Palomino Benítez Vicente Segundo

Rut : 4.405.460, Santiago
F.Nacim. : 10 08 44, 30 años a la fecha de su detención
Domicilio : Elvira Dávila 4573 Quinta Normal, Santiago
E.Civil : Soltero
Actividad : Ex profesor de Química en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile (hasta fines de 1973). Fotógrafo particular.
C.Repres. : Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR
F.Detenc. : 16 de septiembre de 1974

Vicente Segundo Palomino Benítez, profesor de Química de la Universidad de Chile, militante del MIR, fue detenido el día 16 de septiembre de 1974, entre las 15:00 y 16:00 horas, en una calle del centro de Santiago, por un grupo de alrededor de 10 civiles armados con ametralladoras, que se movilizaban en una camioneta de color blanco invierno, cerrada, con carrocería de color rojo, sin patente.
Los aprehensores introdujeron al detenido en el vehículo mencionado y lo condujeron hasta el taller fotográfico que el afectado mantenía en la calle Santa Genoveva, al lado del N°1353, en la comuna de Quinta Normal, el que constituía su fuente de trabajo. Una vez que arribaron al lugar, Vicente Palomino fue bajado de la camioneta, esposado, e introducido a la morada, mientras sus captores allanaban minuciosamente el taller, del cual extrajeron todo el material fotográfico que allí existía. Cumplido este objetivo, el grupo de civiles armados, junto al arrestado partieron con rumbo desconocido. Este hecho fue presenciado por numerosos testigos vecinos del sector, entre los que se encontraba don Alejandro Catalán Madariaga, quien fue, además, intimidado por los aprehensores de Palomino Benítez, en el sentido de que no debía comentar nada de lo que había presenciado.
El día 19 de septiembre de 1974, Vicente Palomino fue nuevamente conducido hasta su taller fotográfico, esta vez acompañado por dos sujetos armados y movilizados en una camioneta. Los agentes ingresaron al lugar, junto al afectado, y procedieron a sacar del taller una máquina fotográfica de su propiedad, y luego emprendieron con el detenido, nuevamente con rumbo desconocido. De este hecho también existen testigos presenciales, identificados como doña Ester Benítez Oria, María Alejandra Catalán Saavedra (tía y prima del afectado, ambas domiciliadas en Santa Genoveva 1353), y don Alejandro Catalán Madariaga. Las dos primeras prestaron declaración ante el 1er. Juzgado del Crimen de Santiago, que sustanció un proceso por presunta desgracia, tiempo después.
En denuncia por secuestro presentada por la hermana del afectado, doña Julia Palomino Benítez, ante el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago el 14 de octubre de 1974, ésta señala que "el día 16 de septiembre de ese año, mientras se encontraba en calle Santa Genoveva con Vicuña Rosas de la comuna de Quinta Normal, aproximadamente a las 15:30 horas presenció, a cierta distancia, cómo su hermano fue sacado violentamente de la parte posterior de una camioneta roja, de capota color café crema, marca Chevrolet, de tipo moderno, sin patente, con las manos esposadas. "En el vehículo señalado agrega venían unos 10 individuos que portaban armas cortas, vestidos de civil y de edades que fluctuaban entre los 25 y 40 años. El afectado fue entonces introducido en una casa donde funcionaba su taller fotográfico, el que fue allanado y absolutamente desmantelado en un lapso de tiempo no superior a media hora, luego de lo cual emprendieron todos en dirección a la calle Andes".
Muchos años después, en declaración jurada prestada por Cristián Van Yurick Altamirano, detenido por agentes armados pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 12 de julio de 1974, relataría que permaneció recluido en la pieza N°13 del Campo de Prisioneros incomunicados de 4 Alamos, con Vicente Palomino Benítez, junto a otros prisioneros entre los que identifica a Héctor Zúñiga Tapia, Néstor Gallardo Agüero, Carlos Gajardo Wolff, los hermanos Juan Carlos y Jorge Andrónicos Antequera, y otros, todos los cuales permanecen hasta hoy desaparecidos. Del afectado recuerda que "estaba con Zúñiga Tapia, eran matemáticos (ex alumnos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticos de la Universidad de Chile), y por esta razón, les hacían clases de matemáticas al resto de los detenidos, y jugábamos ajedrez". También señalaría Van Yurick, en su declaración, que el afectado había permanecido un tiempo recluido en la casa secreta de detención y tortura de la DINA ubicada en José Domingo Cañas. Asimismo, señalaría finalmente, que mientras estuvo recluido en 4 Alamos, el testigo era permanentemente sacado a la casa de José Domingo Cañas y a Villa Grimaldi por períodos cortos; y que tuvo contacto con el afectado hasta el 20 de octubre de 1974, fecha en que Van Yurick fue trasladado a "Tres Alamos".
Cabe señalar que el nombre del afectado figura en una lista de 119 personas dadas por muertas en el desarrollo de supuestas acciones guerrilleras en diversos países extranjeros (Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia), y publicadas en la Revista LEA de Buenos Aires y en el Diario O'Dia de la ciudad de Curitiba, en Brasil, las que aparecieron por una sola vez y sin editor responsable. Tres periódicos chilenos reprodujeron estas informaciones: El Mercurio, La Segunda y Las Ultimas Noticias, de fechas 23, 24 y 25 de julio de 1975, respectivamente.
Consultado sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, informó al señor Magistrado del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, que no existía antecedente oficial alguno que permitiera establecer que efectivamente las personas mencionadas hayan fallecido en el extranjero o hayan hecho abandono del país.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

