Montecinos Alfaro Sergio Sebastián

R.U.T.  : 5.028.580 de Santiago

F.Nacim. : 23-05-46, 28 años al momento de su detención

Domicilio : Avenida Egaña Nº1528, Ñuñoa, Santiago

E.Civil  : Casado, un hijo

Actividad : Sastre. Ex-estudiante de 5°año de Ingeniería de la Universidad de Chile

C.Repres. : Militante del Partido Socialista. Ex-interventor en Industrias de Aceros Franklin. Coordinador Sindical de la Unidad Popular en la Zona Oeste de Santiago

F.Detenc. : 1° de agosto de 1974

 SITUACION REPRESIVA

            Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, casado, un hijo, ex Estudiante de Ingeniería de la Universidad de Chile, militante socialista, fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional -DINA- el día 1° de agosto de 1974, aproximadamente a las 16:00 horas, en su domicilio ubicado en calle Avenida Egaña Nº1528, comuna de Ñuñoa, en Santiago, en presencia de su esposa, Mónica María Cattani Ortega, su hijo de dos años de edad, Sergio Andrés Montecinos Cattani y la asesora del hogar, Verónica Netto Morales.

            En efecto, alrededor de las 16:00 horas golpearon violentamente la puerta del domicilio de la familia Montecinos Cattani. De inmediato ingresaron dos agentes, que no se identificaron sino que mostraron rápidamente una credencial en que lo único que se podía distinguir de su contenido, era una insignia dorada que decía Ejército de Chile. Acto seguido, exigieron las cédulas de identidad de cada uno de los ocupantes de la vivienda; al ver la de Sergio Sebastián, le indicaron que los debía acompañar, "para una breve declaración" y que podría estar en poco rato de regreso en su hogar "si cooperaba". Paralelo a ello, los agentes procedieron a un registro de toda la casa, para luego llevarse detenido a Sergio Montecinos, sin exhibir orden alguna ni para la detención ni el allanamiento, negándose a informar el lugar hacia donde era conducido el detenido. Al ser sacado Sergio, a viva fuerza, de su hogar, su esposa vio que afuera se encontraban apostados otros dos individuos y estaba estacionado un automóvil de color negro, al que subieron a su esposo, sin que ella pudiera distinguir su patente.

            De inmediato, sus captores, trasladaron al detenido hasta el recinto clandestino de reclusión y tortura de la DINA, ubicado en Londres 38, en el centro de Santiago. (Este local, había sido propiedad del Partido Socialista, al que le había sido confiscado). En ese lugar pudo ser visto y conversar con diversos otros detenidos, cuyos sobrevivientes testimoniaron sobre su estadía en dicho centro de torturas. La testigo Erika Hennings, recuerda especialmente a Sergio Montecinos, debido a que éste tuvo una actitud altamente solidaria con ella cuando a su esposo Alfonso Chanfreau, también detenido desaparecido, lo sacaron con destino desconocido desde Londres 38, el día 13 de agosto de 1974. Erika pudo comunicarse con Sergio hasta el día 17, fecha en que fue trasladada a otro recinto.

            Dos días después de la detención de Sergio, es decir el 3 de agosto de 1974, nuevamente allanaron su domicilio, para lo cual los agentes recogieron en su domicilio a doña Lidia Ortega Muñoz, madre de Mónica Cattani, en un automóvil de color gris, modelo antiguo y le ordenaron abrir la puerta de la casa de los Montecinos Cattani. Al llegar hasta la dirección del domicilio señalado, la señora Lidia se pudo percatar que en ese lugar se encontraba estacionada desde antes una citroneta de color beige, con dos personas a bordo, las que se unieron a los agentes que llevaban a la suegra de Sergio Montecinos y en conjunto registraron la vivienda. En esa oportunidad, los agentes se llevaron algunos apuntes de estudio de Sergio, una guía caminera, libros y una vieja escopeta de caza, la que se encontraba debidamente inscrita.

