcurriendo el mes de septiembre de 1987, el afectado llegó al domicilio de Renca el día 1° retirándose al día siguiente; posteriormente, regresó el día 8 de septiembre en la noche retirándose del domicilio el día 9 de septiembre de 1987. Según testimonio de Mara Peñaloza ese día ella salió a trabajar, fue la última vez que vio al afectado, el cual quedó en la casa y se habría retirado después de las 13:00 horas. Sólo volvió a saber de él con fecha 22 de septiembre de 1987 cuando recibió una llamada telefónica a su trabajo, en que una voz de mujer le preguntó si había visto a su compañero, luego le informó que éste había sido detenido en el centro de Santiago por la Central Nacional de Informaciones (CNI), en circunstancias en que se dirigía a encontrarse con una persona que también fue detenida; le indicó que viera el diario La Tercera de ese día a fin de que se informara al respecto. Después del llamado telefónico Mara Peñaloza compró el citado diario, en el que constaba la información sobre unos detenidos en Osorno y Valparaíso, cuyos nombres nada le decían a ella. Siguió comprando los diarios y no lograba informarse, hasta que el sábado 26 de septiembre, en el diario La Epoca, salieron publicadas las fotos de unos desaparecidos, entre los que se encontraba José Julián Peña Maltés, cuya fotografía correspondía exactamente con la persona con la cual mantenía relación sentimental bajo el nombre de Daniel Merino.

            Por su parte, doña Lucila Urrutia Morales, dueña del departamento de la calle Ismael Valdés Vergara, señaló entre otras cosas, en su declaración jurada ante notario, que el afectado, "era una persona que tenía vida normal, correcto, medía aprox. 1.60 a 1.63 mts. delgado, no flaco, piel morena-mate, pelo ondulado, no liso; dato importante: era zurdo, pues escribía con esa mano. A veces se ausentaba, pero siempre avisaba cuando no llegaría. Su vida fue normal hasta el 8 de septiembre de 1987; se levantó alrededor de las 07:00 horas, no tomó desayuno y salió… no regresó ese día y en realidad hasta esta fecha aún no regresa, habiendo quedado casi todas sus especies en mi hogar".

            Luego de su desaparecimiento, el día 15 de septiembre de 1987, al regresar a su departamento, doña Lucila en compañía de la cónyuge, alrededor de las 17:00 horas, se percataron que la puerta no estaba cerrada sino junta; al ingresar y proceder a revisar las dependencias, desde la pieza que ocupaba el afectado, salió un sujeto de unos 26 años, moreno, contextura atlética, 1,68 de estatura, de bigotes, pelo negro liso, pestañas hacia abajo, quien señaló "soy amigo de Juanito, tuvo un accidente y necesita un maletín que tiene documentos y plata", agregó que el afectado le había hecho un plano del departamento indicando su pieza. El sujeto portaba las llaves del inmueble que eran usadas por Peña Maltés, agregó que "Juanito" (nombre por el que conocían al afectado) había sufrido un accidente automovilístico y era atendido en un domicilio en Valparaíso. La dirección resultó ser inexistente. Al no encontrarse el citado portadocumentos, el individuo se retiró llevándose una casaca de cuero, un gamulán de color café de chiporro y una radio, todo de propiedad del afectado, y que la dueña de casa estimó serle necesario en esos momentos a su pensionista en Valparaíso. A las 20:30 horas de ese mismo día, regresó el sujeto, ahora sin el bolso que portaba anteriormente, retirándose luego que se le informó que el maletín no apareció. El día siguiente, miércoles 16 de septiembre de 1987, alrededor de las 20:20 horas, doña Lucila Urrutia recibió una llamada telefónica del sujeto antes descrito, pidiéndole que concurriera a la Plazoleta Capitán Prat, ubicada cerca del departamento. Ella no lo hace, pero sí baja su marido al cual el sujeto -que en esa oportunidad andaba acompañado- le insiste sobre el maletín, dando por argumento que en él había un dinero que necesitaba Juan para pagar. Ante ello, el señor Valderrama le señala que le diga a Juanito que no se preocupe por nada, pues todas su cosas van a estar allí cuando él llegue, y además le entrega al sujeto la suma de $2.000.- para que se los haga llegar. El individuo antes de retirarse procede a devolverle al señor Valderrama las llaves del departamento.

            Con fecha 27 de septiembre de 1987, la familia Valderrama Urrutia, por medio del diario La Epoca en que aparece una foto del afectado, tomó conocimiento de la detención e identidad de José Julián Peña Maltés.

            La detención y posterior desaparición forzada de Peña Maltés, por parte de agentes de la Central Nacional de Informaciones, CNI, como asimismo la de otros cuatro jóvenes militantes del Partido Comunista, que aparecen vinculados al Frente Patriótico Manuel Rodríguez: Julio Orlando Muñoz Otárola, detenido en la vía pública el 9 de septiembre de 1987; al igual que el tornero mecánico Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, detenido después de las 19:00 horas del 9 de septiembre de 1987, luego de salir de su domicilio en la ciudad de Santiago; el técnico automotriz Alejandro Alberto Pinochet Arenas, detenido en la vía pública, ante testigos, en un vasto operativo el 10 de septiembre de 1987 y el mueblista Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete detenido entre el 7 y 10 de septiembre de 1987, ocurren conjuntamente a una serie de operativos tipo rastrillo llevados a cabo por la CNI y fuerzas de seguridad, que actuaron conjunta y coordinadamente con efectivos policiales, a fin de dar con el paradero del Coronel de Ejército Carlos Carreño, ingeniero de la Fábrica de Armamentos y Maestranza del Ejército, FAMAE, secuestrado con fecha 1° de septiembre de 1987, desde su domicilio particular ubicado en la comuna de La Reina, Santiago, por un grupo del FPMR, quienes lo liberaron posteriormente en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Con fecha 22 de septiembre de 1987 se interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el recurso de amparo rol 1082-87 en favor de José Julián Peña Maltés, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet Arenas y Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, informándose al Tribunal que sus detenciones ocurrieron en la semana del 7 al 11 de septiembre de 1987, y que en relación a uno de los amparados -Pinochet Arenas- existe un testigo que da cuenta de su aprehensión, ocurrida el 10 de septiembre de 1987, en la intersección de las calles Catedral con San Martín de esta capital, por parte de individuos de civil quienes se movilizaban en un vehículo utilitario marca Dahiatsu, color celeste, año 80-83, cuya patente sería EG-2102 o EG-1202. Consultados distintos organismos al respecto informaron: La CNI, mediante respuesta telefónica de fecha 22 de septiembre de 1987 y posteriormente por Oficio Reservado N°A-4/212-011 del 29 de septiembre de 1987, suscrito por su Director Nacional, Brigadier General Hugo Salas Wenzel, señaló que los afectados no han sido detenidos por dicho organismo. En iguales términos respondieron la Jefatura de Zona Metropolitana de Carabineros; la Jefatura de la III Zona Policial de Investigaciones y Gendarmería. Por su parte el Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández Fernández, informó a la Corte que "no se ha dictado orden o resolución alguna que afecte a los amparados". El Jefe de Registro Nacional de Vehículos Motorizados allegó a la causa los certificados de anotaciones de los vehículos correspondientes a las patentes mencionadas en la presentación del recurso, ninguna de las cuales coincidió con las descripciones dada por el testigo del vehículo en que se movilizaban los aprehensores.

