Muñoz Otárola Julio Orlando

Rut       : 6.984.359-K

F.Nacim. : 19-09-1953, 34 años a la fecha de su detención

Domicilio : Santiago

E.Civil  : Casado

Actividad : Egresado de la Especialidad de Construcciones Metálicas, ex alumno Universidad Técnica del Estado UTE, Copiapó 1973. Dirigente Sindical, Mina El Teniente, Rancagua Presidente del "Comando Juvenil por la Democracia

C.Repres. : Militante del Partido Comunista Miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez

F.Detenc. : 9 de septiembre de 1987

 SITUACION REPRESIVA

            Julio Orlando Muñoz Otárola, casado, egresado de la Universidad Técnica del Estado, Dirigente Sindical, militante del Partido Comunista, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), fue detenido en Santiago con fecha 9 de septiembre de 1987, por parte de agentes de la Central Nacional de Informaciones CNI, permaneciendo desde esa fecha a la actualidad en calidad de detenido desaparecido.

            En el mes de marzo de 1974, el afectado ingresó a trabajar al Mineral de Cobre de El Teniente (Rancagua) al departamento Fundición Sección Planta de Oxígeno, donde permaneció hasta 1983. Durante su trabajo se incorporó al Sindicato de Caletones y además al Sindicato de la Mutual Coya-Mina. Durante el año 1983, se realizó en la ciudad de Rancagua una huelga general de trabajadores de la Mina El Teniente, al cabo de la cual fueron despedidos aproximadamente 30 trabajadores, entre los que se encontraba Julio Muñoz Otárola. Siete de las personas despedidas iniciaron días después una huelga de hambre que se extendió por 30 días; Julio ofició de representante del grupo, no obstante no haber participado en el movimiento. Ella terminó sin lograrse los objetivos de reincorporación a los trabajadores. Ese mismo año, al formarse en Rancagua el "Comando Juvenil por la Democracia", Julio fue elegido como Presidente.

            En el mes de noviembre de 1981, aproximadamente a las 05:00 horas de la madrugada, la casa de la familia del afectado, ubicada en la localidad de Machalí, fue allanada por Carabineros quienes portaban una orden emanada del Ministerio del Interior para detener a los hermanos Julio y Gonzalo Muñoz Otárola; en esa oportunidad detuvieron a Gonzalo, posteriormente al mediodía detuvieron a Julio Orlando, quienes permanecieron incomunicados por espacio de 5 días en la Comisaría de Carabineros de Machalí. Posteriormente, fueron trasladados al Cuartel de Investigaciones de Rancagua, donde son fichados; después trasladados a Santiago y enviados a puntos distintos de relegación. Gonzalo a la localidad de Pichasca y Julio por su parte a Paihuano, ambos lugares ubicados en el norte chico del país, en donde permanecen por espacio de 2 meses y 10 días aproximadamente. Al concurrir familiares a visitar a Julio, éste les señaló haber sido sometido a torturas en su cautiverio. Luego de su relegación, el afectado se trasladó a Santiago en compañía de su cónyuge, Cecilia Magni Camino, ejecutada años más tarde, el 29 de octubre de 1988, en el sector Los Queñes, San Fernando y a cuyo respecto la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ha informado que "fue detenida, torturada y lanzada inconsciente al río Tinguiririca, a raíz de lo cual murió".

            En octubre de 1986 la casa de la familia de Julio es nuevamente allanada por civiles que se movilizaban en un vehículo de Investigaciones, quienes aducen tener una orden de investigar emanada de la Fiscalía Militar. Requieren información acerca de Cecilia Magni y el domicilio de ambos. Los agentes se llevan una foto en que aparece Julio con dos amigos. Los familiares fueron interrogados en dicha oportunidad.

            En abril de 1987, a las 08:05 horas de la mañana, la casa de Machalí es allanada por tercera vez por Investigaciones y CNI, señalando los agentes en esta ocasión que actuaban por orden del Fiscal Militar, fernando Torres Silva; buscaban a Julio, interrogan a la familia sobre él y las actividades que desarrolla. Este allanamiento resultó ser más violento que los anteriores.

