Linsambarth Rodríguez René Andrés

Rut       : 39511 Chuquicamata

F.Nacim. : 27-07-46, 27 años de edad al momento de su detención.

Domicilio : Parcela en Lasana. Calama II Región

E.Civil  : Soltero

Actividad : Agricultor 

C.Repres. : No consta

F.Detenc. : 22 de octubre de 1973

 

  SITUACION REPRESIVA

            René Andrés Linsambarth Rodríguez, 27 años al momento de los hechos, soltero, agricultor, domiciliado en una parcela de propiedad de Angel Pérez en el sector de Lasana, Calama, fue detenido desde ese domicilio los primeros días de octubre de 1973, en presencia del dueño del predio, por carabineros pertenecientes a la comisaría de Dupont-Calama.

            Sus familiares y más específicamente su madre, se informó de este hecho, transcurrida una semana al ser visitada con tal objeto por el señor Angel Pérez.

            De inmediato se dirigió al cuartel policial a fin de verificar la permanencia de su hijo. Allí estuvo junto a él, le hizo entrega de ropa de abrigo, alimentos y sostuvo una breve conversación sentados ambos en una banca en el interior del recinto. Su hijo le manifestó desconocer los motivos de su detención afirmando a la vez que era inculpado de mantener información sobre un supuesto lugar de ocultamiento de armas. De acuerdo a lo señalado por su madre Sofía del Carmen Rodríguez y su hermana que la acompañaba María Clementina Linsambarth, este se veía en buen estado físico no mostraba señas de haber sido sometido a apremios, pese a ello se le notaba nervioso. El detenido le comentó a su familia que estaba realizando tareas de servicio menor dentro del recinto que le eran indicadas por el personal de carabineros.

            Al día siguiente en la mañana al concurrir nuevamente sus familiares a visitar al detenido, se les informó que este había sido llevado a la localidad de San Pedro para que mostrara un lugar donde se ocultaban armas agregando que volvería de la diligencia aproximadamente a las 15:00 horas. Al regresar sus familiares al cuartel policial a las 17:00 horas, el carabinero de guardia les expresó que éste había sido puesto en libertad en la mañana de ese día. A partir de ese momento y en forma definitiva se perdió todo contacto con el detenido permaneciendo hasta la fecha detenido desaparecido, pese a las innumerables gestiones realizadas por sus familiares y abogados.

           

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Ante la detención y posterior desaparecimiento de René Andres Linsambarth Rodríguez, sus familiares iniciaron consultas directas y reiteradas en todos los centros de reclusión de la I y II Región. También realizaron consultas epistolares al gobierno local. Todo ello resultó infructuoso. Reiteradamente se les informó que éste había sido puesto en libertad.

            Con fecha 1° de agosto de 1990 quedó interpuesta ante el Primer Juzgado de Letras de Calama, una querella Criminal por el eventual delito de inhumación ilegal y exhumación -también ilegal- cometido en la persona de René Andrés, y en contra de los que resultaren responsables de estos hechos. En la presentación se solicitó la acumulación de este nuevo proceso a la causa rol 33423 iniciada en el mismo tribunal el 24 de julio de 1990 referida en su contenido a los mismos antecedentes. La petición fue aprobada.

            Es del caso señalar, que familiares de 26 trabajadores domiciliados en Calama y Chuquicamata y tras haber sido detenidos en diferentes fechas durante los meses de septiembre y octubre de 1973, fueron ejecutados al margen de toda legalidad el 19 de octubre de 1973, por una comitiva de oficiales de Ejército provenientes de Santiago al mando del General Sergio Arellano Stark e integrada por el Coronel Sergio Arredondo González, el Coronel Sergio Espinoza Bravo, Mayor Marcelo Morén Brito, Teniente Armando Fernández Larios y Mayor Juan Chimiculli. Sus cadáveres no fueron entregados a sus familiares para su correspondiente sepultación, argumentando la autoridad local, Coronel Gustavo Rivera Degroux que se trataba de muertos en tiempo de guerra y por ello no era posible la entrega inmediata de éstos. Ante esa situación los familiares de estas víctimas junto a otras de personas detenidas desaparecidas, iniciaron una incansable búsqueda de posibles lugares de entierro. Con el inicio al proceso rol 33423 una vez más se acudía al Tribunal y se ponía en sus manos antecedentes fidedignos de una inhumación ilegal que podía arrojar respuesta acerca del destino de al menos 26 víctimas. Se trataba de una inhumación realizada, aproximadamente a 16 km. por el camino a San Pedro de Atacama y a unos 600 metros desde dicho camino al Norte. Los denunciantes declararon al tribunal haber verificado la existencia de osamentas humanas y restos de vestimentas en el lugar señalado. El tribunal ordenó la remoción del lugar y obtuvo evidencias. Tan sólo fue posible lograr la identificación de osamentas pertenecientes a uno de los ejecutados del 19 de octubre, Haroldo Ruperto Cabrera Abarzúa, 34 años, casado, 4 hijos, Ingeniero Comercial, subgerente de finanzas en la Empresa Minera de Chuquicamata, militante socialista, al ser periciada la epidermis de una falange encontrada en el lugar. El tribunal dejó establecido que si bien se había efectuado una inhumación ilegal en el lugar, no era menos cierto que con posterioridad a ello se había procedido a una exhumación de los restos quedando sólo pequeñas piezas como evidencia del hecho.

