Lazo Santander Luis Segundo

Rut       : 1.253.774

F.Nacim. : 10-11-15; 61 años a la fecha de su detención.

Domicilio : Profesor Fuentes Maturana N°5460, Quinta Normal, Santiago.

E.Civil  : Casado

Actividad : Mecánico

C.Repres. : Ex Dirigente del Sindicato de la Compañía Chilena de Electricidad (CHILECTRA), Ex dirigente de la Central Unica de Trabajadores. Militante del Partido Comunista.

F.Detenc. : 15 de diciembre de 1976

       SITUACION REPRESIVA

            Luis Segundo Lazo Santander, 61 años casado Mecánico, ex-Dirigente Sindical de Chilectra y de la CUT, Militante del Partido Comunista, fue detenido el 15 de diciembre de 1976, en la vía pública, por agentes de civil, en presencia de testigos.

            Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976, fueron detenidas trece personas: once pertenecientes al Partido Comunista -algunos de ellos miembros de su Comité Central- y dos al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Los procedimientos que se utilizaron para detenerlos guardan semejanzas entre sí, particularmente en el hecho de que sus arrestos se realizaron en la vía pública, salvo en un caso, y destacándose que el grueso de las detenciones se verificaron el día 15 de diciembre de 1976, afectando en ese solo día a siete personas. Y la otra nota común en sus situaciones, fue aquella que proporcionó oficialmente el gobierno militar, en el sentido que prácticamente todos registraban salida de Chile a Argentina entre fines de diciembre de 1976 o a principios de enero de 1977. La falsedad de esta versión quedó demostrada judicialmente. La otra característica común a todas estas personas es que hasta la fecha se encuentran desaparecidas.

            Las trece víctimas son: Santiago Edmundo Araya Cabrera, detenido el 29 de noviembre de 1976; Armando Portilla, detenido el 9 de diciembre de 1976; Fernando Alfredo Navarro Allende, detenido el 13 de diciembre de 1976; Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Waldo Ulises Pizarro Molina y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 15 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz, Carlos Patricio Durán González, ambos detenidos el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, detenido el 20 de diciembre de 1976.

            Luis Segundo Lazo Santander, salió de su casa el día 15 de diciembre de 1976 y, cerca de las 16:45 horas, en circunstancias que llegaba a la intersección de las calles Profesor Fuentes Maturana -en la que tuvo su domicilio- y Catamarca, fue detenido por cuatro sujetos de civil que se bajaron de una camioneta station de color plomo, quienes ante la resistencia del afectado, lo redujeron violentamente y a viva fuerza lo introdujeron a aquel vehículo, para luego emprender la marcha hacia la calle Carrascal. Según se supo, el mismo vehículo había sido visto en el sector del domicilio del afectado, vigilando el lugar.

            Por esos días, el afectado anduvo visiblemente nervioso, haciendo continuas referencias a la detención de Armando Portilla y de su amigo Jaime Donato, ambos también detenidos desaparecidos; con Donato fueron compañeros de trabajo en CHILECTRA.

            En el proceso rol 2-77 su cónyuge, Elisa del Carmen Sepúlveda Lillo, declaró ratificando los hechos expuestos más arriba, agregando que una vecina de nombre Celia, domiciliada en la misma calle Profesor Fuentes Maturana, le avisó ese mismo día 15 de diciembre por la noche, que Luis Lazo había sido detenido en los mismos términos ya descritos. En su comparecencia judicial, Celia Urra Zenteno negó los hechos.

            En el señalado proceso criminal, el gobierno chileno informó que el afectado registraba salida del país a la Argentina, por el paso Los Libertadores, el día 6 de enero de 1977, sin indicarse por qué medio de transporte lo hizo.

