Millanao Caniuhuán Jaime Pablo

Rut  :  6.422.857

F.Nacim.: 23-07-49, 24 años a la fecha de la detención

Domicilio: Pje. El Estribo 514, Villa El Rodeo, Conchalí, Santiago

E.Civil:Casado

Actividad: Obrero de Industrias Químicas Policrón Yarur, Cerrillos

C.Repres.: Militante de las Juventudes Comunistas

F.Detenc.: 23 de septiembre de 1973

  SITUACION REPRESIVA

            Jaime Pablo Millanao Caniuhuán, obrero industrial, casado, militante de las Juventudes Comunistas, se desempeñaba al 11 de septiembre de 1973 como operario de la Planta Química Industrial Yarur situada en Avda. Cerrillos.

            Jaime Millanao asistió a su trabajo en forma normal hasta el 23 de septiembre de 1973; ese día le correspondía trabajar en el turno de las 16:00 a las 23:00 horas. Cabe hacer presente que el afectado portaba una credencial otorgada por la fábrica con el objeto de poder circular en horas de toque de queda y evitar ser detenido. Esa noche Millanao no regresó a su domicilio. Al día siguiente, su cónyuge, doña Noelia Ortiz Namuncura se comunicó con la fábrica para indagar sobre el paradero de éste. En la portería de la planta Yarur le informaron que su esposo había sido detenido la noche anterior. Noelia Ortiz se dirigió de inmediato a la planta donde le manifestaron que en circunstancias que su cónyuge se encontraba trabajando, llegaron hasta el lugar efectivos Militares que se movilizaban en un camión quienes procedieron a detenerlo. La persona que le proporcionó la información le señaló desconocer a qué lugar había sido trasladado ni qué acusaciones se le formulaban, sólo le recomendó dirigirse al Ministerio de Defensa, donde se publicaban listas con nombres de detenidos.

            Con fecha 25 de septiembre, Noelia Ortiz se dirigió hasta las dependencias del Ministerio de Defensa, donde le señalaron que el nombre de su cónyuge no figuraba entre las personas detenidas. Mientras hacía la fila para ser atendida, la persona que estaba detrás suyo le indicó que también buscaba a su marido y que éste había sido detenido en la Planta Químico Industrial de Yarur, Este hecho accidental le confirmó que ese día habían sido detenidos varios trabajadores de la planta y no sólo su marido.

            En los días siguientes la cónyuge de Jaime Millanao recorrió varios recintos de detención, no pudiendo obtener ninguna información sobre su paradero.

            En el mes de diciembre de 1973, concurrió hasta el Instituto Médico Legal, donde al proporcionar los datos de su marido, nombre, lugar de trabajo, ropa que vestía, un funcionario le señaló que alrededor del 25 de septiembre habían recogido un cadáver en Avda. General Velásquez, cuyas ropas coincidían con las de su cónyuge y que dicho cadáver había permanecido alrededor de un mes en el Instituto Médico Legal, no siendo identificado. Posteriormente se había ordenado enterrarlo en el cementerio General como NN. Noelia Ortiz se dirigió al cementerio donde le manifestaron que para poder determinar si la persona que había sido enterrada en el lugar que se le había indicado en el Instituto Médico Legal correspondía a su cónyuge, debía efectuar una serie de trámites muy difíciles de efectuar, atendidas las circunstancias que vivía el país. Dado el poco conocimiento que tenía la declarante para este tipo de asuntos, y la precariedad de su estado, no le fue posible efectuar mayores trámites.

            Los hechos relatados constan en declaración jurada prestada ante Notario por la cónyuge de la víctima, doña Noelia Ortiz Namuncura.

            Por su parte la hermana de Jaime Pablo Millanao, doña Rosa Millanao, residente en la ciudad de Temuco declara bajo juramento que su hermano fue visto detenido en el Estadio Nacional por su cuñado, Mario Herrera Macaya, quien a la sazón era funcionario de Carabineros y se encontraba cumpliendo servicios en ese lugar. La familia consultó en reiteradas oportunidades a ese recinto donde le señalaron que no se encontraba.

            Hasta la fecha se desconoce el paradero de Jaime Millanao permaneciendo éste en calidad de desaparecido.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            La familia de la víctima, de escasos recursos, se dirigió inmediatamente después de producida la detención al Ministerio de Defensa, recintos de reclusión, tales como el Estadio Nacional, Cárcel Pública, sin resultados positivos. También concurrieron al Instituto Médico Legal donde oficialmente no se les proporcionó ninguna información; extraoficialmente se le dijo que un cadáver no identificado enterrado en el Cementerio General a fines de octubre de 1973, podría corresponder al afectado.

            El 10 de abril de 1991 la cónyuge de Jaime Millanao, doña Noelia Ortiz Namuncura presentó ante el 21° Juzgado del Crimen de Santiago una denuncia por presunta desgracia, la que roló con el número 33126-2, que al término del año 1992 se encontraba en estado de sumario.