            En los momentos en que se realizaba el allanamiento, llegó hasta el domicilio don Francisco Cattani Marchetti, suegro de Sergio, quien había sido previamente alertado por su esposa. Ambos inquirieron información respecto al paradero y estado de su yerno, a lo que los agentes respondieron en tono amenazante que Montecinos Alfaro tenía para muchos años, "si es que libraba con vida". Agregándoles a continuación que "era mejor que su hija rehiciera su vida y se olvidara de su marido".

            El nombre de Sergio Montecinos Alfaro aparece en la nómina de 119 personas fallecidas en Salta, Argentina, en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas Argentinas. Esta información fue publicada en el año 1975 por el semanario "Lea" de Argentina y en el periódico "O'Dia" de Brasil. El Gobierno argentino informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la revista "Lea" no es una publicación que circula en la República Argentina y la única edición conocida es la correspondiente a la que entregaba la noticia indicada.

            En lo que respecta al local mencionado como de redacción por "averiguaciones efectuadas por la Policía Federal Argentina niegan la posibilidad de que en ese lugar haya existido la redacción de la citada revista. Asimismo, la Policía Federal manifestó "que no es concebible que un suceso de tal magnitud hubiera ocurrido en la República sin que los organismos competentes tomaran conocimiento" y agregan que "las 119 personas mencionadas no se encuentran registradas ni poseen antecedentes". Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores no pudo confirmar oficialmente estos hechos e implícitamente no le otorgó credibilidad.

GESTIONES LEGALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Con fecha 2 de agosto de 1974, Mónica María Cattani Ortega interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago el Recurso de Amparo Rol Nº840-74, en favor de su esposo Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, el que fue rechazado el 10 de enero de 1975, casi seis meses después de ser interpuesto, al informar las autoridades pertinentes que el amparado no había sido detenido, ni existían antecedentes sobre su situación. Sin embargo, en esa oportunidad no se llamó a declarar a la cónyuge, quien fue testigo de la detención, para que ampliara los antecedentes sobre la misma. Por último, la Corte resolvió remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente, a fin de que investigara la posible comisión de un delito derivado del desaparecimiento.

            Con fecha 16 de enero de 1975 se comenzó la tramitación, ante el Décimo Primer Juzgado del Crimen de Santiago, de la causa Rol Nº1175, correspondiente a una denuncia por presunta desgracia, proceso que, por incompetencia, posteriormente se radicó en la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, bajo el Rol Nº342-75, el que terminó por sobreseimiento temporal.

            Precisamente, en virtud de los nuevos antecedentes que se lograron establecer en el proceso antes señalado, en donde se acreditaba la detención de Sergio Sebastián Montecinos Alfaro por parte de agentes del Estado, la madre de éste último, doña Ubaldina Alfaro Castillo, con fecha 26 de octubre de 1976, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, un nuevo Recurso de Amparo que fue rolado con el Nº969-76. Este Amparo fue rechazado el 9 de noviembre de 1976, por "resultar improcedente tramitar un nuevo amparo por los mismos hechos". Esta resolución fue confirmada por la Corte Suprema con fecha 15 de noviembre de 1976, "teniendo únicamente presente que la persona en cuyo favor se recurre de amparo no aparece en estos antecedentes que se encuentre privado de libertad por orden de la autoridad".

            Por último, el 18 de enero de 1977, se presentó una denuncia por privación de libertad ante el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, causa Rol Nº14.602-2. Luego, con fecha 23 de agosto de 1977, se presentó ante el mismo Juzgado una querella criminal por el delito de secuestro de Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, en contra de los agentes de seguridad que resultaren responsables, la que fue acumulada a la causa 14.602-2. El Tribunal resolvió el cierre del sumario el 5 de abril de 1978 y su sobreseimiento temporal el 11 del mismo mes. Esta resolución fue ratificada por la Corte de Apelaciones con fecha 7 de junio de 1978, sin que aclarara el paradero ni la suerte corrida por la víctima.