            Aproximadamente el 21 de septiembre de 1987, la familia tomó conocimiento de la detención de Julio Orlando Muñoz Otárola, quien permanece desde el 9 de septiembre de 1987, en calidad de detenido-desaparecido, al igual que otros cuatro jóvenes militantes del Partido Comunista que aparecen vinculados al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR): José Julián Peña Maltés, detenido el 9 de septiembre de 1987; Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, detenido entre el 7 y el 10 de septiembre de 1987; Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, detenido el 9 de septiembre de 1987; y Alejandro Pinochet Arenas, detenido el 10 de septiembre de 1987. Estas detenciones se dieron conjuntamente con una serie de operativos tipo rastrillo, llevados a cabo por la CNI y fuerzas de seguridad que actuaron conjunta y coordinadamente con efectivos policiales, a fin de dar con el paradero del Coronel de Ejército Carlos Carreño, ingeniero de la Fábrica de Armamento y Maestranza del Ejército (FAMAE), secuestrado con fecha 1° de septiembre de 1987, desde su domicilio en la comuna de La Reina, en Santiago, por un grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quienes lo liberaron posteriormente en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Con fecha 25 de septiembre de 1987, don Gonzalo Muñoz Otárola, hermano del afectado, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 1138-7. En esta presentación, entre otras diligencias, se pidió requerir informe telefónico a distintas autoridades. De esa manera responde con fecha 28 de septiembre de 1987 la CNI indicando que el amparado no se encuentra detenido por ese organismo. La Jefatura de Zona Metropolitana de Carabineros señaló no registrar la detención del amparado. Investigaciones informó a la Corte que en cumplimiento de una orden de la Fiscalía Militar Ad Hoc, de Santiago, en causa N°1919-86, por el atentado en contra del entonces Presidente de la República, se efectuaron averiguaciones con el fin de ubicar el paradero de Julio Muñoz Otárola y que, por tal motivo, se llegó a consultar a la casa de la madre del amparado en la localidad de Machalí. La parte recurrente presentó a la Corte una serie de documentos que dicen relación con una orden amplia de investigar en la Causa rol 1919-86 instruida por el Fiscal Militar Ad Hoc, Fernando Torres Silva, por el atentado en contra de la Comitiva presidencial. El Prefecto Inspector Jefe III Zona Policial de Investigaciones, informó que el amparado no ha sido detenido por funcionarios de su dependencia. Gendarmería de Chile informa no tener registrado el nombre del afectado. El Fiscal Militar Ad Hoc, Fernando Torres Silva, informó a la Corte que dicho Tribunal militar no ha despachado orden de aprehensión alguna en contra del amparado Muñoz Otárola, agregando al respecto que, conforme a los antecedentes que obran en el proceso Rol 1919-86 instruido en dicha Fiscalía Militar Ad-Hoc de Santiago, el afectado "es cónyuge de Cecilia Magni Camino inculpada en autos por su participación como autora en el delito materia de esta investigación". El Ministro del Interior de esa época, Sergio Fernández Fernández, informó que a esa fecha 6 de octubre de 1987, no se había dictado orden o resolución alguna que afecte al amparado. La parte recurrente acompañó al Tribunal una serie de recortes de prensa, en especial de El Mercurio del 2 de Octubre de 1987 y La Tercera del 7 de Octubre de 1987, en los cuales se consignaron declaraciones de Torres Silva, en que señala respecto de Muñoz Otárola, "Está siendo buscado desde hace seis meses, por lo menos, por efectivos de la policía civil, a quienes les impartí la correspondiente orden de detención". Torres Silva atribuye vinculación al afectado con la muerte del carabinero Miguel Vásquez Tobar, ocurrida el 26 de abril de 1986, tras ser asaltada la "Panadería Lautaro", en la comuna de La Cisterna.

            Con fecha 8 de octubre de 1987, el Director de la CNI, Brigadier General Hugo Salas Wenzel informó a la Corte que el amparado no ha sido detenido por ese organismo. Al informar nuevamente a la Corte, el Prefecto Inspector de Investigaciones Francisco Marras Arancibia, entrega antecedentes que antes no aportó, señalando que existe una tarjeta informativa de Orden de Aprehensión por infracción a la Ley 17.798, en Causa Rol 782-86, de la Fiscalía Militar Ad-Hoc de Santiago con fecha, 4 de mayo de 1987 en contra de Julio Orlando Muñoz Otárola. Por su parte, el mismo Fiscal Fernando Torres Silva, Fiscal Militar Ad-Hoc, quien anteriormente informara a la Corte que "este Tribunal Militar no ha despachado orden de aprehensión alguna en contra del amparado Muñoz Otárola", ahora con fecha 15 de Octubre de 1987, informa respecto del afectado que "se encuentra actualmente con orden de aprehensión pendiente en la causa Rol 782-86 del Segundo Juzgado Militar de Santiago, en la cual se investiga la muerte del carabinero Miguel Antonio Vásquez Tobar, la cual fue decretada por este Tribunal con fecha 30 de abril de 1987, y entregada para su cumplimiento a la Brigada Investigadora de Asaltos de la Policía de Investigaciones de Chile". El Director de la CNI reitera su anterior informe negativo. Con fecha 16 de diciembre de 1987, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo por "no aparecer suficientemente justificado el hecho que la persona por la que ya se recurre se encuentre privada de libertad". Julio Orlando Muñoz Otárola permanece en la actualidad en calidad de detenido-desaparecido.

            La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en su Informe final de Febrero de 1991, consigna que "fue detenido el 9 de septiembre de 1987 por Agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en un operativo donde fueron secuestrados otros cuatro militantes del Partido Comunista en Santiago".

