Mutarello Soza Vitalio Orlando

Rut       : 36.350 Pedro de Valdivia

F.Nacim. : 26-05-45, 28 años a la fecha de su desaparición

Domicilio : Los Castaños 276, Pedro de Valdivia

E.Civil  : Casado, 3 hijos

Actividad : Obrero de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich), Oficina Salitrera de Pedro de Valdivia.

C.Repres. : Partido Socialista, Dirigente de la Juventud. Presidente del Sindicato Industrial de SOQUIMICH, Oficina de Pedro de Valdivia.

F.Detenc. : 12 de septiembre de 1973

 

 SITUACION REPRESIVA

            Vitalicio Orlando Mutarello Soza, dirigente sindical de Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, militante socialista, fue detenido el día 12 de septiembre de 1973. Durante el día 11 de septiembre se transmitieron insistentes llamados radiales a todos los dirigentes de los partidos de izquierda y del Gobierno de la Unidad Popular, a fin de que se presentaran en la Subcomisaría de Pedro de Valdivia, mencionándose el nombre del afectado entre los de aquellos cuya presencia era requerida. Por esta razón, Vitalio Mutarello Soza, dirigente socialista, padre de tres hijos, se presentó voluntariamente en ese recinto el día 12 de septiembre de 1973 alrededor de las 10 hrs. desconociéndose su paradero desde entonces. El 13 de septiembre, Sonia Aros, cónyuge del afectado, concurrió al recinto policial a inquirir información sobre él. Allí fue atendida por el Capitán de Carabineros, Gerardo René Maluje Abraham, quien le dijo que el afectado no se había presentado en esa unidad y que existía "orden de matarlo" en cualquier punto del país en que fuera encontrado.

            A partir de entonces todas las gestiones tendientes a ubicarlo resultaron inútiles. Sonia Aros recorrió cárceles, comisarías, hospitales. Nada logró saber de él. Sólo el 19 de diciembre de 1974 obtuvo una respuesta, del General de Brigada Rolando Garay Cifuentes, Jefe de la Zona en Estado de Sitio e Intendente de la II Región. En una carta firmada por él, se aseguraba que efectivamente Vitalio Mutarello "se presentó en la Subcomisaría de Pedro de Valdivia el 12 de diciembre de 1973, alrededor del mediodía. Posteriormente fue dejado en libertad, ordenándosele en forma verbal "que quedaba con arresto en su domicilio". Decía además que "posteriormente, junto con procederse a la detención de Jorge Cerda Albarracín se dispuso también la de Vitalio Mutarello Soza, orden que no pudo cumplirse por no haberse encontrado en ningún lugar a dicha persona". El General Garay agregaba que creía que "Mutarello logró escapar del país ante el conocimiento y temor de ser juzgado".

            Además hubo testigos que entregaron informaciones a Sonia Aros en el sentido de haber visto a la víctima detenida en los calabozos de la Subcomisaría de Carabineros de Pedro de Valdivia. Incluso ella logró averiguar que el 13 de septiembre de 1973, Vitalio Orlando Mutarello Soza había sido sacado del recinto policial, malherido y envuelto en una frazada, en una camioneta color verde que se dirigió a la Pampa, por la carretera que conduce a Antofagasta.

            Las circunstancias del desaparecimiento de Mutarello Soza podían inscribirse en el hecho de que dos personas con quienes compartía la dirección del Partido Socialista en la localidad -Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas- fueron fusilados el 20 de septiembre de 1973, tras ser detenidos por las mismas fuerzas policiales de Pedro de Valdivia.

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 26 de noviembre de 1973, Sonia Aros Montenegro presentó una denuncia de Presunta Desgracia por la desaparición de su esposo, en el Juzgado del Crimen de Pedro de Valdivia, la que fue rolada con el N°335-73.

            Dado el momento que se vivía en el país y el hecho de tener que realizar gestiones ante las mismas autoridades policiales que habían detenido a su marido, optó sólo por denunciar que el afectado había salido de su domicilio el 12 de septiembre de 1973 sin decir a dónde se dirigía, y que no volvió a saber de él.

            Durante el corto tiempo que duró la tramitación del proceso, el juez expidió una orden de investigar a los carabineros de la Subcomisaría de Pedro de Valdivia. El 7 de diciembre de 1973 éstos informaron al Tribunal no haber obtenido antecedentes que permitieran la ubicación de la víctima, agregando "existe la posibilidad que la mencionada persona (Vitalio Mutarello) se encuentre escondida por orden del Partido en espera de poder actuar en acciones de guerrillas o bien se hubiere ido por esta misma razón al extranjero". La diligencia la realizó el suboficial Arturo Contreras Tamayo y la signaban el Capitán y Subcomisario Gerardo René Maluje Abraham y el Teniente Osvaldo Aniceto Muñoz Sanhueza. En esa oportunidad no se hizo ni una sola mención al hecho de que Vitalio Mutarello Soza había sido detenido y recluido en la misma Subcomisaría en que ellos se encontraban. La causa fue cerrada y sobreseída -sin que se realizaran otras diligencias- el 25 de enero de 1974 por "no encontrarse acreditada la existencia de algún delito". La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la resolución del Juzgado de Pedro de Valdivia el 31 de enero del mismo año.

            En noviembre de 1979, Sonia Aros presentó una querella por secuestro, lesiones graves y posible homicidio calificado en la persona de Vitalio Orlando Mutarello Soza, en el Juzgado del Crimen de Pedro de Valdivia. En la presentación se señalaba como responsables de la comisión de los delitos mencionados al Capitán de Carabineros, Gerardo René Maluje Abraham, al Teniente Osvaldo Aniceto Muñoz Sanhueza, al suboficial Arturo Contreras Camayo y a la dotación de carabineros de la Subcomisaría de la oficina de Pedro de Valdivia.

