Hernández Inostroza Manuel Jesús

El 16 de octubre de 1973, fueron muertos a bordo del vapor "Laja", por personal de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada de Chile, las siguientes personas, cuyos cuerpos fueron arrojados a las aguas del lago Ranco:

Cardenio ANCACURA MANQUIAN , campesino, militante socialista;

Teófilo GONZALEZ CALFULEF,24 años, camionero, militante socialista;

Manuel Jesús HERNANDEZ INOSTROZA, 42 años, sastre, ex candidato a Regidor por Lago Ranco y militante del Partido Socialista;

Arturo VEGA GONZALEZ, 20 años, obrero panificador, también socialista.

Todos fueron detenidos el día 16 de octubre de 1973 en sus domicilios de Lago Ranco y conducidos a la Tenencia de Carabineros de dicho pueblo. En la noche de ese día fueron subidas al vapor "Laja", donde fueron ejecutadas. Sus cuerpos fueron lanzados al lago, sin que hayan sido encontrados hasta la fecha.

Esta Comisión tiene la convicción que Cardenio Ancacura, Teófilo González, Manuel Hernández y Arturo Vega fueron detenidos, ejecutados y sus cuerpos hechos desaparecer por agentes del Estado en grave una violación de derechos humanos. Las circunstancias que la avalan, entre otras, son las siguientes:

Está debidamente acreditado ante esta Comisión que los afectados estuvieron detenidos en el recinto de la Tenencia de Lago Ranco el día de su desaparición. De la misma manera, que todos ellos fueron detenidos previamente, en sus respectivos domicilios;

La defunción de todas las víctimas se encuentra inscrita por orden de la Fiscalía Militar de Valdivia, en los autos 163473. A pesar de haberse solicitado dicho proceso tanto al Cuarto Juzgado Militar de Valdivia, como a la Fiscalía Militar de dicha ciudad, y a la Auditoría General del Ejército, no fue remitido a la Comisión.

Los certificados de defunción acreditan el hecho de la muerte de las víctimas. Es de destacar que las defunciones fueron inscritas en el año 1974, por lo que varios de los familiares no se enteraron de lo ocurrido sino hasta mucho tiempo después de sucedidos los hechos;

Por oficio emanado de la Fiscalía Militar de Valdivia, de 2 de Noviembre de 1973, se solicitó a Carabineros de Lago Ranco información sobre Manuel Jesús Hernández Inostroza, a la época desaparecido, dando como un hecho cierto la detención.

Ninguna de las víctimas ha podido tener sepultura, pues sus cuerpos no han sido encontrados. Resulta contradictorio el hecho que respecto de todos ellos se hayan otorgado certificados de defunción, sin haberse acreditado este hecho materialmente.

