Los Angeles -memoriales.cl
Los Angeles – monumentos.gob.cl
Fecha Detención : 05-10-1973
Lugar Detención : Mulchén
Actividad Política :
Actividad : Obrero Agrícola
Estado Civil e Hijos : Soltero
Nacionalidad : chilena
Relatos de Los Hechos
Categoría : Antecedentes del Caso
Rut : 5.959.452
F.Nacim. : 08-03-47, 26 años al momento de su detención
Domicilio : Hacienda "El Morro", Mulchén
E.Civil : Soltero
Actividad : Empleado en las casas de la Hacienda
C.Repres. : Sin militancia política conocida ni cargo de representación social.
F.Detenc. : 5 de octubre de 1973
SITUACION REPRESIVA
Juan de Dios Laubra Brevis, soltero, obrero agrícola, sin militancia política conocida, fue detenido el día viernes 5 de octubre de 1973, alrededor de las 17:00 horas, cuando se presentó en el Retén de Carabineros "El Morro", hasta donde había sido citado previamente, por uniformados integrantes de una patrulla compuesta por Militares, Carabineros y civiles, fuertemente armados, que momentos antes llegó hasta la Hacienda "El Morro", de Mulchén. En ese lugar procedieron a allanar diversas viviendas, interrogar a sus moradores y citar a algunos trabajadores hasta el Retén "El Morro".
Entre los miembros del operativo, los habitantes de la Hacienda, pudieron destinguir a dos carabineros que antes habían pertenecido a la dotación del Retén El Morro, Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate"), otro de apellido Guzmán y al -en ese entonces- Teniente de Carabineros de la Comisaría de Mulchén Jorge Maturana Concha. A los civiles, Romualdo ("Mayo") Guzmán Saavedra, agricultor; Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de una barraca maderera; Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor; todos domiciliados en Mulchén; Rolf Düring Pohler, hijo de los propietarios del Fundo Verdún; Samuel Arriagada Domínguez y Raúl Tirapeguy.
El Teniente Jorge Maturana Concha portaba una libreta en donde figuraban los nombres de diversas personas del predio, apuntes que intentó completar con datos relativos a militancia política y/o actividades de tipo sindical, con el profesor Benjamín Elías Sandoval Pozas, quien era Director de la Escuela "El Morro". A éste le decomisaron un vehículo de su propiedad, el que utilizaron algunos miembros de la patrulla para ubicar a las trabajadores previamente identificados.
En esa ocasión fueron detenidos y recluidos, junto a Juan Laubra Brevis, los trabajadores José Florencio Yáñez, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo y Domingo Sepúlveda Castillo los que, después de ser torturados, fueron trasladados por sus captores hasta un sitio del río Renaico, denominado "La Playita", donde fueron ultimados con la vista vendada y sus manos atadas con alambres de púas a la espalda. En ese lugar, los cadáveres fueron abandonados por los victimarios y, días después, debido a crecidas que experimentó el río, los cuerpos fueron apareciendo sucesivamente, durante unos veintiocho días, en distintos puntos de las riberas del mencionado río, los que al ser encontrados por familiares y personas del sector, eran inhumados en fosas que cavaron para esos propósitos, donde dieron improvisada sepultura a los cuerpos. Lugares que fueron cercados y señalizados debidamente.
Posterior a la ejecución, la patrulla hizo otras detenciones, pero todos los restantes detenidos fueron liberados al momento de su detención o en horas de la mañana, cuando la patrulla se aprontaba a partir en dirección al Fundo "El Carmen Maitenes", sin que hayan coincidido en el recinto de reclusión con los ejecutados.
En el año 1978, tres carabineros que vestían de uniforme, interrogaron al campero de la Hacienda, de apellido Sandoval, acerca de los lugares exactos de sepultación de las víctimas, mencionándole cada uno de los cinco nombres. Este les precisó el lugar donde se encontraban los restos de Domingo Sepúlveda y de Edmundo Vidal Aedo. Indicándoles, en forma vaga, donde se decía estaban las restantes fosas, toda vez que desconocía su ubicación exacta.
A los días después, los mismos funcionarios, llegaron en vehículo hasta el sector donde se encontraban las fosas de las víctimas, allí permanecieron un tiempo y después se marcharon, sin que nadie sospechara que habían sacado los restos clandestinamente.
Entre los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973 en los fundos cordilleranos llamados El Morro, Carmen Maitenes y Pemehue, ubicados al oriente de Mulchén, fueron ultimados 18 campesinos del sector, todos ellos sin militancia política.
Una patrulla, de 30 personas, Militares, Carabineros y civiles que se transportaba en caballos, llegó al Fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Como se señaló, estos procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios y los condujeron a orillas del Río Renaico:
-Juan de Dios Laubra Brevis, 26 años, obrero agrícola.
-Domingo Antonio Sepúlveda Castillo, 29 años, mozo de casa patronal.
-José Edmundo Vidal Aedo, 20 años, obrero agrícola.
-Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, 26 años, obrero agrícola.
-José Florencio Yáñez Durán, 34 años, obrero agrícola.
El grupo de uniformados y civiles continuó hacia arriba hasta llegar al Fundo Carmen Maitenes, detuvieron a los ocho campesinos en sus domicilios, los condujeron a la casa patronal y allí los golpearon y los hicieron golpearse entre sí:
-Miguel del Carmen Albornoz Acuña, 20 años, obrero agrícola.