            Posteriormente, en la prensa se recogió la noticia que señaló que, según el Ministerio del Interior de Argentina, cuatro chilenos: Luis Lazo, Héctor Véliz, Horacio Cepeda y Edras Pinto, habían ingresado a territorio argentino el 6 de enero de 1977, en un vehículo con patente chilena HG-19. Respecto a estas cuatro personas se había denunciado su detención en Chile, los tres primeros el 15 de diciembre y el señor Pinto el 20 de diciembre de 1976.

            Esta información resultaba contradictoria, pues, por ejemplo, respecto de Héctor Véliz el gobierno chileno informó a los Tribunales que no registraba salida del país; respecto de los demás, sí reconocía que salieron del país en aquella fecha, pero no que lo hicieron en un vehículo con patente chilena HG-19.

            Finalmente, se comprobó judicialmente que la placa HG-19 nunca fue vendida por la Municipalidad de Santiago -a la que había sido asignada- patente que, por lo mismo, fue anulada. (Ver los casos de Héctor Véliz, Horacio Cepeda y Edras Pinto, que forman parte del grupo de los trece).

            En el marco de la investigación sustanciada en el proceso rol 2-77, al que se allegó la hoja de ruta en que se registró a Luis Lazo Santander junto a otras personas, el funcionario de la Policía de Investigaciones, Jorge Alberto Mondaca González, primeramente reconoció ser él quien escribió el nombre y datos del afectado; en otra declaración sobre el mismo particular, expresó tener dudas en cuanto a su autoría en lo escrito; pero, finalmente, ante el Ministro Cerda reconoció ser él el que escribió lo relativo al afectado Luis Lazo.

            El señalado Ministro le pidió diera explicaciones sobre los asuntos relativos a la hoja de ruta en cuestión, y fue así como no pudo explicar por qué una persona de las demás que aparecían en el mismo documento, no figuró saliendo del país ese día 6 de enero de 1977, en los listados pertinentes de Policía Internacional; cuando se le interrogó sobre por qué escribió los datos relativos al afectado, en una hoja de ruta que ya estaba escrita en sus cuatro primeras líneas por otro funcionario, contestó que lo hizo "para aprovechar el material; y cuando se indagó sobre por qué en su hoja de vida no figura prestando servicios en Los Libertadores en el mes de enero de 1977, respondió "puede deberse a que él fue enviado como refuerzo…".

            En relación a este mismo policía Mondaca, corresponde consignar que el Ministro Carlos Cerda lo encargó reo como autor de falsificación de instrumento (hoja de ruta) en el caso del detenido desaparecido Edras Pinto Arroyo.

            Hasta la fecha se desconoce la suerte o paradero del afectado, detenido por agentes de seguridad.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 31 de diciembre de 1976, su esposa Elisa del Carmen Sepúlveda Lillo, interpuso recurso de amparo en favor del afectado, el que roló con el número 1105-76, solicitando informe al Ministerio del Interior y a la Dirección de Inteligencia Nacional. Sólo se accedió a requerir información a dicha Cartera de Estado, en tanto que respecto a oficiar a la DINA, se negó lugar, sin perjuicio de lo que se resolviera más adelante en la vista del recurso.

            A los casi 20 días de interpuesto el recurso, se certificó en éste la respuesta de Interior: "no se encuentra detenido por orden de ese Ministerio".

            El 21 de enero de 1977 se vio el recurso; nada se dijo sobre lo de pedir informe a la DINA; y, en vista de los antecedentes, y especialmente del informe negativo del Ministerio del Interior, la Corte de Apelaciones de Santiago, con esa fecha, rechazó el habeas corpus, ordenando pasar los antecedentes al Juzgado del Crimen para la investigación de la comisión de un posible delito, con motivo de los hechos que sirvieron de fundamento al recurso de amparo. Ante la Corte Suprema se apeló de esta resolución, pero este Tribunal la confirmó el 26 de enero de 1977.

            El caso de este afectado, como el de otros detenidos desaparecidos del grupo de los trece, fue investigado, en definitiva, en el proceso rol 2-77, que se comenta en el caso de Reinalda del Carmen Pereira Plaza.