Cumpliendo con su mandato básico de ayudar a los procesos judiciales que tengan como fin encontrar detenidos desaparecidos, el Programa de Derechos Humanos, conocido anteriormente como Corporación de Reconciliación Nacional, se hará parte coadyuvante en las 22 causas en que el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia se declaró incompetente.
El Programa también afina la estrategia para hacerse parte en los procesos que tramita el juez Guzmán sobre detenidos desaparecidos o ejecutados políticos cuyos restos aún no han sido encontrados. El punto aún no resuelto es si presentarán escritos de acuerdo a los episodios ya fijados -Villa Grimaldi, Pisagua, Calle Conferencia, Liquiñe, Operación Cóndor, Operación Colombo- o sólo con respecto a cada una de las víctimas que investiga el magistrado.
A la fecha, Guzmán sólo ha recibido el escrito firmado por el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, por el caso del pique mina Mapocho y se espera que próximamente la instancia dependiente del gobierno solicite diligencias para apresurar esta causa, que no se encuentra dentro de las prioridades de Guzmán.
Con ello, el Programa persigue que los procesos progresen en forma simultánea y se cumpla con el desafío de hallar el mayor número de restos de detenidos desaparecidos.
Aunque originalmente el juez planteó que era incompetente en 27 procesos, en los últimos días a solicitud de los querellantes ha decidido revocar algunas de sus resoluciones.
Esto fue lo sucedió en el caso de Luis Alberto Gómez Cerda, Claudio Romulo Tognola Ríos y Carlos Miguel Garay Benavides cuya investigación había sido delegada al Juzgado de Letras de Tocopilla y hoy, junto con el resto de causas de detenidos desaparecidos de esa zona, conformarán un nuevo cuaderno de investigación caratulado como Tocopilla y al que en los próximos días se abocará en profundidad el ministro de fuero.
Gómez Cerda fue detenido el 13 de septiembre de 1973, mientras se desempeñaba en la División Chuquicamata de la Corporación del Cobre (Codelco) de Tocopilla (Cobrechuqui), de militancia socialista no hay registros fehacientes que establezcan que sucedió con él.
Distinta es la historia de Tognola Ríos -médico obstetra (PS) que trabajaba en la maternidad del hospital de Tocopilla y en la Sociedad Química de Chile (Soquimich) y de quien se pierde el rastro el 16 de septiembre de 1973- y de Garay Benavides -supervisor de Cobrechuqui (PC), detenido el 12 de septiembre de 1973-, pues de acuerdo a los querellantes sus cuerpos estarían en la mina "La Veleidosa", donde ya se realizaron excavaciones, las que tuvieron como resultado el hallazgo de un gran número de restos óseos, que corresponderían a ellos.
Otro proceso que volverá a manos del Guzmán es la causa de Isidoro Carrillo Tornería y otros, donde actúa como querellante Vasili Carrillo, caso que había sido rechazado por el magistrado y entregado en agosto de este año al juzgado de turno de Concepción.
Pero el logro más trascendental para los querellantes fue que el ministro acogiera nuevamente la desaparición de Cardenio Ancacura Manquian (PS) y Manuel Jesús Hernández Inostroza, pues de acuerdo al informe que entregaron las Fuerzas Armadas al concluir la Mesa de Diálogo sus restos fueron lanzados al Lago Ranco, Décima región.
Debido a los antecedentes aportados por las FF.AA esta causa constituye para los querellantes un aporte significativo a los procesos de derechos humanos, por lo que no debería ser abandonada por el ministro.
Según el jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos, abogado Roberto Garretón, una vez que conozcan la lista definitiva de causas en que se declaró incompetente Guzmán lo inmediato sería pedir ministros en visita en los casos que corresponda e, independiente de ello, la entidad debe participar en la investigación.
Las causas que Guzmán no revisará
Entre las causas relegadas por Guzmán hasta ahora se estableció que la investigación sobre la ejecución de Mario Alvarado Araya, Faruc Aguad Pérez, Wilfredo Sánchez Silva y Artemio Pizarro Aranda, quienes perdieron la vida a manos de personal del Ejército en el sector de Las Coimas en San Felipe, será vista por la ministra de fuero Gabriela Corti en Valparaíso.
Por su parte, la desaparición el 17 de noviembre de 1975 del militante socialista Miguel Enrique Rodríguez Vergara será investigada por la jueza con dedicación exclusiva Raquel Lermanda, titular del Noveno Juzgado del Crimen de la capital.
Lo mismo sucederá con la ejecución en la vía pública que sufrió el 24 de septiembre de 1973 Arnoldo Camu Veloso, asesor legal del Presidente Salvador Allende, cuyo proceso quedará en manos de la jueza exclusiva María Ines Collins, del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.
Otras causas en las que Guzmán se declaró incompetente :
– Luis Rodríguez Arancibia, Alfredo Moreno Neira, Luis Verdejo Contreras y Jaime Max Bastián Leiva: será enviada al Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago. – Hugo Riveros Gómez: quedará a cargo del 18º Juzgado del Crimen de la capital. – Juan Isaías Heredía Olivares: será vista por el Juzgado de Letras de Los Angeles. – José Esaú Velásquez Velásquez y otros: quedará en manos del Juzgado de Chaitén. – Guillermo Vargas Gallardo:será pesquisa por el Juzgado del Crimen de turno de Copiapó. – Humberto Salas Salas :se revisará en el Juzgado del Crimen de turno de Osorno. – Máximo Astolfo Bermúdez Ballón y Juan Rafael Bermúdez Gaete: será analizada por el 26º Juzgado del Crimen de Santiago. – Tránsito Cabrera Ortiz: será vista por el Juzgado del Crimen de Talcahuano.
– Máximo Segundo Neira Salas: será indagada por el Juzgado de turno de Talcahuano. – Salvador Cautivo Ahumada: será pesquisada por el Juzgado de turno de Arica. – Miguel Vega: será analizada por el Juzgado de turno de Curicó. – José Alfonso Constanzo Vera: quedará a cargo del Juzgado de turno de Talcahuano. – Susana Estrella Obando: será investigada por el Juzgado de turno de Punta Arenas. – Lisandro Salvador Sandoval Fuentes: será revisada por el 14º Juzgado del Crimen de Santiago. – Silvio Francisco Betancourt Bahamondes: será analizada por el Juzgado de turno de Punta Arenas. – Ramón Luis Vivanco Díaz: a cargo del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo. – Guillermo Amador Alvarez Cañas: quedará en manos del Juzgado de turno de San Antonio. – Ariel Monsalves Martínez: será vista por el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo. – Bernardo Mario Lejderman y María del Rosario Avalos Castañeda: será investigada por el Juzgado de Letras de Vicuña. Juez Sergio Muñoz interrogó a ex jefe CNI Roberto Schmied por caso Alegría Mundaca;
El ministro en visita Sergio Muñoz interrogó hoy al ex funcionario de la Central Nacional de Informaciones (CNI), brigadier (R) Roberto Schmied Sanzi, para establecer si le cabe responsabilidad en calidad de autor, cómplice o encubridor en el proceso por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, delito conectado al de Tucapel Jiménez.
Alegría Mundaca fue asesinado en 1983 por agentes de la CNI para encubrir el homicidio del dirigente sindical. El 19 de julio del año pasado, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones condenó a cadena perpetua al ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, y los ex agentes de ese organismo Carlos Herrera Jiménez y Armando Cabrera, en calidad de autores del crimen, mientras que castigó con diez años de prisión a Osvaldo Pincetti.
Además, está sometido a proceso Hugo Alarcón Vergara, ex chofer de Alvaro Corbalán.
Al momento de cometerse el crimen, Schmied era el subdirector de la disuelta CNI y se le atribuye la calidad de cómplice por ser el oficial superior en la línea de mando de los agentes de ese organismo que ya han sido condenados.
La versión entregada por Schmied en el interrogatorio de Muñoz señala que jamás tuvo conocimiento de la operación porque en esa época se hallaba fuera del país, de acuerdo a su pasaporte que está incluido en el expediente