La hermana del afectado, Julia Palomino Benítez, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el 25 de septiembre 1974. Fue rolado con el N°1115.
Oficiado el Ministro del Interior, respondió el 11 de octubre de 1975, que Vicente Palomino Benítez no se encontraba detenido por orden de alguna autoridad administrativa, ignorándose su actual paradero. Posteriormente se decretó remitir Oficio al Ministerio de Defensa, reiterándose la diligencia en 3 oportunidades.
Sólo en noviembre de 1974, se certificó en autos que "el Ministerio de Defensa, por Oficio reservado del 21 del mes en curso, acompañado de Oficio de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, ha informado que "el afectado no ha sido denunciado a la justicia militar ni registra antecedentes en este Ministerio".
Con el mérito de los informes transcritos, la Corte rechazó el recurso de amparo interpuesto con fecha 28 de noviembre de 1974, ordenando la remisión de los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente, a fin de que investigue la posible existencia de algún delito cometido con ocasión del desaparecimiento de Vicente Palomino.
Por Oficio de la Corte de Apelaciones, se inició el 5 de diciembre de 1975, un proceso por presunta desgracia del afectado, ante el 1er. Juzgado del Crimen de Santiago, el que fue rolado con el N°106.400. Devuelta la orden de investigar decretada, ésta no aportó antecedentes que permitieran establecer el paradero del afectado. Se realizaron, con tal fin infructuosas gestiones en la Dirección General de Investigaciones. (Libro de ingreso de detenidos), Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, rondas en Poblaciones de la capital, Hoteles, Residenciales, Pensiones y Casas de Prostitución.
Sin decretar nuevas diligencias, el 1er. Juzgado del Crimen, declaró cerrado el sumario y sobreseyó la causa con fecha 19 de febrero de 1975, por no aparecer acreditado en autos que el desaparecimiento de Vicente Palomino se deba a un delito o cuasidelito.
Apelada esta resolución, el señor Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de marzo de 1975 y en su informe respectivo, señala: "que no tiene otro camino que aceptar el sobreseimiento dictado. Parece inverosímil, pero fuerza es aceptarlo. No se logra noticia alguna de Vicente Segundo Palomino Benítez de quien se dice en autos, según los dichos de su hermana, fue detenido en el centro de la ciudad, el 16 de septiembre de 1974 por más o menos 10 personas, vestidos de civil".
Con el mérito del informe del señor Fiscal y de los antecedentes que constan en autos, la Corte aprobó la resolución de sobreseimiento el 8 de abril de 1975.
Habiéndose decretado la reapertura del sumario, a instancias del padre del afectado que así lo solicitaba, el 24 de octubre de 1978 compareció ante el 1er. Juzgado del Crimen, doña Ester Benítez Oria, domiciliada en Santa Genoveva 1353 de Quinta Normal, expresando: "ser tía del afectado, el que mantenía un taller de fotografía al lado de su domicilio". Agregó que "el 19 de septiembre de 1974, llegaron hasta el lugar dos personas, movilizadas en una camioneta, en compañía de Vicente Palomino, buscando una máquina, fotográfica". Asimismo, compareció doña María Alejandra Catalán Saavedra, prima del afectado y del mismo domicilio de la anterior testigo, quien ratificó íntegramente lo expuesto por la señora Benítez, declarando haber sido también testigo presencial de los hechos expuestos.
Se realizaron, asimismo, gestiones para instar a la comparecencia judicial de un tercer testigo de los sucesos expuestos, don Alejandro Catalán Madariaga, pero no fue posible que así ocurriera, por no ser ubicado.
