Jeria Silva Enrique

(Foto suministrada por su hijo Pedro Jeria, tomada algun tiempo antes de la  desaparicion de Enrique)

Rut : 99.688, San Antonio
F.Nacim. : 06-04-39, 37 años a la fecha de detención
Domicilio : Domingo Santa María 1479, Santiago
E.Civil : Casado, 2 hijos
Actividad : Obrero de la construcción
C.Repres. : Dirigente del Partido Comunista
F.Detenc. : 18 de agosto de 1976

Enrique Jeria Silva, casado, dos hijos, obrero de la construcción, dirigente comunista, fue detenido por agentes de la DINA, el 18 de agosto de 1976, después que saliera de su domicilio en el sector de Independencia en Santiago, a las 14.30 horas. Las circunstancias mismas de su arresto se desconocen, pero se sabe que fue trasladado de inmediato al recinto de la DINA conocido como Villa Grimaldi, que estaba ubicado en José Arrieta 8.200.
Enrique Jeria Silva vivía junto a su cónyuge Dolores Campos y sus dos hijos en Valparaíso hasta el año 1975, fecha en que se trasladó a Santiago, quedando su familia en el puerto. En la capital se hospedó en una pensión de familia, desde donde salió el día de su detención sin que se volviera a saber de su paradero.
Por esos días, la DINA desarrolló un vasto operativo en contra del Partido Comunista, procediendo a detener a numerosos miembros de esa organización política, la mayoría de los cuales se encuentra desaparecidos. Esta operación fue incluso divulgada a través de una declaración pública emitida por la Dirección de Comunicación Social del Gobierno, DINACOS, de fecha 4 de julio de ese año. En dicho comunicado se reconoce, sin mencionar nombres, que los servicios de inteligencia actuaron sobre 32 casas-buzón que ese partido usaba en Santiago para mantener comunicación entre la Comisión Política y los regionales y el exterior. Se expresa textualmente que en estas casas-buzón se habían detenido a militantes que se dedicaban a ese tipo de enlaces. Dicha declaración deja claramente establecido que, a través de los antecedentes allí reunidos se configuraron varias detenciones, lo que asestaba un duro golpe al Partido Comunista.
En el caso de Enrique Jeria, éste se desempeñaba como contacto entre la Dirección del Partido y el Secretario Político del Comité Regional Norte, Julio Vega, detenido en la misma fecha y que se encuentra desaparecido al igual que el afectado.
Todos estos detenidos fueron conducidos a Villa Grimaldi, donde algunos fueron recluidos en "la torre", sector en el que ubicaban a los considerados más peligrosos, otros en las "cajoneras", donde los mantenían individualmente, incomunicados del resto de los prisioneros y otros en celdas al parecer ubicadas en el sector de la casa principal de la Villa, donde los instalaban en grupos de aproximadamente diez prisioneros.
Entre quienes recuperaron su libertad y pudieron entregar su testimonio se encuentra Isaac Godoy Godoy, dirigente del Comité Local Costa, quien permaneció en Villa Grimaldi entre el 20 y el 26 de agosto de 1976. Respecto de Enrique Jeria en particular, expresa que si bien no lo vio personalmente, supo que había sido ubicado en la misma pieza suya y los días que él permaneció detenido, Jeria continuaba siendo interrogado. Pudo sí ver una camiseta de la víctima que había quedado en la celda, la cual estaba completamente ensangrentada y evidenciaba el maltrato a que era sometido. En ese mismo calabozo se encontraban también Pedro Silva Bustos, Eduardo Canteros Prado, Darío Miranda Godoy, Guillermo Martínez Quijón, Lenín Díaz Silva, Vicente Atencio Cortés, Jorge Solovera Gallardo, Carlos Vizcarra Cofré, Julio Vega y otros, todos los cuales se encuentran desaparecidos. En la celda contigua estaba María Galindo -militante del MIR, actualmente desaparecida- y Marta Ugarte, miembro del Comité Central del Partido Comunista, que apareciera muerta meses después, en septiembre de ese año, en una playa en la Caleta de Los Molles, a unos 200 kilómetros al norte de Santiago. Su cuerpo fue arrojado al mar apareciendo días después en la playa mencionada, con claras huellas de haber sido torturada.
