Ortíz Letelier Juan Fernando

Rut       : 1.611.532

F.Nacim. : 24-06-22; 54 años a la fecha de su detención

Domicilio : Bombero Núñez N°362, Santiago

E.Civil  : Casado; 3 hijos

Actividad : Profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Chile

C.Repres. : Ex Dirigente de la Asociación de Profesores y Empleados de la Universidad de Chile, APEUCH; Ex Miembro del Consejo Superior Normativo de la Universidad de Chile; Ex Secretario General de las Juventudes Comunistas; Miembro del Comité Central del Partido Comunista.

F.Detenc. : 15 de diciembre de 1976

SITUACION REPRESIVA

            Juan Fernando Ortiz Letelier, casado, tres hijos, profesor Universitario, ex-dirigente de la Universidad, miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue detenido por civiles el 15 de diciembre de 1976 en las cercanías de Plaza Egaña, junto a Waldo Ulises Pizarro.

            Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976, fueron detenidas trece personas: once pertenecientes al Partido Comunista -algunos de ellos miembros de su Comité Central- y dos al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Los procedimientos que se utilizaron para detenerlos guardan semejanzas entre sí, particularmente en el hecho de que sus arrestos se realizaron en la vía pública, salvo en un caso, y destacándose que el grueso de las detenciones se verificaron el día 15 de diciembre de 1976, afectando en ese sólo día a siete personas. Y la otra nota común en sus situaciones, fue aquella que proporcionó oficialmente el gobierno militar, en el sentido que prácticamente todos registraban salida de Chile a Argentina, entre fines de diciembre de 1976 o a principios de enero de 1977, versión cuya falsedad quedó establecida judicialmente. La otra característica común a todas estas personas es que hasta la fecha se encuentran desaparecidas.

            Las trece víctimas son: Santiago Edmundo Araya Cabrera, detenido el 29 de noviembre de 1976; Armando Portilla, detenido el 9 de diciembre de 1976; Fernando Alfredo Navarro Allende, detenido el 13 de diciembre de 1976; Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Waldo Ulises Pizarro Molina, Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 15 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz, Carlos Patricio Durán González, ambos detenidos el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, detenido el 20 de diciembre de 1976.

            La persecución de Fernando Ortiz Letelier, se puso en ejecución desde el mismo Golpe Militar de septiembre de 1973: fue separado de su cargo de profesor en la Universidad de Chile, sin ni siquiera respetar sus derechos respecto de una indemnización por sus años servidos en esa casa de estudios. Parte de su biblioteca que se encontraba en esa Universidad -que comprendía diversos estudios y apuntes de clases- fue incautada por las nuevas autoridades universitarias, sin lograrse nunca la recuperación de ese material académico y de propiedad del afectado. En noviembre y diciembre de 1973, personas que dicen ser funcionarios de la Universidad de Chile, preguntan por él en su domicilio de Bombero Núñez N°362; en enero de 1974, agentes de seguridad, fingiendo ser estudiantes universitarios, van hasta el domicilio de la ex cónyuge de Fernando Ortiz, e interrogan a familiares allí presentes sobre la persona de éste; en marzo de 1974, personas que también dicen ser estudiantes, concurrieron a la casa de la hija mayor del afectado, Estela Ortiz; en abril de 1974, sujetos de civil que se identificaron verbalmente como agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, se apersonaron en el domicilio de la madre del afectado, en donde preguntan por el paradero de Fernando Ortiz y de sus actividades; a mediados de este mismo mes de abril, concurrieron nuevamente al domicilio de Bombero Núñez N°362, sujetos que se identificaron como funcionarios del Ministerio del Interior, que una vez más indagaron por su paradero y actividad, con la arrendataria de ese inmueble; a mediados del año 1974, regresaron otra vez al domicilio de la hija del afectado, Estela Ortiz, sujetos que se identificaron como pertenecientes a la Policía de Investigaciones, señalando que querían hablar con ella para saber de Fernando Ortiz; en enero de 1975, sujetos que se identifican como del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile, SIFA, llegan nuevamente hasta el domicilio de Estela Ortiz, y además interrogan a vecinos sobre el afectado; durante el año 1975, nuevas "visitas" se hicieron: a mediados de este año volvieron dos o tres veces más al domicilio de Bombero Núñez, hablando con la arrendataria y con vecinos de allí; en septiembre del mismo año, dos civiles y un militar fueron hasta la casa de los consuegros de Fernando Ortiz, preguntando por su hijo Pablo, y ante la preocupación demostrada por los moradores de la casa, el militar reaccionó diciéndoles que no se preocuparan, pues no buscaban a Pablo, sino a su padre Fernando Ortiz; en enero del año 1976, sujetos que se identifican como del SIFA y que señalaron cumplir órdenes de la Policía de Investigaciones, hablan con la persona que administra el edificio de Los Leones N°1100, y le exigieron que les entregara una lista de los ocupantes del edificio; llamó el administrador a la Policía de Investigaciones, donde le respondieron que a nadie han enviado para esos trámites, y luego se dirigió a Carabineros de Chile que estaban custodiando una Embajada vecina, los que al ver la identificación de los sujetos, se alejaron del lugar sin hacer nada ni dejar constancia alguna de lo verificado; en los primeros días de agosto de 1976, agentes de la DINA concurrieron al domicilio de Bombero Núñez, donde su arrendatario debió señalar el nombre de la actual esposa del afectado y su domicilio; así, el 7 de agosto del mismo año, hasta la oficina de la actual esposa de Fernando Ortiz, María Luisa Azócar concurrieron sujetos que se identificaron como de la DINA interrogándola sobre el paradero de Fernando Ortiz, y pidiéndole una fotografía de éste; antes de retirarse le advirtieron bajo amenazas que tenían muchos medios para averiguar si ella les había mentido al decirles que no vivía con él y que desconocía su paradero; ese mismo día 7 de agosto concurrieron nuevamente al edificio de Los Leones, manifestándole al mayordomo todas las molestias que han tenido "en su trabajo de búsqueda", porque ni siquiera saben cómo es Fernando Ortiz, y le dejan un número telefónico -el 260929- para que les avise la llegada de cualquier persona que no concurra habitualmente al edificio. También le muestran unas fotografías correspondientes a los hijos mayores de Fernando Ortiz; (se logró determinar fehacientemente que ese teléfono correspondía a un recinto militar, se trataba de Villa Grimaldi, centro clandestino de detención dependiente de la DINA); fue así como en adelante, esos diversos domicilios estuvieron con permanente vigilancia. Los últimos hechos relacionados con la búsqueda, antes de que Fernando Ortiz fuera detenido, ocurren el 23 de noviembre de 1976, fecha en que personas que se hicieron pasar por compañeras de estudios de Estela Ortiz, indagaron información respecto a si ella vivía con su padre.

