Oporto Durán Aliro Segundo

Aliro Segundo Oporto Durán, de 17 años, desapareció el 7 de noviembre de 1973 en el sector de Ralco, en la comuna de Santa Bárbara (VIII Región). Ese día, su familia había viajado a Los Ángeles a buscar a su padre, que salía en libertad, tras haber sido detenido el 11 de septiembre de 1973. A media tarde, carabineros ingresaron al domicilio de Aliro Oporto, donde sólo se encontraba él, dos de sus hermanos, y una vecina. Atemorizado, el joven huyó por la puerta trasera de la casa, lo que fue percibido por uno de los uniformados, que fue tras él y le disparó. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Su cuerpo no fue encontrado. Los antecedentes recogidos por la Comisión permitieron formar convicción respecto de que la desaparición de Aliro Oporto respondió a la acción de agentes del Estado.

El máximo tribunal confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que condenó a ex carabineros y civiles por su participación en la desaparición de 28 campesinos en Santa Bárbara y Quilaco, precordillera del Biobío, entre septiembre y diciembre de 1973.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solís, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella, José Mariano Godoy Acuña, Miguel Cuevas Pincheira, Sebastián Hernaldo Campos Díaz, José Rafael Zúñiga Aceldine, José Secundino Zúñiga Aceldine, José Gilberto Araneda Riquelme, Juan de Dios Rubio Llancao, Julio Rubio Llancao, José María Tranamil Pereira, José Guillermo Purrán Treca, Elba Burgos Sáez, Juan de Dios Fuentes Lizama, Juan Francisco Fuentes Lizama, Sergio D´Apollonio Petermann, Aliro Oporto Durán, Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Felidor Pinto Pinto, Luis Alberto Cid Cid, Luis Alberto Bastías Sandoval, Raimundo Salazar Muñoz, Gabriel José Viveros Flores, Segundo Marcial Soto Quijón y José Roberto Molina Quezada. Ilícitos perpetrados en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, entre los meses de septiembre y diciembre de 1973.

En fallo dividido (causa rol 24.143-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier- acogió los recursos de casación en el fondo deducidos y casó de oficio la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción en junio de 2019, en la parte que consideró a los 10 civiles acusados como cómplices de los delitos y, en sentencia de reemplazo, los condenó en calidad de autores, por haber tenido participación directa en las detenciones y secuestros, como lo había dictado el fallo de primera instancia de la ministra Raquel Lermanda. El fallo dividido se explica porque la ministra Letelier estuvo por mantener las rebajas adoptadas por la Corte penquista.

En la sentencia definitiva quedaron condenados, en calidad de autores de los delitos: el exoficial de Carabineros Planté Euclide Aravena Sáez a la pena de 14 años de presidio; los excarabineros Héctor Isaías Echeverría Beltrán y José Heraldo Pulgar Riquelme deberán cumplir 11 años de presidio; Carlos Santiago Sepúlveda Rivera y el civil Exequiel del Carmen Celedón Barrera, 10 años y un día; los civiles Sergio Amado Fuentes Valenzuela, Luis Enrique Ricardo Antonio Barrueto Bartning y Manuel Darío Barrueto Bartning a 6 años de reclusión; en tanto, los civiles Jorge Denis Domínguez Larenas, Jorge Eduardo Valdivia Dames y José Roberto Valdivia Dames deberán cumplir 5 años y un día de presidio. Finalmente, los condenados civiles Eugenio Villa Urrutia, Juan Carlos Burgos Belauzarán y José Feliciano Gutiérrez Ortiz fueron sentenciados a 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada por igual lapso.

Resultan absueltos por fallecimiento los condenados en primera instancia José Burgos Sandoval, José Godoy Godoy, Pedro Segundo Ruiz Pardo y los implicados y acusados Sergio Salazar San Martín y Sergio Alejandro Pino Cabezas.

Ejecuciones y desapariciones

En la investigación judicial se establecen en detalle los diversos episodios criminales protagonizados por los uniformados y civiles ejecutores de verdaderas razias de exterminio.

Es así que el 13 de septiembre de 1973, un grupo de civiles y carabineros, todos premunidos de armas de fuego y que se movilizaban en vehículos motorizados, llegaron al domicilio de Cristino Humberto Cid Fuentealba, ubicado en la parcela El Rodal, en las afueras de Quilaco, procediendo a detenerlo en presencia de sus familiares, para luego llevárselo caminando desde ese lugar con destino desconocido, haciéndolo desaparecer hasta la fecha.

