Paredes Barrientos Juan Antonio Eduardo

Rut                   :            3.467.340 Santiago

F.Nacim.            :            23-12-38, 34 años de edad a la fecha de su detención

Domicilio            :            Los Españoles 2232, Santiago

E.Civil              :            Casado, dos hijos

Actividad            :            Médico Cirujano

C.Repres.            :            Ex Director General de la Policía de Investigaciones Director de Chile Films. Dirigente del Partido Socialista

F.Detenc.            :            11 de septiembre de 1973

SITUACION REPRESIVA

            Juan Antonio Eduardo Paredes Barrientos, casado, dos hijos, Médico cirujano, ex Director de la Policía de Investigaciones, militante socialista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, al salir del Palacio de La Moneda, que estaba siendo bombardeado. Fue trasladado al Regimiento Tacna donde permaneció hasta el 13 de septiembre, fecha en que fue conducido en un camión militar con destino desconocido y hasta hoy permanece desaparecido.

            Eduardo Paredes era médico y se había desempeñado como Director de la Policía de Investigaciones. A la fecha del Golpe Militar era Director de Chile Films y miembro de Comité Central del Partido Socialista. El día 11 de septiembre se encontraba en La Moneda y a las 10:00 horas de la mañana habló telefónicamente con su hermana, la abogado Mireya Paredes, quien le solicitó que abandonara ese recinto ante el inminente bombardeo, a lo cual Paredes se negó declarando que su deber era permanecer junto al Presidente de la República.

            El 11 de septiembre, el Palacio Presidencial de La Moneda, sede del Gobierno, fue tomado por efectivos de infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el General Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde fuerzas de Carabineros. A las 11:00 horas de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.

            Los miembros de la Guardia Presidencial, conocida por el calificativo de GAP, "Grupo de Amigos Personales"- aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República- y otras personas, permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda. Allí fueron encañonados y golpeados por los militares y se les ordenó tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.

            Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estas dos personas fueron sacadas desde dicho centro asistencial, por personal militar, permaneciendo desde entonces en calidad de detenidos desaparecidos. Otros miembros del GAP que venían de la residencia presidencial de El Cañaveral y Tomás Moro, no alcanzaron a ingresar en La Moneda, siendo detenidos en sus proximidades por carabineros quienes los ingresaron en un primer momento al edificio de la Intendencia de Santiago. Ellos eran, entre otros, Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Ramírez Barría, Carlos Cruz Zavala y Domingo Blanco Tarrés, quienes desaparecieron o fueron ejecutados.

            Las personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18:00 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda y que estaba a cargo del Coronel Joaquín Ramírez Pineda.

            El doctor Patricio Arroyo Pinochet en declaración judicial, señala que estando detenido afuera de La Moneda, el 11 de septiembre, el General Palacios lo autorizó para ubicar a dos médicos que estaban entre los detenidos, para ello debió recorrer la fila de prisioneros y entre ellos vio a Eduardo Paredes. Otros testigos de estas circunstancias son los doctores Oscar Iván Soto Guzmán y Carlos Patricio Guijón Klein.

            Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir estos hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los oficiales ejecutarlos de inmediato. Permanentemente, los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los otros prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de los prisioneros.

            Eduardo Paredes fue sometido a un tratamiento especialmente riguroso. Según el testimonio de Ellis Belmar, uno de los detectives sobreviviente de estos hechos, Paredes fue separado del resto en el Regimiento Tacna y volvió en malas condiciones físicas, quejándose de las torturas sufridas. Otro detective que avisó a la familia sobre la detención de Paredes, informó que estaba siendo castigado. El detective Fernando Hugo del Pino Abarca, en declaración judicial, señaló que Eduardo Paredes estaba entre los detenidos de La Moneda y que hasta el día 12, en que el testigo quedó en libertad, vio a Paredes entre estos detenidos en el Regimiento Tacna. Otro detective sobreviviente, Douglas Eloy Gallegos Todd, en declaración judicial, señaló que el 11 de septiembre divisó al afectado en varias oportunidades y que el 12 de septiembre, en el Regimiento Tacna le correspondió estar al lado de Eduardo Paredes en la caballeriza donde estaban prisioneros.

            Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar, al día siguiente, a los 17 funcionarios de Investigaciones que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, ingeniero comercial, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, asesor presidencial; Georges Klein Pipper, médico, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, médico, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, estudiante de medicina, asesor presidencial; y Arsenio Poupin Oissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: Manuel Ramón Castro Zamorano, José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.

            Alrededor de las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y fueron conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido.

            Sin embargo, uno de los que logró sobrevivir y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.

            Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12:00 horas de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Regimiento Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.

            El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.

            Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde atendía a un herido en su calidad de enfermera. A las 18:00 horas del 11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por Carabineros y todos los que allí estaban quedaron detenidos y fueron conducidos a una Comisaría y el mismo día, trasladados al Regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y, a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno, entre ellos al doctor Eduardo Paredes. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.

            Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en el camión militar. Seoane tuvo la oportunidad de ver a Paredes entre los detenidos en el Regimiento Tacna la noche del 11 al 12 de septiembre. En la mañana del 12 separaron al testigo del afectado. Otros detectives confirmaron haber visto a Paredes tanto en La Moneda como en el Tacna.

            Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.

            Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relata que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión PEGASO del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa, de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros eran colocados en grupos de cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, se habrían lanzado granadas en su interior y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado agrega que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada. Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que estos eran 26 ó 27.

            Las autoridades militares se han negado reiteradamente a dar información fidedigna del destino de Eduardo Paredes.

            La familia de Eduardo Paredes tomó contacto con el criminalista Miguel Schweitzer para que actuara con urgencia en la defensa del afectado. En la querella interpuesta por este abogado se declara que en el Ministerio de Defensa y en la Secretaría General de Gobierno sólo han dado respuestas evasivas, hasta que el 18 de septiembre de 1973, diversas personas del gobierno, incluyendo al periodista Alvaro Puga (Alexis), le comunicaron que no cabía defender a Eduardo Paredes Barrientos porque estaba muerto. El abogado Schweitzer le informó que no podía dar detalles de cómo se produjo la muerte y que las autoridades militares no entregarían el cadáver, ni extenderían certificado de defunción.

            Por otra parte, el 14 de septiembre de 1973, el diario El Mercurio publicó la noticia que el Dr. Eduardo Paredes había fallecido en un enfrentamiento, sin dar detalles concretos. Sin embargo, al consultar al General Augusto Lutz, Jefe del Servicio de Inteligencia Militar, éste y el Coronel Víctor Barría informaron al padre del afectado que estas informaciones eran absolutamente falsas y que Eduardo Paredes se encontraba en perfectas condiciones, pero que no sabía dónde estaba en esos momentos, porque los detenidos eran trasladados de un lugar a otro y que lo más probable era que estuviese en el Estadio Chile.

