Llaulén Antilao José Julio

Rut                   :            Sin información

F.Nacim.            :            05-07-1934, 39 años a la fecha de la detención

Domicilio            :            Reducción Mulato, comuna de Lautaro

E.Civil              :             Soltero

Actividad            :            Agricultor

C.Repres.            :            Sin militancia política conocida

F.Detenc.            :            11 de junio de 1974

      SITUACION REPRESIVA

            José Julio Llaulén Antilao, agricultor, sin militancia política conocida, domiciliado en Reducción Mulato de la comuna de Lautaro, fue detenido el día 11 de junio de 1974 alrededor de las 8 de la mañana, en el domicilio de Carmen Levimilla, cuando se encontraba a punto de salir de sus labores agrícolas habituales.

            Los aprehensores, entre los que fue posible reconocer a dos funcionarios de Carabineros, llamados Domingo Antonio Campos y Mario Ponce Collao, allanaron el inmueble y a viva fuerza y sin dar mayores explicaciones procedieron a llevarse al afectado con destino desconocido.

            Por averiguaciones posteriores efectuadas por sus familiares a fin de determinar su paradero, se pudo saber que éste estuvo detenido en la Comisaría de Carabineros de Perquenco junto a Samuel Huichallán Llanquilén y al menor de 16 años de edad, Juan Eleuterio Cheuquepán Levimilla, todos desaparecidos hasta la fecha. A la familia del menor Cheuquepán los carabineros les informaron que andaban investigando un robo de animales.

            Todas estas personas permanecen en calidad de desaparecidos después de haber sido detenidas por personal policial.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            En febrero de 1991 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación envió los antecedentes que obraban en su poder en relación a la detención con desaparecimiento de los hermanos Yaufulem Mañil, de José Julio Llaulen Antilao, Juan Cheuquepán Levimilla y de Samuel Huichallán Llanquilén al Juzgado de Letras de Lautaro. Tribunal que inicia la tramitación de la causa bajo el Rol N°37.860.

            Ante el mismo Tribunal de Letras de Lautaro, el 5 de mayo de 1991, doña Josefa Llaulén Antilao, interpuso una querella por el delito de secuestro de su hermano.

            En esos días los familiares de los hermanos Ceferino, Miguel y Oscar Yaufulem Mañil y de Juan Cheuquepán, interpusieron también querellas. En las tres acciones judiciales se solicitaba la acumulación a la causa Rol N° 37.860 del mismo tribunal por la presunta desaparición de estas mismas personas, diligencia que fue acogida.

            En la causa Rol N° 37.860 declararon los familiares de los afectados, entre ellos la Sra. Carmen Levimilla Carilao, conviviente de José Julio Llaulén, ella relata que un día de 1974 cuya fecha no recuerda, estando tomando desayuno llegaron hasta su domicilio ubicado en la reducción Mulato de la Comuna de Lautaro, dos carabineros llamados Domingo Campos y Mario Ponce. Agrega que lo sacaron a la rastra y que otras personas vieron que lo subieron a una camioneta que los esperaba lejos de la casa. También declara en el tribunal una hermana, la Sra. Josefa Llaulén Antilao, ella recuerda que la detención ocurrió el 11 de junio de 1974 a la hora del desayuno y que ella fue avisada en esa época por la conviviente de José Julio Llaulén.

            El 5 de abril de 1991 el Servicio de Investigaciones devuelve informe al tribunal con resultado de la investigación que se le había solicitado en relación a la presunta desgracia de los ya nombrados. Investigaciones toma declaración a familiares de los detenidos-desaparecidos y a algunos testigos de las detenciones, los que coinciden en señalar que los carabineros aprehensores eran Mario Ponce Orellana y Domingo Antonio Campos Collao, a quienes también se les llama a declarar reconociendo haber sido de la dotación de la Comisaría de Lautaro, a la fecha de las detenciones. Domingo Campos señala que durante el tiempo que trabajó en el Retén Dollinco conoció a la mayoría de los cuatreros de ese sector, a quienes varias veces puso a disposición del Juzgado del Crimen de Lautaro por robo de animales. Al llegar a trabajar a la Comisaría de Lautaro formó parte de un "grupo operativo" destinado a combatir los delitos señalados.