El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia tomó declaraciones a familiares de detenidos desaparecidos de la localidad de Río Bueno, en la Décima Región, hasta donde se trasladó para investigar la muerte de los hermanos Guido y Víctor Barría Basay.
Además, el magistrado llegó hasta el sector La Barra acompañado de personal del Departamento Quinto de Investigaciones, quienes deberan comprobar las denuncias sobre la existencia de un cementerio clandestino con cuerpos de detenidos durante el gobierno militar.
Los militantes socialistas se encuentran desaparecidos desde el 16 de octubre de 1973, cuando fueron detenidos por Carabineros de la zona en su lugar de trabajo, en el fundo Los Riscos. En la zona, el juez avanzará en las diligencias pendientes.
Durante su permanencia en la región, el magistrado se trasladará a la comuna de Lago Ranco, donde efectuará pericias referidas al caso de cuatro militantes socialistas ejecutados por personal de la Armada. El juez Guzmán tomará en sus manos este caso que actualmente investiga un juez especial de los tribunales de Río Bueno.
Teófilo González, Cardenio Ancacura, Manuel Hernández y Arturo Vera, fueron detenidos el 16 de octubre de 1973 en sus domicilios de Lago Ranco y conducidos a la Tenencia de Carabineros de dicho pueblo. En la noche fueron subids al vapor "Laja", donde fueron ejecutadas. Sus cuerpos fueron lanzados al lago, sin que hayan sido encontrados hasta la fecha.
Mañana, las agrupaciones de Derechos Humanos se reunirán con el juez en Osorno con el propósito de que se les informe sobre el avance de las investigaciones.
Además, según el curso de las diligencias, el juez Juan Guzmán se trasladaria el viernes a Valdivia y Osorno para continuar la investigación

En inédito fallo, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aplicó esta elevada condena, la más alta dictada por un tribunal de alzada en casos supuestamente amparados por la vigencia de la Ley de Amnistía, luego de acoger los argumentos de los querellantes para modificar el cargo de homicidio

calificado que pesaba contra Héctor Rivera Bozzo por el de secuestro calificado.

A una condena de 15 años y un día en su grado máximo fue condenado el oficial en retiro de la Armada Héctor Sergio Rivera Bozzo, como autor del secuestro calificado de cuatro campesinos de la comuna de Lago Ranco, en la Décima Región, ocurrido el 16 de octubre de 1973.

La decisión fue adoptada, en fallo dividido, por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, con los votos del ministro Mario Rojas y el abogado integrante Nelson Pozo y con el pronunciamiento de minoría del magistrado Jorge Zepeda.

De esta manera, el tribunal revocó un dictamen del ministro Joaquín Billard, quien en febrero pasado había condenado a Rivero Bozzo a cinco años y un día de prisión por los homicidios calificados de Cardenio Ancacura Manquián, Teofilo González Calfulef, Manuel Jesús Hernández Inostroza y Arturo Vega González, todos sin militancia política conocida.