            El 15 de enero de 1991 el primer juzgado militar de Antofagasta solicitó al primer juzgado del Crimen de Calama declinar la competencia para seguir conociendo el proceso rol 33423 en atención a que en el mismo se estaría investigando la eventual participación de personal militar en la ocurrencia de los hechos que lo motivaban. El 21 de enero de 1991 el tribunal civil rechazó la petición creándose una la contienda de competencia y siendo elevado los autos a la Corte Suprema para su resolución. Por su parte la parte denunciante el 21 de enero de 1991 solicitó la entrega de los restos humanos a los familiares de las víctimas, petición que fue acogida por el Tribunal. Con fecha 9 de junio de 1991 la corte Suprema declaró competente para seguir conociendo de la causa al Juzgado Militar de Antofagasta en atención a que el proceso rol 139-89 del 1er. Juzgado Militar ya había investigado los mismos hechos materia de esta querella y en la cual la Corte Suprema el 10 de mayo de 1989 había resuelto la competencia del Tribunal Militar. La investigación a cargo del Tribunal Militar se roló con el N°167-91.

            El 5 de septiembre de 1991 el Juez Militar sobreseyó total y definitivamente la causa "por encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas que aparecieren inculpadas en estos autos, por amnistía". Con esto, lisa y llanamente se aplicó el Decreto Ley 2191 de 1978, en el cual se concedió la amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hubieren incurrido en hechos delictuosos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Dicha resolución fue apelada ante la Corte Marcial, resolviendo ésta el 9 de enero de 1992 devolver la causa a la primera instancia a fin de que el Fiscal Instructor procediera al cierre del sumario.

            Cabe hacer presente que durante la investigación de la jueza del Primer Juzgado del Crimen Margarita Gordillo se estableció que efectivamente la inhumación denunciada correspondía a restos humanos, correspondiendo las osamentas a un mínimo de 11 personas, lográndose la identidad de una de ellas. Se estableció del mismo modo la participación en los hechos del personal del Ejército y finalmente se concluyó que años después la inhumación ilegal había sido removida, encontrándose claras pruebas de ello al constatar la existencia de huellas de maquinaria pesada en el lugar del entierro y destrozos en las osamentas y en otros objetos, propios del aplastamiento de éstas. Los peritos a cargo de las diligencias pudieron aproximar como fecha de la remoción del terreno el año 1983. Además los peritos establecieron que los individuos involucrados en las ejecuciones estaban en posesión de armas de fuego (encontraron 1 proyectil en 1 vértebra) y aquellos que enterraron a las víctimas, tenían acceso a indumentarias castrense (botones con icono del escudo nacional). Por su parte el laboratorio de criminalística en su sección balística estableció que el proyectil encontrado y periciado por ellos "corresponde al calibre 30", diseñado y fabricado para ser disparado en carabinas del mismo calibre, marca GRAND".

            En la investigación judicial, que establece el lugar de la primera inhumación ilegal de los 26 ejecutados de Calama, no surgieron evidencias que la suerte de René Linsambarth estuviera ligada a los ejecutados mencionados.

            Otro detenido desaparecido en Calama, Luis Eduardo Contreras León detenido el 22 de octubre de 1973, quien también estaba incluido en la investigación judicial mencionada, fue encontrado su cuerpo en la mina La Tetera en 1991, y entregado a su familia para su sepultación.

           

 

 

Fueron 40 las personas asesinadas en Antofagasta y Calama por la tristemente conocida “Caravana de la Muerte”; grupo liderado por el general Sergio Arellano Stark y que por órdenes de la dictadura militar, asesinó a opositores durante los primeros días del régimen.

Apenas perpetrado el golpe de estado y asegurada la muerte del Presidente Salvador Allende, el dictador Augusto Pinochet designó al general Sergio Arellano Stark para realizar una siniestra misión: aleccionar a los militares de provincia sobre como debían tratar a los ex dirigentes de la Unidad Popular.

El grupo de militares partió desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973, a bordo de un helicóptero Puma del ejército, cuyo recorrido inicial fueron ciudades del sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. A su paso dejó 26 personas muertas. El regreso de la caravana a Santiago fue el 6 de octubre.