A petición de don Inocente Palomino Urbina, padre del afectado, se remiten oficios a Policía Internacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores, los que responden, en el curso del mes de noviembre de 1978, que la persona por la que se consulta no registra viajes fuera del país, entre el 1° de septiembre de 1974 y el 15 de octubre de 1978, ni tampoco figura en ningún listado de personas asiladas con posterioridad al 16 de septiembre de 1974.
No obstante las diligencias practicadas, particularmente las declaraciones de los testigos que vieron al afectado en compañía de dos desconocidos, fue sobreseída temporalmente la causa el 7 de diciembre de 1978, resolución que fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Paralelamente a la tramitación del recurso de amparo interpuesto en favor del afectado, se presentó una denuncia por secuestro, ante el 9° Juzgado del Crimen de Santiago, con fecha 4 de octubre de 1974.
En esta causa, que roló con el N°12.938 9, se decretó orden amplia de investigar. Luego de verificarse diligencias, que no arrojaron resultado alguno, ante el SENDET y el Servicio Nacional de Detenidos, donde existen nóminas de los arrestados por el Servicio de Inteligencia militar, fue devuelta al Tribunal.
El 4 de agosto de 1975, la denunciante Julia Palomino Benítez, acompañó al proceso, fotocopia de una publicación de prensa aparecida en el Diario El Mercurio de Santiago de fecha 23 de julio del año indicado, en la que se indica que el afectado, junto a otras 59 personas más, habría fallecido en acciones guerrilleras acaecidas en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia, según versiones publicadas en la Revista LEA de Buenos Aires. Asimismo, se solicitó se oficiara al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que este Organismo instruyera a los agentes consulares acreditados en los países nombrados, e informaran si "se había identificado el cadáver de Vicente Palomino, si se había inscrito su defunción en el Libro de Registro Civil de la Agencia Consular, si era posible repatriar sus restos o se conocía su lugar de sepultación y, finalmente, cuál había sido la fuente de la información.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del Mayor de Ejército Enrique Cid Coubles, informó al Tribunal, con fecha 9 de septiembre de 1975, lo siguiente: "1) La noticia publicada por la Revista LEA de Buenos Aires, habría provenido de México, vía FONEL (Fondo Editorial Latinoamericano), agencia periodística especializada en actividades marxistas; 2) no hay antecedente oficial alguno de que las personas nombradas en la nómina publicada, hayan fallecido en el extranjero; 3) tampoco hay antecedentes de que estas personas haya salido del país (de haberlo hecho tendría que haber sido en forma clandestina); y 4) las autoridades de los países en que, de acuerdo a las publicaciones habrían ocurrido los hechos, nada han informado sobre el particular".
Con todos los antecedentes expuestos, el Tribunal, teniendo presente que no resulta completamente justificada la existencia del delito de secuestro que dio lugar a la formación del sumario, sobreseyó temporalmente la causa el 26 de septiembre de 1975.
Apelada esta resolución, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó suspender los efectos del auto de sobreseimiento y reponer la causa al estado de sumario, a fin de que el 9° Juzgado oficiara a la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, solicitando información sobre el afectado.
Devueltos los autos al Tribunal de origen, se ordenó oficiar a la DINA el 22 de noviembre de 1975. Sólo el 5 de diciembre del año indicado, el Ministro del Interior de la época, General de División Raúl Benavides Escobar, informó que el afectado no se encontraba detenido por orden de este Ministerio, agregándose que: la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en su Oficio (R) N° S.G.3550/48/567, de fecha 1° del actual, ha informado que esta persona no registra antecedentes en sus kárdex, y no ha sido detenido por personal de ese organismo".
