Jaccard Siegler Alexei Vladimir

El 16 de mayo de 1977 fue arrestado en Buenos Aires el estudiante chileno-suizo, Alexei Vladimir JACCARD SIEGLER, quien había llegado a ese país el día anterior, en escala del viaje que debía continuar hacia Chile el día siguiente.

Según antecedentes proporcionados a la Comisión, Alexei Jaccard traía consigo dinero que debía ingresar a Chile.

En el mismo operativo fueron detenidos Ricardo Ignacio RAMIREZ HERRERA, encargado de organización y finanzas del Partido Comunista de Chile en Buenos Aires, y Héctor Heraldo VELASQUEZ MARDONES, también militante comunista chileno. Los agentes chilenos y argentinos capturaron en un mismo día a los tres ciudadanos chilenos y a cinco argentinos miembros del Comité de Solidaridad con Chile en Argentina, los que albergaban a los detenidos. Los ocho están hasta hoy desaparecidos.

La Comisión pudo llegar a la convicción de que Alexei Jaccard había sido detenido en la vía pública y trasladado a un recinto de la Policía Federal argentina donde fue interrogado y luego transferido a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires.

El rol esencialmente activo que jugaron la DINA y el Gobierno de Chile en este caso comienza con el triple arresto ilegal en territorio extranjero bajo la complicidad de los servicios de seguridad argentinos, y termina con la entrega de falsa información a los diplomáticos suizos abocados a la búsqueda de un nacional helvético.

En cuanto a Ricardo Ramírez, la Policía Internacional de Chile informó falsamente al Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino sobre los supuestos viajes de la víctima, en los años 1977 a 1983. Tal información había sido solicitada a dicha repartición por los Tribunales de la República Argentina. Otro informe enviado por la Policía a esta Comisión, concordante con los hechos reales, muestra que la víctima solo viajó desde Santiago a Alemania en marzo de 1976, fecha en que logró salir en calidad de exiliado político para radicarse en Hungría.

A la luz de estos y otros antecedentes se logró establecer que posteriormente a la triple detención en Buenos Aires de los militantes comunistas chilenos, los organismos de seguridad chilenos y argentinos desplegaron un arsenal de falsos documentos e informaciones para encubrirse mutuamente frente a la presión del Gobierno helvético quién insistía en conocer lo sucedido a un nacional en tránsito.

Por lo tanto la Comisión consideró que Ricardo Ramírez y Héctor Velásquez, al igual que Alexei Jaccard, son víctimas de violaciones a los derechos humanos, en las que agentes del Estado de Chile tuvieron participación, en un país extranjero.

La Brigada Lautaro y el Grupo Delfín, las unidades de la DINA que operaron en el Cuartel Simón Bolívar de La Reina, resultaron ser también una caja negra que servía para financiar las operaciones de la organización criminal. Los últimos datos de la investigación que lleva el ministro Víctor Montiglio, y que ha permitido esclarecer el horroroso final de la dirigencia comunista en la clandestinidad, han revelado también el destino de Alexei Jaccard Siegler, desaparecido hace 30 años, cuando era el esposo de la ex ministra secretaria general de la Presidencia y actual consejera del Consejo de Defensa del Estado, Paulina Veloso.

Jaccard, de 25 años, fue detenido en Buenos Aires el 16 de mayo de 1977, junto a otros dos militantes comunistas, por agentes de la dictadura argentina y de la DINA. En ese momento se perdió todo rastro de ellos. Pese a los esfuerzos que hizo su familia por conocer su paradero, tanto en Argentina como en Chile, lo único que lograron fue recibir pistas falsas. Eso hasta ahora, cuando tres agentes, que no perdieron la memoria ni se declararon dementes como su ex jefe Augusto Pinochet, entregaron a la justicia información inequívoca acerca de lo que ocurrió con Jaccard y los dos militantes del PC Ricardo Ramírez Herrera y Héctor Velásquez Mardones. Los testimonios coinciden en que los tres detenidos, provenientes de Buenos Aires, fueron llevados hasta el cuartel de La Reina por "Don Jaime" chapa del capitán Germán Barriga, quien se suicidó en 2005 y sus agentes del Grupo Delfín, un pelotón de elite que operaba al interior de la Brigada Lautaro. El director de la DINA, Manuel Contreras, afirmó siempre en privado y en público que Jaccard, Herrera y Velásquez fueron arrestados por la inteligencia argentina, que los había hecho desaparecer arrojando sus cuerpos al río de La Plata.

Pero los ex agentes Eduardo Oyarce Riquelme, Héctor Valdebenito Araya y Guillermo Ferrán Martínez, todos procesados por los crímenes cometidos en Simón Bolívar, desmienten esa versión, y confirman el paso de Jaccard y sus compañeros por ese cuartel.

También recuerdan que los tres fueron arrestados en Buenos Aires; que venían desde Europa Jaccard vivía en Suiza y los otros en Hungría, todos exiliados ; que su misión era ingresar 20 mil dólares para el PC en Santiago; que el más joven Jaccard medía 1,80 y era delgado, que llevaba apenas un año de casado con la ex ministra Veloso y que su viaje había sido organizado por Américo Zorrilla, el ex ministro de Hacienda de Allende y encargado de finanzas del PC. Todo coincide con la realidad. Las circunstancias, lugares y, sobre todo, la misión de ingresar el dinero para el partido. La ex ministra Veloso, en antecedentes de estas revelaciones, prefiere hoy guardar silencio "porque existe una investigación en curso".

El ex agente Oyarce recuerda otro dato relevante: "A ellos se les eliminó con gas sarín, pero no puedo decir quién lo aplicó".

Hasta no hace mucho se creía que sólo tres o cuatro personas, cuyas identidades se conocían, habían sido asesinadas con el gas sarín fabricado por la DINA. Pero las "colaboraciones" de algunos ex integrantes de Lautaro y Delfín en las indagatorias del ministro Montiglio, así como en la investigación del juez Alejandro Madrid por las muertes del cabo Manuel Leyton y el diplomático Carmelo Soria, permiten concluir que las víctimas del sarín fueron varias más.

Alexei Jaccard llegó a Buenos Aires el 15 de mayo de 1977 proveniente de Suiza, y allí se contactó con Ramírez y Velásquez. La reunión, en la casa en que alojarían, la coordinó el encargado de organización del PC chileno en Argentina, Jorge Álvarez Guerrero. La empleada de la casa recuerda que al momento del arresto, en la madrugada siguiente, Jaccard gritó su nombre y dijo que lo detenía la DINA.

La operación diseñada para ingresar el dinero a Chile parecía perfecta. Ramírez, que venía de Moscú, era un alto dirigente comunista que buscaba instalarse en Santiago para ocupar en lugar de las dos direcciones del PC encubiertas que habían sido secuestradas por los agentes de la dictadura. El joven esposo de la ex ministra Veloso no militaba, pero sí simpatizaba con el partido.

Pero la DINA se enteró de los detalles del operativo, a través de agentes infiltrados o por confesiones obtenidas bajo tortura. Doce días después de los arrestos en Buenos Aires, apareció flotando en el río Mapocho el cuerpo de un funcionario de Correos, Ruiter Correa Arce, que era a quien Jaccard debía contactar en Santiago para entregar el dinero.

Parte en la operación era también Jacobo Stoulman Bortnic, dueño de una casa de cambios y ayudista del PC en Santiago. Ignorando la detención del grupo en Buenos Aires, Stoulman viajó a esa ciudad el 29 de mayo de 1977, junto a su esposa, Matilde Pessa Mois, para ubicar a Jaccard y saber del dinero. Pero la inteligencia argentina, coordinada con la DINA, los detuvo al arribar al aeropuerto de Ezeiza. También desaparecieron.

A 40 años del golpe, la abogada Paulina Veloso recuerda la desaparición en Buenos Aires de quien en 1977 era su esposo, el estudiante chileno suizo Alexei Jaccard. Junto con reivindicar el rol que en aquellos años jugaron los militantes de izquierda que arriesgaron sus vidas por recuperar la democracia, Veloso entrega detalles de la investigación judicial que sitúa el asesinato de Jaccard en el cuartel Simón Bolívar de la DINA. Los agentes que lo detuvieron y torturaron no olvidaron nunca al joven de 25 años –los calcetines que pidió, su nariz perfilada–, pero la familia espera más: quiere saber la verdad de lo ocurrido y recuperar sus restos.

l recuerdo y los homenajes que hemos conocido en estos días, lamentablemente, no cambiarán la vida de nuestros muertos, pero sí las nuestras.