Por otro lado, en 1990 fueron encontrados restos humanos en la localidad de Colina, en un terreno que había pertenecido al Ejército hasta el año 1980, fecha en que fue vendido a la Compañía Minera Exxon, empresa que inició una faena de construcción y, al remover la tierra, fueron halladas estas osamentas que, según se estableció en una investigación judicial, correspondían a tres cuerpos humanos masculinos. Sólo dos de ellos pudieron ser identificados a través de los peritajes y ellos fueron Eduardo Canteros Prado y Vicente Atencio Cortés, dos de los dirigentes del Partido Comunista que se encontraban recluidos en agosto de 1976 en Villa Grimaldi y compartieron por un tiempo la misma celda de Enrique Jeria Silva, junto a otros detenidos actualmente desaparecidos.
A raíz de una declaración jurada prestada por Pedro Jara Alegría el mismo día que debió abandonar el país por estos hechos, en la cual relataba lo ocurrido en su detención y el haber sido testigo de la reclusión en Villa Grimaldi de varios detenidos- desaparecidos, y en particular de Marta Ugarte Román, el Obispo de Talca envió una carta al General Pinochet, alarmado por las circunstancias de la muerte de Marta Ugarte Román. El Jefe de Estado respondió al Obispo -con fecha 6 de diciembre de 1976- señalando que había ordenado una investigación al respecto y se había concluido lo siguiente: primero, Pedro Jara había firmado la mencionada declaración el mismo día de su partida fuera de Chile, hecho que indicaba la calidad de persona que era, "comunista". Segundo, acompañaba una declaración jurada de Manuel Mieres, Rosa Leiva, Isaac Godoy, Juana Vicencio y Horacio Silva, -todos mencionados en el relato de Jara- los cuales negaban toda vinculación con el declarante y las víctimas y el haber estado detenidos. Termina expresando el General Pinochet que, "para información" del Obispo, el Partido Comunista había efectuado "una purga en su gente por delatora".
Es necesario indicar que el 1° de diciembre de 1976, efectivos de la DINA visitaron a los detenidos nombrados en la carta del General Pinochet, obligándolos a firmar dichas declaraciones juradas.
Después de agosto de 1976, no hay testigos de la suerte corrida por Enrique Jeria Silva en Villa Grimaldi o algún posible traslado a otro recinto.
Con anterioridad a estos hechos, y recién ocurrido el Golpe Militar, Jeria Silva, que en esa época vivía en Valparaíso, había sido llamado por un bando a través de la radio en el puerto de San Antonio, localidad donde se había dirigido a realizar tareas partidarias. El 22 de septiembre de ese año, 1973, fue detenido y recluido en la cárcel de San Antonio y con posterioridad llevado a "Tejas Verdes" donde fue sometido a un Consejo de Guerra que lo condenó a la pena de relegación en la localidad de Chanco, quedando finalmente en libertad el 24 de noviembre de 1974, después de cumplir su condena.
Sin embargo, el 25 de junio de 1979, el entonces Ministro de Defensa, General César Benavides, informó al Ministro en Visita Servando Jordán, que investigaba la desaparición de la víctima, que el 21 de noviembre de 1976 el Juez Militar de la época había revocado el fallo del Consejo de Guerra y había absuelto de toda responsabilidad al reo en la causa. Cabe señalar que Jeria había sido condenado a 400 días de relegación, según informó el Ministro Benavides, pero su libertad se produjo 439 días después que fuera detenido.