Con el mérito de este informe, se sobreseyó temporalmente la causa el 22 de diciembre de 1975, mientras no se presenten nuevos y mejores datos de investigación. Apelada esta resolución, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 30 de marzo de 1976.
El 28 de mayo de 1975 se presentó una denuncia por secuestro masivo, poniendo en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, una serie de denuncias por el desaparecimiento de 163 personas, ocurrido estando ellas arrestadas, solicitándole la designación de un Ministro en Visita. La presentación aludida fue acompañada de una nutrida documentación en la que se incluye la fotografía y documentos de identificación de cada arrestado, y una declaración jurada ante Notario Público de un familiar y un testigo ocular del hecho. Se advirtió en ella, además, que la petición abarcaba la situación de personas arrestadas durante el 2° semestre de 1974 y primero de 1975, por las cuales se había recurrido oportunamente de amparo y solicitado, además, una investigación por los Tribunales ordinarios del Crimen.
La Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución del Tribunal Pleno de fecha 23 de junio de 1975 desechó la petición de designación de Ministro en Visita. Sólo cinco magistrados del Alto Tribunal estuvieron por acoger la solicitud e investigar las denuncias referidas.
El 4 de julio de 1975, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, haciendo suya la solicitud de los familiares de esas 163 personas desaparecidas durante el período de su arresto, elevó a la Exma. Corte Suprema una nueva petición de designación de Ministro en Visita, la que fue rechazada el 11 de julio del mismo año, aduciéndose que: "los jueces respectivos han practicado en la mayoría de los sumarios correspondientes las investigaciones adecuadas". En esta ocasión, tres magistrados del máximo Tribunal, su Presidente don José María Eyzaguirre, y los Ministros señores Ortiz y Erbetta, estuvieron por acoger la petición, atendida "la gravedad que presenta el caso, dado el número de personas desaparecidas y el tiempo transcurrido desde que lo están".
En virtud de la ocurrencia de nuevos acontecimientos que implicaron agregar importantes antecedentes a los casos incluidos en la nómina de 163 personas desaparecidas, tras su arresto, se hizo una nueva petición de designación de Ministro en Visita, por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, el 1° de agosto de 1975.
Entre estos antecedentes está el hecho de que el 23 de julio de 1975 la prensa nacional reprodujo una noticia de la Revista LEA de Buenos Aires, según la cual 60 personas son dadas por muertas en diversos países extranjeros (Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia). Asimismo, el 24 de julio de 1975, el Diario La Segunda, citando como fuente el Diario O'Dia, entregó una nueva nómina que esta vez incluía a 59 chilenos muertos, heridos o evadidos, a raíz de un enfrentamientos armado con fuerzas policiales argentinas, ocurrido en la localidad de Salta.
Esta nueva petición fue también rechazada.
Por su parte, los familiares de Vicente Palomino Benítez, realizaron constantes visitas a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, Campo de Prisioneros de "Tres Alamos", Ministerio de Defensa, Investigaciones, Fiscalía de Aviación; diversas postas, hospitales, Instituto Médico Legal, Cárcel y Presidios, además de una carta al General Herman Brady R.
Todo sería inútil, no volverían a tener noticias del afectado desde aquel día de septiembre de 1974 en que fue secuestrado por un grupo de personas vestidas de civil, permaneciendo hasta hoy desaparecido.