El 14 de septiembre de 1973 Juan de Dios Fuentes Lizama y Juan Francisco Fuentes Lizama fueron secuestrados desde su domicilio ubicado en una choza del fundo Corcovado, camino a Villacura, en la comuna de Santa Bárbara, por Carabineros y civiles, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su destino.

El 16 de septiembre de 1973, Juan de Dios Rubio Llancao y Julio Alberto Rubio Llancao, fueron detenidos y trasladados a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara a cargo del Jefe de la Unidad, el entonces teniente Planté Aravena Sáez. El mismo día, Guillermo Purrán Treca recurrió a la indicada unidad policial en busca de protección porque no podía regresar a su domicilio, ya que lo había dejado el bus y estaba próxima la hora de inicio del toque de queda, pero le dejan allí en calidad de detenido. En la noche, estos tres campesinos más José María Tranamil Pereira que también había sido detenido, fueron sacados del recinto policial y trasladados hasta el puente Quilaco donde los carabineros les acribillan, desconociéndose desde esa fecha toda noticia sobre los cuatro campesinos.

El 16 de septiembre de 1973, Sebastián Hernaldo Campos Díaz se presentó voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, pues había sido citado anteriormente, quedando detenido sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.

A mediodía del 17 de septiembre de 1973, Elba Burgos Sáez fue detenida por Carabineros en la vía pública en la ciudad de Santa Bárbara, fue subida en una camioneta y se la llevaron con destino desconocido, ignorándose desde esa fecha toda noticia de su paradero o de su existencia.

La tarde del 17 de septiembre de 1973, José Rafael Zúñiga Aceldine, José Secundino Zúñiga Aceldine y José Gilberto Araneda Riquelme, concurrieron voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, cumpliendo con una citación que, a través de un tercero, les había hecho Carabineros de la aludida unidad policial, siendo ingresados a dicha recinto como detenidos, ignorándose desde esa fecha toda noticia sobre su paradero o destino.

En la comuna de Quilaco, en horas de la madrugada del 20 de septiembre de 1973, un grupo de Carabineros y civiles, llegó hasta el domicilio de José Felidor Pinto Pinto, dirigente del asentamiento campesino Campo Lindo, ubicado en el antiguo fundo Huinquén, a quien detuvieron sacándolo de su casa llevándolo con destino desconocido en vehículos desde ese lugar, momento desde el cual nunca más se tuvo noticias de su destino, desapareciendo su rastro hasta la fecha.

En horas de la mañana del 20 de septiembre de 1973 en la comuna de Santa Bárbara, el grupo de verdugos llegaron hasta el fundo 'El Huachi', ubicado a 8 kilómetros de esa comuna, detuvieron a José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy y Desiderio Aguilera Solís, trasladándolos a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, desde donde fueron sacados en horas de la noche con destino desconocido y sin que hasta la fecha hayan sido vueltos a ver o se tengan noticias de sus paraderos.

Más o menos al mediodía de ese día, el mismo grupo se dirigió hasta la villa Loncopangue y también hasta las inmediaciones del fundo Rañiguel del mismo sector, procediendo a detener a Luis Alberto Cid Cid, Luis Bastías Sandoval y Raimundo Salazar Muñoz, siendo subidos a un camión de la Municipalidad de Quilaco que conducía José Feliciano Gutiérrez Ortiz, conocido como 'El Chamo', para luego ser llevados por el camino público que conduce a Quilaco hasta un sendero que lleva a la confluencia de los ríos Bío Bío y Quilmes, donde fueron bajados del vehículo y vigilados por sus captores, se les llevó caminando hasta las riberas de los cursos de agua señalados, momento en que sus aprehensores les habrían disparado con armas de fuego cayendo sus cuerpos al cauce de los mencionados ríos, ignorándose su real paradero hasta la fecha. También ese mismo día, en horas de la tarde fue detenido en Quilaco por un grupo conformado por Carabineros y civiles, el lugareño Segundo Marcial Soto Quijón, fecha desde la cual le hicieron desaparecer.