            Con fecha 13 de octubre de ese año, la Corte de Apelaciones, a petición de la parte recurrente, resolvió oficiar al entonces Subsecretario del Interior Alberto Cardemil, quien en publicación del diario La Tercera, de fecha 7 de Octubre de 1987 señaló: "…que el gobierno se había enterado a través de los medios de comunicación social del presunto desaparecimiento de esos cuatro sujetos …que inmediatamente se había solicitado a los servicios de orden y seguridad que hicieran las averiguaciones correspondientes", a fin que informe a la Corte esos antecedentes reunidos en dicha investigación. En otro alcance de la declaración de Alberto Cardemil, éste señaló que "no debe extrañar mayormente esta situación. La acción comunista mezcla la espectacularidad y la publicidad con la clandestinidad. Ese es su modo de trabajar y actuar, así es que es muy probable que esto se deba a un 'sumergimiento' de esta naturaleza".

            Con fecha 18 de noviembre de 1987 y pendiente aún la respuesta del citado Subsecretario del Interior del gobierno militar, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo, ordenando remitir los antecedentes al Tribunal del Crimen correspondiente. Apelada dicha resolución, ésta fue confirmada con fecha 26 de Noviembre de 1987 por la Corte Suprema de Justicia.

            Con fecha 2 de octubre de 1987, don José Julián Peña Torres, padre de la víctima, interpuso ante el Primer Juzgado del Crimen de Santiago la causa por presunta desgracia rol N°132.628-6. Se acompañaron los testimonios de doña Lucila Urrutia Morales y doña Mara Peñaloza Oyarzún, quienes junto con ratificar lo declarado ampliaron sus dichos. Con fecha 20 de Octubre de 1987 en respuesta a un Oficio del Tribunal, informó el Jefe del Departamento Servicios Policiales, Coronel de Carabineros Eleazar Arce Gangas, señalando que el afectado no ha sido detenido por dicha Institución, que: "no registra orden de aprehensión pendiente en su contra y no tiene antecedentes policiales o políticos" agrega además que Peña Maltés no figura en pantalla del Registro Civil como ciudadano chileno. Por su parte, el vice Director nacional de la CNI, Brigadier Humberto Leiva Gutiérrez, informó que el afectado no ha sido detenido por ese organismo ni registra orden de aprehensión pendiente; agrega, "la citada persona registra los siguientes antecedentes: 10 de julio de 1975: figura en relación de salvoconductos otorgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile del 11 de septiembre de 1973 hasta el 1° de julio de 1975; 26 de diciembre de 1985 por Decreto Supremo Exento N°11 del Ministerio del Interior se le autoriza a reingresar al país". Investigaciones de Chile, junto con informar que Peña Maltés no ha sido detenido por dicha institución, adjunta minuta con antecedentes políticos del afectado, en lo que destaca lo siguiente: "con fecha 11 de enero de 1982 mediante Decreto Exento N°3557 del Ministerio del Interior, prohíbe su ingreso al territorio nacional, por constituir un peligro para la paz interior del país". Esta causa se tuvo a la vista en los autos rol 148.956-H del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, por secuestro de Alejandro Pinochet Arenas (mayores antecedentes en relato de este último afectado).

            La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en su Informe final de Febrero de 1991, consigna que "fue detenido el 9 de septiembre de 1987 por Agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) …"

Los informes de la agencia de seguridad norteamericana indican que el oficial salió de Chile en un vuelo regular a Brasil, pero vestido de mujer. Cooperó con su captores sin mayores presiones entregando valiosa información, lo que le costó la ira de Pinochet que trató de involucrarlo después en tráfico de drogas. "Esta no sería la primera vez que el gobierno de Chile procede a distorsionar la imagen de un oficial que no cuenta con su favor aduciendo que estuvo involucrado en actividades ilegales", señalan a modo de comentario los autores del informe.
Un total de 11 documentos desclasificados por la CIA corresponden a informes de inteligencia sobre el secuestro del teniente coronel Carlos Carreño Barrera, plagiado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) el 1 de septiembre de 1987 y liberado en Brasil el 3 de diciembre del mismo año.

Seis de ellos están fechados durante su cautiverio. Uno de los más interesantes señala que "el FPMR tenía tres razones básicas para secuestrar a Carreño". Sin embargo, por ahora no será posible conocerlas, porque están completamente tachadas. En párrafos posteriores, sin explicar cómo, el informe de inteligencia incluye la descripción del comportamiento de la víctima durante el secuestro. "Carreño estaba extremadamente aterrorizado y ofreció información a cambio de su vida aún antes de que comenzara el interrogatorio. Carreño dijo al FPMR que FAMAE vendió armas al comando de extrema derecha 11 de septiembre, en el cual se encuentran comprometidos ex oficiales de la DINA, Ejército y Carabineros, y funcionarios de la firma de seguridad Alfa Omega, encabezada por general Manuel Contreras. Carreño también dijo al FPMR dónde están localizados los depósitos de armas del Ejército", se puede leer.

Otro de ellos, fechado días después, agrega que Carreño habría entregado también a sus captores información sobre "negocios turbios" del comandante en jefe del Ejército Augusto Pinochet y "acciones pasadas de la DINA" en donde él habría participado. Otro de estos informes de inteligencia de la CIA, afirma que los cinco jóvenes comunistas que desaparecieron durante los primeros días de septiembre de ese año, habrían sido secuestrados por la Asociación Chilena Anticomunista (ACHA). El documento agrega que las acciones de ese grupo de extrema derecha, al que se encuentran relacionados también ex agentes de seguridad, se habían intensificado en el último tiempo incluyendo amenazas de muerte a cuatro dirigentes de izquierda y sus familias.

El informante, cuyo nombre aparece tachado, "cree que los cinco estudiantes que han desaparecido están secuestrados por ACHA y están siendo retenidos como rescate hasta que Carreño sea liberado", agrega. Los militantes de las JJ.CC. que desaparecieron entre el 7 y 11 de septiembre, son Manuel Jesús Sepúlveda, Alejandro Pinochet, Julio Muñoz Otárola, José Julián Peña Maltés y Gonzalo Fuenzalida Navarrete. Ninguno de ellos ha sido encontrado hasta ahora y son considerados detenidos desaparecidos por sus familiares y compañeros de partido. El 13 de noviembre, cuando Carreño todavía permanecía secuestrado, un informe señala que "el Partido Comunista de Chile ha recuperado el contacto directo con los miembros del FPMR que secuestraron y tienen retenido al teniente coronel del Ejército Carlos Carreño. El PC ha dicho al FPMR que está listo para ayudarlo a buscar una forma de resolver el asunto tan pronto como sea posible".