Durante la dictadura cívico-militar fueron ejecutados y desaparecidos al menos un centenar de personas ligadas a la cultura, las artes y el patrimonio.

El 11 de septiembre se inició la etapa más dolorosa que hayamos vivido, provocada por agentes del Estado y civiles cómplices. Hoy conmemoramos 48 años de esa tragedia que aun enluta a Chile entero.

Más de tres mil personas, hombres mujeres, niños, niñas y jóvenes como estudiantes de educación básica, de secundaria y universitaria; mujeres embarazadas, personas mayores, no vidente, minusválidos fueron directamente afectadas y cientos de miles, pasaron a la categoría de familiares y víctimas de la dictadura. Quienes sobreviven luchan incansablemente por justicia, reparación y no repetición de actos genocidas por parte del Estado.

Hombres y mujeres que cuyo aporte a la sociedad era desde su lucha social, de militante y también desde sus oficios y ocupaciones como zapateros, obreros, empleados textiles, médicos, linotipistas, modistas, secretarias, dirigentes sindicales, vecinales, funcionarios municipales empleados públicos, empleados de ferrocarriles, suplementeros, carpinteros; obreros campesinos, mineros, forestales, de la construcción; ingenieros. También aquellos que estaban de paso, en una misión, estudiando o habían formado una familia en Chile provenientes de Vietnam, Francia, España, Bolivia, Argentina, Uruguay, Inglaterra, Ecuador, Uruguay, entre otros países.

Alguno de sus asesinos y cómplices que pagan tibias condenas en cárceles de lujo nos han privado de ellos y ellas, pero también nos han privado de cerca de un centenar de artistas y creadores que hemos identificado, con el afán de ofrecer un homenaje a quienes, desde las culturas, las artes y el patrimonio fueron víctimas del terrorismo de estado.

Hemos reconocido 82 personas cuya creatividad se expresaba en el audiovisual, la artesanía, el teatro, la arquitectura, fotografía, Artes Visuales, letras y música.

En esta nota podrán encontrar nombres de las personas cuya información permite asociarla a un lenguaje artístico, de acuerdo a la información disponible, sin embargo, es altamente posible que falten muchos y muchas por identificar. Encontrarán también un vínculo hacia la información que, entre todas las personas que hacen posible el sitio www.memoriaviva.com, nos ponen a disposición con el fin que podamos aportar a no olvidar hasta que  haya justicia.or ellos y ellas…              ¡¡Ni perdón, ni olvido!!

VICENTE SEGUNDO PALOMINO BENITEZ  FOTOGRAFO DETENIDO DESAPARECIDO 16/9/1974

Para el Colegio de Profesores el 11 de Septiembre es una fecha es especialmente significativa. La represión militar afectó directamente a cientos de maestros, registrándose decenas de docentes Detenidos Desaparecidos hasta el día de hoy, junto con maestros Ejecutados por su actividad social y política. Algunos de ellos fueron detenidos en sus propias escuelas, desde donde se les perdió la pista para siempre. Se cuentan por cientos, también, los profesores torturados, exiliados y exonerados de sus trabajos.

«No puede haber contexto que justifique asesinar, desaparecer, torturar. No puede haber ningún contexto que justifique aquello», afirma contundente Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores, en el día previo a una nueva conmemoración del Golpe de Estado de 1973.

Además, el Golpe de Estado implicó el término del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), la sólida organización gremial y sindical que habían constituido en 1970 los profesores de todo el país junto al personal paradocente de las escuelas. Junto con ello, en el mismo año 1973 la Junta Militar terminó con las Escuelas Normales y su centenaria tradición de formación docente, que había sostenido el crecimiento de la Educación Pública durante todo el siglo XX. Así mismo, el régimen intervino el currículum escolar, modificando la enseñanza que se impartía en las aulas.