            En publicaciones aparecidas el 18 de septiembre de 1973, el Secretario General de Gobierno, Pedro Ewin, informó tener conocimiento de la muerte del afectado y el 19 de septiembre de 1973 el Secretario de Prensa de la Junta Militar, Federico Willoughby, confirmó la muerte del afectado en un enfrentamiento negando las versiones de un fusilamiento de prisioneros. En ninguna de estas declaraciones se indica el lugar, el día, hora y demás detalles del supuesto enfrentamiento.

            Sin embargo, esta matanza de prisioneros no ha sido jamás reconocida oficialmente ni se han entregado los cadáveres, y las personas mencionadas, entre ellas, Juan Antonio Eduardo Paredes Barrientos, se encuentran desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 10 de mayo de 1978, la Sra. Mireya Paredes Barrientos, hermana del afectado, presentó una denuncia por presunta desgracia, la que ingresó según causa rol 88.481-9 en el Segundo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, y sin efectuarse tramitación alguna, fue declarado cerrado el sumario un día después, y el 12 de mayo de 1978 se sobreseyó definitivamente la causa aplicando como fundamento legal el Decreto Ley N°2.191 de Amnistía.

            La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Tribunal de primera instancia reponer la causa al estado de sumario y proseguir la investigación.

            El 28 de junio de 1978, la denunciante solicitó que el Tribunal oficiase al Ministerio de Defensa para que éste proporcionase el nombre de la autoridad en el Regimiento Tacna el día 12 de septiembre de 1973. El Tribunal no dio lugar a esta solicitud.

            El 28 de junio de 1973 el Comandante del Regimiento Tacna, Teniente Coronel Ricardo Canales informó que el ex-Director de Investigaciones, Eduardo Paredes Barrientos no fue conducido a esa unidad el 11 de septiembre de 1973.

            El 25 de septiembre de 1978 la denunciante solicitó la constitución del Tribunal en el diario La Segunda, para averiguar si existían fotos de los hechos del 11 en La Moneda. El Tribunal dio lugar a esta solicitud, pero no la llevó a efecto.

            El 28 de noviembre de 1978, el Segundo Juzgado resolvió nuevamente sobreseer en forma definitiva la causa, también por aplicación del Decreto Ley de Amnistía. La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones revocó esta resolución cambiándola a sobreseimiento temporal.

            El 31 de marzo de 1979 se solicitó la reapertura de la causa basada en la citación a declarar al General Javier Palacios Ruhman, jefe del operativo militar de La Moneda. El General aludido jamás fue citado a comparecer a declarar ante los Tribunales.

            El 20 de noviembre de 1979 la denunciante solicitó la reapertura del sumario apoyando la petición en las exiguas e incompletas diligencias realizadas por la justicia. El Tribunal accedió a la reapertura.

            El 20 de septiembre de 1979 se presentó una querella por apremios ilegítimos, eventual homicidio y otros delitos en la persona de Eduardo Paredes, ante el Ministro en Visita, Sr. Servando Jordán. Se solicita en el mismo escrito la acumulación del proceso rol 88.481-9 tramitado en el Segundo Juzgado del Crimen.

            El Ministro en Visita se declaró incompetente ordenando la remisión de la querella a la Justicia Militar. La primera sala de la Corte de Apelaciones confirmó esta resolución.

            El 6 de noviembre de 1979 la querellante interpuso recurso de queja en contra de esta resolución, queja que fue rechazada por la Corte Suprema el 14 de enero de 1980.

            La Segunda Fiscalía Militar inició el proceso rol 20-80 para investigar las circunstancias de la desaparición de Eduardo Paredes aceptando la competencia el 10 de enero de 1980.

            Después de múltiples peticiones se logró que el General de Ejército Baeza, Director de Investigaciones, enviara una lista del personal de ese Servicio que integraba la Guardia Presidencial, y con una minuta preparada por la parte querellante, se interrogó a los detectives, la mayoría de los cuales y declaró no haber visto a Eduardo Paredes los días 11 y 12 de septiembre, sin embargo algunos de ellos reconocieron haberlo visto en esas circunstancias, tanto en La Moneda como en el Regimiento Tacna, en calidad de prisionero. El detective Fernando del Pino que declaró haber visto a Eduardo Paredes detenido en el Regimiento Tacna fue llamado a lista de complemento, lo que significó frustrar su ascenso a Subprefecto. El detective Eduardo José Ellis Belmar reconoció haber visto a Paredes en La Moneda, pero negó haberlo visto en el Tacna, sin embargo, en declaración jurada del 8 de septiembre de 1987 reconoce que esta declaración fue hecha ocultando hechos, porque el gobierno tenía otra versión y temió represalias de parte de su institución. El detective Juan Seoane y el detective Douglas Eloy Gallegos Todd declararon haber visto a Paredes tanto en La Moneda como igualmente en calidad de detenido en el Regimiento Tacna.

            El Secretario de Prensa de la Junta de Gobierno declaró ante la Fiscalía Militar que la información de prensa sobre la muerte de Paredes la hizo en forma oficial, pero que no recordaba la fuente de la información en los medios militares. Por su parte el periodista Alvaro Puga declaró que informó en forma extraoficial que Paredes había muerto en un enfrentamiento con fuerzas militares y que la información la obtuvo de un Oficial de Estado Mayor, que no lo autorizó para dar su nombre.

            El Mayor General de Ejército, Luis Joaquín Ramírez Pineda, quien se desempeñaba como Comandante del Regimiento Tacna en septiembre de 1973 declaró que el ignoraba y tampoco era su obligación hacerlo, la calidad de los detenidos que hubo en el Tacna en esa época. El ponía a disposición de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, SENDET, a los detenidos y no sabía lo que les ocurría posteriormente. Esto lo dice a raíz de preguntas sobre si hizo gestiones en pro de Paredes. Por su parte el General Palacios, que dirigió el ataque a La Moneda reconoce que estuvo a cargo de la toma y que detuvo al grupo de personas que se encontraba allí.

            El 9 de abril de 1981 se cerró el sumario y se reabrió el 29 de abril de 1981 a petición del denunciante y se ordenó que se realicen nuevas diligencias.