Se trata de la condena más alta dictada por un tribunal de alzada por las violaciones a los derechos humanos registradas durante la dictadura militar y que, supuestamente, se encuentran amparados por la ley de Amnistía, es decir, aquellos perpetrados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de mazo de 1978.

De hecho, sólo es superada por un dictamen de primera instancia que en enero dictó el juez Alejandro Solís, que sentenció a de 18 años de cárcel al teniente coronel de Ejército Hugo Guerra Jorquera por 11 secuestros calificados de campesinos de la Décima Región en octubre de 1973.

El tribunal de alzada, además, consideró que la investigación del caso está incompleta, por lo que resolvió reabrir el sumario para que Billard indague la responsabilidad que habrían tenido los civiles Javier Vera Jumemann, Rodolfo Mondión Romo, Christián Borquez Bernucci y Julio Vera Arraigada, sindicados

como integrantes del grupo de ultraderecha Patria y Libertad.

De este modo, fue revocada una resolución en consulta del 25 de junio del año 2002, que los había favorecido con el sobreseimiento parcial del caso.

De homicidio a secuestro

En su dictamen, los magistrados acogieron los argumentos del abogado querellante Hugo Gutiérrez, quien había planteado la necesidad de modificar el cargo de homicidio calificado por el que había sido condenado el ex militar al de secuestro calificado.

En esa línea, el fallo expresa entre sus argumentos que, tratándose de un secuestro de carácter permanente, “se origina un estado en el cual la conducta típica se prolonga en el tiempo hasta el cese de la conducta coactiva y en tal circunstancia, la prolongación de la coacción o atentado en contra de la libertad del otro, determina la permanencia del ilícito en el tiempo”.

Agrega que “el delito de secuestro que afecta hasta el presente a las víctimas y que se enmarca en el artículo 141 del Código Penal, corresponde, además, al delito descrito en el artículo II, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, suscrita en Belén de Pará, Brasil, el 9 de

junio de 1994”, que “señala la extrema gravedad de este delito y su carácter continuado o permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”.

El caso Lago Ranco

El dictamen funda su convicción en que "el día 16 de octubre de 1973, de madrugada, en el pueblo de Lago Ranco, Región de Los Lagos, un grupo de sujetos, encabezado por el encartado Héctor Sergio Rivera Bozzo, procedieron a la detención de 4 personas: Cardenio Ancacura Manquián; Teofilo González Calfulef; Manuel Jesús Hernández Inostroza y Arturo Vega González".

Agrega que todos ellos "fueron embarcados a bordo de una nave, la cual se internó en aguas del Lago Ranco, sitio desde el cual se perdió todo rastro de dichas personas, desconociéndose el actual paradero de los detenidos ya señalados".

Antecedentes aportados en el curso de la investigación señalan que las víctimas fueron delatadas por vecinos luego del golpe militar del 11 de septiembre como supuestos simpatizantes del gobierno de Salvador Allende y, posteriormente, detenidos por Carabineros.

Los primeros procesamientos habían sido dictados por el ex juez Juan Guzmán Tapia, quien en abril de 2002 dispuso una reconstitución de escena a bordo de una embarcación en el lago Ranco, oportunidad en la que participaron ex uniformados y testigos.

Hace una semana se conoció el fallecimiento del ex concejal de Los Lagos Javier Vera Jünemann, quien fue autoridad en la comuna en el periodo 1990- 1994, y actualmente se desempeñaba como vicerrector de la Universidad San Sebastián en Concepción. 

Es así como el concejal George Harcha planteó la solicitud al concejo municipal para decretar duelo comunal en su nombre, idea que fue apoyada por los ediles Hugo Silva y Patricio Espinoza y rechazada por los concejales Miguel Moya, Pedro Muñoz, Aldo Retamal y el alcalde Simón Mansilla.

Ante este rechazo, Aldo Retamal manifestó que "no sólo por ser concejal tenemos merecido un homenaje. Hay que ver las acciones y lo que han sido las personas a lo largo de su vida, y en el caso de Javier Vera tenemos su implicación en las violaciones a los Derechos Humanos y eso nunca será causal de ningún reconocimiento, sino mas bien al contrario", dijo. 

Cabe recordar que Javier Vera Jünemann ha sido implicado, en calidad de ex marino, con las muertes de  Arturo Vega González, Teófilo González Calfulef, Manuel Jesús Hernández Inostroza y Cardenio Ancacura Manquián, quienes en octubre de 1973 fueron detenidos en Lago Ranco y posteriormente fueron asesinados a bordo del vapor Laja. Sus cuerpos fueron lanzados a las aguas del Lago Ranco.