Los informes de la agencia de seguridad norteamericana indican que el oficial salió de Chile en un vuelo regular a Brasil, pero vestido de mujer. Cooperó con su captores sin mayores presiones entregando valiosa información, lo que le costó la ira de Pinochet que trató de involucrarlo después en tráfico de drogas. "Esta no sería la primera vez que el gobierno de Chile procede a distorsionar la imagen de un oficial que no cuenta con su favor aduciendo que estuvo involucrado en actividades ilegales", señalan a modo de comentario los autores del informe.
Un total de 11 documentos desclasificados por la CIA corresponden a informes de inteligencia sobre el secuestro del teniente coronel Carlos Carreño Barrera, plagiado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) el 1 de septiembre de 1987 y liberado en Brasil el 3 de diciembre del mismo año.
Seis de ellos están fechados durante su cautiverio. Uno de los más interesantes señala que "el FPMR tenía tres razones básicas para secuestrar a Carreño". Sin embargo, por ahora no será posible conocerlas, porque están completamente tachadas. En párrafos posteriores, sin explicar cómo, el informe de inteligencia incluye la descripción del comportamiento de la víctima durante el secuestro. "Carreño estaba extremadamente aterrorizado y ofreció información a cambio de su vida aún antes de que comenzara el interrogatorio. Carreño dijo al FPMR que FAMAE vendió armas al comando de extrema derecha 11 de septiembre, en el cual se encuentran comprometidos ex oficiales de la DINA, Ejército y Carabineros, y funcionarios de la firma de seguridad Alfa Omega, encabezada por general Manuel Contreras. Carreño también dijo al FPMR dónde están localizados los depósitos de armas del Ejército", se puede leer.
Otro de ellos, fechado días después, agrega que Carreño habría entregado también a sus captores información sobre "negocios turbios" del comandante en jefe del Ejército Augusto Pinochet y "acciones pasadas de la DINA" en donde él habría participado. Otro de estos informes de inteligencia de la CIA, afirma que los cinco jóvenes comunistas que desaparecieron durante los primeros días de septiembre de ese año, habrían sido secuestrados por la Asociación Chilena Anticomunista (ACHA). El documento agrega que las acciones de ese grupo de extrema derecha, al que se encuentran relacionados también ex agentes de seguridad, se habían intensificado en el último tiempo incluyendo amenazas de muerte a cuatro dirigentes de izquierda y sus familias.
El informante, cuyo nombre aparece tachado, "cree que los cinco estudiantes que han desaparecido están secuestrados por ACHA y están siendo retenidos como rescate hasta que Carreño sea liberado", agrega. Los militantes de las JJ.CC. que desaparecieron entre el 7 y 11 de septiembre, son Manuel Jesús Sepúlveda, Alejandro Pinochet, Julio Muñoz Otárola, José Julián Peña Maltés y Gonzalo Fuenzalida Navarrete. Ninguno de ellos ha sido encontrado hasta ahora y son considerados detenidos desaparecidos por sus familiares y compañeros de partido. El 13 de noviembre, cuando Carreño todavía permanecía secuestrado, un informe señala que "el Partido Comunista de Chile ha recuperado el contacto directo con los miembros del FPMR que secuestraron y tienen retenido al teniente coronel del Ejército Carlos Carreño. El PC ha dicho al FPMR que está listo para ayudarlo a buscar una forma de resolver el asunto tan pronto como sea posible".

Un informe policial allegado ayer al Tercer Juzgado del crimen de Santiago contiene dos nuevas confesiones de ex agentes de la CNI que establecen los hechos del último caso de detenidos desaparecidos durante el régimen militar, con pavorosos detalles de sus capturas, muerte y lanzamiento al mar
El procesado teniente coronel (R) de Ejército, Krantz Bauer Donoso figura como jefe del comando de la CNI que en septiembre 1987 capturó a cinco jóvenes comunistas, en la última detención con desaparecimiento forzado que registra la historia represiva de la dictadura.
Así lo establece un informe policial allegado ayer al Tercer Juzgado del crimen de Santiago, que aclara los hechos del más tardío caso de desaparecidos y detalla la muerte de sus víctimas: José Julián Peña Maltes, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet Arenas, Gonzalo Iván Valenzuela Navarrete y Julio Orlando Muñoz Otárola.
A través de sendas confesiones de dos de los agentes que participaron en los secuestros, el departamento V de Investigaciones logró establecer la identidad de una decena de integrantes de la brigada de la CNI que tuvo a su cargo la operación.
 

Para los católicos "Corpus Christi" es una festividad religiosa. Sin embargo, para doce familias chilenas esta ceremonia sólo es el recuerdo de una etapa cargada de dolor y muerte. La denominada Operación Albania, también conocida como "matanza de Corpus Christi", fue uno de los últimos actos de terrorismo de estado cometidos por agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones, CNI, en el ocaso del régimen militar.
Después de catorce años de investigación, y de innumerables vaivenes judiciales, la causa podría ser cerrada en las próximas semanas por el ministro Hugo Dolmestch. El juez retomó el caso luego que su par, Milton Juica, fuera nombrado como nuevo integrante de la Corte Suprema.
En la actualidad 12 ex agentes de la CNI, incluidos sus máximos jefes, se encuentran procesados por estos crímenes. De ellos sólo el jefe operativo del organismo, Alvaro Corvalán, se encuentra detenido en una unidad del Ejército, mientras el resto goza de libertad bajo fianza y esperan condena por estos asesinatos.
Los días 15 y 16 de junio de 1987 se escribió otra página sangrienta en la historia de nuestro país. Doce jóvenes, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fueron muertos a tiros por personal de la CNI. Las versiones oficiales de la época dieron cuenta de enfrentamientos entre los agentes y los frentistas, pero ésta y otras informaciones se diluyeron con las investigaciones que iniciaron familiares de las víctimas, abogados y organismos de derechos humanos, que han demostrado que tales enfrentamientos nunca existieron.

