Heredia Olivares Juan Isaías

Rut : 59.646 Los Angeles
F.Nacim. : 01 04 32, 41 años a la fecha de su detención
Domicilio : Saavedra 962, Pob.Orompello, Los Angeles
E.Civil : Casado, 3 hijos
Actividad : Profesor Educación Básica
C.Repres. : Ex vice presidente de la Junta de Abastecimiento Popular (JAP), sin militancia política conocida.
F.Detenc. : 16 de septiembre de 1973

Juan Isaías Heredia Olivares, casado, 3 hijos, profesor, fue detenido el 16 de septiembre de 1973, aproximadamente a las 09:30 horas, en su domicilio de la ciudad de Los Angeles, por una patrulla de Carabineros, en presencia de su cónyuge Nancy Burgos Barriga, sus 3 hijas, la empleada doméstica y vecinos. No se le permitió llevar su chaqueta, por lo que salió sin su documentación. Su esposa pudo reconocer al carabinero Jorge Beltrán Gálvez entre los aprehensores. Ese mismo día Carabineros detuvo a otras 4 personas en la ciudad de Los Angeles.
Media hora más tarde, su hermano Manuel Heredia, se presentó en la Comisaría llevándole un vestón y documentación personal, ante lo que el personal de guardia le informó que no había ingresado ningún detenido con el nombre del afectado. Días después el Mayor de Carabineros don Haroldo Solari afirmó que no se encontraba detenido ni había pasado por la Comisaría de Carabineros por tratarse, seguramente, de una orden de detención emanada del Ejército, situación por la que no quedaba constancia en la unidad policial.
Luego de reiteradas gestiones ante la Intendencia Regional, entre otras una petición escrita entregada al Comandante Alfredo Reheren Pulido, Intendente de Bío Bío, con fecha 9 de octubre de 1973, el 16 del mismo mes, el secretario abogado de la Intendencia, señor Rossel, dio a conocer un resumen de la respuesta a las solicitudes sobre el paradero del afectado. La carta firmada por el Mayor de Ejército Luis Burgos, informaba que el detenido habría sido trasladado a la Isla Quiriquina el 21 de octubre de 1973; sin embargo, posteriormente se confirmó que Juan Heredia fue confundido con su hermano José, situación que ocurrió desde su detención. Su esposa señaló que el Mayor Solari de Los Angeles y el Capitán Herrera de Chillán, ambos carabineros, le informaron que la víctima fue entregada ese mismo día en el Regimiento de Los Angeles, aunque oficialmente Carabineros y Militares negaron permanentemente su detención.
Hasta la fecha el afectado se encuentra desaparecido, ignorándose su suerte o paradero.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
La familia realizó numerosas gestiones con el objeto de conocer el paradero de la víctima. De las numerosas cartas enviadas, su esposa recibió una respuesta en julio de 1974 del Ministro del Interior de la época, donde le informaba que su esposo había sido destituido de sus funciones en la escuela en que trabajaba por no presentarse el día 17 de septiembre de 1973, es decir, un día después de su detención, agregaba que existían fundadas sospechas que habría huido a la Argentina.
El 17 de septiembre de 1974 se presentó un Recurso de Amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Al rechazar el recurso, la Corte ordenó iniciar el 23 de septiembre de 1974 un sumario por presunta desgracia, causa rol N°46.257 del Primer Juzgado del Crimen de Los Angeles. El 5 de diciembre de 1974 se sobreseyó temporalmente la causa, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 409, N°1 del Código de Procedimiento Penal, esto es, por no acreditarse delito alguno. La resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones el 27 de diciembre de 1974; archivándose la causa con la posterior pérdida del expediente desde el tribunal.

