González Sandoval Iselcio Enrique

ISELCIO ENRIQUE GONZALEZ SANDOVAL

Rut : 158.170 San Bernardo
F.Nacim. : 13 01 49, 24 años a la fecha de la detención
Domicilio : Fundo Rinconada de Chena
E.Civil : Casado
Actividad : Obrero Agrícola
C.Repres. : Dirigente de la Junta de Abastecimiento y Precios (JAP) Militante del Partido Comunista.
F.Detenc. : 27 de septiembre de 1973

Iselcio Enrique González Sandoval, 24 años de edad al momento de los hechos, casado, dos hijos, obrero agrícola, dirigente de la Junta de Abastecimiento y Precios (JAP) y Militante del Partido Comunista, fue detenido el 27 de septiembre de 1973 en su domicilio por Militares pertenecientes a la Escuela de Infantería de San Bernardo. La casa fue allanada y enseguida fue llevado con destino desconocido. Sus aprehensores comentaron a la esposa de González Sandoval que no se preocupara ya que se trataba de una declaración que debía prestar y que pronto volvería. Acto seguido, fue subido a un camión militar y llevado en dirección de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Su esposa pudo percatarse que en la parte de atrás del vehículo iba su tío Mauricio Carmelo Cea Iturrieta, que vivía en una parcela cercana al fundo Rinconada de Chena, también militante del Partido Comunista. El mismo día fueron detenidos Víctor Soto, Carlos Cornejo, Juan Campos y Roberto Avila Márquez, este último encargado del Comité de Empresas de la Maestranza de San Bernardo y dirigente de la JAP. Su esposa no supo nada de él hasta el 30 de septiembre, día en que fue puesto en libertad su tío Mauricio Cea Iturrieta, el cual llegó a la casa en pésimas condiciones físicas. Este le informó que efectivamente había sido trasladado a la Escuela de Infantería de San Bernardo y que desde allí fueron trasladados con la vista vendada y las manos amarradas hasta los cerros de Chena. Manifestó que sólo se reconocían por las voces y que no tuvieron oportunidad de conversar entre ellos.
El 1° de octubre su tío Mauricio Carmelo Cea Iturrieta fue nuevamente detenido por Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Esta detención se produjo en el camino del Fundo Rinconada; el había decidido entregarse al ser informado que nuevamente lo buscaban para su arresto. Con posterioridad a este hecho y pese a las innumerables gestiones, los familiares no obtuvieron información respecto de su lugar de arresto. En abril de 1974 fueron publicados unos listados de ejecutados en el Congreso Nacional, los nombres de Cea Iturrieta, González Sandoval y Avila Márquez figuraban entre estos agregándose que habían muerto en dependencias del Cerro Chena, San Bernardo, el 1° de octubre de 1973. Sin embargo su cuerpo nunca fue entregado como tampoco fue inscrita su defunción en el Registro Civil.
Tiempo después quedaron en libertad Juan Campos, Víctor Soto y Carlos Cornejo. Este último manifestó a los familiares de González Sandoval haber estado presente cuando sacaron a sus compañeros y que luego de esto nunca volvió junto a los otros detenidos.
Fernando Avila Alarcón, Regidor de San Bernardo y Secretario General de la CUT hijo de Roberto Avila Márquez, fue detenido el 29 de septiembre de 1973 por personal de Investigaciones de San Bernardo y luego entregado a la Escuela de Infantería quienes lo trasladaron hasta el Campo de Detenidos de Cerro Chena. En declaraciones judiciales confirmó la permanencia de estas personas en el Campamento de Detenidos de Chena y dio cuenta en particular del contacto con su padre que se encontraba físicamente deteriorado producto de las torturas. (Mayores antecedentes del período de reclusión en Chena en caso Mauricio Carmelo Iturrieta).