            El 15 de diciembre de 1976, alrededor de las 16:00 horas, su hijo Pablo dejó a su padre Fernando Ortiz en las cercanías de la Plaza Baquedano, con el compromiso de volverse a encontrar nuevamente en el Aeropuerto Internacional Pudahuel con más familiares, para despedir a María Luisa Azócar -esposa del afectado- que viajaría a México el día 17 de diciembre.

            Fue ese mismo día 17 de diciembre, por la tarde, en que Pablo Ortiz, estando en casa de sus hermanas, recibió a una persona de unos 30 años que llegó preguntando si ahí vivía algún familiar de Fernando Ortiz, cuando Pablo le indicó que era su hijo, el hombre le manifestó que debía comunicarle que su padre, junto a un señor Pizarro, había sido detenido el 15 de diciembre de 1976.

            El hombre aquel que dio información, era desconocido para Pablo Ortiz; fue la primera y última vez que lo vio, nunca más supo de él, pues éste le dijo que no podía darle su nombre ni más detalles. Se hace presente que, aparte de este testigo, hubo otros más pero que por temor no quisieron prestar una declaración jurada o comparecer ante un Tribunal para declarar sobre los hechos.

            Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: el 15 de diciembre de 1976, aproximadamente a las 19:00 horas, en circunstancias que Fernando Ortiz y Waldo Pizarro caminaban por Avenida Larraín, a pocos metros de la Plaza Egaña, de tres vehículos sin patente, descendieron individuos que por sorpresa golpearon violentamente a Fernando Ortiz y a Waldo Pizarro, causándoles lesiones y quedando hasta días después manchas de sangre en la acera.

            Los sujetos portaban capuchas con las que rápidamente cubrieron a ambos apresados, para en seguida introducirlos a uno de los vehículos que utilizaron para esta rápida acción, y retirarse del lugar.

            Desde esa fecha, Fernando Ortiz y Waldo Pizarro se encuentran en calidad de desaparecidos (ver el caso de W. Pizarro).

            Con posterioridad, el 3 de enero de 1977 encontrándose su hija Estela Ortiz, en Ahumada esquina Compañía, se le acercó un hombre que se identificó como agente de la DINA, que luego de afirmarle que lo que le diría era porque estaba "asqueado" de todo lo que le había tocado ver y hacer, le ratificó las circunstancias de la detención de su padre, agregándole que había sido torturado brutalmente y que en esos momentos estaba reponiéndose, y que hasta el 2 de enero había estado en Villa Grimaldi junto a otras personas; finalmente, le agregó que se encontraban a punto de ser trasladados al norte del país.

            En el caso de Fernando Ortiz, a diferencia de como sucedió en varios de los demás detenidos del grupo llamado de los trece, el gobierno no entregó la versión de su salida de Chile con destino a Argentina por el paso de Los Libertadores, versión que como se ha dicho en los otros casos, quedó judicialmente establecida su falsedad.

            En efecto, en el proceso rol 2-77, en el que se investigó el caso de desaparecimiento de diez personas del grupo de los trece, en el que se incluyó la situación de Fernando Ortiz, se informó que éste no registraba salida del país.

            Sin embargo, puede entenderse que también se le involucró en la misma maniobra de dar por hecho que había salido del país, teniendo en cuenta lo siguiente: 1) María Luisa Azócar declaró en el proceso rol 2-77 que como "…él estaba siendo buscado… en alguna ocasión me dejó entrever que, a lo mejor, él podría recurrir a una identidad distinta a la suya propia… se me dijo que Juan Fernando utilizó una cédula de identidad a nombre de Mario Poblete… es muy posible que al ser detenido Juan Fernando haya portado la cédula correspondiente al referido Poblete…"; 2) en la hoja de ruta en que se registró la salida del país de Waldo Pizarro, que fue detenido junto a Fernando Ortiz ese día 15 de diciembre de 1976, precediendo el nombre de éste último se consignó el nombre de Mario Poblete Oyarzún, indicándose para ambos, es decir, Pizarro y Poblete, que a pie salieron del país el 21 de diciembre de 1976 para la Argentina; 3) que el número de cédula de identidad que se consignó como dato de individualización de Poblete, resultó que no aparecía en los archivos del Registro Civil e Identificación; y 4) que la anotación en la hoja de ruta, del nombre de Mario Poblete y sus datos de individualización, la realizó el mismo funcionario de la Policía de Investigaciones, Subcomisario Federico Infante Lillo, que hizo lo propio con el nombre y datos de Waldo Pizarro, compañero de detención de Fernando Ortiz.

            Cabe señalar que ante explicaciones que le pidió el Ministro Cerda en el proceso referido al Subcomisario Infante Lillo, se consignó: "…tampoco puedo responder acerca de por qué la cédula de identidad de la línea ocho (se refiere a la de Mario Poblete) no corresponde a quien aparece allí como su titular…".

            Asimismo, debe tenerse en cuenta que el mencionado Infante Lillo fue encargado reo como autor del delito de falsificación de instrumento (hoja de ruta) en el caso de Reinalda Pereira Plaza.

            Por otra parte, se indica que María Luisa Azócar reconoció, como a uno de los sujetos que participó en los hechos persecutorios de Fernando Ortiz, a Manuel Agustín Muñoz Gamboa, apodado "Lolo", Capitán de Carabineros de Chile, que fue encargado reo por el Ministro Cerda en el proceso rol 2-77, como autor del delito de asociación ilícita, y como cómplice del delito de ilegítima privación de libertad de Reinalda Pereira y Edras Pinto Arroyo.

            Cabe hacer presente que el yerno de Fernando Ortiz, José Manuel Parada Maluenda, funcionario de la Vicaría de la Solidaridad, fue secuestrado el día 30 de marzo de 1985 por miembros de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) y -posteriormente- degollado por estos agentes de seguridad, junto a otros dos profesionales comunistas, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

            Hasta la fecha se desconoce la suerte o paradero de Fernando Ortiz Letelier.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 20 de diciembre de 1976, Estela Ortiz Rojas, recurrió de amparo en favor de su padre, recurso que ingresó a tramitación bajo el rol N°1081-76. Solicitaron informes al Ministerio del Interior y a la DINA; la Corte sólo accedió respecto de la primera autoridad, en tanto que sobre la DINA, quedó de resolver más adelante; de la misma forma, se proveyó una solicitud en donde se pidió que se requiriera informe al Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, SIFA.

            El 29 de diciembre, se recibió el informe del Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, General de Ejército, en donde se señaló que el amparado no se encuentra detenido por orden de ese Ministerio, y que no se ha dictado decreto o resolución que le afecte.

            El 31 de diciembre de 1976, la Corte de Apelaciones determinó oficiar al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, Gustavo Leigh Guzmán -miembro de la Junta Militar- encargado reo por el Ministro Cerca en el proceso rol 2-77, como autor del delito de asociación ilícita, a fin de que ordenara que el jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, General Enrique Ruiz Bunger (también encargado reo por el Ministro Cerda en el proceso rol 2-77, como autor del delito de asociación ilícita, y como cómplice del delito de ilegítima privación de libertad de Reinalda Pereira y Edras Pinto) informara en el plazo más breve sobre el caso de Fernando Ortiz.