            Luego que los respectivos recursos de amparo fueran rechazados, familiares de las víctimas solicitaron a la Excma. Corte Suprema la designación de un Ministro en Visita para que se abocara al conocimiento de los 13 desaparecidos ya nombrados. El Tribunal accedió a lo solicitado pero limitando el ámbito de investigación a sólo 8 de los casos. Al poco tiempo de iniciada la investigación, se incluyeron dos más. Entre estos 8 primeros se encuentra el caso de Luis Segundo Lazo Santander.

            La tramitación de esta causa duró cerca de 13 años y se acumularon en ella 21 tomos con más de 9.000 fojas, y la investigación estuvo a cargo de distintos Ministros.

            El máximo Tribunal de la República ordena a la Corte de Apelaciones de Santiago que efectúe tal designación, la que recayó en el Ministro Sr. Guastavino, quien luego de requerir informe al Ministerio del Interior -el que informó que los afectados habían hecho abandono del país por un paso cordillerano, hacia la República Argentina- sobreseyó la causa. Dicha resolución fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al igual que en la segunda oportunidad en que se decretó un nuevo cierre del sumario. Posteriormente el Ministro Carlos Letelier Bobadilla, vino a subrogar al Ministro Guastavino, cerrando el sumario en agosto de 1978, "no pudiendo adelantarse en la investigación".

            Dicha resolución fue impugnada por los abogados que hicieron ver al Ministro que sí podía adelantar en la investigación, por existir diligencias pendientes solicitadas y porque del estado del proceso surgirían otras por disponer. Fue así como el Ministro Letelier dejó sin efecto su propia resolución, decretando diligencias.

            Más adelante, reasumiendo sus funciones el Ministro Guastavino, decretó sobreseimiento definitivo por aplicación del D.L. 2191 en diciembre de 1980. La Corte de Apelaciones, esta vez, revocó la resolución de cierre del sumario, y el propio Ministro en Visita dejó sin efecto el sobreseimiento decretado, por haberse omitido una formalidad legal. De esta manera continuó la tramitación. Ya en el año 1983 se hizo cargo de continuar la investigación por el "proceso de los trece", el Ministro señor Carlos Cerda Fernández, quien dictó cientos de diligencias, consistentes en citaciones de personas, reconocimientos de lugares y de personas, peritajes, revisión de expedientes criminales, despacho de Oficios recabando informes a servicios del Estado, a ramas de las Fuerzas Armadas, instituciones particulares y otras de vital importancia.

            En suma recibió cerca de 200 testimonios de testigos presenciales de las detenciones de los afectados y de su reclusión en recintos clandestinos. Entre estos testimonios también se contaron los de miembros de las Fuerzas Armadas, que participaron en Servicios de Inteligencia, como asimismo de funcionarios de Carabineros y de Investigaciones, y de algunos civiles que colaboraron con los servicios de seguridad, como es el caso de Otto Trujillo y de Miguel Estay Reyno (El Fanta).

            En esta etapa se contó con la declaración del soldado primero de la Fuerza Aérea de Chile, Andrés Valenzuela Morales, que en 1984 desertó de esta Institución, quien mediante su declaración dio cuenta y datos que, a mediados de la década del 70, comenzó a operar un llamado "Comando Conjunto" o "Comando Conjunto Antisubversivo", integrado por miembros de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, más algunos civiles que pertenecieron a partidos de izquierda y que luego de ser detenidos por los servicios de inteligencia, sometidos a presiones y/o extorsiones, se transformaron en colaboradores.

            En este grado de investigación, el Ministro Carlos Cerda llegó a establecer datos valiosos y esclarecedores respecto de otros casos de violaciones de derechos humanos, algunos de ellos de desaparecimiento de personas, disponiendo incluso la remisión de algunas piezas del "proceso de los trece" a otros Tribunales que conocían de causas criminales por ellos.