EPISODIO ANTOFAGASTA

La comitiva asesina aterrizaba su helicóptero en el Regimiento Esmeralda de Antofagasta el 18 de octubre de 1973 provenientes desde Copiapó, donde ya habían dejado a su paso una estela de muertes de personas inocentes. Allí, fueron recibidos por General  Joaquín Lagos Osorio, jefe de la división Antofagasta del Ejército  quien, como un acto de gentileza por haber sido tantos años vecinos, le ofreció su hogar como hospedaje, a él y a su ex segundo comandante en el Regimiento “coraceros”, el coronel Sergio Arredondo.Arellano no dijo ni mostró a su anfitrión la carta donde el propio Pinochet lo nombraba “Delegado de la Junta de Gobierno” y sólo se limitó a contarle que venía encomendado con el objetivo de “unificar criterios sobre la Administración de justicia y agilizar los juicios pendientes” y, solicitaba a Lagos reunirse con los miembros de la guarnición militar para tratar el tema de “la debida conducta en un momento tan crítico para el país.” Profundizó  en el punto relativo a la calidad del “enemigo que tenían al frente y el clima político que provocó la revolución”. Luego de ello, Lagos llevó a sus invitados Arredondo y Arellano a su domicilio a almorzar, mientras el resto de la Comisión lo hacía en el Hotel Antofagasta, no sin antes dejar expresas instrucciones de que todo estuviera dispuesto para que Arellano pudiera trabajar en su oficina de la Comandancia.

Mientras tanto, en la Intendencia, se aprestaban a recibir la inesperada visita de Pinochet, quien le avisaba que haría una escala en Antofagasta por unas horas, de su viaje a Iquique, junto a su mujer.

Así, cerca de las 18:30  ya en el hangar, Arellano y su comitiva estaban distantes del grupo de uniformados que recibía a Pinochet, lo cual causó extrañeza en algunos de los presentes.

Una vez que Pinochet  e Hiriart  pisaban suelo antofagastino, el comandante  informaba que en la ciudad la situación era de completa calma  y, luego de los saludos y vituperio de rigor, Pinochet avisaba  personalmente al teniente coronel Sergio Arredondo la buena nueva de que había decidido nombrarlo director de la Escuela de Caballería, el premio mayor para un comandante equitador.

El dictador emprende su ruta hacia Iquique. Lagos y Arellano se retiran a su residencia en el vehículo del primero y Arredondo solicita permiso para quedarse con el vehículo de Arellano. Lagos supone que Arredondo visitaría y festejaría con su familia, por lo que accede al préstamo del Automóvil.

Horas más tarde,  Arredondo se  disculpaba telefónicamente  con Lagos, por no asistir a la comida en casa de su anfitrión y Arellano se preguntaba a viva voz por el resto de la comitiva hospedad en el Hotel Antofagasta.

Esa noche el auditor militar Marcos Herrera Aracena, fue a la cárcel de Antofagasta, a las 23:30, a entregar a los prisioneros que debían morir. Horas más tarde, a las 01:30 de la mañana, los 14 prisioneros eran acribillados con ráfagas de ametralladoras.

El 19 de octubre, muy temprano por la mañana, mientras los dos comandantes se  alistaban para volver al Regimiento Esmeralda donde los esperaba el helicóptero con ruta hacia Calama, Herrera se presentaba ante ambos para “sacarle la firma” a Arellano, “por el trabajo efectuado el día anterior” explicaba el último.

Cuando el Helicóptero de la comitiva se elevó hacia el cielo con rumbo a Calama, Lagos volvía a su oficina de la Intendencia donde era recibido por un alarmado mayor Manuel Matta, encargado de Relaciones públicas, quién, con el rostro desencajado y luego de entender que Lagos no tenía conocimiento de lo sucedido en la noche anterior, comienza a relatar los hechos.

Lagos, escuchaba estupefacto y confundido a la vez, el relato de cómo se habían ocupado vehículos que estaban bajo su mando para el traslado de los presos hacia la Quebrada Way, cómo los habían asesinado, cómo habían trasladado los cuerpos hasta la morgue del Hospital Regional de Antofagasta, donde  debido al poco espacio del recinto, estaban a vista de todo el mundo. Junto con ello, comenzó a recibir llamadas de su esposa quien le pedía explicaciones de por qué fuera de su hogar habían una veintena de mujeres llorando desconsoladas por la muerte de sus esposos, hijos y hermanos.

Aún sin saber de la potestad con que Arellano estaba investido, trató de denunciarlo a Pinochet, pero éste no se encontraba ubicable en su visita entre Iquique y Arica. Entonces ordenó que el capellán hablara con las familias de las víctimas, que los médicos de la MORGUE “armaran” los cuerpos como pudieran (como si se tratasen de algo que pudieran reparar), entregarlos en urnas cerradas a sus familiares y, que se presentaran de inmediato todos los comandantes de unidades de su jurisdicción.

Las víctimas de Antofagasta no pasaron a ser detenidos-desaparecidos. Sus cuerpos fueron entregados a las familias. Esta situación de excepción se explica por la reacción del general Joaquín Lagos, quien no sabía de la especial investidura de Oficial Delegado que detentaba el general Arellano, no recibió instrucciones para  el entierro clandestino de los cadáveres y, por tanto, ordenó entregarlos a las familias. Ya sabemos que el general Lagos decidió, ese mismo 19 de octubre de 1973, renunciar al Ejército. Pero ese día seguía siendo tanto el comandante en jefe de la Primera División como el Intendente de Antofagasta y actuó como tal. Decidió, por ejemplo, que había que mentir para encubrir lo ocurrido delante de la ciudadanía. Tuvo que mentir, dijo, para conservar su “ascendiente sobre la ciudadanía”. Ordenó que se publicaran dos noticias, dando cuenta de sólo siete “ejecutados”.