Siempre pensé que en nuestra Patria faltaba el momento de poder compartir, más allá de nuestros cercanos, la tragedia vivida en todas sus dimensiones. Sólo cuando los otros, los que estuvieron en la vereda del frente, puedan compartir, en cierta forma, el sentimiento de la pena y el horror, podremos de verdad reconstruirnos en una historia común.

Sólo cuando los otros, los que estuvieron en la vereda del frente, puedan compartir, en cierta forma, el sentimiento de la pena y el horror, podremos de verdad reconstruirnos en una historia común.

Ciertamente, los relatos que hemos escuchado en este último tiempo ayudan a que los familiares y cercanos a las víctimas se reencuentren y se fortalezcan en su dolor y pena acumulada. Ya ese solo hecho es valioso y sanador. Pero también, puede ayudar a que quienes estuvieron en el otro lado de la historia entiendan mejor este asunto humano de pérdidas y sufrimientos, con toda la profundidad posible; y de este modo pudiéremos encontrarnos, no en las ideas políticas e ideologías, sino en aquel sustento común de convicciones actuales de las sociedades democráticas que son el respeto a los derechos humanos. Ello es una necesidad del presente.

En ese propósito, comparto con ustedes este relato de pequeño homenaje a una de las víctimas, Alexei Jaccard, quien el 17 de mayo de 1977, o sea sólo hace 36 años, fue detenido en Buenos Aires, en una operación conjunta de las policías argentina y chilena, permaneciendo desde entonces desaparecido.

Tenía entonces 25 años y estudiaba en la Universidad de Ginebra.

Alexei era un joven idealista, muy fuertemente comprometido con las ideas de igualdad y libertad del ser humano, que amaba a Chile, que le gustaba la vida sencilla, cercana a la naturaleza, y se conmovía profundamente con la música y la poesía. Creía que el ser humano tenía el derecho de forjar su destino. No tenía precisamente un espíritu de suicida, sin embargo siempre fue una persona valiente y generosa, quizás incluso confiaba demasiado en sus propios recursos de sobrevivencia. Esta breve descripción de una muy bella persona en todo su extenso sentido, es la introducción necesaria que explica por qué Alexei, quien gozaba de la tranquila vida de estudiante en la hermosa Ginebra, estuvo dispuesto a participar en una operación peligrosa: en la lucha política clandestina del Partido Comunista, donde militaba, que finalmente lo llevaría a su desaparición.

En aquella época, los militantes de los partidos políticos de izquierda intentaban reorganizarse clandestinamente, mantener viva la organización, la estructura partidaria. Esa fue la primera tarea que asumen los partidos políticos en Chile, desde el mismo septiembre de 1973, en un intento por sobrevivir a la represión y para algún día retomar la senda democrática. En esa época, quienes participaban en dichos actos, extremadamente limitados, tenían una idea de urgencia, de necesidad imperiosa, aunque existía cierta conciencia de las propias limitaciones y claramente masticaban el peligro.

Por muchos años hicimos gestiones políticas y acciones judiciales destinadas a obtener un reconocimiento de la detención de Alexei, pensando que podía ser liberado. Desconocíamos que el exterminio no era sólo una consigna, en verdad se aplicaba sistemáticamente.

La historia aún no ha reconocido todo el valor y la importancia de aquella primera actividad de organización clandestina, que se lleva a cabo desde el año 1973. Ciertamente, sin esos prematuros gestos de oposición no hubiere sido posible la acción posterior que llevó a la organización y acción de los pobladores, de las federaciones de estudiantes, de los sindicatos y organizaciones gremiales; y finalmente a la masificación de los actos de protestas, básicamente producidos en la década del 80; todo lo cual –ya es bueno reconocerlo–  es el sustento material que posibilitó la derrota a la dictadura.

Hablar de Alexei permite recordar la historia de la dictadura en Chile. Pero también, y sobre todo,   valorar y rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que se arriesgaron y entregaron su vida, con una enorme convicción y coraje, en aquellos primeros tiempos post dictadura, cuando el silencio y el miedo nos acompañaban cotidianamente.

El régimen de Pinochet tenía muy claro que era muy importante eliminar ese trabajo clandestino prematuro a efectos de destruir la posibilidad de organización de aquellos partidos políticos. De manera que, después de las detenciones masivas del año 1973 que permitieron tener el control político de la situación, generar el miedo masivo y la sumisión consecuente en el conjunto de la población, la represión ya desde 1974 se dirigió básicamente a eliminar las personas y desarticular las organizaciones políticas claves que pudieren liderar la oposición y que en esa época intentaban rearmarse.

En esa persecución atroz, el Partido Comunista perdió casi íntegramente dos directivas nacionales completas. Entre los años 1976 a 1977, fueron detenidos uno a uno los dirigentes. Ahora sabemos que hubo, además, un centro de detenidos de exterminio, destinado sólo a militantes comunistas que participan en esa tarea de organización: el cuartel ubicado en la calle Simón Bolívar, que dirigía el mismo Manuel Contreras. Allí llegó Alexei, desde Buenos Aires, probablemente el mes de mayo de 1977.

Ese año, en medio del caos interno por la pérdida de las cabezas políticas, desde el exilio los dirigentes del Partido Comunista habían programado la instalación de una nueva directiva que se formaría en Buenos Aires. Sin embargo,la instalación de ese equipo fracasó, siendo detenidos y hechos desaparecer todos los que participarían en esa operación, incluido Alexei.

En ese entonces no sabíamos que Alexei devendría en un desaparecido. Teníamos aquella ingenuidad que se produce frente a actos que por su extrema crueldad resultan inimaginables. No conocíamos, como lo sabemos hoy día, los alcances de la política represiva de la “desaparición”. De allí que por muchos años hicimos gestiones políticas y acciones judiciales destinadas a obtener un reconocimiento de la detención de Alexei, pensando que podía ser liberado en algún momento. Desconocíamos que el exterminio no era sólo una consigna, en verdad se aplicaba sistemáticamente.

En ese momento de crueldad e inhumanidad infinita, Alexei apeló a un simple gesto de solidaridad humana. El recuerdo de los calcetines nos ha traído, otra vez, a Alexei a nuestras vidas presentes.

En ese contexto, en Suiza se organizó un grupo de estudiantes, amigos, y profesores de la Universidad de Ginebra, quienes protestaron e hicieron cientos de gestiones dirigidas a los gobiernos de Argentina y Chile para obtener la liberación de Alexei. En esos actos tuvo una participación muy destacada quien era entonces Rector de la Universidad, don Justin Thorends, profesor de derecho quien no podía siquiera imaginar que en pleno siglo XX alguien  pudiere ser detenido y su detención jamás ser reconocida por gobierno alguno, simplemente volatilizarse. Posteriormente, la Universidad de Ginebra decidió que su auditorio de ciencias sociales, en el espléndido edificio que alberga esos estudios, llevare su nombre. Lo mismo decidió, algunos años más tarde,  el consejo municipal de la comuna de Sainte Croix, lugar de origen de su familia.

Por su parte, inmediatamente después de saber la noticia de la detención, entablamos recursos de amparo en Buenos Aires y en Santiago, y posteriormente se interpuso una querella criminal. Todo fue inútil. Fracasaban así las posibilidades que normalmente otorga el derecho.

En verdad la liberación no era posible. Supimos recién ahora por el curso de la investigación judicial que actualmente lleva el ministro de corte Mario Carroza, que Alexei había sido ejecutado, muy probablemente el mismo año 1977, en el cuartel de Simón Bolívar, en Santiago.

Alexei Vladimir Jaccard Siegler

Pero sólo ahora, por las actuales investigaciones judiciales, sabemos que Alexei fue traído desde Buenos Aires y llevado al cuartel de Simón Bolívar. Por las declaraciones de los agentes de la policía que trabajaron en ese cuartel, ahora interrogados, hemos sabido que Alexei llegó herido y fue atendido por un médico, cuya identidad desconocemos.  Venía junto a otros dos detenidos. Probablemente son los comunistas Ricardo Ramírez y Héctor Velázquez. Los agentes, todos los cuales están procesados, evitan hablar de las torturas y no se refieren a los detenidos por sus nombres. Pero en sus relatos van identificando a Alexei con una serie de datos que lo hacen inconfundible. Afirman que Alexei, a quien identifican como “el noruego” –seguramente confundiendo Noruega con Suiza–, traía dinero para el Partido Comunista. Incluso refieren la cantidad de dólares precisa que llevaba consigo. Recuerdan que Alexei tenía 25 años, que era alto, dicen –medía 1 metro 83 centímetros–, y tenía un año de casado. Todo lo cual coincide exactamente con la realidad. Además, una agente recuerda que tenía una nariz muy perfilada, lo cual también era cierto. Pero quizás una de las declaraciones más impresionantes para la familia es aquella de una agente que recuerda que Alexei una noche le pidió calcetines porque tenía frío en los pies. Declara que ella se los llevó al día siguiente, sin embargo él ya no estaba en su celda. Según otro agente, Alexei fue eliminado con gas.