El desarrollo de la Dictadura conllevó, también, la municipalización de los establecimientos educacionales del Estado. Este traspaso jibarizó el extenso sistema escolar público construido por décadas en el país, pero además originó la Deuda Histórica que afecta a miles de docentes hasta el día de hoy. En el año 1981, los profesores fueron obligadamente traspasados de su condición de funcionarios públicos a empleados municipales sin respetarles los reajustes a los que tenían derecho, afectando sus sueldos mientras fueron maestros activos y reduciendo sus pensiones una vez jubilados. Una consecuencia más del Golpe de Estado en el profesorado, que se mantiene sin solución hasta hoy.

Por todo ello, 136 docentes víctimas de las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias por motivos políticos son homenajeados permanentemente con una placa recordatoria en el edificio del Directorio Nacional del Magisterio, desde el 2014. Aquel edificio, a su vez, lleva el nombre de Manuel Guerrero Ceballos, otro profesor víctima de la Dictadura. Recientemente, además, el Salón de Recepción de la Casa del Maestro de Santiago fue renombrado en honor a Juan Antonio Gianelli Company, maestro y dirigente del SUTE, hecho desaparecer por el Comando Conjunto en 1976.

«Junto con recordar a nuestros colegas y llevarlos muy presentes en nuestras mentes y corazones, es importante también un compromiso como educadores con una cultura de los Derechos Humanos para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir tragedias como esta, para que nunca más en Chile los Derechos Humanos sean pisoteados como ocurrió en ese período», reflexiona el Presidente del Magisterio.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en dos causas por violaciones a los derechos humanos que investigaron en primera instancia los ministros en visita Hernán Crisosto Greisse y Mario Carroza Espinosa, respectivamente.

En el primer fallo (causa rol 266-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Leopoldo Llanos, María Luisa Riesco y la abogada (i) Paola Herrera– condenó a nueve ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Vicente Segundo Palominos Benítez, víctima de la denominada «Operación Colombo».

Fallo que condenó a los ex agentes: César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, Orlando José Manzo Durán deberá purgar 4 años de presidio, como coautor; y Manuel Heriberto Avendaño González, Pedro Ariel Araneda Araneda, Alejandro Francisco Astudillo Adonis y Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra fueron sancionados con 3 años de presidio.

En la etapa de investigación, el ministro de fuero Hernán Crisosto logró establecer los siguientes hechos:
«En horas de la tarde del día 16 de septiembre de 1974, Vicente Segundo Palomino Benítez, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública, en el centro de Santiago, por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Días después, el día 19 de septiembre del mismo año, cuatro agentes armados condujeron a Palomino Benítez al lugar donde éste ejercía como fotógrafo, ubicado en calle Santa Genoveva N° 1353, de Quinta Normal, donde allanaron el lugar siendo vistos por testigos, entre ellos familiares y vecinos, quienes apreciaron que el detenido no podía caminar por sus propios medios.
Posteriormente, se pudo establecer, a través de distintos testimonios, el paso de Vicente Palomino Benítez por los recintos clandestinos de detención de la DINA, denominados «Londres 38», ubicado en dicha dirección de la comuna de Santiago y «Cuatro Álamos», ubicado en calle Canadá N° 3000, de Santiago, recintos que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA.
Que el ofendido Palomino Benítez durante su estada en los cuarteles de Londres 38 y Cuatro Álamos permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dichos cuarteles con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización.
Que la última vez que la víctima Palomino Benítez fue visto por otros detenidos ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, encontrándose actualmente desaparecido.
Que el nombre de Vicente Segundo Palomino Benítez apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Vicente Segundo Palomino Benítez había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros.
Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Palomino Benítez tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior«.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 (cien millones de pesos) a familiares de la víctima.

Decisión adoptada con el voto en contra del ministro Llanos.

Villa Robert Kennedy

En el segundo fallo (causa rol 833-2016), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Hernán Crisosto, Elsa Barrientos y Nora Rosati– condenó a dos miembros de Carabineros en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio de Nelson Jorge Flores Zapata. Ilícito perpetrado el 2 de octubre de 1973, en la villa Robert Kennedy.