En cuatro calles de Santiago
En el número 582 de la calle Pedro Donoso, en la comuna de Recoleta, murieron Ricardo Rivera Silva, José Valenzuela Levy, Manuel Valencia Calderón, Ester Cabrera Hinojosa, Ricardo Silva Soto, Elizabeth Escobar Mondaca y Patricia Quiroz Nilo. En Varas Mena 417 se encontraron los cuerpos acribillados de Juan y Wilson Henríquez; pasada la medianoche del 15 de junio de 1987 fue ejecutado Julio Guerra Olivares en la Villa Olímpica, mientras que Ignacio Valenzuela fue asesinado en la calle Alhué de la comuna de Las Condes.
Las versiones de enfrentamientos se desvanecieron con la aparición de importantes declaraciones, como la de un policía que recorrió esas cuatro calles de Santiago luego de los hechos y que declaró en el proceso que los puntos de la masacre estaban profundamente alterados. Todas las víctimas portaban sus armas en la mano izquierda y el revólver que se encontró junto al cuerpo de Julio Guerra, en el block 33 de la Villa Olímpica, tenía la inscripción de "Carabineros de Chile".
Además, el proceso anota otros antecedentes: los testigos que pudieron ver a algunos de los frentistas antes de ser acribillados, señalan que no portaban armas y en el caso de las muertes de calle Pedro Donoso, las declaraciones del proceso concuerdan en que las víctimas fueron detenidas y trasladadas hasta el lugar donde se les asesinó.
En 1998, la Corte Suprema designó a Dolmestch para la investigación de estos hechos, quien luego del cese de sus funciones como juez de la Corte Marcial, retomó el caso que había pasado a manos del ministro Juica.
Al iniciar su investigación, Dolmestch interrogó a miembros de la CNI vinculados a la Armada, la policía uniformada y la Fuerza Aérea, sin embargo, descartó su participación en los hechos. No ocurrió lo mismo con los agentes que pertenecieron al Ejército, a quienes interrogó por detentar altos cargos en ese organismo de inteligencia.
Pronto se vieron los avances que desarrolló el juez en esta causa. El 27 de julio de 1998, en un hecho histórico, somete a proceso a cinco ex agentes de la CNI, dos de ellos en servicio activo. La mano de la justicia había alcanzado a uno de los organismos represores del gobierno de Augusto Pinochet.

Momentos claves
– El 15 de julio de 1993 la corte marcial determina que este caso debe continuar siendo investigado por la justicia militar.
– Ese mismo año, pero el 7 de octubre, es levantada la prohibición de informar sobre el caso.
– El 8 de noviembre de 1995 la corte marcial modifica la tipificación del delito. Ello porque considera que en la Operación Albania no hubo enfrentamientos, sino que se trataron de homicidios calificados.
– El 5 de enero el segundo juzgado militar intenta cerrar las indagaciones, pero sufre un revés ya que la Corte Suprema ordena nuevas diligencias en la causa.
– El uno de abril de 1998, el juez Hugo Dolmestch es nombrado ministro en visita para el caso Albania.
– Ese mismo año el magistrado solicita al comandante en jefe del Ejército que sean individualizados los miembros de la institución que se desempeñaron en la CNI.
– El primero de junio del 200 el caso Operación Albania paso a manos de la justicia civil, según una decisión de la segunda sala de la Corte Suprema.
– El 10 de abril del 2001 Juica, quien había tomado el caso cuando paso a la justicia civil, decidió procesar al general en retiro Hugo Salas Wenzel, como autor de los crímenes cometidos por la Operación Albania. Este era el director nacional de la CNI al momento de perpetrarse los asesinatos de los frentistas.

Similitudes sangrientas
Una investigación desarrollada por el departamento quinto de la Policía de Investigaciones, y la declaración de dos ex agentes de la CNI, permitieron aclarar los últimos crímenes cometidos por la Central Nacional de Informaciones.
Se trata de la desaparición de cinco jóvenes del FPMR: Alejandro Pinochet Arenas, Gonzalo Valenzuela Navarrete, José Peña Maltes, Manuel Sepúlveda Sánchez y Julio Muñoz Otárola. Este hecho transcurrió entre los días 6 y 13 de septiembre de 1987, en respuesta al secuestro del entonces coronel Carlos Carreño, quien apareció en Brasil sano y salvo.
En este camino también esta la muerte del vocero del MIR, Jecar Neghme, hecho ocurrido en septiembre de 1989. Estos casos comienza a entrelazarse a partir de las declaraciones que los ex agentes de la CNI hacen al ministro Juicia en el marco de las investigaciones de la Operación Albania. Más tarde el juez entrega estos antecedentes al ministro Alfredo Pfeiffer, quien investiga la muerte de Neghme.
Estos casos, junto a la matanza de Corpus Christi- deben ser considerados como los golpes que terminaron por derribar la estructura e impunidad de la CNI. Ello porque no sólo están procesados, o detenidos en el caso de Corbalán, sino que además se acreditó con las confesiones de testigos y ex agentes de la CNI como este organismo preparaba y ejecutaba las operaciones destinas a eliminar a disidentes al régimen de Pinochet.
A través de las declaraciones, peritajes balísticos y estudios especializados quedó claro que en las muertes ocurridas en junio de 1987 fueron homicidios calificados y que no hubo enfrentamientos.
De esta forma ahora sólo queda establecer que tipo de responsabilidad le cabe a cada uno de los agentes que participaron en estos hechos sangrientos