Leer en las declaraciones que constan en un expediente judicial que Alexei había pedido calcetines me produjo una emoción muy profunda. Primero, porque ese hecho me lleva a reconocerlo totalmente: Alexei siempre tenía frío en los pies. Reconocí sus palabras pidiendo calcetines. Sin embargo, quizás lo más importante es conocer que incluso en aquellas circunstancias de extremo apremio, soledad y trato cruel, Alexei creyó en la posibilidad de un gesto humano, pedirle a uno de sus carceleros una pequeña ayuda que, además, según nos cuentan, llegó, aunque tarde. Alexei creía infinitamente en la bondad y generosidad espontánea del ser humano. Por ello, en ese momento de crueldad e inhumanidad infinita, Alexei apeló a un simple gesto de solidaridad humana. El recuerdo de los calcetines nos ha traído, otra vez, a Alexei a nuestras vidas presentes.

Llama la atención que a más de 30 años de aquellos hechos, agentes de la policía secreta se acuerden, por ejemplo, de la nariz perfilada de Alexei. Cómo habrán impactado en las vidas y en los recuerdos de aquellos agentes todos esos tenebrosos momentos en que ellos fueron los protagonistas activos del exterminio, que los lleve a acordarse del detalle de la nariz de uno de los tantos detenidos que ellos torturaron. Y cómo ha podido ocurrir que hayan guardado toda esa valiosa información hasta ahora.

Necesitamos imperiosamente como familia, al igual que las otras familias de los detenidos desaparecidos, conocer el detalle de la verdad de lo ocurrido, así como encontrar sus restos.

En fin, es cierto que estos agentes no declararon espontáneamente. Más bien, mientras no se supo de la existencia de este cuartel secreto, pudieron aparentemente mantener una vida normal, insertos en el Chile cotidiano. Sólo porque uno de los agentes habló ante la policía reconociendo este centro de detención, a comienzos del año 2007, instado por una paciente y permanente investigación judicial y policial sobre todos estos hechos, los agentes de ese centro de exterminio fueron arrestados y obligados a declarar. Y fueron uno a uno reconociendo los hechos que ahora hemos ido conociendo. Así se supo que en ese centro de detención se torturó y asesinó a los máximos dirigentes del Partido Comunista. Esta parte de la verdad que ahora aparece nos muestra la importancia de los procesos judiciales en Chile, aún en curso, y la necesidad que ellos se mantengan hasta que la verdad, cuan completa sea posible, se obtenga.

Además de la necesidad histórica para Chile de conocer lo ocurrido en ese centro de detención, necesitamos imperiosamente como familia, al igual que las otras familias de los detenidos desaparecidos, conocer el detalle de la verdad de lo ocurrido, así como encontrar sus restos, tarea a la que está actualmente avocada la investigación. Esa es parte de la verdad a la que aspiramos, que es por lo demás, aún posible de obtener, y que permite confirmar que el problema de los desaparecidos también es un problema del presente.

Ofrecer un homenaje y dar a conocer estos hechos es parte de nuestro compromiso con los nuestros y, ciertamente, con el Chile del futuro.

Paulina Veloso, ex ministra del gobierno chileno y actual presidenta del Comité de Medio Ambiente del CDE, es una de las políticas más destacadas del país sudamericano.

Socialista y emigrada a la Confederación apenas cayó Salvador Allende, aún busca la verdad sobre la desaparición de su marido, el suizo Alexei Vladimir Jaccard Siegler.

A Paulina Veloso la vida la llevó a transitar intrincados laberintos. Aún así, esta mujer que desborda presencia y carácter, no ha perdido la amabilidad y su espontaneidad se refleja en pasajes de adustos gestos de preocupación a risas francas.

Siendo muy joven, con apenas 18 años, vivió el exilio político bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, y se refugió en Ginebra, Suiza, donde ingresó a la Universidad a estudiar Matemáticas.

Si hasta entonces su vida había estado guiada por sueños y convicciones, el 3 de junio de 1977 un llamado telefónico anónimo la marcó para siempre: ese día le comunicaron que su marido, el estudiante suizo-chileno Alexei Vladimir Jaccard Siegler –de viaje fugaz a la Argentina y Chile para visitar a su familia- había sido secuestrado en Buenos Aires por agentes de seguridad argentinos y chilenos de la conocida operación 'Plan Cóndor'.

Alexei nunca apareció y Paulina, hasta hoy, continúa buscando una verdad que, confía, más temprano que tarde saldrá a la luz.

La ex ministra de la Presidencia de Chile y actual presidenta del Comité de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) del país sudamericano, recibió a swissinfo en sus oficinas de Santiago de Chile y le concedió esta entrevista exclusiva, que la reveló como militante, política y mujer.

swissinfo- Usted vivió en Suiza varios años durante la Dictadura pinochetista. Hábleme de aquellos tiempos…

Paulina Veloso- Yo llegué a suiza muy joven, a los 18 años, y estuve hasta los 22. Llegué en una bella etapa de la vida, porque ingresé casi inmediatamente a la universidad, donde estudiaba la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ginebra.

Desde ese punto de vista viví la vida que normalmente tienen los jóvenes y me gustó mucho Suiza. Todavía conservo una amistad muy profunda y con mucho afecto con suizos que viven allá, y casi todos ellos han visitado Chile, por lo que hemos conservado amistad de largo tiempo.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas que deberán cumplir 22 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional por los  secuestros calificados de Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velasquéz, Alexei Jaccard Siegler, Héctor Velásquez Mardones y los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González, Ruiter Correa Arce, ilícitos perpetrados en el marco de la denominada “Operación Cóndor”, acuerdo de cooperación entre las grupos represores de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay en la década de los 70.

En la sentencia (rol 4.545-2019) la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jessica González, Loreto Gutiérrez y Jaime Balmaceda, modificó las condenas del tribunal de primera instancia y aumentó las sanciones penales para los ex agentes involucradas en los delitos cometidos tanto en Chile como en el extranjero.

1)       Los agentes Cristoph Willike Floel y Raúl Iturriaga Neumann deberán cumplir una pena de 20 años de presidio como autores de los secuestros calificados de  Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velasquéz, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones y una pena de 20 años como autores de los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce

2)       El agente Juan Morales Salgado fue condenado a una pena de  20 años de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones y una pena de 20 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik y Matilde Pessa Mois.

3)       En tanto el agente Pedro Espinoza Bravo deberá purgar una pena de 20 años de presidio por los secuestros calificados de Julio Valladares Caroca, Manuel Tamayo Martínez, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; y una pena de 20 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

4)       Jorge Escobar Fuentes, Federico Chaigneau Sepúlveda, Miguel Riveros Valderrama cumplirán pena de 18 años de presidio por los secuestros de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; y una pena de 18 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

5)       La agente Gladys Calderón Carreño fue sancionada con una pena de 10 años y un día de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones;  y 15 años y un día de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

6)       Los agentes Jaime Ojeda Obando y Eduardo Oyarce Riquelme cumplirán una pena de 5 años y un día de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; y una pena de 10 años y un día de presidio por los homicidios calificados de  Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik y Matilde Pessa Mois.

7)       Miguel Krasnoff Martchenko y Gerardo Godoy Garcia cumplirán 15 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón.

8)       El agente Hermon Alfaro Mundaca fue condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón. A la misma pena y por el mismo delito fueron sentenciados José Fuentes Torres, Jorge Andrade Gómez, José Aravena Ruiz, Luis Torres Méndez, María Gabriela Órdenes Montecinos, Osvaldo Pulgar Gallardo y Rodolfo Concha Rodríguez, quienes habían sido absueltos en el fallo de primera instancia.

9)       Finalmente Jerónimo Neira Méndez y Manuel Rivas Díaz deberán cumplir una pena de 3 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón.