En la resolución, el tribunal de alzada condenó a Miguel Ángel Álvarez Muñoz y Luis Alejandro Duarte Arriagada a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito.

En la etapa de investigación, el ministro Mario Carroza logró establecer los siguientes hechos:
«El día 2 de octubre de 1973, cerca de las 03:00 horas, un grupo de al menos cinco funcionarios de Carabineros de Chile, de dotación de la tenencia Vista Alegre, comuna de Maipú, ingresaron al domicilio ubicado en Pasaje Terao N° 1.374, de la villa Robert Kennedy, población Alessandri, de la citada comuna, en el cual vivía Nelson Jorge Flores Zapata, a quien detienen y trasladan desarmado hasta el patio del inmueble, lugar donde éste habría comenzado a forcejear con el cabo primer Miguel Ángel Álvarez Muñoz, situación que lleva al carabinero Luis Alejandro Duarte Arriagada a percutar en contra de Flores Zapata una ráfaga de balas, con una subametrallora UZI, y lo mismo el carabinero Miguel Ángel Álvarez Muñoz, con su armamento fusil ZIG, a raíz de lo cual Nelson Flores Zapata resulta con múltiples heridas a bala«.

En el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $100.000.000 (cien millones de pesos) a familiares de la víctima.

La Corte de Apelaciones dictó sentencia por el crimen del ex militante del MIR Vicente Segundo Palomino. También hubo condenas para ex carabineros por la muerte de Nelson Flores Zapata, ocurrido en la Villa Robert Kennedy.

Nueve ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fueron condenados este lunes por la Corte de Apelaciones de Santiago a diversas penas, por el delito de secuestro calificado de Vicente Segundo Palomino Benítez, una de las víctimas de la Operación Colombo.

Los condenados son César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, a penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito; Orlando José Manzo Durán, a cuatro años de presidio, como coautor; y Manuel Heriberto Avendaño González, Pedro Ariel Araneda Araneda, Alejandro Francisco Astudillo Adonis y Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, a tres años de presidio.

El fallo fue entregado por la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Leopoldo Llanos, María Luisa Riesco y la abogada Paola Herrera. El primero de éstos votó en contra de la sentencia que condenó al Fisco a pagar cien millones de pesos como indemnización a la familia de la víctima.

Durante la investigación, el ministro de fuero Hernán Crisosto estableció que Palomino, militante del MIR, fue detenido el 16 de septiembre de 1974 en el centro de Santiago, por agentes de la DINA. Tres días después, cuatro agentes armados lo condujeron al lugar donde trabajaba como fotógrafo, en Quinta Normal, “donde allanaron el lugar siendo vistos por testigos, entre ellos familiares y vecinos, quienes apreciaron que el detenido no podía caminar por sus propios medios”.

Posteriormente, el detenido pasó por Londres 38 y Cuatro Álamos, sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, sometido a interrogatorios bajo tortura para obtener información sobre el MIR.

La última vez que Palomino fue visto por otros detenidos fue en octubre de 1974. Luego desapareció y su nombre figuró entre las 119 personas involucradas en la Operación Colombo.

Crimen en Villa Robert Kennedy

Por otra parte, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones, integrada por los ministros Hernán Crisosto, Elsa Barrientos y Nora Rosati, condenó a dos oficiales retirados de Carabineros por el homicidio de Nelson Jorge Flores Zapata, ocurrido el 2 de octubre de 1973 en la Villa Robert Kennedy.

Los condenados son Miguel Ángel Álvarez Muñoz y Luis Alejandro Duarte Arriagada, quienes recibieron penas de diez años y un día de presidio, como autores del delito.