            Los antecedentes antropomórficos de Jaime Pablo Millanao Caniuhuán fueron anexados a la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal, en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos, los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó a seis militares en retiro por su responsabilidad en el delito reiterado de homicidio calificado de Carlos Enrique Mario Nicholls Rivera, Servando Antonio González Maureira y Jaime Pablo Millanao Caniuhuán. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en paso bajo nivel.

De acuerdo a un comunicado del Poder Judicial, el ministro Carroza condenó a Luis Víctor José Prüssing Schwartz a la 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de los homicidios de las víctimas que fueron detenidas en distintos puntos de la actual comuna de Cerrillos, y trasladadas hasta el recinto de la Feria Internacional de Santiago (FISA), lugar donde se encontraba asentado personal del Regimiento de Infantería de Montaña Reforzado N° 18 de Guardia Vieja, y luego fueron ejecutadas en el paso bajo nivel ubicado en calle General Velásquez con Camino a Melipilla.

En tanto, Luis Rodrigo Albornoz Costa deberá purgar 7 años de presidio por su responsabilidad como autor de los delitos; Sergio Eduardo Padilla Abarca y René Palominos Zúñiga fueron condenados a 4 años de presidio, se les concedió el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, en calidad de cómplices; y Eugenio Segundo Díaz Parada y Manuel Jesús Zúñiga Jofré fueron sentenciados a 800 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, por su responsabilidad como cómplices.

En el caso de Prüssing Schwartz, el ministro en visita le suspendió el cumplimiento de la pena corporal impuesta, debido a la enajenación mental que afecta al condenado, por lo que fue entregado bajo fianza de custodia y tratamiento a su familia.

En la causa, se decretó la absolución al no haberse comprobado su participación en los hechos, de los procesados Rubén Santiago Pinilla Riquelme y Joaquín Arnoldo Penroz de la Barra.

En el aspecto civil, se ordenó al fisco y a los condenados pagar una indemnización total de $240  millones a familiares de las víctimas.

La resolución dio por establecidos los siguientes hechos:

«A Carlos Enrique Mario Nicholls Rivera, Servando Antonio González Maureira y Jaime Patricio Millanao Caniuhuán se los traslada hasta dependencias de la Feria Internacional de Santiago (FISA), lugar en que se encontraba asentado parte del Regimiento de Infantería de Montaña Reforzado N° 18 de Guardia Vieja, bajo el mando de un teniente coronel. Hallándose todos en ese recinto, en horas de la noche del día 24 de septiembre de 1973, fueron conminados a subirse a un camión y hecho, se les traslada hasta el puente ‘Lo Valledor’, ubicado en la calle General Velásquez con Camino a Melipilla, donde un oficial de Ejército, acompañado de efectivos militares que se encontraban bajo su mando, le ordena descender al paso bajo nivel y a sus subalternos los intima a dispararles con sus armas de fuego, las que al ser activadas les hirieron de gravedad y ocasionaron la pérdida de sus vidas en el mismo lugar, en absoluta indefensión, y sus cuerpos fueron abandonados en el lugar, con custodia militar, esperando el momento en que otra patrulla de militares los retirarán y les llevaran al Servicio Médico Legal”.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco exmiembros del Ejército por su responsabilidad en los delitos consumados de homicidio calificado de los trabajadores Carlos Enrique Mario Nicholls Rivera, Servando Antonio González Maureira y Jaime Pablo Millanao Caniuhuán, perpetrados entre el 24 y 25 de septiembre de 1973, en el sector del puente Lo Valledor, de la actual comuna de Cerrillos.

En fallo unánime (causa rol 6.638-2020), la Novena Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Miguel Vázquez Plaza, la ministra Paula Rodríguez Fondón y el abogado (i) Patricio Carvajal Ramírez- confirmó la sentencia de primer grado con declaración que se eleva a 15 años y un día de presidio, la pena que deberá cumplir el exoficial de Ejército Luis Rodrigo Albornoz Costa, como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado.

En tanto, los exsoldados conscriptos Sergio Eduardo Padilla Abarca y René Palominos Zúñiga deberán purgar 10 años y un día de reclusión, y Manuel Jesús Zúñiga Jofré y Eugenio Segundo Díaz Parada 5 años y un día de presidio, como coautores de los delitos.

El exgeneral de Ejército, Luis Víctor José Prüssing Schwartz, condenado a 15 años y un día en el fallo de primera instancia, resultó absuelto por la causal de “enajenación mental”.

En la sentencia de primera instancia, dictada en abril de 2020 por el ministro Mario Carroza, el exoficial Albornoz Costa había sido condenado a 7 años de presidio; Padilla Abarca y Palominos Zúñiga a cuatro años de prisión, y Zúñiga Jofré y Díaz Parada a penas de 800 días de cárcel.

Ejecuciones

Los trabajadores asesinados habían sido previamente detenidos por efectivos militares y trasladados hasta el recinto de la Feria Internacional de Santiago (FISA) en donde tenían instalada su base las tropas que formaban parte del Regimiento de Infantería de Montaña N° 18 Guardia Vieja, proveniente de Los Andes. Este contingente militar se encontraba bajo el mando del entonces Coronel Luis Prüssing Schwartz.