            Se solicitó al Tribunal la citación de los carabineros y de testigos que habrían visto recluido a Mutarello en la Subcomisaría, haciéndosele notar la contradicción existente entre el oficio de Carabineros de fecha 7 de diciembre de 1973 y la carta del General Rolando Garay Cifuentes en la que se decía que Vitalio Mutarello efectivamente se había presentado ante Carabineros de la oficina de Pedro de Valdivia el 12 de septiembre de 1973, quedando detenido. No obstante todos los antecedentes, los carabineros Gerardo René Maluje, Osvaldo Aniceto Muñoz y Arturo Contreras, negaron, en sus respectivas declaraciones ante el Tribunal, la detención del afectado, señalando que no era efectivo se hubiera entregado y/o ingresado en el recinto policial. Las contradicciones fueron evidentes.

            Aunque no existen mayores antecedentes relacionados con esta querella, sí ha quedado claro que Vitalio Orlando Mutarello Soza fue detenido y que la suerte corrida por él, aún no ha podido ser dilucidada.

 

Máximo tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia que condenó al suboficial en retiro de Carabineros Arturo Óscar Contreras Tamayo a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, en calidad de cómplice del delito de secuestro calificado del dirigente sindical Vitalio Orlando Mutarello Soza.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia que condenó al suboficial en retiro de Carabineros Arturo Óscar Contreras Tamayo a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, en calidad de cómplice del delito de secuestro calificado del dirigente sindical Vitalio Orlando Mutarello Soza. Ilícito cometido a partir de septiembre de 1973, en la oficina salitrera Pedro de Valdivia, comuna de María Elena, provincia de Tocopilla, actual Región de Antofagasta.

En fallo unánime (causa rol 23.156-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y el abogado (i) Ricardo Abuauad– descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la resolución que condenó a Contreras Tamayo como cómplice del delito, al descartar que haya tenido una participación directa en los hechos.

“Que, en lo que respecta al primer motivo de casación en el fondo hecho valer por el impugnante, y como ya lo ha sostenido esta Corte en sentencia dictada en los autos Rol N° 34.392-2016, de 21 de marzo de 2019, es menester señalar que no habiéndose establecido vulneración de las normas reguladoras de la prueba, los hechos asentados por los juzgadores del grado resultan inamovibles –en el caso de autos, aquellos relativos al grado de participación atribuido al encartado Contreras Tamayo–, de lo que se colige que las alegaciones del querellante deben ser analizadas a luz de tales hipótesis fácticas, por cuanto no es dable que esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado”, sostiene el fallo.

“En tal sentido, y habiéndose determinado como un hecho de la causa que el acusado Contreras Tamayo no tuvo una participación directa en los hechos, sino que cooperó a la ejecución de los mismos por actos anteriores o simultáneos, la conclusión arribada en el fallo en revisión –acerca de su grado de participación–, resulta acertada, descartándose con ello la existencia del error de derecho denunciado por el querellante en su primer acápite de casación en el fondo”, añade.

En la sentencia recurrida, la Corte de Apelaciones de Santiago tuvo por probados los siguientes hechos, establecidos en primera instancia por el ministro en visita Mario Carroza: 

“1°.- Que en septiembre de 1973, luego del pronunciamiento militar, en la Provincia de Tocopilla, la Prefectura de Carabineros decide instaurar en la zona una Fiscalía Militar al mando del Subprefecto de Carabineros y otorgarle para cumplir su labor el apoyo de funcionarios de Inteligencia de Carabineros, pasando en este caso a ser éstos el dispositivo de represión para militantes o simpatizantes de izquierda.
En cumplimiento de sus funciones inician operativos destinados a practicar allanamientos, detención de personas para encerrarlos en calabozos de la unidad policial e interrogarlos bajo tortura, quienes luego en su mayoría fueron trasladados la ciudad de Antofagasta u objeto de Consejos de Guerra, donde algunos fueron condenados a muerte y otros ejecutados sin proceso previo;
2°.- Que este modus operandi fue recurrente en toda la Provincia de Tocopilla y aquellas unidades que se encontraban bajo el control de la Prefectura y la jurisdicción de la Fiscalía Militar, una de ellas era la Comisaría de María Elena, que a su vez tenía bajo su mando a la Subcomisaria del Campamento Pedro de Valdivia, ésta última al mando del Capitán Gerardo Maluje Abraham y como segundo el Teniente Osvaldo Aniceto Muñoz Sanhueza, además de otros suboficiales que estaban a cargo de los carabineros de la Subcomisaria, como lo fue el Sargento 1° Arturo Contreras Tamayo, quienes replicaron en su jurisdicción las mismas técnicas represivas de la Prefectura, ya que allanaron, detuvieron, encerraron e interrogaron bajo tortura a personas vinculadas políticamente con el Gobierno anterior y que en este caso, correspondían varios de ellos a personas que prestaban servicios a la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia de la Empresa Soquimich;
3°.- Que unido a lo anterior, el Jefe de la unidad tuvo un participación activa en esta represión política, ya que se encargó de efectuar llamados por los medios de comunicación para que dirigentes sindicales de la Empresa se entregaran voluntariamente y prestaran declaración ante ellos, ante esta petición y en la idea que aquellos agentes del Estado que dirigían la unidad policial de la época eran rectos y confiables en su investidura de autoridades de la zona, ya que tenían el deber de velar por la seguridad de toda la población, Vitalio Orlando Mutarello Soza decide presentarse en forma voluntaria el día 12 o 15 de septiembre de 1973, siendo Presidente del Sindicato de Obreros de la Oficina Salitrera;
4°.- Que de esta entrega voluntaria de Vitalio Mutarello a las autoridades policiales de la Subcomisaria de Carabineros, como de su recepción y detención en la guardia de la unidad policial, hubo numerosos testigos y fue reconocido por las propias autoridades, pero al contrario de los supuestos que hicieron que se presentara, quienes tenían el deber de su custodia y garantizarle sus derechos fundamentales no lo hicieron, porque a contar de ese día se deja de tener noticias de su paradero y tampoco pudo establecerse su muerte”.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $130.000.000 (ciento treinta millones de pesos) por concepto de daño moral, a familiares de la víctima.