            El 8 de septiembre de 1982 se cierra nuevamente el sumario y en el Dictamen N°238 el Fiscal Militar acreditó la detención de Paredes por personal militar no identificado, sin embargo, estimó que los antecedentes resultaban insuficientes en orden a estimar que su posterior desaparecimiento sea consecuencia de un delito y por lo tanto solicitó el sobreseimiento temporal. El Juez Militar resolvió el sobreseimiento temporal el 21 de octubre de 1982, el cual fue apelado el 26 de diciembre de 1983.

            El 19 de enero de 1983 se reabrió el sumario según resolución en segunda instancia de la Corte Marcial, la que revocó la resolución apelada y ordenó realizar algunas de las diligencias solicitadas por el abogado querellante.

            El 26 de julio de 1988 la causa, conservando el mismo rol, pasó a la Quinta Fiscalía Militar, de acuerdo a redistribución por creación de nuevas Fiscalías.

            El 6 de enero de 1989 el Fiscal General Militar, se hizo parte, en representación del Ministerio público Militar y solicitó sobreseimiento definitivo, el que, según señaló, debió haberse decretado ya en el año 1980, cuando el proceso pasó a la competencia del Fiscal, debido a que se encuentra extinguida la responsabilidad penal en virtud del Decreto Ley 2.191 de Amnistía de 1978.

            El 2 de enero de 1990 se cerró el sumario y el 29 de ese mismo mes el Juez Militar sobreseyó definitivamente el proceso en virtud del Decreto Ley de Amnistía.

            El 7 de febrero de 1990, el abogado querellante apeló al sobreseimiento definitivo a la Corte Marcial. A fines de 1992 se estaba a la espera de la vista de la causa por el desaparecimiento de Eduardo Paredes Barrientos en la Corte Marcial.

Enrique O'Farrill, de 42 años, funcionario de la Cancillería chilena, acudió esta semana acompañado del corresponsal de EL PAÍS a la Oficina de Reparación, en Santiago, para recibir información sobre su padre, Jaime Barrios, desaparecido desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Diversos testimonios indicaron que Barrios, principal asesor económico del derrocado presidente Salvador Allende, había sido fusilado junto a otros detenidos y enterrado en una fosa. Durante 27 años, los familiares clamaron en el desierto en busca de su paradero. Los militares guardaban silencio. Ahora han hablado por primera vez, y han dado una lista de casi 200 detenidos desaparecidos. La mayoría, afirman, fueron lanzados al mar. Jaime Barrios entre ellos.

La funcionaria muestra una ficha en la que puede leerse el nombre completo: Jaime Barrios Meza; edad: 48 años a la fecha de su detención; profesión: ingeniero comercial; fecha y lugar de detención: 11 de septiembre de 1973 en el palacio de La Moneda; ejecutado el 13 de septiembre de 1973; el centro donde permaneció detenido está en blanco. 'Tu padre fue arrojado al mar', dice la funcionaria. Así lo señala una escueta frase -'destino: probablemente, a 10 millas al oeste frente a la costa de San Antonio'- que no precisa fecha alguna.

'Después de 27 años de silencio y de oír mentiras, ¿por qué tengo que creer que esto es verdad?', pregunta el hijo de la víctima. La funcionaria difícilmente puede responder, porque el organismo en el que trabaja, dependiente del Gobierno, no tiene manera de comprobar la veracidad de la información entregada por los militares. 'Emocionalmente ha sido un golpe fuerte. Sabíamos que se había arrojado gente al mar y que todo era posible. Pero ha sido muy duro la constatación, la certeza, el fin de las dudas. Es la primera vez que los militares reconocen que hicieron lo que hicieron. Todavía no nos dicen cómo, y el cómo es mucho peor que el hecho mismo, que ya es terrible de por sí. Yo no creo en eso mientras no tenga más datos. ¿Cómo saben ellos que fue ejecutado ese día? ¿Y quién dio la orden en todo Chile de exhumar cuerpos y lanzarlos al mar?'

El 11 de septiembre de 1973, el teléfono sonó de buena mañana en casa de la familia Barrios. Al otro lado del hilo, un miembro de la guardia personal del presidente informaba de que había un levantamiento militar y que Salvador Allende y sus más estrechos colaboradores se dirigían al palacio de La Moneda para ponerse al frente de la situación. Sin perder tiempo, Jaime Barrios, el principal asesor económico del presidente y ex gerente general del Banco Central, y su esposa, Nancy Julien, partieron de inmediato. La radio ya empezaba a dar la noticia: la Marina se había sublevado en Valparaíso, la principal ciudad portuaria de Chile. En casa del matrimonio Barrios quedó su hijo Enrique, a punto de cumplir 15 años. Aquel joven, que hoy trabaja en la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, recuerda los días previos al golpe: 'La situación era de tal caos que el presidente hablaba en cadena nacional y se cortaba la luz por atentados a las torres eléctricas y nos escribían cartas con la amenaza 'Ya viene'.

Dos horas más tarde, Jaime Barrios llamó a su hijo desde el palacio presidencial, a punto de ser bombardeado por los golpistas. Enrique recita de memoria las palabras de su padre: 'Mi hijito lindo, usted se tiene que ir de ahí. Lo van a pasar a buscar. Baje. Llévese una pistola y un cinturón de balas y los dos pasaportes . Yo voy a estar aquí hasta el final. Estamos bien, con tu madre. Besitos'. Fue la última vez que Enrique habló con su padre. Desde entonces no ha habido ni rastro del paradero de Jaime Barrios, ni de los más de mil detenidos desaparecidos bajo el régimen de terror de Augusto Pinochet.

Nancy Julien estuvo con su marido en el palacio de La Moneda, asediado por los golpistas, hasta que el presidente Allende negoció una tregua de 15 minutos con Pinochet, para que pudieran salir las mujeres. El general traidor no respetó el pacto y la salida se produjo bajo las balas. La Embajada de México abrió las puertas a todas aquellas mujeres y a varios centenares de refugiados, obligados a emprender el camino del exilio.

Nancy Julien contrató los servicios del prestigioso bufete Rabinovich, de Nueva York, para poder desvelar el paradero de su marido. El abogado Len Weinglass viajó a Chile el 9 de marzo de 1974, donde mantuvo contacto con fuentes gubernamentales y con personas que conocían a Barrios. En los diez días que pasó en Chile, el abogado norteamericano comprobó los dramáticos efectos del golpe militar: el general Bachelet y el ex ministro de Defensa José Toha, éste último suicidado, murieron en prisión.

