Norambuena Inostroza Domingo Antonio

DOMINGO ANTONIO NORAMBUENA INOSTROZA

 38 años, casado, trabajador, detenido desaparecido el 11 de septiembre de 1973 en El Abanico, provincia de Bío-Bío.

Domingo Antonio Norambuena Inostroza fue detenido ese día por militares, en el sector de El Abanico, provincia de Bío-Bío. Desde entonces se encuentra desaparecido.

Según declaraciones de testigos, Domingo Norambuena fue detenido en su trabajo, el Aserradero Monte Negro, por una patrulla de militares, por mantener bajo su responsabilidad algunas cajas de explosivos de propiedad del aserradero. Sus familiares, no obstante las diligencias realizadas, no pudieron ubicarlo.

En el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se consigna que en ese sector, Carabineros de Antuco y militares del Regimiento de Los Angeles practicaron numerosas detenciones después del 11 de septiembre de 1973. Varios de esos detenidos, trabajadores de la Central Hidroeléctrica El Toro de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), se encuentran en la calidad de detenidos desaparecidos y declarados víctimas de violación de derechos humanos por esa Comisión. Entre otros, se consignan en este Informe los casos de Mario Omar Belmar Soto, de Bernardo Samuel Meza Rubilar, de Benjamín Antonio Orrego Lillo y de Alamiro Santana Figueroa.

Considerando los antecedentes reunidos y las investigaciones realizadas por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Domingo Antonio Norambuena Inostroza fue hecho desaparecer cuando se encontraba detenido por agentes del Estado. Por tal razón, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.

El teniente coronel (r) Walther Klug Rivera deberá cumplir pena de 10 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestros y homicidios calificados entre septiembre y noviembre de 1973.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González,  dio orden de ingreso –hoy 2 de agosto de 2021-  en calidad de rematado al penal correspondiente al teniente coronel en retiro Walther Klug Rivera, condenado a 10 años de presidio por su responsabilidad cono cómplice en el denominado Episodio Endesa causas por  violaciones a los derechos humanos.

La orden de ingresó se materializó luego de que una corte de Italia accediera a la solicitud de extradición planteada por el ministro en visita Mario Carroza –entonces instructor de la causa- para que Klug Rivera cumpliera la pena dictada en octubre de 2014 condenó a Klug Rivera por su responsabilidad en los secuestros calificados y homicidios calificados en la realización a las víctimas  Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino, Víctor Adolfo Ulloa Pino, Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, DOMINGO ANTONIO NORAMBUENA INOSTROZA , Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar, Manuel Jesús Arias Zúñiga, todos ellos vinculados a las centras hidroélectricas de El Toro y El Abanico, y detenidos entre septiembre y noviembre de 1973 por miembros del Ejército de Chile.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $85.000.000 (ochenta y cinco millones de pesos) a familiares del detenido desaparecido Domingo Antonio Norambuena Inostroza, quien fue visto por última vez en el sector de la central hidroeléctrica El Abanico, el 11 de septiembre de 1973.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, dio orden de ingreso  este lunes en calidad de rematado al penal correspondiente al teniente coronel en retiro Walther Klug Rivera, condenado a 10 años de presidio por su responsabilidad como cómplice en el denominado Episodio Endesa causas por violaciones a los derechos humanos.

La orden de ingresó se materializó luego de que una corte de Italia accediera a la solicitud de extradición planteada por el ministro en visita Mario Carroza –entonces instructor de la causa- para que Klug Rivera cumpliera la pena dictada en octubre de 2014 que lo condenó por su responsabilidad en los secuestros calificados y homicidios calificados en la realización a las víctimas vinculadas a las centrales hidroélectricas de El Toro y El Abanico, y detenidos entre septiembre y noviembre de 1973 por miembros del Ejército de Chile.

La lista de víctimas: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino, Víctor Adolfo Ulloa Pino, Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar, Manuel Jesús Arias Zúñiga.

El Poder Judicial informó en horas de la noche de la internación en el Regimiento de Policía Militar N° 1 Santiago, en la comuna de Peñalolén, a Walther Klug Rivera, criminal de lesa humanidad de la Dictadura chilena que se había fugado del país intentando evadir los procesamientos de la justicia en su contra.

El excoronel Klug Rivera es un conocido miembro de las fuerzas represivas de la Dictadura en el sur de Chile, y hoy es requerido en dos causas por violaciones a los derechos humanos: el secuestro y muerte de 21 trabajadores de Endesa en la comuna de Antuco, Provincia de Bío Bío y el secuestro calificado del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, sede Los Ángeles, Luis Cornejo.

En el primer caso, Klug fue condenado por la Corte Suprema a 10 años de prisión, sin beneficios, por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino; además de los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José "scar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.

En el segundo caso, Klug es sindicado como el responsable de la desaparición del estudiante de Topografía y presidente del centro de alumnos de la sede Los Ángeles de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo.

Klug se había fugado en 2015 a Alemania, aprovechando la liviandad del trato a los violadores de DDHH que se da en nuestro país. Así, utilizó su doble nacionalidad y se benefició de la dificultad de la nación europea para extraditar a sus ciudadanos, aunque sean criminales de lesa humanidad. Sin embargo, en 2019 fue detenido en viaje que realizó a Italia, país desde donde fue extraditado a Chile.