            Al cabo de un mes, se recibió en el expediente de amparo el informe del Jefe de Inteligencia de la FACH, Enrique Ruiz Bunger, que señaló "…el ciudadano Juan Ortiz Letelier, no ha sido detenido por esta Dirección de Inteligencia…".

            En el intertanto, es decir, dentro del lapso de un mes que se tardó el mencionado informe, se pidió que se recabaran informes a la Policía de Investigaciones, al Servicio de Inteligencia de Carabineros de Chile, SICAR, y a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, a lo que la Corte de Apelaciones resolvió que se estuviera a lo decretado a fs.9, es decir, a la diligencia de Oficio al SIFA.

            El 3 de febrero de 1977, en el alegato del recurso se sostuvo que había antecedentes que permitían presumir que el informe evacuado por el Ministro del Interior adolecía de error, ante lo cual la Corte ordenó pedir nuevo informe a esa Cartera de Estado, cuyo Ministro Subrogante, Enrique Montero Marx, respondió que el afectado no registra antecedentes, ni se ha dictado ni se mantiene pendiente resolución en su contra.

            El 16 de febrero de 1977, sin darse lugar a las peticiones de oficiar a la Policía de Investigaciones, al SICAR y a la DINE, y en vista de lo informado en el amparo, se rechazó el recurso y se ordenó remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen, para que se investigara la posible comisión de un delito en el desaparecimiento de Fernando Ortiz. Se apeló de ese fallo ante la Corte Suprema, a la que se pidió que se requirieran informes: 1) a la Policía Internacional; 2) al Registro Civil e Identificación; 3) a Investigaciones, y 4) al Presidente de la República, General Augusto Pinochet, para que éste último informara sobre el amparado Fernando Ortiz, sobre si había sido detenido por algún organismo de su dependencia, en especial de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, por depender ésta directamente de aquél (escrito de fs.20).

            Más adelante, se pidieron otras diligencias: unas tendientes a que se tomara declaración a testigos de los hechos persecutorios habidos en contra de Fernando Ortiz, y a investigar sobre el número telefónico 260929, que no aparecía la Guía Telefónica (escrito de fs.23); y otras consistentes en que la Corte Suprema dispusiera visitas a lugares de detención en que podía estar el afectado privado de libertad; al efecto se señalaron 13 posibles recintos (escrito de fs.25) donde pudiera estar detenido el amparado.

            El 9 de marzo de 1977, la Primera Sala de la Corte Suprema, dictó el siguiente fallo: Se confirma, en la parte apelada, la resolución de diecisiete de febrero último, escrita a (fs.17 vta) No ha lugar a practicar por esta Corte las diligencias señaladas en los escritos de fs.20, 23 y 25.

            Acordada contra el voto del Ministro señor Retamal, quien estuvo por acoger las peticiones formuladas en el escrito de fs.25, y en los N°s.1, 2 y 3 de la solicitud de fs.20; y también contra el voto del Ministro señor Aburto, únicamente en cuanto fue de opinión de acceder a la petición del N°1 de la presentación de fs.20; y, ambos, por resolver que dichas medidas fueran decretadas como previas para entrar a conocer del recurso.

            Remítase en sobre cerrado al Juez que debe conocer del proceso por desaparecimiento, ordenando instruir en la resolución de fs.17 vta., la nómina de la cual tomó conocimiento el Tribunal y que le fuera acompañada, también en sobre cerrado, para que resuelva como fuere de derecho la solicitud de fs.25.

            El Juez, además, practicará las diligencias pedidas en los N°s. 1, 2 y 3 del escrito de fs.20 y las pedidas a fs.23.

            Acordada contra el voto del Ministro señor Correa, en cuanto se dispone la práctica de la referida diligencia del N°3, quien estuvo por denegarla por la amplitud de su formulación, ya que puede comprender todo el proceso.

            Por otra parte, se recomienda a la Corte de Apelaciones de Santiago, que amplíe este proceso a la Visita Extraordinaria que practica el Ministro señor Guastavino, por desaparecimiento de personas.

            Conforme a la recomendación que la Corte Suprema hizo a la de Apelaciones de Santiago, ésta determinó pasar los antecedentes relativos a la desaparición de Fernando Ortiz al Ministro Aldo Guastavino, que en Visita Extraordinaria se encontraba conociendo el proceso rol 2-77, por la desaparición de 8 personas del grupo llamado de los trece, incluyéndose así el caso de Fernando Ortiz, cosa que también ocurrió con el de su compañero de detención, Waldo Pizarro.

            Se indica que ya en febrero de 1977, Estela Ortiz, hija del afectado, hizo denuncia criminal ante el 8° Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de secuestro, proceso que el juez Alfredo Pfeiffer Richter, sobreseyó temporalmente en mayo de 1977, determinación que confirmó la Corte de Apelaciones de Santiago.

            Luego que los respectivos recursos de amparo fueran rechazados, familiares de las víctimas solicitaron a la Excma. Corte Suprema la designación de un Ministro en Visita para que se abocara al conocimiento de los 13 desaparecidos ya nombrados. El Tribunal accedió a lo solicitado, pero limitando el ámbito de investigación a sólo 8 de los casos, no incluyendo el de Fernando Ortiz pero, como ya se señaló, al poco tiempo de iniciada la investigación éste fue incluido junto al de Waldo Pizarro.

            La tramitación de esta causa duró cerca de 13 años y se acumularon en ella 21 tomos con más de 9.000 fojas, y la investigación estuvo a cargo de distintos Ministros.

            El máximo Tribunal de la República ordena a la Corte de Apelaciones de Santiago que efectúe tal designación, la que recayó en el Ministro Sr. Guastavino, quien luego de requerir informe al Ministerio del Interior -quien informó que los afectados habían hecho abandono del país por un paso cordillerano, hacia la República Argentina- sobreseyó la causa. Dicha resolución fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al igual que en la segunda oportunidad en que se decretó un nuevo cierre del sumario. Posteriormente, el Ministro Carlos Letelier Bobadilla, vino a subrogar al Ministro Guastavino, cerrando el sumario en agosto de 1978, "no pudiendo adelantarse en la investigación".

            Dicha resolución fue impugnada por los abogados que hicieron ver al Ministro que sí podía adelantar en la investigación, por existir diligencias pendientes solicitadas y porque del estado del proceso surgirían otras por disponer. Fue así como el Ministro Letelier dejó sin efecto su propia resolución, decretando diligencias.

            Más adelante, reasumiendo sus funciones el Ministro Guastavino, decretó sobreseimiento definitivo por aplicación del D.L. 2191 en diciembre de 1980. La Corte de Apelaciones, esta vez, revocó la resolución de cierre del sumario, y el propio Ministro en Visita dejó sin efecto el sobreseimiento decretado, por haberse omitido una formalidad legal. De esta manera continuó la tramitación. Ya en el año 1983 se hizo cargo de continuar la investigación por el "proceso de los trece", el Ministro señor Carlos Cerda Fernández, quien dictó cientos de diligencias, consistentes en citaciones de personas, reconocimientos de lugares y de personas, peritajes, revisión de expedientes criminales, despacho de Oficios recabando informes a servicios del Estado, a ramas de las Fuerzas Armadas, instituciones particulares y otras de vital importancia.

