Gutiérrez Seguel Sergio Enrique

SERGIO ENRIQUE GUTIERREZ SEGUEL

Rut. : Sin información
F.Nacim. : 27 10 55, 18 años a la fecha de su detención
Domicilio : Lord Cochrane 1624, Santiago
E.Civil : Soltero
Actividad : Trabajador Independiente
C.Repres. : Sin militancia política
F.Detenc. : 18 de enero de 1974

SITUACION REPRESIVA
Sergio Enrique Gutiérrez Seguel, 18 años de edad, fue detenido el 18 de enero de 1974 junto con sus amigos Domingo Cubillos Guajardo, de 19 años y Ramón Ortiz Orellana de 16 años de edad.
Los tres regresaban de una fiesta de cumpleaños alrededor de la medianoche, cuando fueron interceptados por dos individuos con quienes discutieron y que resultaron ser carabineros de civil.
Los jóvenes corrieron y buscaron refugio en un cité ubicado en calle Gálvez altura 1.200 siendo perseguidos por los carabineros. Una vez dentro del cité, se escondieron en un entretecho que tenía conexión con una panadería vecina ubicada en calle San Diego Nº 1255.
Por su parte, los carabineros telefonearon desde una vivienda del barrio a la Cuarta Comisaría, informando lo ocurrido y solicitando refuerzos. Luego ingresaron a la panadería mencionada donde dijeron buscar a unos delincuentes que se encontraban en su interior. Se escucharon disparos y luego los jóvenes fueron sacados del lugar y conducidos en un furgón de Carabineros que había llegado para colaborar en el operativo.
Desde el momento de su aprehensión, Sergio Gutiérrez, Domingo Cubillos y Ramón Ortiz permanecen en calidad de detenidos desaparecidos.
La madre de Sergio Gutiérrez acudió a la Cuarta Comisaría de Carabineros donde le fue negada la detención de su hijo en ese recinto; también concurrió a otras Comisarías, Postas, Hospitales y al Estadio Chile sin obtener información sobre el paradero del afectado.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 29 de enero de 1974 se interpuso denuncia por presunta desgracia de Domingo Cubillos, Ramón Ortiz y Sergio Gutiérrez, rol 98.068?3, ante el 5º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, denuncia que ingresó a través de un parte remitido por Carabineros.
Las madres de los tres muchachos ratificaron la denuncia ante el Tribunal, señalando además que sus hijos no tenían actividades de tipo político y que el día de su detención venían de un cumpleaños y al parecer se encontraban ebrios.
El Tribunal ofició a la Cuarta Comisaría solicitando información sobre detención de los jóvenes, a lo cual respondió el Comisario, Mayor de Carabineros Héctor Rozas Montecinos, señalando que no se registraba la detención ni permanencia de los menores en esa Unidad.
Por otra parte, el Secretario Ejecutivo Nacional de SENDET, Coronel Jorge Espinoza Ulloa, informó que no había registro de detención de Sergio Gutiérrez y Domingo Cubillos; pero sí se encontraba registrada la detención de Ramón Ortiz O., entre el 7 y el 9 de enero de 1974, día en que fue puesto en libertad por el Servicio de Investigaciones.
Comparecen ante el Tribunal dos testigos de los hechos; uno de ellos señala haber reconocido a los tres jóvenes ya que los veía a menudo en el cité y que efectivamente eran perseguidos por dos civiles, que luego se identificaron como Carabineros. Agrega que también llegó al lugar una patrulla de Militares en un jeep que, presumiblemente, habría participado también en el operativo de detención.
El otro testigo, empleado de la panadería, ratifica el hecho que los uniformados ingresaron al local en busca de los jóvenes, pero no presenció la detención por cuanto no se le permitió salir de la sala en que se encontraba.
El 16 de mayo de 1974 se declaró cerrado el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa por no existir, según el Juez, antecedentes suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor del delito denunciado.
El 17 de julio la Corte de Apelaciones aprobó el sobreseimiento sin considerar el informe del Fiscal quien señaló que "la investigación ha entregado antecedentes más que suficientes y que han debido orientar la decisión del Juez en el sentido de declararse incompetente y remitir el proceso a la Justicia Militar".
En la respectiva resolución, la Corte sustituyó el fundamento del sobreseimiento antes señalado, por el de no estar suficientemente acreditado el delito.
El 29 de marzo de 1974, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, presentó un recurso de amparo masivo, rol 289?74, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en favor de 131 personas que hasta esa fecha se encontraban desaparecidas y cuyos antecedentes habían sido constatados por ese organismo. Entre los amparados se encuentran los tres jóvenes detenidos el 18 de enero.
El 29 de noviembre la Corte lo declaró sin lugar, resolución que fue aprobada por la Corte Suprema el 31 de enero de 1975. En la resolución la Corte ordenó la designación de un Ministro en Visita Extraordinaria, la que recayó en el Ministro Enrique Zurita Camps, quien el 24 de febrero de 1975 instruyó proceso bajo el rol Nro. 106.657, del Primer Juzgado del Crimen de Santiago.
El 25 de septiembre de 1975, sin que se hubiere profundizado en ninguno de los casos de detenidos desaparecidos, se cerró el sumario por "no poderse adelantar más en la investigación". El 29 de septiembre del mismo año el Ministro en Visita dictó fallo declarándose incompetente en 13 de los 131 casos, por resultar evidente la participación de fuerzas Militares o Carabineros en los hechos investigados. Por otra parte, 22 personas se encontraban en libertad y no desaparecidas.
En los casos restantes, dictó sobreseimiento temporal, por no estar plenamente justificada la existencia de algún hecho delictuoso en sus desapariciones. Entre estos últimos se encuentran los jóvenes Domingo Cubillos, Ramón Ortiz y Sergio Gutiérrez. Al 10 de mayo de 1976 la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó dicha resolución.