Los procesados
Tras 14 años de investigación judicial y a un par de semana que el magistrado Hugo Dolmech cierre la causa para dictar sentencia, los principales procesados por su responsabilidad en la "Operación Albania" son:
– El general, en retiro, Hugo Salas Wenzel
– El capitán, en retiro, Alvaro Corvalán Castilla
– El teniente coronel, en retiro, Krantz Johans Bauer Donoso
– El teniente coronel, en retiro, Iván Leopoldo Cifuentes Martínez
– El mayor, en retiro, Rodrigo Pérez Martínez

Así lo anunció a Primera Línea el abogado Nelson Caucoto, querellante en el proceso por la desaparición del dirigente del MIR, Sergio Ruiz Lazo, quien fuera secuestrado en diciembre de 1984, después de su regreso clandestino desde Francia y en el marco de la reacción represiva de la CNI a la "Operación Retorno" que impulsó en esa época el movimiento de izquierda. El proceso judicial fue temporalmente sobreseído en 1989, un año después que comparecieran ante el III Juzgado del Crimen de Santiago el entonces director interino de El Mercurio, Juan Pablo Illanes, y su jefe de Informaciones Joaquín Lavín. Para esa fecha todavía no se aclaraban las circunstancias de la detención de Ruíz Lazo, pero sí se había acreditado, gracias a los testimonios de otros detenidos, su permanencia en el Cuartel Borgoño de la CNI entre diciembre del 84 y enero del 85.
La publicación aludía al caso de Ruíz Lazo y de Julio Muñoz Otárola -uno de los cinco comunistas detenidos desaparecidos en 1987, también a manos de la CNI- como parte de "un número significativo de personas a las que se ha sindicado como detenidos desaparecidos, aunque han sido vistas en libertad y son perfectamente ubicables". La crónica se fundaba en "fuentes oficiales de los organismos de seguridad" y, sobre el caso específico de Ruíz Lazo, añadía que se trata de un hombre "sindicado como militante del MIR, quien pese a tener en su contra el decreto exento 4809 (de prohibición de ingreso) regresa en forma clandestina". En abril de 1984, el director subrogante de El Mercurio declaró ante el tribunal que "la crónica fue despachada por el reportero de turno en la sección correspondiente, bajo la supervisión del editor de informaciones Joaquín Lavín Infante".

La apuesta del magistrado Alfredo Pfeiffer es que el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones le entregue la información de las pesquisas para configurar el equipo de la CNI que participó en el crimen del dirigente del MIR a fines de los 80, grupo diferente al que cometió el asesinato de doce frentistas en la Operación Albania, los cuatro profesionales y la desaparición de cinco dirigentes comunistas
La serie de dilaciones que ha vivido el proceso por la muerte del dirigente del MIR, Jecar Neghme podría sufrir un drástico cambio en los próximos días luego que el ministro instructor de la causa, Alfredo Pfeiffer, incentivara las pesquisas del Departamento Quinto de la policía civil con una nueva orden amplia de investigar dirigida en este caso directo hacia la estructura de la CNI entre 1988 y 1989.
La muerte de Neghme, vocero de la fracción política del MIR, se produjo en la noche del día en que se proclamó la candidatura presidencial de Patricio Aylwin y constituyó el último asesinato político de las postrimerías del régimen militar.
La causa, que ha vivido varios traspiés luego del cierre de sumario en febrero del '90, diciembre del '91, octubre del '94 y agosto del 95 "por no existir diligencias pendientes ni inculpados en la causa", intenta ahora tomar nuevos bríos y acercarse por fin a los antecedentes que la Policía ha recabado durante la investigación.
Aunque policialmente el caso se encuentra resuelto, en la práctica lo que reza el expediente es contrario, restando una serie de diligencias -la mayoría solicitadas por el abogado querellante en el caso Nelson Caucoto- que deberían realizarse dentro de las próximas semanas con la máxima celeridad.
El influjo provocado por los avances en cruciales procesos de derechos humanos, sostienen fuentes ligadas al tribunal, también ha generado una actitud positiva del ministro instructor que en los últimos días ha volcado sus ojos hacia el olvidado expediente buscando los antecedentes que siguen en el aire.
Así por ejemplo las pesquisas se dirigen fundamentalmente a corroborar las informaciones provenientes del Departamento Quinto que, con el paso del tiempo, ha configurado prácticamente todo el organigrama de la disuelta CNI que tuvo participación en el caso. En este cuadro resulta pieza vital el nuevo interrogatorio que realizaría el magistrado hacia Enrique Leady, jefe de la Brigada Metropolitana del organismo represivo y Hugo Acevedo quien se desempeñaba como jefe operativo luego de la salida de Alvaro Corbalán.
A la luz de los antecedentes reunidos en el proceso se ha establecido fehacientemente que el equipo que participó en el alevoso crimen no guarda relación con el anterior grupo de la CNI que protagonizó el asesinato de doce integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocido como Operación Albania en 1987; el homicidio de los profesionales José "Pepe" Carrasco (periodista) Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera y Abraham Muskatblit y con el último caso de desaparecidos de la dictadura: José Julián Peña Maltes, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet Arenas, Gonzalo Iván Valenzuela Navarrete y Julio Orlando Muñoz Otárola.
En estos tres procesos en manos del ministro en visita Hugo Dolmestch las pesquisas se dirigen hacia el equipo comandando por Corbalán, el coronel Krantz Bauer Donoso.
Justamente luego de esta seguidilla de atentados, es que la CNI realizó una profunda instrospección tras la cual cambiaron los liderazgos asumiendo posiciones privilegiadas Leady y Acevedo, quienes son los dos objetivos principales de la nueva fase de investigación del ministro Pfeiffer.
Las pesquisas anteriores del magistrado también se han encaminado hacia el arma que dio muerte al vocero del MIR. A la fecha las principales pistas investigadas en el caso Neghme -que ahora deberán volver a pesquisarse por la orden judicial-, figuran un proyectil y una vainilla presuntamente utilizadas en el asesinato del empresario gastronómico Silvio Aurelio Sichel, que corresponden al arma "sig sauer" empadronada a nombre del agente de la CNI Luis Sanhueza Ross
 