Un informe policial allegado ayer al Tercer Juzgado del crimen de Santiago contiene dos nuevas confesiones de ex agentes de la CNI que establecen los hechos del último caso de detenidos desaparecidos durante el régimen militar, con pavorosos detalles de sus capturas, muerte y lanzamiento al mar.

El procesado teniente coronel (R) de Ejército, Krantz Bauer Donoso figura como jefe del comando de la CNI que en septiembre 1987 capturó a cinco jóvenes comunistas, en la última detención con desaparecimiento forzado que registra la historia represiva de la dictadura.

Así lo establece un informe policial allegado ayer al Tercer Juzgado del crimen de Santiago, que aclara los hechos del más tardío caso de desaparecidos y detalla la muerte de sus víctimas: José Julián Peña Maltes, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet Arenas, Gonzalo Iván Valenzuela Navarrete y Julio Orlando Muñoz Otárola.

A través de sendas confesiones de dos de los agentes que participaron en los secuestros, el departamento V de Investigaciones logró establecer la identidad de una decena de integrantes de la brigada de la CNI que tuvo a su cargo la operación.

Para los católicos "Corpus Christi" es una festividad religiosa. Sin embargo, para doce familias chilenas esta ceremonia sólo es el recuerdo de una etapa cargada de dolor y muerte. La denominada Operación Albania, también conocida como "matanza de Corpus Christi", fue uno de los últimos actos de terrorismo de estado cometidos por agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones, CNI, en el ocaso del régimen militar.

Después de catorce años de investigación, y de innumerables vaivenes judiciales, la causa podría ser cerrada en las próximas semanas por el ministro Hugo Dolmestch. El juez retomó el caso luego que su par, Milton Juica, fuera nombrado como nuevo integrante de la Corte Suprema.

En la actualidad 12 ex agentes de la CNI, incluidos sus máximos jefes, se encuentran procesados por estos crímenes. De ellos sólo el jefe operativo del organismo, Alvaro Corvalán, se encuentra detenido en una unidad del Ejército, mientras el resto goza de libertad bajo fianza y esperan condena por estos asesinatos.

Los días 15 y 16 de junio de 1987 se escribió otra página sangrienta en la historia de nuestro país. Doce jóvenes, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fueron muertos a tiros por personal de la CNI. Las versiones oficiales de la época dieron cuenta de enfrentamientos entre los agentes y los frentistas, pero ésta y otras informaciones se diluyeron con las investigaciones que iniciaron familiares de las víctimas, abogados y organismos de derechos humanos, que han demostrado que tales enfrentamientos nunca existieron.

En cuatro calles de Santiago
En el número 582 de la calle Pedro Donoso, en la comuna de Recoleta, murieron Ricardo Rivera Silva, José Valenzuela Levy, Manuel Valencia Calderón, Ester Cabrera Hinojosa, Ricardo Silva Soto, Elizabeth Escobar Mondaca y Patricia Quiroz Nilo. En Varas Mena 417 se encontraron los cuerpos acribillados de Juan y Wilson Henríquez; pasada la medianoche del 15 de junio de 1987 fue ejecutado Julio Guerra Olivares en la Villa Olímpica, mientras que Ignacio Valenzuela fue asesinado en la calle Alhué de la comuna de Las Condes.

Las versiones de enfrentamientos se desvanecieron con la aparición de importantes declaraciones, como la de un policía que recorrió esas cuatro calles de Santiago luego de los hechos y que declaró en el proceso que los puntos de la masacre estaban profundamente alterados. Todas las víctimas portaban sus armas en la mano izquierda y el revólver que se encontró junto al cuerpo de Julio Guerra, en el block 33 de la Villa Olímpica, tenía la inscripción de "Carabineros de Chile".

Además, el proceso anota otros antecedentes: los testigos que pudieron ver a algunos de los frentistas antes de ser acribillados, señalan que no portaban armas y en el caso de las muertes de calle Pedro Donoso, las declaraciones del proceso concuerdan en que las víctimas fueron detenidas y trasladadas hasta el lugar donde se les asesinó.

En 1998, la Corte Suprema designó a Dolmestch para la investigación de estos hechos, quien luego del cese de sus funciones como juez de la Corte Marcial, retomó el caso que había pasado a manos del ministro Juica.

Al iniciar su investigación, Dolmestch interrogó a miembros de la CNI vinculados a la Armada, la policía uniformada y la Fuerza Aérea, sin embargo, descartó su participación en los hechos. No ocurrió lo mismo con los agentes que pertenecieron al Ejército, a quienes interrogó por detentar altos cargos en ese organismo de inteligencia.

Pronto se vieron los avances que desarrolló el juez en esta causa. El 27 de julio de 1998, en un hecho histórico, somete a proceso a cinco ex agentes de la CNI, dos de ellos en servicio activo. La mano de la justicia había alcanzado a uno de los organismos represores del gobierno de Augusto Pinochet.

Momentos claves:

• El 15 de julio de 1993 la corte marcial determina que este caso debe continuar siendo investigado por la justicia militar.
• Ese mismo año, pero el 7 de octubre, es levantada la prohibición de informar sobre el caso.
• El 8 de noviembre de 1995 la corte marcial modifica la tipificación del delito. Ello porque considera que en la Operación Albania no hubo enfrentamientos, sino que se trataron de homicidios calificados.
• El 5 de enero el segundo juzgado militar intenta cerrar las indagaciones, pero sufre un revés ya que la Corte Suprema ordena nuevas diligencias en la causa.
• El uno de abril de 1998, el juez Hugo Dolmestch es nombrado ministro en visita para el caso Albania.
• Ese mismo año el magistrado solicita al comandante en jefe del Ejército que sean individualizados los miembros de la institución que se desempeñaron en la CNI.
• El primero de junio del 200 el caso Operación Albania paso a manos de la justicia civil, según una decisión de la segunda sala de la Corte Suprema.
• El 10 de abril del 2001 Juica, quien había tomado el caso cuando paso a la justicia civil, decidió procesar al general en retiro Hugo Salas Wenzel, como autor de los crímenes cometidos por la Operación Albania. Este era el director nacional de la CNI al momento de perpetrarse los asesinatos de los frentistas.

Similitudes sangrientas
Una investigación desarrollada por el departamento quinto de la Policía de Investigaciones, y la declaración de dos ex agentes de la CNI, permitieron aclarar los últimos crímenes cometidos por la Central Nacional de Informaciones.

