Marín Rossel Jorge Rogelio

Rut       : 189.854 Iquique

F.Nacim. : 05-07-54, 19 años a la fecha de su detención

Domicilio : 18 de Septiembre 1088, Iquique

E.Civil  : Casado, 2 hijos

Actividad : Técnico Astillero, empleado de la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI)

C.Repres. : Partido Socialista; dirigente de las Juventudes Socialistas

F.Detenc. : 28 de septiembre de 1973

 SITUACION REPRESIVA

            Jorge Rogelio Marín Rossel, 19 años de edad, casado, técnico astillero, militante socialista, fue detenido el 28 de septiembre de 1973, a las 18:00 horas, por una patrulla militar que lo condujo primero a la VI División de Ejército y después al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique -donde fue visto por numerosos testigos- desde donde desapareció, el día 29 de septiembre de ese año. Según la información oficial entregada por el Comandante en Jefe de la VI División de Ejército y Jefe de la Zona en Estado de Sitio, General Carlos Forestier Haensgen, Jorge Marín y William Millar Sanhueza (también detenido- desaparecido), se habrían fugado del "lugar donde se les tenía aislados". Posteriormente, las autoridades informaron que en los hechos había muerto el conscripto Pedro Prado. Según antecedentes que obran en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en nuevas y reiteradas informaciones, también oficiales, el conscripto aludido fue declarado como muerto en otras circunstancias.

            La patrulla que participó en la aprehensión de la víctima estaba integrada por el Sargento de Ejército Roberto Fuentes Zambrano ("El Guatón Fuentes"), por Santiago Moreno, por el carabinero René Egidio Valdivia y por Suboficial de Ejército Miguel Aguirre ("El Flaco Aguirre", "El Cara de Palo").

            Al 11 de septiembre de 1973 el afectado se encontraba en Santiago, llegando a Iquique el 17 de septiembre de ese mismo año junto a José Sampson Ocaranza (también militante socialista y quien fuera ejecutado el 30 de octubre de 1973 en Pisagua). Ese mismo día, Jorge Marín fue detenido por militares en la localidad de Alto Hospicio, quienes lo condujeron al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique. También en esta fecha allanaron su domicilio, procediendo los militares a detener a su cónyuge -Salomé Castillo Parraga- y a su hija de 3 meses de edad. Entre estos aprehensores estaba un oficial de apellido Jordano y otro de apellido Sticker. Salomé Castillo fue conducida a la VI División de Ejército en donde el General Forestier le mostró fotos y le preguntó por Freddy Taberna, José Sampson y Rodolfo Fuenzalida (todos ejecutados el 30 de octubre de 1973 en Pisagua). Fue entonces cuando ella vio a su marido arriba de un camión municipal. El le señaló que lo llevaban al Regimiento de Telecomunicaciones.

            Aproximadamente el 20 ó 21 de septiembre de 1973, Jorge Rogelio Marín fue liberado y retornó a su hogar en pésimas condiciones físicas, torturado y golpeado. El 28 de septiembre de 1973, a las 18:00 horas, fue detenido por segunda vez cuando se encontraba en el domicilio de su madre, ubicado en la calle Latorre N°1048 de Iquique. Los efectivos del Ejército, que iban acompañados de civiles, rodearon toda la cuadra y dijeron que el afectado debía acompañarlos para firmar una declaración en la VI División de Ejército. Desde aquí fue trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique.

            Al día siguiente, 29 de septiembre de 1973, la familia concurrió a dicho recinto militar, siendo informada por el Comandante de apellido Stix que, en la noche anterior, el afectado y William Millar Sanhueza se habían fugado dando muerte al conscripto Pedro Prado. Ese mismo día, la familia fue recibida por el Capitán Pedro Collao en la VI División de Ejército, quien les reiteró la información de la fuga. El día 30 de septiembre, a la cónyuge le fue devuelta la ropa que Jorge Marín llevaba al momento de ser detenido (pantalón café, vestón gris y zapatos de seguridad). Al expresar ella su sorpresa por la entrega de vestuario de alguien a quien se suponía fugado, los militares le dijeron "seguramente huyó disfrazado".

            El 30 de septiembre de 1973 se transmitió por radio un bando en el que se comunicaba que Jorge Marín y William Millar se habían fugado. El 2 de octubre de 1973, en la prensa de la zona, se publicó la información oficial de la fuga. En el bando N°64 se decía "deténgase con orden de disparar ante el menor intento de resistencia", entregándose los nombres completos y antecedentes de las dos víctimas. Se agregaba "estos dos ciudadanos se fugaron en la noche del 29 de septiembre de 1973, de un lugar de Iquique donde se les tenía aislados por estar comprobado que eran Jefes de Organizaciones paramilitares del Partido Socialista de Iquique".

            Salomé Castillo -cónyuge de la víctima- en declaraciones prestadas ante el Juzgado del Crimen de Pozo Almonte donde se investigó el hallazgo de osamentas en la fosa de Pisagua en agosto de 1990, expuso que había realizado indagatorias personales para tratar de ubicar el cuerpo de su marido, de quien los testigos manifestaron había sido muerto en el interior del Regimiento de Telecomunicaciones. Dijo que en 1973, un panteonero del Cementerio N°3 de Iquique apodado "Lobito", había dicho que "sabía muchas cosas pero que no podía hablarlas". Ella relacionó entonces estas palabras con la desaparición de Jorge Marín y se dirigió a la Administración del Cementerio, donde fue atendida por un funcionario de nombre Carlos cuyos apellidos ignora. Le había llamado la atención que al final de la calle Los Copihues de dicho Cementerio había dos carabineros con un perro parados frente a una tumba. Ella señaló que buscaba la tumba de su abuelo e indicó que ésta podría encontrarse precisamente en el lugar donde estaban los Carabineros. Se le informó que sólo se trataba de un nicho temporal y que su familiar no se encontraba sepultado allí. Se acercó al lugar y vio que el nicho tenía el N°5841 y que estaban escritas las letras "J" y "P".