            El Ministro Carlos Cerda dictó durante la tramitación que a él le tocó sustanciar 43 encargatorias de reo; en septiembre de 1983 a dos funcionarios de Investigaciones, por los delitos de falsificación de instrumento público, constituido por la hoja de ruta que daba cuenta de la salida del país y de ilegítima privación de libertad de Reinalda Pereira Plaza y de Edras Pinto Arroyo; y en septiembre de 1985, a Miguel Estay Reyno (El Fanta), como cómplice en los delitos de ilegítima privación de libertad de Reinalda Pereira Plaza y Edras Pinto Arroyo.

            El 14 de agosto de 1986, el Ministro dicta 40 encargatorias de reo por igual número de personas, entre los que se encuentra el ex miembro de la Junta Militar, General del Aire Gustavo Leigh, otros generales, Oficiales y Suboficiales de Carabineros, Fuerza Aérea y Marina de Chile, detectives de la Policía de Investigaciones y de algunos civiles. Los uniformados eran algunos en servicio activo y otros en retiro a esa fecha.

            Cuatro de estos 40 reos presentaron queja, por no aplicación de ley de amnistía y la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de septiembre de 1986, deja sin efecto las encargatorias de reo, no sólo de los cuatro reos que apelaron, sino que incluye por Oficio a los otros 36 reos. Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema el 6 de octubre del mismo año.

            Ante tal resolución, el Ministro Cerda resolvió suspender su cumplimiento y representar a la Corte Suprema un escrito fundamentando las razones de su determinación. Enterada de esta situación, la Corte Suprema en Pleno, del 8 de octubre de 1986, resolvió aplicar medida disciplinaria de suspensión del cargo por 2 meses, con goce de media remuneración, al Ministro Carlos Cerda Figueroa.

            Se nombró como suplente al juez Manuel Silva Ibáñez, quien el 23 de octubre de 1986 aplicando el D.L. de amnistía, sobreseyó definitivamente el proceso Rol 2-77.

            Los familiares de las víctimas apelaron y la Corte de Apelaciones el 10 de junio de 1987 confirmó el fallo del juez Silva. Ante esta situación, se presentaron recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, Tribunal que en sentencia del 11 de agosto de 1989, confirmó el sobreseimiento definitivo por amnistía de la causa Rol 2-77 que investigaba la suerte corrida tras la detención de Luis Segundo Lazo Santander.

            Para mejores antecedentes del proceso Rol 2-77, que investiga la suerte de detenidos desaparecidos del año 1976, ver ficha de Reinalda del Carmen Pereira Plaza, detenida el 15 de diciembre de 1976.

La confirmación de una compleja operación -montada por el régimen militar en el marco de la "Operación Cóndor"- para ocultar su responsabilidad en el asesinato de los detenidos desaparecidos, es una de las consecuencias del informe entregado por las Fuerzas Armadas, en el que aparecen los restos de seis chilenos como enterrados clandestinamente en el sector de Cuesta Barriga. Según el informe, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Lazo Santander, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier y Héctor Veliz Ramírez, todos ellos detenidos desaparecidos, habrían sido enterrados en una fosa clandestina en Cuesta Barriga, luego de haber sido detenidos por los organismos secretos de seguridad en 1976. Esa información viene a confirmar, 24 años más tarde, que la explicación oficial entregada por las autoridades del régimen militar de la época, apoyada en documentos de extranjería argentinos, era falsa y fue fabricada a través de los canales de cooperación entre los servicios de seguridad de las dictaduras del Cono Sur: la Operación Cóndor.
Con esos documentos entregados a los tribunales por el Ministerio del Interior -cuyo titular era el actual senador UDI Sergio Fernández- se paralizó toda investigación de los tribunales y se pretendió convencer a los organismos internacionales que intentaban detener la represión en Chile que los detenidos desaparecidos no existían y que se trataba de "extremistas" que habían escapado de Chile. Que todo era un "invento del comunismo internacional".
 