La detención posterior nunca fue reconocida por las autoridades.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 30 de agosto de 1976 su cónyuge Dolores Campos interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 843-76, el que fue declarado sin lugar el 17 de septiembre del mismo año, después de responder negativamente el Ministro del Interior respecto de la detención del afectado. No obstante, la 4a. Sala de la Corte resolvió también remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente, para que se investigara la posible comisión de un delito en los hechos denunciados. De esta manera, el 1° de octubre de 1976 se inició la causa rol 122.483-8 en el 3er. Juzgado del Crimen de Santiago, por presunta desgracia de Enrique Jeria Silva.
Nuevamente el Ministro del Interior respondió negativamente respecto de la detención del afectado por orden de esa autoridad, y lo mismo se repitió al contestar una consulta enviada a la DINA. En el mismo tenor fue el Oficio de respuesta enviado por el Director de Inteligencia de la FACH, General Enrique Ruiz Bunger.
Tampoco resultaron positivas las indagaciones de la policía civil cumpliendo una orden de investigar.
Pasado más de un año del inicio del proceso sin resultado sobre el paradero de Enrique Jeria, la parte afectada solicitó al Tribunal oficiara al Ministro Secretario General de Gobierno, solicitándole informara sobre la víctima. Esta petición se originó a raíz de la publicación en la prensa el día 14 de diciembre de 1977 de una nómina entregada por esa Secretaría de Estado de personas desaparecidas cuyo paradero había sido esclarecido. Según se señalaba, unos habían sido ubicados en sus domicilios y otros habían abandonado el país por la vía del asilo.
No obstante, esta noticia se iniciaba indicando a la Secretaría General de Gobierno como la entidad que la daba a conocer, su titular, el General René Vidal Basauri respondió al Tribunal que la información requerida no era de su competencia.
El 24 de mayo de 1979, la tramitación de la causa pasó a manos del Ministro en Visita Servando Jordán, nominado por la Corte de Apelaciones de Santiago para investigar los procesos por desaparición de personas detenidas por las fuerzas de seguridad.
El Ministro Jordán no tuvo mejor suerte y nada se logró establecer acerca del paradero de Jeria Silva, sólo que no había abandonado el país por la vía del asilo, ni se registraba su fallecimiento ni su ingreso a algún cementerio de la capital ni al Instituto Médico Legal.
Finalmente, el 22 de octubre de 1979, el Ministro Servando Jordán resolvió cerrar el sumario y dictar el sobreseimiento temporal de la causa por no encontrarse acreditado el delito. Esta resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 14 de diciembre del mismo año.
Desde Italia, sindicalistas interpusieron un recurso de amparo en favor de Jeria Silva y otros cinco militantes comunistas, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que ingresó con el rol 143-77. Se desconoce la tramitación de este recurso.
Otras gestiones realizadas por su cónyuge ante autoridades y organismos internacionales de derechos humanos, tampoco tuvieron resultados que permitieran conocer la suerte corrida por Enrique Jeria Silva.
En 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación remitió al 3er. Jugado del Crimen de Santiago antecedentes reunidos por ella relacionados con Enrique Jeria Silva. El más relevante, la declaración jurada de Isaac Godoy, donde él reconoce haber sido testigo de la reclusión de Jeria en Villa Grimaldi y la presión que recibió de parte de la DINA cuando en diciembre de 1976 fue obligado a firmar una declaración negando su detención, documento que fue usado por el General Pinochet en respuesta a denuncia del Obispo Carlos Camus.
Por estos nuevos antecedentes la causa rol N° 122483 se reabrió y, a diciembre de 1992, se encontraba en estado de sumario con citación pendiente al testigo Isaac Godoy.