            Como se mencionaba, Jorge Marín fue visto por numerosos testigos cuando se encontraba recluido en el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique.

            Mario del Carmen Magne Castillo, quien fuera detenido el 28 de septiembre de 1973 y permaneciera recluido en el Regimiento de Telecomunicaciones, señala que fue ingresado en el sector del Polígono, donde había unos 16 detenidos más, todos con las cabezas dentro de sacos paperos. El Polígono, era un terraplén con murallas bajas, de 20 metros de ancho y 300 de largo, al aire libre. Para los interrogatorios los presos eran trasladados a otro lugar. Después de permanecer por casi dos días en este sector, el testigo y los demás detenidos fueron llevados a las "chancherías", que era una suerte de cantera donde se criaba a los chanchos. Allí vio a Jorge Marín Rossel, a quien tenían con un saco harinero en la cara. Al anochecer lo sacaron de la cantera y Marín no retornó. Agregó el testigo una noche escuchó una balacera al interior del Regimiento habiendo informado los militares que el recinto había sido "atacado por extremistas" y que en los hechos había muerto el conscripto Pedro Padro. El declarante señaló que ellos no percibieron que las balas vinieran de afuera. Entre los interrogadores, Mario Magne reconoció al cabo Aguirre y al Sargento Fuentes, ambos pertenecientes al Servicio de Inteligencia Militar (SIM).

            El 25 de julio de 1990, ante el Juzgado del Crimen de Pozo Almonte, declaró Eugenio Osvaldo Vargas Pacasa. Expuso que fue detenido el 12 de septiembre de 1973, siendo conducido al Campamento de Detenidos de Pisagua, después de haber permanecido durante tres días en el Regimiento de Telecomunicaciones. Posteriormente -posiblemente a fines de septiembre de 1973, no recuerda la fecha exactamente- fue llevado otra vez al Regimiento de Telecomunicaciones. Aquí fue ingresado al "sector de los chanchos", con la cabeza cubierta con un saco papero. Alrededor de las 10:00 horas de la noche, y estando tendido boca abajo en la tierra junto a otros detenidos, el declarante escuchó, a su lado derecho, una voz que decía que escaparan del Regimiento y que él podría guiarlos. Una segunda persona dijo que no, agregando "ese h… es milico". El testigo reconoció en este último a Jorge Marín Rossel. Esa misma madrugada, se efectuaron disparos en el Regimiento, los que, según dijeron los militares, se habían ocasionado porque hubo un intento de fuga. Después de ese día no se volvió a saber ni de Marín Rossel ni de Millar Sanhueza.

            Damián Ernesto Rojas Gallardo también declaró ante el Juzgado del Crimen de Pozo Almonte, el 25 de julio de 1990. Señaló que fue detenido el 28 de septiembre de 1973, siendo conducido al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, en donde permaneció alrededor de 15 días, siendo interrogado en cuatro oportunidades, en las que le vendaron la vista, le amarraron las manos y lo golpearon con puños, pies y elementos contundentes. El 31 de septiembre de 1973, como a las 4:00 de la tarde, estaba en el Polígono de Tiro, con la cabeza cubierta con un saco de arpillera. Un Capitán de Ejército, de alrededor de 1.78 metros de estatura, macizo, tez blanca, ojos azules, nariz chica, pelo crespo, le retiró el saco de la cabeza y le convidó un cigarrillo. Acto seguido, le mostró dos cuerpos que se encontraban detrás de un muro que había en el Polígono. Uno de ellos estaba tendido boca abajo, y el otro recostado sobre el muro. El Capitán le preguntó si los conocía, a lo que el testigo respondió que no. Entonces le dio un puntapié en las costillas al que estaba tendido en el suelo, sin que el declarante notara reacción alguna de parte de éste. Después, el Capitán sacó de su guerrera un montón de carnets de identidad y buscó uno que correspondía a Jorge Marín Rossel (el testigo así pudo comprobarlo) y otro que era de William Millar, "éste era el Gringo", dijo el Oficial. El declarante supuso que ambos estaban muertos.

            Esa misma noche, lo llevaron a la parte llamada "chanchería". Hacia la madrugada ocurrieron unos disparos dentro del Regimiento. Los militares explicaron que se había tratado de un grupo de civiles armados que habían intentado rescatar a los presos políticos y que en estos hechos habían caído Jorge Marín y William Millar, además de un soldado llamado Pedro Prado.

            Manuel Guillermo Jiménez Méndez, también ante el Juzgado del Crimen de Pozo Almonte, el 25 de julio de 1990, testimonió que había sido detenido el 28 de septiembre de 1973 y llevado al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, en donde permaneció hasta el 15 de octubre de ese año, siendo violentamente torturado y golpeado, incluso le introdujeron un palo de escoba por el ano. Los interrogadores eran dos sujetos que andaban de civil, conocidos como "El Guatón Fuentes" y Aguirre.

            El declarante señaló que, entre el 28 y el 30 de septiembre de 1973, junto a unos quince detenidos más, fue llevado al denominado sector de los chanchos, "ubicado en una especie de cantera que existía dentro del Regimiento. Entre la trama del saco de arpillera que tenía puesto en la cabeza, vio que de un jeep bajaron a Jorge Marín. Este venía con un saco blanco en la cabeza, esposado, con bototos color café de seguridad, pantalón plomo y vestón café. Tendidos boca abajo en el suelo, Marín quedó junto a un detenido de apellido Palominos, al que le contó que Millar estaba muy mal. Jorge Marín, por su parte, se veía muy golpeado. Como a las 06:00 de la tarde llegó un Teniente que se llevó a Marín en dirección a los edificios del Regimiento. En la noche se sintieron disparos dentro del Regimiento. Al día siguiente se comentaba que el baleo se había suscitado porque los militares habían detectado el intento de fuga de Marín y Millar, cuestión que, según el testigo, nadie creyó.

