Lara Espinoza Gabriel Valentín

GABRIEL VALENTIN LARA ESPINOZA

Rut                   :            46.440 de Mulchén

F.Nacim.            :            22-02-55, 18 años a la fecha de la detención

Domicilio            :            Calle San Martín Nº 763, Mulchén

E.Civil              :             Soltero

Actividad : Estudiante de Tercer Año de Enseñanza Media en el Liceo de Hombres de Mulchén

C.Repres. : Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)

F.Detenc. : 22 de septiembre de 1973

    SITUACION REPRESIVA

            Gabriel Lara, de 18 años de edad, estudiante del Liceo de Hombres de Mulchén, militante del MIR, fue detenido el 22 de septiembre de 1973, alrededor de la medianoche, en su domicilio donde residía con sus padres y sus cinco hermanos menores.

            Hasta su hogar llegó un grupo de Carabineros, entre los cuales se encontraba un funcionario de apelllido Zapata y otro de apellido Zambrano, acompañados de un civil, un joven estudiante del Liceo de Mulchén, Carlos Campos Pérez, quienes manifestaron tener orden del Teniente de la Comisaría de Mulchén, Jorge Maturana Concha para detener a Gabriel. No presentaron orden de aprehensión ni de allanamiento, a pesar de lo cual registraron la vivienda y luego arrestaron al joven señalándole a sus padres que sólo prestaría una declaración en la Comisaría y sería puesto en libertad.

            Sus familiares concurrieron posteriormente a la Comisaría de Mulchén donde les informaron que el detenido había sido trasladado al Regimiento de Los Angeles, pero en este recinto no apareció como detenido; también realizaron un sinnúmero de otras averiguaciones, entre ellas en la Segunda Base Naval ante la posibilidad de que hubiese sido trasladado a la Isla Quiriquina pero no obtuvieron ninguna información. Desde su detención, Gabriel Lara permanece desaparecido.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Se interpuso recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción, el que fue rolado con el N° 3327, el 7 de febrero de 1975.

            Se obtuvieron informes del Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval de Talcahuano, del Comandante en Jefe de la Tercera División de Ejército, del Comandante del Regimiento de Los Angeles y del Ministro del Interior, señalando no tener antecedentes del afectado. Por su parte, el Capitán de Carabineros y Comisario Subrogante de la Segunda Comisaría de Mulchén, Jorge Palacios Aceituno, informó en oficio Nº134 fechado el 11 de febrero de 1975 que, al ocurrir los hechos del 11 de septiembre de 1973, Gabriel Lara Espinoza "se dio a la fuga de esta localidad por estar vinculado al MIR, por lo consiguiente no registra detención en esta Unidad en esa fecha ni en ninguna otra".

            Considerando estos antecedentes, el recurso fue rechazado el 17 de abril del mismo año, ordenando la Corte remitir los antecedentes al Juzgado de Letras de Mulchén a fin de que instruyera proceso por el presunto desaparecimiento del afectado. Apelada esta resolución, fue confirmada por la Corte Suprema el 24 de abril de 1975.

            El 12 de mayo del mismo año, se inició causa rol 18.775. La madre de Gabriel Lara, Carmen Luisa Espinoza Espinoza, ratificó lo declarado en el recurso ante el Tribunal y Carabineros encargados del cumplimiento de la orden de investigar.

            Según informe firmado por el Mayor de Carabineros, Sergio Neira Tapia, Comisario de la Comisaría de Mulchén, fueron interrogados el Cabo primero Víctor Manuel Zambrano Rubilar y el Sargento segundo Hernán Zapata Zapata quienes señalaron no haber tenido participación alguna en la detención de Gabriel Lara a quien supuestamente no conocían; ambos negaron también conocer al joven Carlos Campos Pérez, declaraciones que ratificaron posteriormente ante el Tribunal. Cabe destacar que en este informe se agrega que "de acuerdo a las diligencias practicadas por el funcionario investigador, se presume que Gabriel Lara Espinoza probablemente ha huido fuera del país concertado con otros extremistas, ya que era un reconocido integrante del MIR".

            En cuanto a Carlos Campos Pérez, su madre informó a Carabineros que estudiaba en Concepción por lo que se remitió exhorto al Juzgado del Crimen de Turno de esa ciudad, el que no pudo ser tramitado pues no fue habido; posteriormente fue declarado rebelde en la causa.

            El Teniente de Carabineros, Jorge Maturana Concha declaró por exhorto ante el Juzgado del Crimen de Iquique, ciudad en la que se encontraba prestando servicios; en su declaración señaló que "no es efectivo que yo mandara a buscar a su domicilio en San Martín Nº763 a Gabriel V. Lara Espinoza, a los funcionarios de apellido Zambrano y Zapata, sino que la madre del citado menor concurrió a la unidad a dar cuenta del desaparecimiento de su hijo y por orden del señor Comisario yo me constituí en su domicilio a fin de obtener mayores antecedentes. Que dicho menor no fue llevado a la Comisaría a fin de tomarle una declaración ya que todos los detenidos de esa época son los que figuran en el Libro de Guardia de la Unidad".

            El 29 de octubre de 1975 se declaró cerrado el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa, resolución que fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Concepción el 18 de noviembre del mismo año.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.