De acuerdo a la investigación del ministro Mario Carroza, cerca de las tres de la madrugada de ese día, al menos cinco carabineros ingresaron al domicilio de la víctima, en Maipú: “Éste habría comenzado a forcejear con el cabo primero Miguel Ángel Álvarez Muñoz, situación que lleva al carabinero Luis Alejandro Duarte Arriagada a percutar en contra de Flores Zapata una ráfaga de balas, con una subametrallora UZI, y lo mismo el carabinero Miguel Ángel Álvarez Muñoz, con su armamento fusil ZIG, a raíz de lo cual Nelson Flores Zapata resulta con múltiples heridas a bala”, se estableció.

En este caso, el Estado también deberá indemnizar a la familia de la víctima con cien millones de pesos

Para Vicente Palomino Benítez

A Vicente Palomino, desaparecido, un ex preso sobreviviente lo recuerda especialmente porque Vicente, junto a otro ex alumno de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Héctor Zúñiga Tapia, hacía clase de matemáticas a los detenidos y organizaba partidas de ajedrez. Los presos los llamaban "Los Matemáticos". Pero en rigor, Vicente Segundo Palomino Benítez, era profesor de Química en el Instituto Pedagógico, exonerado, y cuando desapareció, trabajaba como fotógrafo particular en Quinta Normal. Diez contra uno Militante del MIR, fue detenido en el centro de Santiago, el 16 de septiembre de 1974, entre las 15:00 y 16:00 horas, por un grupo de unos 10 civiles armados con ametralladoras, movilizados en una camioneta de color blanco invierno, cerrada, con carrocería de color rojo, sin patente. Ellos lo llevaron hasta su taller fotográfico de la calle Santa Genoveva, en la comuna de Quinta Normal. Luego del allanamiento los agentes se llevaron todo el material fotográfico. El operativo lo vio, entre otros vecinos Alejandro Catalán Madariaga, quien fue, conminado a no comentar nada de lo presenciado. La hermana de Vicente, Julia Palomino, que interpuso una querella por secuestro, declaró ante el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago el 14 de octubre de 1974, que "el día 16 de septiembre de ese año, mientras se encontraba en calle Santa Genoveva con Vicuña Rosas" observó esos hechos a distancia. Lucía Sepúlveda

Presidente del Magisterio destacó la necesidad de instalar la asignatura de DD.HH. en planes de estudio.

Santiago, 13 de septiembre.- Una delegación del Colegio de Profesores de Chile se hizo presente en la romería al Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General, convocada por la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.

“Esta es una fecha histórica que nos mueve como gremio, en honor a nuestros caídos, y siempre  levantando las banderas de verdad y justicia y pidiendo que se adopten medidas para avanzar en una política nacional de Derechos Humanos”, indicó el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo.

Cientos de personas con banderas, pancartas, lienzos y batucadas, se sumaron a la tradicional marcha que salió desde Plaza Los Héroes, se desplazó por Alameda, San Antonio, Recoleta y terminó con un acto en las puertas del Cementerio General, donde se recordó a las víctimas a 42 años del golpe de Estado.

Gajardo indicó que como gremio se ha planteado la necesidad de reponer la Educación Cívica en todos los establecimientos del país. “Creemos que en todos los planes de estudios se debe instalar como asignatura el tema de los Derechos Humanos. Hemos planteado que se tiene que fortalecer el curriculum e ir creando conciencia para que nunca más se repitan hechos como los que vivió el país, donde hay una herida muy profunda que tenemos que ayudar a sanar y una de esas formas es a través de la educación”, precisó el dirigente.

En el acto central, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que “están equivocados aquellos que creen que esta marcha es sólo para recordar. Es para recordar en la lucha, en las demandas y en el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que con una amplia construcción unitaria, lograron el triunfo popular del Presidente Salvador Allende”.

“Hoy conmemoramos haciéndonos un llamado. Ya basta de sentir que entre nosotros está en enemigo, basta de pedirnos cuenta a cada uno de nosotros de quién es el más consecuente o más revolucionario, porque la realidad nos dice que el pueblo lo está pasando mal y hay que hacer los cambios necesarios”, puntualizó Lorena Pizarro.

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