            El 26 de julio de 1990, compareció ante el Tribunal ya mencionado, Luis Alberto Tapia Hidalgo, el que dijo haber sido detenido el 28 de septiembre de 1973 y recluido en el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, en donde permaneció hasta el 26 de octubre de 1973, fecha en que fue trasladado a Pisagua. En el Regimiento, junto a unas doce personas más, fue dejado en la cancha del Polígono, todos ellos con la cabeza cubierta con un saco papero. Allí fue interrogado en tres oportunidades por "el Guatón Fuentes" y un tal Aguirre, miembros del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), los que procedían a golpearlo. Una noche fue llevado hasta el final del Polígono, en donde habían cavado una fosa. Lo obligaron a arrodillarse y un Oficial le colocó una pistola en la nuca, gatillándola y diciéndole "hasta aquí no más te llega la vida". Esa misma noche se produjo un tiroteo en el Regimiento, a raíz de que, según lo dijeron los militares, habían pretendido asaltar el Regimiento para rescatar a los presos políticos, informando que Marín y Millar -a quienes el testigo había visto recluidos en ese recinto militar- se habían fugado en dirección al Cementerio N°3.

            El testigo Carlos Aldo Valdivieso Martínez señaló ante el Juzgado de Pozo Almonte, que había sido detenido el 18 de septiembre de 1973 y llevado al Regimiento de Telecomunicaciones. Aquí le pusieron un saco en la cabeza y le ordenaron tenderse en el suelo, boca abajo, a los pies de una muralla que colinda con el Cementerio, permaneciendo así durante cuatro días, sin recibir alimentos. La primera noche, lo llevaron a un cerro, lo desnudaron por completo y lo golpearon violentamente. Testificó que en una oportunidad hubo un baleo en el Regimiento y aunque él no vio ni a Marín ni a Millar, se enteró que ambos habían sido muertos en esa oportunidad.

            El 7 de agosto de 1990, declaró ante el Tribunal de Pozo Almonte, Juan Segundo Hervas Espíndola, quien dijo que había sido detenido el 14 de septiembre de 1973 por Carabineros y conducido a la Comisaría de Iquique, siendo flagelado por el Carabinero Blas Barraza. Al cabo de cuatro días, lo condujeron al Regimiento de Telecomunicaciones, en donde permaneció por tres meses, hasta el 20 de diciembre de 1973. Fue interrogado y torturado en dieciocho oportunidades reconociendo en sus interrogadores, entre otros, a Blas Barraza, y a un militar de apellido Aguirre, el que en ese entonces era Jefe del SIM. El declarante sufrió golpes de todo tipo, aplicación de corriente eléctrica, fue colgado en el baño del Regimiento. Recuerda que el 28 de septiembre de 1973, como a las 17:00 horas, vio que traían desde la calle a Marín y a Millar, escoltados por el Carabinero Blas Barraza y por el militar conocido como "el Guatón Fuentes". Los introdujeron al mismo baño en que el testigo había sido flagelado. Poco después, Juan Segundo Hervas fue llevado nuevamente al baño y allí vio a ambos afectados muy golpeados y prácticamente aturdidos.

            El 29 de septiembre en la noche, se produjo una balacera en el Regimiento y no se volvió a saber ni de Marín ni de Millar, escuchando que los militares decían que éstos habían intentado fugarse, razón por la que debieron darles muerte.

            Por su parte, Pedro Antonio Corrales Altura expuso en el Juzgado de Pozo Almonte, el 7 de agosto de 1990, que el 29 de septiembre de 1973 fue recluido en el Regimiento de Telecomunicaciones, en donde fue interrogado por un militar de apellido Aguirre. A la madrugada siguiente -no recuerda exactamente la fecha- se produjo la balacera en el Regimiento, en el que, según se dijo, habría muerto el soldado Pedro Prado. Después se les informó que también habían sido muertos Marín y Millar, por intento de fuga.

            En agosto de 1975, la madre de la víctima, Petronila Rossel, fue detenida en su domicilio por civiles del SIM y conducida a un recinto de interrogatorio. Permaneció allí durante 8 horas, siendo torturada, al cabo de las cuales se le dejó en libertad ordenándosele trasladarse a Tocopilla en un plazo no mayor a los dos días, en cuya Comisaría de Carabineros debía presentarse. Sólo en 1978 pudo retornar ella a su hogar de Iquique.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            En diciembre de 1986, ante el 4° Juzgado del Crimen de Iquique, se interpuso una querella criminal por los delitos de secuestro y homicidio calificado cometidos en las personas de William Robert Millar Sanhueza y de Jorge Rogelio Marín Rossel, la que fue rolada con el N°1724-86. En escritos posteriores se señaló al Tribunal que el interrogador del Regimiento de Telecomunicaciones conocido como "El Flaco Aguirre" o "El Cara de Palo" era el Suboficial de Ejército Miguel Aguirre, quien se había desempeñado en el Departamento 2° del Cuartel General de la VI División de Ejército y quien a 1990 se encontraba en retiro y trabajando en un establecimiento comercial de Iquique. En cuanto al "Guatón Fuentes", se trataba de Roberto Fuentes Zambrano, funcionario del Ejército en retiro y que había desempeñado labores de seguridad en la Intendencia Regional de Antofagasta. Se agregaba también que se había ubicado a la viuda del sepulturero "Lobito", cuyo nombre era Freddy Mario Lobos Urquiola. Por último se solicitó al tribunal que se investigara la información que obtuvo en 1973 la cónyuge de Jorge Marín en relación a que los cuerpos de Marín Rossel y Millar Sanhueza se encontrarían ubicados en el Cementerio N°3 de Iquique en la calle Los Copihues sepultura N°5841, en cuyo nicho se encontraría una inscripción con dos letras "J" y "P". No hay mayores antecedentes sobre ésta y las otras diligencias solicitadas en la tramitación de la querella.