            Respecto a los afectados dice no conocerlos y no haber participado en sus detenciones.

            También declara el carabinero retirado Mario Ponce Orellana, quien niega su participación en los hechos.

            La conclusión del informe de Investigaciones es: "se acreditó la efectividad de cada denuncia y la existencia del cuerpo del delito". "No se logró establecer en forma fehaciente a las personas responsables de los delitos que se investigó."

            En mayo de 1991 declaran en el proceso los carabineros Ponce y Campos quienes reiteran su negativa. En octubre de ese año el Juez ordena careo entre los carabineros aprehensores y los familiares de las víctimas, los que ratifican sus declaraciones anteriores. En el caso de José Llaulén el careo se realiza el 24 de octubre de 1991 y participa la Sra. Carmen Levimilla y los carabineros Ponce y Campos.

            El 7 de noviembre de 1991 el Juez de Letras de Lautaro declaró el cierre del sumario y el sobreseimiento temporal de la causa. Ante una queja presentada por la parte ofendida la Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha 13 de diciembre de 1991 dictó fallo que retrotrae la causa a su estado sumarial y somete a proceso y a prisión preventiva a Mario Ponce Orellana, Domingo Antonio Campos Collao y Eduardo Enrique Salazar Herrera como autores de los delitos contemplados en los artículos 141 inciso 1° y 142 del Código Penal de secuestro en la persona de José Julio Llaulén y de sustracción del menor Juan Eleuterio Cheuquepán Levimilla.

            Reiniciada la investigación en enero de 1992 comparece el chofer del vehículo Eduardo Enrique Salazar Herrera, quien niega su participación en las detenciones.

            Los reos de la causa apelaron en contra del auto de procesamientos, el Juez declaró inadmisible el recurso, por lo que los procesados recurrieron de queja ante la Corte de Apelaciones de Temuco.

            En la queja presentada por Eduardo Salazar Herrera se planteó que el Juez era el único que conforme a la ley podía dictar auto de procesamiento y que además la Corte sólo debía haberse pronunciado sobre el cierre del sumario y el sobreseimiento. La Corte rechaza el recurso en virtud de que los reos no han presentado nuevos antecedentes.

            También en dicho recurso se objetó la tipificación de las figuras delictuales. A juicio de los reos, José Llaulén y Juan Cheuquepán están muertos por lo que cabría aplicar la Ley de Amnistía y no definir el delito como de secuestro y así considerarlo como un delito permanente.

            Respecto de esta argumentación la Corte señala: "justamente es importante en esta investigación llegar a establecer si Llaulén y Cheuquepán fallecieron a consecuencia de los delitos de que habrían sido víctimas, y en qué fecha, para así estudiar la procedencia de la prescripción y/o de la amnistía, pero todo eso sería objeto de estudio en una etapa posterior, en el fallo y no ahora."

            Con fecha 4 de mayo la Corte de Apelaciones rechazó la queja presentada por Eduardo Salazar y por los carabineros Ponce y Campos.

            Los tres reos presentaron queja ante la Corte Suprema y a fines de 1992, la Corte había rechazado la queja en el caso de los carabineros Mario Ponce Orellana y Domingo Campos Collao y se encontraba pendiente el fallo en el caso del civil Eduardo Salazar Herrera. La causa continuaba en estado de sumario.

            A pesar de que tres de los autores de la detención del afectado se encuentran reos, se desconoce la suerte corrida por José Julio Llaulén Antilao.

            Para mayores antecedentes ver ficha de Juan Eleuterio Cheuquepán Levimilla, detenido el 11 de junio de 1974.