La Corte compartió el criterio de primera instancia respecto de la participación de los condenados en la causa por reunirse antecedentes reales y probados respecto de su participación en los hechos, ya sea como autores inductores o autores directos de los delitos que se le atribuyeron a cada uno.

“Que respecto a las condenas y, específicamente, en relación a aquellos acusados cuya participación se calificó como coautoría, la Corte concuerda con la conclusión a que arriba el sentenciador de primer grado, en cuanto a que con los antecedentes recopilados durante la investigación es posible construir diversas presunciones judiciales que por reunir las exigencias de fundarse en hechos reales y probados, ser múltiples, graves, precisas, directas y concordantes, son bastantes para sostener con convicción que a los acusados Cristoph Georg Willeke Floel, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Juan Hernán Morales Salgado, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Jorge Marcelo Escobar Fuentes, Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Miguel René Riveros Valderrama, Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, Carlos José Leonardo López Tapia, José Alfonso Ojeda Obando, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Miguel Krassnoff Martchenko, Gerardo Ernesto Godoy García, Ciro Ernesto Torré Sáez y Orlando José Manzo Durán les cupo intervención en calidad de coautores, en los términos de los N° 1, 2 y 3 del artículo 15 del Código Penal, según se especifica en cada caso, de los delitos reiterados de secuestro calificado de Jorge Isaac Fuentes Alarcón, Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez, Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, Julio del Tránsito Valladares Caroca. Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones y de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Correa Arce.”, dice el fallo.

Agrega: “Que, en efecto, en el caso de quienes formaron parte del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional -Willeke Floel, Iturriaga Neumann y Espinoza Bravo- en los fundamentos Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Cuarto y Trigésimo Quinto se exponen uno a uno todos los antecedentes probatorios en que se sustentan las imputaciones y se concluye acertadamente que la forma de autoría que les cabe a cada uno de ellos es la del N° 1 del artículo 15 del Código Penal al primero de los nombrados al haber tomado parte en la ejecución de los hechos de manera inmediata y directa, y del N° 2 en relación a los dos restantes, pues se demostró que forzaron o indujeron directamente a otros a ejecutarlos.

Lo mismo acontece en el caso de los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional que formaron parte de la denominada Brigada Lautaro y que operó en el cuartel ubicado en Calle Simón Bolívar N° 8.630 de la comuna de La Reina, en relación con los secuestros calificados de las víctimas Jaccard Siegler y Velásquez Mardones y los homicidios calificados de las víctimas Ramírez Herrera, Stoulman Bortnik y Pessa Mois, esto es, los condenados Valdebenito Araya, Morales Salgado, Oyarce Riquelme y Ojeda Obando; y de los sentenciados Calderón Carreño, Riveros Valderrama, Chaigneau Sepúlveda y Escobar Fuentes en estos mismos lícitos y también en los homicidios calificados de las víctimas Soto Gálvez y Correa Arce.

Los fundamentos Trigésimo Séptimo, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo Cuarto y Quincuagésimo Cuarto, respecto de los cuatro primeros, y los motivos Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Séptimo, Quincuagésimo y Quincuagésimo Segundo, en relación a los cuatro restantes, dan cuenta detallada de los antecedentes conforme a los cuales es posible desprender con certeza que a la época de los hechos estos acusados formaban parte, como agentes operativos, de la brigada de la Dirección de Inteligencia Nacional que materializó el secuestro de militantes del Partido Comunista, entre cuyos miembros se encontraban las personas recién nombradas, de manera tal que no obstante no recordar algunos de ellos el nombre específico de éstas, resulta indiscutible concluir, tal como lo hace el a quo, que tomaron parte en su ilegítima privación de libertad, en algunos casos, y de su homicidio, en otros, sea de manera inmediata y directa, sea forzando o induciendo directamente a otros a ejecutar estos actos, en la forma que prevén los citados N°S 1 y 2 del citado artículo 15 y que, por lo mismo, son coautores punibles de estos ilícitos.

A su turno, los encausados Godoy García y Krassnoff Martchenko, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional adscritos al denominado Cuartel Terranova o Villa Grimaldi y condenados por el secuestro calificado de la víctima Jorge Isaac Fuentes Alarcón, son también autores en los términos del N° 1 del mismo artículo 15, en tanto jefes de grupos operativos -Tucán y Halcón respectivamente- encargados de la desarticulación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria mediante el secuestro y homicidio de sus miembros, uno de los cuales fue el mencionado Fuentes Alarcón, quien, como se dijo, fue privado ilegítimamente de libertad en la localidad de Enramada en la República de Paraguay y trasladado primero a Cuatro Álamos y luego a Villa Grimaldi, lugar este último donde, de acuerdo a numerosa prueba que se reseña en el fallo de primer grado, fue interrogado y sometido a torturas para obtener información acerca de la organización en la que militaba, actividades éstas en las que evidentemente hubieron de participar los jefes de los grupos operativos antes mencionados, que además también abundante prueba indica dirigían estos interrogatorios. En estas calidades de directos interrogadores o indirectos custodios de una persona que luego de ser secuestrada era mantenida privada de libertad en Villa Grimaldi, no puede sino concluirse que, al igual que en los casos anteriores, no obstante no recordar el nombre concreto de la víctima Jorge Isaac Fuentes Alarcón, los acusados Godoy García y Krassnoff Martchenko tomaron parte en su secuestro de manera inmediata y directa en la forma que prevé el N° 1 del artículo 15 del Código Penal.

Cabe precisar que de acuerdo a esta norma, en lo que interesa, se considera autores precisamente a los que toman parte en la ejecución del hecho de manera inmediata y directa; y lo cierto es que tratándose del delito de secuestro, la ejecución de la conducta típica no se agota con el hecho de la -por decirlo de algún modo- “aprehensión” material o física del secuestrado, sino que continúa ejecutándose, y por tanto el delito en curso de consumación, mientras dure el ilegítimo encierro o la ilegítima privación de libertad. Por consiguiente, quienes realizan actos que permiten perpetuar ese estado están en rigor ejecutando la conducta descrita por el tipo, independiente del concierto previo que haya podido mediar o no con otros intervinientes. En otras palabras, sus actos no son de simple facilitación de medios para la ejecución o de mera presencia sin tomar parte directa en ella (en cuyo caso resultaría relevante la determinación del eventual concierto previo para calificar la intervención de autoría o complicidad, de acuerdo a lo que disponen los artículos 15 N° 3 y 16 del Código Penal), sino ejecutivos propios de la autoría. Por lo mismo, el que fuerza o induce a otro a ejecutar alguno de estos actos es evidentemente autor mediato en los términos del N° 2 del artículo 15 y su conducta, por consiguiente, es también punible.

En tales condiciones, se concuerda con el sentenciador de primer grado cuando concluye que a quienes se acusó como coautores ejecutores del delito de secuestro calificado o como coautores mediatos del mismo revisten efectivamente tal calidad, pues la conducta desplegada por cada uno de ellos, según resultó acreditado, satisface las exigencias del tipo del artículo 141 del Código Penal, en relación a la primera parte del N° 1 del artículo 15 del mismo cuerpo legal y del N° 2 de ese precepto.”

Reparaciones civiles

En el aspecto civil se modificaron los montos de las indemnizaciones  para algunos de los familiares de las víctimas y además se acogieron dos nuevas medidas reparatorias solicitadas por la cónyuge de Alexei Jaccard Siegler y que son: condenar al Fisco a  destinar la suma de $15.000.000 para que a través del Ministerio de Educación se adquieran libros sobre la temática de los Derechos Humanos, que deberán entregarse equitativamente a todas las escuelas públicas de la comuna de Chiguayante y se instale en un lugar visible de las bibliotecas de cada una de ellas una placa en que se informe el hecho de existir tales libros y que fueron entregados en memoria de Alexei Jaccard Siegler, víctima de violación a los Derechos Humanos durante la dictadura militar.

Además el Fisco de Chile deberá entregar $75.000.000 a la Universidad de Concepción para que ésta instituya el premio “Alexei Jaccard Siegler”, que se otorgará anualmente a un estudiante regular de esa casa de estudios que desarrolle una investigación acerca de la temática de los Derechos Humanos, en el contexto de sus estudios en la Universidad de Concepción, y que ascenderá al equivalente en pesos a 100 Unidades de Fomento, debiendo la misma Universidad reglamentar las exigencias, requisitos y condiciones del trabajo.