            En suma, recibió cerca de 200 testimonios de testigos presenciales de las detenciones de los afectados y de su reclusión en recintos clandestinos. Entre estos testimonios también se contaron los de miembros de las Fuerzas Armadas, que participaron en Servicios de Inteligencia, como asimismo de funcionarios de Carabineros y de Investigaciones, y de algunos civiles que colaboraron con los servicios de seguridad, como es el caso de Otto Trujillo y de Miguel Estay Reyno (El Fanta).

            En esta etapa se contó con la declaración del soldado primero de la Fuerza Aérea de Chile, Andrés Valenzuela Morales, que en 1984 desertó de esta Institución, quien mediante su declaración dio cuenta y datos que, a mediados de la década del 70, comenzó a operar un llamado "Comando Conjunto" o "Comando Conjunto Antisubversivo" integrado por miembros de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, más algunos civiles que pertenecieron a partidos de izquierda y que luego de ser detenidos por los servicios de inteligencia, sometidos a presiones y/o extorsiones, se transformaron en colaboradores.

            En este grado de investigación, el Ministro Carlos Cerda llegó a establecer datos valiosos y esclarecedores respecto de otros casos de violaciones de derechos humanos, algunos de ellos de desaparecimiento de personas, disponiendo incluso la remisión de algunas piezas del "proceso de los trece" a otros Tribunales que conocían de causas criminales por ellos.

            El Ministro Carlos Cerda dictó durante la tramitación que a él le tocó sustanciar 43 encargatorias de reo; en septiembre de 1983 a dos funcionarios de Investigaciones, por los delitos de falsificación de instrumento público, constituido por la hoja de ruta que daba cuenta de la salida del país y de ilegítima privación de libertad de Reinalda Pereira Plaza y de Edras Pinto Arroyo; y en septiembre de 1985, a Miguel Estay Reyno (El Fanta), como cómplice en los delitos de ilegítima privación de libertad de Reinalda Pereira Plaza y Edras Pinto Arroyo.

            El 14 de agosto de 1986, el Ministro dicta 40 encargatorias de reo por igual número de personas, entre los que se encuentra el ex miembro de la Junta Militar, General del Aire Gustavo Leigh, otros Generales, Oficiales y Suboficiales de Carabineros, Fuerza Aérea y Marina de Chile, detectives de la Policía de Investigaciones y de algunos civiles. Los uniformados estaban algunos en servicio activo y otros en retiro a esa fecha.

            Cuatro de estos 40 reos presentaron queja por no aplicación de ley de amnistía, y la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de septiembre de 1986, deja sin efecto las encargatorias de reo no sólo de los cuatro reos que apelaron sino, por Oficio, de los otros 36 reos. Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema el 6 de octubre del mismo año.

            Ante tal resolución, el Ministro Cerda resolvió suspender su cumplimiento y representar a la Corte Suprema un escrito fundamentando las razones de su determinación. Enterada de esta situación la Corte Suprema, en Pleno del 8 de octubre de 1986, resolvió aplicar medida disciplinaria de suspensión del cargo por 2 meses, con goce de media remuneración, al Ministro Carlos Cerda Figueroa.

            Se nombró como suplente al juez Manuel Silva Ibañez quien, el 23 de octubre de 1986, aplicando el D.L.de amnistía sobreseyó definitivamente el proceso Rol 2-77.

            Los familiares de las víctimas apelaron y la Corte de Apelaciones, el 10 de junio de 1987, confirmó el fallo del juez Silva. Ante esta situación se presentaron recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, Tribunal que en sentencia del 11 de agosto de 1989 confirmó el sobreseimiento definitivo por amnistía de la causa Rol 2-77, que investigaba la suerte corrida tras la detención de Fernando Ortiz Letelier.

            Para mejores antecedentes del proceso Rol 2-77, que investiga la suerte de detenidos desaparecidos del año 1976, ver ficha de Reinalda del Carmen Pereira Plaza, detenida el 15 de diciembre de 1976.

            A propósito de la detención, el 20 de diciembre de 1992, del ex agente del Comando Conjunto y luego del Dicomcar, Miguel Estay Reyno, "El Fanta", en razón de diligencias que se realizaron en el proceso por el degollamiento en 1985 del yerno de Fernando Ortiz, José Manuel Parada Maluenda, familiares de Ortiz Letelier estudiaban los antecedentes para interponer una nueva querella por su secuestro. Miguel Estay Reyno había sido militante comunista hasta 1975, año en que, después de ser detenido por los Servicios de Seguridad, empezó a colaborar con ellos para luego transformarse en uno de sus principales agentes en la represión del Partido Comunista. Antes de la fecha anterior había tenido trabajo partidario con Fernando Ortiz Letelier.

Por Caterine Galaz

A las 12:00 horas el abogado Nelson Caucoto con los familiares de los seis detenidos desaparecidos de los que se tendrían datos certeros sobre su ubicación, se hicieron parte del proceso abierto por el ministro Héctor Carreño para que se investigue la información proporcionada por las FF.AA.

Mañana el juez comenzará las excavaciones en la zona con los peritos del Servicio Médico Legal. Estela Ortiz, hija del desaparecido ex secretario general del PC en la clandestinidad, Juan Ortiz, es una de las familiares que presentaron hoy la querella contra quienes resulten responsables de la desaparición forzada. Hoy justamente es su cumpleaños y, por primera vez, quiso narrar a Primera Línea todos los antecedentes que obtuvo sobre su padre cuando estaba retenido.

– ¿Cómo tomó los datos que se entregaron sobre el paradero de su padre?

– Es un sentimiento muy extraño. Jamás pensé que íbamos a encontrar a mi papá. Pensé que era uno de los casos más difíciles porque fue parte de la última dirección del PC detenida. No hay testigos de la detención, sólo la información que obtuvimos el 3 de enero del '77 por parte de gente de la DINA.

– ¿Qué les dijeron?

– Voy a contar la verdad de toda la información que yo tengo, verdad que nunca he contado. Siempre he protegido a la persona que fue informante, ahora pienso que era absurdo tener esa delicadeza.

– ¿De quién está hablando?

– Son dos personas de la DINA que trajeron el recado y lo hablaron con José Manuel, yo estaba en una pieza contigua. Le dijeron que mi padre estaba en la Villa Grimaldi junto a otras personas y había sido brutalmente torturado, pero que aún respiraba. Eran agentes de seguridad mandatados por otra persona. Es la primera vez que admito esto, porque siempre he dicho que la información me la dio una persona en la plaza de Armas, incluso en el proceso.