El carabinero en retiro Domingo Campos Collao es el último condenado de La Araucanía que ingresó al penal Punta Peuco. En agosto pasado salió de la Corte de Apelaciones de Temuco custodiado por gendarmes y acompañado por su hijo para cumplir con una pena de cinco años y un día por su responsabilidad como autor del secuestro de Gervasio Huaiquil Calviqueo, un mapuche sin militancia política detenido por la Patrulla de Lautaro. Este grupo estuvo integrado por militares y carabineros que, bajo una supuesta «limpieza de cuatreros», detuvo e hizo desaparecer a mapuches en la provincia de Cautín durante la dictadura.

Manuela (43) fue quien dio la idea en la familia de conmemorar a su papá, a fines de este mes, con una misa en la capilla de Lautaro, en La Araucanía. Cuando el sacerdote le preguntó por el motivo, si es que era en memoria de un difunto, lo único que ella le pudo contestar fue:

−Es que, eso, no lo sabemos, padre. Pero de no ser así, quisiera pensar que a estas alturas, ya se habría acordado de la familia, pero no lo sabemos− le dijo.

Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo hoy tendría 69 años.

Después de que la Patrulla lo detuvo, el 26 de octubre de 1975, su mamá Mercedes Huaiquilao (75) intentó no alterar mayormente las rutinas. Les decía a sus hermanos que no se demoraran en volver de la escuela, que su papá iba a llegar a la tarde y, para la once, le dejaba un puesto preparado. Con el tiempo esa espera se fue haciendo insostenible y fue mejor no hablar tanto de lo que le había pasado al papá. Había que continuar.

Para esa fecha Manuela sólo tenía seis meses y todo lo que sabe de Gervasio ha sido por el relato de otros. Desde que llegó a trabajar a Santiago cuenta que inevitablemente lo ha seguido buscando. Y aunque no tiene referencias fotográficas, ni la foto de su carnet, lo imagina como uno de sus hermanos que, según le ha dicho Mercedes, se parece mucho a él.

−Siempre le miro la cara a las personas que duermen en las plazas, en las calles. No será que lo golpearon tanto y se olvidó de nosotros. No será mi viejo el que está ahí−, piensa, a veces, Manuela.

El 29 de agosto pasado, el carabinero en retiro Domingo Campos Collao, uno de los integrantes de la Patrulla de Lautaro, salió de la Corte de Apelaciones de Temuco custodiado por gendarmes y acompañado por su hijo con destino al penal Punta Peuco. El tribunal lo condenó a una pena de cinco años y un día por su responsabilidad como autor del secuestro calificado de Gervasio Huaiquil, un agricultor mapuche sin militancia política.

Manuela cuenta que después de su detención, los carabineros y militares que integraron esta policía secreta los encerraron e incendiaron la ruka de la comunidad en la que vivían. Si no hubiese sido por la ayuda de los vecinos ella, su mamá y sus hermanos se habrían calcinado adentro. De ese momento, la voz de uno de los carabineros quedó grabada en la memoria de Mercedes, su mamá: “Prendámosle fuego a estos indios de mierda”.

Ese miércoles de agosto, el abogado de la familia le dijo a Manuela que sintonizara el canal regional porque estaba apareciendo en vivo Collao cuando salía del tribunal. Ella no fue capaz de verlo; tampoco quiso conocerlo en persona en las audiencias del juicio. Dice que fue suficiente con lo que le ha contado su mamá sobre el careo que tuvieron hace unos años. La rabia y el dolor se transmiten.

Una limpieza de cuatreros

El mismo día del Golpe, los militares se acuartelaron en el Regimiento La Concepción y los carabineros también permanecieron recluidos en la primera comisaría de Lautaro. Algunos declararon que por meses estuvieron cumpliendo labores administrativas; dormían en las oficinas del archivo de Carabineros sin salir del cuartel.