No obstante, pese a la gravedad de los crímenes cometidos -se encuentra condenado por la Corte Suprema-, el criminal de lesa humanidad no fue encarcelado y se fugó nuevamente, esta vez a Argentina, desde donde fue expulsado a nuestro país. Klug no cumplió las cautelares que dictó el Ministro Carlos Aldana -quien no ordenó su detención pese a la existencia de estos antecedentes- por el otro caso por el que está siendo procesado: el secuestro calificado de Luis Cornejo.

La Ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, señaló que Walther Klug Rivera cumplirá en el Regimiento de Policía Militar N° 1 Santiago un periodo de cuarentena de 10 días para luego revisar su situación procesal.

Capturan en Italia a exagente de la dictadura de Pinochet condenado por delitos contra los DDHH.

por Felipe Díaz Montero/ Fabián Polanco/Radio Bío-Bío.

En Parma, Italia, fue capturado Walther Ludwig Klug Rivera, exagente del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) durante la dictadura de Augusto Pinochet y condenado por delitos en contra de los Derechos Humanos (DDHH), según reporta La Repubblica.

En octubre 2014 la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en contra de Klug Rivera por secuestros y homicidios de 23 trabajadores de las centrales El Toro y El Abanico ocurridos en la provincia de Bío Bío durante septiembre de 1973, en el denominado Episodio Endesa.

Posteriormente el exmilitar logró fugarse del país con un pasaporte alemán, por lo que pesaba sobre él una orden de captura internacional.

Según fuentes cercanas a la investigación en Concepción, la Interpol había logrado localizar al hombre hace un tiempo en su lugar de residencia en las cercanías de la ciudad germana de Colonia, desde donde habría viajado al norte de Italia junto a su pareja también chilena.

El coronel en retiro también está procesado por la desaparición del estudiante de la Universidad de Concepción en Los Ángeles, Luis Cornejo Fernández.

No obstante, los cargos por secuestro calificado en la causa a cargo del ministro en visita Carlos Aldana debieron ser sobreseídos luego de la fuga del exuniformado el año 2015, antes que comenzara a cumplir la pena de 10 años y 1 día que dictó en Santiago el ministro de fuero, Jorge Zepeda.

A pesar de su detención, por no existir un tratado de extradición entre Chile y Alemania, y haciendo valer su ciudadanía, es remota la posibilidad que Walther Klug Rivera pueda volver a nuestro país para cumplir la condena en el caso Endesa y menos para enfrentar la investigación del ministro Aldana por la desaparición de Luis Cornejo, indicaron fuentes judiciales a Radio Bío Bío, pudiendo solicitarse sólo que se ordene el cumplimiento de los 10 años en una cárcel alemana.

Corte Suprema dicta sentencia definitiva por secuestros y homicidios de trabajadores de las centrales El Toro y El Abanico

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro y homicidio calificados de 23 trabajadores de la centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico; siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer. Ilícitos perpetrados entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973, y que investigó en primera instancia, el ministro Jorge Zepeda Arancibia.

En fallo dividido (causa rol 17030-2013), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz- rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a:

• Patricio Martínez Moena a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios;
• Walter Klug Rivera a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y
• Ismael Espinoza Silva a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

Condenas que deberán cumplir por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino; además de los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.

En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que fueron ejecutadas o desaparecidas en 1973, en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío.

De acuerdo a la investigación del ministro Zepeda, se logró determinar la siguiente secuencia de hechos:

«a) Que en el sector cordillerano, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, pertenecientes de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA.

1. b) Que los trabajadores de dichas centrales hidroeléctricas, al 11 de septiembre de l973, en su mayoría residían con sus familias en pequeños poblados rurales de dicha área, formando los pueblos de «Los Canelos», «Rayenco», «Polcura», «Antuco», además de campamentos de trabajo de las Centrales Hidroeléctricas de «El Toro», «El Abanico», y más al oriente, atrás de la laguna del Laja, el de «Cuatro Juntas», sector que era denominado «Mallines del Sol», perteneciente al cajón de Alto Polcura», patronímico del río «Polcura», que corre por lugar, donde también los trabajadores pasaban algunos períodos cumpliendo sus labores habituales.
2. c) Que con posterioridad a la fecha antes indicada, al producirse violentamente el cambio de gobierno debido al Golpe de Estado del 11 de septiembre de l973, los trabajadores antes mencionados, como también el resto de la población civil de dichos pueblos, partidarios del gobierno anterior que es depuesto en ese día, en aplicación y conocimiento de una política del nuevo régimen y en un ataque flagrante de la dignidad humana y de la noción de humanidad misma, fueron perseguidas y detenidas por los agentes del Estado, bajo pretexto de que las víctimas pretendían atacar recintos de detención para liberar a personas privadas de libertad por la autoridad militar y/o atentar en contra de las centrales hidroeléctricas en las que muchos de ellos trabajaban, siendo el destino final de ellas, su encierro o privación de libertad en el Regimiento situado en la ciudad de Los Ángeles o en lugares dependientes de esta unidad, y en definitiva muertas y, en otros casos, hechas desaparecer hasta el día de hoy».

La sentencia de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra -en el aspecto penal- del ministro Lamberto Cisternas, quien fue partidario de acoger minorantes de responsabilidad en el caso del condenado Klug Rivera; y la opinión disidente de la ministra Muñoz, quien fue partidaria de acoger la prescripción de la acción civil en el caso.