Largo Vera Luis Alejandro

Rut                  :           5.779.071-6

F.Nacim.         :           07-03-47, 26 años a la fecha de su detención

Domicilio         :           Gorbea 2045, Santiago

E.Civil              :           Soltero

Actividad          :           Estudios de Electrónica en el Instituto GAMMA

C.Repres.       :           Militante del Partido Socialista

F.Detenc.        :           14 de septiembre de 1973

 SITUACION REPRESIVA 

            Luis Alejandro Largo Vera, soltero, militante del Partido Socialista, permanece desaparecido a partir del 14 de septiembre de 1973, fecha en que fue detenido.

            Ese día en la tarde el afectado, quien vivía con su madre en una pensión de calle Gorbea 2045 en el centro de Santiago, salió de su casa indicándole que iría donde unos amigos cerca del lugar.

            Consta, según testigos, que llegó al inmueble ubicado en Alameda 2238 (entre Abdón Cifuentes y Almirante Latorre) sector de la Plaza Los Héroes. Lugar desde donde se retiró cerca de la 18:00 horas (hora en que comenzaba el Toque de Queda), no llegando jamás de regreso a su hogar.

            Ese sector debido a ser un barrio de pensionados universitarios fue objeto de constantes allanamientos.

            Durante esos días fueron detenidos varios militantes del Partido Socialista, que vivían en el mismo barrio que Luis Largo Vera (sector Brasil con Alameda). Sus testimonios indican que el afectado era un reconocido militante del sector.

            Según el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación "Luis Largo Vera desapareció por motivos políticos sin tener conocimiento de las circunstancias exactas en que ese hecho habría ocurrido".

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Luego de su detención, su madre -la señora Javiera Vera- realizó diversas gestiones en recintos carcelarios, en el Estadio Nacional, Instituto Médico Legal, sin poder obtener información respecto de la situación de Luis Largo Vera, Tampoco logró que alguna autoridad competente se responsabilizara de la detención del afectado.

            En el año 1985, exactamente el 26 de noviembre, la familia presentó una denuncia por presunta desgracia.

            La causa tramitada en el 4º Juzgado del Crimen de Santiago fue rolada con el Nº132.150-AGA.

            Consultada por el Juez, Policía Internacional informó que Luis Largo Vera no registraba salidas del país. El 5 de diciembre de 1985, también lo hizo el Servicio de Registro Civil e Identificación, señalando que el afectado no renovó carnet de identidad con posterioridad al 18 de junio de 1973.

            El mismo 5 de diciembre de 1985 el Ministro del Interior Ricardo García Rodríguez, informó al Tribunal que "de este Ministerio no ha emanado orden o resolución que afecte al amparado Luis Alejandro Largo Vera".

            El Instituto Médico Legal respondió a la consulta del Juez, con fecha 11 de diciembre de 1985, que "revisados los libros índice e ingreso de fallecidos, dicha persona no figura" registrada desde el 14 de Septiembre de 1973 a la fecha.

            La 2ª Comisaría Judicial, ante una orden de investigar del Juez, procedió a entrevistar a la hermana del afectado, además de consultas al Gabinete de Identificación, Policía Internacional, Jefatura de Inteligencia Policial, entre otras instituciones. En su informe del 24 de diciembre de 1985 señala que no se logró conocer información respecto de la situación final del afectado.

            El 11 de febrero de 1986 declara ante el Juez la hermana del afectado, quien señala que ratifica lo señalado en la presentación que dio origen a la causa.

            El 17 de febrero de 1986 el Juez del 4º Juzgado del Crimen de Santiago declara el cierre del sumario. Además señala que teniendo presente que "en estos autos no se encuentra completamente acreditada la existencia del delito que dio motivo a la formación de este sumario… (por tanto) se sobresee temporalmente esta causa".

            El 4 de abril de 1986 la Corte de Apelaciones confirmó el fallo del 4º Juzgado del Crimen.

            Los antecedentes antropomórficos de Luis Alejandro Largo Vera fueron anexados a la causa 4449-AF del 22° Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal, en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos, los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación.

El Tribunal acogió la demanda deducida, tras establecer que Largo Vera fue víctima de un delito de lesa humanidad perpetrado por agentes del Estado, crimen imprescriptible en el ámbito penal y civil.