Se trata de la desaparición de cinco jóvenes del FPMR: Alejandro Pinochet Arenas, Gonzalo Valenzuela Navarrete, José Peña Maltes, Manuel Sepúlveda Sánchez y Julio Muñoz Otárola. Este hecho transcurrió entre los días 6 y 13 de septiembre de 1987, en respuesta al secuestro del entonces coronel Carlos Carreño, quien apareció en Brasil sano y salvo.

En este camino también esta la muerte del vocero del MIR, Jecar Neghme, hecho ocurrido en septiembre de 1989. Estos casos comienza a entrelazarse a partir de las declaraciones que los ex agentes de la CNI hacen al ministro Juicia en el marco de las investigaciones de la Operación Albania. Más tarde el juez entrega estos antecedentes al ministro Alfredo Pfeiffer, quien investiga la muerte de Neghme.

Estos casos, junto a la matanza de Corpus Christi- deben ser considerados como los golpes que terminaron por derribar la estructura e impunidad de la CNI. Ello porque no sólo están procesados, o detenidos en el caso de Corbalán, sino que además se acreditó con las confesiones de testigos y ex agentes de la CNI como este organismo preparaba y ejecutaba las operaciones destinas a eliminar a disidentes al régimen de Pinochet.

A través de las declaraciones, peritajes balísticos y estudios especializados quedó claro que en las muertes ocurridas en junio de 1987 fueron homicidios calificados y que no hubo enfrentamientos.

De esta forma ahora sólo queda establecer que tipo de responsabilidad le cabe a cada uno de los agentes que participaron en estos hechos sangrientos

Los procesados
Tras 14 años de investigación judicial y a un par de semana que el magistrado Hugo Dolmech cierre la causa para dictar sentencia, los principales procesados por su responsabilidad en la "Operación Albania" son:

• El general, en retiro, Hugo Salas Wenzel
• El capitán, en retiro, Alvaro Corvalán Castilla
• El teniente coronel, en retiro, Krantz Johans Bauer Donoso
• El teniente coronel, en retiro, Iván Leopoldo Cifuentes Martínez
• El mayor, en retiro, Rodrigo Pérez Martínez

La apuesta del magistrado Alfredo Pfeiffer es que el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones le entregue la información de las pesquisas para configurar el equipo de la CNI que participó en el crimen del dirigente del MIR a fines de los 80, grupo diferente al que cometió el asesinato de doce frentistas en la Operación Albania, los cuatro profesionales y la desaparición de cinco dirigentes comunistas.

La serie de dilaciones que ha vivido el proceso por la muerte del dirigente del MIR, Jecar Neghme podría sufrir un drástico cambio en los próximos días luego que el ministro instructor de la causa, Alfredo Pfeiffer, incentivara las pesquisas del Departamento Quinto de la policía civil con una nueva orden amplia de investigar dirigida en este caso directo hacia la estructura de la CNI entre 1988 y 1989.

La muerte de Neghme, vocero de la fracción política del MIR, se produjo en la noche del día en que se proclamó la candidatura presidencial de Patricio Aylwin y constituyó el último asesinato político de las postrimerías del régimen militar.

La causa, que ha vivido varios traspiés luego del cierre de sumario en febrero del '90, diciembre del '91, octubre del '94 y agosto del 95 "por no existir diligencias pendientes ni inculpados en la causa", intenta ahora tomar nuevos bríos y acercarse por fin a los antecedentes que la Policía ha recabado durante la investigación.

Aunque policialmente el caso se encuentra resuelto, en la práctica lo que reza el expediente es contrario, restando una serie de diligencias -la mayoría solicitadas por el abogado querellante en el caso Nelson Caucoto- que deberían realizarse dentro de las próximas semanas con la máxima celeridad.

El influjo provocado por los avances en cruciales procesos de derechos humanos, sostienen fuentes ligadas al tribunal, también ha generado una actitud positiva del ministro instructor que en los últimos días ha volcado sus ojos hacia el olvidado expediente buscando los antecedentes que siguen en el aire.

Así por ejemplo las pesquisas se dirigen fundamentalmente a corroborar las informaciones provenientes del Departamento Quinto que, con el paso del tiempo, ha configurado prácticamente todo el organigrama de la disuelta CNI que tuvo participación en el caso. En este cuadro resulta pieza vital el nuevo interrogatorio que realizaría el magistrado hacia Enrique Leady, jefe de la Brigada Metropolitana del organismo represivo y Hugo Acevedo quien se desempeñaba como jefe operativo luego de la salida de Alvaro Corbalán.

A la luz de los antecedentes reunidos en el proceso se ha establecido fehacientemente que el equipo que participó en el alevoso crimen no guarda relación con el anterior grupo de la CNI que protagonizó el asesinato de doce integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocido como Operación Albania en 1987; el homicidio de los profesionales José "Pepe" Carrasco (periodista) Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera y Abraham Muskatblit y con el último caso de desaparecidos de la dictadura: José Julián Peña Maltes, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet Arenas, Gonzalo Iván Valenzuela Navarrete y Julio Orlando Muñoz Otárola.

En estos tres procesos en manos del ministro en visita Hugo Dolmestch las pesquisas se dirigen hacia el equipo comandando por Corbalán, el coronel Krantz Bauer Donoso.

Justamente luego de esta seguidilla de atentados, es que la CNI realizó una profunda instrospección tras la cual cambiaron los liderazgos asumiendo posiciones privilegiadas Leady y Acevedo, quienes son los dos objetivos principales de la nueva fase de investigación del ministro Pfeiffer.

Las pesquisas anteriores del magistrado también se han encaminado hacia el arma que dio muerte al vocero del MIR. A la fecha las principales pistas investigadas en el caso Neghme -que ahora deberán volver a pesquisarse por la orden judicial-, figuran un proyectil y una vainilla presuntamente utilizadas en el asesinato del empresario gastronómico Silvio Aurelio Sichel, que corresponden al arma "sig sauer" empadronada a nombre del agente de la CNI Luis Sanhueza Ross.

El ministro Mario Carroza encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al coronel activo Marco Antonio Bustos. El crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, su Dirección de Inteligencia, y la CNI. En la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense. Ya van 27 oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.

Una acción coordinada entre la comandancia en jefe del Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), además del Comando de Aviación de la institución, fue la operación para eliminar en septiembre de 1987 a cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

La coordinación al más alto nivel la establecieron en la investigación judicial los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Mario Carroza, quienes han tenido la causa en sus manos.

El actual magistrado a cargo de la indagatoria, Carroza, procesó ayer al ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, general (R) Santiago Sinclair Oyaneder; al general (R) y ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE), actual coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien es el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.

Los tres fueron encausados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de los cinco militantes del FPMR.

Los dos oficiales generales y el oficial superior fueron arrestados y quedaron internados en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén.

Con estos tres encausados llegó a 27 el número de oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.