Nueve, cinco y tres son las edades que los hijos de Vitalio Mutarello Soza tenían al momento de su desaparición forzada, en septiembre de 1973. No saber dónde está su cuerpo ni por qué lo hicieron no fue impedimento para que su familia se mantuviera firme en la demanda de verdad y en mantener vivo su legado sin importar el paso de los años, hecho que los une actualmente a otros miles de niños y niñas que, a pesar de las diferencias que puedan tener en sus historias personales, sí tienen un elemento en común: haber crecido en un contexto marcado por la violencia de Estado. Estas historias representan esos casos, cuyas vidas tuvieron que rearmarse y que hoy, a través de la cultura, la educación, el arte y el periodismo, se levantan con más fuerza que nunca.

A 160 kilómetros de Antofagasta –la capital de la segunda región– se encuentra Pedro de Valdivia, una oficina salitrera abierta en 1931 y que tres décadas después, en 1965, pasa a manos de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), empleando a más de 10 mil hombres y fortaleciendo la economía y la vida social del pueblo.

Vitalio Orlando Mutarello Soza es uno de esos hombres. A sus 28 años trabaja como obrero para abastecer a su esposa Sonia Aros y a sus tres hijos –Giovanna, Marcelo y Fabiola– de todo lo que puedan necesitar y sus fuertes convicciones políticas lo han convertido en dirigente de la Juventud Socialista y presidente del Sindicato Industrial de SQM por tres años consecutivos.

Se inicia la dictadura cívico-militar chilena y el país se remece: desde las universidades en la capital, pasando por las comunas y localidades rurales, los pueblos indígenas en el extremo sur, hasta la extensa pampa donde Vitalio trabaja diariamente. Se instaura un sistema autoritario y con él, la prohibición de cualquier tipo de organización ciudadana opositora que impida “devolver el orden” a Chile, tarea encomendada a las Fuerzas Armadas por su máximo líder, el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte.

En el caso de Pedro de Valdivia fue Carabineros la institución encargada de cumplir esa labor, siendo ellos también quienes a partir de ese mismo 11 de septiembre comienzan, a través de insistentes llamados radiales, a exigir de forma inmediata la presencia de Vitalio y otros compañeros en la subcomisaría del pueblo.

La versión oficial dice que Vitalio se presentó voluntariamente el 12 de septiembre de 1973 a eso de las 10.00 horas y, sin dejar de ser cierta esa historia, falta un detalle relatado por su propia familia. Al darse cuenta de la compleja situación que se había desencadenado en el pueblo y que Vitalio –por su participación en un partido de izquierda– era ahora considerado un enemigo, es protegido por sus compañeros, quienes deciden esconderlo en la planta de SQM. Sin embargo, desde el exterior reciben una terrible noticia: Sonia y sus tres hijos son retenidos como rehenes mientras él no aparezca. La identidad de la persona que inventó ese macabro rumor es desconocida hasta hoy, pero lo que sí se conoce es la reacción de Vitalio, quien al enterarse de ese supuesto hecho decide entregarse y proteger a su familia.

Fue así como al día siguiente del golpe de Estado, Vitalio se presenta en la Subcomisaría de Pedro de Valdivia para resolver el mal entendido, desconociendo las intenciones del capitán Gerardo René Maluje Abraham y el suboficial Arturo Contreras Tamayo, quienes en 2017 fueron sentenciados por el delito de secuestro agravado de Vitalio, y quienes hasta este momento guardan el secreto de lo que ocurrió con él luego de su detención.

Ese mismo día, mientras Sonia esperaba que su marido volviera también había tres niños ansiando su regreso. Fabiola, la menor de los hermanos, tenía solo tres años cuando Vitalio desapareció, pero a través de las historias que su familia le relata, logra crear imágenes del padre que le quitaron. “Nosotros éramos una familia feliz; mi mamá se dedicaba a sus hijos y mi papá era el que proveía todas las cosas en la casa. Era un hombre afectivo, inteligente y muy querido por su partido, y eso le costó caro”.

Al no saber nada de Vitalio, Sonia se dirigió ese 13 de septiembre a la subcomisaría a pedir información sobre el paradero de su marido. En el lugar, fue atendida por el capitán de Carabineros, Gerardo Maluje, negando haberlo visto el día anterior e incluso, advirtiéndole que en caso de encontrarlo sería asesinado.

Sonia recorrió el pueblo preguntando dónde estaba su marido, sin imaginar lo que vendría días después. “A mi mamá la echaron del pueblo con todos nosotros. Nos tuvimos que venir a Antofagasta, a una casa que mi papá había comprado en la Villa Frei, pero no le hablaban porque todos sabían que era esposa de un dirigente sindical y que estaba desaparecido. Mi mamá vivió mucha soledad”.