Yo inventé un personaje para proteger a esa gente. Hoy les pido a ellos que entreguen más antecedentes y se atrevan a hablar. Ellos saben que les resguardé la vida durante 17 años. Yo los ví, los escuché, fueron a la Vicaría, fue el 3 de enero cerca de la hora de almuerzo.

– ¿Qué hicieron Ud. al recibir la información?

– Yo pedí una entrevista al Presidente de la Corte Suprema que era el señor José María Eyzaguirre, él me recibió después de mucho. Los únicos que se podían constituir en el recinto secreto de reclusión eran él y el ministro del Interior. No quiso ir, aduciendo que tenía que hacer las maletas porque al otro día se iba de viaje. Entre medio él llamó a Manuel Contreras en mi presencia y le dijo que yo tenía esa información y él me estaba diciendo que estaba equivocada y todo era un invento.

Yo le dije que al llamarlo iban a sacar a mi padre y a la otra gente de la Villa Grimaldi, y le dije que él no estaba haciendo nada por rescatar a una persona con vida y, ante la duda, su deber era ir. Él me dijo que no tenía auto y yo le ofrecí ponerle uno a su disposición. Igual no fue.

– ¿Qué hicieron luego?

– Mientras yo estaba en la Corte, mi hermano con mi hermana se paseaban por la Villa Grimaldi y la hermana de mi papá nos esperó en la casa, pensando que yo llegaría con mi papá. Al final no logramos nada".

Luego las personas que nos dieron la información nos dijeron que los iban a trasladar al norte y nos sugirieron que actuaramos rápido. Esa fue la única información que tuvimos de mi padre y de los 13 detenidos. El informe oficial que se nos entregó decía que habían partido a Argentina con actas falsas de la Policía Internacional.

– ¿Qué espera con la información entregada ahora?

– Hay un hecho importante: se reafirma que mi papá estaba vivo el 3 de enero. Manuel Contreras sabía que mi padre estaba ahí, por lo tanto, me gustaría mucho preguntarle a él qué información tiene sobre el caso de los 13.

Nosotros éramos bastante escépticos de saber sobre nuestros padres. Estos seis casos tan certeros le darían validez al informe, porque si no es verdad no es posible creer en nada más.

– ¿Tiene dudas?

– Hay que ver si efectivamente está ahí mi padre. Un especialista me dijo ayer que los instrumentos para entregar coordenadas con minutos y segundos sólo existen desde hace 10 años. Con eso se me abren muchas interrogantes: a mi padre lo mataron ahí, luego uno habló y ubicaron el lugar. ¿Cómo aseguran que es mi padre?, ¿Cómo se acuerdan de un grupo de seis personas que asesinaron ahí y no son los otros seis del grupo?. Es raro.

¿No quedó satisfecha con los informes?

– No, para nada. Es una parte de la verdad, pero quedan miles de interrogantes. Con las pericias se sabrá cómo murieron. Pero hay una parte de la verdad que no sabemos: quién lo detuvo, qué pasó con él, cómo lo torturaron.

– ¿Qué acciones legales seguirán?

– Si hay algo que no me cabe duda es que hay responsables de las FF.AA. que en ese momento podrían haber sido de la DINA o del Comando Conjunto. Por ello, hoy nos hicimos parte del proceso para estos seis casos.

Espero la verdad y la justicia. Algo importante es encontrar los restos de mi padre, pero es sólo una parte. Es insuficiente.

– ¿Qué piensa de las FF.AA.?

– Existe el reconocimiento por primera vez de las FF.AA. respecto que ellos los detuvieron, los torturaron y los asesinaron brutalmente. También al entregar la información están reconociendo su silencio y su complicidad para no entregar la verdad.

– ¿Cree que los militares hicieron una selección expresa de los casos?

– Sí. Pero hay que dejar claro que no hay casos emblemáticos, todos son iguales.

– ¿Qué piensa de las contradicciones del informe?

– Existen varias. Particularmente me gustaría saber qué pasó con Reinalda Pereira. No aparece en el informe, tenemos derechos a sabe si su hijo nació y dónde está. Mil veces nos imaginamos el sufrimiento de los detenidos al ver a una mujer embarazada siendo torturada en su presencia.

Está el caso de Michelle Peña, sólo se dice que fue lanzada al mar tres meses después de su detención. Pero ella fue detenida de ocho meses y medio de embarazo. Hay un testigo que recuerda haberla visto en Villa Grimaldi sin estar embarazada.

– ¿Qué seguridad se puede tener de un informe con tantas omisiones?

– Hay contradicciones importantes. Pero hay que investigar cada uno de los casos. Es un camino más. Hemos recorrido muchos. Los tribunales ahora tienen la responsabilidad de investigar y ver qué es verdad y qué no.

Uno tiene derecho a saber la verdad completa. Es sano para las mismas FF.AA., no sólo desde el punto de vista político, sino en lo humano. Una persona participó en las detenciones, en las torturas, en el nacimiento de un hijo, y siento que esa persona no puede dormir tranquila. Él que manejó el helicóptero cuando los arrojaron al mar, vivos o muertos, que desenterró gente en la década de los 90. Hay un chofer, una persona que metió los restos en bolsas y que arrojó esos restos. En algún minuto mirarán a sus hijos y aparecerá la imagen de lo que hicieron.Para ellos también es liberador que cuenten la verdad completa".

La confirmación de una compleja operación -montada por el régimen militar en el marco de la "Operación Cóndor"- para ocultar su responsabilidad en el asesinato de los detenidos desaparecidos, es una de las consecuencias del informe entregado por las Fuerzas Armadas, en el que aparecen los restos de seis chilenos como enterrados clandestinamente en el sector de Cuesta Barriga. Según el informe, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Lazo Santander, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier y Héctor Veliz Ramírez, todos ellos detenidos desaparecidos, habrían sido enterrados en una fosa clandestina en Cuesta Barriga, luego de haber sido detenidos por los organismos secretos de seguridad en 1976. Esa información viene a confirmar, 24 años más tarde, que la explicación oficial entregada por las autoridades del régimen militar de la época, apoyada en documentos de extranjería argentinos, era falsa y fue fabricada a través de los canales de cooperación entre los servicios de seguridad de las dictaduras del Cono Sur: la Operación Cóndor.
Con esos documentos entregados a los tribunales por el Ministerio del Interior -cuyo titular era el actual senador UDI Sergio Fernández- se paralizó toda investigación de los tribunales y se pretendió convencer a los organismos internacionales que intentaban detener la represión en Chile que los detenidos desaparecidos no existían y que se trataba de "extremistas" que habían escapado de Chile. Que todo era un "invento del comunismo internacional".

El análisis realizado por el Servicio Médico Legal al centenar de huesos hallados en la mina abandonada concluyó que pertenecen al menos a 8 personas. El ministro en visita Héctor Carreño, basado en conclusiones del Servicio Médico Legal (SML), confirmó la indentificación de los restos de los dirigentes comunistas desaparecidos en 1976 Fernando Ortiz y Horacio Cepeda.