En el marco de esta operación coordinada, el 21 de septiembre de 2006 el juez de Haroldo Brito procesó al entonces director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, y a otros diez ex agentes de ese organismo, entre ellos el jefe operativo Alvaro Corbalán y el jefe de la Brigada Antisubversiva, Kranz Bauer Donoso.

En la investigación logró establecerse que los cinco frentistas, Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron secuestrados entre el 9 y 10 de septiembre de 1987, como posibles rehenes de canje por el coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera, secuestrado el 1 de septiembre de 1987 por el FPMR. Carreño apareció finalmente el 3 de diciembre de 1987 en la ciudad Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio.

El juez Carroza sostiene en su auto de procesamiento que los cinco militantes fueron muertos "una vez que el coronel Carreño apareció". El dato es relevante, pues nunca se ha podido precisar la fecha exacta en que fueron asesinados.

Esa información agrega coherencia a la tesis jurídica de que la dictadura mantuvo vivos a los cinco frentistas para el probable canje hasta el último momento y que su muerte se decidió sólo después de que Carreño fue liberado por sus captores.

Es en este momento en que, según los antecedentes del proceso, entra a participar en el caso el general Santiago Sinclair, en su cargo de vicecomandante en jefe del Ejército, o más bien, de comandante en jefe en ejercicio o ejecutivo, dado que Augusto Pinochet ejercía como autodesignado Presidente de la República.

Una vez liberado Carreño, se produjo una reunión entre Sinclair, quien llevaba allí la voz del dictador Pinochet, el jefe de la DINE, Prado, y el director de la CNI, Salas Wenzel. En esa reunión Sinclair ordenó que había que hacer desaparecer a los cinco prisioneros.

La razón fue que ya a esa fecha y por la reestructuración que se había realizado, la CNI no podía mantener prisioneros en sus cuarteles. Los cinco militantes llevaban ya tres meses secuestrados, interrogados y torturados y el caso podía convertirse en otra arma en contra de Pinochet a un año del plebiscito de 1988.

Cuando secuestran a Carreño, la DINE, a través de su organismo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), formó un equipo a cargo de la investigación del secuestro del coronel.

Los oficiales de ese equipo, entre los que estaba el actual coronel activo Marco Antonio Bustos y el entonces jefe del BIE, actual general (R) Julio Cerda Carrasco, también encausado, mantuvieron durante todo el tiempo de cautiverio de Carreño un estrecho vínculo con la CNI. Incluso sus integrantes estuvieron varias veces en el cuartel Borgoño.

Prisión de sinclair

“Mi general, su Ejército está listo, para lo que usted lo necesite”, le dijo el general Santiago Sinclair al general Augusto Pinochet la noche del 5 de octubre de 1988, cuando internamente ya se sabía que el dictador había perdido el plebiscito y tendría que abandonar el poder.

Ese episodio da cuenta de la estrecha lealtad de Sinclair hacia su superior. En ese entonces, como cuando se decidió la muerte y desaparición de los cinco frentistas por lo que ahora está procesado y detenido, formalmente Sinclair era el vicecomandante en jefe del Ejército, pero en la práctica era su máxima autoridad, porque Pinochet ocupaba la primera magistratura nacional por obra y gracia de su Constitución.

De ahí que su procesamiento y detención sea recibida en el mundo de los derechos humanos como una señal que allana el camino a otros procesamientos a altos mandos de entonces. La noticia tiene además otro ribete institucional. Otro de los procesados está aún al servicio de la institución. Se trata del coronel Marco Antonio Bustos, jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército. El ministro Mario Carroza, a cargo de la investigación, encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hugo Prado Contreras.

El magistrado estableció que el crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, la DINE y la CNI y que en la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense.

A bordo del puma

La forma que se eligió para hacer desaparecer a los cinco militantes fue la misma que utilizó la DINA para hacer desaparecer a sus víctimas: matarlas y tirar los cuerpos al mar. De esta manera, a través de Sinclair y con conocimiento de Pinochet, se autorizó la operación para que un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército (CAE) fuera utilizado para lanzar los cuerpos al mar. Éstos fueron asesinados en Borgoño y sus cuerpos, debidamente ensacados y amarrados a trozos de rieles, son llevados al predio militar de Peldehue, al norte de Santiago, donde son cargados a bordo del helicóptero Puma del CAE que comandaron los oficiales Víctor Campo Valladares y Hugo Barría Rogers. Comandante del CAE en 1987 era el coronel Aquiles Navarrete Izanortegui, quien también está encausado en el proceso.

Los últimos desaparecidos

José Julián Peña Maltés: Soltero, 36 años al momento de su secuestro. Salió al exilio en Francia en enero de 1974. En 1985 se levanta su prohibición de ingreso al país. No se sabe la fecha exacta de su regreso a Chile, pero sí que estaba clandestino al momento de su secuestro. Fue visto la última vez con vida el 9 de septiembre. Su familia supo de su desaparición el 15 de septiembre de 1987, por la llamada telefónica de una mujer que no se identificó. En noviembre de ese año, Investigaciones informó que no registraba ingreso al país “por lo que es dable suponer que aún no retorna”. Fue rechazado su recurso de amparo.

Julio Muñoz Otárola: Separado, 27 años al momento de su desaparición. Estuvo casado con Cecilia Magni, la comandante Tamara, integrante del comando que atentó contra Pinochet en septiembre de 1986, asesinada luego en Los Queñes junto al comandante José Miguel, ambos del FPMR. Según informó Investigaciones, cuando desapareció tenía dos órdenes de detención pendiente en su contra, “por lo que es presumible que se encuentre oculto tratando de eludir la acción de la justicia”. El recurso de amparo a su favor fue rechazado.

Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez:Casado, 27 años al momento de su detención. Vivía en la comuna de Ñuñoa, pero su familia residía en Valparaíso, en donde le vieron por última vez el 8 de septiembre. Sus amigos le vieron en Santiago el 9 por la mañana y quedaron de juntarse con él en la tarde; nunca llegó. Según informó entonces la CChDH, algunos testigos informaron que fue detenido el 10 de septiembre en Catedral con San Martín, por civiles que lo introdujeron a la fuerza dentro de un furgón utilitario. Se rechazó su recurso de amparo.

Alejandro Pinochet Arenas: Soltero, 23 años al momento de su desaparición. También domiciliado en Valparaíso y de paso por Santiago, debía regresar a su casa el 18 de septiembre, pero no fue así. Según testigos, fue secuestrado el 10 de septiembre, mientras viajaba en un bus de la locomoción colectiva, desde el que fue bajado a la fuerza por civiles en la esquina de Compañía con Amunátegui. En 1986 había sido buscado en su casa en el puerto, por orden del fiscal Torres, en relación al atentado contra el general Pinochet ocurrido el 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo.