En el verano de 1974, seguía imperando el terror en el país. A cuatro meses del golpe militar continuaban las ejecuciones grupales, las detenciones y desapariciones de personas, el encarcelamiento, los recintos públicos y clandestinos de detención y torturas permanecían llenos aún, miles salían al exilio o pedían refugio en las embajadas en Santiago.

Específicamente, el día de 18 de enero, se produjeron hechos como la ejecución de 6 dirigentes políticos y sociales en la ciudad de Quillota por integrantes de la Escuela de Caballería de la misma ciudad. Los ejecutados fueron Víctor Fuenzalida 35 años, dirigente del PC; Manuel Hurtado 35 años dirigente del PS; Osvaldo Manzano, 32 años, Presidente del Sindicato de Rayon Said y militante del MIR; Julio Loo, de 27 años, obrero textil y militante comunista; Ángel Díaz, dirigente vecinal de 41 años y obrero textil; Hugo Aranda, de 30 años, soltero, campesino y dirigente vecinal.

El día anterior, en la misma ciudad de Quillota, fueron detenidos y desaparecidos por agentes del servicio de Inteligencia Militar (SIM) los militantes socialistas: Pablo Gac Espinoza, ex alcalde de Quillota, y Rubén Cabezas Pares, abogado y fiscal de la CORA de Quillota.

Ese mismo 18 de Enero de 1974, pero en Santiago, un grupo de jóvenes que regresaba de un cumpleaños en el centro de Santiago fueron sorprendidos por dos carabineros que solicitaron refuerzos. En calle San Diego, a la altura del 1255, fueron detenidos, en un operativo que incluyó a militares, carabineros y civiles armados, Ramón Ortiz Orellana de 16 años y estudiante de la Escuela Industrial N°3; Sergio Enrique Gutiérrez Seguel de 18 años, obrero; Domingo Cubillos Guajardo, obrero zapatero de 19 años. Todos fueron subidos a un vehículo policial y hasta hoy permanecen desaparecidos.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.