Ciento cuatro días después de que los uniformados entregaran antecedentes sobre el paradero de los desaparecidos, la búsqueda sólo ha arrojado resultados positivos en la Cuesta Barriga, donde los restos corresponderían a ocho personas. Hasta ahora sólo dos han sido identificadas. Una pieza dental que permitió identificar al dirigente comunista Fernando Ortíz. Cuatro más que pertenecerían a Horacio Cepeda -otro miembro de la dirección clandestina del PC descabezada en 1976-, además de tres pedazos de cráneo, trozos de falanges y una costilla, es el saldo de la búsqueda de detenidos desaparecidos iniciada hace 104 días, luego de que las Fuerzas Armadas entregaran el informe elaborado a partir del acuerdo de la mesa de diálogo.
Según los datos manejados en tribunales y por los familiares de las víctimas, los restos -encontrados en la Cuesta Barriga- pertenecerían a ocho personas, incluyendo a una mujer. Los mismos antecedentes maneja La Moneda. Así lo señaló el miércoles la asesora presidencial en el tema, María Luisa Sepúlveda, que viajó a Valparaíso tras ser citada a la comisión de DD.HH. de la Cámara. De este modo, de los 1015 casos pendientes consignados en un informe del Gobierno -fechado en octubre del 2000- sólo se ha logrado identificar dos desaparecidos y se han encontrado restos que pertenecerían a otros seis. Un sexto de los casos consignados en el informe de los militares con datos sobre su ubicación exacta, que llegan a 49.

"Han pasado cuatro meses y no se ha encontrado nada. Eso ciertamente es negativo". La frase, pronunciada por el Presidente Ricardo Lagos, corresponde a la primera evaluación pública que el Mandatario realiza sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos, iniciada después de que el 5 de enero las Fuerzas Armadas entregaran un informe con antecedentes sobre el paradero de 200 víctimas, en el marco del acuerdo firmado seis meses antes en la mesa de diálogo.
"Ha habido un reconocimiento muy fuerte. Yo no sé de otras Fuerzas Armadas que hayan hablado de cuerpos tirados al mar. Y eso tiene un valor", agregó el Mandatario, cuatro días después de que los abogados de derechos humanos Pamela Pereira, Héctor Salazar, Roberto Garretón y Jaime Castillo Velasco -quienes participaron en la mesa de diálogo- le enviaran una carta reclamando que La Moneda "no ha cumplido" los compromisos que adquirió en la instancia.
Los profesionales afirman que el gobierno no ha pedido formalmente que el Poder Judicial nombre jueces especiales para investigar los antecedentes aportados por la mesa de diálogo. Y han criticado al gobierno por negarse a formar una instancia que coteje los datos aportados por las Fuerzas Armadas, en circunstancias que hasta ahora sólo se han encontrado algunas piezas óseas de dos detenidos desaparecidos -Fernando Ortiz y Horacio Cepeda- y, al contrario, se han evidenciado errores en el informe castrense.
Pero es un hecho que el gobierno tiene dos dificultades. Por un parte, sabe que la Corte Suprema tiene serias reticencias frente a la posibilidad de nombrar jueces especiales, considerando la vaguedad de los antecedentes entregados. Y, en Palacio, no quieren asumir la responsabilidad de chequear los antecedentes.

Familiares de detenidos desaparecidos señalaron hoy que el renunciado comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, "perdió todo su honor al haber renunciado a la institución, con lo cual se coloca en duda su real aporte en la mesa de diálogo". Los familiares de Linocoyán Berrios, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Navarro, Héctor Ortiz y Héctor Veliz -cuyos restos según los informes de las Fuerzas Armadas habrían sido dejados en la Cuesta Barriga- entregaron una carta al ministro del Interior, José Miguel Insulza, en la cual manifiestan su preocupación por la actitud del jefe naval de haber dimitido a su cargo por pretenciones políticas.
Antonia Cepeda, señaló que "la Armada perdió su honor el dia mismo que hizo lo que hizo con nuestros familiares. También Arancibia perdió su honor cuando entregó a la mesa de dialogo una información confusa de dudosa veracidad y que no ha permitido hasta ahora encontrar los restos de nuestros familiares".

La ministra en visita Amanda Valdovinos confirmó que restos óseos humanos, correspondientes a tres personas, fueron encontrados al interior del Regimiento del Ejército Justo Arteaga, de Colina. La diligencia corresponde a lo ordenado por la Corte Suprema luego de recibir el informe de la Mesa de diálogo que concluyó en enero y que, según los antecedentes entregados por las Fuerzas Armadas, en ese recinto militar estarían sepultados los restos de unas 20 personas.
Caucoto: "Son del Comando Conjunto"
El abogado Nelson Caucoto dijo a La Voz que todos los restos que puedan ser ubicados en el sector de Colina corresponden a víctimas del denominado Comando Conjunto.
Según el Informe Rettig, algunas de las personas desaparecidas son Humberto Fuentes Rodríguez, Luis Moraga Cruz, Ricardo Weibel Navarrete (identificado), Ignacio González Espinoza (identificado), Miguel Rodríguez Gallardo, Nicomedes Toro Bravo, José Sagredo Pacheco, Carlos Contreras Maluje, Juan René Orellana, Luis Emilio Maturana y Juan Gianelli Company, Fernando Navarro Allendes, Horacio Cepeda Marinkovic, Lincoyán Berrios Cataldo, Juan Fernando Ortiz Letelier, Waldo Pizarro Molina, Héctor Veliz Ramírez, Luis Lazo Santander y Reinalda Pereira Plaza, entre otros.
Por esto, el profesional considera "poco eficiente" el sistema de designación de jueces especiales que realizó la Corte Suprema a petición del gobierno. "El sistema ha provocado confusión, porque sin duda que se avanza más con un ministro a cargo de casos específicos".