A menos de cumplirse cuatro meses desde que las Fuerzas Armadas entregaron su informe sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, peritos del Servicio Médico Legal dieron a a conocer un nuevo error en los antecedentes, al informar que los restos de Samuel Lazo Quintero se encuentran entre los restos de los cuerpos exhumados en el Patio 29 del Cementerio General y no como aparece en la lista elaborada por los uniformados entre quienes fueron arrojados al mar. Lazo Quintero fue detenido en Paine en octubre de 1973 a la edad de 49 años. Su caso se une al de Juan Rivera Matus, cuyo cuerpo fue encontrado en el Fuerte Arteaga del Ejército, en circunstancias que las Fuerzas Armadas habían establecido que había sido lanzado al mar junto a otros 150 detenidos desaparecidos. Su nombre, junto al de sus hijos Luis y Samuel y su hermano Enrique, figuran entre los 100 detenidos desaparecidos de Paine. La hija de Samuel Lazo Quintero, Flor, explicó que su familia se encuentra conmovida con la situación.

Familiares de detenidos desaparecidos señalaron hoy que el renunciado comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, "perdió todo su honor al haber renunciado a la institución, con lo cual se coloca en duda su real aporte en la mesa de diálogo". Los familiares de Linocoyán Berrios, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Navarro, Héctor Ortiz y Héctor Veliz -cuyos restos según los informes de las Fuerzas Armadas habrían sido dejados en la Cuesta Barriga- entregaron una carta al ministro del Interior, José Miguel Insulza, en la cual manifiestan su preocupación por la actitud del jefe naval de haber dimitido a su cargo por pretenciones políticas.
Antonia Cepeda, señaló que "la Armada perdió su honor el dia mismo que hizo lo que hizo con nuestros familiares. También Arancibia perdió su honor cuando entregó a la mesa de dialogo una información confusa de dudosa veracidad y que no ha permitido hasta ahora encontrar los restos de nuestros familiares".
 

La ministra en visita Amanda Valdovinos confirmó que restos óseos humanos, correspondientes a tres personas, fueron encontrados al interior del Regimiento del Ejército Justo Arteaga, de Colina. La diligencia corresponde a lo ordenado por la Corte Suprema luego de recibir el informe de la Mesa de diálogo que concluyó en enero y que, según los antecedentes entregados por las Fuerzas Armadas, en ese recinto militar estarían sepultados los restos de unas 20 personas.
Caucoto: "Son del Comando Conjunto"
El abogado Nelson Caucoto dijo a La Voz que todos los restos que puedan ser ubicados en el sector de Colina corresponden a víctimas del denominado Comando Conjunto.
Según el Informe Rettig, algunas de las personas desaparecidas son Humberto Fuentes Rodríguez, Luis Moraga Cruz, Ricardo Weibel Navarrete (identificado), Ignacio González Espinoza (identificado), Miguel Rodríguez Gallardo, Nicomedes Toro Bravo, José Sagredo Pacheco, Carlos Contreras Maluje, Juan René Orellana, Luis Emilio Maturana y Juan Gianelli Company, Fernando Navarro Allendes, Horacio Cepeda Marinkovic, Lincoyán Berrios Cataldo, Juan Fernando Ortiz Letelier, Waldo Pizarro Molina, Héctor Veliz Ramírez, Luis Lazo Santander y Reinalda Pereira Plaza, entre otros.
Por esto, el profesional considera "poco eficiente" el sistema de designación de jueces especiales que realizó la Corte Suprema a petición del gobierno. "El sistema ha provocado confusión, porque sin duda que se avanza más con un ministro a cargo de casos específicos".
 