El lunes la Corporación Administrativa del poder judicial deberá informar el costo que tendrá la nominación de los jueces especiales. Mientras, el mundo de los derechos humanos tiene la esperanza que ellos avancen donde hasta ahora sus esfuerzos han sido infructíferos: las causas beneficiadas con un juez de dedicación exclusiva corresponden mayoritariamente a desapariciones perpetradas por la DINA, el Comando Conjunto y a un caso emblemático de la CNI.
La hora de la Dina
El cerco se estrecha sobre la DINA con el caso del militante del MIR, Carlos Cubillos Gálvez, detenido en 1974 en una calle de la comuna de Nuñoa. Testigos señalaron que fue conducido al recinto de Londres 38 y no volvió a saberse de él. Su causa – rol 11337/6- está en el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.
En ese mismo juzgado está radicada la causa del militante del MIR, Juan Carlos Perelman (rol 12193-8), quien fue detenido en 1975 por efectivos de la DINA junto a su conviviente, quien tiempo después fue liberada. La Comisión Rettig afirmó que su desaparición fue responsabilidad de agentes del Estado.
El 1 de agosto de 1974 fue detenido Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, quien, sus 28 años, era el coordinador sindical de los partidos políticos que habían adherido a la UP en la Zona Oeste de Santiago. Fue sacado de su hogar por efectivos de la DINA y visto por última vez en el recinto de Londres 38. Su causa Nº2310-00, consta también en el Octavo Juzgado de Santiago.
El secuestró de Luis Jaime Palominos Rojas, el 7 de diciembre de 1974, es responsabilidad del mismo organismo de seguridad. La causa de este militante del MIR, rotulada con el número 2808-5, también será instruida por un juez especial en el 11º Juzgado del Crimen de Santiago.
El ministro de dedicación exclusiva de ese mismo tribunal se abocará al caso de Jaime Cadiz Norambuena (causa 768-6). Este militante del MIR fue detenido en la población José María Caro y desapareció desde el recinto de la DINA de Londres 38.
El número 2161-8 de ese juzgado consigna otra causa de la DINA en que el juez pondrá acento. El mirista Jorge Humberto D´orival Briceño fue detenido en su hogar de la comuna de Conchalí y visto luego, junto a otros dos detenidos, en Villa Grimaldi. A los tres se les perdió la pista en el recinto de Cuatro Alamos.
El juez de dedicación exclusiva del Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel investigará el caso de Leopoldo Muñoz Andrade, militante del MIR que desapareció desde el recinto DINA de Cuatro Alamos. En las manos de este magistrado estará además esclarecer la desaparición de otro mirista, Daniel Reyes Piña, quien fue visto por última vez en Londres 38.
A ese organismo represor se atribuye también la desaparición de Víctor Fernando Olea Alegría el 11 de septiembre de 1974. Tenía 24 años cuando fue detenido por agentes en la vía pública. Su causa está radicada en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago con el número 76667.
Otro caso que tendrá especial atención será el de Washington Cid Urrutia, quien desapareció en 1974 desde Villa Grimaldi. Su causa está radicada en el Décimo Juzgado del Crimen de Santiago y es atribuido a la DINA.
Hacia otros organismos represores
No sólo la DINA será investigada por los jueces especiales. Las acciones criminales perpetradas por el Comando Conjunto tendrán el mismo destino. De hecho, el mandato de la Suprema toca las hebras de uno de los casos que ofrece las mayores contradicciones con el informe de las FF.AA: la desaparición del militante de las Juventudes Comunistas Carol Fedor Flores Castillo.