En la primera, publicada por El Mercurio de Antofagasta, se informó de la ejecución de Mario Silva, Eugenio Ruiz-Tagle, Washington Muñoz y Miguel Manríquez, ejecuciones “ordenadas por la Junta Militar de Gobierno a fin de acelerar el proceso de depuración marxista y de centrar los esfuerzos en la recuperación nacional“. Titular de esa noticia: “Planeaban asesinatos en masa en Antofagasta”.

La segunda publicación, tres días después, también en El Mercurio de Antofagasta, se tituló “Ejecutados tres extremistas”. Y el texto daba cuenta del fusilamiento de Luis Alaniz, Danilo Moreno y Guillermo Cuello “por resolución de la Honorable Junta de Gobierno”. Razón de las ejecuciones: estar “comprometidos en activismo político y conspiración terrorista”. Nada se dijo públicamente acerca de las otras siete víctimas. Veamos quiénes eran:

• Luis Eduardo Alaniz Álvarez, 23 años, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte, militante del Partido Socialista. Se entregó voluntariamente a las autoridades militares en la ciudad de Arica al saber que era requerido por un bando militar en Antofagasta. Fue trasladado, a comienzos de octubre de 1973, a la cárcel de Antofagasta.
• Mario Arqueros Silva, 45 años, gobernador de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Arrestado en su casa cuatro días después del golpe militar. Primero estuvo en la cárcel de Tocopilla y de ahí fue llevado a la de Antofagasta, cuatro días antes de su asesinato
•  Dinator Ávila Rocco, 32 años, empleado de la estatal Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), militante del Partido Socialista. Detenido a fines de septiembre en la localidad de María Elena, trasladado luego a la comisaría de Tocopilla y luego a la cárcel de Antofagasta.
• Guillermo Cuello Álvarez, 30 años, funcionario de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), militante del Partido Socialista. Se presentó voluntariamente, dos días después del golpe militar, en la comisaría de Antofagasta y de allí fue llevado a la cárcel. Dos prisioneros declararon ante el juez que vieron a Cuello ser bajado en andas al salir de la cárcel, ya que le habían fracturado la columna durante las torturas. El oficial que dirigió los tormentos era el mayor Patricio Ferrer (SIM).

  Los certificados de defunción que se entregaron fueron iguales para los catorce asesinados: Fecha: 19 de octubre de 1973 Hora: 01.30 horas Causa de muerte: Anemia aguda, lesiones debidas a proyectil.

• Marco Felipe de la Vega Rivera, 46 años, casado, tres hijos, ingeniero, alcalde de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Detenido en su casa cuatro días después del golpe militar. Desde la cárcel de Tocopilla fue llevado a la de Antofagasta, cuatro días antes de su asesinato
• Norton Flores Antivilo, 25 años, asistente social de la estatal Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) en la localidad de María Elena, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa el 1º de octubre de 1973, trasladado a Tocopilla y de ahí a la cárcel de Antofagasta.
• Darío Godoy Mansilla, 18 años, estudiante de enseñanza media, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa, en Tocopilla, y luego trasladado a la cárcel de Antofagasta
• José García Berríos, 66 años, trabajador marítimo y dirigente sindical. Militante del Partido Comunista. Detenido en Tocopilla al día siguiente del golpe militar. De la comisaría de esa ciudad fue trasladado a la cárcel de Antofagasta.
• Miguel Manríquez Díaz, 24 años, casado, un hijo, profesor, empleado de la estatal empresa de cementos Inacesa, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa dos semanas después del golpe militar, llevado primero al cuartel de Investigaciones y de ahí a la cárcel de la ciudad.
• Danilo Moreno Acevedo, 28 años, chofer de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), dirigente sindical, militante del Partido Socialista. Se presentó voluntariamente, el 8 de octubre de 1973, al ser llamado por un bando militar. Estuvo una semana incomunicado en el cuartel de Investigaciones y de ahí fue llevado a la cárcel de Antofagasta.
• Washington Muñoz Donoso, 35 años, interventor estatal de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU). Detenido en su casa y recluido en la cárcel de la ciudad.
• Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, 26 años, casado, una hija, ingeniero, gerente de la estatal industria Inacesa, militante del MAPU. Se presentó voluntariamente en la Intendencia de Antofagasta, al día siguiente del golpe militar, al ser requerido por bando militar. Por once días estuvo detenido en la Base Aérea de Cerro Moreno, donde fue torturado, y de ahí lo trasladaron a la cárcel de la ciudad.
• Mario Silva Iriarte, 38 años, casado, cinco hijos, abogado, gerente de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo—Norte), ex concejal de Chañaral, secretario regional del Partido Socialista. Viajó especialmente desde Santiago para presentarse ante las nuevas autoridades de Antofagasta, al día siguiente del golpe militar. Su voluntaria presentación se efectuó en la Intendencia de la ciudad. Y luego, desde la Base Aérea de Cerro Moreno, fue llevado a la cárcel. Varios testimonios de ex prisioneros coinciden en señalar que, por ser muy jóvenes, buscaron su consejo. El estaba muy tranquilo, dicen, convencido de que se haría justicia y que —a lo más—serían relegados por pocos meses a un lugar alejado.
• Alexis Valenzuela Flores, 29 años, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), presidente del sindicato, dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT) de la zona, regidor de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Fue detenido una semana después del golpe militar, en su casa de Tocopilla. De la cárcel de esa ciudad fue llevado a la de Antofagasta el 15 de octubre, cuatro días antes de su asesinato. Durante toda su detención estuvo incomunicado.