“Después tuvo que empezar a trabajar, pelaba pescados y tenía que dejarnos solos en la noche con mi abuela. Al final nos tuvo que internar en un hogar de menores porque había que pagar el dividendo y aún no le otorgaban la muerte presunta a mi papá, así que nos internó para poder trabajar, y el desamparo fue total”, agrega la menor de los tres hermanos.

Luego de presentar una denuncia por presunta desgracia en el Juzgado del Crimen de Pedro de Valdivia el 26 de noviembre de 1973, Sonia debió esperar hasta el 19 de diciembre del ‘74 para recibir una respuesta de las autoridades, quienes a través de una carta firmada por el intendente de la II Región y jefe de la zona en Estado de Sitio, el general de brigada Rolando Garay Cifuentes, reconocían que su esposo se hubiera presentado en la Subcomisaría de Pedro de Valdivia el 12 de septiembre de 1973, sin embargo en ésta sólo se hacía referencia a que Vitalio había quedado con arresto domiciliario y que desde entonces no sabían de él, creyendo que había huido del país. No obstante, reclusos que habían estado con él y que habían quedado en libertad, le relataron tiempo después que lo habían visto por última vez el 13 de septiembre del ’73, en los calabozos de la subcomisaría, herido y subido a una camioneta verde que se dirigía a la pampa.

De vuelta en Antofagasta, la única alternativa era tratar de seguir con sus vidas. Durante años las niñas siguieron en el hogar de menores, lo que las separó de Marcelo, quien se crió solo en un internado. “Fue una infancia muy triste, muy segregada. ‘No te juntes con ella porque su papá es comunista’, le decían los otros padres a mis compañeras. Me faltaban materiales, nadie me prestaba nada. Iba con lo justo. Me aislaban”, relata Fabiola, quien además tiene aún recuerdos vívidos de las burlas de parte de las tías del hogar hacia ella. “Cuando salía Pinochet en la tele decían, ‘mira, tu papá’ y yo era chica, no entendía, así que corría a la tele a ver si era él. En ese entonces tenía 4 o 5 años y a pesar que iba pasando el tiempo y que no sabía hasta ese minuto que era desaparecido, nunca me olvidé que tuve un papá y que no lo vi más”.

Fabiola estuvo en el hogar hasta los 8 años y aunque los años le ayudaron a entender, fue recién en 1990 con el hallazgo de los muertos de Pisagua, cuando comprendió que su propia historia estaba conectada con las de aquellas familias. “Ahí entendí que sí hubo muertos, que sí hubo violaciones a los derechos humanos, que sí hubo torturas. En ese entonces empecé a preguntarme qué había pasado con mi papá”.

“El Estado nos ha abandonado”

Con total claridad de los hechos vividos por Vitalio, Fabiola se unió a su madre y hermanos en la búsqueda de su cuerpo, realizando expediciones en la pampa y contactando a cualquier persona que pudiera tener información acerca de su padre. En 1993 cuando recibieron los negativos de una fotografía tomada dos años atrás.

El 5 de abril de 1991, dos hombres que realizaban exploraciones mineras frente a María Elena encontraron un cadáver. Sin saber qué hacer, llamaron a Carabineros, quienes llegaron al lugar con la jueza Carmen Luz Monroy de la Fuente, el Servicio Médico Legal y dos funcionarios del Museo de María Elena, entre ellos Claudio Castellóm, arqueólogo y experto en patrimonio. “Al llegar al lugar levantaron el cuerpo y la jueza le dijo a Claudio, que era el director del museo, que sacara una foto, se la entregara y no hiciera ningún rastreo más”. Claudio guardó los negativos y al encontrar a Giovanna años después, le entregó esta evidencia. “Cuando revelamos las fotos fue súper impactante; el cuerpo estaba entero y aún le quedaban restos”, recuerda Fabiola.

Su madre y hermana se reunieron con la jueza para averiguar los resultados de los informes del cuerpo que le había entregado Claudio, junto al peritaje realizado en Antofagasta por la médico legista, Jacqueline Blanchard, sin embargo la jueza descartó cualquier similitud con Vitalio. A pesar de eso, tiempo después obtuvieron el informe de la médico legista en el Ministerio del Interior y fue cuando se dieron cuenta que la información no concordaba. “El cadáver no sólo era similar, sino que se ajustaba en la edad del cuerpo, 28 años; data de muerte del año ‘73; caja torácica ancha; estatura; el sexo y los dientes. Todo coincidía”.

¿Qué ocurrió con el cuerpo? En Antofagasta le extrajeron muestras de vísceras y de uno de los dedos para analizar la huella digital, las que fueron enviadas a Santiago. Estando allá dijeron que nunca le habían sacado carnet al fallecido y que las muestras se habían perdido en un incendio. El cuerpo también desapareció. “Lo único que nos quedó fue la foto del cadáver”.

Fabiola recuerda los intentos –nuevamente fallidos– de llegar a la verdad. “Nadie nos responde, nos hacen sentir que sobramos y de cierta forma, el Estado nos ha abandonado”. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, hizo sus averiguaciones, lo que implicó constantes viajes de la familia de Santiago a Antofagasta, y viceversa, sin resultados. «El Servicio Médico Legal no se hizo parte, no se hizo una investigación a fondo, a la jueza la mandaron a buscar para dar su testimonio; no le preguntaron lo que mi hermana contó de la similitud con el cuerpo, sólo le preguntaron qué había ocurrido y ella se refirió al hallazgo del cadáver argumentando que ya no recordaba mucho. Esa fue su declaración y no indagaron más allá.  Según ellos, el cuerpo está en el Cementerio de Antofagasta, pero no hay nada concreto”.