-Daniel Alfonso Albornoz González, 28 años, obrero agrícola.
-Alejandro Albornoz González, 48 años, obrero agrícola.
-Guillermo José Albornoz González, 32 años, obrero agrícola.
-Luis Alberto Godoy Sandoval, 23 años, obrero agrícola.
-Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez, 25 años, obrero agrícola.
-José Liborio Rubilar Gutiérrez, 28 años, obrero agrícola.
-José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, 33 años, obrero agrícola.
Posteriormente, se dirigieron al fundo Pemehue, nuevamente procedieron a detener en su domicilio a cinco campesinos:
-Alberto Albornoz González, 41 años, obrero agrícola.
-Felidor Exequiel Albornoz González,33 años, obrero agrícola.
-José Fernando Gutiérrez Ascencio, 25 años, obrero agrícola.
-Jerónimo Humberto Sandoval Medina, 22 años, obrero agrícola.
-Juan de Dios Roa Riquelme, 35 años, obrero agrícola.
En 1980 se logró establecer judicialmente que los 5 detenidos desaparecidos de la Hacienda El Morro habían sido ejecutados por sus captores. Lugareños del sector La Playita del río Renaico los encontraron y les dieron sepultura. En 1978, Carabineros volvieron al lugar y clandestinamente exhumaron los cuerpos. A pesar de esto, una diligencia decretada por el Ministro en Visita logró determinar el lugar del primer entierro y encontrar restos casi completos de una de las 5 víctimas, más restos de ropas y osamentas de los otros. Los peritajes permitieron la identificación de los restos logrando establecer que uno de ellos pertenecía a Juan de Dios Laubra Brevis.
Los otros 13 detenidos desaparecidos en que participó la patrulla mencionada en la detención del afectado, también fueron ejecutados por sus captores.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
En el Juzgado de Letras de Mulchén se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval". Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.
El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.
El 14 de julio de 1980, la Corte de Apelaciones de Concepción, acogiendo un escrito presentado por el Arzobispado de la misma ciudad, acordó facultar al ministro Cerda para que investigara los hechos ocurridos en la Hacienda "El Morro", acumulando dichos antecedentes a la causa Nº20.595 del Juzgado de Letras de Mulchén.
En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de cinco campesinos de la Hacienda "El Morro".
El día 21 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para seguir conociendo la causa debido a que existía personal uniformado inculpado; pasando la causa al III Juzgado Militar de Concepción, siendo rolada con el N°446-81.
El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191, de Amnistía, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 18 de diciembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de la amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento definitivo a temporal.
Dictan acusación contra militares y carabineros por crímenes de 18 campesinos de Mulchén
Fuente :resumen.cl 15/07/2016
Categoría : Prensa
El ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó acusación en contra de ex miembros de carabineros y el ejército por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación ilegal y exhumación ilegal de 18 trabajadores de los fundos El Morro, El Carmen-Maitenes y Pemehue, ubicados en el sector precordillerano de la localidad de Mulchén.
En la resolución (causa rol 30.2007), el ministro Aldana acusó a los ex miembros de carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, en calidad de autores de los homicidios calificados de José Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ilícitos perpetrados el 6 y 7 de octubre de 1973.
Ex carabineros que, además, fueron acusados como autores de los delitos de secuestro calificado de: Juan de Dios Laura Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir del 5 de octubre de 1973. Agentes del Estado que también fueron acusados como autores del delito de inhumación ilegal de las 12 víctimas del delito de homicidio.
En tanto, los ex oficiales de ejército Jaime García Zamorano y Julio Reyes Garrido, y los ex suboficiales José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares Molina, y Juan Carlos Balboa Ortega, fueron acusados como encubridores de 11 delitos de homicidios -excepto el de Juan de Dios Roa Riquelme- y del delito de exhumación ilegal de dichas víctimas.
En la etapa de investigación, el ministro en visita logró determinar que las 18 víctimas fueron detenidas por personal del ejército del Regimiento N° 13 de Los Ángeles y de la Comisaría de Carabineros de Mulchén entre el 5 y 7 de octubre de 1973, en los fundos El Morro, El Carmen-Maitenes y Pemehue de la zona, fusilados e inhumados en dichos lugares, otros en el Cementerio de Mulchén o a las orillas del río Renaico, lugares donde los restos permanecieron por más de 5 años.
Entre fines de 1978 y comienzos de 1979, personal del Regimiento «Húsares» de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, retiró los restos de quienes fueron ejecutadas en octubre de 1973, y llevados con destino desconocido, llevando a cabo la "Operación retiro de televisores" que fue ordenada por el dictador para hacer desaparecer los restos de los desaparecidos asesinados.
La "Operación Retiro de Televisores" es una de las acciones más bestiales cometidas por la dictadura militar, por orden expresa del tirano, organizada con prontitud por el "impecable" jefe de CNI, Odlanier Mena, y ejecutada con solicitud criminal por las hordas de agentes que se solazaron con el terror que provocaban y causaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general. Hechos como estos, no pueden seguir quedando impunes. Solo resta esperar que Aldana y los tribunales se ocupen de aplicar justicia.