• En el caso de Antofagasta, el ministro Guzmán recibió el testimonio del ex prisionero Víctor Moreno Olmos, quien le contó que esa noche del 18 de octubre de 1973 fue sacado a la Sala de Guardia de la cárcel: “Vi un montón de personas paradas frente a la pared, encapuchados, amarrados con las manos atadas atrás y un gran número de  militares en traje de campaña”. Lo amarraron, lo vendaron y lo pusieron junto a los otros. Ordenaron a los presos gritar sus nombres para  chequear  con  una lista. —¡Moreno, Víctor! —dijo él cuando le indicaron con un golpe que era su turno.

  En la entrega de los cadáveres, cada familia guarda un doloroso recuerdo en su memoria. La esposa de Mario Silva Iriarte, Graciela Álvarez, relató: “El general Lagos autorizó que lo enterráramos en Vallenar. El ataúd venía sellado, no pudimos ver su cuerpo. En una camioneta y un furgón, que nos prestaron en la Corfo, fuimos directamente al cementerio. No nos autorizaron a hacer un funeral ni a ponerle una lápida en su tumba. Y pensar que se entregó voluntariamente, porque él creía en el profesionalismo de los militares y jamás los imaginó capaces de masacrar“.

  También en un sellado ataúd fue entregado el cuerpo del joven Eugenio Ruiz-Tagle, y su madre —Alicia Orrego—recordaba así ese día de octubre de 1973: “Sólo pude ver a mi hijo ya en el ataúd, a través del vidrio. De las torturas que sufrió en su cuerpo, no puedo dar testimonio directo. No lo vi, pero el abogado y el empleado de la funeraria lloraban al contármelo. De su cara, de su cuello, de su cabeza, sí puedo hablar. Lo tengo grabado a fuego para siempre. Le faltaba un ojo, el izquierdo. Tenía la nariz quebrada, con tajos, hinchada y separada abajo, hasta el fin de una aleta. Tenía la mandíbula inferior quebrada en varias partes. La boca era una masa tumefacta, herida, no se veían dientes. Tenía un tajo largo, ancho, no muy profundo en el cuello. La oreja derecha hinchada, partida y semi arrancada del lóbulo hacia arriba. Tenía  huellas de quemaduras o, tal vez, una bala superficial en la mejilla derecha, un surco profundo. Su frente, con pequeños tajos y moretones. Su cabeza estaba en un ángulo muy raro, creí por eso que tenía el cuello quebrado”. La familia del joven Miguel Manríquez, en cambio, pudo ver el cuerpo por  escasos segundos. Su padre estaba en una ceremonia  religiosa cuando se le acercó el capellán José Donoso y le informó que su hijo había sido fusilado. Se fue de  inmediato a la morgue  y lo vio: “Las manos estaban amarradas con alambre y en el cuello tenía un pañuelo negro. Pensé que le habían vendado los ojos”.

  Y la familia del alcalde de Tocopilla, Marcos de la Vega, relató: “Nos entregaron su ropa en una bolsa plástica. Era un charco de sangre. Sólo pudimos ver su cara y una mano, en la que tenía una herida como si lo hubieran clavado. La verdad es que varios cadáveres tenían la misma marca en las manos. Era una herida profunda. Un oficial se enojó porque habíamos comprado una urna con vidrio. Quería urnas selladas completamente. No nos dejaron velarlo: de la morgue al cementerio directamente. Cuando llegamos al cementerio, estaba lleno. La gente corría de un entierro a otro. Y en Tocopilla, cuando se supo la  noticia, la gente salió a la calle llorando. Tuvieron que disparar  tiros al aire para que se entraran. Después del entierro, nuestra madre se acostó en su cama y ahí mismo murió de pena cinco meses después”. (Hermana de Marcos de la Vega, testimonio registrada en la Vicaría de la Solidaridad)De acuerdo a la investigación, se logró determinar, que aproximadamente a las 10:00 horas del día 18 de octubre de 1973, se posó en el Regimiento de Infantería “Esmeralda”  -ubicado en A. Ejército s/n, Antofagasta- un helicóptero Puma del Ejército de Chile que transportaba una comitiva de militares procedente inicialmente de Santiago, presidida por un Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército.