Cumpliendo con su mandato básico de ayudar a los procesos judiciales que tengan como fin encontrar detenidos desaparecidos, el Programa de Derechos Humanos, conocido anteriormente como Corporación de Reconciliación Nacional, se hará parte coadyuvante en las 22 causas en que el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia se declaró incompetente.
El Programa también afina la estrategia para hacerse parte en los procesos que tramita el juez Guzmán sobre detenidos desaparecidos o ejecutados políticos cuyos restos aún no han sido encontrados. El punto aún no resuelto es si presentarán escritos de acuerdo a los episodios ya fijados -Villa Grimaldi, Pisagua, Calle Conferencia, Liquiñe, Operación Cóndor, Operación Colombo- o sólo con respecto a cada una de las víctimas que investiga el magistrado.
A la fecha, Guzmán sólo ha recibido el escrito firmado por el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, por el caso del pique mina Mapocho y se espera que próximamente la instancia dependiente del gobierno solicite diligencias para apresurar esta causa, que no se encuentra dentro de las prioridades de Guzmán.
Con ello, el Programa persigue que los procesos progresen en forma simultánea y se cumpla con el desafío de hallar el mayor número de restos de detenidos desaparecidos.
Aunque originalmente el juez planteó que era incompetente en 27 procesos, en los últimos días a solicitud de los querellantes ha decidido revocar algunas de sus resoluciones.
Esto fue lo sucedió en el caso de Luis Alberto Gómez Cerda, Claudio Romulo Tognola Ríos y Carlos Miguel Garay Benavides cuya investigación había sido delegada al Juzgado de Letras de Tocopilla y hoy, junto con el resto de causas de detenidos desaparecidos de esa zona, conformarán un nuevo cuaderno de investigación caratulado como Tocopilla y al que en los próximos días se abocará en profundidad el ministro de fuero.
Gómez Cerda fue detenido el 13 de septiembre de 1973, mientras se desempeñaba en la División Chuquicamata de la Corporación del Cobre (Codelco) de Tocopilla (Cobrechuqui), de militancia socialista no hay registros fehacientes que establezcan que sucedió con él.
Distinta es la historia de Tognola Ríos -médico obstetra (PS) que trabajaba en la maternidad del hospital de Tocopilla y en la Sociedad Química de Chile (Soquimich) y de quien se pierde el rastro el 16 de septiembre de 1973- y de Garay Benavides -supervisor de Cobrechuqui (PC), detenido el 12 de septiembre de 1973-, pues de acuerdo a los querellantes sus cuerpos estarían en la mina "La Veleidosa", donde ya se realizaron excavaciones, las que tuvieron como resultado el hallazgo de un gran número de restos óseos, que corresponderían a ellos.
Otro proceso que volverá a manos del Guzmán es la causa de Isidoro Carrillo Tornería y otros, donde actúa como querellante Vasili Carrillo, caso que había sido rechazado por el magistrado y entregado en agosto de este año al juzgado de turno de Concepción.
Pero el logro más trascendental para los querellantes fue que el ministro acogiera nuevamente la desaparición de Cardenio Ancacura Manquian (PS) y Manuel Jesús Hernández Inostroza, pues de acuerdo al informe que entregaron las Fuerzas Armadas al concluir la Mesa de Diálogo sus restos fueron lanzados al Lago Ranco, Décima región.
Debido a los antecedentes aportados por las FF.AA esta causa constituye para los querellantes un aporte significativo a los procesos de derechos humanos, por lo que no debería ser abandonada por el ministro.
Según el jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos, abogado Roberto Garretón, una vez que conozcan la lista definitiva de causas en que se declaró incompetente Guzmán lo inmediato sería pedir ministros en visita en los casos que corresponda e, independiente de ello, la entidad debe participar en la investigación.
Las causas que Guzmán no revisará
Entre las causas relegadas por Guzmán hasta ahora se estableció que la investigación sobre la ejecución de Mario Alvarado Araya, Faruc Aguad Pérez, Wilfredo Sánchez Silva y Artemio Pizarro Aranda, quienes perdieron la vida a manos de personal del Ejército en el sector de Las Coimas en San Felipe, será vista por la ministra de fuero Gabriela Corti en Valparaíso.
Por su parte, la desaparición el 17 de noviembre de 1975 del militante socialista Miguel Enrique Rodríguez Vergara será investigada por la jueza con dedicación exclusiva Raquel Lermanda, titular del Noveno Juzgado del Crimen de la capital.
Lo mismo sucederá con la ejecución en la vía pública que sufrió el 24 de septiembre de 1973 Arnoldo Camu Veloso, asesor legal del Presidente Salvador Allende, cuyo proceso quedará en manos de la jueza exclusiva María Ines Collins, del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.