En el informe que elaboró a su regreso escribió lo siguiente: 'Según las evidencias recogidas, puedo informar que Jaime Barrios murió entre la tarde del 11 y el 16 de septiembre, bien en el Regimiento Tacna o en Peldehue, en la base militar de Colina. La mejor información apunta a última hora del 11 de septiembre o el 12 de este mismo mes como la fecha de la muerte. El padre Renato Poblete, jesuita y editor de la revista Mensaje, escuchó el rumor de que podría haber huido a Argentina, pero no daba ningún crédito a dicha versión'. Entre los numerosos testimonios recogidos por el abogado destaca el de Miriam Contreras, secretaria personal del presidente Salvador Allende, que estuvo en el palacio presidencial hasta refugiarse en la Embajada de Cuba. Weinglass consiguió un permiso especial para ingresar en la representación diplomática, adonde llegó después de cruzar tres controles de soldados fuertemente armados. Éste fue el testimonio de Contreras al investigador estadounidense: 'Al salir de La Moneda , por la calle Morandé, nos pusieron contra la pared, las manos en la nuca y con un pelotón de militares apuntándonos con fusiles. Al comenzar de nuevo la pasada de aviones ametrallando el lugar, nos hicieron tumbarnos boca abajo en el suelo, en medio de la calle. Después de permanecer en esa postura durante largo tiempo, abandoné el lugar (por causas imprevistas y con mucha suerte), quedando allí tumbados todos los compañeros'. Los soldados vaciaron los bolsillos de los detenidos y se llevaron la cartera de Jaime Barrios con toda su documentación.

Numerosas gestiones internacionales en las que intervinieron, entre otros, los escritores Gabriel García Márquez y Julio Cortázar no sirvieron de nada. Los militares y la prensa chilena lanzaban todo tipo de bulos sobre la suerte de Barrios, como que estaba prófugo. Las personas capturadas en el palacio de La Moneda el día del golpe fueron 49. Los 17 miembros del equipo de protección presidencial y otros detenidos fueron separados del grupo al día siguiente, con lo que el grupo final de prisioneros ascendía a 21: 10 asesores del presidente y funcionarios del Gobierno, 10 efectivos de la guardia presidencial y un obrero que acudió voluntario al palacio. Todos ellos fueron conducidos al regimiento Tacna, que estaba bajo el mando del coronel Joaquín Ramírez Pineda.

'Ahora tenemos que empezar a investigar la escasa información que han dado los militares', dice Enrique O'Farrill. 'Lo que sí sabemos, o al menos tenemos muchos indicios, es que fueron trasladados al regimiento Tacna y de allí a Peldehue, donde fueron fusilados en grupos de cuatro, y posteriormente arrojados a una fosa. Hay testigos oculares que vieron a mi padre en Tacna. El diputado Vicente Sotta, por ejemplo. Un soldado del Tacna declaró desde el anonimato que presenció cómo un grupo de prisioneros amarrados con alambre eran arrojados a un camión que abandonó el cuartel el 13 de septiembre. Otros militares relataron que los prisioneros fueron colocados al borde de una fosa donde fueron ejecutados, tras lo cual se lanzaron varias granadas. La matanza nunca fue reconocida por la Junta Militar, que jamás dio detalles del paradero de los desaparecidos de La Moneda.

No se supo de su paradero hasta que en 1998 se hallaron los restos de algunos de ellos en los trabajos de exhumación en el llamado Patio 29 del Cementerio General de Santiago. El descubrimiento no sólo contradecía la versión que indicaba que todos los ejecutados de La Moneda habían sido arrojados a una fosa en Peldehue, sino que reveló bárbaras torturas. 'Los restos de Eduardo Paredes, ex director de Investigaciones, mostraban quemaduras que habían alcanzado los huesos', dice el abogado español Joan Garcés, asesor de Salvador Allende.

En mayo de 1991, la hija de Jaime Barrios, Alicia, presentó una querella por homicidio e inhumación ilegal de su padre ante los tribunales de Santiago. Hasta la fecha no ha tenido ningún efecto. 'Nosotros vamos a seguir luchando para saber la verdad, porqué Jaime Barrios desapareció de este mundo porque determinadas personas lo decidieron. Tenemos derecho a preguntar qué pasó. Los que bombardearon La Moneda fueron ellos. Ellos hicieron la guerra'.

Para su hijo Enrique 'lo más importante no es saber quiénes lo hicieron, quién era la persona al mando de la patrulla, cuál era su rango, quién manejó el helicóptero o quién los torturó durante dos días, sino que más importante que todo eso es que se juzgue a Pinochet, porque la orden de eliminar a sangre fría toda la gente que estaba en el palacio de La Moneda el día del golpe es una orden de Pinochet'.Enrique O'Farrill, de 42 años, funcionario de la Cancillería chilena, acudió esta semana acompañado del corresponsal de EL PAÍS a la Oficina de Reparación, en Santiago, para recibir información sobre su padre, Jaime Barrios, desaparecido desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Diversos testimonios indicaron que Barrios, principal asesor económico del derrocado presidente Salvador Allende, había sido fusilado junto a otros detenidos y enterrado en una fosa. Durante 27 años, los familiares clamaron en el desierto en busca de su paradero. Los militares guardaban silencio. Ahora han hablado por primera vez, y han dado una lista de casi 200 detenidos desaparecidos. La mayoría, afirman, fueron lanzados al mar. Jaime Barrios entre ellos.

La funcionaria muestra una ficha en la que puede leerse el nombre completo: Jaime Barrios Meza; edad: 48 años a la fecha de su detención; profesión: ingeniero comercial; fecha y lugar de detención: 11 de septiembre de 1973 en el palacio de La Moneda; ejecutado el 13 de septiembre de 1973; el centro donde permaneció detenido está en blanco. 'Tu padre fue arrojado al mar', dice la funcionaria. Así lo señala una escueta frase -'destino: probablemente, a 10 millas al oeste frente a la costa de San Antonio'- que no precisa fecha alguna.

'Después de 27 años de silencio y de oír mentiras, ¿por qué tengo que creer que esto es verdad?', pregunta el hijo de la víctima. La funcionaria difícilmente puede responder, porque el organismo en el que trabaja, dependiente del Gobierno, no tiene manera de comprobar la veracidad de la información entregada por los militares. 'Emocionalmente ha sido un golpe fuerte. Sabíamos que se había arrojado gente al mar y que todo era posible. Pero ha sido muy duro la constatación, la certeza, el fin de las dudas. Es la primera vez que los militares reconocen que hicieron lo que hicieron. Todavía no nos dicen cómo, y el cómo es mucho peor que el hecho mismo, que ya es terrible de por sí. Yo no creo en eso mientras no tenga más datos. ¿Cómo saben ellos que fue ejecutado ese día? ¿Y quién dio la orden en todo Chile de exhumar cuerpos y lanzarlos al mar?'