  El Episodio Calama se registró el 19 de octubre de 1973, cuando el helicóptero Puma del ejército, destinado a la Caravana de la Muerte, partió desde Antofagasta arribó hasta Calama.

  Lugar donde el general de ejército Arellano Stark, llegó en calidad de oficial delegado del Comandante en Jefe de la Junta de Gobierno el Regimiento de Infantería N° 15 para “acelerar procesos judiciales”.

  En esta ciudad fueron 34 las víctimas de la dictadura de Pinochet. Algunos de ellos fueron enterrados, exhumados y luego mutilados para hacerlos desaparecer.

  Los restos de las personas asesinadas fueron encontrados en 1990, en una fosa ilegal al norte del kilómetro 16 y medio del camino a San Pedro de Atacama.

• José Gregorio Saavedra González, 17 años, estudiante de educación media.  Dirigente estudiantil del MIR y FER.  Detenido bajo falsos cargos de terrorismo, fue torturado, mutilado y asesinado por agentes de la dictadura de Pinochet y la Caravana de la Muerte.  De su cuerpo, sólo se encontró un trozo de su mandíbula y su pie derecho en la fosa de la Quebrada del Buitre.  El resto se sus osamentas aún están desaparecidas.
• Carlos Berger Guralnik, abogado y periodista, era el encargado de prensa de Radio El Loa, en Chuquicamata.  Fue detenido por negarse al cese de transmisiones radiales durante el golpe militar.  Condenado a 60 días de reclusión, fue retirado de la cárcel de Calama junto a otros 25 prisioneros políticos el 19 de octubre de 1973, y asesinado en el desierto.  Sólo se han encontrado un par de osamentas de su cuerpo.
• David Silberman Gurovich, ingeniero civil de 35 años de edad y gerente general de Cobrechuqui, fue detenido el 15 de septiembre de 1973.  Condenado a 10 años de presidio a causa de su vinculación con la Unidad Popular, hasta el día de hoy figura en los listados de detenidos desaparecidos.  Su cuerpo nunca ha sido encontrado.
• Mario Argüelles Toro contaba con 34 años de edad al momento de su detención.  Era comerciante y militaba en el Partido Socialista de Chile.  Fue torturado y mutilado antes de su muerte.  El 19 de octubre de 1973, junto a 25 presos políticos de Calama, fue asesinado por la “Caravana de la Muerte”.
• Carlos Escobedo Caris tenía 24 años al ser detenido.  Fue chofer de la Compañía de Cobre Chuquicamata.  Sus familiares se enteraron de su muerte casi una semana después de ser asesinado por los militares.  El capellán de ejército Luis Jorquera les mintió, diciéndoles que le había otorgado la confesión y comunión católica antes de morir.
• Haroldo Cabrera Abarzúa, de 34 años al momento de su asesinato, era ingeniero civil. Se desempeñaba como subgerente de la Compañía de Cobre
  Chuquicamata. Fue torturado y luego fusilado,el 19 de octubre de 1973, junto a 25 compañeros detenidos en la cárcel de Calama. Fue enterrado en la Quebrada del Buitre y su identificación se logró gracias a un dedo encontrado a flor de tierra.
• Luis Bush Morales, ingeniero agrónomo de 29 años de edad.  Fue detenido el 4 de octubre de 1973 y fusilado al día siguiente por orden del coronel de ejército Eugenio Rivera.  Si bien su cuerpo fue recuperado en 1985, las pericias realizadas confirmaron que no murió fusilado sino por las torturas a las que fue sometido.
• Jorge Yueng Rojas, obrero de la fábrica de explosivos Dupont de Calama, contaba con 37 años al momento de su asesinato.  Fue retirado de la cárcel de Calama el 19 de octubre de 1973 y ejecutado junto a otros 25 presos políticos.
• Jerónimo Carpanchay Choque, obrero de la empresa Dupont de Calama y destacado atleta, tenía 28 años al morir.  Fue detenido el 12 de octubre de 1973.  Torturado en recintos de la misma empresa donde trabajaba, fue ejecutado el 19 de octubre junto a otros 25 compañeros de prisión.
• Roberto Rojas Alcayaga, de 36 años de edad, era obrero en la fábrica de explosivos Dupont.  Fue incomunicado en la comisaría de Calama y luego trasladado a la cárcel como prisionero político.  El 19 de octubre de 1973, fue asesinado por la “Caravana de la Muerte” y su cuerpo hecho desaparecer en el desierto.
• Bernardino Cayo Cayo pertenecía a la empresa Dupont en Calama y formaba parte de su Consejo de Administración.  Fue detenido el 12 de octubre de 1973.  Su familia fue informada que había sido trasladado a Antofagasta.  Sin embargo, agentes de la “Caravana de la Muerte” lo fusilaron.
• Luis Contreras León, dirigente de la Unión Socialista Popular, fue detenido el 22 de octubre de 1973.  El ejército siempre negó su paradero hasta que en diciembre de 1990, su cuerpo fue encontrado en el fondo de un pique minero, completamente desnudo y con evidentes muestras de tortura.  Hasta esa fecha, engrosaba las listas de detenidos desaparecidos en Chile.
• Alejandro Rodríguez Rodríguez, de 47 años de edad, era trabajador de la Compañía de Cobre Chuquicamata y Regidor por Calama. También fue Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. El día 11 de septiembre de 1973, cumplia las funciones de Alcalde de Calama. Fue retirado de la cárcel por la