En la comuna de Santa Bárbara, aproximadamente las 14:00 horas del mismo día 20 de septiembre, el grupo criminal detuvo en el sector Los Junquillos a José Nazario Godoy Acuña, el que posteriormente fue trasladado hasta la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara. Alrededor de las 22:30 horas del 20 de septiembre de 1973 en la comuna de Santa Bárbara, llegaron hasta el domicilio de Manuel Salamanca Mella, ubicado en avenida La Feria sin número en Santa Bárbara, donde le detuvieron en presencia de sus familiares, para luego llevárselo a la Tenencia de Carabineros. En igual fecha, el mismo grupo se dirigió a la pensión ubicada en calle Rosas N° 343 de la comuna de Santa Bárbara, donde detuvieron a José Mariano Godoy Acuña, siendo trasladado hasta la Tenencia donde fueron vistos por última vez, sin que hasta la fecha se les haya vuelto a ver o se tengan noticias de su paradero.

En la noche del 20 de septiembre de 1973, el mismo grupo armado de Carabineros y civiles, llegó hasta el domicilio de Miguel Cuevas Pincheira ubicado en calle Rosas N° 371 de Santa Bárbara y lo detuvieron, en presencia de sus familiares, cónyuge e hijos, sacándolo de su casa y trasladándolo a un lugar desconocido sin que hasta la fecha haya sido vuelto a ver o se tengan noticias de su paradero.

El 23 de septiembre de 1973, en horas de la madrugada, el grupo de verdugos  irrumpió en la hijuela La Palma, en la comuna de Santa Bárbara, para secuestrar desde su domicilio a los campesinos Sergio D'Apollonio Petermann, de 48 años de edad, y a su hijo Carlos Jacinto D'Apollonio Zapata, de 22 años.

A Carlos Jacinto lo trasladan hasta el puente que une las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, sobre el río Bío Bío, donde le pusieron en una de las barandas y le dispararon con armas de fuego, cayendo así al lecho del río. Sin embargo, la corriente arrastró su cuerpo hasta una de las riberas donde horas de la mañana del día siguiente fue encontrado su cuerpo por familiares y conocidos. Estos llevan el cadáver hasta su vivienda y proceden a velarlo para darle luego sepultación, pero en horas de la tarde de ese día, los mismos individuos que le habían secuestrado la noche anterior irrumpieron para sustraer el cuerpo del joven y se lo llevaron para hacerlo desaparecer hasta el presente.

En la mañana del 3 de noviembre de 1973 aproximadamente a las 11:00 hrs., el grupo de Carabineros y civiles llegó hasta la Parcela N° 112 del sector Piñiquihue de la comuna de Quilaco, donde detuvieron a José Roberto Molina Quezada lo sacaron de su casa y se lo llevaron en un vehículo con destino desconocido, momento desde el cual nunca más se tuvo noticias o conocimiento de su paradero.

En la noche del sábado 3 de noviembre, llegaron hasta el domicilio de Gabriel José Viveros Flores ubicado en las afueras de Loncopangue, procediendo a detenerlo en presencia de sus familiares, sacándolo de su casa y llevándoselo con destino desconocido.

Alrededor de las 16:00 horas del 7 de noviembre de 1973, en circunstancias que Aliro Segundo Oporto Durán, de 17 años de edad, se encontraba en una casa ubicada en el sector de Raleo del pueblo de Alto Bío Bío, llegó personal de Carabineros a detenerlo pero el joven arrancó en dirección al  río Bío Bío siendo perseguido por los policías, uno de los cuales le disparó logrando aprehenderlo, momento desde el cual se ignora toda noticia de su paradero o existencia.

Treinta nuevos casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos a nivel nacional, fueron calificados en el último informe de la Comisión Asesora de la Presidencia que conoció nuevas presentaciones referidas a detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, prisioneros políticos y torturados. De ellos, tres corresponden a la región del Bío Bío. Aquí se los presentamos.

Heriberto Gangas Silva, de 32 años, falleció el 18 de marzo de 1977 en el hospital de Concepción, VIII Región, producto de una caquexia cancerosa. Era dirigente del MIR.