Cumpliendo con el compromiso verbal asumido con los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga, el gobierno, a través del Programa de Derechos Humanos, solicitó al ministro Héctor Carreño que instruya sumario en el caso de la desaparición de trece dirigentes comunistas en 1976 e investigue los antecedentes que demostrarían que hubo remoción de restos en ese lugar.
Si es acogida la solicitud del Programa, se abrirá un nuevo frente de investigación, pues el mandato que otorgó la Corte Suprema a Héctor Carreño y Amanda Valdovinos -a cargo de la búsqueda de veinte cuerpos en el Fuerte Arteaga- fue sumamente restrictivo desde el minuto que los designó como jueces especiales, pues sólo les comisionó confirmar la veracidad de la información de la Mesa de Diálogo y encontrar los cuerpos que estarían en esas coordenadas, pero nada les dijo sobre esclarecer las circunstancias de las desapariciones investigadas.
Así, a diez meses de esta resolución, sólo ha habido avances en materia de hallazgo de osamentas. De hecho, desde que el 9 de enero comenzó la investigación en el socavón de la mina Los Bronces, ubicada en el kilómetro 12 de la Cuesta Barriga, el proceso se ha visto enturbiado por las limitaciones impuestas por el máximo tribunal.
De acuerdo a los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga no se puede pretender encontrar cuerpos, identificarlos y luego dejar el caso botado. Aseguran que todo juez debe tener como principal misión la verdad y la justicia y, en ese plano, determinar quiénes fueron los culpables de los crímenes de 1976 y quiénes removieron sus cuerpos. Por ello, anticipan que si falla la presentación del Programa presentarán querellas para determinar la remoción de restos de sus parientes, la que aseguran se efectuó, con 90 por ciento de certeza, en 1987.
La remoción de 1987
Una pieza fundamental para investigar la remoción de restos será la información proporcionada por dos testigos a Investigaciones y el mismo tribunal, que declararon que en 1987 camiones del Ejército recorrieron la zona y realizaron operativos, trasladando bultos.
Esta tesis cobra fuerza, porque los peritajes de los expertos del Servicio Médico Legal han determinado que los cuerpos fueron exhumados entre cinco a diez años después de su entierro, lo que queda en evidencia porque los restos que permanecieron en la mina corresponden a aquellos que caen libremente al moverse y no presentan las fracturas propias de un cadáver que no está en avanzado proceso de descomposición.
Si a ello se suma que el propio ex almirante Jorge Arancibia, cuando se desempeñaba como comandante en jefe de la Armada confirmó que la información de restos en Cuesta Barriga fue entregada por su institución, las posibilidades que el juez Carreño inicie una investigación en esa área pone como principales inculpados -nuevamente- a miembros de las Fuerzas Armadas.
Para los familiares de las víctimas estos antecedentes son tan contundentes que ameritan solicitar al Ejército que informe sobre estos trabajos y rompa -parcialmente- el secreto que ofreció la Mesa de Diálogo a las personas que entregaron estos datos, pues en su opinión tendrían alguna participación en el delito de exhumación y remoción de cuerpos.
Entre los familiares existe la creencia que la totalidad de los restos de sus padres y hermanos jamás serán encontrados, pues señalan que luego de remover los restos la práctica habitual fue dinamitarlos o destruirlos y, muy difícilmente se realizaron en ese período operativos para lanzar cuerpos al mar.
Lenta identificación
Mientras los familiares de los desaparecidos aguardan con ilusión el resultado de la diligencia solicitada por el Programa, el Servicio Médico Legal comenzó la larga tarea de establecer la identidad de las osamentas, que de acuerdo al organismo corresponderían al menos a diez personas.
Las 200 piezas encontradas sólo han permitido a la fecha tener certeza de la identidad de dos personas: Horacio Cepeda y Fernando Ortiz, gracias a la comparación de las piezas dentales con radiografías que guardaban sus familiares, aunque sus restos deberán ser evaluados como todos los demás con pruebas de ADN, investigación que se extenderá al menos por un año. Ello, pese a que los familiares esperan que el trámite sea más corto de lo previsto, considerando que se chequearon grupos de osamentas comunes para facilitar los peritajes.
El informe de la mesa de diálogo sólo consigna que en la Cuesta estarían los cuerpos de Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Luis Segundo Fernando Alfredo Navarro Allendes, Juan Fernando Ortíz Letelier y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 13 de diciembre de 1976.
Pero las agrupaciones de derechos humanos y el Informe de la Comisión Rettig suman los nombres de Santiago Edmundo Araya Cabrera (detenido el 29 de noviembre de 1976), Armando Portilla (detenido el 9 de diciembre de 1976), Reinalda del Carmen Pereira Plaza y Waldo Ulises Pizarro Molina, detenidos en el operativo del 13 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz y Carlos Patricio Durán González, ambos apresados el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, arrestado el 20 de diciembre de 1976.
A la fecha los informes forenses han establecido "acercamientos" a las identidades de Héctor Véliz, Alfredo Navarro, Luis Lazo y Lincoyán Berríos, pues sus antecedentes médicos presentan importantes correspondencias con las piezas óseas periciadas en el Servicio Médico Legal. También se menciona a Lizandro Cruz y Carlos Durán que se encuentran entre las víctimas del Partido Comunista.

Entre noviembre y diciembre de 1976 se produjo una verdadera redada del Comando Conjunto sobre altos dirigentes de izquierda. Luego de su muerte a manos de los efectivos de esa unidad, los cuerpos de estas trece personas detenidas fueron arrojados a un socavón de difícil acceso en la Cuesta Barriga y, más tarde, removidos sin que existan antecedentes de su paradero final.
En materia judicial, el caso de los once dirigentes comunistas y dos integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) dan luces sobre el modo de actuar del grupo operativo paralelo a la DINA, el Comando Conjunto que agrupo a representantes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.
Incluso, el Ministerio del Interior de Argentina confirmó que cuatro chilenos – Luis Lazo, Héctor Véliz, Horacio Cepeda y Edras Pinto- ingresaron a su territorio el 6 de enero de 1977, en un vehículo con patente chilena HG-19. Curiosamente los tribunales chilenos, en los que se había presentado una denuncia por presunta desgracia señalaban que Véliz no registraba salida del país y se citaba un informe del régimen militar.
Después de una serie de tentativas judiciales en que los familiares solicitaron ministros en visita, la causa quedó en manos del magistrado Guestavino pero con limitaciones: se indagarían ocho casos y no trece. La tramitación de esta causa duró cerca de 13 años y se acumularon en ella 21 tomos con más de nueve mil fojas. Durante ese período no sólo Guestavino conoció el proceso sino también Carlos Letelier Bobadilla, quien en agosto de 1978 cerró el sumario que reabrió a los pocos meses.
Reasumió entonces Guestavino, quien decretó el sobreseimiento definitivo por aplicación del D.L. 2191 en diciembre de 1980. En un hecho inédito durante este período, la Corte de Apelaciones revocó el cierre del sumario, y el propio ministro en Visita dejó sin efecto el sobreseimiento decretado, por haberse omitido una formalidad legal.
Así en 1983 el proceso recayó en manos del actual ministro de la Corte de Apelaciones capitalina Carlos Cerda Fernández, quien dictó cientos de diligencias, consistentes en citaciones, reconocimientos de lugares y de personas, peritajes, revisión de expedientes criminales, despacho de Oficios recabando informes a servicios del Estado, a ramas de las Fuerzas Armadas, instituciones particulares y otras de vital importancia.
En total sumó cerca de 200 testimonios, entre ellos destaca las declaraciones de miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en Servicios de Inteligencia, como asimismo de funcionarios de Carabineros y de Investigaciones, y de algunos civiles que colaboraron con los servicios de seguridad, como es el caso de Otto Trujillo y de Miguel Estay Reyno (El Fanta).
En esta etapa se contó con la declaración del soldado primero de la Fuerza Aérea de Chile, Andrés Valenzuela Morales, que en 1984 desertó de esta institución y dio cuenta que a "mediados de la década del 70, comenzó a operar un llamado Comando Conjunto o Comando Conjunto Antisubversivo, integrado por miembros de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, más algunos civiles que pertenecieron a partidos de izquierda y luego de ser detenidos por los servicios de inteligencia, sometidos a presiones y/o extorsiones, se transformaron en colaboradores".
En este grado de investigación, el ministro Carlos Cerda llegó a establecer datos esclarecedores respecto de otros casos de violaciones de derechos humanos, disponiendo incluso la remisión de algunas piezas del "proceso de los trece" a otros tribunales que conocían de causas criminales por ellos.
Pero fue el 14 de agosto de 1986 cuando el magistrado asestó su golpe más fuerte, cuando dictó 40 procesamientos por igual número de personas, entre los que se encuentra el ex integrante de la Junta Militar, General del Aire Gustavo Leigh, otros generales, oficiales y suboficiales de Carabineros, Fuerza Aérea y Marina de Chile, detectives de Investigaciones y de algunos civiles. Los uniformados eran algunos en servicio activo y otros en retiro a esa fecha.
Cuatro de éstos presentaron un recurso de queja por no aplicar la Ley de Amnistía y la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de septiembre de 1986, deja sin efecto las encargatorias de reo no sólo de los cuatro oficiales, sino que mediante oficios de la totalidad de los procesados.
Como consecuencia directa de estos encausamientos, el ministro Cerda fue amonestado por el pleno de la Corte Suprema que determinó su suspensión por dos meses del poder judicial.
Desde esa época, las causas del Comando Conjunto se encuentran dispersas en distintos juzgados del crimen y una de ellas, el caso de los trece, es manejada por el ministro Héctor Carreño. Los familiares de las víctimas confían en que por primera vez se acercarán a la verdad y a la justicia, y sostienen que hoy más que nunca merecen saber quiénes detuvieron a sus familiares y quiénes removieron años después sus cuerpos.