En agosto de 1990, por mandato judicial se procedió a la exhumación de 2 tumbas en el Cementerio Parroquial de Huelquén, Paine, en las cuales desde 1973 se encontraban enterradas a lo menos 4 cadáveres. Al Tribunal se le había dado a conocer que se trataba de una inhumación de cadáveres realizada por los lugareños de Paine. Estos habían encontrado los cuerpos sin vida con claras señales de haber sido impactados por bala incluso uno tenía la vista vendada y sus manos amarradas con alambre  todos ellos estaban botados en el camino que comunica Paine con Huelquén. Gran número de lugareños se acercó hasta el lugar, entre ellos la mayoría de los familiares de los detenidos desaparecidos de la zona, que al ver que se trataba de personas ajenas al lugar dieron cuenta del hecho a la policía de Carabineros, la cual pese a que pasaban los días no optó por tomar medidas para su levantamiento. Ante esta situación y en un gesto humanitario los lugareños con el consentimiento del cura Párroco de Paine, procedieron a trasladar los cuerpos en un coloso hasta el cementerio. Allí tres cadáveres fueron envueltos en unos sacos trigueros y enterrados en una tumba cavada por ellos. El cuarto cadáver fue enterrado en otra tumba del mismo Cementerio de Huelquén.
Producto de la exhumación más arriba referida se logró recuperar de una fosa osamentas correspondientes a 3 personas, en tanto que en una segunda fosa no se encontraban las osamentas esperadas, sino que tan sólo restos de prendas de vestir.
En diciembre de 1991 y tras haber realizado el peritaje de las osamentas, se estableció que estas correspondían a Iselcio Enrique González Sandoval, Mauricio Carmelo Cea Iturrieta y Roberto Avila Márquez.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 10 de agosto de 1990, la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, denunció ante el Juzgado de Letras Maipo/Buin la existencia de al menos 4 cadáveres sepultados en forma irregular en el Cementerio de Huelquén y que corresponderían a personas cuya identidad se desconocía y que habían sido objeto de secuestro y homicidio. Bajo el rol N°39404?1 se dio curso a la investigación.
El 13 de agosto de 1990 el mismo organismo de Derechos Humanos solicitó a la Corte de Apelaciones de San Miguel la designación de Ministro en Visita, a fin de que se abocara a la investigación de la suerte corrida por 50 detenidos en la localidad de Paine y que hasta la fecha permanecen desaparecidos, como asimismo al conocimiento de los procedimientos irregulares en que se dio muerte a 20 campesinos por parte de sus aprehensores ?tras haber sido víctimas de arrestos ilegales? y de las cuales en una mayoría los restos nunca fueron entregados a sus familiares, ignorándose hasta hoy el lugar de su inhumación. La petición de Ministro en Visita entregaba además información acerca de al menos 3 lugares en los cuales se habrían efectuado inhumaciones en el año 1973, acompañándose antecedentes que permitían afirmar que se trataba de personas detenidas desaparecidas. En la oportunidad se sostuvo la connotación de alarma pública que revestían en sí los hallazgos de osamentas y se hizo referencia a lo que en fechas anteriores recientes había acontecido con los hallazgos de Pisagua?Iquique y Chihuío?Valdivia.
Con fecha 16 de agosto de 1990 la Corte de Apelaciones de San Miguel acordó designar Ministro en Visita Extraordinario, recayendo tal designación en Don Germán Hermosilla A. A la Visita se le asignó el rol N°2?90?E y a éste fue acumulada la reciente denuncia rol 39404?1.
Durante los días 23?24 y 25 de agosto de 1990 se trabajó en la exhumación de dos tumbas ubicadas en el Patio N°3 del Cementerio de Huelquén.
Con el objeto de realizar una exhumación el Tribunal optó por designar un equipo de peritos que junto al equipo del Instituto Médico Legal realizaron el trabajo. Cabe hacer presente que, tal como se expresara en la presentación judicial, en una misma fosa se encontraron envueltos en un solo saco los cadáveres de 3 personas. En una segunda fosa se obtuvo ropas que correspondían a la cuarta víctima, no así sus restos.
Durante los meses de agosto y septiembre concurrieron al Tribunal más de 10 testigos que no tan sólo habían visto los cadáveres a la orilla del camino que une Paine?Huelquén, sino que también participaron en la sepultación. Héctor Pozo Calderón dio cuenta de los hechos al Tribunal con estas palabras.