Un hombre al que Augusto Pinochet siempre le confió su vida fue quien rompió el silencio en el proceso por la desaparición de los cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ocurrido en 1987, sustanciado por el ministro Hugo Dolmestch.

Apodado el “Chino Campos” por sus camaradas en el Comando de Aviación del Ejército -y uno de los pilotos de confianza del ex dictador- contó hace algunas semanas al magistrado cómo en septiembre de 1987, su jefe, el coronel Mario Navarrete, le ordenó usar uno de los helicópteros institucionales para viajar junto a un subalterno hasta la zona de Peldehue a buscar unos paquetes.

Estos últimos eran nada menos que los cuerpos de los frentistas Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, quienes habían sido detenidos días antes por agentes de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), para canjearlos por el coronel Carlos Carreño, secuestrado por el grupo

paramilitar de izquierda.

Viaje secreto

El ministro Dolmestch hizo un verdadero trabajo de joyería junto con la Policía de Investigaciones en este caso. Y ello, porque el círculo estaba completamente cerrado y compartimentado en torno al manejo de la información sobre estos hechos. Pero el tiempo pudo más.

El “Chino Campos” relató que para dicha operación viajó junto a su copiloto, un oficial que aún está en servicio activo en la institución, en una agregaduría militar en Europa, cuya identidad este medio se la reserva hasta que, posiblemente, el ministro lo procese en los próximos días.

De hecho el jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, Rafael Castillo y su colega Mario Zelada, recorrieron el viejo continente buscando precisamente a un testigo clave para el proceso.

Para el caso del oficial activo, y como ha sido la tendencia en el Ejército con los funcionarios que estén involucrados en casos de violaciones de los derechos humanos, será alejado de la institución.

Pero el hecho de que se haya ocupado uno de los helicópteros de Pinochet no era una prueba suficiente, salvo porque el “Chino Campos” aseguró en su testimonio que la orden provino del ex dictador.

Pasos macabros

¿Pero cómo se configuró la operación? El ministro Dolmestch acreditó que la misma estuvo separada en tres etapas. La primera de ellas fue la detención de los frentistas. Por ese hecho -que sirvió en primera instancia para que fueran luego asesinados- están sometidos a proceso desde el 2002, el jefe de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, el comandante (R) Krantz Bauer Donoso, mayor (R) Álvaro Corbalán, capitán (R) Luis Sanhueza Ros; los suboficiales (R) Manuel Ramírez y René Valdovinos y los empleados civiles de Ejército César

Acuña, Manuel Morales, Luis Santibáñez y Víctor Ruiz Godoy.

Ahora bien, el ministro tiene una segunda convicción. Una vez detenidos los frentistas la orden venida desde el alto mando fue que el régimen no negociaba con terroristas. La sentencia de muerte entonces estaba firmada.

Fue así como en la CNI se designó a Francisco “Gurka” Zúñiga para que coordinara con el Ejército esta operación. El magistrado confirmó entonces cómo se consiguieron los fierros para amarrarlos a los cuerpos y lanzarlos al mar frente a San Antonio.

Rieles de la muerte

A fojas 1.655 del proceso declaran Romilio Lavín, por entonces jefe del cuartel Loyola, donde se arreglaban los autos de la CNI y su subordinado el oficial (R) Adrián Herrera Espinoza. El primero aseguró que Zúñiga le pidió “unos rieles que serían la base de un box de estacionamientos” que se construía, pero no se los entregó.

Sin embargo, una vez que abandonó el cuartel, supo que Zúñiga había vuelto a sus andanzas y, a través de una orden de Salas Wenzel, logró que Herrera Espinoza entregara los “materiales”.