            A pesar de los numerosos testimonios que declaran que Jorge Marín Rossel y William Millar habrían sido muertos en el interior del Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, sus muertes no han sido reconocidas y sus familias continúan esperando una respuesta cierta de la suerte corrida por ellos.

El general chileno retirado Carlos Forestier, que llegó a ser ministro de Defensa durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue procesado ayer junto a otras dos personas -el ex fiscal militar Mario Acuña y un tercer uniformado cuya identidad se mantiene en reserva-, por la ejecución de diez personas en el campo de prisioneros de Pisagua y en la ciudad de Iquique, a finales de 1973. La resolución fue adoptada por el juez especial Juan Guzmán, quien tiene a su cargo la investigación de las querellas contra Pinochet. Guzmán también dictó orden de arresto contra Forestier.
En la misma resolución -dictada a cinco días de que el pleno de la Corte de Apelaciones inicie el desafuero contra Pinochet-, el juez Guzmán sometió a proceso por el mismo delito al ex fiscal militar, Mario Acuña Riquelme, y al suboficial Miguel Chile Aguirre Alvarez. Forestier deberá cumplir prisión preventiva en un recinto militar. Hasta el momento, en la causa que sustancia Guzmán se han dictado 11 procesamientos y Forestier es el tercer general (R) procesado en el caso,ya que el año pasado encausó al general (R) Sergio Arellano Stark, por la llamada Caravana de la Muerte y al ex director de la Dina, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, por el secuestro calificado del ex gerente general de Cobrechuqui, David Silbermann El auto de procesamiento contra Forestier se basa en las desapariciones ocurridas en Pisagua de Freddy Taberna Gallegos, Jorge Marín Rossel,Marcelino Lamas Largo, Francisco Jiménez Vidal, William Millar Sanhueza,Michel Nasch Sáez, Nolberto Cañas Cañas, José Sampson Ocaranza, Juan Antonio Ruz Díaz y Rodolfo Fuenzalida Fernández.

Augusto Pinochet se enfrenta a dos nuevas querellas por la desaparición de Juan Ruz Díaz, Willian Millar y Jorge Marín, dirigentes del Partido Socialista durante la dictadura chilena. Desde que Pinochet regresó a Chile se han presentado 86 querellas por los crímenes acacecidos a lo largo de 17 años de dictadura. El Colegio Médico también se ha querellado contra el ex dictador por el asesinato y desaparición de 19 médicos duante el régimen militar. El pasado viernes, Pinochet fue acusado de la desaparición del médico ecuatoriano José Félix García Franco, primera víctima extranjera de la represión cuyo caso llega a los tribunales chilenos. Ante la avalancha de querellas, el juez que lleva el caso, Juan Guzmán Tapia, solicitó a la Corte de Apelaciones retirar al dictador el fuero que lo protege como senador vitalicio, cargo que asumió hace dos años.
 

A 87 aumentaron las querellas criminales en contra del general (r) Augusto Pinochet, luego de que el abogado Roberto La Rosa interpusiera este miércoles dos requerimientos por personas desaparecidas en Pisagua. La primera querella corresponde a la desaparición del dirigente del Partido Socialista Juan Antonio Ruz Díaz ocurrida en septiembre de 1973. El segundo libelo responsabiliza a Pinochet por la desaparición de los dirigentes de las Juventudes Socialistas William Millar y Jorge Rogelio Marín, detenidos desaparecidos desde sepiembre de 1973.
En la acusación, junto con el ex comandante en jefe del Ejército, se menciona como responsables de los delitos de secuestro calificado homicidio calificado, tortura y asociación ilícita al general (r) Carlos Forestier, al ex fiscal militar Mario Acuña y los sub oficiales en retiro, Miguel Aguirre y Blaz Barraza. El profesional explicó que los delitos de "homicidio calificado, asociación ilicita y tortura es un asunto que en primera instancia el ministro Juan Guzmán no acogió aplicando amnistía y prescripción".
 

Los familiares de las dos víctimas, identificadas como Jorge Marín y Williams Millar, llegarán mañana al lugar para seguir paso a paso las labores de búsqueda, luego que la jueza los autorizara para ello. La jueza de Pozo Almonte, Teresa Valenzuela, llegó hasta el pique Mapocho -a 65 kilómetros de Iquique- por orden del ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, para iniciar las faenas de exploración del lugar en busca de restos de detenidos desaparecidos. Los trabajos, que se prolongarían aproximadamente por tres días, contó también con la presencia de un equipo de expertos.
 

Un nuevo avance dio la justicia, luego que tras una exhaustiva investigación por casos de Derechos Humanos en Iquique y Pisagua, la ministra en visita, Mónica Olivares Ojeda, dictara acusación en la investigación que lleva por el homicidio calificado en contra del gendarme Isaías Higueras Zuñiga, ocurrido el 19 de enero de 1974 en la localidad de Pisagua, tras ser brutalmente torturado.

La  ministra en visita, que además preside la Corte de Apelaciones de Iquique, responsabilizó por el delito de homicidio calificado a los miembros en retiro del Ejército de Chile Miguel Chile Aguirre Álvarez y Blas Daniel Barraza Quinteros.

Tras la acusación, la ministra en visita debe llevar la causa a plenario, para posteriormente dictar sentencia de primera instancia.

COMISIÓN VERDAD Y RECONCILIACIÓN

De acuerdo a los antecedentes de la  Comisión de Verdad y Reconciliación: “El 11 de enero de 1974 fallece ISAÍAS  HIGUERAS ZUÑIGA, 39 años, gendarme en la Cárcel de Iquique, militante comunista. Había sido detenido y llevado al Regimiento de Telecomunicaciones, en Iquique, siendo trasladado posteriormente a Pisagua.