"En la primera semana de octubre de 1973 el padre Miguel Urrutia nos pidió que enterráramos a tres personas que se encontraban muertas, dos de ellas en el Asentamiento 24 de Abril, junto al camino, debajo de un eucaliptus y uno de estos dos estaba dentro de un canal; el tercero estaba en el cruce del camino de Paine con Huelquén. Los tres eran de sexo masculino, y los tres presentaban impactos de bala.
El más joven de ellos me impresionó mucho porque tenía una entrada de bala en la nuca y el proyectil le había volado la frente, tenía la vista vendada y las manos amarradas a la espalda con alambre. Vestía muy bien, llevaba camisa blanca, sweater azul marino o plomo, pantalón azul no muy oscuro y zapatos negros; portaba un padrón de bicicleta con un nombre que no recuerdo y no podría asegurar si lo enterramos con él o si alguien lo sacó antes. Este era el cuerpo que estaba en el camino de Paine a Huelquén cerca del cruce.
Respecto de los otros dos, uno de ellos también era joven, no muy bien vestido, era gordo y medía como 1.80 metros. Tenía impactos de bala con entrada por un costado y salida por el otro, le calculo unos 45 años; andaba vestido de sport, tez blanca tipo rosado, pelo castaño y llevaba un chaquetón tipo castilla y pantalón oscuro, sus ropas estaban embarradas. El cuerpo de esta persona fue uno de los dos encontrados en el Asentamiento 24 de Abril.
El tercero encontrado cerca del interior, estaba en un canal, era delgado, aproximadamente unos 37 años, me parece que tenía ropa oscura, una camisa azul y unos mamelucos sueltos, todo muy embarrado.
Registramos la ropa de los tres buscando su identificación, y hablamos en plural porque nos juntamos unas diez personas para proceder a enterrarlos; nadie los conocía. Los pusimos dentro de unos sacos de trigo, hechos de cáñamo, abriéndolos por los costados y los envolvimos. Los pusimos en un coloso arrastrado por un tractor, manejado por un señor Tamayo, y nos dirigimos al Cementerio "La Rana" de Huelquén para sepultarlos. Aprovechamos una sepultura que ya estaba hecha en la parte alta bajo unos espinos. Emparejamos la fosa a un metro diez de profundidad y los pusimos a los tres juntos. Esto fue como a las 4 de la tarde, un día de semana. Nos demoramos alrededor de una hora. Le colocamos una cruz que encontramos botada.
Antes de firmar, quiero agregar que, posteriormente, alrededor de dos semanas después que enterramos a estas tres personas, fue encontrado otro cuerpo de una persona que apareció muerta en un canal y que supe habían enterrado en el mismo Cementerio de "La Rana", en una sepultura ubicada más abajo, pero no sé el lugar exacto".
El 3 de octubre de 1990 concurrió a declarar ante el Tribunal Ana Sara de las Mercedes Durán Aravena, que se había desempeñado como secretaria de la Oficina Parroquial de Huelquén y que entre sus funciones le correspondía en esa época llevar los registros de nombres de las personas que iban a ser sepultadas, para lo cual exigía un pase de sepultación del Registro Civil. En parte de su declaración afirmó "…sin embargo se efectuaron algunos entierros sin este pase de sepultación sólo con la autorización verbal del padre Urrutia y porque yo se lo pedí a requerimiento de don Armando González, que era como el contador de todos los asentados. Yo sé solamente de tres personas sepultadas de esta manera…" refiriéndose a la cuarta persona agregó "…pero cabe la posibilidad de que lo enterraran sin que yo lo supiera por orden verbal directa del padre Urrutia al sepulturero o por cuenta de éste se podría haber enterrado".
Con fecha 29 de octubre de 1990 el director del Servicio Médico Legal, Dr. César Reyes Contreras, hizo llegar al Tribunal informe de protocolos N°2957, 2958 y 2959 pertenecientes a exhumación de una de las tumbas del Cementerio de Huelquén. En sus conclusiones estableció que las datas de muerte correspondían a más de 14 años. Los tres cuerpos correspondían al sexo masculino. Las causas de muerte eran traumatismo causados por proyectil y se acompañó al informe un proyectil encontrado entre las osamentas y residuos de deflagración de pólvora encontrado en las ropas.