  “Caravana de la Muerte” y asesinado el 19 de octubre.
• Carlos Piñero Lucero, de 29 años de edad al momento de su muerte, era chofer de David Silberman (gerente general de la Cia. de cobre Chuquicamata, actualmente desaparecido).  Fue detenido el 17 de octubre de 1973 y asesinado junto a otros 25 prisioneros políticos el 19 del mismo mes.
• Luis Gahona Ochoa, de 28 años de edad, era obrero de la fábrica Dupont en Calama.  Detenido el 12 de octubre de 1973, fue retirado de la cárcel junto a otros 25 prisioneros y asesinado en el desierto el 19 de octubre.  Su cuerpo nunca ha sido encontrado.
• Fernando Ramírez Sánchez, de 28 años, era trabajador de la Cia. Minera
  Exótica. Detenido junto a su chofer el 11 de septiembre de 1973, fue dejado en libertad previo pago de una fianza. Más tarde, fue apresado nuevamente, torturado y asesinado el 19 de octubre.
• Daniel Garrido Muñoz, ex militar, fue detenido y acusado de traición a la patria.  A los 22 años de edad, fue fusilado en el desierto, el día 19 de octubre de 1973.
• Víctor Ortega Cuevas, era obrero en la fábrica de explosivos Dupont.  De 34 años de edad, fue detenido junto a nueve de sus compañeros de trabajo el 12 de octubre de 1973.  Fue asesinado por la “Caravana de la Muerte” el 19 de octubre.
• Luis Hernández Neira, trabajador de la Compañía de Cobre Chuquicamata, fue detenido y enviado a la cárcel de Calama.  Luego, el 19 de octubre de 1973, fue llevado al desierto por la “Caravana de la Muerte” y asesinado junto a 25 de sus compañeros.
• Manuel Hidalgo Rivas, obrero de la fábrica de explosivos Dupont en Calama.  Fue detenido el 12 de octubre de 1973 y asesinado el día 19 del mismo mes.  Su familia fue informada que había muerto al intentar escaparse.  Más tarde, se enteraron que en realidad lo había fusilado la “Caravana de la Muerte”.
• Luis Moreno Villarroel era chofer en la Compañía de Cobre Chuquicamata.  Fue retirado de la cárcel de Calama por efectivos del ejército y fusilado en el desierto, el 19 de octubre de 1973.
• Hernán Moreno Villarroel, hermano de Luis, era secretario de la gobernación de Calama.  Fue integrante de la guardia personal del presidente Allende.  Bajo arresto domiciliario tras el golpe militar, más tarde fue encarcelado hasta que la “Caravana de la Muerte” lo asesinó en las afueras de la ciudad el 19 de octubre de 1973.
• Rolando Hoyos Salazar, mecánico de la fábrica de explosivos Dupont de Calama, tenía 38 años de edad.  Fue torturado en distintas ocasiones y, el 19 de octubre de 1973, fue asesinado por integrantes de la “Caravana de la Muerte”.  Su familia fue informada falsamente que saldría en libertad.
• René Linsambarth Rodríguez tenía 27 años al momento de su detención.  Trabajador en el pueblo de Lasana, fue detenido por sospecha sólo porque su apellido no era nativo.  Después de ser torturado en el centro de detención de Dupont, desapareció hasta que sus osamentas fueron encontradas en el sector Moctezuma, en las inmediaciones de Calama.  Hasta 1997, integraba la lista de detenidos desaparecidos.
• Domingo Mamani López era dirigente sindical y laboraba en la fábrica
  Dupont. Detenido el 30 de septiembre de 1973, fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal militar. Sin embargo, el 19 de octubre fue fusilado en las afueras de Calama. Unos molares de Domingo fueron encontrados en la fosa de la quebrada El Buitre, pero el resto de su cuerpo aún no ha sido encontrado.
• David Miranda Luna, militante y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, era subgerente de la Compañía de Cobre Chuquicamata.  Se presentó a los cuarteles militares tras un llamado de un bando militar y quedó detenido en la cárcel de Calama.  Sin juicio previo, fue asesinado en el desierto junto a otros 25 prisioneros políticos el 19 de octubre de 1973.
• Rosario Muñoz Castillo era trabajador de la fábrica de explosivos Dupont.  Detenido junto a nueve de sus compañeros, fue retirado de la cárcel de Calama el 19 de octubre de 1973 para ser asesinado en Topáter.  Su hijo nació 15 días después de su muerte.
• Milton Muñoz Muñoz, de 33 años de edad, era casado y tenía una hija.  Sin motivos aparentes, fue detenido y llevado a la cárcel de Calama.  Desde allí, fue retirado por personal militar y asesinado el 19 de octubre de 1973.
• Ricardo Pérez Cárdenas, de 22 años de edad, era trabajador de la Cia. Minera Exótica.  Detenido el 30 de septiembre de 1973, fue torturado alevosamente durante días hasta que, por orden del ejército, se le fusiló el 5 de octubre.  Cuando se recuperó su cuerpo, se encontraron en él 23 balas de gran calibre.  Sus restos están sepultados en el cementerio de Calama.
• Andrés Rojas Marambio se desempeñaba como chofer del hospital de
  Calama. Acusado de transporte de explosivos y terrorismo, fue detenido el 5 de octubre de 1973 y fusilado al día siguiente por órdenes del coronel Eugenio
  Rivera.