El 11 de septiembre de 1973, el teléfono sonó de buena mañana en casa de la familia Barrios. Al otro lado del hilo, un miembro de la guardia personal del presidente informaba de que había un levantamiento militar y que Salvador Allende y sus más estrechos colaboradores se dirigían al palacio de La Moneda para ponerse al frente de la situación. Sin perder tiempo, Jaime Barrios, el principal asesor económico del presidente y ex gerente general del Banco Central, y su esposa, Nancy Julien, partieron de inmediato. La radio ya empezaba a dar la noticia: la Marina se había sublevado en Valparaíso, la principal ciudad portuaria de Chile. En casa del matrimonio Barrios quedó su hijo Enrique, a punto de cumplir 15 años. Aquel joven, que hoy trabaja en la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, recuerda los días previos al golpe: 'La situación era de tal caos que el presidente hablaba en cadena nacional y se cortaba la luz por atentados a las torres eléctricas y nos escribían cartas con la amenaza 'Ya viene'.

Dos horas más tarde, Jaime Barrios llamó a su hijo desde el palacio presidencial, a punto de ser bombardeado por los golpistas. Enrique recita de memoria las palabras de su padre: 'Mi hijito lindo, usted se tiene que ir de ahí. Lo van a pasar a buscar. Baje. Llévese una pistola y un cinturón de balas y los dos pasaportes . Yo voy a estar aquí hasta el final. Estamos bien, con tu madre. Besitos'. Fue la última vez que Enrique habló con su padre. Desde entonces no ha habido ni rastro del paradero de Jaime Barrios, ni de los más de mil detenidos desaparecidos bajo el régimen de terror de Augusto Pinochet.

Nancy Julien estuvo con su marido en el palacio de La Moneda, asediado por los golpistas, hasta que el presidente Allende negoció una tregua de 15 minutos con Pinochet, para que pudieran salir las mujeres. El general traidor no respetó el pacto y la salida se produjo bajo las balas. La Embajada de México abrió las puertas a todas aquellas mujeres y a varios centenares de refugiados, obligados a emprender el camino del exilio.

Nancy Julien contrató los servicios del prestigioso bufete Rabinovich, de Nueva York, para poder desvelar el paradero de su marido. El abogado Len Weinglass viajó a Chile el 9 de marzo de 1974, donde mantuvo contacto con fuentes gubernamentales y con personas que conocían a Barrios. En los diez días que pasó en Chile, el abogado norteamericano comprobó los dramáticos efectos del golpe militar: el general Bachelet y el ex ministro de Defensa José Toha, éste último suicidado, murieron en prisión.

En el informe que elaboró a su regreso escribió lo siguiente: 'Según las evidencias recogidas, puedo informar que Jaime Barrios murió entre la tarde del 11 y el 16 de septiembre, bien en el Regimiento Tacna o en Peldehue, en la base militar de Colina. La mejor información apunta a última hora del 11 de septiembre o el 12 de este mismo mes como la fecha de la muerte. El padre Renato Poblete, jesuita y editor de la revista Mensaje, escuchó el rumor de que podría haber huido a Argentina, pero no daba ningún crédito a dicha versión'. Entre los numerosos testimonios recogidos por el abogado destaca el de Miriam Contreras, secretaria personal del presidente Salvador Allende, que estuvo en el palacio presidencial hasta refugiarse en la Embajada de Cuba. Weinglass consiguió un permiso especial para ingresar en la representación diplomática, adonde llegó después de cruzar tres controles de soldados fuertemente armados. Éste fue el testimonio de Contreras al investigador estadounidense: 'Al salir de La Moneda , por la calle Morandé, nos pusieron contra la pared, las manos en la nuca y con un pelotón de militares apuntándonos con fusiles. Al comenzar de nuevo la pasada de aviones ametrallando el lugar, nos hicieron tumbarnos boca abajo en el suelo, en medio de la calle. Después de permanecer en esa postura durante largo tiempo, abandoné el lugar (por causas imprevistas y con mucha suerte), quedando allí tumbados todos los compañeros'. Los soldados vaciaron los bolsillos de los detenidos y se llevaron la cartera de Jaime Barrios con toda su documentación.

Numerosas gestiones internacionales en las que intervinieron, entre otros, los escritores Gabriel García Márquez y Julio Cortázar no sirvieron de nada. Los militares y la prensa chilena lanzaban todo tipo de bulos sobre la suerte de Barrios, como que estaba prófugo. Las personas capturadas en el palacio de La Moneda el día del golpe fueron 49. Los 17 miembros del equipo de protección presidencial y otros detenidos fueron separados del grupo al día siguiente, con lo que el grupo final de prisioneros ascendía a 21: 10 asesores del presidente y funcionarios del Gobierno, 10 efectivos de la guardia presidencial y un obrero que acudió voluntario al palacio. Todos ellos fueron conducidos al regimiento Tacna, que estaba bajo el mando del coronel Joaquín Ramírez Pineda.

'Ahora tenemos que empezar a investigar la escasa información que han dado los militares', dice Enrique O'Farrill. 'Lo que sí sabemos, o al menos tenemos muchos indicios, es que fueron trasladados al regimiento Tacna y de allí a Peldehue, donde fueron fusilados en grupos de cuatro, y posteriormente arrojados a una fosa. Hay testigos oculares que vieron a mi padre en Tacna. El diputado Vicente Sotta, por ejemplo. Un soldado del Tacna declaró desde el anonimato que presenció cómo un grupo de prisioneros amarrados con alambre eran arrojados a un camión que abandonó el cuartel el 13 de septiembre. Otros militares relataron que los prisioneros fueron colocados al borde de una fosa donde fueron ejecutados, tras lo cual se lanzaron varias granadas. La matanza nunca fue reconocida por la Junta Militar, que jamás dio detalles del paradero de los desaparecidos de La Moneda.

No se supo de su paradero hasta que en 1998 se hallaron los restos de algunos de ellos en los trabajos de exhumación en el llamado Patio 29 del Cementerio General de Santiago. El descubrimiento no sólo contradecía la versión que indicaba que todos los ejecutados de La Moneda habían sido arrojados a una fosa en Peldehue, sino que reveló bárbaras torturas. 'Los restos de Eduardo Paredes, ex director de Investigaciones, mostraban quemaduras que habían alcanzado los huesos', dice el abogado español Joan Garcés, asesor de Salvador Allende.