El ministro de fuero Juan Eduardo Fuentes sometió a proceso al coronel (r) de Ejército y ex alcalde de Hijuelas, José Carlos López Tapia, primo del jubilado juez Juan Guzmán Tapia, en el marco de la investigación por los secuestros de opositores al régimen militar en hechos acontecidos en julio de 1976.

Fuentes judiciales indicaron a Agencia UPI que el magistrado encausó al retirado oficial por las desapariciones de Darío Francisco Miranda Godoy, quien a la fecha de su arresto por miembros de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) estaba a cargo del área cultura de la Federación Nacional de Sindicatos Industriales Siderúrgicos y del Metal (Fensimet); Jorge Solovera Gallardo, dirigente sindical de Fensimet; y Enrique Jeria Silva, obrero de la construcción. Todos eran militantes del PC.

Según los testimonios de otros presos políticos, las víctimas permanecieron recluidas en el centro de torturas Villa Grimaldi, ubicado en Avenida José Arrieta, Peñalolén.

Antecedentes de la época dan cuenta que la otrora DINA desarrolló un vasto operativo en contra del Partido Comunista, procediendo a detener a numerosos miembros de esa colectividad, la mayoría de los cuales se encuentra desaparecidos.

Esta operación fue incluso divulgada a través de una declaración pública emitida por la Dirección de Comunicación Social del Gobierno (Dinacos). En dicha nota se reconoce, sin mencionar nombres, que los servicios de inteligencia actuaron sobre 32 casas-buzón que el PC usaba en Santiago para mantener comunicación entre la Comisión Política y los regionales y el exterior.

La justicia chilena ha determinado además la responsabilidad de López Tapia por los crímenes de la cúpula clandestina del Partido Comunista (Calle Conferencia).

Los archivos de organismos de defensa de los derechos humanos consignan que el primo de Guzmán Tapia fue el jefe del centro de detenciones de Villa Grimaldi.

También integró la llamada Caravana de la Muerte en su primera gira por el sur y, según sus propias declaraciones en el proceso, asistió la noche del 3 de octubre de 1973 en Valdivia a la ejecución extrajudicial del líder del MIR en la zona de la precordillera de la hoy Décima Región, José Liendo Vera, más conocido como el "comandante Pepe".

Se trata del caso de la desaparición en 1976 de tres militantes comunistas, por el que también fue condenado el coronel (r) Carlos López Tapia. Con este dictamen, que establece una pena de 10 años de prisión, el ex director de la DINA suma un total de 129 años de presidio por distintas causas de violaciones a los Derechos Humanos.
El ministro en visita Juan Eduardo Fuentes dictó este miércoles una nueva condena en contra del ex director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda y el coronel (r) Carlos López Tapia, por el secuestro y posterior desaparición de tres militantes comunistas durante el régimen militar.
El magistrado sentenció a Contreras a 10 años de reclusión y a López Tapia –primo del juez Juan Guzmán Tapia- a cinco años de presidio por el secuestro de Darío Miranda Godoy, Jorge Solovera y Enrique Jeria, ocurridos entre julio y agosto de 1976.
El fallo establece que durante ese año, integrantes de la DINA detuvieron a las víctimas, las que fueron trasladadas el centro de detención clandestino de Villa Grimaldi, donde fueron sometidas a torturas y hechas desaparecer.
Con este dictamen, Manuel Contreras suma un total de 129 años de presidio por distintas causas de violaciones a los Derechos Humanos.
En tanto, esta es la segunda condena que afecta a Carlos López Tapia, quien en los próximos días deberá ingresar a un penal militar para cumplir con cinco años de prisión por el caso de la detenida desaparecida Julia Retamal Riquelme.

Se trata del caso de secuestro calificado contra Darío Miranda Godoy, registrado en 1976, que falló este miércoles la novena sala de la Corte de Apelaciones. El tribunal de alzada también dictó condenas en el caso del homicidio, ocurrido en 1973 en Coquimbo, del matrimonio conformado por el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Ávalos.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en dos distintas resoluciones y con una composición diversa de magistrados, dictó dos condenas en investigaciones por violaciones a los derechos humanos que indagaron ministros en visita del tribunal de alzada capitalino.

Según informó el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, en el primer caso, y en decisión dividida, la sala integrada por los ministros Juan Escobar Zepeda, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado integrante Rodrigo Asenjo Zegers condenó a los ex oficiales de Ejército Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo, Luis Humberto Fernández Monje y Héctor Omar Vallejos Birtiola a penas de 10 años y un día de presidio por los homicidios del matrimonio de Bernardo Mario Lejderman Konujowska (argentino) y María del Rosario Ávalos Castañeda (mexicana) ocurridos el 8 de diciembre de 1973 en la Quebrada de Gualliguaica de la Región de Coquimbo.

El fallo además absolvió al ex oficial de Ejército Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego por falta de participación en los hechos y sentenció al Fisco a pagar la suma de 300 millones de pesos por el daño moral producido al hijo del matrimonio Ernesto Yoliztly Lejderman Ávalos quien quedó huérfano a los dos años y medio de edad, luego del homicidio de sus padres.

El magistrado Escobar y el abogado integrante Asenjo (redactor del fallo) fueron partidarios de revocar la sentencia de primera instancia del ministro de fuero Joaquín Billard Acuña, quien el 14 de julio de 2006, absolvió a los cuatro oficiales aplicando la figura de la prescripción de la acción penal.