Cuando el coronel Hernán Ramírez Ramírez tomó el poder de la gobernación que hasta ese mes de septiembre encabezaba el comunista Fernando Teillier, padre del escritor Jorge Teillier, le requisaron una camioneta verde oscuro con techo blanco. Ese vehículo se convirtió en el sello de la Patrulla, un grupo especialmente conformado para detener a los opositores de la dictadura en la provincia de Cautín y sus alrededores.

El carabinero en retiro Domingo Campos Collao es el último condenado de La Araucanía que ingresó al penal Punta Peuco. En agosto pasado salió de la Corte de Apelaciones de Temuco custodiado por gendarmes y acompañado por su hijo para cumplir con una pena de cinco años y un día por su responsabilidad como autor del secuestro de Gervasio Huaiquil Calviqueo, un mapuche sin militancia política detenido por la Patrulla de Lautaro. Este grupo estuvo integrado por militares y carabineros que, bajo una supuesta «limpieza de cuatreros», detuvo e hizo desaparecer a mapuches en la provincia de Cautín durante la dictadura.

Manuela (43) fue quien dio la idea en la familia de conmemorar a su papá, a fines de este mes, con una misa en la capilla de Lautaro, en La Araucanía. Cuando el sacerdote le preguntó por el motivo, si es que era en memoria de un difunto, lo único que ella le pudo contestar fue:

−Es que, eso, no lo sabemos, padre. Pero de no ser así, quisiera pensar que a estas alturas, ya se habría acordado de la familia, pero no lo sabemos− le dijo.

Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo hoy tendría 69 años.

Después de que la Patrulla lo detuvo, el 26 de octubre de 1975, su mamá Mercedes Huaiquilao (75) intentó no alterar mayormente las rutinas. Les decía a sus hermanos que no se demoraran en volver de la escuela, que su papá iba a llegar a la tarde y, para la once, le dejaba un puesto preparado. Con el tiempo esa espera se fue haciendo insostenible y fue mejor no hablar tanto de lo que le había pasado al papá. Había que continuar.

Para esa fecha Manuela sólo tenía seis meses y todo lo que sabe de Gervasio ha sido por el relato de otros. Desde que llegó a trabajar a Santiago cuenta que inevitablemente lo ha seguido buscando. Y aunque no tiene referencias fotográficas, ni la foto de su carnet, lo imagina como uno de sus hermanos que, según le ha dicho Mercedes, se parece mucho a él.

−Siempre le miro la cara a las personas que duermen en las plazas, en las calles. No será que lo golpearon tanto y se olvidó de nosotros. No será mi viejo el que está ahí−, piensa, a veces, Manuela.

El 29 de agosto pasado, el carabinero en retiro Domingo Campos Collao, uno de los integrantes de la Patrulla de Lautaro, salió de la Corte de Apelaciones de Temuco custodiado por gendarmes y acompañado por su hijo con destino al penal Punta Peuco. El tribunal lo condenó a una pena de cinco años y un día por su responsabilidad como autor del secuestro calificado de Gervasio Huaiquil, un agricultor mapuche sin militancia política.

Manuela cuenta que después de su detención, los carabineros y militares que integraron esta policía secreta los encerraron e incendiaron la ruka de la comunidad en la que vivían. Si no hubiese sido por la ayuda de los vecinos ella, su mamá y sus hermanos se habrían calcinado adentro. De ese momento, la voz de uno de los carabineros quedó grabada en la memoria de Mercedes, su mamá: “Prendámosle fuego a estos indios de mierda”.

Ese miércoles de agosto, el abogado de la familia le dijo a Manuela que sintonizara el canal regional porque estaba apareciendo en vivo Collao cuando salía del tribunal. Ella no fue capaz de verlo; tampoco quiso conocerlo en persona en las audiencias del juicio. Dice que fue suficiente con lo que le ha contado su mamá sobre el careo que tuvieron hace unos años. La rabia y el dolor se transmiten.