La publicación a cargo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), contó con el apoyo de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

María Aguilar Carvajal llegó a la ceremonia portando una fotografía en su pecho donde aparece de niña junto a su hermana Alicia quien, con apenas 6 años, fue asesinada por militares mientras jugaba en la Plaza Panamá de Santiago, un 18 de septiembre de 1973. Con emoción, al término del lanzamiento, agradeció la publicación del libro “porque mediante él se pudo hacer un poco de justicia, de honor y sobre todo visibilizar a todos esos niños, niñas y adolescentes que fueron asesinados en dictadura”.

Alicia Aguilar Carvajal es una de las 205 víctimas menores de edad cuyas historias son rescatadas y relevadas en el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, que el pasado jueves 14 de abril fue presentado oficialmente, de manera presencial y por streaming, en el Centro de Extensión CENTEX de Valparaíso. A la ceremonia, también asistieron familiares de otras cuatro víctimas cuyas historias también aparecen mencionadas en el libro: Rosalba Díaz, madre de Miguel Ángel Leal Díaz; Yorka Salinas Martin Herrera, hermana de Isidro Hernán Salinas Martin; Hilda Silva Jara, hermana de Alberto Silva Jara; y Patricia Merino, cuñada de Juan Carlos Espínola Muñoz.

La publicación logró concretar un prolongado anhelo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), organización que lideró el trabajo de recopilación de testimonios, fotografías, cartas y otros documentos que fueron aportados por familias, amistades y personas cercanas para esta publicación de reparación simbólica, proyecto que también contó con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

“La recuperación de la memoria es un proceso abierto y permanente que vamos a continuar apoyando y promoviendo no solo por un principio ético, sino fundamentalmente porque es la misión que nos corresponde como Ministerio”, afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky Hernández.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) señaló que “es deber del Estado proteger, asegurar la felicidad de los niños, niñas y adolescentes. Por ello, realizamos este acto reparatorio en homenaje a las víctimas, la memoria de los niños y niñas adolescentes cuyas vidas fueron arrebatadas por miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros a lo largo de Chile. Añadió que “para la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos la lucha por avanzar a la verdad y la justicia es el mejor homenaje para cada uno de ellos y ellas, la que se une en la lucha para terminar con las actuales vulneraciones a los Derechos Humanos que se siguen cometiendo en instituciones dependientes del Estado”.

Claudio Nash, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, expresó que “la memoria, lo sabemos muy bien, no es solo recordar, no es solo evitar el olvido, no es solo evitar la impunidad que ya es una tarea de por sí que la justifica, sino que la memoria tiene que ver con cuestionarnos el presente para poder construir un futuro distinto”.

Por su parte, Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), hizo hincapié en que “este acto de memoria, de reivindicación y reparación, tiene que ser también un acto de restitución de derechos. De reconocerlos como seres completos que tienen que ser visibles, que tienen que poder plantearse, que tienen que poder ser parte de un mundo en el cual ojalá todos y todas seamos más plenos, más felices y protegidos en el desarrollo”.

El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), son las fuentes principales del libro lo que permite abordar de manera integral, respetuosa y con rigurosidad metodológica las historias de vida de las víctimas y de las circunstancias en que fueron asesinadas y/o hechas desaparecer. También se investigó en el archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de los años.

En la ceremonia de lanzamiento contó con la participación de Claudio Nash, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Danilo Ahumada, Presidente del Colegio de Periodistas de Chile,  Francia Jamett, encargada de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio y con  la presentación de un musical del artista y cantautor nacional, Ismael Oddó, y de la delegación de la Orquesta Consort de Guitarras perteneciente a la Corporación Cultural Crearte Escuela Popular de Artes de Viña del Mar.

El Juzgado del Crimen de Mulchén sometió a proceso al capitán de Carabineros Jorge Maturana, por el secuestro de un estudiante en dicha ciudad el 22 de septiembre de 1973.

Se trata del caso de Gabriel Lara Espinoza, un estudiante de tercer año de enseñanza media y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionara (MIR), quien fue detenido por un grupo de carabineros.

Además, el tribunal procesó a los civiles Samuel Arriagada y Roll Müiren por secuestro de José Orellana, hijo de un obrero del fundo "Berdún" de la misma comuna, según informó Radio Bío Bío

El Juzgado del Crimen de Mulchén sustancia cinco causas de derechos humanos, cuatro por presunta desgracia y una por inhumación ilegal.

El ex-uniformado es el ex-jefe de la Tenencia de Carabineros de Mulchén, capitán (r) Jorge Maturana, procesado por su responsabilidad en la desaparición del estudiante Gabriel Lara Espinoza, de 17 años.

 El Juzgado de Mulchén sometió hoy a proceso a un ex-carabinero y a dos civiles por su participación en casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en la provincia de Bío Bío, Octava Región, durante el régimen militar.

El ex-uniformado es el ex-jefe de la Tenencia de Carabineros de Mulchén, capitán (r) Jorge Maturana, procesado por su responsabilidad en la desaparición del estudiante Gabriel Lara Espinoza, de 17 años. 

Los otros dos inculpados son los civiles Samuel Arriagada y Roll Muren, por el secuestro de José Orellana, hijo de un obrero del fundo Verdún. 
Estos dos últimos ya fueron sometidos a proceso por el secuestro de Jorge Narváez Salamanca, joven de 17 años, fusilado y lanzado a las aguas del río Bío Bío el 28 de septiembre de 1973. 

Cabe señalar que el Juzgado del Crimen de Mulchén sustancia cinco causas relacionadas con casos de violaciones a derechos humanos, durante el régimen militar, tres de ellas son las que registran importantes avances en la investigación.