Otras causas en las que Guzmán se declaró incompetente :
– Luis Rodríguez Arancibia, Alfredo Moreno Neira, Luis Verdejo Contreras y Jaime Max Bastián Leiva: será enviada al Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago. – Hugo Riveros Gómez: quedará a cargo del 18º Juzgado del Crimen de la capital. – Juan Isaías Heredía Olivares: será vista por el Juzgado de Letras de Los Angeles. – José Esaú Velásquez Velásquez y otros: quedará en manos del Juzgado de Chaitén. – Guillermo Vargas Gallardo:será pesquisa por el Juzgado del Crimen de turno de Copiapó. – Humberto Salas Salas :se revisará en el Juzgado del Crimen de turno de Osorno. – Máximo Astolfo Bermúdez Ballón y Juan Rafael Bermúdez Gaete: será analizada por el 26º Juzgado del Crimen de Santiago. – Tránsito Cabrera Ortiz: será vista por el Juzgado del Crimen de Talcahuano.
– Máximo Segundo Neira Salas: será indagada por el Juzgado de turno de Talcahuano. – Salvador Cautivo Ahumada: será pesquisada por el Juzgado de turno de Arica. – Miguel Vega: será analizada por el Juzgado de turno de Curicó. – José Alfonso Constanzo Vera: quedará a cargo del Juzgado de turno de Talcahuano. – Susana Estrella Obando: será investigada por el Juzgado de turno de Punta Arenas. – Lisandro Salvador Sandoval Fuentes: será revisada por el 14º Juzgado del Crimen de Santiago. – Silvio Francisco Betancourt Bahamondes: será analizada por el Juzgado de turno de Punta Arenas. – Ramón Luis Vivanco Díaz: a cargo del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo. – Guillermo Amador Alvarez Cañas: quedará en manos del Juzgado de turno de San Antonio. – Ariel Monsalves Martínez: será vista por el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo. – Bernardo Mario Lejderman y María del Rosario Avalos Castañeda: será investigada por el Juzgado de Letras de Vicuña. Juez Sergio Muñoz interrogó a ex jefe CNI Roberto Schmied por caso Alegría Mundaca;
El ministro en visita Sergio Muñoz interrogó hoy al ex funcionario de la Central Nacional de Informaciones (CNI), brigadier (R) Roberto Schmied Sanzi, para establecer si le cabe responsabilidad en calidad de autor, cómplice o encubridor en el proceso por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, delito conectado al de Tucapel Jiménez.
Alegría Mundaca fue asesinado en 1983 por agentes de la CNI para encubrir el homicidio del dirigente sindical. El 19 de julio del año pasado, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones condenó a cadena perpetua al ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, y los ex agentes de ese organismo Carlos Herrera Jiménez y Armando Cabrera, en calidad de autores del crimen, mientras que castigó con diez años de prisión a Osvaldo Pincetti.
Además, está sometido a proceso Hugo Alarcón Vergara, ex chofer de Alvaro Corbalán.
Al momento de cometerse el crimen, Schmied era el subdirector de la disuelta CNI y se le atribuye la calidad de cómplice por ser el oficial superior en la línea de mando de los agentes de ese organismo que ya han sido condenados.
La versión entregada por Schmied en el interrogatorio de Muñoz señala que jamás tuvo conocimiento de la operación porque en esa época se hallaba fuera del país, de acuerdo a su pasaporte que está incluido en el expediente

Los jueces rebajaron las sanciones penales a ocho años de presidio.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas de tres suboficiales de Carabineros en retiro por el secuestro calificado de Juan Isaías Heredia Olivares, ocurrido a partir del 16 de septiembre de 1973 en la ciudad de Los Ángeles, Región del Biobío.

En fallo unánime, los ministros Emilio Elgueta, Helga Marchant y el abogado integrante Enrique Pérez ratificaron la condena dictada por el ministro en visita Joaquín Billard el 11 de diciembre de 2007, pero rebajaron las sanciones penales a ocho años de cárcel para José Jerman Salazar Muñoz, José Miguel Beltrán Muñoz y Juan Manuel Villablanca Mendez.

En primera instancia, el ministro Billard había condenado a Salazar Muñoz y Beltrán Muñoz a una pena de 12 años de presidio

Profesor Juan Isaías Heredia ligado a JAP fue detenido en su hogar de la ciudad de Los Ángeles pocos días después del golpe de Estado.

El ministro de fuero Joaquín Billard Acuña condenó a tres suboficiales en retiro de Carabineros por el secuestro calificado de Juan Isaías Heredia Olivares, detenido poco después del golpe de Estado de 1973 en la ciudad de Los Ángeles, Región del Bío-Bío.

El magistrado sentenció a José Jermán Salazar Muñoz y José Miguel Beltrán Gálvez a penas de 12 años de presidio como coautores del delito de secuestro calificado, mientras que Juan Manuel Villablanca Méndez fue sentenciado a la pena de ocho años por el mismo delito.

El magistrado determinó además rechazar la demanda civil planteada en contra del Fisco de Chile por la cónyuge, Nancy Burgos Barriga, y las tres hijas de la víctima, profesor de educación básica de 41 años a la fecha de la detención y ex vicepresidente de la Junta de Abastecimiento Popular (JAP). Según establece el fallo, Heredia fue detenido la mañana del 16 de septiembre de 1973 en su domicilio ubicado en calle Oronpello 440, por una patrulla de Carabineros de la Primera Comisaría de Los Ángeles.

Los efectivos lo trasladaron en un vehículo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a un lugar desconocido, sin que hasta la fecha se tenga noticias acerca de su paradero, pese a ser buscado por sus familiares en las distintas unidades policiales y militares de la zona.