Gonzalo Iván Fuenzalida Soltero: 25 años al momento de su desaparición. Su novia fue la última persona en verlo, el 8 de septiembre, cuando el pasó a verla a una ferretería donde ella trabajaba. Quedaron de verse más tarde en un restaurante en Estación Central, pero nunca se vieron de nuevo. En esos días, la novia también fue detenida por un “caso sobre el cual existe prohibición de informar”, sostenía El Mercurio. Luego se supo que se trataba de Patricia Cancino, detenida el 4 de octubre. Su recurso de amparo también fue rechazado.

Fueron cinco las acusaciones que dictó el ministro en visita Mario Carroza en contra de ex agentes de la CNI por la desaparición de un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el último ocurrido durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet.

Entre los acusados están el ex general de Ejército Hugo Salas Wenzel, además del ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, y los agentes Kranz Bauer, Arturo Sanhueza Ross e Iván Quiroz Ruz.

Los militantes del FPMR desaparecidos son Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Julián Peña Maltés.

En la acusación presentada por el ministro Carroza afirma que los cinco frentistas fueron detenidos para realizar un canje con el entonces secuestrado teniente coronel Carlos Carreño.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó sentencia en contra de 33 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) como responsables de los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ilícitos perpetrados en septiembre de 1987.

En fallo unánime (causa rol 2015-2014), la Undécima Sala del tribunal de alzada capitalino -integrada por los ministros Mario Gómez Montoya, Alejandro Rivera y Carlos Carrillo- confirmó la sentencia dictada, en octubre de 2013, por el ministro en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza. Sin embargo, el tribunal de alzada modificó la cuantía de algunas penas aplicadas y los grados de participación de algunos de los sentenciados por los secuestros de los cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y que corresponden al último caso de detenidos desaparecidos del periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

En la resolución, el tribunal de alzada ratificó las condenas de 15 años de presidio para los ex oficiales de ejército Hugo Iván Salas Wenzel, director nacional de la CNI y Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, jefe de la división antisubversiva, a la época de los hechos, ambos en calidad de autores de los ilícitos. Asimismo, se confirmaron las penas de 10 años y un día de presidio para el ex oficial de carabineros Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz y para el ex funcionario de Investigaciones Gonzalo Fernando Maass del Valle, por su responsabilidad como autores de los delitos.

En el caso de los agentes Raúl del Carmen Durán Martínez (alias "Quepo"), Luis Alberto Santibáñez Aguilera (alias "Pablote"), Víctor Eulogio Ruiz Godoy (alias "Telele"), Juan Alejandro Jorquera Abarzúa (alias "El Muerto"), Hernán Antonio Vásquez Villegas (alias "Pablito"), Sergio Agustín Mateluna Pino (alias "Guatón "rdenes"), José Arturo Fuentes Pastenes (alias "Paja"), Juan Carlos Orellana Morales (alias "El Montón de Letras"), Roberto Hernán Rodríguez Manquel (alias "El Jote"), Alejandro Francisco Astudillo Adonis (alias "Cordero Chico"), José Guillermo Salas Fuentes (alias "Loco Mauri"), Heraldo Velozo Gallegos (alias "Chorombo"), Marco Antonio Pincheira Ubilla (alias "Zapatilla"), Jorge Raimundo Ahumada Molina (alias "Macho"), José Miguel Morales Morales (alias "El Curro de La Cruz"), Ema Verónica Ceballos Núñez (alias "Flaca Cecilia"), Patricio Leonidas González Cortez (alias "Quico"), César Luis Acuña Luengo (alias "Paco Correa") y René Armando Valdovinos Morales (alias "Catanga"), se elevó la pena de 5 años y un día a 10 años y un día de presidio, también en calidad de autores.

En tanto, al ex oficial de ejército Luis Arturo Sanhueza Ross (alias "El Guiro"), el tribunal le mantuvo la pena de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad como autor de los ilícitos. A los agentes Manuel Ángel Morales Acevedo (alias "Bareta") y Manuel Rigoberto Ramírez Montoya (alias "Olafo") se les elevó la pena de 3 años y un día a 5 años y un día, en calidad de autores de los ilícitos.

Para los también ex oficiales de ejército: Aquiles Navarrete Izarnotegui, del Comando de Aviación, Julio Cerda Carrasco, jefe del BIE, y Hugo Aquiles Prado Contreras, jefe de la DINE, y Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia (alias "El Piscola Barata"), y el agente Marco Antonio Bustos Carrasco, de CNI, se dictó condena de 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplices de los ilícitos, modificando su participación inicial de encubridores y, consecuencialmente, se les elevó la pena inicial de 3 años y un día de presidio.

En el caso de los ex oficiales de ejército Rodrigo Pérez Martínez, jefe de unidad antiterrorista, y Víctor Mario Campos Valladares, del Comando de Aviación, se dictó pena de 3 años y un día de presidio -con el beneficio de la libertad vigilada- por su responsabilidad como cómplices, cambiándose la participación inicial de encubridores y elevando la pena inicial de 541 días de presidio.

Finalmente, se absolvió en esta causa a Hugo Rodrigo Barría Roger, del Comando de Aviación, condenado inicialmente -como encubridor- a 541 días de presidio.

La Fundación Julio Guerra realizó este domingo 12 de septiembre de 2021 un acto en homenaje a los cinco combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que fueron secuestrados entre el 05 al 10 de septiembre de 1987 y desde esa época pasaron a formar parte de la abultada lista de Detenidas y Detenidos Desaparecidos, crimen de lesa humanidad que constituye una de las formas más siniestras del terrorismo de Estado implementado por la dictadura cívico militar en nuestro país. En esta operación participaron coordinadamente agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE) y del Comando de Aviación del Ejército.

Esta actividad forma parte de un trabajo que vienen realizando distintas organizaciones de derechos humanos en la V Región, pero en este caso específico es una actividad llevada adelante por la Fundación Julio Guerra de Viña del Mar, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de Valparaíso, cuyo  objetivo es ir conformando una Ruta de la Memoria mediante la instalación de Placas y Memoriales que recuerden a las luchadoras y los luchadores populares asesinados, ejecutados o hechos desaparecer durante el período de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Julio Guerra es uno de los 12 combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez  asesinados en la denominada “Operación Albania” el 15 y 16 de junio de 1987.

La convocatoria realizada por la “Fundación Julio Guerra Olivares, Por el arte de Vivir con Dignidad”, organización popular de carácter cultural y social, denominó a esta actividad “GRITOS DEL MAR: LOS 5 EN LA MEMORIA”, manifestando que nada está olvidado, nadie está olvidado.

Esta ceremonia se llevó a efecto hoy a mediodía en la “Plaza de Los Loros”, ubicada a un costado de la Facultad de Odontología, por debajo de un recinto de la Armada y frente a la Playa Carvallo de Valparaíso, lugar hasta donde concurrieron familiares y decenas de compañeras y compañeros, quienes dieron vida a una emotivo acto político cultural que se inició con el impactante baile de la cueca sola realizado por Olga Jeria, hermana de un Detenido Desaparecido, coreografía que fue creada por la Agrupación de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos (AFDD) precisamente para simbolizar la ausencia de los seres queridos.