Tres años antes de su muerte, el 31 de enero de 1974, el afectado fue detenido por militares en su domicilio en Hualpencillo, Talcahuano. Permaneció privado de libertad en la Isla Quiriquina, donde fue víctima de crueles torturas, posteriormente trasladado a la Cárcel de Talcahuano. El afectado fue sometido a Consejo de Guerra y condenado a 5 años de presidio, por infracción al artículo 8º de la Ley de Control de Armas.

El 8 de enero de 1976, se le otorgó la libertad condicional, sujeta a la vigilancia del Patronato de Reos. A esa fecha se encontraba afectado por un cáncer testicular.

Los antecedentes recabados por la presente Comisión, -en especial el hecho de que el afectado haya sido víctima de crueles malos tratos; que su enfermedad se manifestara
durante su prisión y el escaso lapso de tiempo que transcurrió desde su salida en libertad (enero de 1976) y su muerte (marzo de 1977)-, permitieron formar convicción de que la
muerte de Heriberto Gangas Silva estuvo relacionada con la prisión política de que fue víctima.

Camilo del Rosario Lara Garrido, de 24 años, desapareció en octubre de 1973, en la ciudad de Talcahuano. Era parte del Sindicato de su empresa. En 1999 se descubrió una fosa común en Concepción, VIII Región, la que se conoció como “el sótano”. La investigación realizada con motivo de dicho hallazgo, descubrió la existencia de la autopsia Nº 638 que correspondía a Camilo Lara. El documento señala que murió el 1 de octubre de 1973, producto de múltiples heridas a bala y que su cuerpo fue encontrado en la ribera del río Bío-Bío. Los antecedentes recabados por esta Comisión permitieron formar convicción de que en la muerte de Camilo el Rosario Lara Garrido hubo intervención de agentes del Estado.

Aliro Segundo Oporto Durán, de 17 años, desapareció el 7 de noviembre de 1973 en el sector de Ralco, en la comuna de Santa Bárbara (VIII Región). Ese día, su familia había viajado a Los Ángeles a buscar a su padre, que salía en libertad, tras haber sido detenido el 11 de septiembre de 1973.

A media tarde, carabineros ingresaron al domicilio de Aliro Oporto, donde sólo se encontraba él, dos de sus hermanos, y una vecina. Atemorizado, el joven huyó por la puerta trasera de la casa, lo que fue percibido por uno de los uniformados, que fue tras él y le disparó. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Su cuerpo no fue encontrado.
Los antecedentes recogidos por la Comisión permitieron formar convicción respecto de que la desaparición de Aliro Oporto respondió a la acción de agentes del Estado.

De estas situaciones, dos corresponden a detenidos desaparecidos y el tercero a víctima de violencia política. De esta forma, aumenta a 161 los casos de detenidos desaparecidos de la región del Bío Bío.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.

Pasadas las 23:00 horas del 28 de septiembre 1973, es secuestrado el estudiante de tercero medio del liceo de Mulchén, Jorge Narváez Salamanca, de 15 años de edad y militante del FER, brazo estudiantil del MIR.  La patota que llegó a su domicilio derribó la puerta de la casa a patadas y encañonó con una ametralladora a su madre. En ese grupo había civiles y carabineros, quienes sacaron al menor de edad de su hogar, sin que hasta el día de hoy exista información sobre su paradero. 

La madre de Jorge Narváez Salamanca y otros testigos lograron identificar entre los secuestradores a jóvenes del propio Liceo de Mulchén, como José Horacio Pacheco Padilla, José Pacheco Padilla (19 años), Carlos Campos Pérez (18 años), Rolf During Pholer (19 años), Alberto Raúl Antonio Tirapegui Silva (20 años) y Eduardo Antonio Bopp Negrete. Todos ellos formaron parte de un grupo de civiles que operaba en dicha comuna junto a Carabineros, tras el Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973.  Era común verlos a las afuera del cuartel policial junto a personal policial, entre los que se encontraba el teniente Jorge Maturana Concha.

Cuatro días antes de su secuestro y desaparición, específicamente el 24 de septiembre, Jorge Narváez había sido detenido durante algunas horas, luego de haber sido aprehendido por Carabineros al interior de su liceo, tras una denuncia de jóvenes pertenecientes al grupo paramilitar de ultraderecha Patria y Libertad, algunos de éstos participaron días más tarde en su detención.