Amparándose en informes de 1979, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) informó que el hermano del candidato a senador Jorge Arancibia, Fernando Arancibia, desempeñó el cargo de subdirector de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y habría negado ante jueces de la época la existencia de prisioneros políticos.
De acuerdo a la presidenta de la entidad, Viviana Díaz, consta que el ex coronel de Ejército, Fernando Arancibia, participó en el grupo operativo del Golpe de Estado y luego en la creación de la DINA. Además, fue Agregado Militar en Argentina en 1978 y regresó en 1979 para convertirse en el subdirector de la CNI.
La dirigenta explicó que estos antecedentes ponen en evidencia la necesidad de iniciar acciones judiciales para investigar la verdadera participación de la CNI en la actualidad y, puntualmente, la vinculación del ex almirante Arancibia en este cuadro.
"Un candidato a senador y un subdirector de la CNI, genética e ideológicamente hermanados, uno en la marina y otro en el Ejército, ambos unidos por un pasado golpista y un presente conspirativo, están liderando una gran operación política y de inteligencia destinada a instalar el legado pinochetista", indica una declaración de la AFDD.
Las informaciones de la agrupación precisan también que "en 1980, a raíz del hallazgo en Lonquén de osamentas, la CNI inicia una operación de remoción de restos de detenidos desaparecidos a lo largo de todo el país, bajo su propia coordinación".
Añaden que tiempo después el coronel (r) Arancibia aparece junto con el líder de Avanzada Nacional, Alvaro Corbalán.
Estos antecedentes, para Viviana Díaz, ponen en evidencia que el candidato a senador Arancibia no pudo desconocer la información de detenidos desaparecidos que negó durante su permanencia en la Mesa de Diálogo, instancia que él mismo propició, aseguró.
"El almirante (r) Arancibia le mintió a todo el país al entregar esa información sobre el caso Cuesta Barriga, pues indudablemente que estaba enterado de la remoción de los restos de Fernando Ortiz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Héctor Veliz, Horacio Cepeda y Luis Lazo, disfrazando una operación destinada a hacer desaparecer por segunda vez a nuestros familiares y presentándola como una contribución para esclarecer lo sucedido".
 