 Los jueces de mayoría determinaron que los homicidios del matrimonio Lejderman-Ávalos son crímenes de lesa humanidad por lo tanto imprescriptibles tanto desde el punto de vista penal, como desde la perspectiva del derecho civil.

En tanto el ministro Muñoz Pardo (voto de minoría) fue partidario de confirmar la resolución del juez Billard y aplicar la figura de la prescripción al estimar que en Chile no rigen la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los denominados Convenios de Ginebra, ya que ambos instrumentos internacionales no han sido aprobados por Chile.

Caso Darío Miranda y otros

En el segundo caso, también en decisión dividida, los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Víctor Montiglio Rezzio y la abogada integrante Paola Herrera Fuenzalida ratificaron el fallo de primera instancia que condenó al ex director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) general (r) Manuel Contreras Sepúlveda y Carlos López Tapia, a penas de 10 años y un día de presidio y cinco años de presidio, respectivamente, por los secuestros calificados de Darío Francisco Miranda Godoy, José Gerardo Solovera Gallardo y Enrique Jeria Silva, ocurridos el 18 de agosto de 1976 en tres puntos distintos de la Región Metropolitana.

En fallo de primera instancia, el 31 de enero pasado, el ministro de fuero Juan Eduardo Fuentes Belmar, había dictado la condena en contra de Contreras Sepúlveda y López Tapia, desestimando las alegaciones de la defensas de ambos condenados de aplicar las figuras de la prescripción de la acción penal y la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978.

El juez Dahm y la abogada Herrera respaldaron la ratificación de la condena al considerar los hechos crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles e inadmistiables.

Por su parte, el ministro Montiglio estimó que era necesario revocar el fallo de primera instancia, acogiendo la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 al estimar que ese cuerpo legal se encuentra plenamente vigente en Chile y que no son aplicables los instrumentos internacionales que sancionan las violaciones a los derechos humanos, ya que éstos instrumentos no se encuentran ratificados por el país.

Con estas dos sentencias la Corte de Apelaciones de Santiago completa 18 sentencias en casos de violaciones a los derechos humanos durante el 2007 y 38 fallos desde la primera condena en éste tipo de investigaciones, dictada en el año 2004.

Santiago de Chile, 9 mar (EFE).- La Corte Suprema de Chile dictó hoy otros cinco años de cárcel sin beneficios para el ex jefe de la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet, Manuel Contreras, por tres secuestros calificados ocurridos en 1976.

Según informa Radio Cooperativa, los jueces también determinaron tres años de presidio con el beneficio de la remisión condicional de la pena para el coronel retirado Carlos López Tapia, que formó parte de la División de Inteligencia Metropolitana.

Asimismo, se condenó al Estado chileno a pagar una indemnización de 75 millones de pesos (125.000 dólares o 98.600 euros) a Aída Toro Hoffmann, esposa de una de las víctimas.

El dictamen pone fin al proceso por los secuestros calificados de Darío Miranda Godoy, Jorge Solovera Gallardo y Enrique Jeria Silva, ocurridos entre el 30 de julio y el 18 de agosto de 1976, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Javier Gómez, el abogado defensor de Contreras, pidió ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que apruebe la salida de prisión del ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) o le conceda medidas cautelares, como el arresto domiciliario.

Según Gómez, la demanda se basa en la presunta vulneración de las garantías y derechos del represor, quien suma numerosas condenas, entre ellas dos cadenas perpetuas por los crímenes que cometió mientras estuvo al frente del organismo represor de la dictadura.

53 ex agentes de la DINA fueron condenados por el exterminio de la dirigencia del Partido Comunista entre 1976 y 1977. En conversación con Radio Universidad de Chile, los familiares recuerdan los detalles de esta investigación y las heridas que “aún no sanan”. A más de cuatro décadas de espera, cercanos a las víctimas relatan que muchas sucumbieron esperando alguna sentencia y sus paraderos.

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó recientemente a 53 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestros y homicidio de dirigentes del Partido Comunista, detenidos en el contexto del denominado caso “Calle Conferencia 1”.