Luego de esta poderosa y emotiva danza, María Antonieta Vega, conductora del evento, leyó uno a uno los nombres de los cinco compañeros desaparecidos: MANUEL JESÚS SEPÚLVEDA SÁNCHEZ – JOSÉ JULIÁN PEÑA MALTÉS- GONZALO IVÁN FUENZALIDA NAVARRETE- JULIO ORLANDO MUÑOZ OTÁROLA- ALEJANDRO ALBERTO PINOCHET ARENAS, y a medida que los iba nombrando las y los participantes coreaban con sus puños en alto  ¡Presente!

El ministro en visita para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó órdenes de detención en contra de "el Huiro", "el Jote" y "el Sandwich", tres agentes operativos de la CNI que se encuentran en calidad de prófugos. La orden fue emitida luego de dictar el cúmplase y ordenar el ingreso a cumplimientos de los 34 agentes de la Central Nacional de Inteligencia -CNI-, del Batallón de Inteligencia del Ejército -BIE- y del Comando de Aviación del Ejército, por su responsabilidad en los secuestros calificados de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ilícitos perpetrados a partir de septiembre de 1987.

El magistrado notificó de la absolución a  Hugo Barría Rogers y de la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada,  que debe purgar Mario Campos Valladares.

Respecto de los 32 agentes condenados a penas de cumplimiento efectivo, hasta este momento la situación es la siguiente:

Al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco ingresaron 8 condenados.

A módulo especial del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina I ingresaron 13 condenados.

Al Centro de Orientación Femenino ingresó 1 condenada.

Un total de 7 condenados ya se encontraban cumpliendo penas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, por los que se les notificó de esta nueva condena.

Este dictamen, además, tiene la característica que, por primera vez, destina a parte de los condenados a cumplir condena en recintos penales comunes, terminando o comenzando a marcar el término del privilegio arbitrario de que gozan los criminales autores de delitos de lesa humanidad de contar con recintos exclusivos y segregados para su uso.

Aún quedan los 3 agentes que se encuentran prófugos y no se han notificado de la condena. Al respecto, se dictaron las órdenes de detención respectiva a la PDI para que los ponga a disposición del magistrado. Los prófugos son el ex oficial de ejército Luis Arturo Sanhueza Ross, alias "el Huiro", el ex suboficial de la fuerza aérea, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, "el Jote", y el ex suboficial de ejército Juan Carlos Orellana Morales, "el Sandwich", todos agentes de la división antisubversiva de la CNI.

"El Huiro" es un oscuro criminal que se inició bajo las órdenes de Rosauro Martínez Labbé en la Compañía de Comandos N° 8 de Valdivia reprimiendo campesinos y asesinando militantes del MIR en la cordillera valdiviana en 1981 en el marco de operaciones antiguerrilla realizadas por los principales entes represivos de la dictadura. Por los "méritos" criminales demostrados en estas operaciones en la zona montañosa de Panguipulli, "el Huiro" Sanhueza Ross fue promovido a la CNI donde fue encasillado como jefe de equipo en la Brigada Azul, encargada de la represión al MIR. Con los años y su constante participación en hechos criminales, "el Huiro" llegó a ser jefe de la Azul y Jefe de la Brigada Combinada Azul-Verde que perseguía también al FPMR.

"El Jote", es un agente de la fuerza aérea que perteneció a las fuerzas represivas (DINA-CNI) desde fines de 1973 hasta el término de la dictadura. Se mantuvo activo en la Fach hasta el año 2006. Por su parte, "El Sandwich" Orellana Morales perteneció a las huestes represivas desde 1975 en adelante.

Cabe recordar que el 21 de marzo pasado la Corte Suprema condenó a 33 ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia -CNI-, del Batallón de Inteligencia del Ejército -BIE- y del Comando de Aviación del Ejército, por su responsabilidad en los secuestros calificados de los cinco militantes del FPMR.

En aquella resolución, la Corte Suprema condenó a los ex oficiales de ejército y jerarcas de la CNI: Hugo Iván Salas Wenzel y Álvaro Federico Julio Corbalán Castilla a penas de 15 años de presidio, en calidad de autores de los secuestros calificados.

En tanto, el ex oficial de carabineros Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz, y los agentes Gonzalo Fernando Maas del Valle, Raúl del Carmen Durán Martínez, Luis Alberto Santibáñez Aguilera, Víctor Eulogio Ruiz Godoy, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Sergio Agustín Mateluna Pino, José Arturo Fuentes Pastenes, Juan Carlos Orellana Morales, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, José Guillermo Salas Fuentes, Heraldo Velozo Gallegos, Marco Antonio Pincheira Ubilla, Jorge Raimundo Ahumada Molina, José Miguel Morales Morales, Ema Verónica Ceballos Núñez, Patricio Leonidas González Cortés, César Luis Acuña Luengo y René Armando Valdovinos Morales, todos ellos agentes de la ex CNI, deberán purgar 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los cinco delitos.

Además, los ex CNI Luis Arturo Sanhueza Ross, Manuel Ángel Morales Acevedo y Manuel Rigoberto Ramírez Montoya deberán cumplir pena de 5 años y un día de presidio, como autores de los secuestros calificados.

Los ex oficiales del Comando de Aviación: Aquiles Navarrete Izarnótegui, el oficial del BIE Julio Cerda Carrasco y Hugo Aquiles Prado Contreras y los ex oficiales CNI Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Marco Antonio Bustos Carrasco, y Rodrigo Pérez Martínez fueron condenados a penas de 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplices de los delitos. En tanto, el ex oficial Víctor Mario Campos Valladares, del Comando de Aviación, debe purgar 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

Finalmente, el agente Hugo Barría Rogers fue absuelto de los cargos.

Arrojados al mar
En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Mario Carroza logró establecer que las cinco víctimas fueron secuestradas por agentes del Estado en represalia por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, y hechas desaparecer en un operativo conjunto entre la CNI, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el Comando de Aviación del Ejército, arrojando sus restos al mar en las costa de Quintay.

«Con ocasión del secuestro del Coronel del Ejército Carlos Carreño Barrera, acaecido en Santiago el 1 de septiembre de 1987, funcionarios de la Central Nacional de Informaciones participaron en un operativo planificado previamente con el propósito de vigilar y seguir a determinadas personas.

Entre el 9 y 10 de septiembre del mismo año recibieron instrucciones de detener, sin orden judicial, a cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, elegidos de entre los archivos institucionales, para eventualmente canjearlos por dicho oficial. Actuaron mediante equipos organizados y concertados por un mando general, comunicándose mediante claves para ocultar sus autorías y evitar ser descubiertos por terceros.