¿Dónde estaba? ¿Qué habían hecho con él? ¿Por qué lo hicieron? Esas son quizás las preguntas sin responder más frecuentes que miles de hijos e hijas como Fabiola se hacen 45 años después de iniciada la dictadura. Pero, ¿cómo se rearman las historias de esas personas? Desde el mismo 11 de septiembre los niños y niñas fueron desplazados a un segundo plano. Debieron crecer en muchos casos sin entender realmente lo que sucedía y, en tantos otros, resignarse al nuevo contexto que se les presentaba. Sin embargo pasó el tiempo: crecieron, se desarrollaron y a pesar de las heridas, hallaron la manera de traer al presente lo mejor de su pasado. Ellos y ellas, hoy más que nunca, tienen algo que decir.

Infancia, desde otros ojos

Más de 1300 kilómetros al sur de Antofagasta, en la ciudad de Santiago específicamente, se encuentra Evelyn Gahona Muñoz. Tiene 48 años, un hermano llamado Yuri al que todos conocen como “Yuro”, es profesora general básica y aunque trabaja en Algarrobo, viaja todos los fines de semana a la capital. Evelyn ama bordar y bailar, participa en un colectivo llamado “Cueca Sola” que realiza intervenciones sociales no solo relacionadas con los derechos humanos, sino también con la comunidad LGTB, mujeres víctimas de violencia, pueblo mapuche y más.

Al igual que enseñar, el baile es su terapia, su momento de conexión con Alonso, padre al que perdió a los 7 años, luego que éste fuera secuestrado en la vía pública el 8 de septiembre de 1975, y que junto con su hermano, su abuelo paterno y la Fundación PIDEE (Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia) son una pieza clave de su infancia. “Para mí, el PIDEE fue una instancia donde me juntaba con niños y niñas que tenían la misma realidad mía, por lo tanto podíamos hablar el mismo lenguaje, poder contarle al otro lo que nos estaba pasando sin miedo. Ahí tuvimos momentos de jugar, de reírnos, de sentirnos un poco más libres”.

Evelyn y Yuro ingresaron a la fundación cuando tenían 9 y 10 años respectivamente, participaban en talleres que se realizaban cada sábado y a pesar del difícil momento en que se encontraban, Evelyn es consciente que gracias a ellos, es capaz de enfrentar hoy la pérdida de su padre. “Es complejo volver a levantarse después de un proceso traumático. Aún tengo imágenes de los allanamientos de mi casa, pero en PIDEE tuve psicólogo, médico y educadoras que nos enseñaron a sobrellevar este tema. Si no hubiéramos tenido esa contención, no sé cómo hubiese funcionado”.

Evelyn

Una separación sentimental, unida a lo vivido en la infancia, desencadenaron una fuerte depresión. En ese momento cuestionó las decisiones que Alonso había tomado y que lo llevaron a ser perseguido por las fuerzas represivas. “En algún momento sentí enojo con él, no era capaz de entender por qué no pensó en nosotros, pero a través del baile he ido comprendiendo que con su postura política no sólo pensaba en mi hermano y en mí, sino que también en sus nietos, sus bisnietos y en todas las generaciones que venían por delante. En ese momento empecé a comprender al Alonso, más que como papá, como un ciudadano de un pueblo y de una nación. Ahí empecé a sanarme”, agrega.

Si bien su padre continúa desaparecido y no hay responsables de su secuestro cumpliendo condenas, Evelyn halló también en la Pedagogía una herramienta de trabajo y una actividad que la une a su padre y le recuerda los días en que él enseñaba a los niños y niñas de su barrio. “Desde chica supe que quería enseñar pero cuando me contaron que él también lo hacía, entendí que llevar el servicio social arraigado en la piel es algo que definitivamente está relacionado con el papá”.

Actualmente Evelyn trabaja con niños y jóvenes, apostando a traspasar la historia a las nuevas generaciones mediante la educación, para que nunca más vuelvan a repetirse hechos como los vividos durante 17 años en Chile. “Como profesores no podemos hacernos los tontos con el tema. Por algo somos docentes, es nuestro trabajo que los estudiantes sean más conscientes, reflexivos pero también críticos. Ahora hay muchos jóvenes a los que no les importan estos temas y es justamente lo que yo quiero cambiar”.

Nada dura para siempre, ni siquiera el miedo

No todos los niños y niñas vivieron la pérdida de manera directa como Fabiola o Evelyn, pero muchos de ellos, tales como Sandra Piñeiro Fuenzalida, tuvieron experiencias traumáticos con las que lidiar. Experimentar el cambio de vida y la pobreza es un recuerdo que ahora ella transformó en una habilidad de poder adaptarse a todo.

“¿Cómo llegué al tema de infancia en dictadura? Porque yo también soy una de las dañadas”. Sandra ha dedicado su vida a la educación y la infancia. Es docente de Historia y diseñadora gráfica de profesión. Hace años trabaja en temas de memoria y derechos humanos, y a través de la muestra plástica “Fragmentos de memorias: no estábamos solos” une fotografías de la época con relatos autobiográficos de quienes fueron niños, niñas y adolescentes durante la dictadura, generando espacios que le permitan tanto a ella como a los participantes de su proyecto, reconstruir la historia colectiva mediante los recuerdos individuales.