La víctima Carlos Enrique Mario Nicholls Rivera, de 27 años de edad, casado, ingeniero químico, militante del Partido Comunista y exinterventor de la Compañía de Cervecerías Unidas, fue detenido por militares el día 24 de septiembre de 1973, alrededor de las 20:00 horas, mientras se encontraba en su domicilio ubicado en calle Alejandro Flores N° 6383, Villa Cerrillos de la comuna de Maipú. Entre los aprehensores se encontraba un oficial del mencionado Regimiento Guardia Vieja, quien señaló que el detenido sería trasladado hasta las dependencias militares instaladas en la FISA. En ese lugar existía un centro de detención de prisioneros políticos.

Por otra parte, Servando Antonio González Maureira de 28 años de edad, Presidente del Sindicato de obreros de la empresa Rayón Said Industriales Químicos S.A., y simpatizante del Partido Socialista, fue detenido el día 24 de septiembre de 1973, en un allanamiento realizado por los mismos militares que detuvieron a Nicholls Rivera.

Por último, Jaime Pablo Millanao Caniuhuán de 24 años de edad, operario de la Planta Química Yarur y militante de las Juventudes Comunistas, fue detenido por los mismos efectivos militares el día 23 de septiembre de 1973, en horas de la noche, en un allanamiento a la planta ubicada en el sector de Cerrillos.

En horas de la noche del día 24 de septiembre de 1973, los tres trabajadores detenidos fueron subidos a un camión militar por los uniformados. Acto seguido se trasladan hasta el Puente ‘Lo Valledor’, ubicado en calle General Velásquez con Camino a Melipilla, donde les hacen descender y les conducen hasta el paso bajo nivel. El oficial a cargo del operativo de ejecución ordena a sus subalternos dispararles con sus armas de fuego a los detenidos causándoles la muerte inmediata. Los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en el mismo lugar, esperando que otra patrulla de militares los retiraran y les llevaran al Servicio Médico Legal.

La mañana del 25 de septiembre familiares de Servando González Maureira que se encontraban en la búsqueda de su familiar detenido, al pasar por el puente Lo Valledor vieron el cuerpo sin vida de Servando, junto a los otros dos trabajadores asesinados. Los cadáveres estaban con custodia militar esperando el arribo del SML.

La decisión de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de aumentar la cuantía de las penas se funda en el rechazo de que, en este caso, concurran las atenuantes de obediencia debida y colaboración sustancia al esclarecimiento de los hechos tomadas en consideración por el ministro Carroza en su fallo.

Al respecto la resolución de la Corte señala: “Que, a diferencia de los razonado por el Ministro Instructor, no puede ser acogida la minorante del artículo 211 del Código de Justicia Militar. En efecto, obediencia debida requiere para su configuración: a) que se trate de una orden de un superior; b) que la orden sea relativa al Servicio; y c) si la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito, esta sea representada por el inferior y en tal evento se insista por el superior”.

La resolución agrega que: “De lo anterior se desprende que quien invoca la eximente, tiene que haber obrado en ‘acto de servicio’, vale decir, los que se refieren o tengan relación con la función que a cada uniformado le corresponde por el hecho de pertenecer a las Instituciones Armadas. En consecuencia, estas no se encuentran referidas a la aprehensión de los partidarios o dirigentes sociales afines al régimen depuesto, menos aún asesinarles o hacerles desaparecer, razón por la que los inculpados no pueden haber obrado en un acto de servicio propio de su calidad de militar.

Para el tribunal de alzada: “Por demás, debe ser rechazada tal modificatoria, toda vez que no es posible aceptar que el subordinado admita pura y simplemente cumplir la orden del superior, cuando esa orden consiste en cometer un delito, más uno de la entidad de los de la especie; obviar tal circunstancia implicaría que el hechor actúa teniendo plena conciencia de lo antijurídico de su proceder, lo que conduce a un evidente contrasentido”.

“Por otra parte -continúa-, en el caso que el subordinado considere ilegal la orden del superior, le asiste el derecho de no acatarla, conforme al artículo 335 del Código de Justicia Militar, salvo que se le insista, y solo desde ese momento puede estimarse que está amparado su rechazo por el ordenamiento jurídico, validándose entonces su conducta como eximente o atenuante, según corresponda. Nada de eso se acreditó en este sentido, por lo que la atenuante invocada por estas defensas no puede ser acogida”

El ministro Alejandro Solís entregó este lunes los restos de tres personas que figuraban como detenidos desaparecidos el Patio 29 del Cementerio General a sus familias luego que fueron identificados por el laboratorio de North Texas en Estados Unidos.

Las víctimas son Pablo Aranda Schmied, identificado el 2 de diciembre de 2009, Juan Carlos Díaz Fierro, identificado el 29 de diciembre del mismo año, y Jaime Pablo Millanao Canihuán, identificado el 27 de enero pasado.

El magistrado entregó los restos en el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político del Cementerio General.

El juez Solís, tras finalizar con la identificación de estas tres víctimas, continuará con la verificación de identidades en relación a otras víctimas del Patio 29, las que también están siendo indagadas en laboratorio de Estados Unidos.