Veo a mi padre pidiendo a gritos que lo mataran”: el estremecedor texto de Estela Ortiz ante extradición de secretaria de Manuel Contreras 

La hija de Fernando Ortiz Letelier y esposa de José Manuel Parada, publicó un feroz relato de los crímenes perpetrados en el cuartel Simón Bolívar por los que la ex agente de la DINA, Adriana Rivas, será traída a Chile desde Australia.

Este miércoles la justicia de Australia se pronunció a favor de la extradición a Chile de Adriana Rivas, ex secretaria del director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, quien está acusada por la desaparición de siete dirigentes del Partido Comunista (PC) en 1976, durante la dictadura cívico-militar.

A Rivas se le atribuye responsabilidad en el “secuestro agravado” de Víctor Díaz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada al momento de su detención, todos llevados al centro de exterminio Simón Bolívar ubicado en la comuna de La Reina en la Región Metropolitana.

Juan Fernando Ortiz, una de esas víctimas, era el padre de Estela Ortiz, esposa a su vez de José Manuel Parada, uno de los tres militantes del PC asesinados en el llamado “caso degollados”. Juan Fernando era el secretario general del Partido Comunista en la clandestinidad cuando fue detenido el 15 de diciembre de 1976 y trasladado al cuartel Simón Bolívar.

La jornada de este miércoles, en el contexto de la resolución que la justicia australiana daría en favor de la extradición de Adriana Rivas a nuestro país, Estela Ortiz publicó un estremecedor hilo en Twitter recordando dolorosos y brutales episodios vividos por quienes fueron hechos desaparecer en ese recinto de la DINA donde operó la ex secretaria de Manuel Contreras.

“No puedo volver a retomar el sueño. Desde hace 2 horas pienso y aparecen imágenes de mi padre Fernando Ortiz L, el que pedía gritos en el cuartel de exterminio Simón Bolívar que lo mataran después de quebrar sus huesos hasta q se veían al golpearlo a palos lentamente”, comenzó escribiendo Estela Ortiz, para luego referirse a los otros tormentos padecidos ahí por Horacio Cepeda, Víctor Díaz y Reinalda Pereira.

Se trata de una lista elaborada por el Estudio Jurídio Caucoto Abogados, que integran 14 criminales entre los que destacan personas vinculadas al homicidio de Víctor Jara, a la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y al asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Este viernes, el Estudio Jurídio Caucoto Abogados oficializó la nómina actualizada de los exuniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad.

Se trata de 14 personas, algunas de ellas involucradas en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria,  entre otras investigaciones, detalla un comunicado de la oficina especializada en derechos humanos.

Respecto del listado, lo integran exmilitares, carabineros, exfuncionarios de la Armada, y civiles miembros de aparatos represores de la dictadura, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI) e inteligencia naval, quienes están acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros ilícitos.

Específicamente, este está integrado por:

1.   Jorge Octavio Vargas Bories (oficial en retiro del Ejército, CNI), sentenciado como coautor del asesinato de Federico Álvarez Santibáñez a 10 años y un día.

2. Rubén Aroldo Morales López (oficial en retiro de Carabineros), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

3. Luis Enrique Barrueto Bartning, empresario condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

A ellos, se suman cuatro condenados en el episodio Conferencia II:

4. Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial en retiro del Ejército, DINA)

5. José Miguel Meza Serrano (funcionario en retiro de la Armada, DINA)

6. Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial en retiro del Ejército, DINA)

Todos ellos, están sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, a lo que se adicionan los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a tres años de presidio, respectivamente.

7. Víctor Álvarez Droguett (funcionario en retiro del Ejército, DINA), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Además, está sentenciado como coautor de los delitos de secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Adicionalmente, fue condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

Por último, Álvarez Droguett enfrenta una sentencia de 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

8. Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, oficial en retiro de la Armada, quien fue sentenciado como autor del homicidio calificado y la aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

9.  Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

10.  Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial en retiro del Ejército)

11.  Juan Renán Jara Quintana (oficial en retiro del Ejército), quien junto a Hasse Mazzei está condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal.  Por estos delitos, se les estableció una pena de 10 años y un día por los secuestros, además de 15 años de presidio por los crímenes.

12. Guillermo Salinas Torres (oficial en retiro del Ejército)

13. Pablo Belmar Labbé (oficial en retiro del Ejército)

14. René Patricio Quilhot Palma (oficial en retiro del Ejército)

En el caso de estos tres prófugos de la justicia, fueron condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, y como autores de una asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes, mientras que el delito de asociación ilícita, se sentenció a todos a la pena de 541 días de presidio.

«Sentencias deben cumplirse»

Atendiendo a este listado, el abogado Francisco Bustos asegura que trata de una situación preocupante que debiera ser prioridad para las autoridades. “Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar delitos de lesa humanidad”, sostiene.

“Este deber no se agota con la mera dictación de un fallo condenatorio, estas sentencias deben cumplirse, y en ese sentido, que existan prófugos por cualquier delito, y especialmente 14 prófugos por crímenes de lesa humanidad, representa una falta grave a los deberes estatales”, agrega.

Por último, recalcó que “la judicatura y los querellantes en procesos por delitos de lesa humanidad deben extremar las medidas, incluyendo imposición de cautelares, a fin de evitar esta forma de impunidad”.