Detrás de la destacada profesional que es hoy, reconoce la existencia de una niña criada con miedo, llevada por sus propias vivencias a investigar las repercusiones sociales de haber crecido en un contexto represivo. “Con los 40 años del golpe se produce un estallido de recuerdos, momento en el que, en base a mis propias necesidades de memoria, observo el daño generacional provocado por la dictadura, y decido hacer algo”.

En 2013 comenzó a investigar sobre el movimiento estudiantil secundario y su resistencia contra el régimen; un contacto llevó a otro y de pronto había realizado alrededor de 130 entrevistas a personas de Santiago y San Antonio, entre 2014 y 2016. Posteriormente les daba fotografías de la época para que éstos seleccionaran aquellas que mejor representaban sus experiencias. Así fue montando la muestra que durante 2017 recorrió el país y que a través de cubos y cruces, grafican momentos, sensaciones y declaraciones que le han permitido sacar conclusiones claras acerca de las implicancias de crecer bajo un contexto de violencia de Estado. “Quería visualizar cómo se construyó ese sujeto social y político que vive toda su infancia en una época de dictadura y prácticas genocidas sistemáticas, y que modifica toda su formación valórica y ética, volcándola en un marco de violencia”.

La investigación le permitió sacar conclusiones claras planteando, por ejemplo, que existen diferencias generacionales en la forma de llevar la pérdida y en las necesidades de memoria. “Si hablas con una persona que es hija de o es víctima directa, por mucho que tenga reparado el trauma, la huella es imborrable y hay una pena que se vive siempre. Pero al haber una tercera generación que no vivió el impacto, tiene una huella distinta”. Las resignificaciones y por lo tanto, las consecuencias en las acciones, protagonismos sociales y políticos, son distintas, agrega.

También es enfática en otro punto: la importancia de modificar la visión que las políticas de reparación han provocado a nivel generacional. “Al calificar solo a algunas personas como víctimas directas y a otras no, las políticas de reparación reducen la huella de la memoria y la huella traumática –entendida como un alto impacto negativo–, provocando además que la generación de hijos, o la segunda generación, viva en el dolor y no en la reparación. Por el contrario, el sistema de relaciones reconoce a las víctimas directas pero también entiende que todos somos afectados”.

Para Sandra es fundamental trabajar abiertamente, creando plataformas que promuevan la reflexión y la memoria. “Yo soy de la misma generación, soy parte de ese grupo. Entonces la pregunta es, a pesar de lo que ocurrió, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué aprendimos de todo eso? Es importante hablar sobre lo que nos pasó, lo que nos pasa y en conclusión, qué es lo que vamos a hacer. Hablar es terapéutico, nos vincula social y políticamente. Hablar es un acto reparatorio, tanto para quienes lo vivieron, como para uno que genera la instancia”.

Sandra

Verdad, vocación y compromiso social

Tal como Sandra menciona, es común escuchar que con los 40 años del golpe se dio inicio a un proceso de “destape” social, generado a partir del deseo de las mismas personas por hablar abiertamente de sus vivencias y a ubicar en la palestra los terribles hechos acontecidos años atrás.

En medio de ese proceso de cambio se encontraba Gabriela García Bustos, periodista que para ese entonces trabajaba en la revista Paula, buscando la temática de su reportaje con el que dicho medio conmemoraría los 40 años del régimen.

Nacida el año ’82, y con más de una década ejerciendo en el periodismo, Gabriela decidió profundizar en las marcas invisibles de la dictadura, siendo en ese contexto en el que se encontró con una arista poco tocada al respecto: la infancia.

Su conexión con el tema es innegable, al ser su propio abuelo víctima de torturas en los dos centros de detención en los que estuvo retenido. Pese a eso, Gabriela reconoce que el énfasis es distinto. “Aunque mi abuelo no se refería en detalle a lo que le había ocurrido, me crié escuchando sobre la importancia de mantener vivas memorias y acontecimientos que, a mi parecer, siguen vigentes hasta el día de hoy”, relata.

Habiendo decidido el tema, se unió a ella como co-autora, la también periodista, Alejandra Carmona, comenzando una investigación acuciosa que comenzó con los informes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech) y la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig), en los que hallaron nombres y RUT de algunos niños que habían sido torturados. “El desafío fue poder encarnar esos RUT, darles corazón, alma y cuerpo y saber quiénes estaban detrás de esos números y qué había sido de ellos 40 años después”, agrega Gabriela.

Luego decidieron contactar a la agrupación Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura de Valparaíso y visitarlos para plantearles la idea. Para su sorpresa, lo que esperaban sería una reunión con unos pocos, era en realidad un encuentro con decenas de niños y niñas, convertidos hoy en adultos. “Fue muy sorprendente porque entendimos que era una señal que indicaba las ganas de hablar, así como la posibilidad de escuchar a estas personas y dimensionar la importancia del tema con el que nos estábamos involucrando”.

Después de aquel primer encuentro, les siguieron varios otros donde las periodistas fueron conociendo en detalle las historias y determinando qué harían con cada una de ellas. Lo primero fue optar por las historias de los más pequeños para ese entonces, de esa manera no habría argumentos posibles para justificar lo ocurrido a las víctimas y en segundo lugar, enfocar los relatos desde el presente, demostrando con ello que “los efectos de la dictadura en la niñez no son una cosa del pasado, sino que tienen consecuencias en el presente, y no solo en las víctimas de los atentados a los derechos humanos sino que también en quienes los siguen: sus hijos y nietos”.

Finalmente se publicó el reportaje en profundidad “A 40 años del Golpe: Los Niños violentados”, que junto con causar gran impacto a nivel país, le valió a la revista Paula una nominación al Premio Gabriel García Márquez, otorgado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.