A casi un año del informe de las Fuerzas Armadas sobre los detenidos desaparecidos durante el Gobierno Militar, familiares de las víctimas consideraron como una "farsa" los datos aportados por los uniformados, ya que, a su juicio, no han ayudado para ubicar las fosas clandestinas.
SANTIAGO.- A casi un año de la entrega del informe de las Fuerzas Armadas sobre los más de mil desaparecidos durante el Gobierno Militar, los familiares de las víctimas hicieron hoy un negativo balance y aseguraron que en Chile "se mantiene la impunidad". La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) consideró que los datos aportados por los militares fueron una "farsa" que se ha traducido en nulos resultados, debido a que apenas se han encontrado algunos cuerpos. "El informe sólo acrecentó nuestra impotencia y se transformó en la gran mentira institucionalizada, en la que participaron los propios victimarios, las iglesias, el Gobierno, abogados y quienes se arrogaron el derecho de representar a la sociedad civil", afirmó la presidenta del organismo, Viviana Díaz. Díaz señaló que los pocos restos hallados este año en diversas fosas clandestinas no son mérito del documento entregado por los militares al Presidente de la República, Ricardo Lagos, el 5 de enero de 2001, debido a que no fueron ubicados a partir de esa información. Las osamentas fueron encontradas en su mayoría debido al trabajo de jueces especiales que llevan las causas de desaparecidos desde febrero pasado. El secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Luciano Fouilloux, reconoció que hubo "errores" en los datos. En ese sentido, dijo que aún falta mucha información para encontrar a todos los desaparecidos, pero expresó su confianza en que en el futuro se pueda seguir avanzando. "Antes de la Mesa de Diálogo no había indicios categóricos" al respecto, señaló, aunque reconoció que la falta de resultados se pudo deber a que existe una posibilidad fuerte de que muchos de los cuerpos hayan sido removidos. De acuerdo a cifras extraoficiales, a un año del informe se han ubicado unas 350 piezas óseas que pertenecerían a no más de 21 personas, de las que sólo han sido identificadas 7. Se trata de Juan Luis Rivera Matus, Renán Vera, Manuel Plaza Arellano, Miguel Muñoz Flores, RENE LINSAMBARTH RODRIGUEZ, Horacio Zepeda Marinkovic y Fernando Ortiz Letelier, todos los cuales fueron identificados a través de unas pocas osamentas y luego entregados a sus familiares. Entre éstos se cuenta parte de la cúpula del Partido Comunista (PC), que desapareció en 1976, y el caso más emblemático de los errores contenidos en el informe, el de Juan Luis Rivera Matus. De acuerdo al documento, el militante del PC había sido arrojado el mar, donde sus familiares hicieron un funeral simbólico, pero luego sus restos aparecieron en el Fuerte Arteaga del Ejército, en Colina, a 50 kilómetros al norte de Santiago. El informe fue elaborado por las Fuerzas Armadas y de Carabineros después de adquirir el compromiso en la llamada "Mesa de Diálogo" que reunió entre agosto de 1999 y mayo de 2000 a altos jefes militares, representantes del Gobierno y de las diversas iglesias en la búsqueda de un mecanismo para dar con los restos de los desaparecidos y contribuir así a la reconciliación. Su entrega al Gobierno fue la antesala de la apertura y posterior cierre del proceso por 75 crímenes contra el desaforado senador vitalicio Augusto Pinochet y marcó además el gesto más contundente de los militares del alejamiento de su figura. En este documento, que fue dado a conocer por el Presidente Lagos el 7 de enero de 2001, los militares reconocieron por primera vez las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el Gobierno Militar. Además, entregaron luces sobre la ubicación de 200 desaparecidos, de los cuales señalaron que 151 fueron arrojados al mar, ríos o lagos, mientras el resto se encontraba sepultado en fosas clandestinas en diversos lugares del país. Este informe motivó la reapertura de varios procesos y el nombramiento de jueces especiales con dedicación exclusiva o preferente para investigar los casos, varios de los cuales, no obstante, fueron sobreseídos por la aplicación de la Ley de Amnistía o la prescripción por el concepto de "cosa juzgada". Aunque inicialmente su labor debía extenderse durante 3 meses, la Corte Suprema prorrogó sus funciones por otros 90 días en diciembre pasado y el Ministerio de Hacienda dispuso 250 millones de pesos para el funcionamiento del sistema.