El informe castrense establece que Flores Castillo fue detenido en 1976, muerto y arrojado al mar en las costas de San Antonio. Sin embargo, Flores fue apresado junto a sus hermanos en 1974 y permaneció recluido seis meses. En 1976 comenzó a colaborar con el Comando Conjunto, proceso que se extendió hasta el 7 de junio de ese año. El ex agente del comando conjunto Andrés Valenzuela confesó que fue muerto junto a un soldado en el Cajón del Maipo y arrojado al río. Ahora su crimen será investigado por el juez del Décimo Juzgado de Santiago.
En el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, bajo el número 10161, consta el caso de Alonso Gahona Chávez, quien habría fallecido víctima de reiteradas torturas junto a Humberto Castro en el llamado "Nido 20". Así se conocía al recinto secreto de detención y tortura ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida de Santiago. Este recinto funcionó durante 1975 bajo control de agentes de la DIFA con quienes colaboraban civiles provenientes de grupos nacionalistas o de extrema derecha.
La guardia exterior del recinto estuvo a cargo de alumnos de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea. Gahona, dirigente de los obreros de la Municipalidad de La Cisterna y militante comunista, conocido como «Yuri», había sido detenido el 8 de septiembre de 1975 en la vía pública. Su cadáver habría sido envuelto en plástico y, al parecer, arrojado al mar.
Desde el recinto llamado "Remo Cero", del regimiento de artillería anti-aérea de Colina fue sacado y posiblemente enterrado en terrenos militares de Peldehue, Miguel Rodríguez Gallardo. La causa 10617 del cuarto juzgado de San Miguel intentará llegar hasta las bases del Comando Conjunto.
También un juez especial investigará el destino de al menos uno de los detenidos desaparecidos de La Moneda. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago está la causa 17584, que corresponde a Osvaldo Ramos Rivera, miembro del GAP de sólo 22 años.
Ramos fue detenido en el interior del palacio gubernamental por militares, junto a Antonio Aguirre Vásquez. Producto de sus heridas, ambos fueron trasladados a la Posta Central donde existe constancia de su permanencia. Fueron sacados desde allí por personal uniformado y desde entonces se desconoce su paradero.
En el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago será investigado el caso de otro GAP, Mario Ramiro Melo, oficial del Ejército retirado, desaparecido desde el 29 de septiembre de 1973.
El caso de Miguel Acuña Castillo, rotulado con el número 11509-8 en el Octavo Juzgado de Santiago, también será investigado. Acuña era dirigente de la sección de estudiantes secundarios del MIR cuando desapareció en 1974, junto a su amigo Héctor Garay Hermosilla.
La labor de los jueces especiales se extenderá además a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago será visto el caso de José Luis Baeza, de 41 años, vendedor y miembro del Comité Central del PC. Fue aprehendido junto a otras tres personas en una casa en Santiago que servía para reuniones y contactos de miembros de esa colectividad.
Los autores de la detención fueron identificados como miembros del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, comandados por un conocido Jefe de Inteligencia. Baeza fue llevado a la Academia de Guerra de esa institución, donde fue visto por varios testigos. Estos testimonios contradicen la versión oficial entregada por el Ministro del Interior que, en esa época, negó su detención