El exitoso recibimiento de la gente le permitió experimentar una vez más la gratificación de trabajar plenamente convencida de sus ideales y de los aportes que su carrera le permite hacer a la sociedad, pero que también le permite ser crítica al respecto. “Se presentaron querellas a propósito de ese reportaje, se produjeron encuentros entre familiares y conversaciones dentro de esos núcleos que no se habían generado en 40 años. Entonces sí, creo que este trabajo produjo cosas que fueron importantes de plantear, pero también creo que este reportaje es un granito de arena para contribuir con esa conversación que aún está pendiente, que es mucho más profunda y que nos involucra a todos como sociedad”, agrega Gabriela.

Tercera generación: resignificando la pérdida

En el momento que las Fuerzas Armadas de nuestro país decidieron utilizar la violencia y la persecución como medida de orden, jamás imaginaron la profundidad del daño que provocarían en los niños y niñas que presenciaron escenas como esas. Sin embargo,  tampoco tuvieron en cuenta que décadas después, esos niños estarían listos para sacar la voz por sus padres, hermanos e incluso, para sanar sus propias heridas. Tal como Fabiola, Evelyn, Sandra y Gabriela, Gianinna Tello Mutarello –nieta de Vitalio– es como tantos otros nietos y nietas de la dictadura, la prueba viviente del infructuoso intento de acallar ideales con abusos.

A pesar de haber nacido el ’84, Gianinna –hija de Giovanna y la mayor de los nietos de Vitalio– creció con recuerdos totalmente diferentes a los de su madre y su tía: las manifestaciones a favor del “No”, el arcoíris, las pancartas y los colores que lentamente volvían a resurgir en Chile.

Ya habían pasado muchos años de dolor, por lo que su familia prefirió no contarle la historia de Vitalio y sólo con el tiempo pudo comprender que las idas a la pampa que su madre y tíos realizaban conformaban un elemento crucial de una época de sus vidas.

Cuando llegó la hora de estudiar una carrera, Gianinna decidió formarse como ingeniera comercial, pero con el tiempo comenzó a percibir en ella, habilidades que más tarde reconocería en su abuelo, desempeñándose como facilitadora del desarrollo personal  y terapeuta gestáltica, dando vida de esta manera al proyecto “En mis zapatos”, que a través de la cultura y las artes, le ha permitido hallar una manera de contribuir con la educación y a su vez, homenajear a Vitalio y todas aquellas personas que se vieron afectadas directamente por la dictadura.

Quedarse en la tristeza no era una alternativa, por lo que en una fusión de disciplinas y aptitudes, decidió crear en 2016 el proyecto “En mis zapatos”, dando vida a dos capítulos más de esta idea. “Caldera en mis zapatos” fue la primera fase, un documental que destacaba lugares turísticos de dicha ciudad y que debido al buen trabajo realizado dio origen a  “Antofa en mis zapatos”, el que en 2017 finalmente se transformó en “Antofa en mis zapatos. La ruta de la Memoria”.

La última parte de este proyecto es la reformulación de la idea inicial, unificando temas de memoria, arte y cultura, teniendo una herramienta que le permita traspasar la historia a las nuevas generaciones. “La idea es contar el paso de la Caravana de la Muerte por la Región de Antofagasta; considerando las ciudades de Calama, Tocopilla y la capital regional, además de incorporar centros de detención, tales como los ubicados en Pedro de Valdivia, María Elena y Chacabuco”, explica Gianinna.

Desde que surgió en 2017, La Ruta de la Memoria ha obtenido importantes avances, como la postulación del proyecto al Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART, y la unión de contenidos de dicho proyecto a las asignaturas de Historia y Formación Ciudadana de algunos establecimientos de Antofagasta. Logros que se deben tanto al esfuerzo de Gianinna como al del equipo que la respalda, compuesto por el actor Johan Lobos Mutarello –primo de Gianinna e hijo de Fabiola–, un grupo de audiovisualistas y ex presos políticos que con esta experiencia pasan de ser “víctimas” a “portadores de historia”, enseñando a los estudiantes lo ocurrido en la región, así como sus propias vivencias de aquellos años.

De esta forma Gianinna ha podido conocer su propia historia, entendiendo tantas cosas que alguna vez se preguntó. “Al no conocerlo ni recibir información tan directa de él, tuve que ir imaginando y deduciendo cuáles eran sus cualidades, pero hace un tiempo me di cuenta que él tenía algo que lo hacía distinto, que poseía un liderazgo diferente y ahí comprendí que podían haber matado el cuerpo pero no su nombre, porque él tenía mucha raíz”. Esto le permitió sacar una conclusión que es la que la motiva a seguir. “A pesar de todo, su imagen más que muerte, trae vida”.

Aunque La Ruta de la Memoria la mantiene ocupada, siempre tiene tiempo para dos cosas fundamentales en su vida: la guitarra y su familia, siendo estos últimos con quienes se une en la participación de agrupaciones relacionadas a los derechos humanos, haciendo resurgir el nombre de Vitalio en un nuevo contexto de amor y resiliencia.

Fabiola, su tía, es otra de las integrantes del grupo familiar que, acompañada siempre de sus hijos, ha podido darle un nuevo significado a lo ocurrido años atrás. “Es cierto, nos pasó; perdimos a mi papá, pero nos volvimos a parar”.

A pesar de haber experimentado la pérdida de su hermano y su madre, años atrás, Fabiola se siente más determinada que nunca a no dejar que el sufrimiento vuelva a ser un protagonista de sus recuerdos. Ahora lleva a tres personas a quienes honrar y que la incentivan a no bajar los brazos y ver, desde la esperanza, la forma de seguir trabajando para que sus experiencias de vida no se pierdan.