Las personas retenidas fueron interrogadas y mantenidas ocultas bajo custodia en el cuartel Borgoño de la referida entidad, sin intención alguna de ponerlas a disposición de la judicatura respectiva.
Durante el período que permanecieron en el Cuartel Borgoño, equipos operativos comandados por oficiales y efectivos del Batallón de Inteligencia del Ejército, unidad perteneciente a la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, comisionados para participar en la investigación destinada al esclarecimiento del secuestro del Coronel Carreño, establecieron una coordinación oficial con la Central Nacional de Informaciones, permitiendo que algunos de sus agentes frecuentaran y permanecieran por varios días en dependencias inmediatas de los calabozos, con pleno conocimiento de que en dichas instalaciones se mantenía a personas recluidas prolongadamente en forma ilícita, y obtener con ello informaciones de inteligencia.
Antes de la liberación del Coronel Carreño en Brasil y no siendo posible efectuar un canje, se decide por estos organismos de seguridad la eliminación de los detenidos y, para ello, organizan un operativo que permite sacar los 5 cuerpos como bultos del recinto en que se encontraban privados de libertad, al parecer sin vida o previamente drogados, y fueron transportados en un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército desde el Fuerte Peldehue hasta las costas de Quintay, donde finalmente se arrojaron sus cuerpos al mar atados a durmientes.
De lo anterior no puede sino concluirse, por la envergadura de la operación, en la cual hubo distintas etapas, como la detención, reclusión posterior en el cuartel Borgoño, el interrogatorio a que fueron sometidos, la búsqueda de durmientes, la petición de un helicóptero y posteriormente el traslado de los cuerpos a las costas de Quintay a fin de arrojarlos al mar, que en tales operaciones no solo participaron agentes que conformaban la CNI, sino también miembros del Batallón de Inteligencia perteneciente a la Dirección de Inteligencia del Ejército y del Comando de Aviación de la misma institución, operativos que la línea de mando militar de las organizaciones aludidas no pudieron desconocer ni dejar de controlar, toda vez que se trata de una institución con poder jerarquizado, en la cual existe una línea vertical y directa de mando.
Por lo mismo resulta del todo razonable pensar, por las informaciones recopiladas en la causa, que estos cuerpos correspondan a las personas secuestradas, las cuales al haber sido lanzadas al mar no fueron ubicados ni identificados», detalla el fallo del máximo tribunal.

• Ceremonia, que se desarrollará en el Aula Magna este viernes (6), es una de las actividades de mayor simbolismo que realizará nuestra Casa de Estudios, en el marco del programa de Conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado. Tras esta primera entrega de diplomas, se descubrirá una placa recordatoria en el patio de la ex Escuela de Artes y Oficios, con los nombres de las víctimas.

Este viernes 6 de septiembre, a las 11.30 horas y en solemne ceremonia, nuestra Casa de Estudios concederá por gracia y en forma póstuma y simbólica, los títulos universitarios profesionales, a 39 estudiantes detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura militar.

Emilio Daroch, presidente de la Corporación Solidaria UTE-Usach, gestor de esta iniciativa, explicó que esta Universidad fue un lugar donde la dictadura aplicó con más fuerza la violencia a los largo de los años, especialmente en sus inicios el mismo 11 de septiembre de 1973, y hasta fines de la década de los años ’80.

Esta iniciativa cobra sentido como una forma de desagraviar a personas que durante su participación como estudiantes en la comunidad universitaria sufrieron las consecuencias de la dictadura, como los casos emblemáticos de Gregorio Mimica en 1973 y el dirigente estudiantil,Mario Martínez,asesinado a fines de los ‘80.

Mimica fue detenido en septiembre de 1973 junto a más de mil personas en el  allanamiento a la UTE. Fueron trasladados al ex Estadio Chile (actual Víctor Jara) y poco después salió libre, pero cuando llegó a su casa, inmediatamente volvió a ser detenido por una patrulla militar que lo llevó de regreso a la Escuela de Artes y Oficios, donde fue interrogado. Su paradero fue desconocido por 37 años hasta que en abril de 2011 sus restos fueron encontrados en el Patio 29 del Cementerio General.

La historia de la muerte de Mario Martínez, en cambio, sucedió 13 años después del Golpe de Estado, cuando era secretario de Finanzas de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y se encontraba investigando la presencia de agentes de seguridad de la dictadura infiltrados en el campus. El 4 de agosto de 1986 su cuerpo fue encontrado en la costa de Santo Domingo.

“Sin duda que se abre una herida”,  sostiene Daroch, pero “queda un sentimiento de que se hace un poco de justicia. Nos sentimos profundamente emocionados por entregar estos títulos simbólicos y mostrar que se pudo cumplir este sueño”.

En la ceremonia,  serán sus familiares quienes recibirán los diplomas. “Estuvimos en permanente contacto con las familias de algunos compañeros desaparecidos, pero hubo dos o tres casos en que no pudimos encontrar a nadie”, lamentó Emilio Daroch, quien explicó que la de este viernes será la primera entrega de títulos, ya que hay antecedentes de más ejecutados o desaparecidos en el periodo. “Este proceso no se ha cerrado, estos son los casos que se pudo acreditar, pero aún falta hilar fino y buscar antecedentes que en muchos casos no se encontraron en la Universidad. Esperamos realizar otra titulación como ésta, más adelante”.

La lista de estudiantes que recibirán sus titulos en forma póstuma, está compuesta por Rafael Araneda Yévenes, Jorge Aravena Mardones, Jaime Buzzio Lorca, Ricardo Campos Cáceres, Claudio Contreras Hernández, Renzo Contreras Jorquera, Juan Elías Cortés Alruiz, Manuel Cortéz Joo, Alfonso Díaz Briones, Antonio Elizondo Ormaechea, Óscar Fuentes Fernández, Luis González Mella, Francisco González Ortiz, Patricio Guarategua Quinteros, René Lucero Muñoz, Zacarías Machuca Muñoz, Rafael Madrid Gálvez, Juan Bosco Maino Canales, Adolfo Mancilla Ramírez, Agustín Martínez Meza, Mario Martínez Rodríguez, Gregorio Mimiça Argote, Eugenio Montti Cordero, Leopoldo Muñoz Andrade, Ramón Núñez Espinoza, Eduardo Ojeda Disselkoen, Fernando Olivares Mori, Pedro Oyarzún Zamorano, Michelle Peña Herreros, José Peña Maltés, José Manuel Ramírez Rosales, Enrique Reyes Manríquez, Hugo Ríos Videla, Ricardo Rioseco Montoya, Carlos Santibáñez Romero, Carlos Terán de la Jara, Jaime Vásquez Sáenz, Jecas Nehgme Cristi y Francisco Viera Ovalle.

El acto, que será presidido por el rector Juan Manuel Zolezzi, se llevará a efecto en el Aula Magna del Plantel, el viernes 6, a las 11.30 horas. Posteriormente, en el patio de la ex Escuela de Artes y Oficios, se descubrirá una placa recordatoria.