Sergio fue el primer hijo del matrimonio conformado por Cristóbal y Ubaldina. Nació en Santiago el 23 de mayo de 1946, y gran parte de su infancia y adolescencia transcurrieron cerca de la Estación Yungay y luego de Maipú. Regalón de su madre, siete años más tarde recibió con alegría la llegada de un nuevo integrante a su familia: su hermana Lucía, con quien compartiría muchas horas de juegos, pese a la diferencia de edad.

Lucía conserva un cálido recuerdo de su hermano, a quien describe como  “una persona súper cálida, muy inteligente, muy  humano y con mucha conciencia social”. La niña de entonces recuerda que su hermano solía reunirse en la casa paterna con compañeros de universidad y del Partido, y que si algo caracterizaba a esos jóvenes “es que  todos ellos querían un mundo mejor. Yo, por mi edad, no participaba en esos encuentros, pues era apenas una niña, pero sí los escuchaba con atención”.

Sergio cursó la enseñanza preparatoria –actual educación general básica- en la Escuela Salvador Sanfuentes, y las humanidades –enseñanza media actual- en el Liceo Juan Antonio Ríos, en donde se hizo muy amigo de Pancho Cattani, un joven que, como él, también se integraría a las filas del Partido Socialista.

Tras egresar del liceo, ingresó a estudiar Ingeniería Civil Industrial a la Universidad de Chile, “carrera en la que estuvo hasta hizo hasta el segundo o tercer año, pues empezó a comprometerse más en política y a dedicarle todo su  tiempo a la militancia, en una época en que se creía que los cambios sociales eran inminentes”, recuerda su hermana.

Hincha de la Universidad de Chile, gustaba también de la caza y practicaba el ajedrez, deporte-ciencia por excelencia, en el que se destacó desde muy joven.

Durante los años de la Unidad Popular trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno, y luego  le correspondió asumir como interventor de la industria Aceros Franklin, en la actual comuna de Cerrillos, y actuar como Coordinador Sindical de la Unidad Popular en la Zona Oeste de Santiago.

Con su esposa y su único hijo vivieron un tiempo en Macul, para luego trasladarse hasta una vivienda en Avenida Egaña, en Ñuñoa

Para el 11 de septiembre salió temprano con Pancho Cattani, a cumplir con las responsabilidades que ambos tenían previstas en la eventualidad de una intentona golpista en contra del Gobierno Popular. Su hermana recuerda que ambos partieron con rumbo a una industria, y que recién a eso de las 19:00 horas de ese día Sergio logró volver a su hogar, pegado a las murallas y esquivando  las patrullas militares y policiales que controlaron a los santiaguinos ese día, luego de la implantación del toque de queda.

Luego del golpe, tal como ocurrió con miles de chilenos exonerados de sus trabajos, Sergio perdió su empleo y decidió montar un pequeño taller de tejidos y confecciones, oficio al que se dedicaba cuando  fue detenido por la DINA.

Efectivamente, Sergio fue detenido por agentes de la DINA el día 1° de agosto de 1974, en su domicilio de calle Avenida Egaña Nº1528, en presencia de su esposa, de su hijo de dos años de edad y de la asesora del hogar.

Alrededor de las 16:00 horas de ese día golpearon violentamente la puerta del domicilio. De inmediato ingresaron dos agentes, que no se identificaron sino que mostraron rápidamente una credencial en que lo único que se podía distinguir era una insignia dorada que decía Ejército de Chile. Acto seguido, exigieron las cédulas de identidad de cada uno de los ocupantes de la vivienda; al ver la de Sergio, le indicaron que los debía acompaña «para tomarle una breve declaración» y que podría estar en poco rato de regreso en su hogar «si cooperaba». Paralelo a ello, los agentes procedieron a un registro de toda la casa, para luego llevarse detenido a Sergio, sin exhibir orden alguna ni para la detención ni el allanamiento, negándose a informar el lugar hacia donde era conducido el detenido. Al ser sacado a viva fuerza de su hogar, su esposa vio que afuera se encontraban apostados otros dos individuos y estaba estacionado un automóvil de color negro, al que subieron a su esposo, sin que ella pudiera distinguir su patente.

De inmediato, sus captores, trasladaron al detenido hasta el recinto clandestino de reclusión y tortura de la DINA, ubicado en Londres 38, en el centro de Santiago, un local que, como terrible paradoja, había sido confiscado al Partido Socialista. En ese lugar pudo ser visto y conversar con diversos otros detenidos, cuyos sobrevivientes testimoniaron sobre su estadía en dicho centro de torturas. La testigo Erika Hennings, recuerda especialmente a Sergio, debido a que éste tuvo una actitud altamente solidaria con ella cuando a su esposo Alfonso Chanfreau, también detenido desaparecido, lo sacaron con destino desconocido desde Londres 38, el día 13 de agosto de 1974. Erika pudo comunicarse con Sergio hasta el día 17, fecha en que fue trasladada a otro recinto.