Una limpieza de cuatreros

El mismo día del Golpe, los militares se acuartelaron en el Regimiento La Concepción y los carabineros también permanecieron recluidos en la primera comisaría de Lautaro. Algunos declararon que por meses estuvieron cumpliendo labores administrativas; dormían en las oficinas del archivo de Carabineros sin salir del cuartel.

Cuando el coronel Hernán Ramírez Ramírez tomó el poder de la gobernación que hasta ese mes de septiembre encabezaba el comunista Fernando Teillier, padre del escritor Jorge Teillier, le requisaron una camioneta verde oscuro con techo blanco. Ese vehículo se convirtió en el sello de la Patrulla, un grupo especialmente conformado para detener a los opositores de la dictadura en la provincia de Cautín y sus alrededores.

De los integrantes de esta policía secreta, cuatro de ellos hoy llevan acompañado un Q.E.P.D en los documentos judiciales: el teniente Orlando Huerta Ávila, el hombre que daba las órdenes, Juvenal Sanhueza, Enrique Ferrier y Mario Ponce Orellana, mientras que Domingo Campos Collao está en la cárcel desde hace unos meses.

El grupo tenía asignada una oficina exclusiva al interior del cuartel en la que interrogaban a los detenidos. Para el resto de los carabineros estaba prohibido su ingreso, aunque sabían que ahí se tomaban las decisiones sobre la «limpieza de cuatreros» que se hacía en la zona. Los primeros días, la Patrulla llevó a cerca de cuarenta detenidos hasta la comisaría, una cifra que aumentaría con el transcurso de los meses.

Los oficiales del Ejército tenían una desventaja que rápidamente pudieron superar con la ayuda de los carabineros. Y era que los militares desconocían muchos sectores que se hacían intransitables por la vegetación espesa de los bosques; algo que los policías manejaban por sus rondas constantes en el territorio, sobre todo, por las detenciones por robos de animales o abigeato. Fue una colaboración estrecha que permitió efectuar los procedimientos, liderados por el mayor de Carabineros Jorge Schweizer y el coronel Ramírez.

−Era hacia el campo donde los terroristas tenían las tomas de terreno−, se lee en la declaración que hizo Schweizer, el mandamás del cuartel, en el proceso judicial por el caso del campesino José Domingo Llabulen, que al igual que Gervasio Huaiquil fue otra víctima de la Patrulla.

No sólo se hablaba de los detenidos como los cuatreros sino que también de los mapuches con malos antecedentes o de los indígenas políticos; de ellos, la unidad de archivos de Carabineros mantenía una lista y un croquis detallado de los lugares donde vivían. Fueron coordenadas valiosas para el Ejército.

−En cuanto a los otros indígenas que se me nombra José Domingo Llabulen, Juan Milla Montuy, Julio Paine Lipin y José Cuevas Cifuentes, del primero les mostré su domicilio a los funcionarios o a los militares, eso nada más (…) ¿Por el motivo que pidieron esas listas? Me imagino que para eliminar a esa personas. Nunca más aparecieron− declaró Campos Collao ante la justicia.

El encargo de Llabulen

A Campos Collao también lo condenaron por la desaparición de José Domingo Llabulen Pilquinao, un campesino y militante del Partido Comunista, ocurrida el 11 de octubre de 1973. Aunque en febrero de este año el ministro Álvaro Mesa Latorre dictó una pena de doce años por su responsabilidad como autor de secuestro calificado, la Corte de Apelaciones de Temuco consideró la media prescripción rebajándola a cinco años, con lo que Collao podría optar a la libertad condicional.

El chofer chofer Manuel «Nilo» Cid y el auxiliar de bus Benedicto Mardones fueron testigos de la detención de José.