Los hechos

En la etapa de investigación el ministro Mario Carroza estableció:

-Que a raíz de los acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Militar instituye de manera formal el 25 de noviembre de 1975, en reunión plasmada en la ciudad de Santiago, Chile, un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre los líderes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, destinado a desestabilizar a los opositores a los regímenes asumidos por las Fuerzas Armadas y de Orden;

-Que éste vínculo generaba de manera estatal e inmediata una realidad que ya se había forjado en acciones concretas entre los países aludidos, esto es, seguimientos, detenciones, interrogatorios bajo tortura, traslado entre países, desaparición o ejecución de personas contrarias a los gobiernos instituidos de facto;

-El escenario anterior habría permitido que se consumaran casos como los que a continuación se indican:

-Que el día 17 de mayo de 1975, Jorge Isaac Fuentes Alarcón, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fuera detenido en la República de Paraguay, en la localidad de Enramada, y luego trasladado a la ciudad de Asunción, donde permaneció privado de libertad hasta el 23 de septiembre de 1975, cuando se define su traslado a Chile vía aérea en forma clandestina por agentes de la DINA, los que una vez en el país le conducen a los recintos secretos de encierro y tortura que mantenía esta organización, esto es, Cuatro Álamos y Villa Grimaldi. En este último lugar, es donde Fuertes permaneció más tiempo prisionero y privado de libertad, recibió un trato cruel de parte de sus captores, se le interroga bajo tortura y se le mantiene en condiciones inhumanas, hasta probablemente el 17 de enero de 1976, cuando otros prisioneros le ven por última vez, desconociéndose su paradero hasta el día de hoy.

-Que, a su vez, el día 2 de julio de 1976, en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, se detiene al ciudadano chileno Julio del Tránsito Valladares Caroca, militante del Partido Socialista, por la Dirección de Orden Político, organismo de seguridad de ese país en esa época. En la condición aludida, éste permaneció detenido hasta el 13 de noviembre de 1976, fecha en que fue entregado a Agentes de la DINA, en la localidad fronteriza de Charaña, quienes le trasladaron a nuestro país y le llevaron al Campamento de Prisioneros «Cuatro Álamos», que se encontraba ubicado en la calle Canadá a la altura del 3.000 de Vicuña Mackenna, quedando bajo la custodia de sus agentes, lugar en el cual de acuerdo a testigos permaneció encerrado e incomunicado, y donde se le ve con vida por última vez a fines de noviembre de 1976;

-Que por otro lado, el día 3 de abril de 1976, en la ciudad de Mendoza, República Argentina, son detenidos tres ciudadanos chilenos Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez y Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, militantes socialistas, los cuales fueron trasladados de manera clandestina vía terrestre a Chile y puestos a disposición de los agentes de la Dirección Nacional de inteligencia, quienes le llevaron al Cuartel de Villa Grimaldi, ubicado en Avenida José Arrieta N°8.200 en Santiago, como ya se ha dicho, un campo de prisioneros políticos que pertenecía a la citada organización de inteligencia, en ese lugar fueron encerrados, interrogados y torturados, y se les vio por última vez con vida a fines de abril de 1976, desconociéndose hasta la fecha sus paradero;

-Que por último, en un episodio acaecido en el año 1977, militantes del Partido Comunista, cuya dirección orgánica exterior había decidido la necesidad de canalizar ayuda financiera externa al Partido en Chile, le pide a uno de ellos viajar desde Suiza -Alexei Vladimir Jaccard Siegler-, a Chile, previa escala en Buenos Aires, para encontrarse con otro militante que debía viajar desde Rusia -Ricardo Ignacio Ramírez Herrera- y contactarse ambos además con el militante que residía en esa ciudad -Héctor Heraldo Velásquez Mardones-. Este encuentro no pudo plasmarse porque los tres son detenidos por la Policía Federal Argentina el día 16 de mayo de 1977, sin fundamento legal, y privados de libertad para ser entregados a los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, quienes les trasladan a Santiago de Chile, donde los encierran en el Cuartel de Simón Bolívar, ubicado en la calle del mismo nombre, N08.630, son interrogados bajo tortura y en fecha indeterminada desaparecen. La búsqueda hasta hoy se mantiene al no ser posible encontrar a las víctimas Jaccard y Velásquez, que no registran salidas o entradas comprobadas ni tampoco constan sus defunciones, pero sí se ha encontrado parte de los restos de su compañero de infortunio, Ricardo Ramírez Herrera en Chile, en el sector denominado «Cuesta Barriga», al igual que aquellos pertenecientes al matrimonio formado por Jacobo Stoulman Bortnik y Matilde Pessa Mois, quienes viajaron a Buenos Aires a concretar el despacho del dinero a nuestro país, pero antes son detenidos -el 29 de mayo de 1977- en el Aeropuerto de Ezeiza, en momentos en que bajaban del avión que los traía de Chile, perdiéndose desde ese momento todo rastro de ellos, hasta la aludida evidencia cierta de haber sido inhumados ambos en el ya citado lugar;

-En esta operación, participan a su vez, militantes del Partido Comunista que se encontraban en Chile, que servían de enlace en esta operación, pero cuando se descubre la artimaña fueron ejecutados, Hernán Soto Gálvez en fecha indeterminada, entre el día 7 de junio y el 10 de noviembre de 1977, y Ruiter Enrique Correa Arce, el día 28 de mayo de ese mismo año, 

-El análisis de los antecedentes reseñados en los párrafos precedentes, patentizan la apuntada cooperación y coordinación de los servicios de inteligencia, en casos concretos, donde los agentes de inteligencia de nuestro país, en estos casos, coludidos con los de Argentina, Paraguay y Bolivia, no solo concertaron la detención de las víctimas, sino que también crearon las condiciones para encerrarlos y trasladarlos a nuestro país, con el siniestro propósito de confinarlos en recintos clandestinos para interrogarlos, torturados y luego proceder con extrema crueldad, a eliminarlos.

EL CASO ALEXEI JACCARD: QUINCE PERSONAS DESAPARECIDAS ENTRE ARGENTINA Y CHILE (CAPÍTULO 3) Opiniones de Jaime Nuguer, abogado que representó a las víctimas que iniciaron el proceso en el juicio que tramitó en Argentina entre 2013 y 2016 

Continuamos con la Sentencia, página 2073 :

“Los hechos descriptos se encuentran fehacientemente acreditados, a partir de las constancias probatorias colectadas durante el debate oral y público celebrado en autos…

Paulina Elina Veloso Valenzuela se explayó sobre el caso y expresó que ante la desaparición de su marido, Alexei Vladimir Jaccard Siegler, ella no realizó querella penal en Argentina, pero sí en Chile -en el año 2000- contra Pinochet, Manuel Contreras y otros, en la cual se produjo el desafuero de Pinochet en el 2004 y en 2003 se procesó a Manuel Contreras, Espinoza y Willike.

Sin haber obtenido sentencia hasta la fecha de su declaración.

Aclaró que esa causa está dividida en distintos episodios, pero no recordaba su número.

En particular sobre Alexei Jaccard dijo que lo conoció en 1970. Él había nacido en Chile -el 30 de marzo de 1952- y era descendiente de suizos.

Vivía en Concepción y -al momento del golpe de Estado en ese país, en 1973- era estudiante de economía de la universidad de aquella ciudad.

Agregó que el nombrado militaba en el Partido Comunista de Chile y por ello fue detenido en el estadio de Concepción, en octubre de 1973 y liberado el 21 de diciembre de ese mismo año. Señaló que su esposo nunca tuvo un procesamiento y su libertad se produjo sin mediar oposiciones.

Él permaneció en Chile hasta 1974. En virtud de la persecución política, viajó a la Argentina y vivió cerca de Santa Rosa, La Pampa, en el campo de un hermano de su madre, hasta que obtuvo su pasaporte suizo.

Una vez que consiguió ese documento, volvió a Chile para despedirse de su familia y se fue a Suiza, donde estudió en la Universidad de Ginebra. Recordó la testigo que estos movimientos migratorios, Alexei los había realizado bajo su propia identidad y con documentación chilena.

La deponente viajó -a fines de 1975- a Suiza para casarse con su novio, el matrimonio se celebró el 8 de enero de 1976.

Sostuvo que él siguió militando para el Partido Comunista chileno desde Ginebra.

Allí, tenía contacto con otros chilenos, tanto comunistas como de otras filiaciones políticas, y una cantidad de amistades helvéticas.

Él era muy amigo de Myriam George –encargada del Partido Comunista en Suiza-, Carlos Larraín –también del mismo partido- y Angélica Jiménez.