La cónyuge recibió oficialmente la versión que su marido había muerto de un infarto al corazón.  Esta información fue entregada por quien entonces era Alcaide de la Cárcel de Iquique y ratificada en dependencias de la VI División del Ejército, en esa ciudad.

Los restos de don Isaías Higueras fueron entregados a su cónyuge dentro de una urna sellada. Esta Comisión se encuentra convencida, especialmente por las declaraciones de múltiples y concordantes testigos presenciales que ella conoció, que su muerte se produjo a resultas de los apremios ilegítimos de que fue objeto por agentes del Estado, mientras se encontraba detenido en el campo de prisioneros de Pisagua donde sus custodios lo golpearon hasta darle muerte”.

RECUERDOS

La esposa de Higueras, Diana Brerms, entrevistada en la época del hallazgo de la fosa clandestina de Pisagua, contó que tenía testimonios certeros que su esposo, quien trabajaba en la cárcel de Iquique, fue sacado y trasladado hasta el campo de prisioneros de Pisagua. Esto ocurrió el 11 de  enero de 1974,

Posteriormente Higueras fue muerto a golpes en las sesiones de torturas a las que fue sometido. Su cuerpo fue entregado a la familia en una urna sellada, debiendo sepultarlo de inmediato, sin hacer un velatorio ni contar con acompañante en el  entierro.

Llegaron al Cementerio No 3 de Iquique cuando ya estaba cerrado, así que tuvieron que descerrajar el candado. La mujer, había comprado un nicho barato, que estaba en el último piso, pero los militares no pudieron ingresar el cajón, por o que ocuparon uno más abajo y le dijeron “vai a tener que pagar la diferencia”.

Sin embargo, el informe  oficial que recibió la familia, es que Higueras –que militaba en el Partido Comunista- falleció a consecuencia de un infarto fulminante por stress físico emocional.  Es la información que consta en el certificado médico.

Cabe destacar que ambos acusados, Miguel Aguirre, conocido como «el flaco Aguirre» y Blas Barraza, son reconocidos como torturadores por ex prsos políticos de Pisagua, quienes padecieron de sus brutales métodos para conseguir información.

Al mando del equipo estaba el ex Fiscal de Pisagua, Mario Acuña. En lo operativo estaba el teniente Carlos Herrera, conocido como “Bocaccio”, a quienes se sumaban Aguirre, Barraza  y otros torturadores.

BLAS BARRAZA

Su nombre completo es Blas Daniel Barraza Quinteros. Pertenecía a la rama de Carabineros, donde ostentaba el grado de suboficial para el 11 de septiembre.  Ya se encuentra condenado por otros casos de derechos humanos, donde su participación fue demostrada.

Se le procesó como autor de secuestro calificado en contra de Jorge Marín Rossel  18 años y de William Millar Sanhueza, de 35, al momento de su muerte. Ambos fueron asesinados en el cementerio N° 3, acusados de fugarse desde el regimiento de telecomunicaciones, lo que sus familiares y testigos,  desmintieron

Barraza también fue procesado y condenado por ser el autor del homicidio calificado en contra del sacerdote salesiano, Gerardo Francisco Poblete, quien murió producto de las números golpes que recibió desde que fuera sacado del Colegio don Bosco, ante la atónita mirada de sus compañeros.

El joven sacerdote, fue golpeado en forma salvaje, desde el corto traslado del Colegio Don Bosco, hasta el recinto de Carabineros,  que estaba donde hoy funcionan las oficinas centrales de Eliqsa, Zegers con Lynch. De allí que la plaza del lugar, lleve hoy su nombre.

MIGUEL AGUIRRE

El ex cabo de Ejército, si bien, logró llevar una vida relativamente normal en Iquique, tras la recuperación de la democracia y el hallazgo de la fosa clandestina de Pisagua, muchas veces fue increpado en las calles de la ciudad por ex prisiones o familiares de presos y ejecutados. Siempre negó su participación en hechos de derechos humanos. Inclusive declaró en los años 90 en el diario La Espoca, que tenía  su conciencia tranquila.

En el año 2012, cuando la  ministra Olivares ya había asumido la investigación, llamó a una rueda de reconocimiento con la participación de presos políticos, quienes inequívocamente identificaron al «flaco» Aguirre como su torturador. Después de ello pasó a la cárcel de Alto Hospicio, pero más tarde recuperó su libertad, recluyéndose en su domicilio.

Uno de los presos que prestaron declaraciones ahte la ministra, señalaron que fueron convocados para declarar como testigos de las violaciones a los DDHH ocurridas en Pisagua, pero a medida que avanzaba la investigación, la jueza fue configurando la calidad de víctimas de los declarantes. Es decir, fueron víctimas y testigos.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a tres miembros del Ejército en retiro, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Jorge Rogelio Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en la ciudad de Iquique.