“Fui informado, no recuerdo por quien, que retiraban unos trozos de rieles para un operativo que se iba a realizar en la noche por agentes operativos de la CNI”, dijo en su testimonio a fojas 1.723.

Pero el detalle más escalofriante vendría en la segunda etapa. Los frentistas, estando detenidos en el cuartel Borgoño de la CNI, fueron inyectados por un enfermero apodado “El Qüincy” con un veneno que los mató. Este verdadero doctor de la muerte se suicidó hace aproximadamente tres años en su casa.

Una tercera etapa fue el traslado hasta la zona de Peldehue, donde el rastro de los frentistas se perdió para siempre.

El ministro Mario Carroza encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al coronel activo Marco Antonio Bustos. El crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, su Dirección de Inteligencia, y la CNI. En la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense. Ya van 27 oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.

Una acción coordinada entre la comandancia en jefe del Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), además del Comando de Aviación de la institución, fue la operación para eliminar en septiembre de 1987 a cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

La coordinación al más alto nivel la establecieron en la investigación judicial los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Mario Carroza, quienes han tenido la causa en sus manos.

El actual magistrado a cargo de la indagatoria, Carroza, procesó ayer al ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, general (R) Santiago Sinclair Oyaneder; al general (R) y ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE), actual coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien es el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.

Los tres fueron encausados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de los cinco militantes del FPMR.

Los dos oficiales generales y el oficial superior fueron arrestados y quedaron internados en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén.

Con estos tres encausados llegó a 27 el número de oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.

En el marco de esta operación coordinada, el 21 de septiembre de 2006 el juez de Haroldo Brito procesó al entonces director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, y a otros diez ex agentes de ese organismo, entre ellos el jefe operativo Alvaro Corbalán y el jefe de la Brigada Antisubversiva, Kranz Bauer Donoso.

En la investigación logró establecerse que los cinco frentistas, Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron secuestrados entre el 9 y 10 de septiembre de 1987, como posibles rehenes de canje por el coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera, secuestrado el 1 de septiembre de 1987 por el FPMR. Carreño apareció finalmente el 3 de diciembre de 1987 en la ciudad Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio.

El juez Carroza sostiene en su auto de procesamiento que los cinco militantes fueron muertos "una vez que el coronel Carreño apareció". El dato es relevante, pues nunca se ha podido precisar la fecha exacta en que fueron asesinados.

Esa información agrega coherencia a la tesis jurídica de que la dictadura mantuvo vivos a los cinco frentistas para el probable canje hasta el último momento y que su muerte se decidió sólo después de que Carreño fue liberado por sus captores.

Es en este momento en que, según los antecedentes del proceso, entra a participar en el caso el general Santiago Sinclair, en su cargo de vicecomandante en jefe del Ejército, o más bien, de comandante en jefe en ejercicio o ejecutivo, dado que Augusto Pinochet ejercía como autodesignado Presidente de la República.

Una vez liberado Carreño, se produjo una reunión entre Sinclair, quien llevaba allí la voz del dictador Pinochet, el jefe de la DINE, Prado, y el director de la CNI, Salas Wenzel. En esa reunión Sinclair ordenó que había que hacer desaparecer a los cinco prisioneros.

La razón fue que ya a esa fecha y por la reestructuración que se había realizado, la CNI no podía mantener prisioneros en sus cuarteles. Los cinco militantes llevaban ya tres meses secuestrados, interrogados y torturados y el caso podía convertirse en otra arma en contra de Pinochet a un año del plebiscito de 1988.

Cuando secuestran a Carreño, la DINE, a través de su organismo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), formó un equipo a cargo de la investigación del secuestro del coronel.

Los oficiales de ese equipo, entre los que estaba el actual coronel activo Marco Antonio Bustos y el entonces jefe del BIE, actual general (R) Julio Cerda Carrasco, también encausado, mantuvieron durante todo el tiempo de cautiverio de Carreño un estrecho vínculo con la CNI. Incluso sus integrantes estuvieron varias veces en el cuartel Borgoño.

Prisión de sinclair

“Mi general, su Ejército está listo, para lo que usted lo necesite”, le dijo el general Santiago Sinclair al general Augusto Pinochet la noche del 5 de octubre de 1988, cuando internamente ya se sabía que el dictador había perdido el plebiscito y tendría que abandonar el poder.

Ese episodio da cuenta de la estrecha lealtad de Sinclair hacia su superior. En ese entonces, como cuando se decidió la muerte y desaparición de los cinco frentistas por lo que ahora está procesado y detenido, formalmente Sinclair era el vicecomandante en jefe del Ejército, pero en la práctica era su máxima autoridad, porque Pinochet ocupaba la primera magistratura nacional por obra y gracia de su Constitución.

De ahí que su procesamiento y detención sea recibida en el mundo de los derechos humanos como una señal que allana el camino a otros procesamientos a altos mandos de entonces. La noticia tiene además otro ribete institucional. Otro de los procesados está aún al servicio de la institución. Se trata del coronel Marco Antonio Bustos, jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército. El ministro Mario Carroza, a cargo de la investigación, encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hugo Prado Contreras.