Señaló que conoció a Américo Zorrilla -quien vivía en la Unión Soviética-, primero de mentas y luego lo vio.

El nombrado fue Ministro de Hacienda de Chile durante el gobierno de Allende. Aquél se contactó con Alexei (al menos en tres oportunidades) para pedirle que viajase a Chile, previo paso por Argentina, a fin de llevar el dinero del P.C. hacia su país.

Ubicó las reuniones en el año 1977 o 1976. Recordó que para esos años, habían sido detenidas sucesivas directivas nacionales del partido; por ello tenían un problema serio de recursos.

Según había entendido, se pensaba instalar una Directiva desde Buenos Aires, cuya cabeza sería Ricardo Ramírez.

Así, su esposo -quien podía utilizar su pasaporte suizo para viajar- fue requerido por las autoridades del partido para servir de enlace entre los comunistas que vivían en Argentina con aquellos que estaban en Chile.

Sostuvo que, como él tenía que poder hacer viajes posteriormente, le dijeron que dejase de participar públicamente en las actividades del partido, para evitar la persecución de la policía chilena que ya operaba en el extranjero.

El 14 de mayo de 1977, él partió hacia Milán con el objeto de viajar a la Argentina; llegó a Ezeiza el 15 de mayo en un vuelo de “Alitalia”.

La testigo comentó que Alexei preveía regresar a Ginebra para el 26 de mayo de 1977 y que tenía reserva hecha en el Hotel Bristol -sito en la Av. Cerrito de esta ciudad-; lugar donde finalmente se alojó el día de su arribo.

Pero no se quedó allí, a la tarde o al día siguiente fue a visitar a su madre, Julieta Siegler, que estaba “de paso” (sic.) con su hermana -Tatiana Henriette Jaccard Siegler- y su cuñado en Buenos Aires esperando los documentos para exiliarse en Paris.

Al día siguiente, Alexei fue secuestrado; por eso ella indicó como fechas posibles del hecho el 16 o 17 de mayo de 1977.

La testigo aclaró que su esposo tenía prohibido contactarse con cualquier amistad y/o familiares. Para ese entonces, la familia de él estaba compuesta por la madre, la hermana antes mencionada, y los 3 hijos, un cuñado –Samuel Valenzuela- también militante del partido comunista.

La familia de Jaccard partió a los tres días del encuentro rumbo al exilio.

La testigo dijo que supo que Alexei –luego del encuentro familiar- iba a encontrarse con Ricardo Ramírez y con Héctor Velásquez Mardones -aclaró que con alguno de ellos o con ambos-.

Los tres fueron detenidos ese día; si bien no sabe si en el mismo momento o con diferencia de horas.

Juntamente con ellos fueron detenidos un grupo de comunistas argentinos, quienes prestaban colaboración en solidaridad con los chilenos.

Además, supo que Alexei antes de partir para Santiago había quedado para encontrarse con su cuñado, Samuel; pero ese encuentro no ocurrió.

Su cuñado, a los pocos días recibió la documentación pertinente, y emigró con su familia a París. Sostuvo que ellos no supieron del hecho hasta que la deponente les avisó.

Refirió que no se comunicó con su esposo mientras estuvo en Buenos Aires porque no estaba programado, esperó su retorno en su casa.

El 26 de mayo, cuando Alexei tenía que retornar y no lo hizo se preocupó.

Pero, como tampoco tenía con quién hablar, porque no sabía quiénes estaban interiorizados de la operación, no pudo averiguar mucho.

El 3 de junio de 1977 la llamó la jefa del partido en Ginebra –Myriam George- y le informó que un tercero se dirigiría a su casa para hablar con ella.

La reunión se produjo el mismo día, una persona que llegaba de Moscú de apellido Insunsa.

Él era el encargado de atender a los exiliados chilenos que estaban en Italia. Éste le dijo que Alexei había sido detenido en Argentina con varias personas, sin indicar la fecha precisa. También le mencionó los hoteles donde podría haberse alojado.

Insunsa hizo hincapié en que había que salvarlo, porque consideraban que Jaccard era el único del grupo cuya vida se podía preservar.

Por ello era necesario iniciar una campaña de denuncia para solicitar su liberación.

El partido pensaba que existía la posibilidad de que fuera dejado en libertad; toda vez que no era conocida su pertenecía orgánica al aparato (no había tenido responsabilidades anteriores), tenía nacionalidad suiza y estudiaba en la Universidad de Ginebra.

Sumado a que su detención podía no resultar de interés para los captores y que el gobierno suizo trataría de encontrarlo haciendo denuncias internacionales. Los responsables del partido le preguntaron a la testigo sobre lo que sabía de la actividad que iba a realizar Alexei; a lo que respondió que conocía muy poco. No le dieron mayor información sobre lo que él había ido a hacer a Chile; indicándole que tenía que decir que fue allí a ver a su familia, sin hacer referencia a actividad política alguna.

Eso fue lo que la testigo siempre dijo, a sabiendas que no era cierto, pero suponía que ello le salvaría la vida, por lo que no dudó en hacerlo.

El verdadero motivo del viaje tomó estado público muchos años después.

Dijo que ella se contactó con el Diputado Jean Ziegler (profesor de la Universidad de Ginebra) y éste se comunicó con el gobierno suizo, el cual -el 4 de junio de 1977- mandó notas a sus respectivos embajadores emplazados en Buenos Aires y Santiago de Chile –el último presentó la nota ante el gobierno respectivo el 7 de junio de 1977-.

Explicó que en un primer momento las autoridades helvéticas pretendieron dirigir los reclamos hacia la Argentina, pero que ella sabía que la razón del viaje de Alexei estaba en Chile; por lo que insistió en que las gestiones se hicieran en ambos países.

Ella entabló comunicación con un abogado reconocido en Suiza, cuyo nombre era Roland Bersier, y también se organizó un comité de solidaridad -formado por muchos estudiantes en el que participaba el Rector de la Universidad de Ginebra- para que alguno de los gobiernos reconociera la detención.

Indicó que esas acciones se hicieron pensando en las posibles torturas que pudiera sufrir Alexei mientras permanecía detenido sin ser reconocido por algún Estado, pero nunca consideraron su desaparición como un hecho posible. Recién con posterioridad entendió que de haber obtenido éxito en sus gestiones, le habría salvado la vida.

Reseñó las gestiones judiciales que se realizaron con motivo del secuestro de Alexei. Se presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago vía telefónica, también se contactó por igual medio con la Vicaría de la Solidaridad, asimismo, se comunicó con el abogado Alejandro González Poblete (quien siguió el recurso de amparo interpuesto entre el 3 al 5 de junio de 1977 en Chile).

El padre de la deponente, que era abogado redactó una querella criminal en Santiago que presentó la madre de la testigo en julio de ese año.

En Buenos Aires, personal de la Embajada de Suiza se contactó con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el abogado Julio Viaggio realizó las presentaciones pertinentes (amparo y querellas), pero no recordó las fechas, ni los contactos realizados.”.

El Fiscal General Argentino, Pablo Ouviña, afirmó que operaban dos redes de la DINA en Argentina: una, en Buenos Aires; la otra, en Mendoza. En 1977, el organismo fue diluido y su personal y recursos pasaron a la Central Nacional de Informaciones (CNI)

como política represiva tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la consecuente instauración en el exterior de exiliados que denunciaron las violaciones a los derechos humanos en Chile, movieron a la dictadura a extender la represión más allá de las fronteras a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el brazo ejecutor de secuestros, asesinatos y desapariciones que utilizó en el marco de la Operación Cóndor.Así lo consignó el Fiscal General Argentino, Pablo Ouviña, quien en su alegato en el marco del debate oral y público de la asociación ilícita internacional para la eliminación de militantes de izquierda implementada por las dictaduras del Cono Sur en los ’70. En el juicio, que comenzó en 2013, son juzgados 18 ex generales y coroneles argentinos y un uruguayo.  

Tras describir el binomio Uruguay-Argentina, en su introducción al caso chileno Ouviña remarcó que «al momento del golpe de Estado» del 11 de septiembre de 1973, «no estaba predefinido el método de represión a utilizar», lo cual «implicó que la consolidación del modelo represivo chileno demorara por lo menos dos años». En ese sentido, el fiscal recordó que «la dictadura chilena pasó de un esquema de detención en grandes campos de concentración, fusilamientos y del internamiento de los principales dirigentes del gobierno de la Unidad Popular, a un modelo de represión clandestino”.