En fallo unánime (causa rol 201-2017), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Paola Plaza Maritza Villadangos y Guillermo de la Barra– confirmó la sentencia que condenó a Miguel Chile Aguirre Álvarez, Blas Daniel Barraza Quinteros y Pedro Santiago Collado Martí a 10 años y un día de presidio como autores de los delitos, tras descartar la posibilidad de aplicar en la especie, la prescripción o la media prescripción, por tratarse de crímenes de lesa humanidad. “Nos encontramos ante una política estatal de control del orden público que autorizó a los agentes del Estado para detener e incluso privar de la vida a ciudadanos o hacerlos desaparecer, sin consecuencias, por la garantía de impunidad que el mismo régimen generó respecto de las responsabilidades penales y de todo orden que les era atribuibles, lo cual pone de manifiesto que su actuar, o bien fue ordenado, o al menos contó con el beneplácito o tolerancia de los responsables de diseñar e implementar esta política estatal de control del orden público. En palabras de la Fiscalía Judicial, ‘el régimen imperante en la época, procedió mediante sus agentes a detener y torturar a las víctimas, desconociéndose hasta la fecha su paradero, siendo la desaparición forzada un delito que ofende a la humanidad toda'”, plantea el fallo. “Además, en relación a la prescripción gradual de la acción ejercida, es conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquélla, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos”, añade. Para la Corte de Santiago: “Tampoco puede soslayarse que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues dada la indiscutible gravedad de los hechos, perpetrados con la intervención de agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó”. En el aspecto civil, se confirmó la sentencia apelada “con declaración que se condena al Fisco de Chile a pagar las siguientes indemnizaciones por daño moral: $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada uno de los actores Héctor Marín Rossel, Hugo Marín Rossel, Ana María Marín Rossel y Wilfredo Sepúlveda Rossel, hermanos de Jorge Rogelio Marín Rossel; $15.000.000 (quince millones de pesos) a Aura Teresa Peña Martínez, cónyuge de Williams Millar Sanhueza; $30.000.000 (treinta millones de pesos) a cada una de las actoras Lisabeth Millar Peña y Alexis Millar Peña, hijas de Williams Millar Sanhueza; y $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a Salomé Castillo Parraga, cónyuge de Jorge Marín Rossel”.

Al momento de fallecer acumulada 28 años por horrendos crímenes

Anyelina Rojas V.- En el Hospital Militar de Santiago, y mientras cumplía una condena de 10 años y un día por graves delitos contra los derechos humanos, murió Miguel Chile Aguirre Álvarez, sindicado como uno de los principales torturadores en Pisagua y del Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, hoy, escuela de Caballería Blindada, cuando era cabo del Ejército y cumplía labores en el SIM, Servicio de Inteligencia Militar.

Aguirre Álvarez -que falleció de una falla multisistémica-, acumulada condenas por 28 años y mantenía un proceso pendiente en la Corte de Apelaciones de La Serena como autor de “aplicación de tormentos, cometidos en contra de Oscar Varela Barbagela”, según indica un documento emitido por el alcaide de Punta Peuco, donde informa de la muerte del condenado y procesado.

En el mismo informe, el alcaide da cuenta de las condenas acumuladas, cumpliendo la primera, por 10 años y 1 día, condenado por el homicidio calificado contra el gendarme Isaías Higuera Zúñiga, por la Corte de Apelaciones de Iquique.

Además, cumplida esa pena, se sumarían las siguientes:

Condenado a 10 años y 1 día como autor de secuestro calificado contra Michael Nash Sáez, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal, en el proceso llevado por la Corte de Apelaciones de Santiago, por hechos ocurridos en Pisagua.

Condenado a 8 años por el secuestro calificado contra Marcelina Lamas Largo, tramitada en la Corte de Apelaciones de Santiago, por hecho ocurrido en Pisagua.}

CUMPLIENDO  CONDENA EN PUNTA PEUCO

La sentencia actual que cumplía Miguel Chile Aguirre  en Punta Peuco -conocido como el flaco Aguirre, por su cuerpo enjuto y de gran altura-, era por su responsabilidad en el homicidio calificado del funcionario de Gendarmería, preso en Pisagua, Isaías Higuera Zúñiga,

En este caso la sentencia de primera instancia  fue inicialmente de 5 años, dictada por la entonces ministra Gloria Olivares, pero la Corte de Apelaciones de Arica la subió a 10 años, lo que fue confirmado por tribunal Supremo. La causa involucró también al torturador  Blas Barraza Quinteros, -conocido como el paco Barraza-, acusado por el asesinado del gendarme Isaías Higueras.  Este ilícito fue perpetrado en enero de 1974, cuando el detenido fallece, producto de brutales torturas, mientras estaba en cautiverio político en Pisagua.

Había una segunda causa avanzada con una tramitación pendiente en la Corte Suprema, por lo tanto, con una condena no ejecutoriada. Se trata de la desaparición de Jorge Marín Rossel, 19 años a la fecha y Williams Millar Sanhueza, de 42, habían sido brutalmente torturados, primero en el Retén de Carabineros que en aquella época estaba en El Colorado y después en el Regimiento de Telecomunicaciones, hoy Escuela de Caballería Blindada.

En pésimas condiciones, ya moribundos producto de las torturas, fueron llevado en sacos al Cementerio N° 3, que se unía con el regimiento, dejándolos en una de las calles del camposanto, simulando un intercambio de balas, donde, además, fallece el soldado Pedro Prado Ortiz, que hacía guardia en la avenida que llevó su nombre, hoy Avenida Presidente Salvador Allende.

CHIVO EXPIATORIO

Abogados de derechos humanos y que tramitan algunas causas asociadas a Iquique y Pisagua, a partir del golpe militar Aguirre, terminó siendo una especie de “chivo expiatorio”, porque fue acumulando condena, por sobre la oficialidad a cargo, ya que el era un cabo, es decir, un grado de menor rango, trabajando en la inteligencia.

Lo que resulta inexplicable es que, siendo Aguirre, un cabo, que es un grado de menor rango, finalmente terminó siendo un chivo expiatorio de toda la oficialidad involucrada y que fue responsable de las decisiones tomadas. A esos oficiales, ha sido muy difícil condenarlo.  En el caso de  Marín y Millar, fue condenado como autor, mientras que los oficiales jefes del Regimiento Telecomunicaciones, el primer y segundo, fueron condenado como cómplices.

Hay otro caso, por la ejecución de Freddy Taberna, donde se da una situación más absurda, donde a Miguel Chile Aguirre lo acusaron como autor del homicidio, contra Taberna, cuando en definitiva él fue condenado y ejecutado en virtud de un Consejo de Guerra realizado en Pisagua hoy declarado ilegal.  Está claro que un cabo no podría haber pasado por la autoridad del capitán a cargo del campo de prisioneros políticos.