Cumpliendo con el compromiso verbal asumido con los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga, el gobierno, a través del Programa de Derechos Humanos, solicitó al ministro Héctor Carreño que instruya sumario en el caso de la desaparición de trece dirigentes comunistas en 1976 e investigue los antecedentes que demostrarían que hubo remoción de restos en ese lugar.
Si es acogida la solicitud del Programa, se abrirá un nuevo frente de investigación, pues el mandato que otorgó la Corte Suprema a Héctor Carreño y Amanda Valdovinos -a cargo de la búsqueda de veinte cuerpos en el Fuerte Arteaga- fue sumamente restrictivo desde el minuto que los designó como jueces especiales, pues sólo les comisionó confirmar la veracidad de la información de la Mesa de Diálogo y encontrar los cuerpos que estarían en esas coordenadas, pero nada les dijo sobre esclarecer las circunstancias de las desapariciones investigadas.
Así, a diez meses de esta resolución, sólo ha habido avances en materia de hallazgo de osamentas. De hecho, desde que el 9 de enero comenzó la investigación en el socavón de la mina Los Bronces, ubicada en el kilómetro 12 de la Cuesta Barriga, el proceso se ha visto enturbiado por las limitaciones impuestas por el máximo tribunal.
De acuerdo a los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga no se puede pretender encontrar cuerpos, identificarlos y luego dejar el caso botado. Aseguran que todo juez debe tener como principal misión la verdad y la justicia y, en ese plano, determinar quiénes fueron los culpables de los crímenes de 1976 y quiénes removieron sus cuerpos. Por ello, anticipan que si falla la presentación del Programa presentarán querellas para determinar la remoción de restos de sus parientes, la que aseguran se efectuó, con 90 por ciento de certeza, en 1987.
La remoción de 1987
Una pieza fundamental para investigar la remoción de restos será la información proporcionada por dos testigos a Investigaciones y el mismo tribunal, que declararon que en 1987 camiones del Ejército recorrieron la zona y realizaron operativos, trasladando bultos.
Esta tesis cobra fuerza, porque los peritajes de los expertos del Servicio Médico Legal han determinado que los cuerpos fueron exhumados entre cinco a diez años después de su entierro, lo que queda en evidencia porque los restos que permanecieron en la mina corresponden a aquellos que caen libremente al moverse y no presentan las fracturas propias de un cadáver que no está en avanzado proceso de descomposición.
Si a ello se suma que el propio ex almirante Jorge Arancibia, cuando se desempeñaba como comandante en jefe de la Armada confirmó que la información de restos en Cuesta Barriga fue entregada por su institución, las posibilidades que el juez Carreño inicie una investigación en esa área pone como principales inculpados -nuevamente- a miembros de las Fuerzas Armadas.
Para los familiares de las víctimas estos antecedentes son tan contundentes que ameritan solicitar al Ejército que informe sobre estos trabajos y rompa -parcialmente- el secreto que ofreció la Mesa de Diálogo a las personas que entregaron estos datos, pues en su opinión tendrían alguna participación en el delito de exhumación y remoción de cuerpos.
Entre los familiares existe la creencia que la totalidad de los restos de sus padres y hermanos jamás serán encontrados, pues señalan que luego de remover los restos la práctica habitual fue dinamitarlos o destruirlos y, muy difícilmente se realizaron en ese período operativos para lanzar cuerpos al mar.
Lenta identificación
Mientras los familiares de los desaparecidos aguardan con ilusión el resultado de la diligencia solicitada por el Programa, el Servicio Médico Legal comenzó la larga tarea de establecer la identidad de las osamentas, que de acuerdo al organismo corresponderían al menos a diez personas.
Las 200 piezas encontradas sólo han permitido a la fecha tener certeza de la identidad de dos personas: Horacio Cepeda y Fernando Ortiz, gracias a la comparación de las piezas dentales con radiografías que guardaban sus familiares, aunque sus restos deberán ser evaluados como todos los demás con pruebas de ADN, investigación que se extenderá al menos por un año. Ello, pese a que los familiares esperan que el trámite sea más corto de lo previsto, considerando que se chequearon grupos de osamentas comunes para facilitar los peritajes.
El informe de la mesa de diálogo sólo consigna que en la Cuesta estarían los cuerpos de Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Luis Segundo Fernando Alfredo Navarro Allendes, Juan Fernando Ortíz Letelier y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 13 de diciembre de 1976.
Pero las agrupaciones de derechos humanos y el Informe de la Comisión Rettig suman los nombres de Santiago Edmundo Araya Cabrera (detenido el 29 de noviembre de 1976), Armando Portilla (detenido el 9 de diciembre de 1976), Reinalda del Carmen Pereira Plaza y Waldo Ulises Pizarro Molina, detenidos en el operativo del 13 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz y Carlos Patricio Durán González, ambos apresados el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, arrestado el 20 de diciembre de 1976.
A la fecha los informes forenses han establecido "acercamientos" a las identidades de Héctor Véliz, Alfredo Navarro, Luis Lazo y Lincoyán Berríos, pues sus antecedentes médicos presentan importantes correspondencias con las piezas óseas periciadas en el Servicio Médico Legal. También se menciona a Lizandro Cruz y Carlos Durán que se encuentran entre las víctimas del Partido Comunista