Nilo conducía, un Ford de 1961 de colores blanco con verde que recorría Lautaro, Chumil y Temuco. La mañana del 11 de octubre de 1973, José tomó la micro junto a dos de sus hijos. Iba a vender un animal al pueblo. Pasó el día y ambos trabajadores de los microbuses “Rojas” se alistaban para regresar a la primera ciudad en un viaje ya rutinario: los pasajeros volvían cargados con compras e iban parando en distintos puntos para adentrarse en sus casas rurales. Todos sabían que el viaje partía a las 17:00 horas.

Treinta minutos antes, una Patrulla de Carabineros le preguntó a Nilo por un tal Llabulen. Él dijo que no, que no lo había tomado esa mañana. Pero sus palabras no evitarían que siguieran rondando la zona, un patrullaje que ya levantaba sospechas, sobre todo entre quienes se movilizaban con frecuencia por el sector.

Poco después apareció en el camino nuevamente José Llabulen y el chofer, un poco alarmado, le sugirió que se fuera de a pie por el otro lado del puente Cautín para que no lo vieran en el bus.

−¡No, negro, cómo va a ser tanto!− le respondió él incrédulo y pasó a sentarse a la parte trasera del vehículo.

Antes de cruzar el puente, la camioneta adelantó al microbús obligándolo a parar cerca de un molino. Hicieron descender a todos los pasajeros. José avanzó detrás de las otras personas y antes de bajar cruzó unas palabras con el conductor: le encargó el paquete que llevaba, era un bidón de parafina y un paquete de alimentos. Sabía lo necesario que era para su familia. El cabo Enrique Ferrier le pegó un culatazo y junto a su par Domingo Campos Collao lo tiraron a la camioneta. De todo el grupo, sólo se lo llevaron a él. Lo acusaron de robo de ganado.

Al día siguiente, su esposa Francisca Llaulen Antilao fue a consultar a todos los lugares donde creía que podía estar su esposo: a Carabineros de Lautaro, al Regimiento La Concepción, a la Policía de Investigaciones y a la cárcel pública. Nada. Nadie sabía del paradero de José Llabulen.

Pasaron dos días y los niños fueron a la oficina de microbuses a buscar el encargo que había hecho su papá, sin saber, hasta ahí, que se convertiría en uno de los detenidos desaparecidos de Lautaro.

Asociación ilícita

Se comentaba que el cabo Enrique Ferrier tenía marcas en la cacha de su revólver para llevar la cuenta de las personas detenidas o asesinadas.

Según vio el soldado Paicaví Painemal, que para el año 73 hacía el servicio militar, los detenidos llegaban al regimiento por la noche, después de pasar por los calabozos y pesebreras de la primera comisaría de Lautaro. Recuerda, también, que las sesiones de tortura de los detenidos por «temas políticos» eran en el gimnasio, en las caballerizas y en el picadero; golpes de puños y pies en distintas partes del cuerpo, los colgaban y probablemente les aplicaban corriente. En las declaraciones judiciales, varios funcionarios de carabineros reconocen que la mayoría de los detenidos eran de origen mapuche.

En los testimonios que se entregaron tanto en la causa de José LLabulen como de Gervasio Huaiquil se lee que algunos carabineros y oficiales pensaban que todo era una mala broma porque veían que todo funcionaba con regularidad. El coronel en retiro del Ejército Jorge Nibaldo del Río ha asegurado ante la justicia que nunca recibió instrucciones para detener a personas civiles o practicar allanamientos en sus comunidades.

−Quizás debí investigar más a fondo−, dijo el teniente Marcial Vera Ríos cuando los abogados repasaron estos hechos ante tribunales y agregó en su declaración de enero de 1996− el grave problema fue que el mando de la comisaría no supo o no pudo poner coto a tiempo a las detenciones ni a las actividades de carabineros con los militares−.

Hasta ahora en ninguna de las causas judiciales en que se ha procesado a integrantes de la Patrulla se ha considerado el delito de asociación ilícita, a pesar de que esta fue una organización que respondía a una jerarquía y que fue constituida especialmente para cometer delitos. Y los militares siguen siendo intocables, sólo los carabineros han sido procesados.