En mayo de 1991, la hija de Jaime Barrios, Alicia, presentó una querella por homicidio e inhumación ilegal de su padre ante los tribunales de Santiago. Hasta la fecha no ha tenido ningún efecto. 'Nosotros vamos a seguir luchando para saber la verdad, porqué Jaime Barrios desapareció de este mundo porque determinadas personas lo decidieron. Tenemos derecho a preguntar qué pasó. Los que bombardearon La Moneda fueron ellos. Ellos hicieron la guerra'.

Para su hijo Enrique 'lo más importante no es saber quiénes lo hicieron, quién era la persona al mando de la patrulla, cuál era su rango, quién manejó el helicóptero o quién los torturó durante dos días, sino que más importante que todo eso es que se juzgue a Pinochet, porque la orden de eliminar a sangre fría toda la gente que estaba en el palacio de La Moneda el día del golpe es una orden de Pinochet'.

La ministra en visita Amanda Valdovinos, a cargo de verificar información de la Mesa de Diálogo sobre la ubicación de los restos de unos 20 detenidos desaparecidos al interior del Regimiento Justo Arteaga, de Colina, descubrió el lugar exacto donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una fuente exclusiva confirmó a La Voz que los restos están en un pozo de 15 metros de profundidad.

En enero pasado, los trabajos de excavación en el terreno -que fue donado por la Iglesia Católica al Ejército para prácticas de guerra antes del golpe militar- se concentraron en una fosa de 15 por 13 metros, desde donde se han extraído, hasta la fecha, más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad de cerca de tres metros.
Sin embargo, los estudios del suelo realizados por un botánico y por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitieron precisar que los fragmentos corresponden a los restos dejados por la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. La precisión de los especialistas es tal, que se determinó que, por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del sitio de excavación mediante el uso de una máquina retroexcavadora, cuyas características, (marca, modelo y propiedad) están acreditadas en el proceso.

Pozo equivalente a seis pisos
Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, provienen de un pozo de unos cinco metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad -equivalente a un edificio de seis pisos- donde fueron arrojados los cuerpos, una vez fusilados los detenidos y dinamitados (mediante granadas) en su interior. En los próximos días, las excavaciones se concentrarán en ese lugar y no se descarta que se verifiquen hallazgos de gran magnitud de osamentas.
Hasta el momento, con las recolecciones efectuadas, el Servicio Médico Legal ha podido aproximar en una decena las personas cuyos restos estaban en el lugar. Sin embargo, con las piezas dentales y los antecedentes con que cuenta el proceso se han podido confirmar cinco identidades, que sólo serán oficializadas una vez agotadas las diligencias.
Los familiares de las presuntas víctimas han sido informadas periódicamente por la jueza Valdovinos El último informe entregado por la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar ha sido localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han acercado voluntariamente al tribunal. Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán derivados a los tribunales del Crimen o militares que correspondan para determinar a los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación.

¿Quiénes son?
Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende Eduardo Paredes Barrientos, ex director de Investigaciones; Enrique París Roa, Jaime Barrios Meza, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, doctor Georges Klein Pipper, Héctor Pincheira Núñez y Arsenio Poupin Oissel, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y Oscar Luis Avilés Jofré.

El ministro Juan Eduardo Fuentes encargado de investigar la remoción de cuerpos desde el Regimiento Peldehue en 1978 prescribió la acción judicial en contra de miembros en retiro del Ejército, por considerar que no están conectados con el delito principal de la causa, el secuestro permanente.

La decisión del juez se aplicó en el caso ocurrido en 1978 con los cuerpos de los ex asesores del Presidente Salvador Allende que fueron detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Según informó radio Cooperativa, el dictamen deja sin efecto los procesamientos que pesaban sobre los suboficiales en retiro Fernando Remigio Burgos Díaz, Sergio Antonio Medina Salazar, Isidro Custodio Durán Muñoz y el oficial retirado José Jaime Darrigrandi Marques.

El fallo sostiene que el hecho constituye una infracción al artículo 144 del Código Sanitario y no tiene el carácter de "crimen o delito de lesa humanidad".

Los procesamientos dejados sin efecto correspondían a la presunta remoción de los restos del ex gerente del Banco Central Jaime Barrios Meza, el intendente de Palacio Enrique Huerta Corvalán; el dirigente del PS Claudio Jimeno Grendi; el dirigente comunista Georges Klein Pipper; el ex subsecretario general de Gobierno Arsenio Poupin Oissel y del ex jefe de gabinete de la Subsecretaría del Interior Daniel Escobar Cruz.

A ellos se suman, de Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares y Juan Vargas Contreras, todos miembros del Grupo de Amigos del Presidente y militantes del Partido Socialista.

Entre los encausados por el ministro en visita Juan Eduardo Fuentes Belmar se cuentan el ex jefe de la Guarnición Metropolitana, general (r) Herman Brady y el brigadier (r) Pedro Espinoza. A los ex uniformados se les responsabiliza de la suerte que corrieron ocho de los cerca de 50 asesores del ex presidente Salvador Allende que fueron sacados el 11 de septiembre de 1973 de la sede del Ejecutivo y llevados al Regimiento Tacna para ser ejecutados. Sus restos, hasta la fecha, no han logrado ser identificados.

El ministro en visita Juan Eduardo Fuentes Belmar sometió a proceso este miércoles al ex comandante de la Guarnición Militar de Santiago, general en retiro Herman Julio Brady y a otros ocho oficiales en retiro de la institución, como presuntos autores del secuestro calificado de presos políticos que fueron aprehendidos desde el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Además de Brady, entre los encausados se cuentan el brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo y los ex oficiales Servando Maureira Roa, Jorge Herrera López, Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Jorge Gamboa Álvarez.

Los antes mencionados figuran como responsables de las desapariciones de Jaime Sotelo Ojeda, Sergio Contreras, Héctor Pincheira Núñez, José Freire Medina, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Enrique París Roa, Manuel Ramón Castro y Daniel Gutiérrez Ayala.

Espera de 35 años

Según consta en el proceso, el 11 de septiembre de 1973 tropas militares ingresaron al Palacio de la Moneda deteniendo alrededor de 50 personas entre asesores directos, miembros del dispositivo de seguridad del presidente Allende (GAP), médicos y funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes fueron trasladados hasta el Regimiento Tacna, para luego ser ejecutados. Hasta la fecha sus cuerpos no han sido identificados.

El abogado de FASIC y querellante en el caso, Nelson Caucoto valoró la resolución. Indicó que "es la primera vez que después de 35 años, estos asesores del Presidente Allende, comienzan a vislumbrar la justicia. Enfatizó que "con este fallo se ha demostrado que la justicia tarda pero llega."