Así entonces, en virtud de este  falso Consejo de Guerra que sesionó en Pisagua, fueron ejecutados, en definitiva, 4 altos dirigentes del Partido Socialista. Se trata de:

Rodolfo Fuenzalida Fernández, 43 años, piloto civil, detenido el mismo 11. Era militante del Partido socialista. Como casi todos los detenidos, hizo el periplo desde su lugar de detención al Regimiento de Telecomunicaciones y de allí a Pisagua.

Juan Antonio Ruz, 32 años. Se desempeñaba como funcionario de Aduanas y se entregó voluntariamente en el Telecomunicaciones,

José Sampson Ocaranza,  33 años, quien se desempeñaba como relacionador público de la municipalidad de Iquique, También se presentó voluntariamente. Lo hizo ante Carabineros.

Freddy Taberna Gallegos, era el más joven de este grupo, con sólo 30 años y como los otros, se presentó voluntariamente, sin presagiar que esa decisión sería sin vuelta atrás. Hoy, una calle de su barrio El Morro, le recuerda con su nombre.

 “ÉL ME TORTURO”

Luis Caroca Vásquez, quien siendo un joven dirigente socialista para el golpe del dictador Pinochet, fue uno de los tantos prisioneros políticos que fue torturado por Miguel Aguirre, al punto que hasta hoy permanece con secuelas auditivas, provocadas como consecuencia de las brutales golpizas que le propinó.

“Me enteré de su muerte y puedo decir que eso no me alegra, pero sí lamento que se haya ido de este mundo sin haber pagado por todos los crímenes que cometió.  El estaba en Punta Peuco gracias a algunos procesos, pero  no soy el único sobreviviente torturado por él, señaló Caroca.

Contó Que Aguirre junto a funcionarios de carabineros y las otras ramas de las Fuerzas Armadas, conformaron un grupo base que se desplazaba por la región para torturar.  “Estaban especializados en eso, en torturar, cosa de lo que muchos sobrevivientes pueden dar testimonios”, remarcó Caroca, quien hoy preside la Corporación de derechos Humanos y Sitios de la Memoria de Tarapacá.

“NO RECONOCIÓ SUS DELITOS”

Héctor Marín Rossel, quien ha luchado incansablemente para que se haga justicia en la desaparición de su hermano Jorge, a la edad de 19 años, en un montaje donde también resultó detenido desaparecido William Millar, señaló que Miguel Aguirre Alvarado, muere sin haber reconocido sus delitos.

“Siento impotencia y  rabia que otro de los  asesinos y torturadores que hicieron desaparecer a mi hermano, haya muerto sin que  nunca aportara ni confesara nada. Se fue en silencio como un cobarde”, afirmó.

Y concluye Marín, que preside la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua (AFEPI), “no solo es responsable de la muerte y desaparición de mi hermano, sino que también de William, Marcelino y de los presos políticos de Pisagua. Él era uno de los torturadores”.

Héctor Marín Rossel, hermano de detenido desaparecido (*)

Me llamo Jorge Marín Rossel, tenía solo 19 años a la fecha de mi secuestro y desaparición. Era casado, tuve una hija llamada Daniela, de solo 3 meses de vida. Tenía tantos sueños para ella, me sentía orgulloso de ser padre, la cargaba con mucho amor y ternura. Ella era la primera nieta, tal como yo lo fui el regalón de mis abuelos, abuelas, tías y tíos.

Estaba durmiendo la siesta a pocas cuadras de la casa de mi mamá cuando me fueron a buscar. Golpearon la puerta y preguntaron por Jorge Marín Rossel. Mi mamá Petronila Rossel les dice: “Identifíquense, ¿por qué lo buscan?”. Uno de los captores le muestra su credencial, y mi mamá le dice a mi hermano menor Hugo: “anda y dile a tu hermano que lo buscan”.

Hugo tomó su bicicleta y en pocos minutos veníamos caminando juntos por el medio de la calle, estábamos a minutos de las 18 horas e iba a comenzar el toque de queda. No hubo diálogo, solo silencio profundo hasta llegar a casa. Se abre la puerta e inmediatamente me ponen una capucha negra en mi cabeza y me esposan.

No emití ningún grito, ni me resistí para evitar un poco el dolor y el terror reflejado en las caras de mis hermanos menores y mi mamá. Solo alcancé a sacarme un anillo, pero no mi reloj, que me había regalado ella. Mi mamá, en su desesperación, y en presencia de mis hermanos menores, se abalanza sobre Roberto Fuentes, jefe del servicio de seguridad. Inmediatamente pasan bala y somos todos encañonados.

Mi madre les dice: “él es menor de edad, ¿dónde lo llevan?”, a lo que le responden: “a la sexta división del ejército, a ratificar una declaración, y luego lo dejaremos libre”. Mi madre les dice: “si es así, entonces yo lo acompaño”.

La caravana de vehículos militares enfila hacia el centro de la ciudad, a la esquina entre las calles Luis Uribe y Bolívar. A mí me llevaban en un camión militar, sentado en la parte de atrás con dos militares a los costados, iba encapuchado y esposado dando la espalda al jeep militar que llevaba a mi madre. La caravana se detiene en la sexta división de ejército, y uno de los militares me habla al oído. Yo le digo: “mamá bájate aquí”.

Me llevaron al retén de carabineros del Colorado, que ya no existe. Allí me torturaron salvajemente por horas, luego me trasladan dentro de un saco al regimiento de telecomunicaciones de Iquique, centro de detención, tortura y exterminio, en la madrugada del 29 de septiembre de 1973. El ejército hizo un montaje para justificar mi desaparición junto a la de William Millar, y asesinaron al soldado Pedro Prado Ortiz diciéndole a sus familiares que nosotros, en nuestra fuga, le habíamos dado muerte. Con los años, su montaje se ha ido cayendo a pedazos, nunca se investigó nuestra supuesta fuga, ni la muerte del soldado.