Dos días después de la detención de Sergio, es decir el 3 de agosto de 1974, nuevamente allanaron su domicilio, ocasión en que cuatro agentes de seguridad registraron totalmente la vivienda. En esa oportunidad, los agentes se llevaron algunos apuntes de estudio de Sergio, una guía caminera, libros y una vieja escopeta de caza, la que se encontraba debidamente inscrita.

En los momentos en que se realizaba el allanamiento, llegó hasta el domicilio su suegro, quien había sido previamente alertado por su esposa. Ambos inquirieron información respecto al paradero y estado de su yerno, a lo que los agentes respondieron en tono amenazante que Sergio tenía para muchos años, «si es que libraba con vida», agregando a continuación que «era mejor que su hija rehiciera su vida y se olvidara de su marido».

El nombre de Sergio apareció en la nómina de 119 personas fallecidas en Salta, Argentina, en supuestos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas de ese país, información que fue publicada en el año 1975 por el semanario «Lea» de Argentina y en el periódico «O’Dia» de Brasil, dos medios de comunicación apócrifos que, según se confirmó más tarde, la DINA levantó –son el apoyo de la policía secreta argentina- sólo para encubrir el crimen de estos 119 ciudadanos chilenos, ya que el gobierno argentino informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la revista «Lea» no era una publicación que circulara en  Argentina y que la única edición conocida fue  la correspondiente a la que entregaba la noticia indicada.

Aun más, en lo que respecta al local que la supuesta revista mencionaba como oficina de redacción, el gobierno trasandino señaló que «averiguaciones efectuadas por la Policía Federal Argentina niegan la posibilidad de que en ese lugar haya existido la redacción de la citada revista”. Asimismo, la Policía Federal manifestó «que no es concebible que un suceso de tal magnitud hubiera ocurrido en la República sin que los organismos competentes tomaran conocimiento» y agregan que «las 119 personas mencionadas en los enfrentamientos no se encuentran registradas ni poseen antecedentes».

Al momento de su detención, Sergio tenía 28 años de edad.

Entre los condenados están Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko.

Durante las últimas horas, la Corte Suprema acogió los recursos de casación interpuestos por los querellantes del llamado “Caso Colombo”, el montaje hecho por la policía de la dictadura cívico militar Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), que permitió la desaparición forzada de 119 opositores. 

En concreto, se reemplazó la sentencia y condena de 59 agentes estatales que pertenecían a la dina por su responsabilidad en los secuestros calificados de 16 militantes del Partido Socialista, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y la Liga Comunista. La segunda sala del Máximo Tribunal del país condenó a los exagentes César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko a penas de 15 años y un día de presidio, en calidad autores de los delitos. A ellos se suman otras 53 personas, las que deberán purgar 10 años y un día de presidio, como autores.En el caso de los agentes Jaime Alfonso Fernández Garrido y Samuel Fuenzalida Devia fueron condenados, en calidad de autores, a cinco años y un día y 541 días de presidio, respectivamente.A juicio de la Corte, “los hechos fueron cometidos en un contexto de ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil, lo que determinó que los ilícitos establecidos fueran además considerados como crímenes de lesa humanidad, por atentar contra normas ius cogens del Derecho Internacional Humanitario, y por lo mismo, sometidos a dicho estatuto jurídico internacional”.Sobre los agentes involucrados indirectamente, los miembros de la DINA no tienen necesidad “que exista orden expresa de la autoridad política para perpetrarlo. El sujeto pasivo, es la población civil, contra quien se dirige el ataque”. Así, los sujetos formaban parte del mismo grupo, tanto como “autores, cómplices o encubridores” de los crímenes cometidos.La lista de los detenidos desaparecidos aparecieron publicados en noticias falsas en los medios “O’Dia” y “Novo O’Dia”, de Brasil, y “Lea”, de Argentina. Los detenidos, de acuerdo a lo que pudo constatar la Corte, fueron llevados a los centros de detención clandestinos José Domingo Cañas, Villa Grimaldi, Cuatro Álamos, Londres 38, Clínica Santa Lucía y Venda Sexy. 