El magistrado estableció que el crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, la DINE y la CNI y que en la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense.

A bordo del puma

La forma que se eligió para hacer desaparecer a los cinco militantes fue la misma que utilizó la DINA para hacer desaparecer a sus víctimas: matarlas y tirar los cuerpos al mar. De esta manera, a través de Sinclair y con conocimiento de Pinochet, se autorizó la operación para que un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército (CAE) fuera utilizado para lanzar los cuerpos al mar. Éstos fueron asesinados en Borgoño y sus cuerpos, debidamente ensacados y amarrados a trozos de rieles, son llevados al predio militar de Peldehue, al norte de Santiago, donde son cargados a bordo del helicóptero Puma del CAE que comandaron los oficiales Víctor Campo Valladares y Hugo Barría Rogers. Comandante del CAE en 1987 era el coronel Aquiles Navarrete Izanortegui, quien también está encausado en el proceso.

Los últimos desaparecidos

José Julián Peña Maltés: Soltero, 36 años al momento de su secuestro. Salió al exilio en Francia en enero de 1974. En 1985 se levanta su prohibición de ingreso al país. No se sabe la fecha exacta de su regreso a Chile, pero sí que estaba clandestino al momento de su secuestro. Fue visto la última vez con vida el 9 de septiembre. Su familia supo de su desaparición el 15 de septiembre de 1987, por la llamada telefónica de una mujer que no se identificó. En noviembre de ese año, Investigaciones informó que no registraba ingreso al país “por lo que es dable suponer que aún no retorna”. Fue rechazado su recurso de amparo.

Julio Muñoz Otárola: Separado, 27 años al momento de su desaparición. Estuvo casado con Cecilia Magni, la comandante Tamara, integrante del comando que atentó contra Pinochet en septiembre de 1986, asesinada luego en Los Queñes junto al comandante José Miguel, ambos del FPMR. Según informó Investigaciones, cuando desapareció tenía dos órdenes de detención pendiente en su contra, “por lo que es presumible que se encuentre oculto tratando de eludir la acción de la justicia”. El recurso de amparo a su favor fue rechazado.

Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez:Casado, 27 años al momento de su detención. Vivía en la comuna de Ñuñoa, pero su familia residía en Valparaíso, en donde le vieron por última vez el 8 de septiembre. Sus amigos le vieron en Santiago el 9 por la mañana y quedaron de juntarse con él en la tarde; nunca llegó. Según informó entonces la CChDH, algunos testigos informaron que fue detenido el 10 de septiembre en Catedral con San Martín, por civiles que lo introdujeron a la fuerza dentro de un furgón utilitario. Se rechazó su recurso de amparo.

Alejandro Pinochet Arenas: Soltero, 23 años al momento de su desaparición. También domiciliado en Valparaíso y de paso por Santiago, debía regresar a su casa el 18 de septiembre, pero no fue así. Según testigos, fue secuestrado el 10 de septiembre, mientras viajaba en un bus de la locomoción colectiva, desde el que fue bajado a la fuerza por civiles en la esquina de Compañía con Amunátegui. En 1986 había sido buscado en su casa en el puerto, por orden del fiscal Torres, en relación al atentado contra el general Pinochet ocurrido el 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo.

Gonzalo Iván Fuenzalida Soltero: 25 años al momento de su desaparición. Su novia fue la última persona en verlo, el 8 de septiembre, cuando el pasó a verla a una ferretería donde ella trabajaba. Quedaron de verse más tarde en un restaurante en Estación Central, pero nunca se vieron de nuevo. En esos días, la novia también fue detenida por un “caso sobre el cual existe prohibición de informar”, sostenía El Mercurio. Luego se supo que se trataba de Patricia Cancino, detenida el 4 de octubre. Su recurso de amparo también fue rechazado.

Fueron cinco las acusaciones que dictó el ministro en visita Mario Carroza en contra de ex agentes de la CNI por la desaparición de un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el último ocurrido durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet.
Entre los acusados están el ex general de Ejército Hugo Salas Wenzel, además del ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, y los agentes Kranz Bauer, Arturo Sanhueza Ross e Iván Quiroz Ruz.
Los militantes del FPMR desaparecidos son Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Julián Peña Maltés.
En la acusación presentada por el ministro Carroza afirma que los cinco frentistas fueron detenidos para realizar un canje con el entonces secuestrado teniente coronel Carlos Carreño.

En septiembre de 1987, como parte de la política represiva de la CNI, los miembros del FPMR Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron detenidos y desaparecidos.

En el frontis del Cuartel Borgoño, uno de los más siniestros centros de operaciones de la CNI, se llevó a cabo el homenaje a José Julián Peña Maltés, Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Julio Orlando Muñoz Otárola y Alejandro Alberto Pinochet Arenas, los 5 combatientes del FPMR secuestrados y desparecidos entre el 5 y el 10 de septiembre de 1987.En la ocasión el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, junto con otras organizaciones políticas y sociales, rindieron homenaje a los 5 combatientes y señalaron «que debemos continuar el esfuerzo por, incluso dando la vida, querer cambiar y transformar nuestro país».