Entre noviembre y diciembre de 1976 se produjo una verdadera redada del Comando Conjunto sobre altos dirigentes de izquierda. Luego de su muerte a manos de los efectivos de esa unidad, los cuerpos de estas trece personas detenidas fueron arrojados a un socavón de difícil acceso en la Cuesta Barriga y, más tarde, removidos sin que existan antecedentes de su paradero final.
En materia judicial, el caso de los once dirigentes comunistas y dos integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) dan luces sobre el modo de actuar del grupo operativo paralelo a la DINA, el Comando Conjunto que agrupo a representantes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.
Incluso, el Ministerio del Interior de Argentina confirmó que cuatro chilenos – Luis Lazo, Héctor Véliz, Horacio Cepeda y Edras Pinto- ingresaron a su territorio el 6 de enero de 1977, en un vehículo con patente chilena HG-19. Curiosamente los tribunales chilenos, en los que se había presentado una denuncia por presunta desgracia señalaban que Véliz no registraba salida del país y se citaba un informe del régimen militar.
Después de una serie de tentativas judiciales en que los familiares solicitaron ministros en visita, la causa quedó en manos del magistrado Guestavino pero con limitaciones: se indagarían ocho casos y no trece. La tramitación de esta causa duró cerca de 13 años y se acumularon en ella 21 tomos con más de nueve mil fojas. Durante ese período no sólo Guestavino conoció el proceso sino también Carlos Letelier Bobadilla, quien en agosto de 1978 cerró el sumario que reabrió a los pocos meses.
Reasumió entonces Guestavino, quien decretó el sobreseimiento definitivo por aplicación del D.L. 2191 en diciembre de 1980. En un hecho inédito durante este período, la Corte de Apelaciones revocó el cierre del sumario, y el propio ministro en Visita dejó sin efecto el sobreseimiento decretado, por haberse omitido una formalidad legal.
Así en 1983 el proceso recayó en manos del actual ministro de la Corte de Apelaciones capitalina Carlos Cerda Fernández, quien dictó cientos de diligencias, consistentes en citaciones, reconocimientos de lugares y de personas, peritajes, revisión de expedientes criminales, despacho de Oficios recabando informes a servicios del Estado, a ramas de las Fuerzas Armadas, instituciones particulares y otras de vital importancia.
En total sumó cerca de 200 testimonios, entre ellos destaca las declaraciones de miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en Servicios de Inteligencia, como asimismo de funcionarios de Carabineros y de Investigaciones, y de algunos civiles que colaboraron con los servicios de seguridad, como es el caso de Otto Trujillo y de Miguel Estay Reyno (El Fanta).
En esta etapa se contó con la declaración del soldado primero de la Fuerza Aérea de Chile, Andrés Valenzuela Morales, que en 1984 desertó de esta institución y dio cuenta que a "mediados de la década del 70, comenzó a operar un llamado Comando Conjunto o Comando Conjunto Antisubversivo, integrado por miembros de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, más algunos civiles que pertenecieron a partidos de izquierda y luego de ser detenidos por los servicios de inteligencia, sometidos a presiones y/o extorsiones, se transformaron en colaboradores".
En este grado de investigación, el ministro Carlos Cerda llegó a establecer datos esclarecedores respecto de otros casos de violaciones de derechos humanos, disponiendo incluso la remisión de algunas piezas del "proceso de los trece" a otros tribunales que conocían de causas criminales por ellos.
Pero fue el 14 de agosto de 1986 cuando el magistrado asestó su golpe más fuerte, cuando dictó 40 procesamientos por igual número de personas, entre los que se encuentra el ex integrante de la Junta Militar, General del Aire Gustavo Leigh, otros generales, oficiales y suboficiales de Carabineros, Fuerza Aérea y Marina de Chile, detectives de Investigaciones y de algunos civiles. Los uniformados eran algunos en servicio activo y otros en retiro a esa fecha.
Cuatro de éstos presentaron un recurso de queja por no aplicar la Ley de Amnistía y la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de septiembre de 1986, deja sin efecto las encargatorias de reo no sólo de los cuatro oficiales, sino que mediante oficios de la totalidad de los procesados.
Como consecuencia directa de estos encausamientos, el ministro Cerda fue amonestado por el pleno de la Corte Suprema que determinó su suspensión por dos meses del poder judicial.
Desde esa época, las causas del Comando Conjunto se encuentran dispersas en distintos juzgados del crimen y una de ellas, el caso de los trece, es manejada por el ministro Héctor Carreño. Los familiares de las víctimas confían en que por primera vez se acercarán a la verdad y a la justicia, y sostienen que hoy más que nunca merecen saber quiénes detuvieron a sus familiares y quiénes removieron años después sus cuerpos