Ouviña describió la implementación del destierro a través del decreto-ley 81 que facultó la expulsión o prohibición de retorno de personas que estuvieran fuera del país. Aquella disposición habilitó a la dictadura a comenzar el vaciamiento de los campos de concentración y provocó que fueran expulsados los principales cuadros de los partidos y organizaciones políticas del Chile democrático que sobrevivieron tras el derrocamiento del gobierno constitucional. En Chile había muchos exiliados del Cono Sur, especialmente provenientes de Uruguay y Brasil, que se convirtieron en uno de los blancos buscados por la dictadura. Muchos de esos exiliados fueron refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y debieron «reexiliarse». Tanto para ellos como para los chilenos perseguidos, Argentina fue en 1973 una tierra de refugio, explicó Ouviña.

La DINA contaba con la subdirección exterior, que desarrolló estrategias de ataque para desalentar o finalizar las actividades de denuncia desde el exterior y se planteó también la realización de operaciones criminales. A partir de 1974, la DINA desarrolló cada vez más una capacidad extraterritorial. Estas contaban con personal y eran también fortalecidas con la colaboración con otros servicios y organizaciones en el exterior, citó el fiscal el denominado informe Rettig. En efecto, cuando el organismo represivo creado por Pinochet consolidó su estructura, envió agentes destacados a las embajadas, con enlaces con organismos represivos locales.

Los agentes de la DINA, describió Ouviña, tenían además «alianzas con grupos de extrema derecha argentinos, exiliados cubanos e italianos, principalmente». El fiscal pudo reconstruir la acción de la DINA con los documentos incautados durante la detención en Buenos Aires del agente chileno Enrique Arancibia Clavel, «un conjunto documental de características únicas», que ya había citado a lo largo de su alegato, ha permitido rearmar la historia de la Operación Cóndor.

El ministro en visita extraordinaria para causa de Derechos Humanos encausó a los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Hernán Sovino Maturana, Jorge Escobar Fuentes, Federico Chaigneau Sepúlveda, Gladys Calderón Carreño y Miguel Riveros Valderrama, por su responsabilidad en los delitos.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó auto de procesamiento en la investigación que sustancia por los secuestros calificados de Héctor Velásquez Mardones, Vladimir Jaccard Siegler, Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Ruiter Enrique Correa Arce, Matilde Pessa Mois, Jacobo Stoulman Bortnik y Hernán Soto Gálvez, víctimas de la denominada "Operación Cóndor".

En la resolución, el ministro Carroza encausó a los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Hernán Sovino Maturana, Jorge Escobar Fuentes, Federico Chaigneau Sepúlveda, Gladys Calderón Carreño y Miguel Riveros Valderrama, por su responsabilidad en los delitos. 

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de  investigación, el magistrado logró acreditar los siguientes hechos: "Ante la necesidad de canalizar ayuda financiera externa para fortalecer las acciones del Partido Comunista en Chile, viaja desde Suecia a Buenos Aires 'Alexei Vladimir Jaccard Siegler', con la misión de contactarse con los militantes del partido Ricardo Ignacio Ramírez Herrera y Héctor Heraldo Velásquez Mardones, encuentro que no pudo concretarse, al ser los tres detenidos por la Policía Federal Argentina en esa ciudad el día 16 de mayo de 1977 y entregados a la Dirección Nacional de Inteligencia DINA, quienes le trasladan a Chile y proceden a recluirlos e interrogarlos en el Cuartel denominado Simón Bolívar, ubicado en la arteria del mismo nombre  N°8.630, donde fueron vistos por última vez con vida, ignorándose desde ese momento su paradero y hasta la fecha, ni se han tenido noticias de Velásquez y Jaccard, quienes tampoco registran salidas o entradas al país y menos consta sus defunciones".

"Sin embargo –continúa–, en el caso de Ricardo Ramírez Herrera, parte de sus restos fueron encontrados en la Cuesta Barriga, al igual que el matrimonio formado por Jacobo Stoulman Bortnik y Matilde Pessa Mois, quienes viajan a Buenos Aires para concretar la forma como se enviaría el dinero a nuestro país, pero ellos son detenidos el día 29 de mayo de 1977, en el aeropuerto en los momentos en que bajaban del avión, perdiéndose desde ese momento todo rastro, hasta que se comprueba que fueron inhumados en 'Cuesta Barriga' lugar del hallazgo de parte de sus restos óseos. Que, además, dos militantes del Partido Comunista que servían de enlace en Chile para estos efectos, son ejecutados, Hernán Soto Gálvez  el día 5 de junio de ese mismo año y Ruiter Enrique Correa Arce el día 27 de mayo de 1977. Todo lo anterior, evidencia una operación coordinada de los servicios de inteligencia de Argentina y Chile, que concordaron el traslado de los detenidos en Argentina y su posterior ejecución en nuestro país, conjuntamente con aquellos que servían en Chile de contacto".

Ministro Mario Carroza absolvió a otros 32 exmiembros de la Dirección Nacional de Inteligencia por falta de acreditación de participación en los hechos.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó por violaciones a los derechos humanos a 20 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), como responsables de los delitos de secuesto y homicidio calificado de personas durante la acción coordinada de diferentes servicios de inteligencia de Sudamérica en la década del 70', en la denominada Operación Cóndor.

El fallo aborda la muerte y desaparición de siete personas, quienes fueron asesinadas en Paraguay, Bolivia y Argentina.

En la causa, el ministro Carroza absolvió por falta de acreditación de participación en los hechos a otros 32 exagentes de la Dina.

En el aspecto civil, el magistrado acogió las demandas presentadas por familiares de 

las víctimas, condenando al Estado a pagar indemnizaciones por concepto de daño moral de entre $20 y $90 millones. Además de una serie de medidas de reparación.

Condenados

El ministro de fuero condenó a los agentes Cristoph Georg Willeke Floel y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a 17 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito reiterado de secuestro calificado de Jorge Isaac Fuentes Alarcón, Julio del Tránsito Valladares Caroca, Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez, Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autores del delito de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

Juan Hernán Morales Salgado a la pena de 15 años y un día de presidio, en 

calidad de autor mediato del delito de secuestro calificado de Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autor mediato del delito de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulnian Bortnik y Matilde Pessa Mois.

Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de los delitos reiterados de secuestro calificado de Julio del Tránsito Valladares Caroca, Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez, Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autor del delito de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

Jorge Marcelo Escobar Fuentes, Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda y Miguel René Riveros Valderrama deberán purgar 15 años y un día de presidio, como autores mediatos de los delitos reiterados de secuestro calificado de Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autores mediatos del delito de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

Gladys de las Mercedes Calderón Carreño deberá cumplir 10 años y un día de presidio, en calidad de autora de los delitos reiterados de secuestro calificado de Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autora de los homicidios calificados de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

Carlos José Leonardo López Tapia fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez y Luis Gonzalo Muñoz Velásquez.

José Alfonso Ojeda Obando, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme y Héctor Raúl Valdebenito Araya deberán cumplir 7 años de presidio, como autores del delito reiterado de secuestro calificado de Alexei Vladimir Jaccard 

Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autor del delito de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik y Matilde Pessa Mois.

Miguel Krassnoff Martchenko y Gerardo Ernesto Godoy García cumplirán 5 años y un día de presidio, como autores del delito de secuestro calificado de Jorge Isaac Fuentes Alarcón;

Ciro Ernesto Torré Sáez y Orlando José Manzo Durán deberán purgar 5 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Julio del Tránsito Valladares Caroca.

Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Hermón Helec Alfaro Mundaca y Juan Ángel Urbina Cáceres, fueron sentenciados a 301 de presidio, con el 

beneficio de la remisión condicional de la pena, como cómplices del delito de secuestro calificado de Jorge Isaac Fuentes Alarcón, y

Manuel Rivas Díaz, a 100 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como cómplice del delito de secuestro calificado de Jorge Isaac Fuentes Alarcón.

En un comunicado, el Servicio Médico Legal dijo hoy que los familiares de Jorge Troncoso Aguirre y Hernán Soto Gálvez fueron informados de la identificación este viernes por los jueces Miguel Vásquez y Mario Carroza, junto al director del organismo, Patricio Bustos.

Jorge Troncoso Aguirre y Hernán Soto Gálvez, ambos miembros del Partido Comunista, fueron encontrados en el año 2001, junto a los de otros detenidos desaparecidos, en una mina abandonada en el sector de la Cuesta Barriga, a unos 30 kilómetros al suroeste de Santiago.