Con fecha 28 de noviembre de 1990, el Ministro en Visita remitió el proyectil encontrado a Investigaciones, a fin de que le fuera practicada una pericia tendiente a determinar el arma con que fue disparada, indicando su naturaleza, su calibre exacto y demás antecedentes pertinentes, fecha probable en que fue disparada y las personas o servicios que usaron ese tipo de arma durante los 4 últimos meses de 1973.
El 17 de enero de 1991 el Laboratorio de Criminalística, sección balística de la Policía de Investigaciones, informó al respecto al Tribunal; que no era posible determinar el tipo de arma con que fue disparado, el calibre exacto y fecha probable de disparo, agregando respecto de la naturaleza del proyectil "dado que se pudo determinar la presencia de cobre, podría corresponder lo remitido a un proyectil encamisado, de ser así, estos fueron diseñados para ser disparados por armas de fuego automáticas o semi?automáticas" y respecto a personas o servicios que utilizaban el tipo de armas agregaba "si la especie remitida correspondiera a un proyectil encamisado, todas las instituciones armadas del país poseen armas automáticas o semi?automáticas, que disparan este tipo de proyectil, como asimismo cualquier persona que tiene acceso a este último tipo de arma de fuego.
Con fecha 7 de agosto de 1991 la Vicaría de la Solidaridad, en escrito de Téngase Presente, a la causa 2?90?E expuso al Ministro en Visita que "luego de un trabajo de exploración de nuevos antecedentes allegados a esta Vicaría de la Solidaridad respecto de personas desaparecidas en la zona de San Bernardo y Fundo Rinconada de Chena, y previo análisis de sus respectivas fichas antropomórficas, las que han sido comparadas con los datos provenientes del informe del Instituto Médico Legal sobre los restos humanos encontrados en el Cementerio La Rana, de Huelquén, podemos señalar que US. que se ha producido una aproximación importante respecto a la probable identidad de estas osamentas". A continuación entregaba los antecedentes de los detenidos desaparecidos Iselcio Enrique González Sandoval, Roberto Segundo Avila Márquez y Mauricio Cea Iturrieta.
En la oportunidad se le hizo entrega al Tribunal de las fichas antropomórficas correspondientes a estos 3 casos y declaraciones juradas de familiares directos de estas 3 víctimas en las cuales daban cuenta de las circunstancias del desaparecimiento. Por su parte Fernando Avila Alarcón concurrió al Tribunal como testigo directo de la permanencia de estas 3 personas ?entre ellas su padre? en el campo de detenidos del Cerro Chena.
Los antecedentes fueron remitidos al Instituto Médico Legal a fin de realizar un trabajo de confrontación de pericias.
Con fecha 19 de noviembre de 1991. el Servicio Médico Legal informó al Tribunal que el equipo encargado de periciar restos oseos humanos exhumados en el Cementerio de Huelquén y remitidos a ese Servicio el 25 de agosto de 1990, logró la identificación de los restos descritos en los protocolos N°2957 como correspondiente a Iselcio Enrique González Sandoval, protocolo N°2958 como correspondiente a Mauricio Carmelo Cea Iturrieta y protocolo N°2959 como correspondiente a Roberto Segundo Avila Márquez.
El 21 de noviembre de 1991 el Tribunal se constituyó en el Servicio Médico Legal al igual que familiares de las víctimas. A estas últimas se les exhibieron los restos exhumados aceptando el informe de los peritos y dando así por reconocidos a sus deudos.
Las osamentas quedaron a disposición de las familias para su sepultación. Por su parte el Ministro en Visita ordenó la inscripción de sus fallecimientos en el Registro Civil de Independencia.
Con fecha 31 de diciembre de 1991 quedó interpuesta una querella criminal por el delito de secuestro con resultado de muerte de Mauricio Carmelo Cea Iturrieta e Iselcio Enrique González Sandoval, en contra de todos aquellos que resulten responsables ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores.
 