El profesional agregó que respecto a la situación de Luís Ramírez Pineda, ex Comandante del Regimiento Tacna – y a quien el magistrado resolvió no someter a proceso- se resolverá cuando la Corte Suprema solicite a la justicia Argentina la ampliación de su extradición.

El comandante del Regimiento Tacna en 1973 está procesado en Chile por los secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

La Corte Suprema amplió la solicitud de extradición a Argentina de Luis Joaquín Ramírez Pineda, comandante del Regimiento Tacna en 1973, quien se encuentra detenido en Buenos Aires.

Ramírez Pineda está procesado en nuestro país por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar en la investigación por secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, acogieron la solicitud planteada por el ministro Fuentes Belmar en el caso de 9 víctimas que se encuentran desaparecidas desde el 11 de septiembre de 1973.

Se trata de Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Sergio Contreras, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, José Freire Medina, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Egidio Enrique Paris Roa, Manuel Ramón Castro Zamorano, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala y Fernando Rodríguez Riquelme.

En 2003, la Corte Suprema decidió remitir una solicitud de extradición del procesado por los casos de secuestro de Jaime Antonio Barrios Meza, Daniel Francisco Escobar Cruz, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Juan José Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Fernando Tapia Martínez, Óscar Enrique Valladares Caroca y Juan Alejandro Vargas Contreras, también ocurridos a partir de 1973 en el Palacio de la Moneda.

Los antecedentes de la ampliación de la solicitud de extradición ya fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que los remita a Argentina a su tramitación en ese país.

En la sentencia la Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó a 6 oficiales por los secuestros y homicidios de 23 colaboradores del gobierno del Presidente Salvador Allende y miembros de GAP detenidos en el Palacio de La Moneda y llevados al Regimiento Tacna y el Fuerte Arteaga.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a seis oficiales en retiro del Ejército por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio de 23 colaboradores del Presidente Salvador Allende, detenidos en el Palacio de La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.

En la sentencia (rol 3.452-2018) la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Soledad Melo, Gloria Solís e Inelie Durán- confimó la condena a Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de 20 años de presidio, en calidad de coautor de los delitos de homicidio calificado de: Óscar Luis Avilés Jofré, Jaime Antonio Barrios Meza, Manuel Ramón Castro Zamorano, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Egidio Enrique Paris Roa, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Julio Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa.

En tanto, Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López deberán purgar 9 años de presidio; y los ex militares Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo y Jorge Ismael Gamboa Álvarez,  7 años de presidio, como coautores de los delitos de homicidio calificado.

Además, en el caso de Servando Elías Maureira Roa y  Jorge Iván Herrera López, se ratifica la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, como coautores de los delitos de secuestro calificado de Sergio Contreras, Daniel Francisco Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Óscar Enrique Valladares Caroca.

“Que, este tribunal comparte el establecimiento de los hechos y la calificación jurídica de los antecedentes fácticos descritos en los motivos tercero, cuarto, quinto y sexto de la sentencia en alzada, en los términos que se consignan en el fallo de primer grado, en orden a que encuentran una adecuada tipificación en el delito de secuestro calificado descrito y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, conforme a la redacción vigente a la época de los acontecimientos, al referirse a víctimas que estuvieron en el interior del palacio de la Moneda el día 11 de septiembre de 1973, salieron por la Puerta de Morandé N°80, detenidas y trasladadas al Regimiento Tacna, lugar en donde permanecieron hasta el 13 de septiembre del mismo año, fecha en que fueron sacados del Regimiento Tacna, amarrados de pies y manos con alambres, en un camión Pegaso, desconociéndose hasta el día de hoy, el paradero de Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Enrique Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Oscar Enrique Valladares Caroca.

Por su parte, en cuanto al homicidio calificado, también se concuerda con el Ministro instructor, en el sentido de encontrarse acreditado dicho ilícito, contemplado en el artículo 391 N°1 del Código Penal, respecto de Oscar Luis Avilés Jofré, Jaime Antonio Barrios Meza, Manuel Ramón Castro Zamorano, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Oscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Egidio Enrique Paris Roa, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa”, dice el fallo.

Agrega: “Que, por otro lado, como acertadamente lo señala el juzgador, se trata de un crimen de lesa humanidad, toda vez que los secuestros calificados -denominadas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como “desapariciones forzadas”- y el homicidio calificado, forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por profesionales que trabajaban en el Palacio de La Moneda en calidad de asesores del cesado Presidente Salvador Allende Gossens, condición que tenían a esa época las víctimas; por otro lado, es requisito común para concebir el delito como de lesa humanidad que los autores o cómplices sean agentes del Estado, calidad que a esa época ostentaban los acusados.

Entre las características que distinguen este tipo de transgresiones se destacan la imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones a los derechos esenciales tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra-legales o arbitrarias, las desapariciones forzadas, y los homicidio, como en el caso de autos, todas ellas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos”.

En el aspecto civil se rebajó la indemnización a los familiares de las víctimas.

“Que, por aplicación de reglas de experiencia, de aquellas que permiten confirmar que el dolor o padecimiento se relacionan especialmente con el vínculo de parentesco y afectivo que se tiene o que se ha tenido con la víctima directa del o de los delitos cometidos en su persona, se estima adecuado y razonable efectuar las regulaciones que se indican a continuación para determinar el quantum, a más de los aspectos comúnmente aplicados, esto es, grado de parentesco, cercanía y relación con la víctima, por lo que estas sentenciadoras diferencian, por su puesto analizando caso a caso, lo que se otorga a los cónyuges, madre, hijos, hermanos y nietos.

Lo anterior, considerando la circunstancia que la regla general es que el mayor dolor sufrido, se configura en el momento de la detención y presencia en la época de ocurrencia de los hechos, que generalmente lo sufre la madre o cónyuge de la víctima, quien debe continuar con su vida cuidando y protegiendo a sus hijos, llevando en sus hombros el dolor y la angustia de no saber el paradero de su ser amado.

En el caso de los hijos, por supuesto que existe un daño que debe ser reparado, pero su cuantificación monetaria, se estima debe ser menor que la que corresponde a su madre. El mismo análisis cabe para establecer el monto de la indemnización que favores hermanos y nietos”.

“Que, de acuerdo a lo anterior, y considerando los parámetros establecidos en la sentencia de primer grado y lo dicho precedentemente, se fija en $100.000.000 (cien millones de pesos) la indemnización que corresponde a cada una de las cónyuges y madres de las víctimas.