El Primer Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $30.000.000 a la hermana de Luis Alejandro Largo Vera, detenido en septiembre de 1973 y cuyos restos fueron identificados en 2017 como una de las víctimas inhumadas ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General.
La sentencia sostiene que así estando probada la responsabilidad civil del Estado en la desaparición y posterior muerte de Luis Largo Vera, como se constató en el Informe Verdad y Reconciliación, en la Causa Rol N°4.449-22, que investigó el delito de inhumación ilegal en el patio 29 del Cementerio General y en la causa Rol 1207-2011, junto al reconocimiento efectuado en mayo del año 2017 por parte del Servicio Médico Legal en su ahora correcta identificación respecto a Luis Largo; sucesos donde intervienen agentes del Estado, se aplica lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de la República norma que obliga a los órganos del Estado a someter su acción a ella y las normas dictada conforme a ella, y el artículo 5° de nuestra Constitución, en cuanto a que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
La resolución agrega que dicha disposición constitucional, hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.
A continuación, el fallo señala que en este contexto encontramos también el principio 15 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, el cual señala que ‘Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario'.
Añade que en síntesis, la obligación de reparación es una obligación que pesa sobre el Estado que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos, obligación que es parte del estatuto jurídico de Chile, conforme se viene señalando.
Por tanto, concluye:
1.- Que se rechaza la excepción de improcedencia de la indemnización opuesta por el demandado;
2.- Que se rechazan las excepciones de prescripción opuestas;
3.- Que se acoge la demanda de folio 1, condenándose al Fisco de Chile a pagar a ELIANA ISABEL LARGO VERA, la suma de $30.000.000, cantidad que se pagará reajustada en la proporción que varíe el I.P.C. entre la fecha de esta sentencia y el día del pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables, devengados desde que el fallo se encuentre firme, hasta el pago efectivo.
4.- Que se condena en costas al demandado.

DESCRIPCIÓN

Este libro reúne una serie de documentos, textos e imágenes que dan cuenta de la desaparición forzada del hermano de la autora, Luis Alejandro Largo, quien tres días luego del golpe militar sufrió un destino similar al de millares de chilenos y latinoamericanos durante los años 70: asesinados, desaparecidos, torturados y exiliados por mano militar. El propósito de estas páginas es “negar el olvido, comunicar lo que trasciende la dimensión personal-privada, y aportar de este modo a la historia y la memoria del país, a las nuevas generaciones que querrán saber y conocer de su pasado, que es presente y futuro.

«Que en las circunstancias expuestas y como consecuencia del examen de los antecedentes se advierte que efectivamente los magistrados de segunda instancia incurren en evidentes contradicciones».

Ese es uno de los principales argumentos de la Corte Suprema para acoger un recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización de $30 millones a la hermana de Luis Alejandro Largo Vera, detenido en septiembre de 1973 y cuyos restos fueron identificados en 2017 como una de las víctimas inhumadas ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General.

El Poder Judicial informó que en fallo unánime (causa rol 21.264-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos– estableció error de derecho en la resolución de segunda instancia que rebajó el monto indemnizatorio de $ 30 a $15 millones.

«En efecto, al dictar la sentencia impugnada en su fundamento tercero los jueces del fondo razonan acerca de una ‘diferencia notoria respecto a la indemnización que por falta de servicio del Servicio Médico Legal se le otorgó a la actora y a su hermana y lo que se pretende obtener en estos autos, una vez que ya estuvo plenamente acreditado que los restos periciados por laboratorios extranjeros corresponden a los de su hermano Luis Alejandro Largo Vera, de todo lo cual se desprende que la causa de pedir es distinta toda vez que la presente causa el daño moral impetrado por la demandante que accionó por sí no se contrapone a lo que le benefició con anterioridad puesto que no resulta posible comparar un error identificatorio cometido por un servicio público, con la muerte violenta de su hermano cometido por parte de agentes del Estado, lo cual evidentemente constituye un crimen de lesa humanidad», indica el fallo.

«Por su parte –prosigue–, el razonamiento sexto expone que ‘la demandada ya obtuvo una reparación indemnizatoria monetaria por hechos vinculados al fallecimiento de su hermano y, aunque, ellos se produjo por un error identificatorio, no por ello deja de ser una compensación derivada del crimen cometido en perjuicio de la víctima, razón suficiente para acoger lo solicitado subsidiariamente por el Fisco de Chile y disminuir el monto indemnizatorio fijado por el tribunal de la instancia».

Para el Máximo Tribunal: «(…) resulta evidente que los falladores incurren en razonamientos que se contradicen entre sí, puesto que, por una parte, declaran que las causas de pedir entre ambas causas son distintas, aseverando que el daño moral impetrado por la demandante Eliana Isabel Largo Vera no se contrapone a lo que le benefició con anterioridad. No obstante lo anterior, acto seguido, justifican la disminución del monto indemnizatorio a otorgar a la demandante en la suma obtenida por el aludido error identificatorio, argumentando para ello que ambas reparaciones provienen de compensaciones pecuniarias derivadas de un mismo hecho, esto es, el crimen cometido en perjuicio de Luis Alejandro Largo Vera».

«En estas condiciones, no se entiende de qué manera los falladores han arribado a la decisión reproducida más arriba, puesto que a la vez que dejan establecido explícitamente que la indemnización obtenida del Fisco de Chile, por la falta de servicio en que incurrió el Servicio Médico Legal y lo que se pretende obtener en estos autos, no se contraponen, deciden a renglón seguido considerar la suma anteriormente percibida al momento de regular el monto indemnizatorio», añade.

«En efecto, si se establece que las causas de pedir entre la reparación del daño moral sufrido por la demandante derivada de un crimen de lesa humanidad perpetrado en la persona de su hermano -y la anterior- por el error en la identificación de sus restos, son diversas, un razonamiento coherente y armónico impide considerar ésta última para rebajar el quantum indemnizatorio», concluye la resolución.