La actividad estuvo marcada por el retiro de la placa en homenaje al dictador Augusto Pinochet en la Casa de la Cultura comunal, además de los testimonios de los hechos ocurridos con pobladores luego del golpe de Estado de 1973.

En una jornada sensible para las víctimas de la dictadura, San Bernardo retiró una placa en homenaje a Augusto Pinochet que estaba ubicada en la Casa de la Cultura de la comuna.

A la ceremonia asistió el alcalde de Fontenay Sous Bois, Jean-Phillip Grutier, edil de una de las comunas francesas que acogió a más de 800 exiliados políticos durante la dictadura.

También asistieron agrupaciones de Derechos Humanos, entre ellas la Corporación Memorial Cerro Chena, la Corporación Jenny Barra, el Grupo de Amigos del Padre Joan Alsina, Grupo Ferroviarios Mártires, Corporación Memorial Paine, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación y representantes del Colegio de Profesores.

Durante el encuentro se anunció la puesta en marcha de la Oficina de los Derechos Humanos, iniciativa inédita en la comuna que comenzó a trabajar durante marzo.

En su discurso, el alcalde Christopher White comentó que “para poder mirar hacia el futuro debemos reparar el pasado y mientras siga en un muro el nombre de una persona que no genere consenso en el país creo que estamos dando un paso importante al retirarlo”.

Por su parte, Andrés Bravo, fotógrafo de la memoria recordó cómo su padre fue torturado en el centro de Casas Viejas de Chena, en un relato que emocionó a los presentes.

Al término del encuentro, ambos alcaldes mantuvieron una reunión bilateral para acordar un trabajo de intercambio en materia cultural, educativa y de gestión municipal.

La ceremonia recuerda a 28 alumnos y académicos pertenecientes a la Pontificia Universidad Católica de Chile que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos.

SANTIAGO.- Alumnos y ex alumnos de la Universidad Católica rendirán este jueves un inédito homenaje a los miembros de esa institución que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Se trata de 28 personas, tanto estudiantes como académicos de esa casa de estudios, que fueron ejecutados políticos o integran el registro de detenidos desaparecidos. Para recordarlos, mañana se realizará una eucaristía en la capilla del campus San Joaquín, celebrada por el Vice Gran Canciller, la máxima autoridad eclesiástica de la universidad. Luego los estudiantes, encabezados por la FEUC y el Colectivo Memoria PUC –que integran ex alumnos–, inaugurarán una placa en memoria de las víctimas. Según explican sus gestores, estas actividades son la culminación de un ciclo que comenzó el año pasado con el lanzamiento del libro "Una luz sobre la sombra", que revive las historias de 28 personas, y que continuó este año con un festival y otras acciones en recuerdo de las víctimas. El presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, indicó que éste representa uno de los esfuerzos más importantes por "recomponer la memoria histórica" de la universidad. "Esta placa constituye algo que va a quedar ahí visualmente para que todos podamos tener siempre presente que hay una memoria que tenemos que siempre recordar", señaló. Añadió que "el sentido es limpiar ciertas heridas que todavía están sin limpiar, sin discutir, porque hubo muchos temas tabú en esta universidad, y nosotros creemos que ya no es el momento de mantenerlos, menos cuando se trata de violaciones a derechos humanos que hubo en esta universidad y con miembros de su comunidad". En la misma línea, el presidente electo de la FEUC, Noam Titelman, afirmó que "existe una gran deuda no solamente de esta universidad, sino de muchas instituciones, por airear las heridas que se han producido para poder comenzar a sanar, y el primer paso para sanar y avanzar es que se discutan estos temas". Instan a la rectoría a hacerse parte del reconocimiento Jackson precisó que el homenaje lo realizan "desde los estudiantes". Por esto, dijo esperar que se avance en que la universidad en su conjunto realice también un reconocimiento a estos hechos. "Esperamos que exista la voluntad (de la rectoría), pero el hecho de que podamos instalar esta placa dentro de la universidad es un avance", señaló. Más enfático en este punto fue el presidente del Colectivo Memoria PUC, Luis Aguilar, quien sostuvo que "en algún momento la universidad tiene que tomar como autoridad este tema y hacer un reconocimiento como autoridad". "Aquí hay 28 personas que fueron asesinadas y la familias tienen el derecho a pedirle al Estado saber qué pasó con sus seres queridos, pero tienen también el derecho de exigirle a la comunidad universitaria que en vida acogió a estas 28 personas hacerla partícipe en su dolor, hacer el reconocimiento público de que estamos como universidad acompañándolos en su dolor", subrayó. Sostuvo que también es necesario que la universidad declare públicamente "que lo que sucedió no puede pasar nuevamente y que se compromete con el derecho de todas las personas, sin importar su raza, sin importar su religión ni su pensamiento social".