Finalmente, ¿qué queda? El 11 de septiembre recién pasado se cumplió un año más del golpe de Estado y con él, recordamos que la historia sangra, duele, pero también sana. La historia sigue, no se acaba y por el contrario, se reconstruye incansablemente. Cada vez que Sandra lleva su arte al país y el mundo, cada vez que Evelyn se para frente a sus estudiantes y educa, cada vez que Gabriela busca en un nuevo tema de reporteo una forma de contribuir con la verdad o cada  vez que Gianinna junto a su tía Fabiola narran la historia de Vitalio, de sus compañeros y de cómo entregó su vida por los suyos. Con ellas y tantas otras y otros la historia sigue sin parar. Y es que al final la historia la construimos todos, los que partieron, los que quedamos y los que vienen.

La historia se transmite. La historia es infinita. La historia continúa.

La Presidenta Michelle Bachelet junto a otras autoridades y dirigentes de organizaciones de derechos humanos, inauguraron unl recordatorio que está a la entrada de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), inmortalizando 380 nombres de sus afiliados caídos en dictadura.

     En el marco de la conmemoración de los 41 años del golpe de Estado de 1973, la Anef inauguró el recordatorio de homenaje a los empleados públicos víctimas de la dictadura.

El memorial tiene los nombres de los 380 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos plasmados en placas de bronce, empleados públicos de diversos sectores, quienes según lo informado por el Ministerio del Interior fueron víctimas del régimen dictatorial.

En la ocasión, asistió la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien señaló que “no se puede construir una comunidad sólida sin hacernos cargo de la violencia que fracturó nuestra sociedad y acabó con la vida de personas maravillosas, como las que hoy reciben nuestro homenaje”, señaló la Mandataria, en su discurso.

Con este memorial cerramos una deuda de la Anef con los trabajadores del Estado –agregó Bachelet. “Necesitamos que esa justicia sea pronto y necesitamos, para que ello sea posible, que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen”, e instó a la Justicia a trabajar por encontrar la verdad.

El presidente de la Anef, Raúl de la Puente, recordó que su organización “fue uno de los sectores más golpeados durante este oscuro periodo”.

El dirigente también recordó la lucha de algunos de los homenajeados, como la de Jorge Peña Hen, Reinalda Pereira, Carlos Prats y el padre de la presidenta, Alberto Bachelet.

A la ceremonia asistieron las representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, y de Ejecutados Políticos, Alicia Lira; junto a la ministra del Trabajo, Javiera Blanco; la ministra de Minería, Aurora Williams; la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa; el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz; Joan Jara, viuda de Víctor Jara; los parlamentarios Tucapel Jiménez, Maya Fernández, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez y Claudio Arriagada; además de dirigentes sociales y sindicales.

Fuente: Prensa Anef.

Entre 5 y 3 años de presidio recibieron Gerardo René Maluje Abraham y Arturo Óscar Contreras Tamayo por el secuestro de Vitalio Orlando Mutarello Soza en la localidad de Pedro de Valdivia.

Gerardo René Maluje Abraham y Arturo Óscar Contreras Tamayo fueron condenados a penas de 5 años y un día y 3 años y un día, respectivamente, por el fallo dictado por el ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.

Según publicó hoy el diario La Estrella de Antofagasta la condena de estos dos miembros en retiro de Carabineros obedece al delito de secuestro agravado de Vitalicio Orlando Mutarello Soza en 1973, específicamente en la localidad de Pedro de Valdivia de la Región de Antofagasta.

De acuerdo a la investigación, el ministro Carroza logró establecer "que tras el 11 de septiembre de 1973, las autoridades comenzaron a hacer una campaña radial para que los dirigentes de partidos de izquierda se presentaran voluntariamente en la subcomisaría de Pedro de Valdivia. En aquellos llamados apareció el nombre de Vitalicio Mutarello, dirigente sindical de la salitrera y militante socialista. Él acudió a la unidad policial el 12 de septiembre, lugar donde permaneció detenido por un lapso de 2 o 3 días y desde el cual se pierde totalmente su rastro".

Posteriormente, de acuerdo a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, donde relatan la vinculación de dos detenidos por Carabineros de Pedro de Valdivia "con la víctima Vitalio Mutarello Soza, quien habría muerto productos de las torturas a las que fue sometido en la Subcomisaría de Pedro de Valdivia y su cuerpo habría sido dejado en la pampa aproximadamente el día 12 de septiembre de 1973".

Junto con saludarles me gustaría expresar mi necesidad de hacerles saber que en los antecedentes que aparecen en la página se registra un error en el antecedente de estado civil de mi abuelo Vitalio Mutarello Soza, ya que en ella se expresa la existencia de sólo tres hijos, lo cual es un error de omisión ya que mi padre Hernán Mutarello Acuña es hijo concebido fuera del matrimonio de Vitalio Mutarello, por lo tanto, no es hijo de Sonia Aros y, por ende, subentiendo que no aparezca considerado como tal en página web. Con este motivo envio este mail, para que este error sea solucionado y el dato sea actualizado.

Mi nombre es Yeimy Mutarello Wuillans hija de Hernán Mutarello Acuña y nieta de Vitalio Mutarello Soza.

Adjunto certificados de naciemiento, tanto de mi abuelo como de mi padre, para que ustedes tengan la seguridad que lo escrito anteriormente es un acontecimiento fidedigno.
Esperando una pronta respuesta me despido de ustedes, agradeciendo de antemano.