Cabe señalar que el Teniente Jorge Maturana Concha y el joven Carlos Campos Pérez son señalados también como responsables del arresto y desaparecimiento de Gabriel Valentín Lara Espinoza, 18 años de edad, estudiante del mismo Liceo de Mulchén. El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 1973, en circunstancias similares a las relatadas en el caso de Jorge Narváez, con quien compartía militancia política al interior del FER, organización estudiantil del MIR.

El caso de Jorge Narváez Salamanca es uno de los 40 casos de infantes y/o adolescentes detenidos desaparecidos en Chile, 8 de estos casos pertenecen a la región del Biobío y están registrados en los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (informe Rettig).

Además de estos 40 menores de edad desaparecidos, este mismo informe Rettig identifica a 150 niños, niñas y adolescentes víctimas de ejecución política durante los 17 años que duro la dictadura militar, siete de ellos en el Biobío.

El posterior informe sobre prisión política y tortura (Comisión Valech) pudo identificar al menos 102 infantes y adolescentes que fueron detenidos o secuestrados por organismos de seguridad del Estado durante la dictadura.  Además, el mismo documento da cuenta de quince mujeres embarazadas que fueron ejecutadas o desaparecidas, de cuyos hijas o hijos se desconoce el paradero.

Por el caso de Jorge Narváez Salamanca existen procesos abiertos en contra de civiles y exfuncionarios de Carabineros, con sentencias de primera instancia.

Otros menores de edad detenidos y desaparecidos de la región Biobío

Segundo Enrique Cabezas Pérez: Tenía 14 años de edad cuando fue detenido junto a su hermano mayor, José Hugo, obrero agrícola de 22 años. Fueron detenidos en su hogar, ubicado en la población El Tránsito de Los Ángeles por personal de Investigaciones, el 5 de octubre de 1973.

Aliro Segundo Oporto Duran: Desapareció el 7 de noviembre de 1973, a los 17 años de edad, en el sector de Ralco, entonces comuna de Santa Bárbara. Ese día, su familia había viajado a Los Ángeles a buscar a su padre, que salía en libertad, tras haber sido detenido el 11 de septiembre de 1973. A media tarde, carabineros ingresaron al domicilio de Aliro Oporto, donde solo se encontraba él, dos de sus hermanos, y una vecina. Atemorizado, el joven huyó por la puerta trasera de la casa, siendo alcanzado por los disparos de uno de los uniformados. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Su cuerpo no fue encontrado.

Víctor Adolfo Ulloa Pino: Tenía 16 años de edad cuando fue detenido el 18 de septiembre de 1973, junto a su hermano, Juan Eladio, en su casa, ubicada en calle Valdivia N°521 en Los Ángeles. Fueron trasladados a la Comisaría de la misma ciudad e interrogados por el capitán Fabres y enviados el mismo día al Regimiento de Los Ángeles.

Según testimonio aportado 17 años después por un testigo que en septiembre de 1973 era conscripto del Regimiento de Los Ángeles, los hermanos Ulloa Pino habrían permanecido encerrados en condiciones miserables en una pequeña garita dentro del recinto militar durante 15 días aproximadamente, y posteriormente sacados del lugar y llevados con destino desconocido.

El 15 de octubre de 2004, tras someter a pericias de ADN fragmentos de osamentas halladas en 1990 en el fundo La Mona, cerca de Los Ángeles, la justicia determino que en dos había ADN de los hermanos Ulloa Pino.

Santos David Melgarejo Rojas, de 17 años, comerciante ambulante, fue detenido por Carabineros de la segunda comisaria de Concepción, el 14 de enero de 1979, en la Población Agüita de la Perdiz.

Erika del Carmen Riquelme Briones: Tenía 17 años de edad y fue detenida cuando venían llegando desde la ciudad de Talca, junto a su hermano, por funcionarios policiales del retén de Carabineros de la población Zañartu. Una persona que estuvo detenida con ellos y que fue liberada al día siguiente, avisó del hecho a la madre de éstos, a quien se le negó la detención de sus hijos.

Juan Antonio Riquelme Briones: Tenía 14 años de edad cuando fue detenido. Venían desde  Talca junto a su hermana Erika, fueron detenidos por funcionarios policiales del retén de Carabineros de la población Zañartu. Una persona que estuvo detenida con ellos y que fue liberada al día siguiente, avisó del hecho a la madre de estos, a quien se le negó la detención de sus hijos.