Los condenados por secuestro, tortura y desaparición Blas Barraza Quinteros, Pedro Collado Martí, Miguel Aguirre Álvarez ya están cumpliendo sus penas de cárcel efectiva. La justicia tardó tantos años, que Hans Kar Stuckrath Morera, también responsable de mi muerte, vivió libremente toda su vida sin cumplir un día de cárcel, sobreseído por muerte. Han pasado 48 años de mi asesinato y desaparición y sigo siendo detenido desaparecido.Te rindo este homenaje hermano, como testimonio de todo lo sufrido por 48 años y pensando en las nuevas generaciones. Que lo sufrido por nosotros nunca se vuelva a repetir, y que estas heridas se sanen solo con verdad, justicia, memoria y reparación. Te seguiré buscando, no solo a ti, sino también a todos tus compañeros, que dieron sus vidas por sus ideales de justicia y un Chile para todos.

Tu hermano Héctor

• El autor del artículo anterior, Héctor Marín Rossel, es Presidente a la Agrupación de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos de Iquique y Pisagua.

ANTECEDENTES

De acuerdo a publicaciones anteriores de este Portal, Jorge Rogelio Marín Rossel (19 y Williams Millar Sanhueza (42)  fueron parte de un burdo montaje, en el que se les acusó de parapetarse armados en el Cementerio N° 3 de Iquique y disparar contra los militares, historia que queda absolutamente descartada en la investigación, judicial, ratificada  por la Corte Suprema.

Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, de 42, habían sido brutalmente torturados, primero en el Retén de Carabineros que en aquella época estaba en El Colorado y después en el Regimiento de Telecomunicaciones, hoy Escuela de Caballería Blindada. En pésimas condiciones, ya moribundos producto de las torturas, fueron llevado en sacos al Cementerio N° 3, que se unía con el regimiento, dejándolos en una de las calles del camposanto, simulando un intercambio de balas, donde además, fallece el soldado Pedro Prado Ortiz, que hacía guardia en la avenida que llevó su nombre, hoy Avenida Presidente Salvador Allende. Así, entonces, el conscripto fue la tercera víctima del montaje militar, que levantó su figura como la de un héroe.

No es un misterio, hoy, que el principal centro de tortura y represión política, fue el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, donde se recluyó a los prisioneros políticos y se aplicaron los más atroces apremios y torturas, previo a su traslado a Pisagua. En el lugar hoy se levanta la Escuela de Artillería Blindada, que se construyó sobre la unidad militar, en un intento de borrar la memoria.

Pero, después de 45 años, esa memoria de muerte y tortura, sigue más vigente que nunca. Tal es así que las Juventudes Comunistas  de Iquique, improvisaron una intervención social en el frontis de la ahora Escuela de Caballería Blindada, donde desplegaron un lienzo que señalaba con grande letras: «Aquí se mató, aquí se torturo».

En el lugar, junto con desplegar el lienzo, se entregó un mensaje, visibilizando públicamente lo que significó ese lugar de detención, e incluso muerte, porque en las dependencias del Regimiento Telecomunicaciones, se dio muerte a dos jóvenes militantes del Partido Socialista, Jorge Marín Rossel y William Miller Sanhueza. Ambos dirigentes, después de haber sometido a horribles sesiones de tortura, como consigna el informe Rettig, fueron trasladados hasta el cementerios, ya asesinados, metidos en sacos.

Con los cuerpos inertes, los carceleros pusieron un plan que con los años se desbarató y quedó en evidencia. Así, los militares montan un supuesto enfrentamiento entre los «terroristas», Miller y Millar, resultando muertos al ser repelidos en el falso ataque. Lo peor es que en este burdo montaje, cae muerto también uno de sus filas, el soldado  Pedro Prado, que cumplía con su Servicio Militar en Iquique.

Para dar más dramatismo a la situación, al inocente soldado, de 19 años, lo levantan cómo héroe militar. Más tarde, se puso su nombre a una calle.

En rigor, no sólo Marín y Millar fueron víctimas de la dictadura. También lo fue el soldado Pedro Prado Ortiz.  Un monolito recuerda a los militantes socialistas en el mismo frontis del Regimiento Telecomunicaciones.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia en la investigación que sustancia por el delito de secuestro calificado de Jorge Rogelio Marín Rossel y William Millar Sanhueza, ilícitos perpetrados a partir del 24 y 28 de septiembre de 1973, respectivamente, en la ciudad de Iquique.

En el fallo (causa rol 2182-98), el ministro de fuero condenó a penas de 10 años y un día de presidio a los militares en retiro Miguel Aguirre Álvarez, Blas Barraza Quinteros y Pedro Collado Martí, en calidad de autores de ambos secuestros. En tanto, Edmundo Jhansen Merino y Hans Struckrath Morera deberán purgar 5 años y un día de presidio, como cómplices. En la causa, el agente del Estado Conrado García Giaier resultó absuelto.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, tras el 11 de septiembre de 1973, el cuartel general de la VI División de Ejército, con asiento en Iquique, organizó cuerpo de inteligencia que, entre otros, detuvo a Jorge Rogelio Marín Rossel y Williams Robert Millar Sanhueza y los traslada hasta el Regimiento de Telecomunicaciones «para encerrarlos como prisioneros políticos, bajo la mirada complaciente y cómplice de los oficiales que formaban parte de dicho recinto militar (…) para mantenerles en un sector del regimiento conocido como ‘La Chanchería’ donde fueron sujetos a los interrogatorios bajo tortura hasta el día 29 de septiembre de ese año (…) ocasión en que los otros prisioneros dejan de verles y un bando de la autoridad militar da a conocer a los medios de comunicación de una conjeturada fuga y ordenaba, que de ser ellos ubicados debía disparárseles en el acto, Desde ese día sus paraderos se desconocen, pese a las intensas búsquedas de sus familiares».

En el aspecto civil, el ministro Carroza condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $295.000.000 (doscientos noventa y cinco millones de pesos) a familiares de las víctimas.