En ese lugar sólo se encontraron fragmentos de huesos de varias víctimas, sobre la base de los cuales se trabajó para determinar las identidades.

En 1978, tras el descubrimiento de una tumba clandestina con los cuerpos de quince detenidos desaparecidos, Pinochet ordenó la llamada operación «Retiro de Televisores», que consistió en la exhumación clandestina de centenares de víctimas asesinadas, cuyos restos fueron introducidos en sacos atados a rieles y lanzados al mar.

Sin embargo, en algunos lugares quedaron fragmentos de hueso y, en algunos casos, objetos personales de las víctimas, como anillos o relojes, que han servido también para identificar a desaparecidos.

Hernán Soto Gálvez, de 52 años, casado y, padre de ocho hijos, fue detenido en Santiago por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 7 de junio de 1977.

Según el expediente judicial del caso, su detención se produjo tras un operativo realizado por la DINA en Buenos Aires, con la colaboración de la dictadura argentina, en el que fueron detenidos y hechos desaparecer otros militantes comunistas chilenos: Ricardo Ramírez, Héctor Velásquez y Alexei Jaccard.

En dicho operativo, enmarcado en la coordinación pactada entre las dictaduras del cono sur americano para eliminar opositores y que se conoció como la «Operación Cóndor», los agentes encontraron el nombre de Hernán Soto como «enlace financiero» del Partido Comunista entre Argentina y Chile.

En tanto, Jorge Troncoso Aguirre, de 48 años, soltero, fue secuestrado en las cercanías de su domicilio por agentes de la DINA el 11 de mayo de 1977 y trasladado junto a otras personas a un centro clandestino de detención y tortura, donde murió a causa de las torturas.

Los fragmentos óseos encontrados en la Cuesta Barriga han permitido hasta ahora identificar a los militantes comunistas Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo, y ANGEL GABRIEL GUERRERO CARRILLO , este último miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Según cifras oficiales, durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), unos 3.200 chilenos fueron muertos por agentes del Estado, de los cuales 1.192 permanecen como desaparecidos, mientras otros 38.000 sufrieron la tortura y la prisión por causas políticas.

Los restos de dos desaparecidos tras ser detenidos en 1977 en Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet, han sido identificados y entregados a sus familiares, informó hoy el Servicio Médico Legal.

Se investigan las conexiones entre las dictaduras del cono sur

En las últimas semanas, declararon testigos chilenos en el juicio por "Plan Cóndor", donde se juzga a 23 jefes militares de las dictaduras sudamericanas. Está previsto que en las próximas semanas fiscales y autoridades judiciales viajen a Paraguay para investigar sobre militantes desaparecidos de ese país.

José De la Maza Asquet era un chileno de 27 años que se escapó de la dictadura de Augusto Pinochet. Estaba casado y era estudiante de veterinaria de la Universidad de Chile. También repartía sus horas con la militancia. Era dirigente estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A partir de la caída del presidente Salvador Allende, en 1974, empezó a ser perseguido por las fuerzas pinochetistas y se refugió en la provincia de Tucumán. Tres años después lo apresaron en pleno centro de San Miguel de Tucumán y nunca más se supo de él. Ante el Tribunal Oral Federal Nº1, declaró hace unos días su amigo José Patrocinio Luna. En el juicio del Plan Cóndor, se juzga a 23 jefes militares por delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras del cono sur contra militantes de ideología contraria.

“José vino escapando de Chile, no recuerdo bien la fecha”, le dijo Luna a los jueces Oscar Amirante, Adrián Grumberg, Pablo Laufer y Ricardo Ángel Basílico. “Nos hicimos muy buenos amigos, compañeros. Construimos un comedor solidario y hacíamos una militancia social muy fuerte”, dijo el testigo. Desde la primera fila del público lo escuchaban sus dos hijos. Luna nació en la provincia donde se declaró la Independencia y fue parte del “Tucumanazo”, una protesta social masiva ocurrida entre el 10 y el 14 de noviembre de 1970.

De la Maza decidió ingresar clandestinamente a la Argentina después de ser perseguido por agentes de seguridad en las ciudades chilenas de Santiago y Rancagua. En Tucumán siguió militando y se unió a grupos peronistas. El 1 de noviembre de 1977 policías lo detuvieron en pleno centro de la capital tucumana. Según fuentes judiciales, De la Maza fue delatado por un agente chileno de Dirección de Inteligencia Chilena (DINA).

Luna respondió preguntas del fiscal ad hoc Pablo Ouviña y de los jueces, que quisieron saber sobre sus vínculos con De la Maza. El testigo contó que estuvo preso unos meses en 1978 y que después se fue exiliado. Luna dijo que en Tucumán está iniciada la querella por su causa, en la etapa de instrucción.

El juicio marcha por su segundo año -comenzó en marzo de 2013- y según fuentes judiciales le dijeron a Infojus Noticias, se espera que los alegatos sean en marzo de 2015. La instrucción del juicio a cargo del fiscal Miguel Ángel Osorio todavía está trabajando en la causa y es probable que se incorporen más hechos para el debate oral.

El juicio transita por la etapa de las víctimas chilenas, la anterior fue la de uruguayas. Está previsto que en las próximas semanas fiscales y autoridades judiciales viajen a Paraguay porque la próxima etapa del juicio se tratará sobre militantes desaparecidos de ese país.

Dos semanas atrás declaró en el juicio la hermana de José Luis. Ximena De la Maza Asquet testimonió vía videoconferencia desde Chile. “Nosotros viajamos a Tucumán para averiguar dónde podía estar mi hermano, fuimos a comisarías e instituciones, pero todas las pistas eran falsas. Nunca más supimos de él”. Esa audiencia tuvo un invitado especial: el juez Baltazar Garzón escuchó las declaraciones de Ximena desde las butacas para el público de la Sala Amia.

En diálogo con Infojus Noticias, el magistrado español aseguró ese día: “Este juicio es muy importante jurídicamente, para la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas de los gobiernos dictatoriales. Y políticamente, muestra la decisión de un Estado, el argentino, y la cooperación de otros como el chileno, por impartir justicia a las personas que fueron violentadas en sus derechos fundamentales”.

El 10 de octubre de 1998, en una decisión histórica, Garzón procesó a Augusto Pinochet Ugarte por presuntas violaciones de derechos humanos en Chile, su país natal, aplicando el principio de Justicia Universal. Le achacó ser uno de los ideólogos de una “organización internacional, que concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de detenciones ilegales (secuestros), torturas, desplazamientos forzosos de personas, asesinatos y/o desaparición de numerosas personas, incluyendo ciudadanos de Argentina, España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y otros estados”.

El 8 de abril de 2004, en una de las ampliaciones del procesamiento, el juez español incluyó el caso de José Luis de la Maza Asquet en su acusación contra Pinochet. El genocida chileno murió el 10 de diciembre de 2006.

A fines de marzo declaró la periodista chilena Laura Elgueta Díaz, que ratificó ante el TOF su detención en el centro clandestino Club Atlético, que funcionó en dependencias de la Policía Federal. Durante la audiencia señaló al agente de la DINA -ya fallecido- Enrique Arancibia Clavel como uno de sus torturadores, quien está sindicado como autor del asesinato en Argentina del general chileno Carlos Prats. Elgueta Díaz también declaró por la desaparición de su hermano Luis Enrique Elgueta. Lo mismo hizo Odette Magnet por la desaparición de su hermana, María Cecilia Magnet.

Por el momento, son 23 las víctimas chilenas que se tratan en el juicio: Edgardo Enríquez Espinosa; Luis Enrique Elgueta Díaz; Manuel Jesús Tamayo Martínez; Luis Gonzalo Muñoz Velázquez; Juan Humberto Hernández Zaspe; Alexei Vladimir Jaccard Siegler; José Luis De la Maza Asquet; Miguel Orellana Castro; Cristina Magdalena Carreño Araya; Ángel Athanasiú Jara; Pablo Germán Athanasiú Laschan; Frida Elena Laschan Mellado; Carlos Patricio Rojas Campos; Carmen Angélica Delard Cabezas; Gloria Ximena Delard Cabezas; José Luis Appel de la Cruz; Luis Arnaldo Zaragoza Olivares; Luis Alejandro Espinoza González; Oscar Julián Urra Ferrarese; Susana Ossola de Urra; Rafael Antonio Ferrada; Oscar Orlando Oyarzun Manso; María Cecilia Magnet Ferrero.