La principal condena recayó sobre el otrora Jefe operativo de la DINA, Ricardo Lawrence Mires, quien fue condenado por 20 años de presidio como autor de ocho delitos de secuestro calificado, y 15 años de cárcel como coautor del homicidio de Víctor Díaz López.

Lo sigue el ex-agente Carlos López Tapia, sentenciado a 20 años, al igual que el ex brigadier de Ejercito, Miguel Krassnoff Martchenko, quien acumula más de 700 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.

Pese a los avances en la investigación y posteriores condenas, Álvaro Muñoz, hijo del desaparecido Onofre Jorge Muñoz, indicó que, a 42 años de los hechos, aún no se sabe completamente lo que sucedió, a partir del ocultamiento de información y falsos antecedentes declarados por los militares y civiles involucrados.

El también hijo de la fallecida dirigenta del Partido Comunista, Gladys Marín, recordó la difícil situación de muchos familiares de las víctimas que sucumbieron esperando alguna sentencia condenatoria.

“Algunas de ellas yo las conocía porque eran los tíos que frecuentaban la casa. Además, a través de esta entrevista quiero recordar a mi abuelo, Jorge Muñoz Contreras, padre de Jorge, que murió el año 1987 sin saber qué pasó con su hijo. Mi abuela, con quien yo me crie, y que rezó hasta su último día por saber lo que ocurrió y quien murió el año 1999. Lo mismo pasó con mi hermana, quien también falleció sin saber el paradero de sus familiares. Al igual que tantas personas que ya no están, y que no pudieron saber lo que realmente sucedió. Yo creo que este es un acto de justicia que se merecen ellos y tantos luchadores sociales que fueron asesinados y hechos desaparecer”, afirmó.

Los hechos se remontan a 1976, donde integrantes de la DINA tomaron detenidos a los miembros de la familia que vivía en el número 1587 de la Calle Conferencia, en una acción conocida como “ratonera”. Después de interrogatorios y torturas, fueron obligados a volver a su casa y aparentar una vida normal, bajo estrecha vigilancia de los agentes, para ayudar en la detención de miembros y dirigentes del PC, que allí se reunían clandestinamente.

Además de Onofre Muñoz, entre las víctimas se encuentra el otrora secretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz López, padre de Viviana Díaz, fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos desaparecidos,

También se hizo desaparecer a Mario Zamorano Donoso, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenin Díaz Silva y Eliana Espinoza Fernández.

Alexis Zamorano, sobrino de Mario Zamorano Donoso, precisó que, a pesar de valorar la resolución judicial, las heridas aún no sanan, debido principalmente al desconocimiento del paradero de las víctimas.

“No podemos cerrar el ciclo, es decir, es distinto con aquellos compañeros que aparece su cuerpo, y que la familia, independiente del dolor y trauma de saber cómo lo mataron y cuanta tortura le hicieron, acá no hay duelo, esa parte no está cerrada, la herida sigue abierta. Esto lo podrá mitigar un poco el tiempo, pero ¿dónde cresta voy a dejar una flor?, el Ejército dijo hace un tiempo que los habían tirado al mar, sin embargo, algunos se encontraron sepultados en dependencias militares. La Justicia tardó, pero se sabía que en ese tiempo los jueces estaban comprados por la dictadura, igual algo se ha avanzado”, argumento.

Según estableció la investigación, la mayoría de las víctimas del caso Calle Conferencia, fueron detenidas y trasladadas a Villa Grimaldi, para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia política, con el fin de obtener información sobre sus actividades de partido y, en especial, la identificación posterior de otros integrantes del PC.

Lorena Díaz Ramírez, hija del desaparecido economista y militante de la colectividad, Lenin Díaz Silva, indicó que el fallo es considerado como un logro, sin embargo, aseveró que se trata de condenas de baja pena en comparación con la magnitud de los delitos cometidos.

“Son sentimientos encontrado porque la Justicia cuando tarda tanto, también duele y se hace lejana. Además, esta sentencia no se hace cargo de determinar o establecer en qué circunstancias murieron nuestros familiares. Parte de la reparación, verdad, justicia y el nunca más, tiene que ver con eso, el país tiene derecho a saber toda la verdad por muy doloroso que sea, y caminar por las calles y encontrarte con un asesino libre”, subrayó.