Respecto de los hijos, el monto a pagar a cada uno de ellos, se regula en la suma de $80.000.000 (ochenta millones de pesos); y a los hermanos, en la cantidad de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos).

En cuanto a la nieta de don Juan José Montiglio Murúa, se regula el monto de la indemnización en la suma de $5.000.000 (cinco millones de pesos).

De esta forma, se acoge parcialmente la pretensión del Fisco de Chile en cuanto a la rebaja de las sumas fijadas en la sentencia que se recurre”, afirma el fallo.

Cuenta su hermana Lucy: “Jorge ingresó a la carrera de Química Industrial en la Universidad Técnica del Estado en 1970. Durante ese año fue alumno regular del primer año, pero al calor de la campaña presidencial de Salvador Allende, fue dejando paulatinamente los estudios para dedicarse de lleno a ella. El Presidente Allende asumió la Presidencia de la República en Noviembre de 1970 y ya había designado al Doctor EDUARDO PAREDES BARRIENTOS, conocido como “Coco” Paredes, en el cargo de Director Nacional de la Policía de Investigaciones. Poco tiempo después, el Dr. Paredes llama a Jorge a trabajar con él, como lo que hoy sería un Jefe de Gabinete. Jorge nació en Santiago el 19/07/1950. Su enseñanza secundaria la cursó en la Escuela Industrial de San Miguel (hoy en manos de la Sofofa). Fue Presidente del Centro de Alumnos y luego dirigente nacional de la Federación de Estudiantes Industriales de Chile. “Jorge militó, desde muy joven, en la Juventud Socialista. Al momento del golpe de estado de 1973, era miembro de la Comisión de Organización de la Juventud Socialista, además de Presidente de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de la Población San Joaquín. Jorge murió en enfrentamientos con militares golpistas la noche de ese 11/09/1973, en la Población La Victoria, contigua a la Población San Joaquín, donde vivíamos, encabezando a un grupo de jóvenes socialistas que salieron en defensa del Gobierno de Salvador Allende.” Cuentan los jóvenes socialistas de la Población San Joaquín en sanjoaquin50.blogspot.com: En las calles se sentía la inquietud, las mujeres salían en busca de alimentos y otras, impacientes, esperaban la llegada de sus maridos e hijos. Mientras comentaban los sucesos, un vecino de la calle 1 oriente salió gritando: cayó Allende, cayó Allende. Entonces algunos vecinos izaron la bandera chilena festejando la caída del Gobierno de la Unidad Popular. Luego, un grupo de jóvenes de diferentes núcleos socialistas se dirigieron hacia la Escuela 30 para coordinar a aquellos que defendían al gobierno democrático. Después de observar desde las torres de agua de la escuela a los aviones de la FACH que bombardeaban La Moneda y mientras se mantenían parapetados en el colegio, llegó un teniente de carabineros de apellido Torres (leal al presidente) quién conminó a los muchachos a que se retiraran a sus casas por su seguridad, ya que ellos tenían el mandato de apresar y matar a todo aquél que desobedeciera las órdenes impuestas. Los muchachos no hicieron caso y media hora después volvió otra patrulla de carabineros pero esta vez con otra disposición. Jorge Aravena se encontraba en su casa cuando le avisaron que carabineros amenazaba con disparar; entonces salió corriendo y le hizo frente a la patrulla. Es ahí donde se produjo el primer enfrentamiento. Ante esta respuesta, los carabineros se replegaron y huyeron del lugar. El grupo de muchachos desalojó la Escuela 30 y acordaron juntarse en la calle Mariquina con Pedro Luna para organizar los cortes de calles en Av. Carlos Valdovinos con Bascuñan, además de las entradas principales a la población, para luego reagruparse en la calle Marinero Caro, actualmente 2 de Abril. El grupo iba comandando por Jorge Aravena quién instó a los demás a defender la población con armas, bombas molotov y granadas. En ese instante pasó por la calle dos de abril un camión recolector de basura de San Miguel. Los jóvenes lo pararon con el objetivo de usarlo como autodefensa; bajó el conductor quién les dijo: “muchachos ya está todo perdido, no hay ninguna posibilidad”. Es en ese entonces que el chofer sacó debajo del asiento un fusil AKA con su cargador lleno, entregándolo a los jóvenes. Como a las ocho de la noche comenzó la persecución: los helicópteros enfocaban los sectores conflictivos, y una patrulla de militares movilizada en un jeep y perteneciente a la Fuerza Aérea realizó varias rondas y atacó por tierra. Ante esto, Jorge Aravena le hizo frente a fuego cruzado en la línea de fuego con disparos y granada. 2013: a cuarenta años del golpe de estado 197 Jorge, herido en un talón del pie, corrió hacia el interior de la población La Victoria a refugiarse. Cayó malherido y se acomodó dándose vuelta, volviendo a hacerles frente hasta que agotó su munición. Acto seguido los soldados se acercaron y lo acribillaron a mansalva, dándole tres disparos mortales en el pecho, cuello y pierna, dejando su cuerpo tirado. Posteriormente la patrulla arrancó y los compañeros de Jorge retiraron su cuerpo, llevándolo a una casa cercana dónde funcionaba una carnicería. Permanecieron con él hasta el amanecer del 12 de septiembre. En los funerales de Jorge Aravena se realizó un sencillo homenaje, dándole su último adiós, para posteriormente ser trasladado hasta el Cementerio General acompañado solo de dos familiares, quienes sacaron un pañuelo blanco, ya que el régimen militar lo había ordenado así. Después del 11 de septiembre la represión fue bastante dura al interior de la población. Las delaciones por parte de algunos vecinos pertenecientes a las fuerzas armadas llevó a que muchos pobladores debieran abandonar su lugar de origen y otros se fueron al exilio. Dos pobladores de la San Joaquín son detenidos desaparecidos: Víctor Díaz López y Rodolfo González Pérez. En cuanto a los jóvenes pertenecientes a los núcleos socialistas, fueron emboscados por una patrulla militar el 26 noviembre de 1973 cuándo se prestaban a ingresar a la embajada de Finlandia. Los cincos militantes socialistas fueron acribillados, con signos de haber sido torturados, junto a un vietnamita, Phung Trang Huynh, que formaba parte del grupo de ciudadanos que ayudaban a quienes tenían la necesidad de asilarse. La autopsia determinó que fallecieron a raíz de los múltiples impactos de balas ocasionadas por un armamento de grueso calibre. El caso lo tiene a su cargo la ministra Sylvia Pizarro, en estado de sumario sin procesados.