Además, el máximo tribunal condenó al fisco a pagar indemnizaciones que van desde los $30.000.000 (treinta millones de pesos) a los $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos) por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas.

Las víctimas fueron Francisco Aedo Carrasco, Juan Andrónicos Antequera, Jorge Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Eduardo Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Juan Carlos Rodríguez Araya, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fiorasso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Jilberto Urbina Chamorro e Ida Vera Almarza.

Esta es la primera etapa de un proceso que continuará en septiembre próximo cuando se realice una nueva entrega de títulos póstumos. El objetivo es reconocer a todos aquellos alumnos que fueron desaparecidos o ejecutados durante el Régimen Militar.

En las manos, un clavel rojo; sobre el pecho, una foto en blanco y negro con la fecha exacta de la desaparición u homicidio. De esta manera, llegaron a la Universidad de Chile, los familiares de los estudiantes de la Casa de Bello que fueron víctimas de la violencia de la dictadura. ¿El motivo? Celebrar una de las primeras entregas de títulos póstumos del plantel.

Durante la actividad, que se efectuó en la Casa Central de nuestra Universidad, se reconocieron a cien estudiantes que, en su época, pretendían licenciarse de carreras como Biología, Arquitectura, Ingeniería, Educación Básica, Pedagogía en inglés, Historia, Medicina y Sociología, entre otras.

La ceremonia fue encabezada por los actores Alejandro Goic y Luz Croxatto. Además, la actividad contó con la presencia de Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile; Faride Zerán, Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Casa de Bello; Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; y Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Para el rector de la Casa de Bello, Ennio Vivaldi, la entrega de títulos póstumos se enmarca dentro de un compromiso que posee la institución con la sociedad. “Esta es una forma que tiene la Universidad para decir que no acepta el hecho de que hayan matado a estos jóvenes. Además, nosotros teníamos la responsabilidad de acompañar a los jóvenes hasta que se recibieran”, dijo.

Por su parte, la académica Faride Zerán, Premio Nacional de Periodismo 2007, manifestó que este hito permite generar memoria. “En ese sentido, les estamos diciendo a las nuevas generaciones de que la memoria también es el presente, porque esos estudiantes que no están, que fueron desaparecidos o ejecutados, sí son parte de esta comunidad y yo diría que representan lo mejor de nuestra comunidad”, apuntó.

Un comité por la memoria

Esta entrega de títulos póstumos fue el resultado de una investigación realizada por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, el Archivo Central Andrés Bello, la Unidad Jurídica de la institución, la Cátedra de Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Respecto de este trabajo, Alejandra Araya, directora del Archivo Central Andrés Bello, señaló que esta es la primera etapa de un proceso que aún está en desarrollo. “Nos queda todo el proceso posterior al año 81, cuando la Universidad de Chile deja de ser una institución nacional y se desmembra en las sedes regionales. Así que hay que ser súper enfático: los casos que hoy reconocemos no son todos, porque el proceso no está cerrado”, dijo.

“Esperamos que la Universidad institucionalice la entrega de los títulos póstumos hasta que estemos seguros de que hemos logrado entregárselos a todos quienes fueron parte de nuestra comunidad”, añadió la investigadora. 

A su vez, Lorena Fríes, ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que este hito “contribuye a un nunca más”: “El que la comunidad universitaria tome conciencia de lo que ocurrió, de prácticamente la liquidación de una generación completa, emociona y duele. Pero da gusto  que se hagan este tipo de actos y ojalá tenga una repercusión a todo nivel porque lo que no podemos aceptar es que viendo esto, estando aquí, hayan intentos de impunidad respecto de quienes estaban detrás de todos estos actos”, comentó la abogada.

En septiembre próximo se realizará una nueva entrega de títulos póstumos. El objetivo es reconocer a todos los estudiantes que fueron víctimas de la dictadura en Chile.