En el expediente, se constata que muchas de estas personas opositoras al régimen, fueron colocadas en bolsas de polietileno, que amarraron con alambres en torno a su cintura, atándolo a un trozo de riel para eventualmente ser lanzados al mar.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3 mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales mil 192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33 mil fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

El 4 de Mayo de 1976, acaece en Chile uno de los más viles crímenes realizados por dictadura chilena: El «Caso Calle Conferencia».

La Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), una de las organizaciones genocidas  derivada directamente de la  dictadura, en  el marco de un plan anticomunista ( y contra todo opositor), gestó uno de los exterminios más horribles e inhumanos que el proceso  histórico chileno ha registrado: Eliminar y asesinar a la cúpula el Partido Comunista. En el “caso Calle Conferencia”, fueron detenidos varios de sus miembros en una casa ubicada en calle Conferencia N° 1587, en Santiago.Agentes de la DINA rastrearon todo acto del PC y al tener conocimiento de su paradero, decidieron tenderles una trampa: A modo de violencia y amenaza, tomaron como rehenes a una familia de trabajadores de la  casa  y los obligaron a fingir un ambiente «supuestamente normal», para que las víctimas no sospechen su fatal peligro y llegaran  a la trampa conocida  como «ratonera»

Entonces, la primera directiva del PC acudió a aquella casa de reunión  para  planificar la lucha  contra dictadura. En el instante que los dirigentes del PC ingresaron a la  residencia, agentes de la DINA los  portó  detenidos al cuartel Villa Grimaldi que la  DINA que había instalado para asesinar  y tortutar a comunistas, seres con ideología de izquierda y opositores a dictadura.

Desde aquél instante, el destino de  Jorge Muñoz Poutays (marido de Gladys Marín), Uldarico Donaire, Mario Zamorano, Jaime Donato y Víctor Díaz López, ( primera dirección del PC) fue sellado trágicamente: Fueron sometidos a diversas clases de vejámenes, torturas , apremios viles y posteriormente desaparecidos.

El hecho más certero y real, es el asesinato de Víctor Díaz López cometido  por agente de la DINA, a través de la técnica inhumana le ponen una bolsa plástica en la cabeza, la amarran una soga al cuello y lo asfixian.

Más tarde, la Operativa criminal de la DINA, eliminó a la segunda (o la mayoría) de la segunda dirección del PC y también a  tercera directiva.

Como es de conocimiento general, esta acción criminal, fue realizada con el determinado fin de «eliminar al comunismo  de Chile y el mundo», pero en realidad estos hechos reflejan una crueldad  ilimitada  y una total violación a Derechos Humanos.

Recordemos que  el marco normativo -jurídico de Derechos Humanos  manifiesta expresamente que «ningún ser humano puede ser sometido a ninguna clase de vejamen, apremio,detención arbitrario , tortura o privación de libertad « y que además «Cualquier clase de estado , Gobierno o dictadura «que practique violaciones a Derechos Humanos ,debe ser juzgada y penalizada «.

A 42 años de transcurridos estos trágicos acontecimientos, es  importante analizar  todo proceso histórico-social , desde el ámbito humano y realizar un reconocimiento hacia todos los seres humanos que con valentía y heroísmo lucharon contra dictadura.

He estado presente en diferentes debates políticos en redes sociales y es lamentable que siga habiendo sujetos humanos que   justifiquen  violaciones a Derechos Humanos y para reafirmar su discurso , han esgrimido los siguientes argumentos:

«La izquierda cometió terrorismo y, por ende, había que eliminarlos» , » el cáncer marxista debe erradicarse» o » si ellos no hubiesen actuado a tiempo, los comunistas  hubieran concretado el plan zeta».

En Alemania los criminales y culpables del Holocausto han sido juzgados,   esa misma normativa jurídica debe aplicarse en Chile, vale decir, que todo violador de Derechos Humanos debe ser penalizado y no absuelto.

Como ser humano, rindo tributo a todo caído en época dictatorial y mi total compromiso con Derechos Humanos.